-El Presidente Municipal realizó una gira de trabajo por la zona rural para entregar obras de rehabilitación que dignifican los puntos de encuentro y convivencia familiar.
-Las intervenciones contemplaron labores de mantenimiento estructural, impermeabilización, renovación de pisos y aplicación de pintura general.
-El munícipe reafirmó su política de atención directa para garantizar que las comunidades rurales reciban el mismo nivel de infraestructura que la cabecera municipal.
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Con el propósito de fortalecer el tejido social en las comunidades rurales, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega visitó las localidades de El Huizachal y San Antonio Viborillas para entregar de manera oficial la rehabilitación de sus espacios comunitarios.
En compañía de familias beneficiadas y líderes locales, el presidente municipal supervisó los inmuebles intervenidos, los cuales ahora cuentan con condiciones óptimas para albergar actividades de integración y reuniones vecinales.
Infraestructura digna para el desarrollo comunitario
Durante su recorrido, el Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega subrayó la relevancia de rescatar estos puntos de reunión para fomentar la armonía colectiva:
"Los centros comunitarios son el corazón de nuestras localidades; son el punto donde la comunidad se organiza, aprende y convive. Al acudir a El Huizachal y a San Antonio Viborillas, venimos a cumplir el compromiso de entregarles instalaciones renovadas, limpias y dignas, porque la gente de nuestras comunidades merece el mismo nivel de infraestructura y atención que la zona urbana", puntualizó el edil.
Alcance de las obras
Los trabajos realizados en ambas localidades incluyeron acciones profundas para corregir el deterioro físico de los inmuebles:
-Mantenimiento correctivo en muros y trabajos especializados de impermeabilización.
-Renovación de superficies mediante la aplicación de pintura interior y exterior, además de la sustitución y reparación de pisos.
Los habitantes y delegados locales agradecieron la respuesta oportuna de la administración municipal a sus solicitudes, señalando que las instalaciones renovadas impulsarán la vida comunitaria. Con estas acciones, el gobierno local consolida su esquema de trabajo cercano y equitativo en beneficio de las zonas rurales. #MetroNewsMx
-Exhiben a Luis Antonio Tierrasnegras Romero por hostigar laboralmente a subordinadas en el municipio de Celaya con total impunidad.
-La PRODHEG confirma que el coordinador utilizó vehículos y recursos oficiales para aislar, intimidar y acosar sexualmente a la víctima.
-Testimonios, audios y pruebas documentales derribaron las falsas coartadas del funcionario municipal ante la exigencia de justicia.
-El agresor intentó intimidar colectivamente a las trabajadoras tomando el micrófono en juntas laborales para revictimizarlas públicamente.
-Exigen a Desarrollo Social de Celaya aplicar sanciones administrativas firmes y dejar atrás la simulación burocrática institucional.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió la resolución del expediente 1378/2025, con fecha del 12 de agosto de 2026, dirigida a la titularidad de la Dirección General de Desarrollo Social (DGDS) del Municipio de Celaya, Guanajuato, tras acreditar la responsabilidad de Luis Antonio Tierrasnegras Romero, titular de la Coordinación de Reconstrucción y Tejido Social (CRTS), en actos de acoso sexual y violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral.
Documento Oficial - Expediente 1378/2025
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG)
De acuerdo con la documentación del caso, la quejosa laboraba en la citada coordinación y denunció que el 16 de abril de 2025 el funcionario le ordenó acompañarlo sin informarle el destino, realizándole preguntas personales durante el trayecto. Tras detenerse a comer, el servidor público le tomó la mano y le advirtió que no subiera hombres al vehículo oficial; posteriormente, la trasladó a un punto denominado "XXXXX", donde le indicó que esperara dentro del automóvil bajo el argumento de evitar que su esposa la viera y pensara que andaba "de encimosa".
Asimismo, la agraviada denunció que en días posteriores el coordinador emitió comentarios sobre su arreglo personal, cuestionándole por qué no utilizaba minifalda. El 14 de mayo de 2025, durante un evento al que acudió acompañada de su sobrina de 15 años, el funcionario expresó "pues ya para mi hijo" al conocer la edad de la menor y, al concluir la jornada, procedió a tomarles fotografías. Posteriormente, tras reclamarse institucionalmente la conducta, el servidor público intervino en una reunión de trabajo para hablar sobre la denuncia, exponiendo a la trabajadora frente a sus compañeros.
Al rendir su informe ante la PRODHEG, Luis Antonio Tierrasnegras Romero reconoció el traslado del 16 de abril por motivos de un torneo deportivo y haber indicado el 9 de mayo que no se subieran personas ajenas al vehículo oficial, pero negó haber tomado de la mano a la quejosa, haber realizado expresiones denigrantes o haber interactuado con ella y su sobrina el 14 de mayo. Respecto a la reunión de trabajo, argumentó que su intervención buscaba aclarar rumores de manera general y no señalar directamente a la quejosa.
Para la resolución, la PRODHEG aplicó criterios protectores de derechos humanos y estándares internacionales, determinando que en casos de violencia de género la declaración de la víctima concatenada con indicios adquiere valor fundamental. En el expediente se integró el testimonio de una compañera de trabajo (Testigo-01), quien corroboró haber escuchado al funcionario hacer comentarios sobre el uso de minifaldas y el arreglo personal de la quejosa; un registro de audio aportado por la víctima en el que una voz masculina admite insinuaciones y ofrece disculpas; el informe de la Subdirección de la DGDS que confirmó una reunión institucional el 19 de mayo de 2025 donde el CRTS pidió la palabra para disculparse por expresiones ofensivas; y el testimonio de Testigo-02, que desmintió la versión del funcionario al confirmar la interacción del 14 de mayo con la menor de edad.
Derivado de la comprobación de los hechos, la PRODHEG determinó las siguientes medidas de reparación integral:
-Calidad de Víctima: Reconocer formalmente a la quejosa como víctima directa y gestionar su incorporación al Registro Estatal de Víctimas a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV).
-Medidas de Protección Previas: Se documentó que la trabajadora fue reasignada a la Coordinación Rural en mayo de 2025 y posteriormente comisionada a la Dirección General de Derechos Humanos de Celaya en octubre de 2025 para salvaguardar su integridad y evitar el contacto con el agresor.
-Rehabilitación y Satisfacción: Instruir a la DGDS gestionar atención psicosocial especializada para la víctima a través de la CEAV, e iniciar el procedimiento de investigación administrativa para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones al servidor público.
-Garantías de No Repetición: Integrar copia de la resolución en el expediente personal del funcionario y ordenar su participación en una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia laboral.
La autoridad destinataria cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación para informar si acepta la recomendación y un término de quince días naturales adicionales para aportar las pruebas que acrediten su cumplimiento total. #MetroNewsMx
-El rezago de hasta el 60 por ciento en los núcleos agrarios y la retención de trámites de dominio pleno en oficinas centrales evidencian la vulneración de los artículos 81 y 82 de la Ley Agraria, paralizando la certeza jurídica de las familias campesinas.
-El desmantelamiento institucional y la escasez de personal en el Registro Agrario Nacional exponen a los productores a prácticas de coyotaje, obstaculizando el acceso a créditos bancarios para proyectos productivos comunitarios.
