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La entidad suma dos ataques directos contra el entorno de Morena en menos de diez días; un militante fue asesinado y el familiar de un diputado estatal lucha por su vida.

El primer caso ocurrió este mediodía en Irapuato, donde el cuñado del diputado Abraham Ramos Sotomayor fue herido de gravedad en su domicilio. El segundo hecho, registrado el 29 de enero, cobró la vida del empresario y activista Antonio Saldaña Reyes en San Francisco del Rincón.

Ante la escalada de agresiones, el grupo parlamentario y liderazgos del partido han exigido a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento inmediato de los hechos y el fin de la impunidad en la región.

El diputado local Abraham Ramos Sotomayor confirmó un atentado armado en su propio domicilio, lugar donde también opera un negocio familiar de venta de pollo. Aunque inicialmente se reportó el fallecimiento de una persona, el legislador aclaró que su cuñado sobrevivió, aunque su estado de salud es delicado y permanece en código amarillo. El ataque se dio mientras el diputado cumplía con sus labores legislativas de forma virtual.

El pasado 29 de enero, Antonio Saldaña Reyes, de 45 años, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la colonia El Llano. Dos sujetos en motocicleta le dispararon a corta distancia. Saldaña era una figura clave en los "Pueblos del Rincón". (https://www.infobae.com/mexico/2026/01/31/asesinan-a-empresario-y-militante-de-morena-antonio-saldana-en-guanajuato/ )

Saldaña era militante activo de Morena y exaspirante a la alcaldía de San Francisco del Rincón en 2024. Fundador del colectivo La Voz del Pueblo y defensor de la industria del calzado nacional frente al dumping.

Antares Vázquez Alatorre y la dirigencia estatal de Morena condenaron el crimen, destacando su compromiso con las causas sociales y la defensa del sector zapatero. 

-Manuel Delgado exige que los convenios de publicidad oficial no comprometan la línea editorial ni la postura crítica del gremio.

-El colectivo denuncia que las autoridades utilizan métricas de redes sociales para marginar a periodistas con trayectoria real.

-Se establece una distinción tajante entre periodistas profesionales y "paleros" que operan como instrumentos de los gobiernos.

-El gremio en Guanajuato advierte que no son enemigos del poder, pero sí fiscalizadores obligados a señalar la corrupción.

-El respeto recíproco en coberturas de seguridad es vital para evitar agresiones contra reporteros por parte de las autoridades.

-Una equivocación de parte de las autoridades premiar a quienes tienen seguidores haciendo apología del delito. 

La reciente firma de convenios entre el colectivo de Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato y diversos ayuntamientos ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: la supervivencia del periodismo profesional frente a la voracidad de la propaganda política. La entrevista con Manuel Delgado no solo es una defensa gremial, es un diagnóstico severo sobre la salud democrática de la región, donde la libertad de expresión a menudo se intenta canjear por contratos de publicidad.

Delgado, con la doble autoridad que le confiere el ejercicio periodístico y el derecho, es contundente al señalar que el acceso al presupuesto público no es una "concesión graciosa" de los alcaldes, sino un derecho legítimo que no debe silenciar la crítica. El peligro actual radica en la "dictadura del algoritmo", donde gobernantes prefieren premiar a generadores de contenido o influencers que, aunque carecen de rigor y ética informativa, ofrecen el eco de los likes y la complacencia que el periodismo de investigación jamás les otorgará.

La proliferación de "paleros" en las ruedas de prensa —personajes que fingen ser periodistas para golpear a los críticos y adular al funcionario— es otra de las llagas denunciadas. Esta táctica no solo denigra la profesión, sino que engaña a la ciudadanía al construir una realidad alterna. 

El mensaje del colectivo es una advertencia clara para el poder político: el periodista no es un empleado del ayuntamiento, es un representante de la sociedad. Si las autoridades no entienden que su papel es rendir cuentas y no comprar aplausos, el costo lo pagará una democracia que, sin prensa libre y profesional, queda ciega y a merced de la opacidad.

Tengo en la línea a un buen amigo y compañero periodista, Manuel Delgado, de un medio de comunicación de Irapuato. Manuel se va a presentar, nos va a decir su medio y otros cargos que ocupa a nivel estatal donde nos representa a los periodistas. Me siento muy complacido de poderte entrevistar, Manuel. El motivo es que ayer compartimos con muchos compañeros en Valle de Santiago una convocatoria que hiciste para firmar un documento muy importante que puso los puntos sobre las íes para quienes sí somos periodistas, para quienes son comunicadores y para quienes son generadores de contenido. Platícame, ¿qué fue lo que hubo en Valle de Santiago?

Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Efectivamente, estamos encabezando el colectivo Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato; ya tenemos dos años en este trabajo. Estamos convocando a todos los compañeros de los medios —periodistas, comunicadores e incluso generadores de contenido— para hacer un frente donde tengamos a salvaguarda nuestro derecho constitucional fundamentado en los artículos sexto y séptimo. Queremos que se respete ese factor de equilibrio que somos ante los gobiernos, porque somos un poder fáctico que tiene mucho que ver con el ejercicio de gobierno. De nosotros depende que los gobiernos sean transparentes y trabajen democráticamente; de lo contrario, trabajarían en la opacidad. Nuestro objetivo no es de complacencia. Alguien pudiera decir que estos acuerdos son institucionales y de conveniencia, pero no es así: es tenerlos cerca para vigilarlos más de cerca. El compromiso es defender al gremio usando herramientas como el Consejo de Protección. Este convenio firmado ayer es el primero en el estado, y lo haremos con todos los alcaldes e incluso con el gobierno estatal. Buscamos un respeto recíproco: no seremos golpeadores ni radicales, pero tampoco complacientes. No nos vamos a entregar a los gobiernos. Hacemos acuerdos de publicidad porque de esto vivimos, son contratos legítimos y hay un presupuesto para eso, pero eso no implica comprometer nuestra línea editorial.

