-Bajo la falsa premisa de "información reservada", el bloque opositor forzó una sesión privada para revocar la austeridad salarial y dictar sentencias políticas contra el gabinete del alcalde.
-Golpe al patrimonio: Grupo de regidores de San José de Iturbide sesionan en privado para revocar la austeridad y proteger sus sueldos.
-Opacidad ilegal: Usan "información reservada" como excusa para ocultar el rechazo al recorte salarial en el Cabildo local.
-Cinismo edilicio: Anulan baja de salarios alegando que el acta previa no estaba firmada; un insulto al estado de derecho.
-Venganza política: Tras blindar su sueldo, la mayoría del Cabildo exige purga de directores del equipo del alcalde.
-Pacto de intereses: las diferentes fracciones partidistas, donde sobresale el PAN se unen en sesión secreta para asegurar su propio "cheque pachoncito".
-Transparencia rota: El Ayuntamiento viola el artículo 68 de la Ley Municipal al cerrar sesión para fines de lucro personal.
-"La Rebelión en la granja": Regidores anteponen su bolsillo al pueblo, buscando desmantelar el gabinete en una sesión de la vergüenza.
Si la Sesión 29 fue el ensayo de una extorsión, la Sesión Extraordinaria No. 30, celebrada el 30 de mayo de 2025, -menos de 24 horas después- fue la consumación de un golpe legislativo al patrimonio de San José de Iturbide. En un hecho sin precedentes por su cinismo procedimental, una mayoría de regidores secuestraría la agenda pública para sesionar en "privado". El objetivo no era proteger la seguridad del municipio, sino proteger el bolsillo de quienes, apenas horas antes, habían recibido la bofetada ética de una propuesta de reducción salarial.
Esta es la tercera entrega de la serie de investigación, centrada en la vergonzosa Sesión 30, donde el Cabildo de San José de Iturbide rompería con el principio de máxima publicidad para pactar, en la oscuridad de una sesión privada, la protección de sus intereses económicos y el desmantelamiento del gabinete municipal.
Desde el inicio, la sesión 30 nació viciada. El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, admitió ante el pleno que existían serias dudas sobre si los temas a tratar encuadraban en el supuesto de "información reservada" del artículo 103 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios. Sin embargo, bajo la presión del bloque edilicio, la sesión se cerró al público para evitar que la sociedad iturbidense presenciara cómo sus representantes revocaban, en lo oscurito, el plan de austeridad propuesto por el alcalde.
¿Ignorancia en el conocimiento de las normas o evidente dolo y mala fe?
Para los municipios del estado de Guanajuato, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece la transparencia como regla general, pero contempla excepciones específicas donde la secrecía es necesaria para proteger intereses públicos o la integridad de las personas.
El fundamento principal se encuentra en el Artículo 68, el cual dicta la naturaleza de las sesiones. la regla general es que las sesiones del Ayuntamiento deben ser públicas. Las sesiones privadas, que son una excepción se celebrarán solamente cuando los asuntos a tratar puedan afectar la paz pública, la seguridad del municipio, el honor de las personas, o cuando la ley así lo determine expresamente.
De acuerdo con la normativa y la práctica administrativa en el estado, los supuestos válidos son Seguridad Pública y Paz Social, es decir, cuando se discutan estrategias operativas de la policía, ubicación de sistemas de vigilancia o temas que, de ser públicos, pondrían en riesgo la seguridad de la población o la eficacia de los cuerpos de seguridad. También en casos de Honor y Privacidad, cuando el tema involucre datos sensibles de particulares o de servidores públicos que puedan dañar su reputación o dignidad si se ventilan públicamente sin un proceso concluido.
También se prevé en caso de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de discusiones sobre procedimientos sancionatorios en curso contra funcionarios, donde la reserva es obligatoria para garantizar el debido proceso. Y, finalmente, Asuntos de Emergencia o Contingencia, es decir, situaciones de crisis donde la difusión de información preliminar pueda generar pánico o caos social.
Para que una sesión privada sea legalmente válida, no basta con la voluntad del alcalde o del secretario, se requiere la aprobación del pleno. La propuesta de hacer la sesión privada debe ser sometida a votación y aprobada por la mayoría de los integrantes presentes del Ayuntamiento. Así mismo, la Justificación en el Acta, donde debe quedar constancia en el acta de los motivos legales y de hecho que justifican el carácter privado de la reunión.
Pero, si el argumento principal es: "Vamos a cambiar el sueldo de los regidores y no queremos que la gente se entere aún o se moleste", el argumento es inválido.
Si un Ayuntamiento vota por hacerla privada con esa única justificación, está violando el espíritu de transparencia de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios y podría ser sujeto de recursos de revisión ante el IACIP. En Guanajuato, la tendencia jurídica es que todo lo relativo a dietas, bonos y salarios de funcionarios de alto nivel debe discutirse de cara a la ciudadanía.
El cinismo como técnica legislativa
El punto más infame del orden del día fue el cuarto: la solicitud de los regidores para "dejar sin efectos" la votación de la sesión anterior que buscaba ajustar sus sueldos a los topes del Congreso del Estado. La argumentación de los regidores María de la Luz Zarazúa Monjaraz y Víctor Metodio Basaldúa Vázquez fue un insulto a la inteligencia jurídica: alegaron que, como el acta de la sesión 29 aún no estaba firmada, el acuerdo "no existía" y, por lo tanto, podían anularlo antes de que naciera formalmente.
El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, denunció esta maniobra como un atentado al estado de derecho, advirtiendo que estaban intentando extinguir un acto jurídico ya consumado por el voto público. La respuesta de la mayoría fue implacable. El secretario, en un acto de rendición administrativa, sometió el punto a votación manifestando: "Bajo su más estricta responsabilidad, lo someto a votación". El resultado fue una sentencia contra las arcas municipales: 7 votos a favor y 3 en contra para enterrar la austeridad.
Una vez blindado su salario, los regidores procedieron a ejecutar la segunda parte de su plan: el descabezamiento del gabinete. Utilizando las comparecencias como un tribunal de inquisición política, la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa hizo entrega formal de cinco expedientes para la destitución inmediata de los titulares del Área de Prevención del Delito y Policía de Género, Medio Ambiente y Ecología, Planeación, Gestión y Seguimiento. Dirección de Obras Públicas y Dirección de Atención a Migrantes.
Una de las regidoras exigió la destitución inmediata por "pérdida de confianza", argumentando que "ellos no quieren trabajar". Sin embargo, el trasfondo de esta purga era evidente: castigar a los directores que operaban bajo las órdenes de un Alcalde que osó proponer bajar las dietas del Cabildo.