-La crisis económica y la falta de pagos gubernamentales por tonelada de maíz ahogan a los trabajadores del campo, quienes enfrentan un estrangulamiento presupuestal de ocho años que los margina del desarrollo nacional.
La situación del sector rural en México atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por el abandono institucional y la asfixia presupuestal. Durante una entrevista concedida a los medios regionales, Erasto Patiño Soto, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (CONSUCC), expuso a Metro News la grave problemática que enfrentan los ejidatarios debido a la dilación sistemática en los trámites de dominio pleno. Pese a que la legislación agraria faculta a las asambleas ejidales y a los titulares para convertir sus parcelas en propiedad privada, los expedientes permanecen varados durante años en las oficinas centrales del Registro Agrario Nacional (RAN), propiciando prácticas de extorsión y coyotaje institucional.
El análisis de esta problemática revela que el 60 por ciento de los núcleos agrarios en las entidades sufre un rezago operativo severo, derivado del recorte de personal y del debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de atender a las comunidades rurales. Esta parálisis administrativa no solo impide que los campesinos hereden su patrimonio en partes iguales a sus familias, sino que también les niega la posibilidad de acceder a financiamientos y créditos bancarios indispensables para impulsar proyectos productivos, ya que los certificados parcelarios carecen del valor hipotecario de un título de propiedad. La burocracia federal, lejos de agilizar los procesos gratuitos, ha convertido la gestión en un obstáculo insalvable que vulnera la economía de quienes sostienen la producción alimentaria del país.
Asimismo, la falta de sensibilidad gubernamental se refleja en la persistencia de adeudos históricos con los productores, tales como el pago pendiente de los ochocientos pesos por tonelada de maíz por parte del gobierno federal y los conflictos no resueltos con los productores de frijol en Zacatecas. Ante un escenario donde el presupuesto federal destinado al campo ha sido drásticamente reducido sexenio tras sexenio, las organizaciones campesinas exigen al Poder Legislativo que los diputados y senadores dejen de lado las pugnas políticas y destinen recursos suficientes en el ejercicio fiscal 2027 para rescatar al sector primario de la quiebra técnica.
El Estado mexicano mantiene una deuda histórica e imperdonable con el campo, priorizando el desmantelamiento institucional sobre el bienestar de los productores. La cerrazón burocrática y la falta de voluntad política para garantizar la certeza jurídica y económica de los ejidatarios no solo estrangulan la economía rural, sino que erosionan el pacto social, obligando a las comunidades a enfrentar un sistema que castiga al trabajador mientras perpetúa la impunidad.
La transcripción de la entrevista al líder campesino Erasto Patiño Soto, coordinador de CONSUCC
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno pues buenas tardes a nuestro público de Metro News y de todos los medios aliados digitales, como lo es Noticias Bajío, Noticias del Centro, mi buena amiga Anita allá en San Miguel Allende con News San Miguel, nuestro buen amigo Ulises López allá con Oreste de Guanajuato y todos estos medios electrónicos que ahora afortunadamente se pueden contactar y conectar a través de Facebook. Está conmigo un buen amigo, gente del campo, realmente del campo, el líder de CONSUCC, Erasto Patiño Soto, quien estaba platicando fuera de cuadro de algo que es muy importante para los campesinos: lo que se llama el dominio pleno, es decir, que el ejidatario pueda realmente realizar una serie de acciones y una serie de movimientos importantes en favor de su propia familia. Pero gracias, Erasto, por esta visita al estudio de Metro News y de Guanajuato Desconocido. Compártenos qué es esto del dominio pleno, cuáles son las ventajas y cómo podría en un momento dado un ejidatario, un campesino, realizar el trámite para que quede con dominio pleno.
Erasto Patiño Soto:
Gracias. Gracias, Eugenio, buenas tardes y gracias también a todo tu auditorio y al mismo tiempo buenas tardes, buenas tardes a todos. Decirte que, mira, en cada núcleo agrario el máximo órgano que es el responsable de autorizar todo tipo de trámites en un ejido pues es la Asamblea General, el órgano supremo es la Asamblea de ejidatarios. Y ha habido muchos ejidos aquí en el estado de Guanajuato y en otros estados también de la República donde han deseado pasar a dominio pleno. ¿En qué consiste? Pues es que algún ejidatario tiene seis, siete o cuatro hectáreas y tiene dos hijos o tiene tres, y desea él pasar a dominio pleno para dejarle en partes iguales o de la forma que él decida. Pero ya ahí se convierte en propiedad y les daría un título de propiedad a cada uno.
Ya. ¿Qué sucede? Esto pues en realidad está sucediendo algo muy raro, muy difícil porque, no obstante que el artículo 81 y el artículo 82 de la Ley Agraria le da esa facultad al ejido y al mismo tiempo al ejidatario que está deseando pasar a dominio pleno y hace todos sus trámites, y esos trámites que ya fueron aprobados por la Asamblea de ejidatarios en el núcleo agrario pasa a la entidad que es con la representación estatal. Después de ahí es analizada y se manda a oficinas centrales, que es al Registro Agrario Nacional en México. Desafortunadamente ya hay muchos asuntos, bastante, se puede decir que un 90% de todo, que ya tienen dos, tres, cuatro años atorados en oficinas centrales. Nosotros, en realidad, me han visto muchas personas que intervengamos, que hagamos una gestión directamente para que ya el Registro Agrario Nacional de Oficinas Centrales apruebe ese dominio pleno y le dé instrucción a la representación estatal y asimismo comunique al núcleo agrario para que ya se lleven a cabo los trámites correspondientes y obtengan la titulación de esas parcelas que son con certificado parcelario.
Eugenio Amézquita Velasco:
Creo que es muy importante para el público y sobre todo a nuestros amigos del campo, a los que respetamos. Bueno, pues por eso está aquí con nosotros un buen amigo del campo de muchísimos años. La mujer campesina obviamente tiene sus hijos y en un momento dado, al faltar la cabeza de la casa, que es por situaciones obviamente pues un fallecimiento, para ser más claro y más concreto, pues no puede ella trabajar la tierra, a veces tiene ese problema, pero los hijos sí. Y de alguna manera la herencia, que en este caso sería la tierra, y de alguna forma la mujer campesina busca que sus hijos se vean beneficiados. Y quiero pensar que este trabajo también se está realizando en coordinación con AMIDA, que preside la señora Cristina Herrera, que es la lideresa mujer también de campo, campesina. Me imagino que se está dando esta coordinación precisamente para que la autoridad entienda o comprenda el porqué se está buscando este dominio pleno. No sé, Erasto.
Erasto Patiño Soto:
Sí, mira, en realidad hay muchas mujeres que ahora ya son ejidatarias y al mismo tiempo ya hasta tienen una representación ejidal, y hay muchas que son comisariados o secretarios del comisariado o consejo de vigilancia, mujeres estoy hablando. Pero ellas a veces desean llevar a cabo un proyecto productivo dentro de su parcela, pero desafortunadamente como nomás tenemos certificado parcelario pues hay bancos en que no te pueden autorizar algún crédito y entonces tendrían que pasar a dominio pleno. Pero volvemos a lo mismo, no sé si en México le están viendo con signo de pesos a un trámite, y lo estoy diciendo en una forma muy delicada para que se autorice el dominio pleno.
