-La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha iniciado una investigación formal por presuntas irregularidades en el nombramiento de la Dirección de Personal.
-Autoridades ministeriales requirieron oficialmente a la Oficialía Mayor de Celaya el perfil de puesto y la documentación presentada por María Alma "N".
-El caso deriva de una denuncia interpuesta por Sergio Ismael, quien busca aclarar la legalidad de los procesos administrativos y la designación en la administración municipal.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato ha solicitado formalmente a la Oficialía Mayor del municipio de Celaya información crítica sobre la designación de la actual Directora de Personal, María Alma "N". Esta acción deriva de una Carpeta de Investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por "N", en la que se señalan posibles hechos constitutivos de delito cometidos en agravio de la administración pública municipal.
Mediante un oficio girado por el Agente del Ministerio Público, Lic. Juan Iván Domínguez Cervantes, la autoridad investigadora exige la entrega física, en copias certificadas legibles, de cuatro elementos clave para el proceso judicial: el perfil de puesto oficial para el cargo de Director de Personal, la documentación curricular que María Alma "N" presentó para acceder al puesto, el nombre y cargo del servidor público que validó dicha documentación, y el nombramiento oficial de la funcionaria.
La solicitud se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Este requerimiento marca un paso significativo en la indagatoria sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales en la estructura administrativa del municipio celayense, un tema que ha generado atención en el ámbito de la rendición de cuentas regional.
Conforme a lo instruido, la respuesta de la Oficialía Mayor será determinante para esclarecer las posibles irregularidades señaladas en la denuncia original y definir la situación administrativa de la Dirección de Personal ante las autoridades competentes.
El texto íntegro del documento enviado a la Oficialía Mayor del municipio de Celaya
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CARPETA DE INVESTIGACIÓN:
OFICIO:
ASUNTO:
Guanajuato, Guanajuato; 31 de Julio
OFICIALÍA MAYOR DE CELAYA; GUANAJUATO.
PORTAL INDEPENDENCIA #101 ZONA CENTRO. CP. 38000 CELAYA, GUANAJUATO
PRESENTE:
Anteponiendo un cordial saludo, y en atención a la Carpeta de investigación citada al rubro, que tiene su génesis mediante escrito de denuncia suscrito por la persona de nombre "N", de la cual hace de conocimiento a esta Fiscalía Especializada sobre hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio del Municipio de Celaya; Guanajuato.
Con motivo de lo anterior. esta autoridad investigadora solicita de su apreciable colaboración en el sentido de remitir de manera física en copia certificada legible lo que a continuación me permito enlistar:
1. Perfil de puesto requerido para el cargo de Director de Personal de la Administración Pública Municipal de Celaya; Guanajuato.
2. Copias certificadas de la documental que presento la persona de nombre Maria Alma "N" para ocupar el puesto de Directora de Personal de la Administración Pública Municipal de Celaya; Guanajuato.
3. Nombre y cargo de la persona servidora pública que recibió la documental con la que María Alma Rosas López presento para ocupar el cargo de Directora de Personal de la Administración Pública Municipal de Celaya; Guanajuato.
4. Nombramiento de la persona de nombre María Alma "N".
Lo anterior de conformidad y con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 35 fracción VI párrafo tercero y 132 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 131 fracción IX, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 10 fracción II inciso c) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y Acuerdo 1-2017 por el que se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato.
ATENTAMENTE:
LIC. JUAN IVÁN DOMÍNGUEZ CERVANTES
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
El análisis editorial y los antecedentes
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato ha escalado su intervención en la vida administrativa de Celaya, convirtiendo la investigación sobre el nombramiento de María Alma Rosas López en un símbolo de la lucha contra la opacidad. La reciente solicitud de documentos realizada por el Ministerio Público no es una mera gestión burocrática, sino una acción contundente que obliga a la Oficialía Mayor a poner sobre la mesa la evidencia que sustenta una designación que, desde su origen, ha sido cuestionada por la ciudadanía.
Este caso ha revelado fisuras profundas en el funcionamiento de la estructura municipal, donde la denuncia interpuesta por Sergio Ismael fue el catalizador para que las autoridades judiciales finalmente intervinieran, un hecho ampliamente reportado en www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncia-penal-contra-jefa-de.html.
La presión ha sido tal que la figura del alcalde se ha visto arrastrada hacia el epicentro de este conflicto legal, obligándolo a enfrentar la posibilidad de una comparecencia ante las autoridades, como se detalla en www.metronewsmx.com/2026/07/alcalde-de-celaya-tendra-que-comparecer.html .
La persistencia de estas irregularidades refleja un sistema que a menudo parece diseñado para el beneficio de grupos políticos antes que para la excelencia en el servicio público. Es fundamental que el análisis de este caso trascienda lo anecdótico. La sociedad no puede tolerar una administración que antepone la lealtad electoral sobre el cumplimiento estricto de los requisitos de ley. El tema es es claro: si los perfiles de los funcionarios no coinciden con las exigencias del puesto, se está ante una simulación que erosiona la democracia local y exige, más allá de la renuncia de los involucrados, una reestructuración profunda de los procesos de designación en Guanajuato. #MetroNewsMx
-La omisión de un acceso en la planeación del Libramiento Ferroviario derivó en un bloqueo de cuatro horas, reingeniería técnica de emergencia y una inversión municipal imprevista de 15 MDP: “Sobre advertencia no hay engaño”
-El documento técnico de la SCT demostró que el origen de la intervención urbana responde a un proyecto de reordenamiento e infraestructura del Libramiento Ferroviario de Celaya, de impacto federal e inversión de concesionarias.
-Se comprueba que la afectación a la movilidad cotidiana de Los Mancera no se contempló en el diseño original del paso multinivel, lo que obligó a los vecinos a cerrar la arteria Celaya–Salvatierra bajo la protesta de que solo les daban "atole con el dedo".
-No se aviso, tuve conocimiento o información sobre una Consulta Ciudadana, que habría puesto sobre la mesa las inquietudes de la comunidad de Los Mancera y otras, sobre lo que estas obras les iban a representar
-El caso de Los Mancera y la omisión de consultar a la población afectada directamente por la obra es una lección de gestión pública para las autoridades municipales, planeación urbana y comunicación comunitaria.
-La omisión de un acceso en la planeación del Libramiento Ferroviario derivó en un bloqueo de cuatro horas, reingeniería técnica de emergencia y una inversión municipal imprevista de 15 MDP.
Del 25 de octubre de 2022 al 6 de agosto de 2023, los medios de comunicación de Celaya consignaron lo que sucede cuando el gobierno federal omite las consultas públicas en una obra ferroviaria y que quien acaba pagando esas omisiones, con millones de pesos es el municipio, en este caso, de Celaya, cuando el mismo gobierno federal debía de haber previsto todo.
La omisión de una vía de acceso vehicular en la planeación del Distribuidor Vial Celanese desencadenó un conflicto social que inició con el bloqueo de la carretera Celaya–Salvatierra en octubre de 2022 y derivó en la reingeniería del proyecto, la aprobación de recursos municipales y la entrega final de la obra de conectividad para las comunidades de Los Mancera y Santa Anita.
Manifestación e interrupción vial en la Celaya–Salvatierra
En respuesta al aislamiento vial provocado por la ejecución del Distribuidor Celanese, alrededor de un centenar de habitantes de la comunidad de Los Mancera colapsaron la circulación en la carretera Celaya–Salvatierra durante aproximadamente cuatro horas, utilizando señaléctica de la propia empresa constructora y rocas para impedir el tránsito vehicular.
La protesta dio inicio alrededor de las 8:00 horas, generando un cuello de botella que inmovilizó por más de 60 minutos el desplazamiento hacia el complejo automotriz Honda, los parques industriales de la franja y el transporte foráneo y de carga pesada en ambas direcciones. El malestar ciudadano se centró en la omisión de un entronque o incorporador directo a la localidad dentro de la planeación ejecutiva del proyecto multinivel.
Hacia las 11:00 horas, funcionarios del gobierno local arribaron al punto de bloqueo con la intención de disuadir la protesta; sin embargo, los colonos mostraron descontento, argumentando que tanto las dependencias estatales como las municipales solo les han estado dando “atole con el dedo” mientras la constructora avanza sin adecuar una entrada formal.
Minutos después, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, se presentó en el sitio para encabezar una mesa de negociación improvisada. Los diálogos iniciales con una representación de diez manifestantes se vieron frenados por la falta de cartografía y planos técnicos en el sitio.