Todos unidos por el cheque "pachoncito"
Lo más sobresaliente de esta "sesión de la vergüenza" fue la amalgama de colores partidistas subordinados al interés económico. Regidores que en el discurso nacional pregonan la austeridad, se unieron a los ediles del PAN, PRI y MC para formar una muralla contra el recorte salarial.
Otro regidor, quien en la sesión 29 previa había intentado abstenerse, terminó votando en contra del alcalde, sumándose al coro de quienes exigían "examinar y resolver" la permanencia de los directores como una moneda de cambio política. Otro regidor incluso llegó a sugerir que, si el tema no se resolvía internamente, buscaría instancias externas, evidenciando una fractura total e irreversible en el cuerpo colegiado.
La sesión 30 es el testimonio documental de un municipio donde la ley es opcional si interfiere con el ingreso personal de los regidores. Al cerrar las puertas al pueblo, el Cabildo de San José de Iturbide no solo ocultó un debate; ocultó un acuerdo de sobrevivencia financiera de una élite política que ha decidido que, en Iturbide, primero están sus bolsillos y después el pueblo. Se convirtió el asunto en una verdadera "Rebelión en la Granja"
El alcalde -y la síndica-, reducidos a simples espectadores de la ilegalidad que sus propios regidores validaron con la mano levantada. Así, se cerró la sesión a las 13:00 horas. Pero el daño ya estaba hecho: la austeridad había muerto en lo privado para que los regidores pudieran seguir viviendo con lujos en lo público.
En la cuarta entrega, podrá observarse como 26 sesiones después repetirían la escenita, "mandando por un tubo" la austeridad, pero ahora sí, en una sesión abierta. #MetroNewsMx
-Una presunta agente ministerial obstruyó la labor periodística al tapar el lente del teléfono del reportero.
-Agentes armados penetraron en propiedad privada cerrada con candado, sin exhibir orden judicial de cateo.
-La presunta agente ministerial exigió ilegalmente revelar fuentes informativas, vulnerando el secreto profesional en Guanajuato
-La Fiscalía General del estado de Guanajuato, que encabeza Gerardo Vázquez Alatriste lo posiciona más como un jefe de una guardia pretoriana que como un procurador de justicia en un estado democrático.
-Bajo el pretexto de maltrato animal, la Fiscalía aplicó tácticas de amedrentamiento contra los comunicadores.
-La obstrucción ocurrió en plena vía pública no acordonada, donde el derecho a grabar la labor pública es total.
-Periodistas señalan que este acoso es una represalia por haber exhibido la entrega errónea de cadáveres humanos.
-Los agentes implicados enfrentan posibles penas de prisión y destitución por abuso de funciones y coacción.
-La Fiscalía usa el bienestar animal como cortina de humo para ocultar irrupciones ilegales en domicilios cerrados con candados.
-Se criminaliza al periodista al señalarlo como un obstáculo para la justicia, pese a que su labor se realizó en la vía pública.
-La institución omite investigar el amedrentamiento y la exigencia ilegal de revelar fuentes, protegiendo abusos de sus agentes.
-El posicionamiento institucional refleja una gestión que desprecia la Constitución y prioriza el encubrimiento sobre la legalidad.
-Agentes podrían enfrentar penas de prisión y destitución por abuso de autoridad y delitos graves contra la libertad de expresión en Guanajuato.
El Estado de Derecho en Guanajuato ha sufrido una herida profunda en las calles de Dolores Hidalgo. Lo que debió ser una diligencia de protección animal se transformó en un despliegue de prepotencia e ilegalidad. La actuación de los elementos de la Fiscalía General del Estado el pasado 12 de mayo de 2026 no fue un error de procedimiento; fue un acto de obstrucción directa a las garantías individuales y a la libertad de prensa.
La presencia de dos agentes armados en el interior de un domicilio que ostentaba un candado exterior es, por definición, una irrupción sospechosa. Sin la exhibición de una orden de cateo, el ingreso de estos funcionarios constituye un allanamiento que contamina cualquier proceso legal posterior. La inviolabilidad del domicilio no es una sugerencia; es un mandato que los agentes de Investigación Criminal ignoraron a plena luz del día.
La acción de la agente al colocar su mano sobre el teléfono del reportero de Noticias Contraste es una forma de censura física que busca silenciar la documentación de un acto público. ¿Qué ocultaban los agentes dentro de esa vivienda? La exigencia de revelar nombres de informantes y la advertencia de "llamar a comparecer" no son herramientas de justicia, son tácticas de intimidación que buscan inhibir el ejercicio periodístico. El secreto profesional es inalienable, y cualquier intento de vulnerarlo por parte de una autoridad es una falta grave a la responsabilidad pública.
Resulta imposible ignorar el contexto de posible hostigamiento que rodea este caso. Si, como señalan los comunicadores, este trato es la factura por haber evidenciado la negligencia ministerial en la entrega de cadáveres en semanas previas, estamos ante un escenario de persecución oficial. La justicia no puede ser utilizada como garrote para ajustar cuentas institucionales.
La Fiscalía General del Estado no puede guardar silencio ante la evidencia de su propia irregularidad operativa. Los agentes involucrados deben ser sujetos a proceso administrativo bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si se permite que un agente ministerial decida quién puede grabar en la vía pública, habremos entregado la calle a la arbitrariedad del uniforme. Sin embargo, el mismo Fiscal General del Estado Gerardo Vázquez Alatriste daría muestras de ser un auténtico "Prefecto del Pretorio" por los antecedentes en su trato con la ciudadanía y muy especialmente con la prensa y los señalamientos que la medios han hecho ante derechos humanos por la actitud de la Fiscalía. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/los-ataques-los-periodistas-mensaje-de.html - https://www.metronewsmx.com/2025/10/editorial-fiscalia-de-guanajuato.html - https://www.metronewsmx.com/2025/09/fiscal-de-guanajuato-palmando.html )
En una actitud de por sí prepotente y abusiva, una presunta agente ministerial impidió la cobertura informativa de los compañeros del medio digital dolorense Noticias Contraste, amenazando con llamar a comparecer al periodista y además exigiendo que revelara los nombres de sus informantes. Nunca se identificaron y fueron detectados dos de dichos presuntos ministeriales en el interior de una vivienda, sin mostrar señas de alguna orden judicial para penetrar al lugar. Los compañeros periodistas de Noticias Contraste consideran que esta actitud es la represalia por una nota publicada hace varias semanas, donde se exhibió la garrafal falla de equivocar la entrega de cadáveres a familiares de un occiso.