Algo que me llamó la atención es que hay presidencias municipales donde, como no escribimos a modo y presentamos pruebas de que no cumplen con su deber, nos señalan como si escribiéramos para la oposición. Incomoda la verdad. Por otro lado, quieren ponernos un límite basándose en las métricas de Facebook; dicen que si tienes pocos "likes" no te compran el espacio. Olvidan que somos periodistas con trayectoria que abrimos espacios independientes. ¿Qué tan válido es que un político ponga ese tipo de cotos porque no tienes millones de seguidores como otros?

Hay gobiernos que no necesariamente son democráticos y buscan más el impacto publicitario que una proyección realista de su ejercicio. Prefieren a quienes tienen miles de seguidores aunque no tengan reacción real. La métrica no lo dice todo. En mi medio, Cadena 8 Noticias, todos mis seguidores son orgánicos; no he comprado publicidad. Puedes tener menos seguidores pero que realmente te lean y generen reacciones. Si premian a quienes tienen seguidores haciendo apología del delito, están equivocados. 

Hay que reconocer los contenidos periodísticos que atienden la demanda de verdad de la gente, sin ser sensacionalistas. A los gobiernos a veces no les interesa reflejar su ejercicio real porque solo generan acciones mediáticas. Nosotros somos el equilibrio. Los parámetros para medir deben ser los contenidos propositivos en cultura, ciencia y desarrollo social, no disparates escandalosos. Eso no le sirve a la democracia. Estamos impulsando con los alcaldes una nueva generación de información para que los contenidos generen un compromiso democrático basado en el respeto y el profesionalismo recíproco.

Ratifícame lo que deduzco: las autoridades deben entender que no somos sus "paleros" ni sus "focas aplaudidoras". No se vale que cuando la información no les favorece, aunque sea objetiva y comprobada, digan que nos paga la oposición.

La autoridad debe entender que ni nosotros somos sus enemigos ni ellos los nuestros. Deben aceptar la verdad aunque les duela. No pueden denostar a los periodistas ni hacer apología de la violencia contra los medios, porque incumplen el mandato constitucional de respetar la libertad de expresión. Quien señala esto proyecta que sus intereses no son de una gobernanza democrática. Siempre he dicho que si un político te aplaude es porque le favorece, y el día que no, te reprocha. Deben estar abiertos a la crítica porque son personajes públicos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser objetivos, pero no de complacerlos; la sociedad nos reclamaría si fuéramos aplaudidores de cualquier color.

En defensa de la prensa, ¿tú participas en algún grupo que protege la seguridad de los periodistas?

Estamos en interacción constante con el Consejo de Protección. No pertenezco formalmente a él porque he cuestionado los procedimientos de elección de consejeros, que a veces parecen ser "a modo" del gobierno estatal. Debemos impulsar la democracia interna en ese Consejo. Sin embargo, tengo contacto directo y defendemos casos críticos, como el de Evodio en León, dándole seguimiento a los protocolos de seguridad. También trabajamos en la autoprotección: no podemos exponernos más allá de la vida.

Comparto al público que Manuel Delgado, además de periodista, es abogado. En el marco del derecho, hablabas de distinguir entre periodistas, comunicadores y generadores de contenido. Todo mexicano tiene derecho a la libertad de expresión, pero no a cualquiera se le puede llamar periodista o reportero. ¿Qué me dices sobre definir qué es la prensa?

Ayer hablábamos de eso con los alcaldes. Hay que establecer una clara distinción. Yo no puedo ir a hacer una cirugía porque no soy médico; si no tengo la formación ni la certificación, no lo hago. En la comunicación se permite gente que tiene interés pero no formación. Muchos nos formamos de manera empírica; yo empecé hace 40 años y eso me valida, pero por la práctica constante.

Perdón que interrumpa, pero hace 40 años no había escuelas de periodismo aquí; el periodismo se aprendía en el campo, en los periódicos que requerían mano de obra con buena gramática y ortografía. Ahora cualquiera ve una página de Facebook como una "charola" para presentarse y publicar lo que quiere sin objetividad. ¿Coincides en que la ley de protección a periodistas tiene ambigüedades porque parece que cualquiera puede ser periodista?

Hay una distancia enorme. Antes nos exigían saber redactar bien. Ahora basta con tener un celular. El periodista conoce los géneros periodísticos, el manejo técnico de los contenidos y tiene una formación que el celular no te da. Todos tenemos libertad de expresión, pero no todos somos periodistas. Ha habido grandes periodistas que se forjaron sin título, pero fue la formación y la práctica lo que los hizo. Debemos trabajar en reformas legislativas para profesionalizar y segmentar, porque si no se regula, es grave para la vida democrática. Hay quienes se dedican a esto de manera no sana.

Somos testigos de gente que se mete a ruedas de prensa sin ser prensa, pareciendo paleros pagados que contestan lo que el funcionario quiere oír. Los utilizan para golpear a la verdadera prensa.

Sorprende ver gente extraña en ruedas de prensa haciendo las veces de periodista y cobrando. Otros son "bucaneros de la información" que se dedican a la extorsión. Es denigrante. Mientras la autoridad solo valore los números de seguidores, los contenidos no cambiarán. Si yo quisiera millones de seguidores, me dedicaría al escándalo y al chisme, pero eso no es generar contenido adecuado ni trabajar de manera solidaria. Debemos empujar como gremio hacia contenidos propositivos.

Felicito tu esfuerzo, Manuel. El gremio es difícil, pero has logrado alianzas importantes. Se nota tu experiencia al tratar con periodistas y al hacer que la autoridad entienda nuestra misión de informar y criticar con respeto.

