Metro News Mx

-El IMIPE de Celaya opera en parálisis administrativa total tras 45 días de omisión del alcalde para instalar su nuevo consejo.

-La regidora Herrejón denunció que la falta de consejo técnico impide legalmente que la dirección de IMIPE autorice proyectos.

-El alcalde Ramírez Sánchez ignora acuerdos unánimes de la Comisión de Gobierno, evadiendo la ley y la normativa del instituto.

-Operar sin el consejo ciudadano del IMIPE elimina contrapesos vitales y transparencia en la planeación urbana de la localidad.

-El alcalde Juan Miguel Ramírez ignora la Ley para el Gobierno Municipal, manteniendo a Celaya en un limbo de ilegalidad diario.

-La gestión actual oculta su ineficacia bajo un falso discurso académico, desmantelando la institucionalidad de todo el cabildo.

-Expertos y colegios de profesionistas siguen fuera del IMIPE por los caprichos de una autoridad que desprecia la legalidad hoy.

-Regidores exigen que el alcalde deje el victimismo político y cumpla con su deber constitucional para beneficio de la población.

La parálisis administrativa que atraviesa el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) de Celaya ha alcanzado un punto crítico. La regidora María Isabel Herrejón denunció que la actual administración, encabezada por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, mantiene en la incertidumbre operativa al instituto al omitir la integración del Consejo Directivo, contraviniendo el reglamento vigente y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Desde el 27 de mayo, la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la conformación del consejo, tras validar que los perfiles presentados cumplían rigurosamente con los requisitos técnicos y profesionales. No obstante, a pesar de que el síndico turnó el expediente al despacho del alcalde el 29 de mayo, han transcurrido más de 45 días sin que se realice la toma de protesta, ignorando cuatro sesiones ordinarias del Ayuntamiento —12 y 26 de junio, 3 y 10 de julio— en las que pudo haberse resuelto el nombramiento.

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento del IMIPE, la estructura del Consejo debe integrar perfiles especializados para garantizar la legitimidad y calidad de la planeación urbana. Este órgano debe estar conformado por:

-Dos miembros representantes de los colegios de profesionistas del municipio, relacionados con las materias de planeación, desarrollo y áreas afines.

-Dos miembros integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

-Dos miembros de instituciones de educación superior del municipio, garantizando la presencia de un representante de universidades públicas y uno de instituciones privadas.

La regidora Herrejón advirtió que, al operar sin esta estructura colegiada, la dirección del IMIPE, a cargo de Alejandra Ojeda Sampson, carece de facultades legales para autorizar proyectos, lo que abre una ventana a posibles responsabilidades administrativas, tanto leves como graves, dependiendo de la naturaleza de las inversiones ejecutadas sin validación.

La falta de este consejo ciudadano —que funciona bajo un esquema honorífico— no es un tema menor, ya que priva al municipio de la voz y voto de los expertos en la toma de decisiones. Esta omisión, sumada a la falta de transparencia en la ejecución de proyectos, ha generado comparaciones con otros municipios como Comonfort, donde el cabildo ha comenzado a frenar irregularidades, haciendo un llamado a los regidores de la fracción de Morena para anteponer el beneficio de Celaya sobre los intereses partidistas.

La administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya ha dejado de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un catálogo de ocurrencias. El alcalde, quien ha pretendido justificar su gestión bajo un perfil supuestamente académico, demuestra una contradicción elemental: mientras se ostenta como intelectual, ignora la norma que rige su propio municipio. La falta de instalación del Consejo Directivo del IMIPE no es un descuido, es un síntoma de un estilo de mando autoritario que desprecia la institucionalidad.

Es irónico que un personaje con trayectoria en la academia, quien debería conocer la importancia de la metodología y la consulta, prefiera la discrecionalidad al diálogo técnico. Al mantener al IMIPE en un limbo administrativo, el alcalde no solo se coloca por encima del Reglamento del instituto y de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sino que desmantela el contrapeso ciudadano necesario para una planeación transparente. ¿Quién supervisa las obras? ¿Quién valida los proyectos si no es el consejo designado por ley?