Lo que se ve en el video entregado por Noticias Contraste a Metro News
El análisis de los hechos ocurridos el 12 de mayo de 2026 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, revela una serie de posibles irregularidades y violaciones a derechos fundamentales, contrastando la actuación de los agentes de investigación con el marco legal mexicano vigente.
Se detectan en el video grabado por Noticias Contraste violaciones a la Libertad de Expresión y Labor Periodística. El derecho a la información y la libertad de prensa están consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el video se observa que la presunta agente intenta impedir la grabación colocando su mano sobre el dispositivo del reportero [00:10]. Esta acción constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, prohibida por el artículo 7° constitucional, el cual establece que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos.
La exigencia de revelar fuentes -nombres de quienes dieron la información- y la advertencia de que será llamado a comparecer se interpretan como actos de amedrentamiento. El secreto profesional periodístico es un derecho protegido que garantiza que los comunicadores no sean obligados a revelar sus fuentes, lo cual es fundamental para el ejercicio de un periodismo libre y crítico.
Al no existir un acordonamiento oficial -cadena de custodia delimitada con cinta-, la zona conserva su carácter de vía pública. Ciudadanos y periodistas tienen el derecho de documentar la actuación de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, siempre que no entorpezcan físicamente la diligencia.
Según el artículo 16 constitucional y las leyes de responsabilidades administrativas, todo servidor público debe identificarse plenamente ante el ciudadano. La negativa de la agente a proporcionar su nombre o cargo vulnera el principio de legalidad y transparencia.
Se detectarían posibles irregularidades en el ingreso al inmueble dada la inviolabilidad del domicilio. El artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.
La presencia de agentes armados dentro de una propiedad con candado exterior sugiere un ingreso que, de no contar con una orden judicial de cateo, podría constituir un allanamiento de morada o un exceso en las facultades de investigación, independientemente de la flagrancia por maltrato animal.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local de Guanajuato, los agentes podrían haber incurrido en:
-Abuso de Autoridad: Al intentar coaccionar al periodista para que cese su actividad legítima.
-Incumplimiento del Deber: Al no identificarse y no fundar ni motivar legalmente la restricción de la grabación en un espacio no acordonado.
La respuesta de la autoridad en este caso parece priorizar el control de la narrativa en redes sociales ("porque lo están subiendo a redes sociales") por encima del cumplimiento de los protocolos legales de actuación.
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de Guanajuato y el marco federal mexicano, la conducta de los agentes —al obstruir la labor periodística, no identificarse, coaccionar al reportero para revelar fuentes y exigir datos personales sin fundamento— podría derivar en sanciones de tres tipos: administrativas, penales y civiles.
El video confirma que no fue una sola persona la que ingresó, sino una pareja de agentes. El hecho de que ambos porten armas en el interior de un domicilio donde el acceso principal tiene un candado puesto y el periodista se encuentra en la vía pública (confirmada por la calle Puerta del Sol y la infraestructura urbana), agrava la percepción de una irrupción ilegal.
Mientras los dos agentes permanecen dentro del inmueble, una tercera agente —quien agrega el elemento de amedrentamiento— es la que sale a confrontar al periodista. Esto demuestra un despliegue de fuerza desproporcionado para una situación de bienestar animal.
Si el inmueble estaba cerrado con candado y no existe una orden de cateo que justifique la entrada de dos elementos armados, la evidencia recolectada -incluyendo los cuerpos de los perros muertos- podría ser desechada en un juicio por haber sido obtenida mediante una violación a la inviolabilidad del domicilio (Art. 16 Constitucional).
De acuerdo con el marco legal que rige a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las facultades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se podría hacer la siguiente pregunta ¿Es de su competencia atender un caso de canes abandonados? Y la respuesta es sí, pero bajo un supuesto específico: el delito.
El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Guanajuato (Artículos 297 y 298). Por lo tanto, si existe una denuncia formal por la muerte de los animales (como se menciona que hay dos cuerpos dentro), la Fiscalía tiene la obligación de intervenir para investigar la comisión de un hecho delictivo.
Sin embargo, si se trata únicamente de "abandono" o "falta de cuidado" sin que haya muerte o lesiones graves, la competencia primaria debería ser de Policía Municipal o Salud Animal -Centros de Control Animal-, quienes actúan bajo reglamentos administrativos y no penales.
No es función de los presuntos ministeriales impedir la labor periodística. Absolutamente no. Ningún protocolo de la Agencia de Investigación Criminal faculta a un agente para exigir nombres de informantes (fuentes), impedir grabaciones en vía pública no acordonada. Tomar datos personales de periodistas como medida de presión. Su función es la preservación de la escena y la recolección de indicios, no la censura de la cobertura informativa.
Sobre si es legal meterse a la casa como se observa en la escena, aquí reside la mayor irregularidad potencial. Para que un agente ministerial penetre en una propiedad privada que tiene un candado puesto -como se puede observar en el video-, se requieren tres escenarios legales y que son la Orden de Cateo, emitida por un juez de control. Es el procedimiento correcto para recolectar evidencia de maltrato animal.
También puede hacerlo en caso de flagrancia, ejemplificando que si desde el exterior se escucha o ve que un animal está siendo privado de la vida en ese preciso momento. No obstante, si los animales ya están muertos, la urgencia de la flagrancia desaparece y se requiere la orden de cateo.
Finalmente, el consentimiento, que el dueño les haya permitido el acceso. Si el dueño no está y hay un candado, el ingreso forzado sin orden judicial es un allanamiento de morada y invalida cualquier prueba que obtengan dentro.
La respuesta cínica y evasiva de la Fiscalía General del Estado
Tras los hechos, en Dolores Hidalgo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado a los medios, publicado por la compañera periodista Verónica Espinoza en su espacio de X.
Como no lo ha publicado la @FGEGUANAJUATO en sus redes acá lo pongo: un reportero identificado cubría operativo por maltrato animal. Una agente le exigía dejar de video grabar sin informarle el motivo y aunque él estaba a distancia del operativo. Seguimos sin conocer la razón. pic.twitter.com/NA64TQjs0p
— Verónica Espinosa V (@veroespinosav) May 13, 2026
"Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Posicionamiento Institucional"
"Respecto a los hechos reportados durante una diligencia de investigación en el municipio de Dolores Hidalgo por un presunto caso de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que agentes de Investigación Criminal se constituyeron en un inmueble de la colonia La Salud para dar atención a denuncias ciudadanas. Es fundamental subrayar que los actos de investigación por parte de esta institución son enfocados primordialmente para garantizar la integridad de los caninos".