La clave es el respeto. Lo planteé con la secretaria de Seguridad en Irapuato. En las coberturas de hechos delictivos, a veces empujan a los compañeros. No se trata de si invadimos el área; si nos tratan con cortesía, actuamos con cortesía. Pero se genera violencia porque nos ven como enemigos. Deben entender que somos fiscalizadores del ejercicio de gobierno. Estamos al nivel de cualquier funcionario; tenemos la autoridad moral de pedir cuentas claras. Nuestro papel es defender al gremio y ejercer periodismo de calidad, no ir a quedar bien con la gobernadora o los diputados.

Esas actitudes groseras de bloqueo mandan el mensaje de que quieren esconder algo. Si no hay nada que esconder, no hay por qué actuar así.

Debemos tener claro que la autoridad representa a la ciudadanía, y nosotros también. No actuamos como individuos, sino en función de la sociedad que nos demanda transparencia y compromiso. Tenemos la misma cualificación profesional que cualquier nivel de gobierno porque atendemos a la gente. Si no lo entienden así, los lectores se los harán ver.

Manuel, te agradezco la entrevista. No será la última vez que hablemos de este colectivo. ¿Algo más que quieras comentar?

Un mensaje a los políticos: somos escuderos y protectores de la sociedad, no del gobierno. Nos debemos a la gente. Los acuerdos de comercialización son legales y democráticos porque hay un presupuesto; no nos pagan por los contenidos, sino por un servicio de publicidad (spots, banners). No les debemos nada; al contrario, ellos nos deben respeto al ejercicio periodístico. Es un respeto recíproco.

Muchas gracias. He entrevistado a Manuel Delgado, quien preside este colectivo de periodistas en el estado de Guanajuato.

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-La captura del exatleta olímpico Ryan Wedding revela la presencia de agentes del FBI operando en territorio de la Ciudad de México.

-Adela Micha denuncia el uso de imágenes creadas con inteligencia artificial para sostener la narrativa oficial de una entrega.

-El embajador Esteban Moctezuma confirmó involuntariamente la colaboración estrecha con equipos de seguridad de Estados Unidos.

-Ryan Wedding pasó de ser una promesa del deporte canadiense a liderar operaciones masivas para el peligroso Cártel de Sinaloa.

-El caso marca un cambio de paradigma en la relación bilateral y pone en duda la verdadera autonomía de la seguridad nacional.

La reciente detención del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding ha desatado una tormenta política en México, no solo por el perfil cinematográfico del criminal, sino por las profundas contradicciones entre la narrativa del Gobierno Federal y los hechos documentados por agencias internacionales. Según lo expuesto por Adela Micha, la versión oficial que sostiene una entrega voluntaria frente a la Embajada de Estados Unidos parece desmoronarse ante las evidencias de una operación táctica conjunta.

La controversia escaló cuando se reveló que la fotografía utilizada por la administración de Claudia Sheinbaum para validar la entrega de Wedding era, en realidad, una imagen generada mediante inteligencia artificial. Este intento de control narrativo chocó frontalmente con las declaraciones del embajador Esteban Moctezuma, quien en una entrevista para Fox News citó el agradecimiento del director del FBI, Kash Patel, hacia las fuerzas mexicanas por trabajar codo a codo en una operación de aprehensión que ocurrió en el terreno.

Ryan Wedding representa una de las trayectorias criminales más inusuales del siglo XXI. De competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, pasó a convertirse en un pilar del Cártel de Sinaloa, coordinando el tráfico de toneladas de cocaína hacia Canadá y Estados Unidos. Su peligrosidad era tal que el FBI ofrecía quince millones de dólares por su captura, vinculándolo no solo con el tráfico de drogas a gran escala, sino con asesinatos de civiles inocentes.

La caída de Wedding, motivada por su propia ostentación y descuido, podría significar mucho más que la captura de un fugitivo de alto valor. Si se confirma que agentes estadounidenses ejecutaron la detención en plena Ciudad de México, estaríamos ante el inicio de una era de operativos secretos que desafían el discurso tradicional de soberanía nacional. Este evento obliga a una revisión profunda de la transparencia en la cooperación binacional y el verdadero estado de la guerra contra el narcotráfico en suelo mexicano.

Adela Micha y Roberta Garza desmenuzan el desastre de comunicación en el caso Ryan Wedding. Tres claves exponen la fragilidad del discurso oficial frente a la realidad binacional.

La narrativa de la entrega voluntaria se desploma frente a las evidencias de una operación del FBI.

La entrevista entre Adela Micha y Roberta Garza pone el dedo en la llaga sobre un tema que lacera la credibilidad institucional: la simulación de la soberanía nacional. La revelación de que la captura del capo canadiense Ryan Wedding fue una operación táctica de unidades de élite estadounidenses, y no una entrega pactada como sostiene Palacio Nacional, deja al descubierto un manejo de crisis que Garza califica de pedestre y burdo.

El uso de una fotografía generada con inteligencia artificial para validar la versión oficial no es solo un error técnico, sino una falta de respeto a la inteligencia ciudadana. Mientras la presidenta Sheinbaum insiste en una narrativa de autonomía, las declaraciones accidentales del embajador Esteban Moctezuma y las confirmaciones del FBI pintan un panorama donde México parece ceder ante la presión de Washington, aceptando operativos que antes se daban por terminados.

Hacia el futuro, el análisis advierte sobre una relación bilateral asimétrica y peligrosa. Con una administración en Estados Unidos que rompe protocolos y un equipo diplomático mexicano debilitado por nombramientos políticos, la soberanía parece haber pasado de ser un principio constitucional a una herramienta de propaganda. La captura de Wedding es la prueba de que, en la guerra contra el narco, la verdad sigue siendo la primera baja.

No una, cuatro veces. Cuatro nos dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que el narcotraficante y exatleta canadiense Ryan Wedding se entregó voluntariamente a las autoridades en nuestro país. Sobre todo, tanto ella como todos los morenistas han intentado sostener la versión de que no hubo ningún operativo de fuerzas de seguridad estadounidenses en la Ciudad de México para detenerlo. En su afán por sostener esta versión, la presidenta incluso llegó a mostrar una fotografía falsa hecha con inteligencia artificial donde en teoría se ve a Ryan Wedding afuera de la embajada antes de entregarse a las autoridades estadounidenses. Ni era la actual embajada.