El dispositivo de contención se reforzó con la llegada del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, y el director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías, resguardados por una veintena de elementos operativos, sumándose al pie de fuerza de la Guardia Nacional y las corporaciones locales que ya custodiaban el perímetro.
Ante la postura de los pobladores de mantener el bloqueo ininterrumpido si no se les brindaba una solución inmediata, los mandos municipales replantearon la agenda. Rivera Peralta invitó a la comitiva a recorrer a pie los tramos críticos para ubicar los puntos exactos donde se requería el paso vehicular. Un contingente acompañó a los mandos mientras otro grupo permaneció sobre el asfalto resguardando el bloqueo.
Tras la inspección sobre el polígono de obra, las autoridades acordaron trasladar a una comitiva de vecinos directamente a las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) para entablar una mesa de trabajo técnica en ese preciso momento.
Al volver con la muchedumbre, el representante comunitario, conocido como don Martín, expuso los términos pactados para concretar el diálogo en la dependencia municipal. A pesar de las reservas manifestadas por la multitud, se accedió a retirar las barricadas pasadas las 12:00 horas. No obstante, los manifestantes fijaron un ultimátum ante las autoridades locales antes de reabrir el flujo vehicular: de no concretarse una respuesta favorable en los planos del IMIPE, intensificarán las medidas de presión bloqueando los accesos a la planta de Honda y el resto de los nodos carreteros de la zona.
“Sobre advertencia no hay engaño”, sentenció uno de los manifestantes al confrontar de forma directa a los mandos de seguridad.
Lo que vino después y quiénes pagaron los platos rotos: Rediseño técnico del acceso inferior
El 2 de diciembre de 2022, los medios dan a conocer que como respuesta a las exigencias expresadas por pobladores del sur del municipio, el Gobierno Municipal de Celaya confirmó la adición de un paso inferior en la infraestructura del Distribuidor Vial Celanese. Con esta modificación técnica se buscó resolver las afecciones a la conectividad local derivadas del desarrollo ferroviario en la zona.
El ajuste arquitectónico fue coordinado por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) luego de que las alternativas planteadas inicialmente por los residentes fueran dictaminadas como inviables en los análisis de factibilidad. La decisión derivó directamente del acuerdo alcanzado tras la movilización del 25 de octubre.
El Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, precisó en su momento que los trabajos de habilitación para el paso deprimido ya se encontraban en fase de desarrollo en el polígono intervenido. Respecto al impacto económico de esta adición, el funcionario puntualizó:
"Ya se está ejecutando el acceso inferior, el IMIPE fue quien hizo el proyecto para solucionar la movilidad, en cuanto al costo de éste, no estaba contemplado, ya le corresponde a la empresa que hace la obra".
La infraestructura complementaria contempló un beneficio directo para las comunidades de Los Mancera y Santa Anita, asegurando el tránsito vehicular diario y previniendo deficiencias de integración urbana una vez concluidos los trabajos principales, manteniendo esquemas de acompañamiento municipal con los representantes vecinales.
Aprobación presupuestal en el Plan General de Obra 2023, bajo urgencia
El 8 de febrero de 2023, nuevamente los medios dan a conocer, que en en una sesión marcada por la urgencia técnica, el Ayuntamiento de Celaya aprobó por unanimidad el Programa General de Obra (PGO) 2023, el cual contempló un techo financiero global de 445 millones 502 mil pesos.
A pesar de que el listado definitivo de intervenciones para ese ejercicio fiscal aún no se había consolidado en su totalidad —a la espera de conocer las aportaciones que confirmaría el Gobierno del Estado durante marzo—, la administración municipal determinó priorizar y asignar recursos inmediatos para garantizar la conectividad de las dos comunidades afectadas.
Se trató de la construcción, mediante carpeta asfáltica, de los accesos principales hacia las localidades de Los Mancera y Santa Anita, destinando para esta obra complementaria una partida de 17 millones de pesos. La decisión de priorizar esta acción respondió a la necesidad de sincronizar los trabajos locales con los avances del megaproyecto del Distribuidor Vial Celanese. Durante la presentación del dictamen ante el pleno, la regidora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Raquel Trejo Granados, clarificó el carácter excepcional de esta asignación presupuestal temprana:
"Se presentó en ceros en esta ocasión y sólo se presentó con monto una acción que está relacionada con el Distribuidor Celanese", puntualizó Trejo Granados.
Bajo este esquema de urgencia, la Dirección de Obras Públicas, encabezada por Marco Antonio Hernández, contó con la facultad para iniciar las gestiones de contratación con la meta de concluir la vialidad en el mes de mayo, calendarización crítica debido a que para esa fecha la empresa ferroviaria Ferromex planeaba iniciar las pruebas operativas en la vía oriente-poniente del distribuidor. El director enfatizó:
"Está obra es un requerimiento que tenemos porque Ferromex ya está adelantado y a principios de mayo pretende tener funcionando la vía oriente poniente y antes deben hacer pruebas en las vías", concluyó Hernández.
Conclusión de los trabajos de acceso y estado del colector pluvial
El 6 de agosto de 2023, se consigna por los medios locales que a menos de un año de las protestas vecinales, la Dirección de Obras Públicas confirmó en agosto de 2023 la finalización al 100 % de los trabajos del camino de acceso destinado a las comunidades de Los Mancera y Santa Anita, infraestructura para la cual la hacienda municipal aplicó una inversión definitiva de 15 millones de pesos.
Dada la apremiante necesidad de movilidad en la zona, la apertura del nuevo tramo vial se programó para operar incluso antes de que concluyera en su totalidad el megaproyecto del Distribuidor Vial Celanese.
El titular de la Dirección de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández Hernández, detalló que la obra técnica atendió directamente la solicitud realizada por la población rural. Respecto al estado general del distribuidor, el funcionario explicó que, aunque la reconexión de las vías férreas a cargo de Ferromex continuaba en proceso, ya se había logrado habilitar un cuerpo vial para el flujo vehicular bidireccional sobre el eje Celaya–Salvatierra.
Por otro lado, la dependencia se mantuvo a la espera de que la empresa constructora liberara un segmento de aproximadamente 400 metros lineales para arrancar las fases tres y cuatro del colector pluvial, las cuales contemplaban una inversión adicional de 12 millones de pesos. Sobre la logística de estos trabajos, el director precisó:
“Al liberarnos el espacio, nosotros estamos listos para empezar. El espacio en donde tenemos que trabajar, si no lo liberan, y entramos nosotros a trabajar, colapsamos la vialidad”.
Respecto a la vialidad local recién terminada, el titular de Obras Públicas concluyó: “En el caso del acceso a Los Mancera y Santa Anita, se abriría antes, por las necesidades que tienen los pobladores. Cuando ya estén las vialidades dadas, se puede abrir dicho acceso”, cerrando así el proceso derivado de las movilizaciones ciudadanas.
La obra total del libramiento ferroviario no fue una obra municipal sino obra federal financiada por empresas
A partir de la Memoria Documental de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) sobre el proyecto "CG-195 Libramiento Ferroviario de Celaya, Primera Etapa", (https://micrs.sct.gob.mx/images/DireccionesGrales/UE/Transparencia/rendicion-de-cuentas/MD/60_MD.pdf ) se desprenden con absoluta claridad el carácter totalmente Federal del proyecto. Este está registrado ante la Administración Pública Federal como un compromiso a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ejecutado a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y el Centro SCT Guanajuato (pág. 3 y 4).
El fundamento e inversión pública se registraron originalmente ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde septiembre de 2010 (pág. 7).
La participación y financiamiento de Ferromex y Kansas City Southern (KCSM). La obra técnica comprendió 46 km de vía férrea divididos explícitamente entre ambas concesionarias (pág. 3 y 7), correspondiendo 25 km de la línea "AM", concesionada a Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX) y 21 km de la línea "NBA", concesionada a Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM).
El documento detalla que, tras los recortes presupuestales federales entre 2016 y 2018, la SCT negoció un esquema financiero para que ambas concesionarias privadas asumieran el costo del proyecto a cambio de ampliarles la exclusividad en sus Títulos de Concesión (pág. 8 y 9), correspondiendo a la Línea AM (Ferromex) una inversión de $2,340 MDP a cambio de 5 años y 6 meses adicionales de exclusividad mientras que a la Línea NBA (KCSM): Inversión de $1,342 MDP a cambio de 4 años y 5 meses adicionales de exclusividad.