"Es imperativo precisar que, en todo procedimiento ministerial, el personal debe garantizar la preservación de la escena y la integridad de las diligencias conforme a los protocolos vigentes. En este sentido, toda persona ajena a la investigación debe acatar las indicaciones de la autoridad para evitar la obstrucción de la justicia y el compromiso del debido proceso".
"Esta Institución es plenamente respetuosa del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión; sin embargo, las actuaciones en el lugar de los hechos buscan asegurar que la labor de información no interfiera con el desarrollo técnico de la investigación".
"La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en sus procesos de procuración de justicia".
El texto de la Fiscalía es un ejercicio de retórica evasiva que intenta normalizar una serie de irregularidades procesales y constitucionales. Los puntos clave del análisis editorial son:
-Justificación de la ilegalidad mediante el bienestar animal: La Fiscalía utiliza la "integridad de los caninos" como una cortina de humo emocional para justificar la irrupción en un inmueble cerrado con candado sin mencionar la existencia de una orden de cateo judicial.
-Criminalización de la labor periodística: Al referirse a los reporteros como "personas ajenas" que deben "acatar indicaciones" para evitar la "obstrucción de la justicia", la institución invierte la carga de la responsabilidad. En el video se demuestra que el periodista estaba en la vía pública y no interfería físicamente; por tanto, no hay obstrucción, sino un intento de la autoridad por controlar la narrativa.
-Falsa dicotomía: El comunicado plantea que el ejercicio periodístico "interfiere con el desarrollo técnico". Esto es falso en un espacio público no acordonado. La "técnica" de investigación no debería verse afectada por una cámara a distancia, a menos que lo que se esté ejecutando sea ilegal... meterse a un domicilio sin orden judicial.
-Omisión de abusos específicos: El documento ignora deliberadamente la exigencia ilegal de revelar fuentes y la falta de identificación de la agente, enfocándose solo en una defensa corporativa genérica.
¿Es la respuesta -su "posicionamiento institucional"- adecuada? No lo es. Es más bien una respuesta cínica y técnicamente deficiente. Una respuesta adecuada habría anunciado la apertura de una investigación en Asuntos Internos por el comportamiento de la agente y habría aclarado el fundamento legal -número de oficio o causa penal- para ingresar a un domicilio privado con candado. Al omitir esto, la Fiscalía se convierte en cómplice de la arbitrariedad de sus elementos.
La redacción de este comunicado muestra una profunda incapacidad jurídica y ética. Quien autorizó ese "posicionamiento" demostraría que desconoce o desprecia la Constitución. Ignora que el derecho a la información es preferente en la vía pública y que la inviolabilidad del domicilio no se suspende por "denuncias ciudadanas" de maltrato animal sin control judicial.
El "mensaje" carece de control de calidad ya que permitir un despliegue armado desproporcionado y luego defenderlo con un boletín que usa eufemismos revela una gestión que prioriza el encubrimiento sobre la legalidad. Se denota una falta de sensibilidad democrática ya que al tratar la libertad de expresión como un obstáculo para la justicia, quien encabeza la institución se posiciona más como un jefe de una guardia pretoriana que como un procurador de justicia en un estado democrático.
Las sanciones a aplicar ante el abuso ministerial contra el periodista de Noticias Contraste
Las probables sanciones a aplicar para este caso son variadas. Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el actuar de los agentes se clasifica como una falta administrativa grave -abuso de funciones y desacato-.
De esto procede una Amonestación Pública o Privada, por la omisión de identificarse plenamente ante el ciudadano. Suspensión del Empleo, Cargo o Comisión, de 30 a 90 días naturales, debido a la interrupción violenta de una labor protegida constitucionalmente. Destitución del puesto: Si se determina que la coacción y el amedrentamiento fueron dolosos para ocultar una irregularidad en el ingreso al domicilio. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos de uno a diez años, si se comprueba que hubo una violación sistemática a los derechos humanos del periodista.
El Código Penal del Estado de Guanajuato y el Código Penal Federal contemplan delitos específicos para servidores públicos que actúan de esta forma. Se trata de Abuso de Autoridad (Art. 261 del Código Penal de Guanajuato https://leyes-mx.com/codigo_penal_guanajuato/261.htm ): Se configuran sanciones de 1 a 6 años de prisión y de 10 a 50 días de multa. Este delito ocurre cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, ejerce violencia innecesaria sobre una persona o la priva de un derecho, en este caso, el derecho a informar.
Se estarían configurando también delitos contra la Libertad de Expresión ya que al intentar confiscar o impedir el uso del equipo de trabajo -teléfono celular-, la sanción puede agravarse. En el ámbito federal, se contemplan penas de prisión por obstaculizar, restringir o impedir la libertad de expresión.
También podría estarse incurriendo en extorsión o coacción, por la exigencia ilegal de revelar nombres de fuentes informativas, lo cual violenta el secreto profesional.
Por lo que toca a sanciones por Violación a Derechos Humanos y al existir una agresión documentada, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) puede emitir una Recomendación que incluya Reparación Integral del Daño, incluyendo una disculpa pública por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Cursos de Capacitación Obligatorios: En materia de libertad de expresión y protocolos de actuación con periodistas e inscripción en el Registro Estatal de Víctimas: Para el periodista afectado.
En lo que toca a la Responsabilidad Civil, se estaría configurando Daño Moral. El periodista podría interponer una demanda civil por el amedrentamiento y el impacto emocional/profesional sufrido. Las sanciones serían económicas -indemnización- de acuerdo con la capacidad financiera de los responsables y la gravedad del daño. #MetroNewsMx
-Patrullajes conjuntos entre la Secretaría de Seguridad y Paz, Sedena y Guardia Nacional permitieron el hallazgo de una vagoneta de lujo con reporte de robo.
-Dentro del vehículo se localizó una carabina de asalto, cientos de cartuchos útiles y blindaje corporal de nivel militar diseñado para resistir impactos de alto poder.
-El material bélico y la unidad motorizada quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para rastrear su posible vinculación con hechos de sangre recientes.
En una operación relámpago que desmanteló una célula de logística criminal, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno lograron el decomiso de armamento de grueso calibre y equipo de protección balística en las inmediaciones de la comunidad Delgado de Abajo. El golpe operativo se consolidó durante recorridos estratégicos diseñados para recuperar el control de las zonas rurales del municipio.