Déjenme decirle una cosa sobre la última aprehensión que ocurrió en México de Ryan Wedding. Saben que Kash Patel, del FBI, envió un tremendo reconocimiento al gobierno de México, a la presidenta, al secretario Harfuch y a los militares y oficiales de la ley en México con nuestros equipos. 

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, lo que hizo fue reavivar esta polémica porque ha estado dando entrevistas en Estados Unidos; lo hizo en el canal Fox News. Ahí, el embajador destacó la colaboración de seguridad que hay entre ambos países y citó las palabras de reconocimiento a México del director del FBI, Kash Patel.

Armamos una estrategia de operación y aquí estamos hoy trayéndolo ante la justicia por traficar cientos de kilos de cocaína y también por el asesinato de civiles inocentes. Este individuo y su organización en el Cártel de Sinaloa vertieron narcóticos en las calles de América del Norte y mataron a demasiados de nuestros jóvenes y corromperion a demasiados de nuestros ciudadanos. Y eso termina hoy. También quiero dar un tremendo reconocimiento al gobierno de México, a la presidenta Sheinbaum, al secretario Harfuch y a los oficiales militares y de la ley en México que trabajaron codo a codo con nuestros equipos en el terreno allí para aprehender anoche a Ryan Wedding.

Hay que recordar que a finales de la semana pasada el diario The Wall Street Journal publicó un texto en el que se sostiene que el FBI sí participó en la detención de Ryan Wedding, pero que el operativo tenía que mantenerse en secreto para no destrozar públicamente la narrativa de la soberanía nacional que mantiene la presidenta Sheinbaum y para no afectar las relaciones bilaterales. De hecho, habrían sido agentes del FBI los que esposaron a Wedding y, según el reportaje, el equipo que arrestó a Wedding habría participado también en la captura del dictador Nicolás Maduro. En realidad, el arresto de Ryan Wedding es solo la culminación de la carrera de un criminal singular.

Si un guionista de cine escribiera la historia de este hombre que pasó de ser un atleta olímpico de élite a un Pablo Escobar contemporáneo, la neta pocos podríamos creerla porque no hay nada que se le parezca. Este hombre nació en Ontario, Canadá; su familia era dueña de un complejo de esquí donde entrenaban grandes atletas. A los doce años se mudó cerca de Vancouver donde comenzó a dedicarse al snowboarding. Sus entrenadores lo recuerdan como un joven intrépido, sin temores, que hacía lo que otros deportistas jamás se hubieran atrevido. En el dos mil dos, con tan solo veinte años, logró representar a su país, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El problema para Ryan Wedding es que siempre quería más y sabía que su carrera como deportista jamás podría pagarle el estilo de vida que deseaba. Pocos años después de sus éxitos deportivos en Vancouver comenzó a relacionarse con el mundo criminal: dueños de bares, lavadores de dinero, dealers y traficantes de droga. Su primer negocio fue un plantío de marihuana que puso en una granja de un amigo suyo y el negocio le dejaba, dicen, por lo menos dos millones de pesos al mes. El problema estuvo en que utilizaban lámparas especiales que consumían demasiada luz y esto permitió que las autoridades canadienses descubrieran el sembradío e incautaran narcóticos.

Él tenía menos de veinticinco años y como la granja no era suya, logró salir libre. Esto no le sirvió para aprender ninguna lección. En dos mil ocho, a los veintisiete años, se metió al negocio del tráfico de cocaína, pero en su primera movida fue arrestado por un agente encubierto del FBI. Pasó tres años en prisión y fue ahí donde conoció a narcotraficantes mexicanos. Su estancia en la cárcel fue más bien como una universidad del crimen organizado. Al salir de la cárcel en dos mil once se estableció en Montreal y desde ahí comenzó a traficar toneladas de cocaína con el cártel de Sinaloa hacia Canadá y Estados Unidos. Cuando trataron de atraparlo, se vino a vivir a México.

Aquí se fue convirtiendo en uno de los narcotraficantes más importantes del cártel de Sinaloa. Casi todos sus cargamentos llegaban a Los Ángeles. Su negocio y su crueldad fueron en aumento; traficaba miles de millones de dólares anuales y asesinaba a cualquiera que intentara traicionarlo. Sus crímenes hicieron que entrara en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, por el que se ofrecía una recompensa de quince millones de dólares. El problema es que las mismas ambiciones que lo llevaron a ser un deportista ejemplar y un narcotraficante importante terminaron por derrumbarlo. Le gustaba presumir sus éxitos, su dinero, sus coches y sus propiedades.

Fue así, por sus descuidos y ostentaciones, como finalmente lo detuvieron el pasado veintidós de enero. Ahora, si la versión del FBI es cierta, la caída de Ryan Wedding estaría inaugurando esta era de los operativos secretos de los Estados Unidos en territorio mexicano. Esta historia comienza con un joven ambicioso y terminaría con el fin de la soberanía nacional. Es la tragedia de un joven deportista convertido en criminal que termina con un cambio de paradigma en la guerra contra el narcotráfico aquí en México. Yo soy Adela Micha. 

Bueno, nos enlazamos en este momento con la periodista y editora Roberta Garza. ¿Cómo estás, Roberta? Buen día.

Hola, Adela. Gracias por invitarme a tu programa. Mucho gusto, buenos días a todos.

Igualmente, Roberta. Bueno, pues parece que Esteban Moctezuma no dijo lo que dijo; fue un poco de manera accidental. Citó a Kash Patel, del FBI. ¿Qué piensas tú al respecto y qué se dice allá en Estados Unidos?