Entre los "principales componentes del proyecto" descritos en la página 3 y 8, se señalan explícitamente la construcción de Entronques Carreteros, viaductos e infraestructura de cruce, que corresponden a las obras de nivel y desnivel (como el Distribuidor Celanese) diseñadas para evitar que el tren divida a la ciudad y afecte el tránsito vehicular en los accesos de la zona.
-Chat revela que Gilberto Zárate aseguró haber despedido a subdirectora de Turismo en febrero, pero ella sigue operando con el municipio
-Tras descubrir engaño de Zárate sobre el cese de Liliana García, la empresaria Ingrid Garcés expuso los abusos de esta funcionaria a medios
-Alcalde admite que la funcionaria amenazó con "proceder" tras citarla a firmar renuncia, paralizando la destitución prometida
-A 5 días de su falso despido, Liliana García alardea en redes: "Soy poderosa", confirmando su permanencia frente al edil
-Zárate justifica no remover a la colaboradora alegando agenda saturada y un "no entendí" ante la advertencia de acción legal de su empleada
-Evidencias exhiben a un gobierno municipal rebasado, incapaz de ejecutar el despido de Turismo por temor a litigio o chantaje
COMONFORT.- Diálogos entre el alcalde de Comonfort Gilberto Zárate Nieves y la destacada empresaria local Ingrid Garcés, revelan que el presidente municipal mintió al asegurar el despido de la funcionaria subdirectora de Turismo, Liliana García, para apaciguar a la iniciativa privada.
Ante el reclamo de la empresaria Ingrid Garcés al descubrir la farsa, el edil admitió evasivamente que la colaboradora estaba avisada y que amenazó con "proceder". Incapaz de sostener la autoridad en su gabinete, la inacción de Zárate exhibe un gobierno sometido por el temor a litigios laborales o a la filtración de información sensible, prefiriendo traicionar la confianza del sector empresarial con un torpe "no entendí".
El diálogo permite hacer una reconstrucción de la secuencia de los hechos y la dinámica entre la empresaria Ingrid Garcés y el alcalde de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves.
Viernes 6 de febrero - Notificación previa:
El alcalde le escribe a Ingrid: "Buenas tardes Ingrid. Ya hablé con la arquitecta Liliana. Ya está dada de baja le pedí la renuncia."
Como se observa, en esta fecha, el edil asegura formalmente y por escrito vía Whatsapp a la empresaria que la funcionaria/colaboradora (Liliana) ya fue dada de baja de su administración.
-Ingrid Garcés comunica la retirada de su apoyo:
La empresaria comonforense menciona que apoyaba un proyecto con su hotel, pero que debido a lo que se le informa, retira su apoyo y exige que se le hable con la verdad.
-La respuesta del alcalde:
Justifica la situación diciendo que Liliana "no se presentó el lunes, a la cita para cerrar. El martes me llamó y me dice que va proceder, no entendí y debido a que he andado saturado de actividades no he podido darle seguimiento."
-La réplica de Ingrid Garcés:
Señala la inconsistencia directa manifestando que desde la Secretaría de Turismo de Guanajuato y TV4 le informan que Liliana sigue siendo la responsable del programa de modas "Guamarea" y que incluso hablaron con ella esa misma semana.
Ingrid adjunta una publicación oficial/promocional:
Se observa una imagen promocional de "Guamares, Vestir la Noche", firmada/mencionada junto a Cultura, BJXMODA, el Gobierno de Comonfort y con el crédito explícito a "Liliana García coordinadora".
-Ingrid cuestiona:
"Buenas noches Gilberto, disculpa la hora. Esto se está publicando en este momento. Se supone que Liliana ya no está en Turismo y entonces...".
El mensaje de Liliana García que exhibe actitudes de "poder", pero no de autoridad
Sin embargo, días después, el 11 de febrero de 2026, Liliana García publica en su cuenta de Facebook una imagen con una frase que encierra un mensaje con muchas ramificaciones: "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa. Paso firme, meta clara".
La publicación de Facebook resulta reveladora cuando se analiza en la línea del tiempo del conflicto entre el alcalde Gilberto Zárate, la empresaria Ingrid Garcés y la funcionaria Liliana García.
El factor clave que es la línea de tiempo establece dos momentos. El primero, el viernes 6 de febrero cuando el alcalde Gilberto Zárate le escribe a Ingrid Garcés afirmando categóricamente que ya le pidió la renuncia a Liliana y que esta ya fue "dada de baja". El miércoles 11 de febrero -Cinco días después-, Liliana García publica en su perfil personal de Facebook una fotografía profesional sonriente con la frase: "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa. Paso firme, meta clara."
La frase, un desafío público al alcalde Gilberto Zárate Nieves
Apenas unos días después de que se le solicitara supuestamente la renuncia y de negarse a firmar en la "cita del lunes" -mencionada por Zárate en sus chats-, la funcionaria publica un mensaje cargado de autoafirmación y poder. Lejos de actuar como una funcionaria destituida o acorralada, exhibe una postura victoriosa.
La frase "No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa" funciona como un dardo retórico directo hacia quienes intentaron removerla de su puesto. En el lenguaje político local, esto refuerza la hipótesis de que ella ganó la "pulseada" interna al alcalde, ya sea por la vía legal -amenaza de litigio- o política expedientes/chantaje.
Con "Paso firme, meta clara", Liliana envía una señal hacia afuera —incluyendo a dependencias como Sectur Guanajuato, TV4 y empresarios locales— de que ella no se va, mantiene el control de la agenda de Turismo y sigue firme en su posición, desmintiendo en los hechos cualquier rumor o versión oficial sobre su despido.
La publicación del 11 de febrero es la prueba de la "victoria" de Liliana García sobre la decisión inicial del Presidente Municipal. Mientras el alcalde Gilberto Zárate intentaba apaciguar a la empresaria Ingrid Garcés asegurándole que la funcionaria estaba fuera, Liliana utilizaba sus redes sociales para ratificar públicamente su permanencia y poder. La cronología confirma que la amenaza de "proceder" surtió un efecto paralizante en el alcalde, dejándolo expuesto ante la iniciativa privada como un gobernante sin autoridad sobre su propio gabinete.
La mentira del alcalde Gilberto Zárate Nieves
Existe una clara contradicción entre lo asegurado por el edil el 6 de febrero -donde afirmó categóricamente que había pedido la renuncia a Liliana- y la realidad operativa expresada meses/semanas después, donde la funcionaria seguía coordinando proyectos clave e interactuando con dependencias estatales (Turismo de Guanajuato) y medios (TV4).
Ante la falta de transparencia, la empresaria García decide retirar el apoyo logístico/patrocinio de su hotel expresando explícitamente su molestia al no recibir información directa y verídica.
El alcalde intenta justificar el incumplimiento de la destitución atribuyéndolo a que la funcionaria "no asistió a la cita" y a su "agenda saturada de actividades", argumentando falta de tiempo para dar seguimiento a un despido que él mismo había dado por hecho con anterioridad.
El análisis de la frase y la declaración del alcalde deja ver una respuesta evasiva que, en el contexto de la función pública, resulta muy poco creíble.
La frase "va a proceder", presuntamente manejada por la subdirectora de Turismo, en el ámbito administrativo o legal es un formulismo claro de advertencia o amenaza de acción legal/formal. Hay dos posibles interpretaciones que no solo son viables, sino que representan los dos escenarios más probables en este tipo de conflictos.
La primera, es el miedo a una demanda laboral -conflicto legal-administrativo-. Liliana le está advirtiendo que no aceptará la renuncia o el despido de manera voluntaria y que interpondrá un juicio laboral por despido injustificado (o una queja ante Tribunales de Conciliación y Arbitraje).
Decir "va a proceder" tras no presentarse a una "cita para cerrar" (firmar finiquito o renuncia) es el comportamiento típico de alguien que está asesorándose legalmente para demandar al municipio.
La segunda, es el miedo al chantaje o filtración de información -conflicto político-personal-. "Proceder" implica la amenaza de hacer pública información sensible, irregularidades internas, expedientes o compromisos que la funcionaria conoce por su cargo o cercanía. Esta opción explicaría la parálisis y vacilación del alcalde. En la política municipal, cuando un superior promete dar de baja a un colaborador y luego "se echa para atrás" dejándolo en la nómina o en la misma área (como la Subdirección de Turismo), suele responder a un chantaje o a un costo político/personal que el alcalde no está dispuesto a asumir.