El despliegue de vigilancia sobre caminos de terracería rindió frutos cuando los efectivos detectaron una vagoneta GMC Yukon XL en estado de abandono y con la puerta del conductor abierta. Al aplicar los protocolos de seguridad y verificar los numerales de identificación, el sistema arrojó una alerta positiva por robo, lo que detonó una inspección exhaustiva del interior.
En el habitáculo, los agentes encontraron un arma larga tipo carabina marca Smith & Wesson calibre 5.56 mm, además de un stock de cargadores y proyectiles útiles de diversos calibres, incluyendo el potente 7.62 mm. La peligrosidad del hallazgo aumentó al confirmar la presencia de dos chalecos camuflados y cuatro placas balísticas de nivel IV, equipo capaz de detener proyectiles perforantes.
Todo lo confiscado fue trasladado a la sede de la Fiscalía en San Miguel de Allende. Mientras tanto, las autoridades estatales hicieron un llamado a la población para fortalecer la cultura de la denuncia anónima a través del número 089, herramienta clave para neutralizar los riesgos que atentan contra la tranquilidad de las familias en la región. #MetroNewsMx
-Guerra frontal: Trump cataloga al fentanilo como arma de destrucción masiva para aniquilar el narcotráfico transnacional.
-Ultimátum a México: la administración condiciona toda ayuda diplomática al arresto y extradición inmediata de líderes criminales.
-Se destaca la desarticulación de células del Cártel Jalisco Nueva Generación como prueba de este nuevo modelo operativo que vincula el tráfico de drogas con el tráfico de armas y el contrabando humano.
-Se proyecta aumentar significativamente la intercepción de armas de fuego que fluyen hacia el sur para armar a los cárteles en México.
-Tecnología letal: EE. UU. desplegará inteligencia artificial y vigilancia de aguas residuales para rastrear el consumo de drogas en tiempo real.
La administración del presidente Donald Trump ha oficializado la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/05/National-Drug-Control-Strategy-2026-1.pdf ), un documento de seguridad nacional que marca el fin de la era de contención y el inicio de una ofensiva militar y legal sin precedentes. Bajo el principio de que los días de debilidad frente al asalto químico han terminado, el gobierno estadounidense ha designado formalmente al fentanilo ilícito como un Arma de Destrucción Masiva (WMD) mediante la Orden Ejecutiva 14367. Esta medida otorga al Estado facultades extraordinarias, similares a las utilizadas en la lucha contra el terrorismo global, para desmantelar las redes de suministro que han cobrado cientos de miles de vidas en los últimos años.
México bajo la lupa: extradiciones y soberanía
El documento es enfático al señalar a México como el epicentro de la producción industrial de drogas sintéticas. Con 16 menciones directas en el cuerpo del texto, la estrategia establece que los cárteles mexicanos —ahora clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO)— operan con niveles de impunidad que desafían la soberanía de su propio Estado. La administración Trump advierte que la cooperación binacional ya no será incondicional: la asistencia financiera y diplomática estará sujeta a resultados medibles, específicamente la detención de capos de alta prioridad y su entrega rápida a la justicia estadounidense.
La creación del Hom homeland Security Task Force (HSTF) unificará el poder de 18,000 agencias de ley locales y federales para golpear la logística criminal dentro y fuera de las fronteras. Se destaca la desarticulación de células del Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG- como prueba de este nuevo modelo operativo que vincula el tráfico de drogas con el tráfico de armas y el contrabando humano.
Blindaje tecnológico y control de suministros
Para cortar el flujo de veneno, la estrategia implementa un control estricto sobre la cadena de suministro global. Se ha suspendido la exención de impuestos de minimis para todos los países, cerrando un vacío legal que permitía el ingreso masivo de paquetes pequeños con precursores químicos provenientes de China e India. En los puertos de entrada, se acelerará el despliegue de hardware de inspección no intrusiva impulsado por Inteligencia Artificial (IA), capaz de detectar anomalías en manifiestos comerciales con precisión quirúrgica.
A nivel interno, el plan propone un monitoreo biosanitario distópico pero eficiente: un sistema nacional de vigilancia de aguas residuales que identificará picos de consumo de drogas y nuevos análogos de nitazenos en comunidades específicas antes de que se conviertan en epidemias fatales.
Un cambio radical en la salud pública y recuperación
La visión de la Casa Blanca busca establecer una nueva norma social: una América libre de drogas. Con datos que indican que el 83.3% de la población ya elige no consumir sustancias, el gobierno fortalecerá las campañas de prevención desde la educación media. El enfoque en el tratamiento también se transforma con la política de "Tratamiento Primero" para la población sin hogar, condicionando la ayuda de vivienda a la sobriedad y la participación en programas de recuperación.
Asimismo, el documento reconoce el papel fundamental de la fe, integrando a líderes religiosos en los sistemas de apoyo y celebrando a los 23.5 millones de estadounidenses que viven en recuperación.
Metas de victoria para 2029
La estrategia no se queda en promesas; el Sistema de Revisión de Desempeño (PRS) establece metas cuantitativas rigurosas. Para el año 2029, EE. UU. proyecta reducir las muertes por sobredosis a 60,000 anuales (frente a las 79,384 registradas en 2024), incautar al menos 210 toneladas métricas de cocaína al año y aumentar significativamente la intercepción de armas de fuego que fluyen hacia el sur para armar a los cárteles en México. #MetroNewsMx
-El Acta 29 se encuentra publicada en la Sección de Transparencia, en la Gaceta Municipal, y revelaría una "emboscada": regidores de San José de Iturbide habrían frenado la obra pública para proteger sus privilegios salariales.
-Ediles sacrificarían el programa de gobierno y recursos federales para chantajear al alcalde a cambio de su sueldo bruto.
-La oposición condicionaría el desarrollo del municipio a cambio de no reducir sus dietas fuera de la norma.
-Regidores usarían la nómina de empleados como una escudo para evitar la austeridad y mantener sus cheques bien aprovisionados.
-El bloque opositor de Iturbide secuestraría la gobernabilidad y pondría en riesgo millones de pesos en obra social.
-Los regidores panistas liderarían un boicot administrativo contra el alcalde Montes de la Vega y contra el voto de la misma síndica María Guadalupe Sinecio tras el exhorto de bajar sueldos.
Las pruebas y testimonios documentales en poder de la redacción de Metro News precisan que el 29 de mayo de 2025, a las 13:30 horas -y que además aparecen en la Gaceta Municipal de San José de Iturbide (https://sji.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/ACTA-NO.-29-SESION-ORDINARIA.pdf ), se instaló en el Salón de Cabildo de San José de Iturbide lo que en apariencia era una sesión ordinaria más.