Mira, esto ha sido toda una cadena de enredos genuinamente. Tú lo semblanteaste estupendamente. Efectivamente, el discurso que iba a ser oficial de los dos lados del Bravo era un asunto de una entrega. Ellos pactaron encuadrarlo así para que ni tú ni yo cuestionáramos una entrega inverosímil, pero es un discurso que vale. El problema fue Kash Patel de nuevo. Él es una persona inexperta; no tenía realmente ligas con la comunidad de inteligencia ni era un oficial de carrera. Entonces, no sabe manejar las sutilezas de la comunicación. Una persona con experiencia jamás hubiera hecho eso, pero él se emocionó con la captura del gran narco y soltó esta perla fuera del guion. Hizo énfasis en que el equipo del FBI que capturó a Maduro fue el que capturó a Ryan Wedding en suelo mexicano, echando por la borda el discurso oficial de nuestro gobierno.

Me parece, Adela, que el asunto de Moctezuma fue algo similar. No creo que Moctezuma, siendo el embajador en Washington, lo hiciera a propósito. Estaba tratando de defender las acciones de la presidencia destacando cómo Kash Patel nos elogió, pero se le resbaló el detalle que corroboraba la versión de un arresto y no de una entrega. Son errores de comunicación fuertes de los dos lados que nos hacen vislumbrar la verdad. Ahora, la verdad no está muy clara: está claro que no se entregó y que fue capturado por una unidad de élite, pero no sabemos en qué términos. No es la primera vez que operadores americanos trabajan en suelo mexicano; incluso puntean las misiones.

Sí, claro. No es ninguna novedad, sobre todo la DEA es la principal, pero también hay agentes del FBI, de la CIA y de Homeland Security.

Todos están enquistados en la embajada. Muchos de los agregados culturales de las embajadas y consulados gringos son agentes. Todos operan en distintas capacidades. Históricamente lo hacían con la anuencia de las policías mexicanas. Incluso en operativos donde, aunque se supone que no pueden participar armados, tenemos registros de que lo hacen. Yo lo presencié cuando cubrí el juicio de "El Chapo" en Nueva York. Vimos al agente Vázquez de la DEA y presentaron un video donde él agarra un mazo e intenta tumbar la puerta reforzada de la casa de Culiacán. Ese operativo en video muestra al agente Vázquez con chaqueta mexicana y armas entrando para tratar de apañar a Guzmán Loera. Está asentado en la corte; no es el primero ni será el único.

Es vox populi que trabajan en colaboración, o trabajaban hasta que López Obrador limitó la colaboración de las agencias gringas. Trabajaban de la mano con el ejército mexicano para combatir el crimen organizado. El problema ahora es que antes se hacía con la anuencia voluntaria de las autoridades mexicanas, que agradecían el enorme cofre de recursos: satélites, intercepciones y gente infiltrada. A partir del sexenio pasado se corta esa cooperación, se expulsan agentes y todo se pone en pausa. Los gringos siguen operando e implantando gente, pero ya no tienen esa relación amistosa. Ahora, con este caso, evidentemente volvieron a aceptar esta cooperación, pero no sabemos bajo qué términos o quién lideraba la misión.

También se habla de que hubo una negociación tras el operativo de captura y que por eso Wedding habría salido hacia los agentes; por eso está vivo. ¿Qué negociaron? No lo sabemos y difícilmente lo sabremos, a menos que haya un juicio público en Estados Unidos. Si llega a un acuerdo de cooperación, no habrá juicio y la información no saldrá. Wedding se paseaba felizmente por la Ciudad de México en los mejores hoteles sin problema alguno, lo que indica que tenía cierto grado de protección de las autoridades mexicanas. Tiene con qué negociar. Su perfil es tremendo: movía mil millones de dólares de cocaína al año y sus propios captores lo describen como una persona arrogante que se sentía superior a ellos.

Roberta, ¿y este caso ha sido tan mediático en Estados Unidos como en México?

Sí, porque él es canadiense, es "de ellos". Para los americanos, cuando dices "capo" piensas en alguien moreno o de rasgos mexicanos. Este caso es la anomalía; no es común ver a la autoridad sometiendo a un individuo de ese perfil físico. Ha causado mucho interés. Lo que queda claro es que la soberanía que nos quisieron vender es una mentira. Me pregunto por qué no han corrido al equipo de comunicación social de presidencia, porque ha sido un desastre. ¿Quién le pasa a la presidenta una foto alterada que es facilísimo diagnosticar? Es increíble que manejen niveles tan burdos en el más alto puesto federal.

Y ahora la narrativa es que no es tan importante si se entregó o lo detuvieron, sino que ya está detenido. Pero claro que es importante que nos cuenten la verdad.

Exactamente. No era tan difícil decir que se logró la captura en colaboración. El manejo de comunicación es pedestre. Hacia adelante, las relaciones son imprevisibles, especialmente con Donald Trump, quien ha roto todos los protocolos. Tenemos una ejecutiva tratando de hacer lo mejor posible ante una potencia que se comporta como una tiranía. Trump dice públicamente lo que acuerda con ella, como lo de Cuba, aunque aquí se diga otra cosa. México no parece preparado para hacer frente a lo que viene de Washington, con un equipo diplomático debilitado y operadores de comunicación deficientes. Si pueden llevarse al presidente de un país soberano como Venezuela, podrían bombardear un laboratorio en Sinaloa. Hay que esperar una visión más honesta y menos ridícula de la comunicación desde México.

#MetroNewsMx

-Nepotismo y complicidad: El rostro de la "esperanza" en Celaya

-La regidora de Movimiento Ciudadano, Carmen Ortiz Jamaica, es señalada como presunta defensora legal de su hermano en un caso de estafa y robo.

-El poder público utilizado como blindaje jurídico para proteger intereses familiares por encima de la justicia ciudadana.

-Una empresaria local denuncia el robo de electrodomésticos y el abandono de una obra tras pagar 1.5 millones de pesos.

-La indiferencia de la representante popular ante los reclamos de las víctimas confirma la desconexión moral con su cargo.

-El silencio institucional y la "tapadera" familiar erosionan la ya frágil confianza en el Ayuntamiento de Celaya.