¿Es creíble la excusa "no entendí" por parte del alcalde? No, no es creíble. Un presidente municipal cuenta con un equipo legal (Síndico, Jurídico, Desarrollo Organizacional) capacitado para interpretar inmediatamente lo que significa que un empleado "vaya a proceder".
Decir "no entendí" y sumarle "he andado saturado de actividades" es una técnica clásica de disimulo. Le permite ganar tiempo, evitar dar explicaciones concretas a la empresaria y justificarse por no haber ejecutado la baja que prometió desde el 6 de febrero.
Si el alcalde formalmente le pidió la renuncia y la dio por "dada de baja", no cabe el "no entender" cuando la contraparte responde que va a actuar en consecuencia; la reacción natural de una autoridad firme habría sido derivar el asunto de inmediato a la Dirección Jurídica del Municipio.
Liliana frenó su despido amenazando con un litigio laboral que comprometería las finanzas o la imagen del municipio o, con un probable chantaje/información sensible. Es la causa más sólida para explicar por qué, a pesar de asegurar por escrito que ya no estaba en el cargo, la funcionaria sigue operando en la Subdirección de Turismo y coordinando proyectos con dependencias estatales (como Sectur Guanajuato y TV4).
El "no entendí" del alcalde funciona como una cortina de humo para ocultar que quedó maniatado —ya sea por la vía legal o por la vía de la presión interna— ante la propia funcionaria. #MetroNewsMx
-La Tesorería Municipal de Celaya citó de manera intimidatoria a la delegada de San Juan de la Vega para fabricar un señalamiento infundado.
-Funcionarios de la administración central habrían actuado como un órgano inquisitivo exprés, evadiendo la Contraloría Municipal.
-La Tesorería asumió el rol de juez y parte al presionar directamente a una funcionaria auxiliar sin un procedimiento formal de auditoría.
-El área de ingresos municipal buscó trasladar culpas y contener un escándalo institucional afectando la honorabilidad de la delegación.
-La delegada evidenció que su oficina no maneja efectivo ni emite recibos, limitándose a elaborar órdenes para las arcas municipales.
-Una investigación propia de la autoridad auxiliar demostró que los ciudadanos afectados jamás realizaron el pago ni fueron buscados.
-La funcionaria denunció acoso institucional, daño moral, omisión de los regidores y un evidente ambiente de juicio político en su contra.
-La delegada interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía de Guanajuato para frenar el uso faccioso de la información.
-Las pruebas proyectadas por la propia Tesorería revelaron vacíos internos y una grave falta de trazabilidad en el control de documentos.
-Pide al tesorero municipal Juan Vilchis que ya se ponga a trabajar. El traslado de culpas hacia la delegación comunitaria expone fallas operativas de la dependencia recaudadora central para eludir responsabilidades.
María Laura Ramos Cuarenta, delegada municipal de San Juan de la Vega, destapó una serie de irregularidades y un deficiente proceder por parte de la Tesorería Municipal de Celaya, tras ser citada de manera intimidatoria para señalarla por un presunto recibo apócrifo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria evidenció que la dependencia a cargo de Juan Almaraz Vilchis intenta desviar la atención de sus propias fallas operativas, fabricando señalamientos infundados que ponen en entredicho la labor administrativa de las comunidades.
La delegada aclaró categóricamente que la oficina a su cargo no maneja efectivo ni emite comprobantes de cobro, limitándose exclusivamente a elaborar órdenes de pago que los ciudadanos deben liquidar directamente en las cajas de la Tesorería central. Al realizar una investigación propia ante la negativa de las autoridades por esclarecer el origen del documento, Ramos Arrona comprobó que los ciudadanos involucrados jamás realizaron dicho pago ni fueron contactados por el área de ingresos, derribando la versión oficial con la que se intentó responsabilizar a la delegación.
Ante la falta de transparencia, el acoso institucional y la omisión de los regidores y del alcalde frente a los señalamientos públicos que dañan su imagen, la representante vecinal confirmó que interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Con ello, busca frenar el uso faccioso de la información y exigir que la dependencia municipal asuma su responsabilidad legal en lugar de operar mediante la descalificación y la presión política.
El tesorero municipal Juan Almaraz Vilchis, en funciones de contralor municipal; Juez y parte
Al convocar a una reunión privada —fuera de cualquier procedimiento formal de auditoría— para interrogar, presionar y señalar directamente a una funcionaria auxiliar por un documento apócrifo, la Tesorería habría actuado de facto como un órgano inquisitivo o fiscalizador exprés.
Con esta maniobra se cometerían diversas irregularidades normativas en donde se podrían señalar invasión de atribuciones, ya que la Tesorería es un órgano recaudador y administrador del erario, no un tribunal ni una instancia de investigación de responsabilidades administrativas. La única entidad facultada por ley para indagar anomalías en el manejo de documentos, sellos o recursos públicos dentro del municipio es la Contraloría Municipal.
Con esto, el tesorero municipal a través de su dependencia estaría fabricando un proceso a la medida. Al saltarse a la Contraloría, la Tesorería evitó el cauce legal institucional —que exige garantías de audiencia, apego al debido proceso y rigor técnico— para sustituirlo por un formato de presión política y coacción directa contra la delegada.
Al asumir el rol de "juez y parte", la Tesorería buscaría contener el escándalo o trasladar culpas hacia la autoridad comunitaria, eximiéndose de una revisión transparente y dejando a la funcionaria sin las garantías que un procedimiento formal ante el órgano de control interno le hubiera otorgado por ley.
La transcripción de la entrevista a la delegada de San Juan de la Vega, María Laura Ramos Cuarenta
Periodista 1
Nos convoca a una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre los presuntos recibos falsos que se han estado detectando aquí en la comunidad de San Juan.
María Laura Ramos Cuarenta:
Muy buenos días a todos, gracias por venir. Para mí es necesario alzar la voz con ustedes porque a mí me citan en Presidencia Municipal; me llaman y me mandan mensajes de WhatsApp el director de ingresos, Israel, diciéndome que me citan a una reunión. Este, me dice: "Buen día, delegada, espero se encuentre muy bien. Me comunico de parte del presidente Juan Miguel para darle seguimiento al tema de retornar el ingreso de lo de panteones. Nos están convocando a una reunión el día de mañana a las 11 aquí en Presidencia". Le mando audio diciéndole que sí, pues que si tengo que ir yo o algo así. Y me dice él: "Mañana es meramente para ponernos de acuerdo y para ver cómo vamos a estar retornando ese ingreso a la delegación". Le puse: "Gracias". Me marca a mí mi jefe y me dice: "Mañana hay que estar aquí".
Me presento, pensé que iban a estar mis demás compañeros, porque al hablar del tema de panteones ya habíamos hecho un escrito donde todos estábamos pidiendo hablar del tema de ingresos de panteones. Llego, paso al área de Presidencia y les digo: "Vengo a la reunión con el alcalde para el tema de panteón". Tomaron mis datos, fui a ver a mi jefe y también mi jefe se acerca conmigo, me manda mensajes nuevamente, él me dice: "Buen día, delegada". Este, me comenta el tesorero que la reunión se va a llevar a cabo en la oficina del tesorero. Y le puse: "Estamos aquí, nos vamos para arriba". Veo que no hay nadie más que yo, estoy ahí esperando a que llegara el tesorero y lo que hice yo, dije: "Esto no está bien, no sé qué vaya a pasar, yo ya no confío ni en mi propia sombra", agarro y empiezo yo a grabar.
Entramos, hubo unas pláticas, ahí están en los audios donde me dicen: "Delegada, pues aquí nos encontramos con que hay un recibo falso de la delegación". Lo muestran en la pantalla, lo observamos, sí dice 9 de julio 2026, trae el nombre de la señora, empiezo yo a verlo, le comento: "Mi sello tiene las siglas o los números más grandes, el que traen ahí es de los más pequeños". Mi jefe detecta que la águila está chueca. Yo le digo: "Oiga, no dice Presidencia, dice Presencia, ese sello no es de nosotros", no salió de ahí. ¿Quién firmó? No recuerdo, pero ahí en la voz... ahí tiene que aparecer, si no es la voz del tesorero es la voz del de jurídico, porque incluso afirman el de jurídico que van a llegar a las últimas consecuencias.
También afirman de que si alguien más manejaba... le digo: "Solamente yo y Silvia, pero ahorita ella pues ya está jubilada". Le dije: "Incluso, les dije, yo no cargo el sello, porque si ustedes lo ven pues el sello es muy malobroso, o sea, yo lo puedo perder en cualquier momento y pues ¿de dónde me van a echar la culpa?". Le dije: "Yo no lo cargo".