Eugenio Amézquita Velasco:
A ver, estamos hablando de coyotaje, estamos hablando de coyotaje pero dentro de las mismas oficinas centrales, porque hay personas que han dicho que les han ido hasta México y les exigen cierta cantidad porque si no, aquí vas a hacer negocio, vas a lotificar. Es por un trámite gratuito y le cobran.
Erasto Patiño Soto:
Exactamente. No cobran, quieren. O sea, "me das porque me das, me das porque me das". No, pues no. Si fuera un cobro oficial, pues esos cobros se tienen que pagar, ¿no? Pero de alguna forma eso es lo que está sucediendo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que entre todas las organizaciones que estamos a nivel estatal, a nivel nacional, Congreso Agrario Permanente, por ejemplo, hagan una presencia en el Registro Agrario Nacional en oficinas centrales para que esto ya camine. No pueden estar allí atorados los expedientes cuando están truncando la necesidad o un proyecto de desarrollo en aquel núcleo agrario que desea alguna persona. Yo quiero decirles que a lo mejor alguna mujer u hombre desea fraccionar su parcela porque ya está dentro de la mancha urbana de un municipio, de una comunidad, pues qué bueno, eso es su tierra, es su propiedad de ella, pero no se debe de dejar ahí nada más el expediente porque se le está viendo como un gran negocio, cuando a lo mejor no es ni así.
Y yo creo que ese es el llamado que hacemos nosotros a las autoridades federales para que respondan y sobre todo más en este sexenio pasado y lo que va de este, para que este llamado llegue hasta las oficinas de la presidencia y dé instrucciones de que el director del Registro Agrario Nacional ya dé cumplimiento a lo que dice la ley. Porque incluso la ley dice que tienen 60 días para dar una respuesta, ya sea negativa o positiva, porque ha habido casos que a lo mejor sí no va bien este el proyecto o bien diseñado el expediente y a lo mejor hay alguna observación, pero se puede orientar, ¿no? Y se puede orientar y además las observaciones que haya se pueden subsanar. Hay la Procuraduría Agraria que está llevando a cabo algunos apoyos de acompañamiento técnico y jurídico en los núcleos agrarios, sí se pueden subsanar esas observaciones.
Eugenio Amézquita Velasco:
Mira, por ahí Dulce Susan Patiño dice: "Información interesante". Yo te preguntaría así muy en directo —me consta porque hemos estado allá en Salvatierra, que es donde están las instalaciones de CONSUCC y de AMIDA— que el campesino se acerca con mucha confianza a CONSUCC, con Erasto, con la señora Cristina, a pedir información, a gestionar. Si algún campesino específicamente sobre este tema quisiera saber, ¿se puede acercar en Salvatierra contigo o comunicarse, no sé, la dirección, un WhatsApp, no sé?
Erasto Patiño Soto:
Claro que sí, nosotros estamos abiertos para darles la orientación correspondiente y al mismo tiempo dar el acompañamiento como lo estamos haciendo con otras personas. Porque precisamente cuando un ejidatario pasa o quiere pasar a dominio pleno, nosotros ahí le hacemos un oficio dirigido al representante estatal de Guanajuato para que donde se dice que él desea pasar a dominio pleno porque desea dejar en partes iguales a su familia.
Eugenio Amézquita Velasco:
Es la herencia.
Erasto Patiño Soto:
Es la herencia. Y como dentro de la misma ley una parcela no puede ser fraccionada, ya el condominio pleno puede repartirse en las partes que el titular decida con su familia.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pero a ver, Erasto, yo veo algo también de complejidad, no en el trámite, todo esto, sino la situación que el campesino mexicano está viviendo en este momento. Digo, hasta el cansancio se ha dicho y creo que se va a seguir diciendo, y la autoridad no, no sé, a lo mejor no va a responder porque así lo hemos visto, pero ¿qué hace un ejidatario cuando no tiene el apoyo social, no tiene los recursos, las autoridades no dan respuesta a las inquietudes campesinas y llega un momento en que se ve ahorcado, se ve constreñido el campesino y no tiene otras opciones más que la propia tierra? No la puede trabajar porque no tiene recursos, no la puede comercializar, rentar o vender porque es un ejido total que ni para atrás ni para adelante. ¿Crees que mucho también la autoridad, por un celo mal entendido o por intereses como tú nos estás acabando ahorita de comentar de algunos funcionarios, no de todos, están ahorcando al campesino?
Erasto Patiño Soto:
Mira, yo creo que aquí se tiene que dar una reorientación de las políticas públicas, porque precisamente en el sector agrario —estoy hablando del sector agrario— desde que hubo ese desmantelamiento de las instituciones en el gobierno pasado, sabemos bien que aquí precisamente en la representación estatal del Registro recortaron el personal para darle atención a los campesinos. Bueno, hasta ahorita andan poniendo ahí unas bancas todas maltrechas y desafortunadamente están en el sol, van personas en sillas de ruedas y tienen que hacer ahí un tipo de situaciones para hacerlas llegar allá, o baja personal, pero con muy poco personal. Y por eso es que está habiendo un rezago completamente en cada una de las entidades, y yo me arriesgo a decir que hay un rezago del 60% en cada núcleo agrario de acuerdo con el padrón actualizado de ejidatarios. ¿Por qué? Porque para eso tienen que sacar cita desde temprano y no alcanza, y no alcanza porque no hay personal. Y lo mismo a lo mejor está sucediendo en México y pues desafortunadamente esto es lo que nos lleva a este fracaso, se puede decir, a este rezago que hay en el sector agrario.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pues ahí está esta importante información. Ya ahí en Salvatierra, pues a las afueras de la central camionera, ahí están las instalaciones de CONSUCC. Pueden ustedes preguntar y ahí les dan... Más conocido que los refrescos aquí, mi buen Erasto, entonces ahí en Salvatierra, saliendo de la central camionera, ahí está, ahí están las instalaciones de CONSUCC y de AMIDA para que de alguna forma, si requieren orientación de campesino a campesino —no de funcionario, no—, de campesino a campesino, en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, con el mismo tono, para que puedan ser resueltos sus problemas. No sé, algo más que quiera añadir.
Erasto Patiño Soto:
Pues nada, decirte que estamos pugnando todos porque en este siguiente ejercicio fiscal de alguna manera haya más presupuesto para el sector tanto agrario como para el sector productivo. Desafortunadamente, vuelvo a repetirlo, ese desmantelamiento pues va en fracaso en fracaso y todo por no tener esa decisión de apoyar, de tener un presupuesto más amplio para estos sectores que son importantísimos, para que los posesionarios tengan su certeza legal con un documento que les acredite y puedan llevar a cabo los proyectos de desarrollo en sus parcelas. Si alguien quiere poner, te voy a decir, un proyecto de una tortillería y desea sacar un crédito, no lo puede sacar con el certificado parcelario, tiene que ser un título de propiedad y así ya le pueden facultar u otorgar un crédito o un financiamiento para el proyecto que está decidiendo echar a andar.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pues ahí está, ahí está el mensaje para las autoridades, ahí está el mensaje para los campesinos para que se puedan consultar. ¿Algo más?