Los periodistas Lynnet Rubio y Marco Mancera, exhiben a través de VIA en un trabajo profesional periodístico, presentan un caso vergonzoso que va de la mano con la realidad de la administración municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez, nepotismo y corrupción. 

Lo que se evidencia en la denuncia contra la regidora de Movimiento Ciudadano en Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, no es solo un pleito entre particulares; es el retrato hablado de la degradación del servicio público convertida en despacho de defensa familiar. Cuando una representante del pueblo decide cambiar el interés general por la protección jurídica de un hermano acusado de estafa y robo, el cargo de regidora deja de ser una responsabilidad civil para convertirse en un escudo de impunidad.

El testimonio de la empresaria afectada es devastador por su sencillez: un pago de un millón y medio de pesos, una obra inconclusa y el robo literal de electrodomésticos bajo el pretexto de "resguardarlos". Sin embargo, el filo de esta indignación no corta por la acción del hermano, Juan Ortiz Jamaica, sino por la participación activa de la regidora, quien, según la denuncia, fungió como abogada defensora a pesar de conocer de antemano el origen ilícito del conflicto.

Resulta éticamente insostenible que una integrante del Ayuntamiento de Celaya se siente en el pleno para discutir el futuro de la ciudad, mientras en los juzgados penales batalla para evitar que su familia responda por actos de rapiña doméstica y fraude comercial.

La respuesta de la regidora ante los reclamos de la víctima —un recurrente "no sé dónde está mi hermano"— es de una pobreza moral absoluta. No es solo indiferencia; es complicidad activa por omisión. Al negar el paradero de los responsables y mostrar una "indiferencia sistemática" ante los medios de comunicación, Ortiz Jamaica no solo le falla a una ciudadana, sino que traiciona los principios de honestidad y transparencia que su propio partido suele pregonar.

El periodismo local lo define con claridad: la regidora está actuando como una "tapadera". En un estado como Guanajuato, donde la violencia y la falta de estado de derecho son el pan de cada día, que una autoridad municipal utilice su influencia y conocimientos legales para blindar a presuntos delincuentes dentro de su propio árbol genealógico es un mensaje perverso para la sociedad.

Si para recuperar lo robado la víctima tuvo que enfrentarse no solo al estafador, sino a la estructura legal encabezada por una regidora, estamos ante un caso de abuso de poder simbólico y material. Celaya no necesita representantes que litiguen a favor de la infamia familiar; necesita servidores que entiendan que su primera lealtad es con la ley, no con la sangre.

Lynnet Rubio: 

Recibimos en la redacción de Vía Noticias una denuncia por parte de una empresaria de Celaya de un negocio muy conocido de la ciudad que lamentablemente fue estafada por un hermano de la regidora Carmen Ortiz Jamaica de Movimiento Ciudadano en el municipio de Celaya. Este hombre, que al parecer se dedica a la construcción y tiene una empresa de la cual conocerán durante la nota de mi compañero Marco Mancera, pues le ofreció sus servicios, le quedó muy mal, le robó los electrodomésticos de su casa y no ha terminado de entregarle la obra que ella pagó para que le llevaran a cabo. El problema es este, pero el mayor problema es que quien ha estado defendiendo como abogada a su hermano es la propia regidora del Ayuntamiento, Carmen Ortiz Jamaica, en lo que pareciera pues que es el aprovechar su posición como regidora para defender al hermano que lamentablemente estafó a esta empresaria celayense. Aquí le presentamos todos los detalles de esta denuncia.

La regidora del Ayuntamiento de Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una conocida empresaria celayense, a quien llamaremos Mari por seguridad, hiciera pública una grave denuncia ante Vía Noticias. De acuerdo con su testimonio, Juan Ortiz Jamaica, hermano de la regidora, a través de su empresa Jaro Construcciones, habría dejado inconclusa la construcción de su vivienda pese a haber recibido un pago anticipado de alrededor de un millón y medio de pesos. La empresaria señala que además de dejar la obra a medias y con materiales de baja calidad, tuvo que interponer una denuncia penal por el presunto robo de electrodomésticos cometido asegura por los hermanos de la regidora.

Este... nunca me entregaron ni nada y aparte de de que me iban a entregar me robaron todos mis electrodomésticos.

¿cómo fue esa parte?

ellos me llevaron a Whirlpool y ellos me dijeron: Oiga señora dice antes de que usted termine su casa para no dejarlos ahí no se los vayan a robar ¿por qué no los resguardo?

Era ¿una bodega de ellos o qué?

sí, bodega de ellos y me dijo ahí dijo: Cuando nosotros terminemos su casa yo se los ponemos y nunca me los nunca se los entregaron. Nunca me los entregaron hasta que yo hice la demanda, demanda que yo ya tengo y este entonces yo le anduve buscando a a Hugo a su hijo a él a Juan Ortiz y a este Hugo su hijo del señor.

¿con quién se hizo el trato? ¿con Hugo?

no, con el con el papá... con con Juan con Juan Ortiz él exingeniero exingeniero hermano de la regidora regidora que ahora tenemos es hermano y todo es la la regidora Carmen Ortiz Jamaica y este entonces yo los anduve buscando y todo eso. Entonces cuando yo demandé a a este Hugo porque fue quien se robó todos mis electrodomésticos y pues puse también a su papá entonces está su defensora está Carmen Carmen Ortiz Jamaica a su defensora y ella sabía de antemano que su hermano me había robado y que no había terminado mi casa.

En dicho proceso Carmen Ortiz Jamaica defendió legalmente a su familia perdiendo el caso. Pese a ello aún se le adeuda cerca de un millón de pesos además de los gastos por reparaciones situación que quedó asentada en un acta notariada. La denunciante afirma estar cansada de cobrar y de que la regidora niegue el paradero de sus hermanos.