Sin embargo, el Acta No. 29 hoy se lee como el diario de lo que parecería una emboscada. Bajo el barniz de la "revisión acuciosa", un grupo de regidores de diversas extracciones políticas —pero unidos por el mismo interés de nómina— orquestó un bloqueo administrativo que dejó al municipio sin Programa de Gobierno y sin Plan de Obra Pública, todo como respuesta al intento del Alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, de aplicar la Ley de Austeridad.
El punto cuatro del orden del día parecía un trámite legal: aprobar el Programa de Gobierno 2024-2027, el documento que rige cada acción, peso y proyecto de la administración. Pero empezaría a observarse que la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa ya tenía preparada la acción a seguir.
Con una narrativa que pretendía ser defensora de la legalidad, Ferro Zarazúa solicitó "bajar" el punto, argumentando que el documento no les había sido presentado formalmente. Lo que el acta revela es una contradicción: el alcalde aclaró que el programa fue integrado por el COPLADEM, organismo ciudadano y técnico facultado por ley, y que se entregó al Ayuntamiento con las 24 horas de anticipación que marca la normativa.
Aun así, Ferro Zarazúa insistió en que el documento era "inexistente" para ellos, a pesar de que en la misma sesión admitió haber tenido mesas de trabajo con la titular de Planeación meses atrás. La táctica era clara: no importaba si el plan era bueno o malo, el objetivo era no dejarlo nacer para mantener al alcalde iturbidense contra las cuerdas. Al final, 7 votos a favor de "bajar" el punto confirmaron que la mayoría no quería un programa de gobierno, quería un rehén político.
El segundo golpe: El veto a la Obra Pública
Si el bloqueo al Programa de Gobierno fue grave, el freno a la Obra Pública fue un atentado directo contra las comunidades más necesitadas de Iturbide. En el quinto punto, el alcalde solicitó la aprobación del Programa de Inversión 2025.
Aquí, el regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, y actual secretario del Comité Directivo Municipal del PAN en San José de Iturbide, tomó el relevo en la obstrucción. Basaldúa, utilizando el artículo 20 del Reglamento Interior como escudo, exigió que el plan se fuera a una "mesa de trabajo" con la Comisión de Obra. El argumento parecía ser noble, pero solo en la superficie: "evitar afectaciones" y realizar un "dictamen adecuado".
La realidad que asoma en el acta es otra. El alcalde advirtió que los recursos estatales y federales estaban comprometidos y tenían tiempos perentorios; es decir, cada día de retraso en la "mesa de trabajo" de Basaldúa era un riesgo real de perder millones de pesos para el municipio. Sin embargo, la cerrazón fue total. Con 9 votos a favor, el bloque opositor decidió que el análisis de su comisión era más importante que el inicio de las obras.
La verdadera razón de todo: El punto 14 y la amenaza al bolsillo... de los regidores
¿Por qué tanta resistencia a aprobar proyectos técnicos que ya venían firmados por profesionales del área? La respuesta llegó en el punto 14, solicitado por el Presidente Municipal.
Montes de la Vega exhortó a los miembros del Ayuntamiento a apegarse a las directrices de austeridad marcadas por el Congreso del Estado de Guanajuato respecto a sus salarios. El alcalde fue directo: el municipio enfrentaba retos financieros y era necesario que el cuerpo colegiado se apretara el cinturón.
Fue en ese momento cuando la "fiscalización" mostró su verdadero rostro de extorsión. Uno de los regidores lo verbalizó sin eufemismos: "Me gustaría y estoy de acuerdo [con bajar el sueldo], pero siempre y cuando analicemos todo el Programa de Gobierno... y cuando sea generalizado todo el presupuesto tanto de directores y de los demás".
La frase fue la prueba reina del "plan oscuro": la disposición a bajarse el sueldo estaba condicionada a que se les dejara desmantelar el presupuesto de las direcciones y se les diera control total sobre el Programa de Gobierno. Los regidores convirtieron su salario en una moneda de cambio.
Los "cómplices de la parálisis"
El Acta 29 permite identificar no solo los votos, sino las actitudes que delatan el pacto de obstrucción. El regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, actuó como el moderador de la parálisis, insistiendo en trámites burocráticos (dictámenes de comisión) para detener proyectos de obra pública ya avalados por directores técnicos.
La regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, también del PAN fue quien manifestó una actitud fue de confrontación constante, utilizando un lenguaje que pretendía ser técnico pero que buscaba el vacío legal para invalidar la planeación municipal.
Otros más se sumaron al coro de descalificación alegando que en las comparecencias no se les entregó información, preparando así el terreno para el ataque frontal contra los directores de área. y una más, fue quien introdujo la propuesta de una "sesión extraordinaria con carácter de privada" para tratar asuntos de las comparecencias, moviendo el debate del foro público a la secrecía donde se pactaría el golpe salarial al día siguiente.
Las cinco intervenciones del alcalde en el punto 14
En su primera intervención, el alcalde señaló "compañeros integrantes de este Honorable Ayuntamiento, someto a su consideración la propuesta de ajuste a las dietas y sueldos de la administración pública municipal. Esta medida no es un capricho, sino una respuesta directa a la necesidad de optimizar el gasto operativo para reorientar recursos hacia la infraestructura básica que nuestras comunidades rurales tanto demandan."
En su segunda intervención precisó como respuesta a cuestionamientos sobre el presupuesto que "entiendo la preocupación técnica, pero quiero ser muy enfático: el análisis financiero realizado por la Tesorería garantiza que este movimiento no compromete las prestaciones de ley de los trabajadores de base. Estamos hablando de una reducción en la alta jerarquía para fortalecer la operatividad del municipio."
En su tercera intervención precisó la aclaración sobre la vigencia, indicando que "este ajuste entrará en vigor de manera inmediata una vez aprobado por este colegiado, y se verá reflejado en la siguiente nómina sin retroactividad, para asegurar que no haya afectaciones contables al cierre de mes."
La cuarta intervención, que fue la del llamado al voto señaló que "invito a los señores regidores a que votemos con altura de miras. No se trata de afectar a personas, sino de optimizar los recursos que pertenecen a los iturbidenses. Hagamos de esta administración un ejemplo de austeridad real y no solo de discurso."
Finalmente, en su quinta intervención, para el cierre del debate dijo que "he pedido al Secretario del Ayuntamiento que remita copia de este acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para que conste nuestra voluntad de transparencia en el manejo de las dietas. No habiendo más participaciones, solicito se proceda a la votación."