"Es que alguien más estaba usurpando", le dije: "Pero ¿quién? No puede haber alguien más, porque nosotros no entregamos recibos, nosotros entregamos órdenes de pago, aquí están las órdenes de pago que ellos nos dan y que ante la ley no estamos obligados a hacer esto, porque es trabajo de tesorería".
Periodista 1
Entonces, usted, prácticamente lo que nos está diciendo es que se deslinda completamente de ese recibo que mostró.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, sí, porque de hecho investigué, di con las personas, les pasé a ellos el número de teléfono, la dirección. Veo que el tesorero saca una nota donde no aclara. Hablo con las personas y me dicen que no las han buscado. Se me hace injusto, porque ante el artículo 1916 del Código Civil Federal maneja el daño moral, y es el daño moral que me están causando a mí, porque al final de cuentas yo ahí se los demostré, les dije que aquí estaba mi oficio que me iba a pasar a la Fiscalía del Estado, donde también les manifiesto que no me voy a dejar pisotear por ellos, porque prácticamente verbalmente me agredieron, me sentí acorralada, me sentí intimidada, y no se vale. Hasta el día de hoy, porque hicieron mención... porque yo pedía hablar con el alcalde para yo entregarle a él todas las pruebas, ¿y qué dijeron en la reunión? Que con este oficio que yo ya había metido era muy difícil que yo hablara con él. Yo me he estado tratando de comunicar con él, bueno, de que yo pueda tener una reunión con él, hasta ahorita nadie me ha dicho nada.
Periodista 1:
Mire, Laura Ramos Arrona, delegada municipal de San Juan de la Vega, ha sido entonces señalada de que usted o una parte de su gente hizo algo indebido al dar presuntamente un recibo apócrifo. ¿Usted lo desmiente categóricamente?
María Laura Ramos Cuarenta:
Claro que sí, porque tengo las pruebas fundamentales donde incluso las personas lo han dicho: "Nosotros no hemos ni pagado, no lo ha recibido el presidente municipal".
Periodista 1:
¿Ha recibido usted atención de los diversos regidores del Honorable Ayuntamiento?
María Laura Ramos Cuarenta:
De ninguno, y eso que a todos se los metí, les metí los oficios con copia a todos los regidores, síndicos... de nadie, de nadie. No he recibido el apoyo, la atención, nada, no he tenido yo ahora sí el respaldo de nadie. Por eso me vi en la tarea, porque todo este fin de semana yo me sentí vulnerable, sentí también que yo corría riesgo, corría peligro, porque imagínense, van a decir que yo aquí tengo las millonadas de dinero y están poniendo en riesgo a mi familia y a mí, porque en su pobre casa solamente vivimos yo y mi hija de 14 años; hoy está de visita mi hija y mi nietecita, entonces ahorita prácticamente somos una familia de cuatro personas que habitamos ahí y somos puras mujeres.
Periodista 1:
Delegada, el tesorero señaló también que buscaron a las personas que entregaron ese recibo y que ya después no quisieron hablar con ellos para dar detalles. ¿Quién le entregó eso? ¿Usted ha hablado con estas personas? ¿Le han dicho quién fue el que les entregó este recibo o ha indagado en esta situación? Porque el tesorero no aclaró esa parte de que ya no quisieron hablar con el tesorero.
María Laura Ramos:
De hecho, tengo donde ellas mismas dicen que no las buscaron, ellas... aquí yo tengo en evidencia que no las buscaron, que no les hablaron por teléfono y que ellas también quieren hablar con el alcalde para aclararlo, porque ellas sí lo dijeron y lo tengo en los audios: "Laura es que te estamos metiendo en un problema a ti y ya también nos están quemando a nosotros", y yo me quedo: "Es que no a ustedes, sino a mí, porque al decir 'delegación municipal', ¿quién es la responsable que está al frente? Yo".
Periodista 1:
Mire, Laura, ahí el tesorero, mi compañero, lo acaba de especificar bien, él asegura que ese dinero ingresó y que se sepultó a la persona.
María Laura Ramos:
Es falso eso, la persona se sepultó, pero no se ha pagado. Ellas, eso es lo que están conscientes, dice: "Nosotros no hemos pagado y hasta querían venir a que se les hiciera la orden de pago", y les dije: "No, tengo que ver a ellos para que ya, si ellos dicen que aquí, o si ya ustedes allá se arreglan, es otra cosa".
Periodista 1:
Pero ¿los pesos que señalan en ese recibo, ni usted lo recibió ni ellos lo pagaron, o sí se pagó?
María Laura Ramos:
No, no, ni nosotros lo recibimos ni ellas lo pagaron, o sea, nada más es un recibo recibido, son 7,000 pesos, pero no se hizo el pago, y por eso Presidencia... para ver que era descuento, porque él mencionaba que querían un descuento. Es que más bien ellos no han hecho esa parte de la investigación, porque, por ejemplo, ellas me dicen que ellas se acercaron con una fundación, la fundación es Nutrición y Vida, y mencionan el nombre de... se acercaron para pedir el apoyo, el cual me imagino que la asociación fue la que se acercó con el alcalde, porque ellos dicen que se acercaron con el alcalde a pedir el descuento. Pero es fundamental: de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, y yo sí lo quiero dejar enfático.
Pedirle al tesorero: "Ponte a trabajar... ¿cómo se llama el tesorero? Juan... Juan Almaraz Vilchis, algo así", ponte a trabajar, haz las cosas bien. Hice una parte que no me correspondía, pero por yo también, ahora sí, limpiar mi imagen, yo tenía que buscar esto, porque yo no soy Ministerio Público, no soy ni ministerial para yo andar buscando, más sin embargo me di la tarea de buscar a la persona, porque no es justo que sí se me haya señalado, que ustedes se retractaron diciéndome: "Tú te pusiste el saco, nosotros no dijimos nada". Tengo las evidencias donde sí lo recalcan como cuatro veces.
Periodista 1:
Pero en la de manera pública no dan su nombre, simplemente dicen que es en la comunidad de San Juan de la Vega donde detectaron esto. Públicamente no lo han dicho, o sea, a lo mejor en la reunión privada con usted, pero públicamente no han dicho que sea usted, simplemente dijeron que en la comunidad de San Juan de la Vega.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, pero el detalle es que las personas no son ni de San Juan de la Vega.
Periodista 1:
Más bien, ¿no sería, delegada, pedir más bien el apoyo a la fiscalía a la investigación para para detectar más allá pues esta situación? Porque, bueno, hoy es un recibo, pero ¿cuántos más no puede haber de esta situación y que se pueda prestar para esta...?
María Laura Ramos Cuarenta:
Claro que sí, de hecho yo aquí lo manifiesto, que al yo ver todo lo que hicieron conmigo en esa reunión... porque aquí lo manifiesto, que yo me iba a pasar a la Contraloría y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, ya... ya tengo todo, ya está todo, ya nada más el número de denuncia... lo tiene usted, ¿no? Por lo mismo de que estamos con los abogados del tema.
Periodista 1:
Finalmente, ¿ha visto usted aquí en San Juan de la Vega o ha detectado algunas personas que trabajen de este tipo, que sean intermediarios para hacer este tipo de cosas, o se han dado a la tarea de descubrirse al intermediario?
María Laura Ramos Cuarenta:
Yo no me he dado a la tarea, porque pues ahora sí llegan, vienen y dicen: "Vamos a hacer esto, no sé, vamos a sepultar a todo". Ah, okay, ¿qué recibo traes? Hay muchos que pues traen recibos de años, 20 años, no sé, y ya de ahí se hacen las órdenes de pago.
Periodista 1:
Delegada, a raíz de esto, ¿usted ya no va a cobrar aquí, me imagino? Tiene que tener...
María Laura Ramos Cuarenta:
Es que no cobramos, es que nosotros nada más hacemos las órdenes de pago que, que le vuelvo a repetir, las órdenes de pago ante la ley tampoco no estamos obligadas a hacerlo, más sin embargo nos ponen a hacerlas; incluso aquí abajo va el nombre de nosotros y lo firmamos.
Periodista 1:
Incluso esto que usted menciona es incluso para una información para la gente de aquí, o sea, que sepa y que no se deje engañar.
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, no, de hecho ya todos saben, porque le digo, yo lo he dicho abiertamente: no nos están dando las órdenes de pago, yo... hemos dejado ahí enterrar, porque cuando se nos quemó todo, pero ya ahorita se está... todo esto se está yendo allá. Las órdenes son las órdenes de pago que se hacen.
