-Exalcalde de San José Iturbide, Filiberto López Plaza, en la mira electoral por llamado explícito al voto
-Los comentarios de los iturbidenses pusieron en evidencia recuerdos del pasado nada transparentes de la administración de López Plaza
Aquí tienes los 5 sumarios basados en el análisis del texto, diseñados con una extensión cercana a los 130 caracteres cada uno:
-La opinión pública local se dividió: un 45% recuerda su gestión con nostalgia, mientras un 40% lo acusa de corrupción y rechaza el pasado.
-Las discusiones en redes escalaron rápidamente a insultos y descalificaciones, evidenciando un profundo hartazgo y fractura local.
-La entrevista funcionaría como un globo de ensayo para medir su vigencia política, aunque choca con una memoria colectiva crítica.
-Los cuestionamientos sobre predios, áreas verdes y corrupción demuestran que su posible retorno electoral no sería nada fácil.
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Durante una reciente entrevista difundida en plataformas digitales, el exalcalde panista Filiberto López Plaza -quien encabezara la administración municipal en el periodo 2012-2015- desató la controversia en el ámbito político local al emitir declaraciones críticas hacia la actual gestión y realizar un llamado abierto a favor de su partido político con miras a los próximos comicios.
Al ser cuestionado sobre las deficiencias que percibe actualmente en el municipio, el exfuncionario enumeró diversas problemáticas, señalando una supuesta carencia de obra pública, deterioro en el sector educativo, deficiencias en alumbrado y un déficit en materia de seguridad pública con menor presencia policial y patrullas, pese al crecimiento demográfico de la demarcación.
Sin embargo, el punto de mayor fricción y debate jurídico se produjo cuando el entrevistador le solicitó un mensaje para la ciudadanía de cara a las próximas elecciones y la definición sobre el sentido del sufragio. Ante ello, López Plaza respondió de manera categórica: «...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional», añadiendo que los gobiernos emanados de su partido han demostrado cercanía y resultados.
Especialistas en materia electoral advierten que este tipo de pronunciamientos públicos y llamados expresos al voto —emitidos fuera de los plazos formales establecidos por el calendario electoral para las precampañas y campañas— podrían configurar una violación a la normatividad vigente en el estado de Guanajuato en materia de actos anticipados de campaña y quebranto al principio de equidad en la contienda.
La legislación electoral federal y local estipula que los actores políticos y militantes deben conducirse bajo los principios de legalidad e imparcialidad, evitando la promoción partidista anticipada que otorgue ventajas indebidas. Ante estos hechos, partidos opositores o la propia autoridad electoral (a través del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) podrían iniciar un Procedimiento Especial Sancionador (PES) para determinar responsabilidades, lo que podría derivar en medidas cautelares, amonestaciones públicas o sanciones pecuniarias para inhibir este tipo de conductas de cara al proceso comicial.
La transcripción de las palabras que podrían ser acto anticipado de campaña
El fragmento y los párrafos específicos que contienen las declaraciones que en la página generadora configuran la presunta violación a la normatividad electoral -al tratarse de un llamado expreso al voto fuera de los tiempos legales- corresponden al siguiente bloque:
Iturbide TV (Generador de contenidos):
Oiga, mándale un mensaje a la población: en las siguientes elecciones, ¿por quién deben de votar?
Filiberto López Plaza:
No, que desde luego por Acción Nacional. Eh, los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional. Creo que las diferentes personas que hemos estado como alcaldes hemos demostrado que queremos mucho a nuestro municipio.
Al cuestionar directamente por quién se debe sufragar, el moderador guía y provoca de manera deliberada la respuesta proselitista -"que desde luego por Acción Nacional"-, la cual constituye el núcleo exacto de la posible violación a la normatividad electoral.
En esta entrevista publicada el 11 de septiembre de 2026, al ser cuestionado explícitamente sobre por quién debe votar la población en las próximas elecciones, el exalcalde responde de manera directa e inequívoca.
«...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional».
Asimismo, al ser cuestionado sobre si volvería a contender por la alcaldía, señala que eso depende del partido y de los tiempos.
¿Incurre en actos anticipados de campaña?
Para que la autoridad electoral (el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato - IEEG y el Tribunal Electoral) determine la existencia de actos anticipados de campaña, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exige que se acrediten tres elementos fundamentales.
-Elemento personal: Se actualiza, ya que la declaración es emitida por un actor político destacado, exfuncionario público y militante de un partido político (en este caso, el PAN).
-Elemento temporal: Ocurre en septiembre de 2026, una etapa muy previa al inicio formal de las precampañas (programadas para iniciar a principios de 2027) y campañas electorales (que para ayuntamientos en Guanajuato inician en abril de 2027), encontrándose fuera de los plazos legales establecidos.
-Elemento Subjetivo: Se configura de manera clara e indubitable, ya que el mensaje contiene un llamado expreso al voto ("voten por Acción Nacional") y una solicitud abierta de apoyo partidista, lo cual excede los límites permitidos de la libertad de expresión para posicionar plataformas o ideologías sin fines electorales directos.
Por lo tanto, sí se configuran elementos sólidos de actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad en la contienda, al solicitar el sufragio y posicionar a una fuerza política fuera de los tiempos legales establecidos por la ley electoral.
Ante la presentación de una denuncia a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) ante el IEEG o el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, se pueden aplicar diversas medidas y sanciones.
-Medidas Cautelares (Tutela Preventiva): La autoridad electoral puede ordenar de manera expedita la suspensión, eliminación o bajada inmediata del video y de la publicación en redes sociales o medios digitales donde se difunda el mensaje, con el fin de detener la afectación a la equidad de la contienda y evitar la reproducción de la conducta infractora.
-Amonestación Pública: Sanción de carácter oficial que reprocha la conducta ilegal cometida tanto al infractor como, en su caso, al partido político por falta al deber de cuidado (culpa in vigilando).
-Multas Económicas: Sanciones pecuniarias impuestas al partido político o al infractor, calculadas conforme a la gravedad de la falta y la capacidad económica.
-Impacto en el Registro de Candidaturas: Si durante el proceso electoral el infractor aspira a ser registrado formalmente como candidato a un cargo de elección popular y se acredita que la falta fue grave, sistemática o determinante, las autoridades electorales pueden valorar estas infracciones al momento de calificar la elegibilidad o el otorgamiento del registro, conforme a la normativa aplicable en el estado de Guanajuato.
Los interesantes comentarios en el post con video de Filiberto López Plaza
A partir de la revisión de la muestra de comentarios, el desglose de opiniones refleja una fuerte polarización en la opinión pública local:
-A favor / Nostalgia positiva (aprox. 45%): Usuarios que recuerdan su administración como "la mejor", destacando obras públicas (agua potable, electrificación, caminos), cercanía con la gente y su calidad humana. Muchos piden abiertamente su regreso o expresan que votarían por él.
-En contra / Críticos y acusatorios (aprox. 40%): Comentarios que lo señalan directamente por actos de corrupción, apropiación de terrenos (específicamente zonas de áreas verdes o predios colindantes con el asta bandera), enriquecimiento personal y promesas incumplidas. Predomina un fuerte rechazo hacia la clase política tradicional.
-Neutrales / Especulativos / Disputas partidistas (aprox. 15%): Usuarios enfocados en criticar al PAN como institución, discutir sobre otros partidos (como rumores de un posible salto a Morena), peleas directas entre internautas o expresiones de desencanto general ("todos los políticos son iguales").
El debate expone la dualidad típica de la política municipal en México. Por un lado, existe un sector beneficiado o con memoria favorable de obras tangibles pasadas; por el otro, un sector agraviado que recuerda escándalos urbanísticos (como el uso de áreas verdes).
Destaca el fenómeno de que varios simpatizantes están dispuestos a apoyarlo independientemente de las siglas (mencionando incluso que podría ir por Morena o criticando fuertemente al PAN), lo que demuestra que el atractivo principal —para bien o para mal— recae en la figura personal del exalcalde (caciquismo o liderazgo personalista) más que en la ideología del partido.
Los ataques y defensas reflejan un profundo hartazgo social. Las discusiones entre usuarios escalan rápidamente a insultos, evidenciando que el clima político local está altamente sensible y fracturado.
Existen elementos sólidos para sugerir que este tipo de publicaciones funcionan como un "globo de ensayo" político inducido, aunque con reacciones orgánicas encontradas.
La entrevista se da en un contexto controlado (un evento de aniversario del PAN donde se repasan "los logros del pasado"). Para un político veterano, aparecer en este tipo de espacios es una forma clásica de evaluar su nivel vigencia, recordación y capital político ante la ciudadanía.
La inmediatez y la uniformidad de ciertos comentarios de alabanza ("el mejor presidente", "un gran ser humano") sugieren la movilización de una base dura de simpatizantes, operadores políticos o beneficiarios de su anterior administración.
A pesar de que la intención inicial del post pudiera ser de relaciones públicas para relanzar su imagen, el cálculo político se topa con un muro de oposición real y crítica muy específica (mención de predios exactos, áreas verdes y desvíos). Si fuera una campaña completamente blindada o pagada, los filtros de moderación habrían apagado la disidencia; sin embargo, el flujo masivo de recluros demuestra que la memoria colectiva del municipio está dividida y alerta.