El alcalde suele recurrir al victimismo, descalificando cualquier crítica como un "ataque de la oposición" o una lucha de colores políticos. Sin embargo, este no es un conflicto partidista; es un conflicto de legalidad. Cuando se le señala su ineficacia, la respuesta es el silencio o el desvío de atención, evitando asumir su responsabilidad. Ramírez Sánchez parece haber olvidado que gobernar no es imponer una "reingeniería" personal, sino ejecutar las determinaciones de un Ayuntamiento que, por unanimidad, ya le había marcado el camino.

La realidad es cruda: Celaya no despega porque no hay voluntad de construir acuerdos. Si el alcalde insiste en administrar el municipio como si fuera un feudo personal, el riesgo no es solo administrativo, es de gobernabilidad. Los regidores de Morena tienen hoy una encrucijada moral: seguir siendo cómplices de una parálisis que afecta a más de 650,000 habitantes, o exigir que su presidente respete la ley. El sol ya no se puede tapar con un dedo; la opacidad en el IMIPE es el reflejo de una gestión que prefiere el capricho a la planeación.

Al contrastar la información sobre la parálisis del Consejo Directivo del IMIPE con las recientes declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez en el diario El Sol del Bajío el pasado 7 de julio (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/morena-avanza-en-guanajuato-afirma-alcalde-de-celaya-y-descarta-uso-electoral-de-apoyos-sociales-31003567 ), surgen contradicciones significativas que revelan una brecha profunda entre su discurso político y la realidad administrativa de su gobierno.

-Discurso de "Académico" vs. Incumplimiento Normativo:

La incongruencia: El alcalde se autodefine como un académico que llega al gobierno sin trayectoria política previa, sugiriendo un perfil basado en la técnica y el conocimiento. Sin embargo, su administración mantiene al IMIPE (un instituto de investigación y planeación) sin un consejo directivo funcional, ignorando un reglamento que él mismo debe hacer cumplir. Un "académico" suele respetar la estructura institucional y la validación de sus pares; el alcalde, en cambio, opera bajo discrecionalidad, lo cual es opuesto a la metodología académica.

-Transparencia vs. opacidad operativa:

La incongruencia: El alcalde afirma que su gestión se basa en políticas públicas claras y que, al ser él el representante de Morena en Celaya, los ataques a su persona son "ataques a Morena". No obstante, la omisión del Consejo del IMIPE implica que la directora del instituto está ejecutando proyectos y recursos sin la autorización colegiada que marca la ley. Es "fuera de lugar" que mientras pregona transparencia y políticas públicas nacionales, permita que el órgano encargado de planear el desarrollo de Celaya opere en un vacío de legalidad.

-El "derecho" a los apoyos sociales vs. el derecho a la participación ciudadana:

la incongruencia: El alcalde sostiene que los apoyos sociales son "derechos constitucionales" y no herramientas electorales. Sin embargo, al mismo tiempo, neutraliza el contrapeso ciudadano en el IMIPE —al no integrar a los representantes de colegios, cámaras empresariales y universidades—, eliminando el derecho de la ciudadanía a participar y supervisar la planeación municipal. Hay un sesgo evidente: defiende el acceso a recursos (programas sociales), pero bloquea el acceso a la toma de decisiones (consejos ciudadanos).

-"Estructura partidista" vs. responsabilidad gubernamental:

La incongruencia: El alcalde justifica la ausencia de una estructura de Morena en Celaya argumentando que "en este momento, en Celaya yo represento a Morena". Esta visión personalista de la administración municipal es una contradicción grave: confunde su representación partidista con la titularidad absoluta del gobierno, olvidando que la administración municipal está sujeta a reglamentos, leyes estatales y determinaciones del Ayuntamiento que no están sujetas a su voluntad personal ni a la agenda de un partido.