Erasto Patiño Soto:
Sí, un llamado a todos los diputados, están en el momento propicio, y a los senadores, pero más que nada los diputados que son los que aprueban el presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, de que sí se pongan las pilas. En realidad se dice mucho en el discurso, pero si ven la realidad en los números no es tal cosa. Por eso es que también están ahorita rezagados algunos apoyos para el pago de los 800 pesos del gobierno federal por tonelada de maíz, están los de Zacatecas con el frijol que no se les ha pagado. Todo ese tipo de situaciones que hay pues en realidad este es una situación muy crítica para el campo, tanto en el sector productivo como en el sector agrario.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pues ahí está la información. Señores diputados, pónganse las pilas; señores senadores, en vez de estarse peleando de que quién se va, quién se queda, que puro chisme. Ya se viene la cuestión del presupuesto para el próximo año. A ver si ahora sí al campo le toca algo, porque ya son demasiados años, ocho años en que el campo se ha visto estrangulado. Y luego después se quejan de por qué toman las carreteras y después se quejan de por qué los campesinos se ponen agresivos, pues de ahí comen, nada más, de ahí viven. Bueno, ahí nos obsequian unas imputaciones los que somos los representantes de las organizaciones, pero no pasa nada, es más fácil que un campesino caiga en la cárcel que un político corrupto. Gracias.
Erasto Patiño Soto:
Así es.
Eugenio Amézquita Velasco:
Gracias a Erasto Patiño, líder de CONSUCC. Un saludo a doña Cristina Herrera, lideresa de AMIDA. Esto es Metro News y Guanajuato Desconocido #MetroNewsMx
-El uso arbitrario de la fuerza pública en Salvatierra contra simpatizantes que distribuían volantes informativos evidencia una alarmante deriva autoritaria y represiva en el municipio.
-La detención ilegal de militantes y ciudadanos exhibe la contradicción ética de administraciones que llegaron al poder bajo el discurso lopezobradorista pero operan con prácticas de censura.
-El salto del nepotismo y los señalamientos de corrupción hacia el ejercicio directo de la represión municipal fractura la base social y deslegitima el movimiento en Guanajuato.
La detención arbitraria registrada en el municipio de Salvatierra, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública privaron de la libertad a ciudadanos y simpatizantes bajo el falso pretexto de alterar el orden público por repartir volantes informativos, marca un punto de inflexión crítico en el ejercicio del poder local, según denunció el líder de la UCD en Guanajuato, Francisco Escobar Osornio.
Este hecho no constituye un exceso aislado de agentes policiales, sino el síntoma inequívoco de un régimen municipal que ha optado por la intolerancia y la mordaza institucional frente al disenso político y la crítica social. La actuación de la autoridad, encabezada por el alcalde morenista Daniel Sámano, consuma una metamorfosis política preocupante: pasar de los señalamientos previos de corrupción y nepotismo en su contra al ejercicio directo de la represión abierta.
Desde una perspectiva jurídica e institucional, el procedimiento aplicado en la barandilla municipal vulnera de manera flagrante las garantías constitucionales básicas de libertad de expresión, derecho a la información y libre tránsito. Utilizar el aparato de seguridad del Estado para criminalizar la distribución de panfletos —cuyo contenido denunciaba presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias— revela la fragilidad democrática con la que se conducen los mandos locales. La normativa municipal y los reglamentos de policía están diseñados para salvaguardar el orden y la tranquilidad ciudadana, no para fungir como instrumentos de censura política o escarmiento contra opositores y luchadores sociales. La liberación posterior de los detenidos, al no sostenerse jurídica ni administrativamente ninguna falta real, confirma la ilegalidad de origen de la orden y desnuda la improvisación autoritaria con la que se actuó desde la cúpula del gobierno municipal.
En el plano político e ideológico, este episodio representa una afrenta directa a los principios fundacionales del movimiento de izquierda y obradorista en México. Históricamente, las fuerzas políticas que hoy gobiernan diversos municipios bajo siglas afines a la llamada cuarta transformación surgieron desde la trinchera de la protesta social, la resistencia civil pacífica y la defensa de los derechos ciudadanos frente a los abusos del viejo régimen. Traicionar este legado mediante prácticas coercitivas equiparables a los peores años del autoritarismo partidista genera una profunda ruptura con la militancia genuina. Como lo señalaron los propios liderazgos afectados, entre ellos el dirigente estatal de la UCD Francisco Escobar Osornio, resulta inadmisible que quienes llegaron al poder gracias al respaldo popular y al hartazgo contra la corrupción se conviertan hoy en verdugos de la libertad de expresión, adoptando posturas de carácter caciquil.
El impacto comunitario y cultural de estos acontecimientos en Salvatierra erosiona severamente el tejido social y acrecienta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. La ciudadanía observa con decepción cómo los gobiernos surgidos de la alternancia reproducen o magnifican los vicios que prometieron erradicar, sustituyendo el debate público y la rendición de cuentas por la intimidación policial. La exigencia de una investigación penal y administrativa para fincar responsabilidades contra quienes ordenaron la privación ilegal de la libertad no es una ocurrencia coyuntural, sino una necesidad imperativa para evitar la impunidad oficial en el estado de Guanajuato.
A modo de conclusión editorial, la crisis institucional en Salvatierra demuestra que la legitimidad democrática no se adquiere portando unas siglas partidistas, sino ejerciéndolas con congruencia, apego estricto al estado de derecho y respeto absoluto a la pluralidad política. Cuando un alcalde utiliza la fuerza pública para acallar volantes críticos, no fortalece su administración; por el contrario, firma su reprobación moral y evidencia el miedo institucional ante una ciudadanía informada y participativa que exige cuentas claras más allá de los discursos oficiales.
El alcalde Sámano podría haber incurrido en el delito de privación ilegal de la libertad
De comprobarse como ciertos los hechos denunciados por Francisco Escobar Osornio —es decir, la detención arbitraria e ilegal de tres ciudadanos por repartir volantes informativos que criticaban a la administración municipal bajo las órdenes directas de la autoridad—, el alcalde de Salvatierra, Daniel Sámano, enfrentaría responsabilidades y sanciones en tres vertientes principales conforme al marco legal mexicano y estatal.
Bajo las normas de responsabilidades y Ley de Responsabilidades Administrativas, si se comprueba que el servidor público ordenó o toleró una detención al margen de la ley -sin causa justificada ni flagrancia real de una falta administrativa-, incurriría en faltas administrativas graves como el abuso de funciones o la actuación bajo conflicto de interés / uso indebido del cargo.
Los tribunales de justicia administrativa o los órganos de control interno pueden imponer sanciones que van desde la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, la destitución de la función pública, hasta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En lo penal, la privación de la libertad de personas sin que medie orden judicial ni flagrancia real, utilizando a los cuerpos de seguridad pública bajo un pretexto falso -"escandalizar en vía pública" cuando en realidad se repartían volantes-, puede configurar delitos cometidos por servidores públicos. Entre ellos destacan el abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad (detención ilegal) y la coalición de servidores públicos o uso ilícito de la fuerza pública.
El Código Penal aplicable en el estado de Guanajuato contempla para estos delitos penas privativas de la libertad -prisión-, multas económicas, así como la inhabilitación y destitución definitiva para ocupar cargos públicos, dado que el poder del Estado se habría empleado para intimidar y reprimir la libertad de expresión de los ciudadanos.