Ella varias veces que yo me la encuentro le digo: Oye dile a tu hermano que me pague. Y siempre me dice: Es que no sé yo no sé es que no sé dónde está no sé qué tal por favor. O sea ¿cómo no saber o sea o sea pues lavándose las manos y creo que no se me hace justo porque ella de antemano sabe de que que me deben ellos y ella cuando yo metí la demanda yo la volví a ver ahí en los juzgados y le dije.

¿metió una demanda penal?

sí por el robo de los electrodomésticos ahí te la gané ya la gané el otro año me la pagan y eso porque gracias a Dios tuve buenos jueces y ya no les convino y qué casualidad que me pagaron cuando el juez ya les dice lo que me tienen que pagar luego luego me fueron a dejar mi lana o sea primero me hicieron gastar. Sigue inconclusa y yo la tuve que terminar y he gastado y hasta la fecha sigo gastando dinero pues que me pague que me dé o sea que me pague lo lo que me robó que me pague mis daños nada más yo no le estoy pidiendo nada yo estoy pidiendo lo justo qué poca madre la verdad o sea sinceramente que poca madre que tengan dignidad y más sabiendo sabiendo antes y después que ella sabe de antemano que ellos no me han pagado y ella quedó con el abogado de acercarse para llegar a un acuerdo y fecha que nunca llegó.

Lynnet Rubio: 

Vale la pena resaltar que la primera denuncia hecha por la empresaria celayense ya se ganó en el ámbito de lo penal y tuvieron que devolverle o pagarle los electrodomésticos que le habían robado ahora interpondrá una nueva denuncia en contra de este constructor a fin de que repare las cosas que faltaron en la casa y bueno pues ojalá que la regidora la piense dos veces antes de seguir defendiendo a su hermano en lugar de hacer frente a sus responsabilidades. Quiero decirle que personalmente me comuniqué con la regidora Carmen Ortiz Jamaica para decirle sobre esta denuncia y nunca mostró interés ni siquiera un poco de interés en acercarse a esta redacción para poder aclarar este asunto. Hablamos de esta denuncia con el propósito de que las partes interesadas conocieran de esta situación y llegara a un acuerdo y sistemáticamente pues mostró indiferencia para poder resolver este asunto entre particulares. Una pena que quienes hoy están en un cargo público y que deberían de conducirse con verticalidad con honestidad pues lamentablemente estén siendo tapaderas de estos casos.

-La omisión institucional frente a las agresiones contra la prensa es un mensaje de impunidad.

-A diez meses de promesas incumplidas, el gremio periodístico denuncia una opacidad sistemática.

-La ausencia del Fiscal en el Consejo de Protección evidencia el desdén por la seguridad de los comunicadores.

-Antecedentes periodísticos de agresividad de la Fiscalía contra reporteros demuestran no sólo desdén, sino desprecio

-Periodistas enfrentan hostigamiento policial y municipal en un contexto de violencia desbordada.

-La ONU y la Unión Europea atestiguan la urgencia de justicia tras años de crímenes sin castigo.

El posicionamiento emitido este 3 de febrero de 2026 por las y los periodistas de Guanajuato no es solo una exigencia de información; es el diagnóstico de una democracia herida. Lo que el gremio pone sobre la mesa es una realidad lacerante: en Guanajuato, la palabra empeñada por las autoridades tiene un peso nulo frente al silencio de los fusiles y la opacidad de los escritorios.

El incumplimiento del compromiso asumido el 10 de marzo de 2025 por el Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, no es un descuido administrativo. Es una decisión política. Al no informar sobre los avances en las investigaciones de asesinatos y desapariciones, el Estado no solo desprotege a la víctima, sino que le otorga un mensaqje de permiso al victimario. La impunidad es, en sí misma, una forma de agresión que envía un mensaje contundente: silenciar a un periodista en Guanajuato no tiene consecuencias.

Lo peor del caso, es que la misma Fiscalía, a través de su titular Gerardo Vázquez Alatriste (https://www.metronewsmx.com/2025/09/fiscal-de-guanajuato-palmando.html ) o de sus empleados de segunda clase (https://www.metronewsmx.com/2025/10/editorial-fiscalia-de-guanajuato.html ), agreden a los periodistas, en lo que enfatiza más no sólo la falta de respeto a quienes ejercemos la alta responsabilidad de informar y darle voz a los que no la tienen, sino un mensaje de desprecio evidente.

Resulta particularmente alarmante la ausencia reiterada del Fiscal General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección. Este vacío institucional es simbólico: representa la desconexión entre la procuración de justicia y la prevención. Si quien debe investigar los delitos no se digna a participar en los mecanismos de protección, el mensaje para el gremio es de total indefensión. La protección no puede ser una política de "buena voluntad", sino una obligación constitucional que hoy parece estar en pausa.

El análisis del gremio destaca una pinza de presión asfixiante. Por un lado, la violencia criminal que azota la entidad; por el otro, el hostigamiento de autoridades municipales y corporaciones policiacas. Es una ironía trágica que las mismas fuerzas que deberían garantizar el orden sean señaladas como agentes de acoso. Bajo esta estructura, el periodismo en campo se convierte en un acto de fe y resistencia, donde el riesgo no solo viene de la sombra, sino también de la luz pública.

La presencia de organismos como la ONU y la Unión Europea subraya que el caso Guanajuato ya no es un asunto doméstico, sino una crisis de derechos humanos con eco internacional. La exigencia de un informe público y verificable sobre casos emblemáticos —más allá del solitario avance en el asesinato de Israel Vázquez Rangel— es el último llamado a la transparencia.

Sin sentencias condenatorias, el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión es letra muerta. Para que la confianza se restablezca, el Estado debe entender que la libertad de prensa no es una concesión gubernamental, sino la columna vertebral de una sociedad libre. En Guanajuato, esa columna está fracturada por la desidia y la opacidad.

Guanajuato, Guanajuato  03 de febrero del 2026. 