-El llamado a la unidad vs. el uso político de la crítica:

Punto fuera de lugar: Mientras el alcalde hace un llamado a la unidad política y minimiza las críticas como parte de la "disputa partidista", la realidad es que la parálisis del IMIPE fue denunciada por la regidora María Isabel Herrejón como una falta grave a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Si el alcalde consideraría que minimizar este incumplimiento legal calificándolo como un "ataque político" es una táctica evasiva que ignora el fondo: la falta de gobernabilidad y el incumplimiento de las leyes que él juró cumplir al tomar posesión.

Mientras el discurso público del alcalde en El Sol del Bajío se centra en una narrativa de fortalecimiento partidista y defensa de derechos, sus acciones (o falta de ellas) en el IMIPE demuestran un gobierno que prioriza la centralización de decisiones por encima del marco jurídico municipal, debilitando precisamente la planeación técnica que su perfil académico debería fomentar.

La omisión en la integración del Consejo Directivo del IMIPE de Celaya, tras haber sido aprobado por la Comisión de Gobierno el 27 de mayo de 2026, constituye un posible incumplimiento de las obligaciones legales que rigen a los servidores públicos municipales en el estado de Guanajuato.

-Incumplimiento de atribuciones (Alcalde): Según la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., la autoridad municipal está obligada a actuar conforme a derecho, cumpliendo las determinaciones del Ayuntamiento. Al ser una facultad y obligación del Presidente Municipal ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, la omisión de más de 45 días en la toma de protesta del Consejo contraviene el deber de diligencia y legalidad en el desempeño del cargo.

-Violación a la Normativa del IMIPE: El Reglamento del IMIPE establece claramente la conformación del Consejo (artículo 17), el cual debe incluir representantes de colegios de profesionistas, el Consejo Coordinador Empresarial y universidades. La operación del instituto sin este órgano colegiado anula los mecanismos de participación ciudadana y supervisión técnica que la ley exige.

-Responsabilidad en el Ejercicio de Recursos: De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, todo servidor público debe administrar los recursos públicos bajo su responsabilidad sujetándose a la normatividad. La ejecución de proyectos por parte de la dirección del IMIPE sin la autorización previa del Consejo Directivo podría constituir un "ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".

-Presidente Municipal: Por la omisión en la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento (artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal).

-Dirección del IMIPE: Por realizar actos de autoridad y ejecución de proyectos careciendo de la validación legal del Consejo Directivo que el propio reglamento exige para su operación.

El Órgano Interno de Control es la instancia obligada a examinar estas conductas, dado que los entes públicos están obligados a mantener condiciones estructurales y normativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Estado y la ética de cada servidor público. #MetroNewsMx

-El Cabildo de Comonfort limita el poder ejecutivo tras un conflicto por la firma irregular de convenios y la falta de transparencia presupuestal en el ejercicio fiscal 2026.

-La fractura institucional en Comonfort: cuando la política frena la gestión pública.

-Grave crisis de gobernabilidad se registra tras la quincuagésima sesión ordinaria, donde regidores y síndica votaron por revocar la capacidad de firma autónoma al alcalde ante la sospecha de irregularidades en contratos y convenios firmados sin sustento financiero previo.

-El choque entre el Ejecutivo y la mayoría del Cabildo local alcanza su punto crítico al revelarse que el Presidente Municipal comprometió recursos en programas estatales sin pasar por el filtro obligatorio de la Comisión de Hacienda, lo que derivó en la pérdida de la confianza del pleno.

La quincuagésima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Comonfort, celebrada el pasado 15 de julio de 2026, ha marcado un antes y un después en la dinámica política de esta administración. Lo que debió ser una jornada de trámite para la aprobación de la tercera modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, se transformó en un intenso careo político y jurídico que concluyó con la revocación de las facultades delegadas que permitían al Presidente Municipal, el licenciado Gilberto Zarate Nieves, suscribir convenios y contratos a nombre del municipio sin la aprobación previa y expresa del cuerpo colegiado.