La publicación y las reacciones no son un fenómeno meramente casual, sino el reflejo de una operación de posicionamiento político que busca medir el terreno para un posible retorno electoral de Filiberto López Plaza. Si bien logra activar con éxito la nostalgia de su base nostálgica, también destapa de inmediato el rechazo y los cuestionamientos sobre su pasado patrimonial, evidenciando que su regreso no sería un camino planchado, sino altamente disputado y polarizado. #MetroNewsMx
Equipo Editorial Metro News/Información de Latinus
-Sheinbaum recriminó al gobernador Kuri por invitar al embajador de EE. UU. a una academia policial sin avisar a la Federación.
-La presidenta aseguró que el gobierno estatal actuó en solitario y sin el conocimiento del gabinete de seguridad federal.
-Fotografías y documentos revelaron que altos funcionarios de la FGR, el Ejército y la Guardia Nacional sí asistieron.
-El gobierno de Querétaro informó formalmente a la SRE sobre la visita diplomática mediante un oficio enviado con días.
-La Cancillería emitió un comunicado oficial confirmando la recepción del oficio, contradiciendo el discurso matutino
-El documento estatal precisaba que la interacción tendría efectos estrictamente protocolarios sin cooperación directa.
-El reclamo público de la mandataria dejó al descubierto una grave ruptura de comunicación con las propias dependencias.
-El gobierno federal suavizó el tono del diferendo, ofreciendo un acompañamiento institucional de coordinación mutua.
-El episodio evidenció cómo la narrativa de confrontación ideológica choca frontalmente con la realidad institucional.
-El supuesto agravio presidencial derivó en un costoso retroceso ante la contundencia de las pruebas documentales.
La política exterior y la narrativa de confrontación del Estado mexicano sufrieron un nuevo tropiezo que desnuda las costuras de la improvisación gubernamental. El episodio protagonizado en torno a la colocación de la primera piedra de una academia internacional de policía en Querétaro sintetiza a la perfección los riesgos de gobernar a golpe de ocurrencias ideológicas, desconectadas de la realidad institucional y de la propia administración federal.
El libreto de Palenque y el fuego cruzado
Todo comenzó como parte de un libreto previsible y dictado desde la retórica de confrontación heredada. Ante las tensiones bilaterales y los reclamos por la relación con Estados Unidos —nutridos por los señalamientos de la nueva literatura política obradorista sobre visores y diplomáticos—, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por lanzarse públicamente contra el gobernador panista Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson.
Desde el atril de la conferencia matutina, la mandataria reprochó con tono de agravio institucional que el mandatario estatal hubiera invitado al diplomático extranjero a un evento de capacitación policial sin la venia explícita del gabinete de seguridad federal ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La instrucción era clara: exhibir, cuestionar la lealtad institucional y exigir explicaciones públicas bajo el argumento de que se vulneraba la soberanía nacional. Sin embargo, el libreto se derrumbó ante la contundencia de los hechos.
La exhibición fallida: Cuando el Estado desmiente a la Presidencia
El gran yerro del Ejecutivo federal no fue solo político, sino de extrema torpeza informativa. La narrativa de que el gobierno local actuó "por la libre" y a espaldas de la federación se pulverizó en cuestión de horas al revelarse dos evidencias irrefutables:
La presencia federal en el presídium: Lejos de ser un acto aislado o clandestino, en el templete oficial estuvieron presentes tres altos representantes del propio gobierno federal: el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, Javier Rodríguez; el general brigadier y comandante de la Séptima Zona Militar, Aldo Gómez; y el capitán primero David Baladés, en representación de la Guardia Nacional.
El aviso formal en tiempo y forma: Salió a la luz el oficio fechado el 23 de septiembre y recibido formalmente por la Cancillería el 25 de septiembre —es decir, siete días antes de la visita—. En dicho documento, el gobierno de Mauricio Kuri notificó puntualmente sobre la reunión, aclarando por escrito que la interacción tendría efectos protocolarios y no implicaba mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Cómo es posible que la titular del Poder Ejecutivo federal lance un extrañamiento internacional y cuestione a un gobernador basándose en premisas falsas? La respuesta apunta a un grave cortocircuito operativo: o la información fue deliberadamente sesgada para alimentar el berrinche político, o las dependencias federales (Ejército, FGR, Guardia Nacional) operan en absoluta desconexión con el primer círculo de la Presidencia.
El repliegue de la Cancillería y el control de daños
Ante el ridículo institucional y la imposibilidad de sostener la narrativa de la "conspiración silenciosa", la maquinaria gubernamental debió dar marcha atrás de manera estrepitosa.
Horas después del discurso matutino, la SRE emitió un comunicado oficial de cuatro puntos que contrastaba radicalmente con el tono beligerante de la presidenta. En dicho posicionamiento, la Cancillería reconoció implícitamente lo que horas antes se negaba: confirmó la recepción oportuna del oficio de aviso del gobierno queretano y suavizó el diferendo al ofrecer, por instrucción presidencial, un acompañamiento institucional mediante el diálogo directo con el gobernador Kuri. El gobierno federal tuvo que "bajarle dos rayitas" a su propia crisis fabricada.
Más allá de la anécdota, el choque entre el discurso de Palacio Nacional y la realidad administrativa revela fallas estructurales profundas en el actual régimen:
-La subordinación de los hechos al relato político: Se prioriza el ataque discursivo y la polarización (etiquetar de sospechoso cualquier acercamiento con autoridades de Estados Unidos) por encima de la verificación básica de los datos. La improvisación sustituye a la inteligencia diplomática.
-La disociación del aparato de seguridad: Resulta paradójico —y alarmante— que el Ejército, la Guardia Nacional y la FGR asistan institucionalmente a un evento de carácter oficial y que la Presidencia de la República ignore por completo su presencia, utilizándolos involuntariamente como munición para un ataque político infundado.
-El desgaste de la figura presidencial: Exponer a la titular del Ejecutivo a emitir juicios erróneos y demandas de explicación que caen por su propio peso debilita la investidura presidencial y convierte la máxima tribuna del país en un espacio de desinformación institucional.
El episodio de Querétaro no es un simple malentendido burocrático; es la radiografía de un poder centralizado que padece de miopía informativa, donde el afán de confrontación ideológica termina devorando la congruencia del Estado y dejando en evidencia que la izquierda en el poder muchas veces combate fantasmas creados por su propia desorganización interna.
La crónica del berrinche presidencial: Transcripción de la nota de Latinus
Carlos Loret de Mola:
Es que de pronto son tan obvios.
El sábado aparece un fragmento del nuevo libro de López Obrador en el que ataca al embajador de Estados Unidos porque Estados Unidos le quitó la visa a su hijo Andy.
Y hoy, dos días después, la presidenta Sheinbaum se lanza contra el embajador de Estados Unidos y termina quedando en ridículo la presidenta porque resultó que sus reclamos no tenían fundamento y hay fotos y documentos que lo prueban.
Penoso, penoso lo de la presidenta, otra vez pifió la presidenta.
Ahí le va.
El nuevo libro de López Obrador se llama Pueblo.
Carlos Loret de Mola:
El sábado circuló en el medio de comunicación obradorista, sin embargo, un fragmento en el que López Obrador califica como un acto canallesco el retiro de la visa de su hijo Andy.
Señala como responsable al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, y también critica al actual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien llama prepotente policía entrometido.
Bueno, pues en la mañanera le preguntaron a la presidenta qué opinaba de esto.
¿Y qué hizo la presidenta?
Arremetió contra el embajador de Estados Unidos, o sea, la política exterior también dictada desde Palenque.
Y como arremetió contra el embajador de Estados Unidos, lo acusó de no haberle avisado al gobierno federal que iba a ir a un acto a Querétaro con el gobernador, que es del PAN, Mauricio Kuri, para colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.
Claudia Sheinbaum:
Como presidenta tengo que tener una opinión diplomática siempre.
Les voy a dar un caso que me llama la atención y es importante que se conozca.
En el estado de Querétaro, el gobernador invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una academia internacional de capacitación de policía.
No invitaron a la defensa, no invitaron al gabinete de seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entonces, hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos.
Pues, ¿cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con el gabinete de seguridad federal?
Carlos Loret de Mola:
Porque además se ha apoyado en todo al gobernador, no hay mala relación con él.
Espérese, no terminó ahí el berrinche por la colocación de la primera piedra.
O sea, hay gobernadores de Morena metidos con el narco y no se indigna la presidenta.
Ah, pero no vaya a ser que un gobernador de oposición invita al embajador de Estados Unidos a poner una primera piedra de un instituto de policía.
Bueno, la presidenta llamó a cuentas al gobernador, llamó a cuentas al embajador de Estados Unidos.
Y en eso le preguntan a la presidenta: "Oiga, pero ¿eso es delito?", y dice la presidenta: "No".
Claudia Sheinbaum:
Entonces no creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo.
Tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del gobierno de México y, particularmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También el embajador, a los dos.
¿Por qué no?
El embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y ya que estábamos en el reclamo internacional, resulta que todo fue una pifia de la presidenta.
Carlos Loret de Mola:
Sí invitaron al gobierno federal y ahí estuvieron representantes del gobierno federal.
Mire, así se veía el templete y no había uno, no había dos, había tres funcionarios del gobierno federal.
De izquierda a derecha vemos primero al delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro, Javier Rodríguez, en el estrado.
Después, en medio, estuvo sentado el general brigadier comandante de la Séptima Zona Militar, la de Querétaro, Aldo Gómez, o sea, el representante del ejército en Querétaro.
Y casi hasta el final del estrado aparece el capitán primero David Baladés en representación del general de la Guardia Nacional, Ricardo Melendres.