La intervención de la síndica María Guadalupe Sinecio Hernández
En el Punto 14 del orden del día de la Sesión Ordinaria número 29 (relativo al análisis y aprobación de la plantilla de personal y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2025), la Síndica María Guadalupe Sinecio Hernández tuvo una intervención fundamental para fijar la postura sobre la reducción de las dietas del Cabildo.
Su intervención textual y palabra por palabra fue que "siendo congruentes con la propuesta de nuestro Presidente Municipal de trabajar en beneficio de la ciudadanía iturbidense, nos sumamos a la iniciativa de ajustar nuestras dietas a los montos recomendados por el Congreso del Estado de Guanajuato. Es un acto de responsabilidad administrativa y compromiso social."
Esta declaración se produjo durante el debate sobre el presupuesto de egresos y el tabulador salarial. La Síndica fue la encargada de formalizar el respaldo de la fracción mayoritaria a la reducción salarial del alcalde y los miembros del Ayuntamiento, alineándose a los topes sugeridos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para municipios con el perfil demográfico y económico de San José Iturbide.
Frente a este bloque, la síndica municipal, María Guadalupe Sinecio Hernández, se mantuvo como la única voz que intentó clarificar las votaciones y alertar sobre la confusión generada por las propuestas cruzadas de los regidores. El alcalde, por su parte, terminó la sesión advirtiendo que bajar puntos del orden del día de esa manera era un acto "ilegal" que contravenía las facultades del COPLADEM y de la propia ley estatal.
¿Qué reacción tuvieron los regidores tras estas intervenciones del alcalde y la síndica?
Al finalizar la quinta intervención del alcalde Edgar Manuel Montes de la Vega en el punto 14 de la sesión 29, la reacción de los regidores fue de una oposición frontal y un bloqueo legislativo, lo que detonó una crisis de gobernabilidad inmediata en el pleno.
Tras el llamado del alcalde a la "austeridad real", el bloque opositor -encabezado por los integrantes de la fracción blanquiazul, seguido por el resto- no solo rechazó la propuesta, sino que manifestó su molestia a través de las varias acciones asentadas en la narrativa del acta de la sesión 29:
Primero, lo que podría llamarse el argumento del "Escudo de Nómina". Los regidores, encabezados en la discusión por los regidores panistas Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro, reaccionarían argumentando que cualquier recorte debía ser "generalizado". Exigieron que antes de tocar sus dietas -sueldos-, se redujeran los salarios de directores y personal paramunicipal, utilizando la nómina de los empleados de menor rango como una condición o "escudo" para no afectar sus propios ingresos.
También realizaron cuestionamientos de la legalidad procedimental y alegaron que la propuesta no contaba con los "anexos técnicos suficientes" y que el ajuste propuesto por el alcalde violentaba su autonomía como ediles. Luego vino la "votación de bloqueo" con una total actitud política donde la mayoría del Cabildo votó para bajar el punto del orden del día o, en su defecto, rechazar la aprobación del tabulador propuesto, dejando el presupuesto de egresos en el aire.
La sesión terminó en un clima de alta tensión que derivó en lo que podría llamarse la "Rebelión de las Dietas". Al notar que el alcalde no cedería en la publicación del acta donde se proponía la reducción, los regidores forzaron que la siguiente sesión -la No. 30, celebrada al día siguiente- fuera privada. El acta de dicha sesión no aparece en el portal de Transparencia, por considerarse privada, cuando legal y jurídicamente no caería dentro de ese concepto mientras que la sesión 56, que también abordaría después la insistencia del alcalde a bajarse los salarios, tampoco aparece en el portal de transparencia a pesar de que no fue cerrada sino pública. (https://sji.gob.mx/gaceta-municipal/ )
La sesión 29 no fue un ejercicio de contrapeso democrático; fue la introducción de un "Caballo de Troya" legislativo. Los regidores utilizaron su facultad de fiscalización para entrar en las entrañas de la administración y, una vez allí, paralizarla desde adentro.
El mensaje para el pueblo de San José de Iturbide fue desolador: sus calles, sus escuelas y sus servicios públicos quedarían en pausa el 29 de mayo de 2025 porque un grupo de regidores decidió que su sueldo no se tocaba, y que cualquier intento de austeridad sería respondido con el sabotaje total del municipio.
En la siguiente entrega, se analizará cómo este bloqueo se transformó en un pacto secreto de impunidad económica durante la vergonzosa sesión privada 30.
Fuente:
-Gaceta Municipal de San José Iturbide. Portal de Transparencia
-La simulación del ahorro: Cómo el Cabildo de San José de Iturbide convirtió la fiscalización en extorsión para blindar sus dietas por encima de la ley.
-¿Asalto al erario en SJI? Regidores bloquearían al alcalde para no bajarse sueldos que superan en 50% los topes de ley. ¿Una forma de saqueo?
-¿Cabildo de SJI secuestra la gobernabilidad y exigen cheques altos a cambio de aprobar planes de obra?
-En un "pacto de oscuridad. A puerta cerrada, ediles ¿anularon la austeridad para proteger sus dietas y legislan para su propio bolsillo?
-El regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez lidera boicot contra Manuel Montes. El regidor del PAN ¿Actúa como brazo ejecutor de la exalcaldesa Cindy Arvizu?
-Regidores de SJI ignoran la ley y aumentan su sueldo un 28%. ¿Prefieren el botín personal que el bienestar del pueblo iturbidense?
-Crisis fabricada: Ediles del PAN y otros partidos ¿Usan la nómina como escudo. Bloquean el presupuesto si no se les garantiza su gran tajada?
En la política, la forma es fondo, pero en el Ayuntamiento de San José de Iturbide, la forma es una máscara y el fondo es un cheque. Mientras el discurso oficial de los regidores se llena de palabras como "legalidad", "transparencia" y "diagnóstico", la realidad documental de las actas de Cabildo revela una trama de intereses económicos donde la operatividad del municipio ha sido secuestrada por una mayoría edilicia que se niega a soltar sus privilegios salariales.
Documentos entregados a la Redacción de Metro News y que permiten una revisión exhaustiva de las Actas de Ayuntamiento número 29, 30 y 56, se desprende una estrategia sistemática de obstrucción legislativa. El objetivo: boicotear al alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, no por fallas en su gestión, sino como represalia directa por intentar aplicar los topes salariales recomendados por el Congreso del Estado de Guanajuato. Lo que hoy vive San José de Iturbide no sería una crisis de gobernabilidad, sino el asalto institucionalizado al erario.