El núcleo del conflicto, expuesto con crudeza por los integrantes del Ayuntamiento, reside en una práctica administrativa que el regidor José Mexicano Jiménez calificó de inversa. De acuerdo con la argumentación presentada durante el debate, el Presidente Municipal ha procedido a la firma de convenios —específicamente citando el programa de concurrencia con el Gobierno del Estado denominado Mi Colonia a Color— sin contar con la suficiencia presupuestal validada por la Tesorería y, más grave aún, sin el dictamen previo de la Comisión de Hacienda.

La postura del Ejecutivo municipal, defendida por el alcalde Zarate Nieves durante la sesión, se basó en la necesidad de agilizar la gestión pública ante la falta de respuesta de las comisiones edilicias. Según el munícipe, la Tesorería Municipal solicitó desde el 2 de julio la deliberación sobre diversos puntos presupuestales, obteniendo como respuesta el silencio de los regidores. El alcalde denunció que este retraso es un bloqueo deliberado por parte de ciertos integrantes del cabildo, quienes, a su juicio, anteponen intereses políticos a la urgencia de concretar proyectos en beneficio de la ciudadanía. "Ustedes son el balance del poder, pero úsenlo debidamente; están actuando en contra de la ley por intereses propios", sentenció el mandatario durante su intervención.

Por su parte, la Tesorera Municipal, Araceli Álvarez Pescador, intentó justificar las acciones bajo el argumento de que, si bien se han firmado documentos de intención o convenios de colaboración, no se ha ejecutado el gasto ni se ha erogado dinero público sin sustento. No obstante, este argumento fue insuficiente para apaciguar la desconfianza de los ediles, quienes hicieron énfasis en el riesgo legal que representa para el municipio suscribir compromisos financieros de manera unilateral.

La síndica municipal, Diana Orozco Díaz, junto con el regidor José Mexicano, articularon la base jurídica para la revocación. Apelando al artículo 100 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, argumentaron que la facultad delegada originalmente el 10 de octubre de 2024 para suscribir actos jurídicos debía ser cancelada. La premisa es clara: el Ayuntamiento no está renunciando a su capacidad de gestión, sino recuperando el control de la firma, obligando a que todo contrato, por mínimo que sea, pase por el filtro y escrutinio del pleno.

La votación final, que resultó con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, pone al municipio en una situación de mayor rigidez administrativa. A partir de este momento, cualquier convenio que pretenda celebrar el Presidente Municipal requiere, de manera forzosa, una deliberación en comisión y su posterior aprobación en sesión de cabildo. Esto garantiza la legalidad de los recursos, pero advierte un escenario de parálisis, donde la gobernabilidad dependerá de una comunicación que hoy se encuentra completamente rota.

La inconformidad no solo se manifestó en los votos, sino en el tono de la discusión. Regidores expresaron su hartazgo ante lo que consideran un estilo de gobierno que ignora los cauces legales. La regidora Claudia, durante su participación, cuestionó la recurrencia de estas situaciones y enfatizó que el Cabildo debe funcionar como un contrapeso real y no como una instancia de validación automática. Por su parte, la postura del alcalde fue de franca confrontación, al señalar que la medida adoptada por los ediles es ociosa y atenta contra la operatividad del gobierno municipal.

Este episodio en Comonfort refleja un problema estructural recurrente en los ayuntamientos donde el Ejecutivo y el Legislativo municipal carecen de canales de diálogo efectivo. La ley es clara: la suficiencia presupuestal es un requisito indispensable para la validez de cualquier acto jurídico del municipio. La omisión de este paso no solo es una irregularidad administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades graves para los funcionarios involucrados.

El acuerdo alcanzado no implica que el alcalde pierda sus facultades constitucionales, pero sí le retira la "facilidad" de firma autógrafa que le fue concedida al inicio de su gestión. La pregunta que queda en el aire para la ciudadanía de Comonfort es si este nuevo mecanismo de control traerá consigo una administración más transparente o, por el contrario, sumirá al municipio en una burocracia paralizante donde el interés político prevalecerá sobre las necesidades sociales. El desenlace de esta sesión es el testimonio de un gobierno fracturado que deberá, en los próximos meses, encontrar un punto de equilibrio bajo el estricto apego a la ley, si es que pretende evitar una crisis institucional mayor.