Periodista 1:
¿Se han dado más casos de estos pseudorrecibos a personas aquí en San Juan de la Vega o no se han detectado más casos?
María Laura Ramos Cuarenta:
Pues ahorita detectamos este, porque a mí me mandan llamar, entonces, pero a base de engaños total, me hubieran dicho: "Pasó esto, no pasa nada", al final de cuentas acudí porque también, pues digo, es una reunión y si hubiera sido para esto, pues con mayor razón voy, ¿no?, pero no lo hacen de esa manera.
Periodista 1:
¿Qué mensaje le da usted hoy a los ciudadanos de San Juan de la Vega?
María Laura Ramos Cuarenta:
Pues miren, ellos saben de antemano que son las órdenes de pago, que no estoy obligada a hacerlas, más sin embargo les hacemos la chamba a los de Tesorería, pero ellos saben bien que aquí ya todo se maneja así, todos incluso han dicho y lo han recalcado: "¿Por qué entregan el dinero? No lo entreguen si no hay apoyo, si no hay esto", más sin embargo le digo, no se puede hacer eso, al rato yo voy a ir a la cárcel, si de por sí así me están haciendo. Parece un juicio político, porque esto ya parece una violencia política de género hacia mi persona, al momento en que no tienes defensa cuando se te invita a una reunión pública privada entre funcionarios y tú no llevas a nadie, no tienes cómo demostrarlo.
Periodista 1:
Delegada, otra cosa, perdón, este... ¿por qué estaba a terminar la entrevista? No, este, a ver, es que estábamos viendo o estaba escuchando precisamente lo que estábamos comentando en cuestión de que dicen que directamente no te señalaron, sin embargo algunos medios de comunicación sí sacaron tu nombre.
Sí hay unas notas, de hecho fue una nota que llamaron exclusivamente a los medios de comunicación diciendo que tenían algo importante que señalar, porque así fue como lo comentaron, ahí está la transmisión donde está el director de comunicación diciendo: "Los reunimos porque tienen algo importante que decirles", en el cual pues sí, a lo mejor directamente no dijeron "la delegada de San Juan de la Vega, María Laura", pero dijeron: "Salió de la delegación". Ahí está también, y algunos medios han puesto tu nombre y en consecuencia ha venido gente a decirte que dónde está el dinero, que tú te lo estás robando. Creo que eso no lo mencionaste y es la parte importante de esta reunión.
María Laura Ramos Cuarenta:
Es que por eso más que nada aguanté todo este fin de semana, porque yo tenía la esperanza de hablar con el alcalde, pero yo al ver ya todo eso, o sea, para mí ya es algo que ya es un... para mí ya lo siento como un daño moral, y que ya lo tomaron como personal, entonces yo sí me quedo pensando y digo: "Oye, ya no puedo aguantar, yo tengo también que dar mi réplica, tengo derecho a decir lo que yo tengo", y ahorita si yo filtro todos los audios y todo, o sea, ahí van a ver que yo realmente no estoy mintiendo.
Periodista 2:
Bueno, un poquito vamos llegando, a comentar un poquito el contexto de lo que se ha estado ahorita platicando en esta entrevista de acuerdo a precisamente estos documentos que en Presidencia de Celaya cuentan que son apócrifos y que pues prácticamente apuntan aquí en su...
María Laura Ramos Cuarenta:
Sí, de hecho es lo que yo les comento, que nosotros no hacemos recibos, nosotros hacemos las órdenes de pago, van a Celaya y lo pagan las personas involucradas; ellas mismas lo aclaran, que ellas no han hecho ni un pago, que ellas no han pagado, que les iba a ayudar una asociación y que hasta hoy fecha creo tampoco la asociación los ayudó. Me imagino que la asociación lo que hizo fue allá hablar con Presidencia y ya Presidencia pues me imagino que detectó el tema, de que las señoras quieren ellas incluso hablar con el alcalde.
Periodista 2:
También son de San Juan de la Vega, ¿no? ¿De dónde son?
María Laura Ramos Cuarenta:
De San Isidro.
Periodista 2:
Ah, delegada. En ese sentido, entonces, ¿de dónde sale ese o dónde sospecha que sale ese recibo? Porque incluso al inicio de la plática nos comentaba que el recibo pues era un sello que no correspondía de la delegación, que tenía algunas inconsistencias. ¿Sabe usted, o lo que ha podido platicar con estas personas, quién les dio o de dónde salió esto?
María Laura Ramos:
Ellas...
Los documentos mostrados por el municipio y por la delegada y la maniobra de Tesorería Municipal
las imágenes mostradas por la Tesorería Municipal de Celaya y el formato físico utilizado en la Delegación de San Juan de la Vega permite desglosar diversas inconsistencias y elementos clave.
-El formato físico de la delegación (Orden de Cobro)
La imagen del formato impreso muestra claramente que se trata de una "Orden de cobro" de la Delegación San Juan de la Vega (Municipio de Celaya, Gto.) y no de un recibo de pago definitivo o comprobante de ingresos de la Tesorería.
El diseño incluye campos específicos para trámites de panteones (nombre del difunto, tipo de servicio como inhumación o exhumación, zona urbana o rural, y desglose de artículos de la Ley de Ingresos) concluyendo en un espacio para "Nombre y Firma autorizada" de la autoridad auxiliar.
Esto respalda lo declarado por la delegada en cuanto a que las oficinas comunitarias no realizan cobros ni expiden recibos oficiales, sino que únicamente llenan órdenes de trámite para que el ciudadano acuda directamente a las cajas de la Tesorería municipal.
Las pruebas de la Tesorería: El "recibo apócrifo" vs. El "recibo oficial"
Las pantallas proyectadas por la Dirección de Ingresos exponen un contraste gráfico y administrativo que presenta deficiencias notables en la argumentación oficial.
-El supuesto "Recibo Apócrifo" (Proyectado con observaciones). La Tesorería señala que el documento no corresponde a los formatos oficiales, que el número de folio no coincide con sus registros y que el monto ($7,000.00 pesos por derechos de construcción de gaveta y inhumación) no empata con la Ley de Ingresos vigente.
-El documento exhibido en pantalla carece de los sellos formales de caja "Pagado" de la Tesorería que sí ostentan los recibos válidos, lo que refuerza la versión de que este papel nunca transitó por las cajas oficiales ni fue emitido o cobrado por el sistema central de recaudación.
El flujo de proceso institucional, proyectado en la tabla. La propia diapositiva institucional de "Proceso de pago" corrobora la corresponsabilidad de las áreas: el paso 1 indica que la Dirección de Ingresos hace entrega de formatos a la delegada; el paso 2 señala que la delegada llena la orden; el paso 3 canaliza al ciudadano a las cajas municipales; y el paso 4 estipula que es la Dirección de Ingresos quien recibe el pago y genera el recibo correspondiente.
Las evidencias gráficas aportadas por la propia autoridad municipal terminan por evidenciar una falla en los controles internos de la Tesorería o un vacío en la trazabilidad del documento cuestionado. Al reconocer la propia Tesorería que el flujo exige que el pago final y la emisión del recibo oficial ocurran exclusivamente en sus cajas centralizadas, trasladar la culpa de un documento irregular -carente de sellos de caja válidos- hacia una delegación municipal, ene ste caso, la de San Juan dela Vega, que solo emite órdenes de cobro refleja un intento de deslindar la responsabilidad operativa del área recaudadora central. #MetroNewsMx
-La subdirectora de Turismo de Comonfort operó con abuso de poder, nepotismo y un adeudo de varios centenares de miles de pesos a un hotel
-Tras ser expuesta por su presencia en el Hotel Tierra Madre en un encuentro con representante de Fogones Mx, invocó la Ley Olimpia
-Liliana García manda en Turismo sobre su propio padre y evidencia que ella es quien controla en el municipio.
-Alcalde Gilberto Zárate omiso: permite abusos y cede el control operativo a una subdirectora que actúa con total arrogancia, bajo el pretexto de que lo amenaza, según señaló la empresaria.
-Fogones MX se habría beneficiado con viáticos y lujos pagados por particulares; podría ser inhabilitado.
-La subdirectora enfrentaría inhabilitación y hasta 8 años de cárcel por abuso de autoridad.