No solo eso, también comenzó a circular el documento en el que el gobernador panista Mauricio Kuri le informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se iba a reunir con el embajador para abordar distintos temas.
Carlos Loret de Mola:
Está fechado el 23 de septiembre y fue recibido en la cancillería el 25 de septiembre, o sea, siete días antes de la visita del embajador a Querétaro.
Allí puso textual: "La interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia".
Pues, ¿por qué la presidenta estaba tan mal informada?
¿Le pasaron mal la información o ni siquiera revisó bien los datos antes de hacer sus comentarios en la mañanera?
Y se siguió, porque la orden de Palenque era atacar al embajador.
Porque no fue cualquier pifia, eh.
Carlos Loret de Mola:
Se puso a pedirle explicaciones al embajador de Estados Unidos en un momento en que la relación está tensa.
¿Qué va a hacer ahora la presidenta?
¿Acusar de traición a la patria al general del ejército y al capitán de la Guardia Nacional que estuvieron ahí o al delegado de la fiscalía?
¿A poco ahora nos van a salir con que estos tres funcionarios no avisaron a nadie que iban a ir a un acto organizado por el gobernador de Querétaro, panista, donde el principal invitado era el embajador de Estados Unidos?
¿O será que en el fondo hay de gobernadores a gobernadores y algunos de Morena no quieren estar ni cerca del embajador, no les vaya a quitar la visa?
Reconozco al gobernador Kuri, un amigo mío y a su equipo en total.
Ronald Johnson:
Y creo que Querétaro es un ejemplo de lo que podemos hacer si solamente trabajamos juntos para la formación especializada de policías de México y también de otros países.
Aquí van a poder entrenarse ante situaciones cercanas a las que enfrentan diariamente, que se desarrollan nuevas capacidades, se mejoran sus técnicas y aprenden de la experiencia de otras corporaciones.
El repliegue del berrinche a través de la SRE: Transcripción de la nota de Latinus
Carlos Loret de Mola:
Hace unos minutos la Cancillería mexicana ya respondió a las evidencias que se fueron presentando de que el gobierno de Querétaro no actuó solo y por sus pistolas invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una academia policial.
Ya ve que en el templete había dos elementos del ejército mexicano, incluyendo el jefe de la zona militar ahí en Querétaro.
Estaba también el representante en Querétaro de la Fiscalía General de la República y, bueno, también apareció la carta en donde el gobierno de Querétaro le informaba a la Cancillería de la reunión del gobernador con el embajador.
Bueno, pues ya el tono de la Cancillería es muy diferente al tono de la mañanera de la presidenta Sheinbaum; el gobierno ya le bajó.
Acaba de sacar un comunicado de cuatro puntos que dice textualmente lo siguiente.
"Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional; la Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones".
Carlos Loret de Mola:
"Segundo: el 25 de septiembre la Cancillería recibió un oficio del gobierno del estado de Querétaro que informaba sobre la visita del embajador de Estados Unidos, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar diversos temas de interés común.
En dicho oficio se precisaba que la visita no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.
Tercero: la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante esa visita, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo ante el órgano que decían, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad".
"Por instrucción de la presidenta Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones en un ánimo de coordinación institucional.
Cuarto: México y Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación.
Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del gobierno de México en coordinación con las entidades federativas". #MetroNewsMx #Latinus
- El ISSSTE Celaya prometió remodelar el estacionamiento el 1 de octubre, obligando a quitar techumbres, pero la obra jamás inició.
-Denuncian graves fallas: insumos insuficientes, goteras en áreas críticas, plagas en cocina y pésima calidad en reparaciones.
-Trabajadores fueron obligados a desmontar sus propios tejabanes bajo amenazas, soportando abusos de la autoridad del hospital.
-Visitas de altos funcionarios como Martí Batres solo sirven para maquillar el hospital, ignorando los problemas reales de fondo.
-Acusan evidente colusión del SNTISSSTE con la administración local, replicando comunicados oficiales que encubren la crisis.
En la clínica hospital del ISSSTE en Celaya, Guanajuato, el delegado del Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, Manuel Gómez, exhibió en entrevista a Metro News una serie de graves anomalías institucionales, señalando que se estaría incurriendo en simulación y obras incumplidas que afectan tanto al personal como a los derechohabientes.
Los hechos se dieron a conocer este dos de octubre de dos mil veintiséis, luego de que las autoridades emitieran un comunicado oficial firmado por el subdelegado de administración, Alan Manuel Castillo Alcántara, en el cual se ordenaba a los empleados retirar sus techumbres particulares bajo la promesa de iniciar la remodelación del estacionamiento el pasado primero de octubre, fecha que transcurrió sin que se iniciara ningún trabajo de construcción ni se viera personal laborando en el sitio.
El dirigente sindical detalló que esta situación evidencia un abandono prioritario, ya que mientras se priorizan anuncios estéticos similares a los realizados durante visitas previas de funcionarios federales como Martí Batres, (https://www.metronewsmx.com/2026/06/marti-batres-le-incumplio-celaya-la.html ) el hospital enfrenta carencias críticas como fallas en equipos de extracción e inyección de aire, deficiencias en la cocina, falta de insumos de curación y graves goteras en áreas sensibles como urgencias y pediatría, problemáticas que operan en detrimento de la base trabajadora y de la seguridad de los usuarios, situación que según el representante sindical se ve agravada por una presunta colusión con otro sector gremial para justificar tales omisiones.
La transcripción de la entrevista con Manuel Olvera, por Metro News
Eugenio Amézquita Velasco:
Tengo en la línea telefónica al delegado del Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, que es uno de los varios sindicatos que existen en el ISSSTE, específicamente aquí para el estado de Guanajuato, Manuel Olvera. Y bueno, Manuel, tengo a la mano dos documentos: uno emitido por uno de los funcionarios del ISSSTE, se trata del licenciado Manuel Castillo Alcántara, subdelegado de administración, y otro emitido por el otro sindicato, donde están anunciando pues una serie de obras y de acciones que se van a hacer en el estacionamiento. Ustedes, desde su postura sindical, ¿cómo interpretan esto y qué es lo que están viendo? Gracias, Manuel.
Manuel Gómez:
Sí, al contrario, gracias. Pues estamos viendo que hay muchas anomalías en cuanto a la forma en que se están manejando las cosas, porque hay muchas prioridades dentro de lo que es el hospital, como se lo hicimos saber en un momento dado también al licenciado Alan Emmanuel, en referencia a carencias de insumos, de material de curación, equipos, fallas en equipos en el funcionamiento de la cocina con bichos, falta de fumigación, equipos de extracción e inyección de aire que no funcionan, tarjas que a raíz de una, se puede decir de denuncia u observación que hicimos, mandaron corregir una tarja, una mezcladora, la cambiaron.
Pero como eso se han hecho muchos trabajos también con mala calidad, se cambió el piso de urgencias que todavía ni lo entregaban y ya había piezas que estaban rotas; a la fecha siguen piezas que están rotas con unos parches también que no se han corregido, no se hace efectiva la garantía con los proveedores, entonces hay muchísimas cosas dentro del hospital, dentro de la clínica que corregir como para ponerse a invertir dinero en algo que realmente de alguna manera se había solucionado, como es el estacionamiento.
Entonces, hay muchos problemas en ese aspecto, hay mucha inconformidad con la gente también porque dijeron que cada compañero que tenía un tejabán o un resguardo de su auto para protegerlo de las inclemencias del clima, del sol, de la lluvia, tenía que quitar su tejabán, porque si no iban a llegar y a tumbárselos todos; dieron una fecha de inicio del trabajo que era el día primero de octubre, cada compañero si no podía, en el caso de ser mujeres, pues tuvieron que contratar quién quitara las estructuras, quitaron todo, ya está todo sin nada, y estamos a hoy día dos de octubre y no se han iniciado los trabajos de la remodelación que comentó la autoridad que tenía contemplados iniciar.
Eugenio Amézquita Velasco:
Este, perdón que interrumpa. Este estacionamiento del que estamos hablando, ¿es estacionamiento exclusivamente para uso del personal?
Manuel Gómez:
Es correcto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, y yo estoy escuchando de las necesidades que tú estás planteando; hablábamos de urgencias, una obra que por ahí se realizó que parece no reúne las condiciones de calidad óptimas desde lo que tú me estás señalando, y otros aspectos que son en el interior del hospital y que de alguna forma también repercutirían en beneficio de los derechohabientes.
Te escucho y me viene a la mente lo que pasó ayer, la marcha de varios trabajadores del Seguro Social en diferentes partes del país, precisamente señalando de que no hay material para hacer su trabajo. Esto, con lo que te estoy escuchando más lo que vimos ayer del seguro, pues pareciera que, como se dice vulgarmente, parece que el ISSSTE tampoco canta mal las rancheras; o sea, también hay carencias, hay prioridades y no se atienden desde lo que estoy entendiendo, ¿o estoy mal?
Manuel Gómez:
Así es, así es, este sí hay muchísimas carencias, muchísimas necesidades también y hay goteras; ahorita en estos tiempos de lluvias, se han salido muchas goteras, se puede apreciar la entrada por ahí cerca de casi frente al laboratorio donde se cayeron algunas piezas del plafón por una gotera que había. Hay goteras también en el área de urgencias, en el hospital, en pediatría; o sea, hay muchos problemas que de verdad son prioritarios que deberían de atenderse cuando se enfocan en otras cosas, o sea, a lo mejor, como yo se lo dije al subdelegado de administración, a lo mejor son cosas que no se ven, pero que a final de cuentas repercuten más en el trabajo y en la atención tanto al personal como a los derechohabientes.