Por lo que toca a las sanciones y resoluciones en Materia de Derechos Humanos, la intervención de organismos protectores de derechos humanos (como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato - PRODHEG, o la CNDH) determinaría la violación a derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad personal y la prohibición de la detención arbitraria.
En el ámbito de derechos humanos no se imponen penas de cárcel directas, pero se emiten recomendaciones públicas de carácter vinculante moral e institucional. Estas obligan a la autoridad municipal a:
-Ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
-Iniciar los procedimientos administrativos internos contra los mandos policiales y funcionarios responsables.
-Implementar reparaciones integrales del daño y garantías de no repetición.
-Capacitar obligatoriamente a los cuerpos de seguridad y mandos medios y superiores en materia de derechos humanos y respeto a la libertad de expresión.
El alcalde Daniel Sámano, el responsable político e institucional del hecho
Desde una perspectiva estrictamente jurídica y de derecho administrativo sancionador, atribuir la responsabilidad total y directa al alcalde por el solo hecho de ostentar el mando superior de la fuerza pública requiere matices importantes, aunque su posición como cabeza de la administración municipal sí lo coloca en el centro de la cadena de mando y de la responsabilidad política e institucional.
Es correcto que, conforme al marco orgánico municipal, el presidente municipal es el jefe de la policía preventiva municipal (o ejerce el mando a través del director de seguridad pública que designa). Por lo tanto, cualquier directriz general de orden público, uso de la fuerza o políticas operativas recae bajo su supervisión jerárquica.
Aunque el alcalde encabeza la administración, los operativos concretos, las detenciones específicas y las órdenes de proceder en la calle o en la barandilla son ejecutadas por mandos medios (como el director de seguridad pública) y elementos operativos.
¿La responsabilidad es automática para el alcalde? No de manera automática en el ámbito penal o administrativo directo, a menos que se demuestre alguno de los siguientes supuestos:
-Orden directa o instrucción explícita: Si se comprueba mediante testimonios, grabaciones u órdenes giradas que el alcalde Daniel Sámano ordenó específicamente la detención de los ciudadanos por repartir volantes críticos, su responsabilidad se vuelve directa (autor intelectual o inductor), tanto por abuso de autoridad como por privación ilegal de la libertad.
-Omisión o tolerancia (Responsabilidad por negligencia o encubrimiento): Si el alcalde no dio la orden directa, pero al tener conocimiento de la detención arbitraria convalidó el acto, encubrió a los responsables o solapó sistemáticamente prácticas de persecución política a través de la policía, incurre en responsabilidad por omisión y tolerancia en el ejercicio de sus funciones.
-Responsabilidad de mando (Culpa in vigilando): En el derecho administrativo, el titular responde por la falta de control, supervisión o por la mala elección de sus subordinados (como el director de seguridad pública), lo que puede derivar en sanciones administrativas graves por negligencia en el control de la corporación.
El policía que efectúa la detención sabiendo que no existe flagrancia ni falta administrativa real, y el juez cívico o encargado de barandilla que acepta y valida un ingreso ilegal, tienen responsabilidad penal y administrativa directa e individual. No pueden ampararse bajo el argumento de "cumplimiento de órdenes" si la orden es manifiestamente ilegal o constitutiva de delito.
La responsabilidad del alcalde se configura principalmente en el plano político, institucional y administrativo, y podrá escalar al ámbito penal únicamente si las investigaciones ministeriales logran acreditar que existió una instrucción directa, dolo o connivencia para reprimir la libertad de expresión de los manifestantes.
En conclusión, aunque el alcalde no siempre presiona el botón o ejecuta la detención en el sitio de los hechos, la responsabilidad política e institucional es ineludible debido a que la corporación policial responde a su administración; sin embargo, para fincarle responsabilidades legales (penales o administrativas firmes), las instancias de procuración de justicia deben probar su participación directa en la orden o su complicidad dolosa en el abuso de poder.
La transcripción del video de la queja de Francisco Escobar Osornio
Francisco Escobar Osornio:
Eh amigas, amigos, compañeros de la UCD, militantes de Morena y de todos los partidos políticos. Estamos afuera de las instalaciones de la Barandilla, donde están las direcciones, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvatierra, porque hace unos momentos de manera totalmente arbitraria e ilegal fue detenido un compañero nuestro, Florentino, sin que procediera ni siquiera una falta administrativa. El argumento supuesto de la autoridad fue repartir un volante en el jardín principal. El presidente municipal de Salvatierra, Daniel Sámano, hoy pasó de ser corrupto y bandido a represor autoritario.
Estamos aquí afuera de las instalaciones de la presidencia, perdón, de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvatierra, exigiendo la liberación inmediata e incondicional del compañero Florentino que fue traído a estas instalaciones que ahora son represivas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvatierra, y vamos a interponer denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la detención ilegal de dos compañeros nuestros, de tres compañeros nuestros. Este es un absurdo, es una ilegalidad y es una arbitrariedad aquí en Salvatierra. Insisto, además de corruptos y de bandidos, ahora son represores. Esto no se va a quedar así y vamos a interponer las denuncias que se tengan que interponer.
No podemos creer que en Salvatierra se traslade de un gobierno corrupto a un gobierno represor, y son morenistas genuinos y aquí los compañeros obradoristas genuinos, por eso hacíamos esta transmisión, haciéndole el llamado a la población de Salvatierra, pero sobre todo a los militantes auténticos de Morena. Hoy tenemos un represor en la presidencia municipal. Eh compañeros, ¿nos pueden indicar cuál fue el supuesto motivo por el que los detuvieron?
Compañero 1:
Por escandalizar en vía pública.
Francisco Escobar Osornio:
Que no es cierto, no es cierto, no es cierto, así es, estábamos repartiendo volantes informando a la población en el jardín principal. ¿Podemos leer el volante que estamos repartiendo, por favor, para que la población de Salvatierra se entere qué es lo que estábamos diciendo? Por cierto, no procedió ninguna detención, tan es así que los tuvieron que soltar al no haber ninguna otra situación. Yo se lo detengo, este volante que dice: "Corrupción, nepotismo en Salvatierra, la transformación en el segundo", este es el documento que fundó supuestamente la detención arbitraria de nuestros tres compañeros. Vamos a convocar a los medios de comunicación para informarles, insisto, de ser un bandido, un sinvergüenza y un corrupto, hoy Daniel Sámano se convierte además en represor en contra de los verdaderos luchadores sociales.
Gracias a nosotros está donde está. Publico en el momento que vamos y en este momento queremos notificarles que vamos a entregar al representante de la gobernadora o la representante de la gobernadora este documento muy bien, con firmas de ciudadanos porque ya no es tolerable esta situación en Salvatierra, Guanajuato. Muy bien, compañeras y compañeros, es muy lamentable que un gobierno morenista se convierta en represor. El gobierno morenista nunca fue represor, nunca reprimió a nadie, estos no son así, son unos auténticos chapulines traicioneros del movimiento de López Obrador. Y quiero agregar, quiero agregar, quiero agregar lo siguiente: su servidor, exregidor en el trienio 2009, exregidor y ahorita actualmente como maestro jubilado en la Supervisión Federal Escolar, de alguna manera también fui director de Desarrollo Social en el periodo del compañero Moisés Ramírez.