Al concluir, el ambiente era de tensión. Mientras que para los regidores la acción tomada es un acto de defensa de la legalidad y del patrimonio de los comonforenses, para la presidencia municipal se trata de una estrategia de debilitamiento institucional. La quincuagésima sesión ordinaria será recordada como el día en que la confianza política cedió su lugar a la fiscalización extrema, dejando a la administración de Zarate Nieves frente a una nueva realidad donde cada firma tendrá que ser, a partir de ahora, un acto supervisado y consensuado por el pleno del Ayuntamiento. 

#MetroNewsMx

-Señalan irregularidades en la firma de recibos de nómina por concepto de utilidades, sin que se vea reflejado el depósito prometido en las cuentas bancarias correspondientes.

-La autoridad laboral sugiere que la firma de documentos timbrados sin haber recibido el pago constituye un riesgo legal, al tiempo que las empresas podrían incurrir en posibles fraudes.

-Tras realizar denuncias formales ante las autoridades fiscales, los afectados denuncian falta de respuesta por parte de las áreas de recursos humanos sobre el adeudo pendiente.

Tras darse a conocer la omisión de pago de utilidades de la empresa Marva a trabajadores de esta empresa (https://www.metronewsmx.com/2026/07/denuncian-presuntas-practicas-abusivas.html ), ahora se complica el tema ya que ahora se dio la instrucción a los trabajadores para firmar recibos de nómina timbrados y certificados, bajo la premisa de que recibirían el pago correspondiente de utilidades en un plazo determinado. A pesar de haber cumplido con la firma requerida, un grupo de empleados manifiesta que el depósito no fue realizado en sus cuentas bancarias en la fecha acordada y ya les fueron descontados impuestos, en algunos casos, por varios miles de pesos.

La fundamentación documental de uno de los afectados, fue entregad  la redacción de metro News, donde se observan los detalles señalados en la información.

La empresa no solo estaría cometiendo una falta laboral, sino que está "jugando con fuego" ante el SAT. Al timbrar el recibo, la empresa misma dejó la "huella digital" del fraude: ella reconoce ante el SAT que el dinero salió, y si no puede demostrar el flujo bancario a la cuenta -que es obligatorio para efectos fiscales-, la simulación queda acreditada automáticamente por las facultades de comprobación del SAT.

La problemática se agudizaría ante la disparidad en la ejecución de los pagos, ya que únicamente una parte de la plantilla recibió la remuneración, mientras que otro sector permanece a la espera sin obtener una explicación clara. La gestión del área de recursos humanos ha sido cuestionada, pues se limitaría a solicitar paciencia a los afectados, ante la presunta actitud de ignorar la falta de cumplimiento con las obligaciones laborales estipuladas.

Ante esta situación, los trabajadores buscaron asesoría en instancias de conciliación laboral, donde se les minimizó el riesgo de firmar documentos sin el pago previo. No obstante, al comprobarse el incumplimiento del depósito, surge el temor de que la empresa esté incurriendo en prácticas irregulares al reportar ante la autoridad fiscal un pago que no se ha efectuado. Esta situación podría representar un abuso de confianza, ya que el trabajador aparece como remunerado ante el sistema fiscal, sufriendo la retención de impuestos sin haber percibido el ingreso.

Como medida de respuesta, se han interpuesto denuncias anónimas ante la instancia fiscal competente, adjuntando evidencias como el recibo de nómina firmado y estados de cuenta que comprueban la ausencia del depósito. Los afectados denuncian que la empresa no contaría con elementos para demostrar la realización del pago, ya que la obligatoriedad estipula que los depósitos deben efectuarse directamente a cuentas bancarias individuales asociadas al nombre del beneficiario.