Eugenio Amézquita Velasco:
Oye, a mí me llamó mucho la atención hace unos meses, que fue en marzo, abril, por ahí, no recuerdo con exactitud, que vino el director general del ISSSTE, Martí Batres, y todo el mundo limpiando y todo el mundo arreglando, y los funcionarios ahí, los jefazos, los machuchones, ahí este, pues que todo se viera bonito, así como que un maquillaje, un maquillaje.
Manuel Gómez:
Sí, así es.
Eugenio Amézquita Velasco:
Este, pero pues entonces no ha habido realmente, así como me lo dices, no ha habido algo de fondo, no ha habido algo que realmente, insisto, repercuta no solamente en beneficio de los trabajadores que tú representas y de su seguridad también, sino también de los derechohabientes que finalmente son los que mantienen el ISSSTE con sus cuotas, ¿no?
Manuel Gómez:
Es correcto. Y pues ahora sí que las deficiencias que se ven, pues es no solamente hablando de la derechohabiencia, nosotros como trabajadores también somos parte de esa derechohabiencia y muchas veces, afortunadamente a mí no me ha tocado, pero hay compañeros que les toca vivir esas deficiencias que hay en carne propia, y el comentario generalizado que hay dicen, pues si me toca, o sea, si a mí me está pasando o me están haciendo esto a mí, que se supone que soy de casa, pues qué se puede esperar la gente que viene de fuera también en la atención o servicio que se le puede brindar.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cuál podría ser la explicación de emitir un comunicado oficial diciendo que va a haber obras y luego las obras no se hacen? ¿Cuál pudiera ser la razón? Digo porque pues, bueno, yo lo veo aquí de dos maneras.
Manuel Gómez:
Sí.
Eugenio Amézquita Velasco:
Una, publicitarse para que vea la gente que están trabajando, pues con algo que de alguna manera se note, que sea visible; y la otra para justificar, porque al momento de hacer un anuncio de que se va a realizar un trabajo, pues es porque tienen definido ya un presupuesto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Es que aquí estoy viendo en el último párrafo del documento que emite este subdelegado de administración, el licenciado Alan Manuel Castillo Alcántara, dice: "Por último, se iniciarán trabajos a partir del 26 de septiembre en los cuales se retirará de manera definitiva tubos y techumbres", que es lo que tú me estabas hablando, "faltantes, con el propósito de iniciar con la obra de remodelación del estacionamiento con fecha del 1 de octubre del año en curso". Entonces, pero no inició nada el día primero, no hay nada.
Manuel Gómez:
No.
Eugenio Amézquita Velasco:
No se ven trabajadores ahí escarbando o algo ahí y nada.
Manuel Gómez:
Nada. Y de hecho, los trabajos de retiro de techumbres y todo lo que había ahí, fue por parte de los mismos trabajadores que los obligaron a, o sea, les exigieron que los quitaran.
Eugenio Amézquita Velasco:
Ya.
Manuel Gómez:
Porque si no los quitaban, a final de cuentas, ahora sí que como decían los trabajadores, "es que yo lo puse, a mí me costó"; pues si te costó a ti, les dijeron, "si te costó a ti, quítalo y llévatelo".
Eugenio Amézquita Velasco:
Claro, lo que no sé, la pregunta sería, digo, pregunta ociosa, si pidieron o no permiso para poner esos techumbres, eso también sería otra cosa porque además estaría en la zona federal, pero a reserva de todo, el anuncio aquí dice que la obra de remodelación iba a empezar ayer y no ha empezado.
Manuel Gómez:
Así es, es correcto, no ha iniciado nada.
Eugenio Amézquita Velasco:
Y veo que también el sindicato, insisto, el otro sindicato (SNTISSSTE), también manda un comunicado que casi parece copia fiel de este oficio que, por cierto, no va con copia al sindicato, va dirigido a la Dra. Angélica Mendoza, directora de clínica, y al maestro Óscar Martínez Domínguez, director administrativo de la Clínica Hospital ISSSTE Celaya. Pero no va con copia al sindicato; a lo mejor se enteraron y pues ahí hicieron ellos su oficio para decirles, "miren, hay este aviso, ¿no?".
Este, pues no sé, sí nos gustaría que nos mantuvieras enterados, estimado Manuel, porque como tú bien dices, tú representas a un sector de la parte trabajadora del ISSSTE, y cualquier cosa que se haga bien o mal, finalmente repercute; el problema es que como el trabajador es el primer atendiente al servicio de los derechohabientes, pues cualquier cosa que haga mal la parte de los superiores, pues finalmente ustedes son los que tienen que dar la cara y son los que se llevan los coscorrones y las refrescadas.
Manuel Gómez:
Es correcto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pues vamos a estar al pendiente. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel?
Manuel Gómez:
Este, no, sí hay otras situaciones, pero pues yo creo que vamos a checarlas y a platicarlas con más calma también, porque bueno, hay una colusión por parte del sindicato, por eso es una copia casi fiel del comunicado que saca el subdelegado de administración; entonces, hay mucha colusión por parte del sindicato con él.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Estás hablando del otro sindicato?
Manuel Gómez:
Del otro sindicato, del SNTISSSTE, así es.
Eugenio Amézquita Velasco:
Okay, okay.
Manuel Gómez:
Este, pero sí, sí, sería cuestión de checarlo ya un poco con más calma y platicar las otras situaciones que hay ya con pruebas, pues.
Eugenio Amézquita Velasco:
Perfecto. Bueno, pues te agradezco, Manuel, soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News.
-Centro de acopio adeuda más de 1.5 millones de pesos en subsidios a campesinos de Abasolo por sus cosechas de grano Primavera-Verano 2025.
-Representante del centro de acopio faltó a la mesa de diálogo establecida para definir un programa de pagos.
-Apoyo estatal de 150 pesos por tonelada otorgado por la gobernadora está desfasado respecto al adeudo privado por las cosechas.
-Retención de pagos y recursos por parte de administradores aparentaría ser un fraude contra campesinos y gobierno estatal.
-Productores denuncian prácticas de coyotaje e intermediarismo que afectan gravemente sus ingresos y patrimonio familiar.
-Intermediarios aplican descuentos administrativos indebidos a los apoyos gubernamentales entregados a los agricultores.
-Autoridades reconocen que infraestructura entregada para silos sufre manoseo y desvío de fines por intereses particulares.
-Desesperación campesina ante el impago generaría amenazas extremas de protesta como la toma de instalaciones del centro de acopio.
-SECAM fija el 15 de octubre como plazo límite para exigir al centro de acopio una respuesta y programa de pagos urgente.
-Convenio oficial con el centro de acopio mantiene su vigencia fiscal oficial hasta el próximo 31 de diciembre.
-Mismo centro de acopio que adeuda maíz operaría actualmente recibiendo sorgo y pagando al contado, según comentarios de campesinos.
-Secretaría del Campo aclara que carece de facultades punitivas de fiscalía, limitándose a mediación y asesoría jurídica.
-Incumplimiento de convenios oficiales y retención indebida de subsidios estatales configurarían un delito de desviación de recursos.
-SECAM brindará acompañamiento jurídico continuo a los productores para asegurar que las denuncias legales prosperen.
-Autoridades advierten que agricultores no requieren intermediarios ni gestores para solicitar apoyos oficiales directamente.
-Funcionario distingue entre organizaciones campesinas serias y aquellas que lucran indebidamente con la confianza de productores.
-Falta de denuncias formales previas por parte de los afectados impidió a la dependencia actuar de manera oportuna ante el abuso.
-Crisis económica severa afecta el sustento de familias campesinas con deudas acumuladas y situaciones familiares vulnerables.
-Gobierno estatal ratifica su compromiso para evitar una escalada de conflicto social protegiendo los derechos de productores.
-Entrevistado coincide en que vulnerar y engañar a los campesinos del campo guanajuatense es un acto sumamente doloroso.
Productores agrícolas de la región de Abasolo y de diversos municipios dele stado de Guanajuato enfrentan una severa crisis económica y un adeudo prolongado por la comercialización de sus cosechas de grano, correspondientes al ciclo agrícola Primavera-Verano 2025, por parte de la empresa Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL. Ante este panorama, la Secretaría del Campo (SECAM) del Gobierno del Estado interviene institucionalmente para mediar en el conflicto, luego de que los representantes de la empresa, Claudia Castro González y Raúl Castro, no se presentaran a la mesa de diálogo programada en las instalaciones de la dependencia estatal y asentado el hecho en una minuta.
El conflicto involucra a decenas de campesinos y productores agrícolas de la zona de Abasolo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago e Irapuato; a la empresa privada Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL; y por parte de la administración estatal, al subsecretario de Recursos Naturales de la SECAM, Alberto Vargas Franco, entrevistado por Metro News. Asimismo, figuran como actores ausentes los representantes de la empresa citada, Claudia Castro González y Raúl Castro.
Los adeudos comerciales y la afectación directa a los agricultores se localizan en el municipio de Abasolo, Gto. y su zona de influencia de acopio, mientras que las gestiones de mediación, mesas de trabajo y comparecencias oficiales se desarrollan en las oficinas de la Secretaría del Campo en Guanajuato.
El incumplimiento en el pago de las cosechas data de los meses posteriores al levantamiento del ciclo agrícola Primavera-Verano 2025. Las reuniones de conciliación y presión institucional, marcada por la inasistencia injustificada de los administradores del centro de acopio, se realizó este 1 de octubre de 2026, destacando la reunión programada donde los particulares decidieron no acudir.