La actitud del alcalde iturbidense
Para comprender la postura del alcalde de San José de Iturbide, es necesario analizar la relación histórica de tensión entre los gobiernos municipales de esta demarcación y las recomendaciones emitidas por el Congreso del Estado de Guanajuato. La postura de ajustar las dietas a la austeridad presupuestal y a las recomendaciones del Congreso responde a una problemática recurrente: San José Iturbide ha figurado históricamente como uno de los municipios que más ignora los topes salariales sugeridos.
Para el ejercicio fiscal 2025, se reportó que el Ayuntamiento de San José Iturbide aprobó un incremento salarial cercano al 28%. Mientras que la recomendación del Congreso para el alcalde era de $95,969.78 mensuales brutos, el sueldo real superaba los montos que sugería el Congreso en la práctica administrativa, situando a los ediles iturbidenses entre los mejor pagados del estado en relación con su densidad poblacional.
En octubre de 2025, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, señaló que San José Iturbide era uno de los municipios cuyos alcaldes superaban los topes salariales por más del 50%. Esto generó un exhorto formal de las bancadas -especialmente de Morena y PAN- para que los ediles realizaran ajustes a la baja en aras de la congruencia con la política nacional de austeridad.
La postura del Congreso se fundamentaba en el Artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que establece que las remuneraciones deben basarse en indicadores objetivos tales como presupuesto de egresos del municipio, recaudación del impuesto predial así como el índice de marginación y crecimiento poblacional.
El detonante: La Sesión 29 y la máscara de la fiscalización
El conflicto estalló con fuerza el 29 de mayo de 2025. En la Sesión Ordinaria No. 29, los regidores de las fracciones del PAN, PRI, MC y un bloque disidente de Morena -entre quienes destacan los regidores como Víctor Metodio Basaldúa Vázquez e Hilda Carolina Ferro Zarazúa- quienes mostrarían lo que ellos consideran -en su ignorancia, soberbia y ambición- su primer "músculo" político.
Bajo el pretexto de que el Programa de Gobierno y el Plan de Obra Pública carecían de "análisis técnico", el bloque opositor votó mayoritariamente para bajar estos puntos del orden del día. Sin embargo, el Acta 29 revela que la verdadera tensión no estaba en los proyectos de infraestructura, sino en el Punto 14 de Asuntos Generales.
El alcalde propuso formalmente que los sueldos y salarios del Honorable Ayuntamiento se apegaran a lo dispuesto por el Congreso Local, ajustando las dietas a la realidad de austeridad presupuestal del municipio. La respuesta de los regidores fue una "rebelión de las dietas". Argumentaron que el recorte debía ser "generalizado" para directores y paramunicipales antes de tocar sus propios ingresos, utilizando la nómina ajena como escudo para la propia.
La sesión 30: El pacto de la oscuridad
La desfachatez alcanzó su punto máximo al día siguiente. El 30 de mayo de 2025, se celebró la Sesión Extraordinaria No. 30 con carácter de privada. Es aquí donde la acción cínica —llamando a las cosas por su nombre— se consumaría. Los regidores forzaron una sesión a puerta cerrada para tratar temas que, por ley, son de interés público: sus propios salarios y la destitución de funcionarios.
En un acto de cinismo procedimental, los regidores solicitaron "dejar sin efectos" el acuerdo de reducción de dietas tomado apenas 24 horas antes. El argumento fue tan débil como ilegal: alegaron que el acta de la sesión anterior no estaba firmada y, por tanto, el acuerdo "no existía" jurídicamente.
El propio secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, advirtió sobre la improcedencia de este acto: "Yo sé que no es legalmente procedente, sin embargo, accediendo a su solicitud está enlistado". A pesar de la advertencia legal y de la resistencia del alcalde, quien exhortó a no violentar el estado de derecho, siete regidores votaron a favor de anular la austeridad. Aquel día, el Cabildo de San José de Iturbide legisló para su bolsillo en la penumbra de la secrecía.
Los principales cabecillas del desorden y de querer generar "ingobernabilidad" en San José de Iturbide
Quienes han mantenido esta postura de confrontación salarial, bloqueando incluso el Presupuesto de Egresos 2026 -plasmada en la Acta 56- bajo pretextos de falta de anexos, son fundamentalmente dos regidores y son los de Acción Nacional.
El cabecilla de la "rebelión en la granja", es el regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez. ha sido el principal brazo ejecutor de los bloqueos en el orden del día, bajando sistemáticamente los puntos propuestos por el Ejecutivo en las sesiones de Cabildo enumeradas. Es el actual secretario del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Llegó al cargo de edil "gracias" a que en la lista de reelección presentada por el PAN para la contienda electoral -que perdió Cindy Arvizu- ocupó el primer lugar en la lista de candidatos a regidor. Este edil podría ser un "caballo de Troya" incrustado por la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández en la actual administración y donde ésta estaría dándole instrucciones, tratando de desestabilizar al gobierno que encabeza Manuel Montes de la Vega, y buscando crear una "cortina de humo" para distraer del juicio que Arvizu Hernández enfrenta ante el TJA y las observaciones de la ASF
Figura destacada es la síndica municipal, María Guadalupe Sinecio Hernández, quien quizá sea la única figura de autoridad -además del alcalde- que se ha mantenido firme al lado de la legalidad y del alcalde, votando a favor de los ajustes salariales y el orden administrativo.
Lo que las actas demuestran es un saqueo institucionalizado. Los regidores han convertido sus facultades de fiscalización en un arma de extorsión política: "Si el alcalde no nos garantiza sueldos superiores a los topes del Congreso, nosotros no le aprobamos su gobierno". En pocas palabras sus palabras se traducen en un "no nos interesa el pueblo de San José de Iturbide a quien representamos; aquí dame el billete que quiero y ya veremos...".
Esta actitud no es solo incongruente, es potencialmente delictiva. La Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal de Guanajuato son claros sobre el abuso de funciones y el conflicto de interés. En próximas entregas a publicarse en esta misma semana, desmenuzaremos cómo este bloque edilicio ha ignorado incluso las advertencias del Secretario del Ayuntamiento -quien podría estar mostrando cierta tibieza, y por momentos hasta complicidad- con tal de no ver reducidos sus privilegios.
San José de Iturbide no está en crisis por falta de presupuesto; está en crisis porque el presupuesto se queda en la mesa de buena parte del Cabildo. La "luz de la verdad" que tanto invocan los regidores en sus discursos es, en realidad, la luz que ilumina un botín que se reparten a puerta cerrada.