El conflicto permanece en un estado de incertidumbre legal para los afectados, quienes se sienten vulnerables ante la falta de una representación jurídica adecuada y una respuesta institucional efectiva por parte de la empresa, la cual mantiene una postura evasiva ante los reclamos directos.

Emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina —como el que se menciona— sin que exista la entrega real del recurso es una práctica irregular que podría constituir fraude fiscal. Al declarar ante la autoridad fiscal (SAT) que se pagó una cantidad (utilidades) que no fue recibida, la empresa podría estar incurriendo en una simulación de operaciones. Si el sistema fiscal retuvo impuestos (ISR) sobre una cantidad no percibida, el trabajador se ve afectado patrimonialmente, mientras que la empresa podría estar justificando deducciones indebidas o evadiendo responsabilidades financieras reales.

El Reparto de Utilidades (PTU) es un derecho constitucional. La falta de pago, incluso con recibos firmados, constituye un incumplimiento grave a la Ley Federal del Trabajo.

La recomendación recibida en las instancias de conciliación resultaría, a la luz de los hechos, altamente cuestionable y contraintuitiva. Sugerir a un trabajador que firme un recibo por un dinero que no ha recibido coloca al empleado en una posición de vulnerabilidad absoluta. Ante una eventual demanda, el recibo firmado funciona como una prueba presuntiva de pago a favor del patrón, obligando al trabajador a cargar con la difícil prueba de demostrar que no recibió el dinero.

La función de las autoridades laborales -y de instituciones como la PROFEDET-  debe ser la orientación para proteger el derecho del trabajador, no la validación de prácticas que facilitan posibles ilícitos patronales. Firmar sin haber recibido el pago es, técnicamente, convalidar una irregularidad que dificulta posteriores reclamaciones.

Dado que el problema afecta a múltiples trabajadores, se recomendaría denunciar ante el SAT, acción que al parecer ya fue hecha por los trabajadores. Es fundamental realizar una aclaración en el portal del SAT mediante la "Solicitud de conciliación de factura" o reporte de recibo de nómina no reconocido. Esto desvincula al trabajador de la percepción de un ingreso que nunca obtuvo y alerta a la autoridad sobre la emisión de CFDI apócrifos.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para interponer la denuncia formal por incumplimiento de PTU. A diferencia de una conciliación básica, esta instancia puede ofrecer representación legal gratuita para procesos más complejos si la empresa mantiene su postura evasiva. Conservar los estados de cuenta bancarios donde se evidencia la ausencia del depósito, así como capturas del CFDI timbrado, los cuales servirán como prueba de la simulación.

Al involucrar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara una operación -pago de utilidades- que no ocurrió realmente, sitúa a la empresa en una zona de alta responsabilidad penal federal bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El hecho de que la empresa haya timbrado un recibo (CFDI) por un pago que no se depositó constituye, para efectos fiscales, la emisión de un comprobante que ampara operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

-Defraudación Fiscal (Artículo 108, CFF): Comete este delito quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Al timbrar un pago, la empresa genera obligaciones y derechos fiscales (como la retención de ISR); si el pago es falso, está engañando a la autoridad para obtener un beneficio fiscal indebido.

-Simulación de Actos Jurídicos (Artículo 109, fracción IV, CFF): El CFF tipifica como una conducta equiparable a la defraudación fiscal el hecho de simular la prestación de servicios o el pago de remuneraciones, lo cual es exactamente lo que ocurre al "pagar" utilidades que nunca salieron de la caja de la empresa.

-Uso de CFDI falsos o inexistentes (Artículo 113-Bis, CFF): Este artículo es el más severo. Sanciona a quien expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Las penas por estos delitos son privativas de la libertad (cárcel) y se gradúan principalmente en función del monto involucrado o de la gravedad de la conducta:

Defraudación Fiscal (Art. 108):

-Si el monto no excede los $2,236,480.00 MXN: 3 meses a 2 años de prisión.

-Si el monto excede los $2,236,480.00 MXN pero no llega a $3,354,710.00 MXN: 2 a 5 años de prisión.