El conflicto estalla debido a que Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL ha incumplido con el pago correspondiente a las cosechas de grano entregadas por los productores locales, acumulando además un adeudo en subsidios que supera el millón y medio de pesos y sumiendo a las familias campesinas en una situación crítica de endeudamiento.
Aunque el Gobierno del Estado dispersó un apoyo extraordinario de 150 pesos por tonelada a través de un programa del ejercicio fiscal 2026, las autoridades aclararon que este subsidio oficial se encuentra operativamente desfasado respecto al adeudo mercantil privado sostenido entre los productores y el centro de acopio.
Ante la negativa de los representantes de la empresa —Claudia Castro González y Raúl Castro— de asistir a la reunión acordada en minuta bajo diversos argumentos, la SECAM estableció una postura de exigencia directa. La dependencia gubernamental fijó como plazo límite el 15 de octubre para que el centro de acopio cumpla con los pagos atrasados, advirtiendo que, al tratarse de un acuerdo entre particulares con implicaciones sociales y el manejo de recursos e infraestructura vinculados al sector, se brindará acompañamiento jurídico puntual a los afectados para que las denuncias prosperen en las instancias legales correspondientes.
Las intervenciones de la autoridad estatal tienen como objetivo principal evitar una escalada de conflicto social, garantizar la protección de los derechos de los productores del campo guanajuatense, exigir que se honren los compromisos financieros de la comercializadora y asegurar que tanto los apoyos institucionales como el fruto del trabajo de los campesinos lleguen a buen término sin permitir abusos ni intermediarios deshonestos.
La transcripción de la entrevista con el subsecretario de Recursos Naturales de SECAM, Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Pues estoy con Alberto Vargas Franco, subsecretario de Recursos Naturales, correcto, de la Secretaría del Campo. Gracias por esta entrevista. Estamos sorprendidos verdaderamente de esto que estamos escuchando de los campesinos.
No lo aseguramos, pero huele a fraude, fraude contra los campesinos, ¿no? Y no solamente a los campesinos, sino también al Gobierno del Estado, porque un recurso, aunque usted me dice que hay plazos todavía, no se ha fenecido el plazo, pero no tiene explicación de un recurso que es para los campesinos usted aguantando y no se los entregue y tampoco les pague sus cosechas, ¿qué va a hacer el Gobierno del Estado ante esta situación y después de esta reunión que tuvieron con campesinos? Gracias, Alberto.
Alberto Vargas Franco:
No, bueno, un gusto. Saludo a tu auditorio. Y aquí de la Secretaría del Campo recibimos hace unas semanas una queja de algunos productores que no habían recibido el pago por sus cosechas. Entonces, a partir de ahí empezamos a darle seguimiento. Y bueno, es un centro de acopio que no ha pagado lo que compró.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cómo, de dónde es este centro de acopio para ubicarnos, porque centros de acopio hay muchos, pero este de dónde es y quién lo tiene o qué asociación lo tiene o sociedad?
Alberto Vargas Franco:
Bueno, es un centro de acopio que está... acopia de Irapuato, Pénjamo y Abasolo, en aquella zona. Este centro de acopio, a petición de los productores, nos piden que los atendamos para escucharlos. Es un centro de acopio como muchos con los que trabaja la Secretaría del Campo, donde nosotros dispersamos el apoyo que la señora gobernadora les hizo llegar a los productores de 150 (pesos) por tonelada. Ese apoyo que se les dio se dispersó a través de los centros de acopio. Entonces, cuando nos alertan del tema de que no se les ha pagado la cosecha, les damos seguimiento. Esta es una segunda reunión ya con todo el conjunto de los productores...
Eugenio Amézquita Velasco:
Una reunión a la que debió de haber venido una representante del centro de acopio y no se presentó...
Alberto Vargas Franco:
Sí, de hecho...
Eugenio Amézquita Velasco:
había una minuta donde había ese acuerdo, ¿no es correcto?
Alberto Vargas Franco:
Se tuvo una primera reunión el día de antier, el día martes, donde asistió la representante del centro de acopio y asistieron los productores que convocamos nosotros como Secretaría del Campo y Gobierno del Estado para tratar de que se afinaran los detalles para que recibieran su pago como corresponde los productores. Asistió la representante, asistieron los productores y se levantó una minuta donde había un acuerdo para que el día de hoy se reunieran para tener un programa de pagos.
Ella avisa al personal de la Secretaría de Comercialización de la Secretaría del Campo que no iba a asistir por diversas circunstancias que ella argumentaba. Yo me comuniqué con ella en la mañana para poder decir qué proponía ella a los productores. Ahorita ya hice de conocimiento a los productores de lo que ella propone.
Sin embargo, bueno, nosotros lamentamos muchísimo que el productor no reciba el pago correspondiente a su trabajo y de su cosecha. Por supuesto...
Eugenio Amézquita Velasco:
Ya no estamos hablando del estímulo, es de su cosecha...
Alberto Vargas Franco:
Es el producto de su trabajo que no se lo han pagado...
Es correcto, Eugenio. La verdad es que entonces aquí la situación es que nos estamos comprometiendo a dar acompañamiento a los productores para que se llegue a buen término en donde ellos reciban el pago. Lógicamente, ya entrando en el tema legal, es un acuerdo entre privados, y pues ellos hicieron una negociación en donde el productor le vende el grano al centro de acopio y es un acuerdo entre ellos. Que sin embargo, al tratarse del campo y al tratarse de una falta de pago, de un falta de compromiso, pues le vamos a dar seguimiento nosotros hasta donde nos alcancen las facultades.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, ya no hablamos de un supuesto de adeudos, porque esos ya se ven que sí los hay, y ese es el caso del tema de entre particulares.
Sí, pero aquí hay un recurso de gobierno, ¿es correcto? Que le fue entregado a esta persona o a la asociación, no sé, o sociedad, no sé cómo se llame. Sí, y lo que esa es la parte que creo que a los campesinos no les entra o no les cabe, ni a mí en mi lógica, porque es muy lógico: si yo te estoy dando un dinero que la señora gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo aprobó, sí, a través de SECAM, para entregárselo a los campesinos, ha pasado un año y no les has entregado ese dinero, con todo respeto para la señora gobernadora y para el Gobierno del Estado, pero creo que no solamente le están viendo la cara a los campesinos, creo que también se la vieron a la gobernadora, aquí hay esa sensación que me da.
Alberto Vargas Franco:
Claro, Eugenio,
Eugenio Amézquita Velasco:
Y no creo que le agrade a la señora gobernadora escuchar lo que va a escuchar a través de este video, ¿eh?...
Alberto Vargas Franco:
Te platico, Eugenio, en los términos que lo manejaste y que lo pusiste sobre la mesa, por supuesto que tendría que coincidir. Sin embargo, hay unos factores a considerar. Cuando tú hablas de un año es cuando, seguramente, se cumple el año... no, cuando cosecharon nuestros productores y entregaron su grano al centro de...
Eugenio Amézquita Velasco:
hablamos del Primavera-Verano 2025, sí. Okay, pero a lo que quiero decirte es que, si bien han pasado muchos meses en que no se les ha pagado al productor su cosecha, el apoyo estatal no necesariamente va de la mano con la cosecha de los productores. El apoyo estatal se entregó... en primer lugar, el recurso es del 2026.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cuánto fue lo que se le entregó?
Alberto Vargas Franco:
Se entregó lo del apoyo de 150 pesos por tonelada para todos los productores registrados en ese centro de acopio.
Eugenio Amézquita Velasco:
Que en el cálculo ya en monto total, ¿a cuánto ascendería esta cantidad?
Alberto Vargas Franco:
Te mentiría decirte un monto total porque no lo he sumado, pero sobrepasa 1 millón y medio de pesos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Okay...
Alberto Vargas Franco:
Y aquí lo que te quiero comentar es que los tiempos de la cosecha y de la entrega del grano están desfasados con el del apoyo. El apoyo es un recurso 2026, y el acuerdo con el centro de acopio está vigente, porque nosotros les fuimos entregando una vez que se autorizó la señora gobernadora el apoyo, empezamos a gestionar: uno, los lineamientos para que tú recibas el apoyo; dos, se empezaron a generar convenios con centros de acopio; tres, se empezó a recabar la información a través de los centros de acopio para que nos pidieran el apoyo. Y eso nos llevó más de 6 meses. O sea, esta situación, y te lo quiero decir, no nos ha visto la cara y no hay...
Eugenio Amézquita Velasco:
ni van a permitir que se las vean...
Alberto Vargas Franco:
y no se los vamos a permitir. De hecho, le pedimos al centro de acopio que cumpliera pagándole al 15 de octubre, a pesar de que tiene mayor vigencia, y se lo exigimos de esa manera porque vemos la necesidad de nuestros productores de recibir algo y algo que le dio la gobernadora a los productores.
Pero sí cabe señalar, porque a mí no me gusta dejar lagunas de información: uno, no hay un incumplimiento del apoyo estatal del centro de acopio; dos, no es la misma vigencia de lo que es el adeudo de los productores; y tres, vamos a exigir y no vamos a permitir que se deje de cumplir la entrega de ese apoyo que dio la gobernadora para que... hasta que le llegue a todos los productores. Ese es un compromiso que yo hago públicamente porque sé dónde trabajo y sé... sabes dónde estás, sé dónde estoy parado.
Eugenio Amézquita Velasco:
Voy a un corte. Soy Eugenio Amézquita con el subsecretario de Recursos Naturales, Alberto Vargas.