Posicionamiento de periodistas:

A más de diez meses de la reunión sostenida el 10 de marzo de 2025 con autoridades estatales, entre ellas el Fiscal General de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, las y los periodistas de Guanajuato constatamos el incumplimiento del compromiso de informar periódicamente sobre los avances en las investigaciones de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en la entidad.

Dicho compromiso fue asumido tras un pronunciamiento público firmado por 126 periodistas, medios de comunicación y colectivos de búsqueda, como una medida mínima para garantizar verdad, justicia y no repetición. Sin embargo, hasta hoy no se ha entregado información formal, sistemática ni pública ni al gremio ni a las familias de las víctimas, lo que profundiza un clima de indefensión, opacidad e impunidad.

En ese contexto, los periodistas salen todos los días a realizar su trabajo en campo en un estado marcado por altos niveles de violencia, pero también enfrentan hostigamiento de parte de autoridades, principalmente del ámbito municipal, así como de elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas. Los crímenes contra la prensa incrementan nuestra vulnerabilidad y la  impunidad de estos delitos envía un mensaje de tolerancia frente a quienes buscan silenciar el ejercicio periodístico, tanto de actores públicos como fácticos. 

Por el contrario, que esta Fiscalía logre llevar a los responsables ante la justicia y su trabajo de investigación derive en sentencias condenatorias, sería un contundente mensaje desde el Estado para frenar cualquier agresión contra el ejercicio periodístico y el derecho a informar. 

Nos preocupa además la reiterada ausencia del titular de la Fiscalía General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección, lo que vemos como una falta de compromiso para atender de manera seria y responsable la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En el marco de la visita y presentación “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, con la participación de personal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, resulta impostergable que el Estado de Guanajuato rinda un informe público y verificable sobre:

-El avance real de las investigaciones por asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, pues a excepción del caso de Israel Vázquez Rangel, caso en el que en 2023 se emitieron sentencias condenatorias en contra de dos autores del crimen, no hay ni sentencias y mucho menos personas detenidas en otros asuntos. 

-La aplicación efectiva del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

-Las sentencias obtenidas y las medidas de no repetición, tanto frente a actores públicos como a actores fácticos que amenazan la libertad de expresión en la entidad.

Reiteramos que sin información, no hay confianza; sin justicia, no hay garantías; y sin garantías, la libertad de expresión en Guanajuato sigue bajo amenaza. Este posicionamiento no es nuevo: es la continuidad de exigencias legítimas que siguen sin respuesta, pese a la gravedad de los hechos y al reconocimiento internacional de que el periodismo en México es una actividad de alto riesgo.

Las y los periodistas de Guanajuato exigimos que los compromisos asumidos dejen de ser declaraciones y se traduzcan en acciones concretas, transparencia institucional y resultados medibles. La protección del periodismo no es una concesión: es una obligación del Estado.

No olvidamos. No normalizamos la violencia.

Y no dejaremos de exigir verdad, justicia y garantías para ejercer el periodismo en Guanajuato. #MetroNewsMx

-La gobernadora ofrece reuniones privadas mientras el gremio exige transparencia pública ante la ONU.

-El Estado intenta reducir una crisis de derechos humanos a una revisión de carpetas de tú a tú.

-La persistente opacidad en los crímenes contra la prensa mantiene a Guanajuato en los peores índices de libertad de expresión.

-La impunidad que rodea a los periodistas y buscadoras no es falta de capacidad, sino falta de voluntad política.

-Sin la participación de las familias y el gremio en pleno, cualquier promesa oficial es solo otro acto de simulación.

El reciente intercambio entre el gremio periodístico de Guanajuato y la titular del Ejecutivo estatal, Libia Denisse García Muñoz Ledo -plasmado en video por el compañero periodista Alex Ramblas- ha dejado al descubierto una brecha profunda y peligrosa: mientras los periodistas exigen justicia abierta y verificable, el poder responde con la oferta de la cercanía privada. La propuesta de la gobernadora de revisar los expedientes "de tú a tú" no es una solución, sino una táctica de fragmentación que busca diluir una exigencia colectiva en la discrecionalidad de una oficina.

Lo que ocurrió frente a las cámaras y ante la mirada de observadores internacionales de la ONU y la Unión Europea es el retrato de un Estado que se resiste a rendir cuentas. No se trata de una falta de información técnica sobre las carpetas de investigación; se trata de una parálisis sistémica que puede convertir a Guanajuato en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo y la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando la autoridad argumenta que "hay avances relevantes" pero que estos deben conocerse en mesas selectas para "tranquilidad" del gremio, incurre en una contradicción vital. La tranquilidad no emana del secreto, sino de la sentencia. El gremio ha sido enfático: el compromiso asumido hace casi un año fue informar de manera periódica y pública. Pretender que la justicia se "atiende" en reuniones de comitivas reducidas es ignorar que el daño causado por el asesinato o la desaparición de un comunicador es una herida al derecho a la información de toda la sociedad.

Es particularmente grave el señalamiento de los periodistas sobre el desconocimiento que tienen las familias y las madres buscadoras respecto a sus propios casos. El Estado parece olvidar que las víctimas directas e indirectas tienen el derecho inalienable a la verdad. La justicia que se presume en discursos pero que no se refleja en las notificaciones a los deudos es, en términos prácticos, inexistente.

La insistencia de los periodistas para que la comunidad internacional sea testigo de estos compromisos no es gratuita. Es el resultado de años de promesas que se quedan en "buenas voluntades". Guanajuato ya no puede permitirse el lujo de las declaraciones diplomáticas mientras sus periodistas salen al campo con el temor de ser los próximos en la lista.

La gobernadora y el Fiscal General deben entender que la mesa está servida para una sola cosa: resultados medibles. La justicia en Guanajuato no puede seguir siendo un asunto de fe; tiene que ser un asunto de hechos, de detenidos y de sentencias. Cualquier cosa menos que eso seguirá siendo el silencio que mata la verdad. #MetroNewsMx