-El alcalde y Fogones MX reaparecen juntos y excluyen a la subdirectora para evadir las graves fallas
-Al final, Fogones MX no se quedó en Comonfort, se instalará en San Miguel de Allende, como ellos mismos lo anuncian en sus redes sociales
-Esto evidencia, que Comonfort fue utilizado como trampolín dejando ir una inversión que Tierra Madre casi había conseguido, convirtiendo la oficina de Turismo del municipio, más que en ayuda, en un estorbo a la inversión local.
COMONFORT, GTO.- La gestión del sector turístico en el municipio de Comonfort se encuentra en el centro de un severo cuestionamiento público tras revelarse presuntas irregularidades operativas, usurpación de funciones y uso desmedido de recursos del sector privado para cubrir la agenda oficial del municipio, tras escándalos puestos al descubierto por la empresaria Ingrid Garcés, quien encabeza Tierra Madre Hotel Boutique, producto turístico de calidad internacional en Comonfort.
En entrevista con Metro News y aportando testimonios, la empresaria turística Ingrid Garcés, -quien radica desde 1974 en Comonfort y desde algunos años empresaria turística y de servicios, generando 30 empleos directos y 10 indirectos en "Tierra Madre"-, expuso una serie de inconsistencias relativas al desempeño de Liliana García, quien ostenta el cargo de subdirectora de Turismo, pero que, de acuerdo con los citados testimonios y pruebas presentadas por la afectada, ejerce un control operativo absoluto sobre la dependencia municipal, relegando la figura de la titularidad formal a un plano meramente decorativo.
Toma de decisiones al margen de la norma y opacidad institucional
De acuerdo con las declaraciones recabadas, la funcionaria ha encabezado reuniones operativas, giras de trabajo y toma de decisiones presupuestales sin ostentar la titularidad jurídica directiva. En el testimonio se advierte además un entorno de nepotismo y tráfico de influencias, al ejercer un mando fáctico dentro de la dependencia donde su progenitor, Raúl García, figura formalmente como titular.
Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de atención a requerimientos oficiales de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato durante jornadas laborables, así como la asignación arbitraria de compromisos institucionales que terminaron siendo financiados de manera particular por prestadores de servicios de la región.
Garcés detalló que, bajo la promesa de gestiones institucionales y futuros reembolsos administrativos que nunca se concretaron, el establecimiento que encabeza tuvo que absorber costos de hospedaje, logística, alimentación de alto nivel y transportación privada para invitaciones oficiales y comitivas de cocineras tradicionales.
A estas inconsistencias se suma la presencia activa de actores externos al servicio público, entre ellos el representante del colectivo gastronómico Fogones MX, quien se vio beneficiado directamente con facilidades logísticas, hospedajes privados y atención gubernamental financiados por particulares, sin que exista claridad sobre los convenios formales o licitaciones con el municipio para la explotación comercial en la entidad.
La invocación de la "Ley Olimpia": Un escudo legal que abre interrogantes
El pasaje más revelador del diferendo público ocurrió al momento en que la funcionaria fue notificada de la existencia de registros de videovigilancia e itinerarios que documentan sus estancias y sus extraños comportamientos dentro de las instalaciones del hotel de la denunciante durante días de jornada administrativa, en momentos de acudir a encuentros con "el señor de Fogones Mx". Ante el señalamiento de las pruebas materiales de su presencia e inasistencia a sus deberes públicos, Liliana García reaccionó invocando la denominada «Ley Olimpia», que sanciona la difusión de contenido íntimo, sexual o erótico sin consentimiento (violencia digital).
Dado que las observaciones planteadas por la empresaria e investigadas por los medios de comunicación se constriñen estrictamente al desempeño de la función pública, la utilización de bienes privados, el abandono de deberes y la comprobación de estancia en un establecimiento comercial, la apelación hecha por Liliana García -subdirectora de Turismo de Comonfort- a dicho marco protector de la privacidad sexual resulta llamativa.
Jurídicamente, la sola alusión a este marco legal por parte de la servidora pública frente a una revisión de carácter administrativo y logístico generó una inmediata reacción de los afectados, pues el contexto de la acreditación visual nunca estuvo enfocado en materias de la vida o actos íntimos en el interior del hotel, sino en la evidencia física de ausentismo laboral y falta de probidad funcional.
La indignación fue mayor, porque en el fondo del asunto, la empresaria estaba tratando de logar un acuerdo comercial con Fogones Mx para una alianza que beneficiaría ambas partes y a la población del municipio de Comonfort; sin embargo, Liliana García empezó a intervenir en las negociaciones sin ningún motivo ni solicitud de parte de Tierra Madre para gestión por parte del municipio; lo único que hizo, según explica la empresaria, fue "recargarse" en las gestiones de Ingrid Garcés, pidiendo la funcionaria que la presentara con Fogones Mx y ver qué podría hacerse para favorecer a las cocineras tradicionales de Comonfort; apoyándose en los recursos y logística de "Tierra Madre" y al final perjudicando la gestión de la empresaria.
Esto significó que la imagen que la subdirectora de Turismo dejó a la empresaria hotelera, es que la funcionaria utiliza al sector privado de Comonfort para lograr sus fines, incumpliendo la razón principal de sus funciones.
Ante esta situación, Ingrid Garcés, sumamente molesta, le pidió a Liliana García que abandonara las instalaciones de su Hotel, ya que estaba evidenciando que acudía a su empresa, no precisamente en una comisión de gobierno.
Gobernabilidad en vilo y pasividad de la Presidencia Municipal
Los señalamientos alcanzan directamente la conducción del Presidente Municipal, Gilberto Zárate Nieves. Según la postura de la denunciante, existe una ostensible omisión o imposibilidad política por parte del alcalde para aplicar los correctivos administrativos o remover de su encargo a la subdirectora, quien ha presumido públicamente contar con la autonomía necesaria para no rendir cuentas ante la autoridad.
Las faltas expuestas por Garcés configuran posibles responsabilidades administrativas contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, tales como abuso de funciones, conflicto de interés y desatención del servicio público, por lo que el sector empresarial de la zona exige la inmediata intervención de la Contraloría Municipal y del Tribunal de Justicia Administrativa para deslindar responsabilidades y evitar que el estatus de Pueblo Mágico continúe en picada.
Las expresiones de la subdirectora de Turismo de Comonfort: Tiene pretensiones políticas
Sobre las pretensiones de la funcionaria Liliana García y su injerencia en las reuniones del edil, Ingrid Garcés señaló que «...de hecho, yo participé en reuniones donde venían a comer con Gilberto y algunos regidores, y ella le daba instrucciones a su papá. Sus pretensiones políticas son regresar a ser candidata a la presidencia de Comonfort nuevamente. Si no era ella, iba a ser su papá».
En cuanto a la supuesta falta de cobro por consumos en su hotel y su mensaje directo al alcalde, la empresaria de Tierra Madre Hotel Boutique dijo que «a mí me debe el municipio algunos centenares de miles de pesos. La última vez que estuvieron aquí comiendo en el hotel consumieron varias decenas de miles de pesos y los señores todavía pidieron su gran corte de carne, ¿no?
Y todo el mundo pidió de las mejores cosas. Yo, estúpidamente, dándoles y nunca me pagaron. Y como esos tengo otros eventos de cocineras tradicionales que se hicieron en el espacio; ella cobró boletos físicamente y me dijo que le iba a pagar a mi gente y personal, y nunca vimos ningún dinero. Y como esas, muchas cosas, que como le dije a Gilberto Zárate: “Te lo regalo, ustedes lo necesitan más que yo”».
La actitud de Liliana García la pintó Ingrid Garcés cuando en cierto momento se le pidió acudir a la funcionaria a atender los llamados de la Presidencia y del Estado. «Te llevo, por favor, a la oficina, Liliana, te están buscando» y la respuesta arrogante de la funcionaria no se hizo esperar: «“No, yo me mando sola y no tengo horario de trabajo, yo resuelvo lo que tenga que hacer”».
El análisis de todos los hechos anteriores
Lo que revela la entrevista a Ingrid Garcés, es un cuadro de degradación institucional y colapso ético en la gestión pública local. No se trata meramente de un chisme o disputa pasional entre particulares; es la muestra de cómo la función pública de Turismo en Comonfort fue subordinada a intereses privados, beneficios personales y dinámicas de sometimiento político.
Se observa un uso sistemático de recursos y facilidades privadas (hospedaje, vehículos, comidas pagadas por la empresaria Ingrid Garcés) para cubrir la inoperancia financiera o logística del municipio, creando un círculo de favoritismos y deudas informales que derivan en extorsión moral y chantaje.