Segunda parte de la entrevista con el subsecretario Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Regreso en esta entrevista con el subsecretario de Recursos Naturales, Alberto Vargas Franco, de la Secretaría del Campo aquí en el estado de Guanajuato. Hay dos momentos en la charla, en el diálogo que tuviste tú con todos los campesinos. Eh, te felicito, lo supiste llevar muy bien, porque sí estaban muy molestos y tienen razón
Alberto Vargas Franco:
Y tienen toda la razón para estarlo...
Eugenio Amézquita Velasco:
en que tanto Erasto Patiño Soto, que es el líder de Consuc, y un productor, el señor Fernando, los dos utilizaron en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, los mismos términos: hay coyotaje. Y Erasto Patiño fue claro en que pareciera que le están entregando las gallinas a los coyotes por haberle dado usted los recursos a esta persona, a esta asociación. Y del otro lado, pues un silo que originalmente —asociación a la que pertenece el señor Fernando— estaban trabajando, se la rentan a otros que ellos se identifican como coyotes, y las cosas no están funcionando bien. ¿No han pensado en un mecanismo para que los campesinos dejen de estar de manos de —pues son parásitos, porque nunca se les puede llamar de otra forma—, de que se queden con sus cosechas, se las paguen cuando ellos quieran y esta gente sufriendo de hambre? Ahí está el caso de esta señora, trescientos y tantos mil pesos, sí, con su padre enfermo, ellos enfermos, este, gente que ya debe... ¿Algo que se pueda hacer, este, Alberto?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate, Eugenio, yo te quiero dejar claro que los apoyos en la Secretaría del Campo son muy diversos y nosotros tratamos, a través de las reglas de operación, de darle certeza para que cada apoyo llegue a buenas manos y sea para que aumente la productividad de los que trabajan las tierras. ¿Cuál es la situación? Y yo no voy a hablar en particular de ningún centro de acopio ni nada, pero los apoyos que ha dado el Gobierno del Estado para silos ha sido con el único objetivo precisamente de abatir ese intermediarismo y que puedan defenderse, porque se han entregado —quiero decirte que prácticamente un porcentaje altísimo de los productores agrícolas del estado de Guanajuato pertenecen a los distritos y a los módulos,
Eugenio Amézquita Velasco:
Así es, el 11 y el 85...
Alberto Vargas Franco:
Es correcto—, entonces a ellos se les ha fortalecido en la infraestructura precisamente para que puedan defenderse de los precios de los granos. Ahora, ¿cuál es la situación ya después en el manejo? No te imaginas cuántas ocasiones nosotros hemos tenido que actuar para poder regularizar la operación de las instalaciones de diferentes apoyos que hemos dado, porque desafortunadamente tú das apoyos para mejorar las condiciones y en cuanto llegan a algunas manos le dan un manejo con un interés personal,
Eugenio Amézquita Velasco:
Hay un manoseo, ¿no?...
Alberto Vargas Franco:
Es correcto... Entonces ya ven la posibilidad de llevarse un recurso propio para mejorar su situación, no la de los demás.
Y entonces, cuando intervienen esos intereses, Eugenio, corrompen el apoyo y entonces es por eso que de repente la medida está bien complicada. Hay productores reales que nos dicen: "Oye, ¿y por qué tanto requisito para darme un apoyo?", porque tratamos de dar golpes certeros y que tú, si eres productor en el campo, recibas el molino, recibas el remolque, recibas la sembradora y que te llegue a ti, que esté en las manos correctas y que eso signifique mejorar la vida de los productores del campo.
Desafortunadamente, los propios productores en algunas ocasiones permiten que líderes, coyotes, como tú lo mencionaste, usando tu término, hasta les cobran, cuando les hemos dicho, y voy a aprovechar tu medio para decirles: no necesitan gestores, nosotros tenemos una página, nosotros tenemos presencia, acérquense a los municipios y vamos a atenderlos allá, esa es la instrucción que tenemos de la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pero me llama la atención también comentarios como este (en la reunión), ¿no? Tú le das, por decir, "das 10 pesos de apoyo por tonelada, por decir, ¿no?", sí, pero después el coyote o el que recibe, "ah, es que te tengo que descontar un peso por gastos administrativos", y yo no sé si eso en los convenios que ustedes firmen con ellos así viene.
Alberto Vargas Franco:
De ninguna manera..
Eugenio Amézquita Velasco:
Entonces, ¿a qué están jugando estas gentes?
Alberto Vargas Franco:
De manera, pero te voy a decir, se necesita que si nosotros nos damos cuenta, denuncien, claro, porque nosotros cuando no tenemos una retroalimentación de nuestros productores, no podemos nosotros entender que a ti te hayan quitado un peso, pero nosotros no lo vamos a permitir, nada más necesitan informarnos para nosotros poder atender, claro, si no hay información no se puede actuar.
Eugenio Amézquita Velasco:
Es correcto, Eugenio. ¿Qué solución les diste ahorita a los campiranos?
Alberto Vargas Franco:
Todos ellos, les vamos a dar un seguimiento puntual, un acompañamiento, nosotros no los vamos a dejar de acompañar, de asistir, y vamos a ir avanzando conforme se vaya presentando la información y como se vaya avanzando el tema. Te menciono, hoy hablé con el centro de acopio y le exigí que nos diera una respuesta a los productores de la situación que están padeciendo. También entendamos —y eso lo dejo claro—, nosotros no somos una instancia ni un juez
Eugenio Amézquita Velasco:
No son fiscalía, obviamente, no son fiscalía,
Alberto Vargas Franco:
No podemos. Sin embargo, el acompañamiento, la asesoría y la atención van a estar presentes porque no vamos a dejar a los productores, y esa es la instrucción que nos da la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Alcancé a escuchar que se buscará un diálogo con el departamento jurídico del Gobierno del Estado, con los abogados, para buscar que las denuncias que ellos creo que ya traen ahí en carpeta queden bien amarradas y prosperen y no se escapen los responsables, insisto, de esto que parece un fraude.
Alberto Vargas Franco:
La verdad es que tengo que ser responsable al hablar, claro, nosotros vamos a acompañar lo que los productores nos dicen hasta dónde llega,
Eugenio Amézquita Velasco:
Hasta donde llegue...
Alberto Vargas Franco:
Y quien va a determinar la culpabilidad, la responsabilidad, será en otras instancias. Nosotros lo que nos corresponde es estar con los productores para que en su proceso vayan acompañados y que lo hagan de la mejor manera para que encuentren el resultado favorable para todos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Voy a un corte para la siguiente entrevista, los siguientes temas. Soy Eugenio Amézquita, estoy con Alberto Vargas Franco, quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Campo en Guanajuato.
Tercera y última parte de la entrevista con el subsecretario Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, en esta última cápsula, eh, hay una fecha límite del convenio, 15 de octubre, ¿no? ¿Qué fecha es esa?
Alberto Vargas Franco:
No. Es la fecha de compromiso que nosotros le pedimos al centro de acopio que atendiera a los productores por la emergencia económica que están padeciendo por la falta de pago de su grano. Claro, claro. La vigencia es hasta el 31 de diciembre, porque lo hacemos por ejercicio fiscal.
Eugenio Amézquita Velasco:
El convenio es el convenio de este recurso que el Gobierno del Estado pues les va a dar por su producción de su maíz y donde se llegue el 31 de diciembre, del primero de enero, y no haya cumplido,
Alberto Vargas Franco:
Bueno, ahí estaría incumpliendo un convenio que tiene firmado con la Secretaría del Campo y actuaríamos como corresponde a través de la parte jurídica, que yo quiero pensar y casi te podría asegurar que van a recibir sus pagos. De cómo lo hemos manejado y cómo hablamos con ella y cómo le pedí que lo hiciera, debe de haber atendido mucho antes y yo pienso que al 15 de octubre tengo la confianza de que tiene que cumplir porque es un recurso de ellos que se los dio la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pero eh comentamos con algunos otros buenos amigos fuera de cuadro, ¿no?, de que los tiempos no están fáciles y además, pues si tú trabajaste y en este caso pues hay un producto que se llama maíz que tú lo produjiste, tú se produjo por parte tuya, lo entregaste para que te lo pagaran y no te lo pagan y estás empezando a tener deudas porque de eso vives, pues llega un momento en que le metes desesperación a la gente,
Alberto Vargas Franco:
Es correcto...
Eugenio Amézquita Velasco:
Y la gente desesperada ya no piensa, ya no reflexiona, y alcancé a escuchar a alguien que muy valientemente dijo: "Bueno, pues si no, si no entiende, pues le vamos a tomar entonces la reciba". Eso es algo muy extremo, pero que además es consecuencia pues de unos actos que no se debieron de haber dado, no sé si tú estás, digo, no estoy justificando que se dé eso, pero eso está conduciendo precisamente por un incumplimiento y por la desesperación que le está causando a los campesinos, no sé si coincidas conmigo.
Alberto Vargas Franco:
Bueno, eh creo que nos queda claro a todos cuáles son las atribuciones que cada uno tenemos y nosotros no tenemos atribuciones legales, sin embargo, estamos involucrándonos precisamente para evitar un tema social, porque queremos... a nadie convienen estos conflictos.
Una, no le conviene de ninguna forma a los que trabajaron, produjeron su grano y no se les pagó; no nos conviene a nosotros porque eso genera una crisis a las personas que viven del campo; y no creo que ni al centro de acopio le convenga. Pero como va avanzando, se va gravando la circunstancia debido a la necesidad que tienen los productores.