Compañero 2:
Entonces esto ya lo expresó el licenciado con un punto exacto, algo injusto, pero le agradecemos también el licenciado de Barandilla definitivamente reconoció y con apego a la ley inmediatamente no nos dejó ni media hora en el proceso. Gracias.
Francisco Escobar Osornio:
Bueno, pues vamos a seguir investigando porque se tiene que sancionar al responsable, y para nosotros el que ordenó la represión en contra de nuestros compañeros fue Daniel Sámano. Seguiremos informándoles, compañeros. Es correcto, no hay pruebas, pero no hay dudas. #MetroNewsMx
Redacción Editorial Metro News/Video Columna de Arturo Espinosa
-México, el único país donde creen que los políticos corruptos se vuelven honestos al cambiar de partido
-Años de narrativa oficial construyeron al "PRIAN" como el símbolo absoluto de la corrupción neoliberal y el viejo régimen que debía ser desterrado al basurero de la historia.
-El éxodo masivo de gobernadores, legisladores y cuadros formados en las filas del tricolor y el blanquiazul hacia el movimiento oficial exhibe una profunda contradicción estructural.
-Lejos de erradicar los vicios del pasado, la estructura gobernante ha operado una gigantesca planta de reciclaje político que purifica currículums a cambio de lealtades pragmáticas.
La política contemporánea en México vive habitada por una paradoja semántica y conceptual tan evidente que roza el absurdo. Durante años, el eje discursivo de la autodenominada Cuarta Transformación se estructuró sobre un antagonismo moral fundacional: de un lado, los artífices del cambio verdadero; del otro, el "PRIAN", una contracción política convertida en estigmatización que aglutinaba los peores excesos de 36 años de neoliberalismo, corrupción y saqueo institucional. Sin embargo, cuando se contrasta la pureza ideológica del relato con la anatomía real de quienes detentan el poder, surge una interrogante inevitable que desarma el discurso oficial: ¿cuánto de ese viejo régimen sobrevive, se recicla y opera hoy en el corazón mismo del obradorismo?
El análisis acucioso de las trayectorias revela que el prianismo no es un accidente exógeno que penetró recientemente en las estructuras de Morena, sino el cimiento histórico sobre el cual se edificó gran parte de su arquitectura política. La revisión documental expone sin eufemismos que el propio fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, inició su formación partidista en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigiendo el comité estatal en Tabasco en la década de los ochenta.
A él se suman figuras de peso específico decisivo en el actual ejercicio del poder: Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en los años más duros del régimen salinista y hoy pilar energético del Estado al frente de la Comisión Federal de Electricidad; Ricardo Monreal y Adán Augusto López, con dilatadas carreras legislativas y ejecutivas bajo las siglas tricolores; así como Marcelo Ebrard e Ignacio Mier, este último responsable incluso de convalidar el rescate financiero del Fobaproa desde la trinchera priista.
Esta génesis compartida demuestra que una fracción sustancial de quienes llegaron para demoler el viejo sistema aprendieron los códigos, las tácticas y el ejercicio del poder precisamente en sus aulas. No se trató de una demolición aséptica, sino de una compleja metamorfosis donde el pasado partidista se desvanece de forma selectiva en función de la conveniencia coyuntural.
El fenómeno, empero, no se limita a los fundadores históricos. Con la llegada al poder formal, las puertas de la transformación se abrieron de par en par al arribo de cuadros recién desprendidos de la oposición tradicional. Casos emblemáticos como el de Alejandra del Moral —exdirigente mexiquense y abanderada del bloque opositor en 2023—, el exgobernador Eruviel Ávila, o los polémicos movimientos de legisladores como Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado, ilustran una realidad innegable: el pragmatismo pragmático aplastó a la ortodoxia ideológica. Cuando los números legislativos apremian para alcanzar mayorías calificadas o consolidar hegemonías territoriales, el origen tricolor o blanquiazul deja de ser un estigma moral para convertirse en un activo transaccional.
Las cifras dimensionan la magnitud de este trasvase silencioso. Más allá de los 150 grandes operadores y figuras nacionales que acaparan los titulares, los registros apuntan a que entre 600,000 y 800,000 ciudadanos con militancia previa en el PRI, el PAN y el PRD han migrado e incorporado a las bases de Morena. Solo el éxodo desde el tricolor aportó cerca de medio millón de operadores territoriales, sindicales y campesinos que otrora sostuvieron la maquinaria electoral del viejo régimen. La desaparición del PRD y la reconfiguración de los bastiones locales terminaron por consolidar un trasvase masivo que modificó de raíz el equilibrio político nacional, vaciando a la oposición de estructuras y rellenando al oficialismo con los mismos operadores de siempre.
La cristalización de este proceso encuentra su escaparate más visible en el servicio diplomático y la representación exterior. Nombres como los de los exgobernadores priistas Omar Fayad (Noruega), Quirino Ordaz (España), Claudia Pavlovich (Barcelona) y Carlos Miguel Aysa (República Dominicana), sumados a los perfiles de Alfonso Durazo y Esteban Moctezuma —con trayectorias que pendulan con naturalidad entre el PRI y el PAN—, confirman que el sistema de incentivos político-electorales funciona como una efectiva planta de reciclaje.
El punto final es lapidario y carente de ambages: Morena no destruyó el cascajo de la política mexicana; lo rediseñó, lo reubicó y le garantizó estabilidad laboral y diplomática. En la geografía del poder actual, el pecado original de pertenecer al PRIAN fenece en el instante preciso en que el político cruza la aduana de la lealtad pragmática. Así, el antiguo basurero de la historia se convirtió, sin proponérselo teóricamente pero ejecutándoselo con precisión quirúrgica, en la más eficaz bolsa de trabajo del régimen.
La transcripción de la videocolumna de Arturo Espinoza
Arturo Espinosa:
El PRIAN, el PRIAN por aquí, el PRIAN por allá. Durante años, Morena nos dijo que ahí estaba el cascajo de la política mexicana: los mismos de siempre, los del viejo régimen, los que había que mandar al basurero de la historia. Pero algo raro ocurrió: en lugar de tirar el cascajo, Morena empezó a llevárselo a su casa. Expriistas, expanistas, gobernadores, senadores, diputados, y espérese, porque algunos de los personajes más poderosos de la Cuarta Transformación salieron precisamente del PRI que hoy desprecian. Así que hoy vamos a hacer un inventario: ¿cuánto cascajo del PRIAN terminó dentro de Morena? Porque a este paso, cuando vuelvan a gritar "¡PRIAN!", van a tener que voltear primero a ver quién está sentado a su lado.
Antes de contar cuánto cascajo terminó dentro de Morena, hay que recordar por qué esta historia resulta tan divertida. Durante años nos dijeron que el cascajo estaba precisamente del otro lado: el PRIAN. La palabra se convirtió en una de las favoritas del obradorismo. La contracción de PRI y PAN terminó funcionando como mucho más que un apodo; servía para identificar al adversario, asociarlo con corrupción, privilegios, neoliberalismo y el llamado viejo régimen. Y no desapareció con López Obrador; todavía en junio del 2026, Claudia Sheinbaum decía desde Palacio Nacional que el PRI y el PAN eran lo mismo, y volvía a llamarlos el PRIAN, vinculándolo con 36 años de gobiernos que desde la narrativa oficial representaron corrupción y los intereses de los ricos.