La funcionaria opera como "directora sin título", relegando a la figura titular -su propio padre- a un rol puramente decorativo. Esto evidencia un ejercicio patrimonialista del poder donde las instituciones se manejan como negocios familiares. Abandonar horarios de trabajo, desatender requerimientos de la Secretaría de Turismo del Estado para realizar viajes particulares o encuentros presuntamente íntimos en horas de servicio, muestra un profundo desprecio por el servicio público y la responsabilidad ciudadana.
Con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y el Código Penal del Estado de Guanajuato, las conductas descritas por la denunciante encuadran en diversas faltas administrativas graves y posibles delitos, en donde destacan el Abuso de Funciones - que es en sí una Falta Administrativa Grave-. Ejercer atribuciones que no le corresponden legalmente -actuar como si fuera la titular de la Dirección de Turismo sobre el titular formal- y tomar decisiones administrativas sin nombramiento oficial de titular.
Se detecta la presunción de Conflicto de Interés y Beneficio Indebido por utilizar la investidura pública para obtener hospedaje, alimentos, transportes y favores personales a costa de particulares y empresarios del sector. El incumplimiento de funciones y desatención del servicio al desatender agendas de trabajo del Estado en horarios laborales para fines recreativos o personales.
Se precisa además algo de lo que la administración municipal de Comonfort ha sido constantemente señalada: Nepotismo e intervención indebida, al participar activamente en la gestión de una dependencia donde un familiar directo es titular, manipulando la toma de decisiones.
Usurpación de Funciones y el Abuso de Autoridad (Materia Penal), cuando se pretenden atribuciones de representación u orden sin contar con el nombramiento legalmente expedido para ello.
De comprobarse estas faltas mediante procedimiento en la Contraloría Municipal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se aplicarían, primero, sanciones administrativas (Ley de Responsabilidades de Guanajuato) tales como la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (de 1 a 10 años en faltas graves), la destitución inmediata del cargo. Sanción económica en caso de determinarse daño patrimonial o enriquecimiento indebido.
En lo que toca a las sanciones penales (Código Penal de Guanajuato), por el delito de Abuso de Autoridad o Ejercicio Ilícito del Servicio Público, penas de prisión que van de 1 a 8 años, además de multas y reparación del daño a los particulares afectados.
FogonesMx no se libra de ser sancionado o inhabilitado para contratos: ¿Hay chantaje político?
De la declaración de Ingrid Garcés se exhibe a la funcionaria quien alardea de "controlar el municipio" y de inducir que es "inamovible".
Cuando un funcionario subordinado actúa con impunidad y con su actitud induce que el alcalde carece de autoridad para removerlo, sugiere la existencia de acuerdos de facto, componendas de campaña o posesión de información sensible que compromete al Presidente Municipal.
Ingrid Garcés manifestó a Metro News un tema delicado. Ella misma informó al alcalde Gilberto Zárate Nieves de todas estas irregularidades cometidas por su funcionaria; de momento el alcalde parecería que iba a actuar sancionando y hasta removiendo a esta empleada del municipio pero en una segundo posterior diálogo con Garcés, éste le confesó que no podía removerla porque lo amenazó. Con qué y por qué se dio esta respuesta del alcalde, la misma Ingrid Garcés lo desconoce.
El alcalde, al ceder el control operativo de una dirección a un grupo o a una persona que lo coacciona, incurre en omisión de sus deberes constitutivos. La Ley de Administración y Gobierno para los municipios del estado de Guanajuato obliga al Presidente Municipal a supervisar la correcta administración; permitir la ingobernabilidad por chantaje lo vuelve administrativamente corresponsable de las irregularidades cometidas en la dependencia.
El actor externo -"Señor de FogonesMX"- no puede calificarse como un tercero inocente en términos de responsabilidad administrativa y civil.
La persona o personas que se ven beneficiadas por las acciones de Liliana García, en este caso, un empresario, lo convierte en un sujeto de investigación debido al acaso de particulares vinculados a faltas graves, ya que la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas sancionan a particulares que coludan o aprovechen su relación con servidores públicos para obtener beneficios personales, contratos, espacios o viáticos pagados de forma irregular.
Si el particular aceptó hospedajes, transportes, alimentos y favores gestionados a través del abuso de poder de la funcionaria (o con promesas de recursos públicos futuros), se convierte en parte activa del esquema de corrupción y fraude en perjuicio del erario y de particulares.
Los empresarios o particulares afectados (como el caso de Ingrid Garcés) pueden presentar demandas civiles por enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, así como denuncias administrativas contra este particular ante la Contraloría o el Tribunal de Justicia Administrativa para que sea sancionado e inhabilitado como proveedor o colaborador gubernamental.
La aparición de Fogones Mx acompañado por el alcalde... pero sin Liliana García
Este movimiento táctico es bastante revelador y clásico en la gestión de crisis políticas y mediáticas. El representante de Fogones MX reaparece en contenidos promocionales junto al alcalde Gilberto Zárate y sin la presencia de Liliana García, y se pueden deducir varias lecturas clave sobre cómo se está reacomodando el escenario.
La ausencia de Liliana García en estos nuevos materiales sugiere que en la administración municipal y en el propio equipo del empresario entendieron que la funcionaria se convirtió en un activo tóxico. Al sacarla del encuadre, intentan desligar el proyecto gastronómico de los señalamientos de nepotismo, desatención laboral y los escándalos personales o de abuso de confianza denunciados por la iniciativa privada local.
Para el empresario, aparecer codo a codo con el Presidente Municipal representa un blindaje institucional. Al codearse directamente con el alcalde, busca transmitir la idea de que su presencia y negocio en Comonfort son un asunto de "interés municipal legítimo" respaldado por la máxima autoridad, pretendiendo lavar la imagen de que presuntamente se benefició de arreglos informales o favores al margen de la norma con la subdirectora.
Para Gilberto Zárate, asumir el protagonismo en esos videos cumple un doble propósito y que es, en primera, proyectar autoridad -la cual, en base a lo evidenciado por Ingrid Garcés, es inexistente- y quiere enviar el mensaje de que él es quien lleva las riendas de la agenda turística y económica del municipio, tratando de matizar la percepción pública de que Liliana García era la que "mandaba y controlaba" en el municipio. Intenta no dar por perdida la inversión o la proyección turística que prometía dicha colaboración, pero desplazando al intermediario político (la subdirectora) que detonó el conflicto con los empresarios locales como Ingrid Garcés.
Se trata de la "misma jugada, diferente rostro"
Aunque el alcalde y el empresario pretendan vender la idea en Comonfort -y ahora en San Miguel de Allende- de una colaboración institucional "renovada", en el fondo sigue habiendo un cabo suelto que no se resuelve con un video: la falta de claridad sobre los recursos privados pagados en el pasado y la falta de transparencia en los convenios del municipio con este particular. Cambiar de acompañante en la foto limpia la estética del video, pero no borra las responsabilidades administrativas ni los adeudos que dejaron atrás.
Una frase que evidencia la autosuficiencia: “No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa”
En febrero de 2026, la funcionaria publicó en su cuenta de Facebook, espacio digital que emplea para promover eventos oficiales de Turismo de Comonfort, su foto y una frase: “No necesito vencer a nadie para saber que soy poderosa”
Al declarar que "no necesita vencer a nadie", la funcionaria busca proyectar que no se encuentra en una contienda o disputa formal con sus detractores porque se considera en una posición jerárquica o política superior donde la confrontación directa es innecesaria. La afirmación "sé que soy poderosa" reafirma, de manera explícita y pública, una autopercepción de control e influencia dentro del ámbito en el que se desenvuelve, respaldando la narrativa de que ejerce un mando fáctico que no depende de la validación institucional o de sus superiores.
Es un recurso estilístico habitual en redes sociales para responder a señalamientos o crisis de imagen sin nombrar directamente a los detractores ni abordar el fondo de las acusaciones -como las faltas administrativas o deudas señaladas-. Se evidencia que busca mover la conversación del plano de la responsabilidad pública y la rendición de cuentas hacia un plano de fortalezas personales y empoderamiento individual, intentando neutralizar la percepción de vulnerabilidad política.
Para un servidor público, publicar mensajes sobre el "poder" personal en medio de señalamientos de opacidad o nepotismo tiende a percibirse por el sector afectado -empresarios e iniciativa privada- como una postura desafiante, poco receptiva a la fiscalización y alineada con la idea de inamovibilidad.