Entonces, nuestro acompañamiento será para tratar de establecer bases y que ojalá que el diálogo, la gestión alcance para que se resuelva el asunto de la mejor manera, que ese es el objetivo de nosotros de estar en estas reuniones, no nada más es hablar, no nada más es estar con ellos, sino tratar de ver cómo colaboramos para solucionar para bien de todos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pues no sé si tú lo sepas, lo digo porque lo escuché de parte de los productores, obviamente ahí en los corrillos, ya estamos en el periodo de la cosecha del sorgo, si es que no ha terminado ya el proceso de cosecha, y al parecer este centro, el mismo centro que estamos hablando, ya está recibiendo sorgo y está pagando de contado. ¿No tienes noticias de eso?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate que no, no tengo, o sea, la realidad es de que nos empezamos a involucrar en el tema a partir de que los productores nos se quejaron. Sí te puedo decir que una parte de lo que nos menciona, cuando le cuestionamos al centro de acopio el pago para los productores, mencionaban de que el interés o la intención era seguir trabajando para poder generar y que todo lo que se genere sea para el pago de ellos, entre otras soluciones que nos mencionó, pero que nosotros lo único que haremos es ponérselas en la mesa a los productores y que ellos lo evalúen. Sabemos que creo que ellos también ya traen una representación jurídica,
Eugenio Amézquita Velasco:
Claro...
Alberto Vargas Franco:
Y pues bueno, a los que les corresponde y a quien le va a decir qué se tiene que hacer, pues será quien hoy los está asesorando jurídicamente.
Eugenio Amézquita Velasco:
Sí, sin entrar en especificaciones que es esto que te voy a decir, sería para este caso, pero cuando el Gobierno del Estado entrega recursos a alguien y no se cumplen los plazos y no se entregan a quien se tienen que entregar, como en este caso un subsidio, ¿estaríamos hablando de desvío de recursos?
Alberto Vargas Franco:
Se estaría hablando de una desviación, un incumplimiento de las obligaciones que marca un convenio, y actuaríamos correspondiente al tema. Ya se ha hecho, la verdad es que no es nuevo de que de repente haya algún incumplimiento en algún convenio. No es tan frecuente, pero cuando se ha hecho, se ha atendido con las instancias correspondientes y llegar a las últimas consecuencias.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Estás de acuerdo conmigo que hacérselo a los campesinos eso es muy doloroso y eso no se vale?
Alberto Vargas Franco:
Nos duele, la verdad. De entrada, ver las caras de los productores duele, duele el que no tengan ellos la certeza de ese pago para poder seguir trabajando o para lo que necesitan. Estoy completamente de acuerdo contigo y vamos a seguir tratando de que se resuelva este asunto porque ese es nuestro papel y ese es nuestro trabajo.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Algo más que quieras agregar, Alberto?
Alberto Vargas Franco:
No, bueno, solamente voy a aprovechar tu medio para, uno, agradecerte la oportunidad, y dos, para decirles que de verdad se acerquen con nosotros. No necesitan gestores, no necesitan personas que les ayuden a bajar los recursos o los apoyos de la Secretaría del Campo, porque estamos nosotros y los podemos atender personalmente. Solamente basta que nos enseñen qué quieren, que nos digan qué quieren y nosotros les vamos a guiar para que sepan cómo presentar un expediente. Desde ahí los podemos acompañar, entonces pues que cuenten con nosotros, que se acerquen y que estamos para servirles.
Eugenio Amézquita Velasco:
Eh, en esto último que dices, la labor de CONSUCC y AMIDA ha sido válida, y ahorita vi que lo reconocieron, o sea, que han sido honestos con los campesinos.
Alberto Vargas Franco:
Nosotros trabajamos con muchas organizaciones, estas dos organizaciones son dos de las con las que trabajamos...
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Son serias?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate que nosotros hemos tenido buena experiencia con varias organizaciones. De repente, tengo que hacer este paréntesis: hay gente que a las organizaciones las tiene etiquetadas como malas. Yo sí creo en unos productores agrícolas organizados, yo sí creo que una de las soluciones o uno de los pasos para poder tener mejores resultados en el campo es tener organizados, nos daría muchas ventajas: compras consolidadas, defensa de nuestro producto final, entre muchas otras cosas. Yo sí creo en la organización de los productores, llámese en asociaciones, en organizaciones. Te tengo que decir, hay serias y hay algunas otras que aprovechan la confianza de los productores para llevar dinero a su casa a costa de los productores.
Eugenio Amézquita Velasco:
A CONSUCC Y AMIDA, ¿en dónde los colocarías? ¿En los serios?
Alberto Vargas Franco:
Yo con ellos... tengo mucho tiempo trabajando con ellos y nunca hemos tenido una dificultad con ellos.
La revelación de la problemática que envuelve a los productores agrícolas de la región de Abasolo, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo e Irapuato —en particular con el centro de acopio Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL— destapa una cloaca añeja y dolorosa: el abandono, la indefensión y el sistemático abuso al que se enfrenta el eslabón más importante y frágil de la cadena agroalimentaria.
A través de la reveladora entrevista sostenida entre Metro News y el subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Campo (SECAM), Alberto Vargas Franco, se dibuja un panorama sombrío donde las promesas institucionales chocan contra la opacidad, el coyotaje y la retención injustificada de recursos que debieron aliviar la economía de las familias campesinas.
¿Aroma a fraude? El peso del tiempo y la zozobra campesina
Sostener que el caso presenta indicios graves de irregularidades no es una exageración sensacionalista, sino la cruda deducción lógica ante hechos insostenibles. Tras meses de haber entregado sus cosechas correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2025, los campesinos enfrentan una profunda zozobra económica.
El tiempo transcurrido opera como el testigo mudo de una simulación: acuerdos incumplidos, representantes de centros de acopio que brillan por su ausencia en las mesas de conciliación pactadas —como ocurrió cuando la contraparte evadió presentarse con excusas endebles— y productores sumidos en deudas agobiantes, con padres enfermos y la imposibilidad material de avituallarse para los siguientes ciclos agrícolas.
Cuando la retención de pagos por el producto del sudor campesino se prolonga artificialmente mientras operan presuntamente otros ciclos comerciales de contado (como el sorgo), la presunción de irregularidades graves deja de ser una sospecha para convertirse en una agresión directa contra la supervivencia humana.
¿Existe justificación para retener los recursos y el subsidio estatal?
Desde la perspectiva de la Secretaría del Campo, se intenta trazar una línea divisoria técnica y administrativa: por un lado, el adeudo comercial entre particulares (el centro de acopio y los productores por la venta de maíz); por el otro, el subsidio gubernamental autorizado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo —de 150 pesos por tonelada, ascendiendo a más de 1.5 millones de pesos para este centro—, el cual, según la dependencia, responde a reglas y ejercicios presupuestales formalizados posteriormente y con vigencia extendida hasta el cierre de año.
Sin embargo, no existe justificación moral ni operativa válida para que este engranaje burocrático sirva de coartada a la impunidad. Aunque administrativamente los tiempos del subsidio y los de la cosecha no coincidan cronológicamente en el papel, en la realidad social y económica del campo forman parte de un mismo ecosistema de apoyo.
Permitir que los centros de acopio funcionen como cajas de resonancia donde se manosean los recursos públicos y se "jinetean" los recursos públicos, además de querer castigar el bolsillo del productor con "gastos administrativos" o retenciones injustificadas es muestra de una grave falla de supervisión. Si el gobierno aporta recursos públicos para fortalecer al productor frente al intermediarismo, tolerar que esos recursos o los pagos de las cosechas queden atrapados en manos de particulares podría ser, cuando menos, una complicidad por omisión institucional.
Marco legal y exigencia de investigación: ¿Qué figuras penales deben ser indagadas?
Ante los hechos expuestos y de acuerdo con el marco punitivo vigente en el estado, organizaciones y asesores jurídicos señalan que la conducta de los administradores de la comercializadora amerita ser investigada a fondo por la fiscalía bajo diversas figuras del Código Penal del Estado de Guanajuato.
Primero, el Abuso de Confianza (Artículo 198). Se configura cuando, con perjuicio de tercero, se retiene una cosa mueble o recursos de los cuales solo se transfirió la tenencia y no el dominio. Los productores entregaron su grano confiando en la custodia y pago del centro de acopio; retener el numerario o el valor de la cosecha vulnera presuntamente el patrimonio ajeno.
Segundo, la Administración Fraudulenta (Artículo 203): Establece sanciones equivalentes al delito de robo cuando quien tiene a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos realiza a sabiendas actos que perjudican el patrimonio del titular buscando un beneficio propio o de un tercero. Los centros de acopio operan como administradores de la confianza y el producto de los agricultores; desviar esos flujos financieros para fines ajenos encuadra en los supuestos que la autoridad está obligada a indagar.
El tercer aspecto, el Peculado y Desvío de Recursos Públicos (Artículo 248): Si bien el recurso proviene de un subsidio estatal destinado a los campesinos a través de un convenio, la retención indebida, el desvío de su destino final o su utilización para fines distintos a los legalmente establecidos por parte de los intermediarios constituye una hipótesis de peculado que obliga a la intervención directa de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, entre otros, el Fraude Genérico (Artículo 201): Obtener un lucro indebido mediante el engaño o el aprovechamiento del error (simular capacidad de pago, captar cosechas sin solvencia real) en perjuicio de los agricultores.