Perfecto, entonces ya entendimos la clasificación: ellos son los malos y Morena son los buenos, ¿cierto? Bueno, pues aquí es donde comienza el problema, porque cuando empezamos a buscar el origen de algunos de los políticos que construyeron la llamada 4T, resulta que el cascajo estaba desde los cimientos. Y podemos empezar por el fundador: Andrés Manuel López Obrador inició su trayectoria política dentro del PRI, participó en la campaña del priista Enrique González Pedrero para la gubernatura de Tabasco y, en enero de 1983, fue elegido presidente del Comité Directivo del PRI en Tabasco. Documentos de la época incluso registran reuniones encabezadas por López Obrador en su calidad de dirigente estatal priista de Tabasco. Eso ocurrió hace más de cuatro décadas, y López Obrador rompió posteriormente con el partido. El punto no es esconder su evolución política; el punto es exactamente al contrario: si haber pertenecido al PRI convierte automáticamente a alguien en representante del viejo régimen, Morena tendrá serios problemas explicando su propia definición, porque López Obrador es apenas el primero.
Vamos a ver que el prianismo es el cimiento de Morena. Abramos la bodega de cascajo, porque López Obrador no llegó solo. Empecemos con Manuel Bartlett Díaz, y aquí no estamos hablando de alguien que pasó por una oficina del PRI unos cuantos meses. El Sistema de Información Legislativa de Gobernación documenta que Bartlett fue secretario de Gobernación de 1982 a 1988, secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla; es decir, estuvo en las primeras filas de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, y siempre anduvo con el PRI. Caray, si eso no era pertenecer al viejo régimen, entonces habría que preguntarle a Morena exactamente qué tan viejo tenía que ser el régimen. López Obrador lo convirtió a Bartlett en una de las figuras centrales de su proyecto energético al colocarlo al frente de la CFE durante su sexenio.
Vamos con el ajonjolí de todos los moles: Ricardo Monreal. Su carrera política comenzó también en el PRI; fue diputado federal, senador suplente y nuevamente diputado federal antes de romper con el partido en 1998, cuando buscaba la candidatura al gobierno de Zacatecas. Después se fue al PRD, a Movimiento Ciudadano, luego a Morena, donde llegó a convertirse en uno de los operadores legislativos más importantes del obradorismo. El propio Senado registra su larga trayectoria parlamentaria y su incorporación a Morena en 2015. Otro cascajo recuperado, aunque este venía con doctorado, experiencia legislativa y varias remodelaciones partidistas encima.
Y ahora el ajonjolí de todos los males: Adán Augusto. También del PRI, Adán fue secretario general del PRI en Tabasco, permaneció vinculado al partido hasta 2001 e incluso participó en procesos políticos internos priistas antes de incorporarse al PRD. Se documentó que comenzó joven en el PRI y, en el año 2000, coordinó la campaña del priista Manuel Andrade por la gubernatura de Tabasco. Después pasó al PRD, luego a Morena, la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación y el Senado, ya con Morena. Entonces, haga usted la cuenta: López Obrador, Bartlett, Monreal, Adán Augusto, y todavía no terminamos. Marcelo Ebrard, otro personajito que hasta apoyó el Fobaproa. Marcelo Ebrard también comenzó su carrera política dentro del PRI, ligado al equipo de Manuel Camacho Solís, y renunció al partido en octubre de 1995.
E Ignacio Mier tuvo todavía más kilometraje tricolor: fue diputado local, federal, ocupó responsabilidades dentro de la estructura priista poblana y llegó a presidir el Comité Estatal del PRI en 1996 antes de terminar en Morena. Él, como priista, aprobó el Fobaproa. Morena construyó buena parte de su identidad política diciendo que venía a sustituir al viejo régimen, pero cuando uno revisa el currículum de varios de sus personajes históricos encuentra algo fascinante: una parte de quienes llegaron para combatir al viejo PRI aprendieron a hacer política precisamente en el viejo PRI. Porque a estas alturas ya tenemos tanto cascajo que esto dejó de parecer demolición; parece remodelación.
Y hasta ahora podríamos concederle algo a ellos —a Bartlett, a Monreal, a Adán Augusto, a Ebrard—: abandonaron el PRI hace muchos años, algunos incluso décadas antes de que Morena existiera. Pero ocurrió algo extraordinario: otra vez, Morena llegó al poder prometiendo acabar con el viejo régimen y empezó a recibir políticos que acababan de salir de él. Ya no hablamos del cascajo de los cimientos; hablamos del cascajo recién llegado.
Un ejemplo perfecto es Alejandra del Moral. La valiente fue presidenta del PRI en el Estado de México, funcionaria y diputada priista, y todavía en 2023 candidata de la alianza del PRI, PAN y PRD para gobernar el estado frente a Delfina Gómez. Es decir, no estamos hablando de una priista de juventud; era la candidata del mismísimo PRIAN que Morena desea combatir. ¿Qué pasó el 27 de mayo del 2024? Después de 20 años en el PRI, Del Moral renunció y ese mismo día apareció junto a Claudia Sheinbaum anunciando su adhesión a su proyecto presidencial. Importante entonces: ambas aclararon que Del Moral no se afiliaba a Morena y que no le habían ofrecido ningún cargo. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¡Qué capacidad de rehabilitación! En 2023 era representante del viejo régimen; dos meses después, aliada de la transformación.
Vamos con dos más: Eruviel Ávila y Nubia Mayorga. En julio de 2023, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga renunciaron al PRI junto con Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. No eran militantes desconocidos; llevaban décadas en el tricolor. Ellos dos se fueron al Verde, comparsa de Morena. Eruviel ha sido gobernador priista del Estado de México, y Mayorga desarrolló buena parte de su carrera política bajo esas siglas. Porque el cascajo también se clasifica: tenemos cascajo Morena, cascajo Verde, cascajo aliado; pero cuando llega la votación, todos terminan levantando la mano en el mismo edificio.
Y entonces apareció un caso todavía más espectacular: Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN. Miguel Ángel Yunes Márquez llegó al Senado por el PAN en 2024. Morena necesitaba un voto para alcanzar la mayoría calificada con la que aprobaría la reforma judicial. Yunes votó con Morena; su voto resultó decisivo. El PAN anunció su expulsión, y meses después, en febrero de 2025, Yunes apareció acompañado por Adán Augusto López para solicitar su afiliación a Morena. El propio Adán Augusto reconoció públicamente la importancia de aquel voto para alcanzar la mayoría calificada dentro de Morena. Hubo resistencias, entre ellas la de Citlalli Hernández y legisladores veracruzanos, y finalmente Yunes retiró su solicitud; la Comisión de Honestidad y Justicia del partido determinó no admitirla por cuestiones relacionadas con su militancia registrada. Aún así, Yunes anunció que permanecería dentro del grupo parlamentario de Morena. Y entonces el problema ya no es simplemente que algunos fundadores de Morena hayan tenido pasado priista; el fenómeno continuó después de que Morena llegó al poder. Y aquí aparece nuestra palabra favorita del video: cascajo.