-Si el monto supera los $3,354,710.00 MXN: 3 a 9 años de prisión.

Expedición de CFDI por operaciones inexistentes (Art. 113-Bis): Se castiga con 2 a 9 años de prisión.

En esquemas de facturación falsa o simulación que involucren montos elevados o estructuras organizadas, la autoridad puede solicitar la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los responsables no podrían enfrentar el proceso en libertad bajo fianza.

Si la autoridad determina que el esquema de "simular pagos de utilidades" para evadir impuestos o desviar recursos es realizado por tres o más personas -por ejemplo, el dueño, el contador y el responsable de Recursos Humanos-, el caso puede escalar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que endurece exponencialmente las penas y anula la posibilidad de beneficios procesales. #MetroNewsMx

Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.

-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.

-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.

-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.

-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.

-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.

-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Extrabajador.

Extrabajador.

Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  

Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 

Sí, la verdad, sí.

Hay un olvido de este aspecto.

Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

O sea, o sea que, o sea que...

Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  

Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Pues sí, la verdad sí.

Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 

Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

No.

Okay.

De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Bueno, pues le agradezco la entrevista.

#MetroNewsMx

-Madre denuncia acoso escolar reiterado e impunidad ante la falta de acción del personal directivo y docente del plantel.

-Violencia física contra un menor incluyó la pérdida de una pieza dental sin que las autoridades escolares actuaran debidamente.

-Estudiantes instigaron agresiones físicas contra un compañero ofreciendo dinero a cambio, ante la omisión total del colegio.

-Directivos minimizaron agresiones físicas y verbales sistemáticas, calificándolas erróneamente como conflictos entre madres.

-El personal docente omitió reportar agresiones graves y se negó a levantar actas, ignorando protocolos de convivencia escolar.

-Familia exige justicia a la SEG tras agresiones físicas, instigación y la sistemática falta de protección al menor agredido.

Ante la inacción de las autoridades de un plantel educativo privado, una madre de familia presentó una denuncia formal ante la Delegación Regional de Educación Región V, encabezada por el Mtro. Aldo Sahib Velásquez Velázquez, para exigir justicia por las agresiones reiteradas que ha sufrido su hijo y que oportunamente fueron dadas a conocer por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ).

La denunciante relata una cronología de violencia escolar que se ha prolongado desde el ciclo escolar 2023-2024 hasta la fecha. El menor ha sido víctima de agresiones físicas, incluyendo una que resultó en la pérdida de una pieza dental, así como violencia verbal sistemática. A pesar de los intentos de diálogo iniciales y la intervención parcial del personal docente, el acoso ha persistido, escalando a situaciones de mayor gravedad.

El episodio detonante ocurrió a principios del mes pasado, durante una actividad extracurricular. Según el testimonio, otro alumno agredió físicamente al menor en dos ocasiones, revelando que actuaba bajo la instigación de un tercer estudiante, quien presuntamente le ofreció dinero a cambio de perpetrar los golpes.

La madre de familia señala con indignación las omisiones por parte del personal docente y directivo. Denuncia que el instructor de la actividad extracurricular no reportó el incidente a la dirección, y que, al solicitar la intervención de las autoridades escolares, recibió una respuesta insuficiente. La institución se limitó a aplicar suspensiones temporales a los menores involucrados, negándose a levantar un acta de hechos formal y minimizando la situación al clasificarla como un conflicto entre particulares.

La denunciante enfatiza que la institución ha ignorado sus propios reglamentos internos y la legislación estatal sobre convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Ante la falta de protocolos claros y la ausencia de acciones para salvaguardar la integridad de su hijo, la madre exige una investigación administrativa profunda.

La denuncia presentada ante la Delegación Regional solicita puntualmente:

-El inicio de una investigación administrativa sobre el actuar del personal directivo y docente.

-La verificación de la correcta aplicación de los protocolos contra la violencia escolar.

-La aclaración de por qué se omitió el reporte de las agresiones y la elaboración del acta de hechos.

-El deslinde de responsabilidades por omisión ante los antecedentes de violencia.