El daño serio a los campesinos: Un sector históricamente abandonado
El agravio a los campesinos de Guanajuato no es un fenómeno aislado; es la crónica de una marginación estructural. El campo mexicano y guanajuatense ha cargado durante décadas con el peso del "coyotaje", de intermediarios parásitos que se enriquecen a la sombra del esfuerzo campesino mientras el productor absorbe todos los riesgos climáticos, financieros y operativos.
Ver a padres de familia endeudados, rozando la desesperación extrema al grado de advertir con tomar instalaciones por la falta absoluta de respuestas, refleja un daño social incalculable. No se trata únicamente de cifras económicas o de más de un millón y medio de pesos en el aire; se trata de dignidad humana quebrantada, de familias que pierden su patrimonio y de la destrucción del tejido social en comunidades rurales donde la tierra debería ser fuente de vida y prosperidad, no de miseria y litigios interminables.
El posicionamiento de la Secretaría del Campo al comprometerse a dar acompañamiento jurídico y exigir una respuesta límite al centro de acopio es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una denuncia penal firme ante la Fiscalía. El gobierno estatal no puede permitirse el lujo de que se dude de su probidad ni de que redes de intermediarios "le vean la cara" a la administración pública y a los campesinos.
La ley debe aplicarse con todo su rigor: caiga quien caiga, el patrimonio de quienes garantizan la soberanía alimentaria del estado no puede ser moneda de cambio de la impunidad y la corrupción. El campo guanajuatense exige justicia, no discursos; resultados legales, no solo mesas de conciliación estériles.
¿Le están viendo la cara a los campesinos y a la Gobernadora del Estado?
El objetivo principal de un subsidio extraordinario —como el apoyo de 150 pesos por tonelada impulsado por el Gobierno del Estado— es inyectar liquidez y alivio directo a la economía de los agricultores en momentos de vulnerabilidad. Cuando los centros de acopio o intermediarios retrasan los pagos, condicionan los flujos o entrampan los recursos, la intención social original del Ejecutivo se desvía. Para el ciudadano y el campesino, el beneficio gubernamental pierde su efectividad práctica, lo que genera una brecha entre lo que el gobierno proyecta como ayuda y lo que el ciudadano percibe en su bolsillo.
El costo político e institucional para el Gobierno del estado
Aunque la Secretaría del Campo (a través de funcionarios como Alberto Vargas Franco) argumenta una defensa técnica y administrativa —señalando que se trata de recursos con vigencia legal y presupuestal definida (ejercicio 2026) y que los adeudos por la venta de maíz corresponden a un acuerdo comercial entre particulares—, la realidad política no opera con calendarios burocráticos.
Cuando un sector estratégico como el campo sufre una crisis de liquidez y los beneficiarios no ven reflejado el apoyo prometido debido a la opacidad de los intermediarios, se genera una erosión en la confianza institucional. En la percepción pública, se interpreta como una falla en la capacidad de supervisión del Estado para garantizar que los recursos públicos cumplan su cometido sin filtros nocivos.
El riesgo de la intermediación o "coyotaje"
El caso expone una debilidad estructural recurrente en las políticas de apoyo al campo: la dependencia de centros de acopio y figuras intermediarias que, en ocasiones, priorizan intereses comerciales o particulares por encima del fin social del subsidio. Como se discutió en la entrevista con Metro News, esto coloca a la administración estatal en una posición incómoda, obligándola a pasar de la planeación de apoyos a la gestión de conflictos y a la advertencia de acciones jurídicas coactivas (como el plazo fijado al 15 de octubre).
Más allá de calificarlo como una burla directa a la figura de la gobernadora, el fenómeno evidencia una falla en los mecanismos de blindaje y supervisión de los programas sociales. Si los apoyos institucionales terminan atrapados en las deudas y problemas financieros de los centros de acopio privados, la administración estatal enfrenta un doble daño: el colapso económico de los campesinos y el desgaste político de ver diluidos los beneficios de sus propias políticas públicas en manos de intermediarios ineficientes o abusivos. #MetroNewsMx
-Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática
-El análisis a los comentarios en el post de Proceso revela un tajante 95.45% de rechazo ciudadano ante el estandarte con la efigie de la presidenta Sheinbaum
-El 31.82% de las opiniones acusan servilismo y lambisconería, señalando que los legisladores actúan por el hueso y las croquetas.
-Un 40.91% de los usuarios recurre a la descalificación directa e insultos contra la clase política por este acto de sumisión.
-La sátira y el humor negro representan el 16.67% de las reacciones, usando memes y burlas sobre altares para ridiculizar el hecho.
-El 6.06% exige destitución y denuncia la pérdida de poderes, evidenciando el total sometimiento del Congreso al Ejecutivo.
-El diputado petista José Antonio López Ruiz usó la comparecencia de Hacienda para desplegar un costoso estandarte con Sheinbaum.
-Cánticos como ¡Es un honor estar con Claudia hoy! y su apoyo incondicional eclipsaron el debate técnico económico en San Lázaro.
-La ciudadanía concluye que la actuación parlamentaria prioriza el beneficio utilitario personal sobre la dignidad institucional.
La nota publicada por la Revista Proceso donde se muestra cómo una comparecencia institucional —la del secretario de Hacienda, Édgar Amador— se transforma rápidamente en un escenario para la exaltación partidista plasma como el diputado José Antonio López Ruiz (https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/9/30/diputado-del-pt-despliega-estandarte-con-imagen-de-sheinbaum-durante-comparecencia-de-shcp-video-380949.html ) utiliza datos económicos para contraponer el modelo actual con el neoliberal de la década de 1990, un recurso discursivo habitual para validar los logros sociales de la administración. Sin embargo, el fondo técnico queda completamente opacado por la ejecución simbólica y el despliegue de lealtad.
El simbolismo visual y la erosión institucional
El culto a la personalidad: El uso de un estandarte con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la Cámara de Diputados evoca una iconografía cuasirreligiosa, trasladando la devoción política al centro del debate parlamentario.
Pérdida de contrapesos: Cánticos como "¡Es un honor estar con Claudia hoy!" y la declaración de un apoyo "incondicional" desdibujan el rol del Congreso como un poder autónomo encargado de fiscalizar y debatir con el Ejecutivo, reduciéndolo a un órgano de aclamación.
Del análisis de una situación de pobreza a un tema que pareció de culto
En su intervención, López Ruiz centró sus argumentos en defender las cifras oficiales de la actual administración y contraponerlas con el modelo neoliberal de la década de 1990. Dirigiéndose directamente al secretario Amador, a quien calificó de amigo de México y cuya designación consideró la mejor decisión del país respaldando las palabras del líder petista Alberto Anaya, el diputado lanzó críticas severas contra el ex titular de la dependencia, Guillermo Ortiz Martínez. En su discurso señaló que bajo su gestión, entre 1994 y 1997, la pobreza patrimonial escaló del 52.3% al 63.7%, mientras la inflación devoró el 51.97% en tan solo un año. En contraste, presumió los datos del modelo económico oficial, destacando que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, lo que representa una reducción histórica de 12.3 puntos porcentuales, aunado a la recuperación del salario mínimo real y la premisa de buscar un bienestar compartido.
Las cifras de los comentarios exhiben que el estandarte resultó contraproducente
Sin embargo, el impacto de esta puesta en escena legislativa en el entorno digital contrastó de manera radical con el tono triunfalista de la tribuna. Un análisis estadístico y cualitativo de las reacciones y comentarios vertidos en la publicación de la revista Proceso —medio donde se originó la cobertura— revela un rechazo ciudadano masivo, vertical y contundente hacia la actuación del legislador. Del total de 73 interacciones registradas, que incluyeron siete reacciones vacías, el corpus de 66 comentarios válidos con una longitud promedio de casi once palabras permitió cuantificar el pulso social con absoluta precisión.
Los datos arrojan que el 95.45%, equivalente a 63 comentarios, manifestaron un tono categóricamente crítico, negativo o de abierto desprecio hacia la conducta del diputado, mientras que apenas un escaso 4.55%, representado por tres comentarios, mostró respaldo o defensas de carácter oficialista. Al profundizar en la naturaleza de las críticas ciudadanas, el 40.91% de las opiniones se concentraron en la descalificación generalizada y el uso de insultos directos contra la clase política.
De manera muy cercana, el 31.82% de las intervenciones se articularon en torno a la crítica severa al servilismo y la llamada "lambisconería", utilizando expresiones utilitarias y recurrentes como "el hueso", "tragar", "croquetas" o referencias a sueldos e impuestos para argumentar que el acto responde a beneficios económicos personales y oportunismo político antes que a una convicción ideológica genuina.
Asimismo, la sátira, el humor negro y los memes ocuparon el 16.67% de las interacciones, destacando el uso masivo de risas digitalizadas y paralelismos irónicos con altares religiosos y la iconografía mostrada en el recinto, en tanto que el 6.06% restante abordó una crítica de carácter estrictamente institucional y político, denunciando la pérdida de la división de poderes, el sometimiento del Congreso y exigiendo de manera directa la destitución y renuncia de los funcionarios involucrados.
Las conclusiones de este análisis periodístico evidencian una profunda y preocupante brecha entre la clase política y la sociedad. Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática. La alta frecuencia de términos punitivos y el uso de la burla como válvula de escape demuestran que la opinión pública rechaza enérgicamente la sumisión institucional, percibiendo el desempeño parlamentario no como un ejercicio de representación republicana, sino como una transacción utilitaria donde la dignidad del Poder Legislativo se subordina a los intereses de poder. #MetroNewsMx