Vamos ahora a ponerle números a lo importante: ¿cuántos prianistas terminaron realmente en Morena? ¿Cuántos están allí adentro? El "chapulineo" político no ocurre únicamente entre gobernadores, senadores, figuras nacionales, que son 150; también se estaría produciendo desde las bases partidistas. De acuerdo con los datos, entre 600,000 y 800,000 ciudadanos anteriormente afiliados al PRI, PAN y PRD habrían dado de baja esos registros para incorporarse formalmente a Morena, contribuyendo al debilitamiento territorial de la oposición y al crecimiento del partido oficial. Es decir, casi un millón de prianistas están en Morena. El mayor trasvase provendría del PRI, con alrededor de 500,000 antiguos militantes, muchos vinculados históricamente con estructuras territoriales, sindicales, campesinas y populares. El fenómeno tiene características diferentes según cada partido: la desaparición nacional del PRD habría dejado estructuras y militantes disponibles en antiguos bastiones como Ciudad de México, Michoacán, Tabasco y Estado de México; muchos de ellos terminaron en Morena. En el PAN, en cambio, la migración sería proporcionalmente menor debido a una identidad ideológica más diferenciada, aunque tendría un impacto relevante, porque su padrón ronda apenas los 275,000 afiliados.
Así, mientras los grandes chapulines acaparan titulares, el cambio más profundo estaría ocurriendo abajo: miles de antiguos militantes opositores cambiando de camiseta y modificando desde las estructuras locales el equilibrio político del país. Mientras Morena crecía, comenzaban a aparecer en su órbita nombres con pasado tricolor, azul o amarillo, y de prácticamente todos los colores disponibles. Así que el problema ya no es encontrar un expriista dentro de Morena; el problema empieza a ser encontrar una zona VIP donde no haya pasado alguno.
Y ahí está la verdadera contradicción que estamos documentando en este video: ¿por qué seguir utilizando "PRIAN" como pecado de origen para descalificar al adversario si el pasado priista o panista deja misteriosamente de importar cuando el político cruza a tu lado? Nombres hay muchos, y tienen trabajo; ahí le va:
-Omar Fayad: exgobernador de Hidalgo del PRI, actual embajador de México en Noruega.
-Quirino Ordaz: exgobernador de Sinaloa por el PRI, actualmente embajador de Morena en España.
-Claudia Pavlovich Arellano: exgobernadora de Sonora por el PRI, actual cónsul de México en Barcelona.
-Carlos Miguel Aysa González: exgobernador de Campeche por el PRI, actual embajador de México en la República Dominicana.
-Alfonso Durazo Montaño: del PRI y del PAN, gobernador de Sonora actualmente y presidente del Consejo Nacional de Morena. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio del PRI y luego secretario particular de Vicente Fox por el PAN.
-Esteban Moctezuma Barragán: del PRI, actual embajador de México en Estados Unidos; fue secretario de Gobernación y Desarrollo Social con el PRI.
-Cynthia López Castro: del PRI, senadora por Morena. Renunció a la bancada del PRI tras fuertes fricciones con su dirigencia nacional y se integró al bloque guinda.
-Alejandro Murat Hinojosa: exgobernador de Oaxaca por el PRI, ahora senador por Morena. Dejó al PRI para sumarse de lleno al proyecto de la 4T.
Y hay muchísimísimos más, estos son algunos; vaya, hasta Félix Salgado Macedonio también estuvo en el PRI.
Morena pasó años prometiendo mandar al PRIAN al basurero de la historia, pero terminó convirtiendo el basurero en bolsa de trabajo. Expriistas, expanistas, exgobernadores, senadores, operadores y hasta antiguos adversarios descubrieron una extraordinaria planta de reciclaje político: entras como cascajo del viejo régimen y, después de cruzar la puerta correcta, sales convertido en un verdadero cuadro de la Cuarta Transformación. Porque aquí el problema nunca fue de qué partido venías; aparentemente, el pecado consiste en seguir ahí. Si brincas a tiempo, si eres un buen chapulín, hasta el currículum te lava Morena.
Así que la próxima vez que desde Morena griten "¡El PRIAN!", sería prudente que primero se pasaran lista, no vaya a ser que Bartlett levante la mano, Monreal pregunte si le hablan a él, Adán Augusto voltee discretamente, Durazo recuerde sus vidas anteriores y algún gobernador priista conteste desde una embajada. Al final, Morena no acabó con el cascajo: lo recogió, lo acomodó, le consiguió puesto y, en algunos casos, hasta le dio representación diplomática. El PRIAN también está en el extranjero.
Por eso quizá habría que actualizar el famoso grito de "Fuera el PRIAN" a: "Fuera el PRIAN... salvo que quiera trabajar con nosotros en Morena". Y eso es el verdadero cascajo del bienestar. #MetroNewsMx
-El alcalde Dr. Manuel Montes entregó un camión motobomba a bomberos para reforzar la seguridad ante el crecimiento industrial y urbano.
-La nueva unidad de emergencia se adquirió mediante una coinversión paritaria del cincuenta por ciento entre el municipio y la asociación.
-El comandante Manuel Martínez agradeció el respaldo institucional que consolida este proyecto gestionado desde principios de año.
-El edil enfatizó que el desarrollo económico exige equipar a los cuerpos de auxilio para salvaguardar la vida de los iturbidenses.
-El evento concluyó con la entrega simbólica de llaves y el encendido oficial del vehículo que ya se encuentra operando en el municipio.
Con el firme objetivo de blindar la seguridad ante el acelerado crecimiento industrial y urbano, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega entregó una nueva unidad motobomba al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. La adquisición de este equipo estratégico se concretó mediante una coinversión paritaria, donde el gobierno municipal aportó el 50 por ciento de los recursos y la Asociación de Bomberos del Estado cubrió el porcentaje restante.
Durante la ceremonia oficial, que contó con la presencia del comandante Manuel Martínez Gutiérrez, el bombero Adrián González Cuellar y elementos de la corporación, las autoridades reconocieron la disciplina y vocación de servicio de los rescatistas. En su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que el dinamismo económico de la demarcación exige una respuesta institucional a la altura de cualquier contingencia que ponga en riesgo el entorno y la vida de los ciudadanos.
"San José de Iturbide tiene todo el atractivo para crecer muy fuertemente en materia industrial y urbana, según las proyecciones económicas. Esto implica nuevas necesidades y retos. Cualquier contingencia pone en riesgo el medio ambiente y la vida de las personas; por ello, este camión motobomba es una herramienta vital para dar mayor cobertura y proteger la tranquilidad de la familia iturbidense. Cuentan con todo el respaldo de esta administración", enfatizó el edil.
Por su parte, el comandante Manuel Martínez Gutiérrez agradeció el respaldo operativo de la alcaldía y señaló que esta unidad culmina una gestión iniciada a principios de año para responder con eficacia a las demandas de la población. "Nuestra intención es mejorar. Tenemos un reto muy importante por el desarrollo urbano e industrial que se está dando en el municipio y tenemos que estar a la altura de la demanda de la población. Esta unidad viene a reforzar nuestro servicio y agradecemos al alcalde por confiar y respaldar operativamente al Cuerpo de Bomberos", expresó.
El acto concluyó con la entrega simbólica de las llaves al mando operativo y el posterior encendido oficial de la unidad en compañía de las autoridades, integrándose de manera inmediata al parque vehicular de emergencias para garantizar una protección integral en todo el territorio municipal. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