-La implementación de medidas correctivas y preventivas urgentes para garantizar un entorno seguro.

Los padres de familia afectados, quienes manifiestan su indignación ante el manejo institucional de los casos, ha reiterado su total disposición para colaborar con la autoridad educativa, buscando que se garantice el derecho de su hijo a estudiar en un entorno libre de violencia, impunidad y acoso.

Tras la presentación de una denuncia formal por violencia escolar ante la Delegación Regional de Educación (SEG), el proceso se regiría por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

A partir de este momento, la Delegación y la autoridad educativa tienen las siguientes obligaciones y procedimientos conducentes:

-Obligaciones Inmediatas de la Autoridad Educativa

Una vez recibida la denuncia, la autoridad (incluyendo la dirección escolar y la Delegación) tiene el deber legal de actuar para que la violencia cese. Sus acciones deben incluir:

-Atención y protección: Garantizar la integridad física y psicoemocional de la víctima. Esto incluye dictar medidas cautelares si existe riesgo.

-Registro formal: Es obligatorio dejar constancia documental de los hechos (acta de hechos). La omisión en la atención o registro es considerada una falta sancionable por ley.

-Activación de Protocolos: Se deben activar los mecanismos de atención, que pueden incluir la asesoría y canalización a instancias especializadas.

-Procedimientos Conducentes (Lo que presuntamente ocurrirá)

El proceso administrativo seguirá una ruta de investigación y seguimiento:

-Investigación administrativa: La Delegación Regional debe investigar si el personal docente y directivo actuó conforme al Reglamento Escolar Interno y la legislación vigente. Esto implica entrevistar a las partes involucradas (previa autorización de padres o tutores) y revisar la actuación del personal.

-Canalización interinstitucional: Si la naturaleza del caso lo requiere, la Delegación debe canalizar a las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el DIF, instituciones de salud o la Procuraduría de los Derechos Humanos.

-Evaluación de responsabilidades: Se determinará si existió una omisión o negligencia por parte del personal escolar al no reportar o documentar incidentes previos. En caso de responsabilidad, se pueden aplicar correctivos administrativos (extrañamientos, amonestaciones o notas en la hoja de servicio).

-Seguimiento: La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el curso de la investigación y las medidas preventivas implementadas.

-Recomendaciones y Recursos

Si el afectado considera que la resolución de la autoridad es insuficiente o viola los derechos del menor, tiene el derecho de:

-Recurrir a otras instancias: Puede presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

-Acompañamiento: Puede solicitar asesoría jurídica y psicológica en la SEG.

La autoridad debe actuar de manera pronta para frenar la situación y evitar la revictimización del menor. #MetroNewsMx 

-Cifras oficiales revelan una alarmante frecuencia de incidentes violentos en las aulas estatales durante 2025, evidenciando una crisis latente en el tejido social escolar.

-De los 602 reportes de violencia sistematizados por la Secretaría de Educación, apenas 196 fueron calificados como procedentes bajo los protocolos de atención vigentes.

-La disparidad entre denuncias y casos procedentes expone la complejidad de los procesos de investigación y la urgente necesidad de reformar la gestión de la convivencia.

-El sistema educativo estatal reportó en 2024 un total de 561 incidentes de violencia durante el ciclo analizado, exigiendo una intervención inmediata de las autoridades escolares.

-De esta cifra total, 279 fueron clasificados como procedentes, evidenciando una grave crisis de convivencia que traspasa los límites administrativos del aula.

-La escalada de las agresiones alcanzó niveles críticos, obligando a dar vista al Ministerio Público en 39 expedientes debido a posibles conductas delictivas, en el 2024.

Tras el caso reportado a Metro News sobre violencia escolar en el interior de un colegio privado ubicado al noroeste de la ciudad, donde un alumno pagó a otro de sexto grado para golpear a un compañero de cuarto año de primaria (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ), las cifras de violencia escolar saltan a la vista en el estado de Guanajuato con casi mil 200 reportes, según precisan publicaciones con base en datos de la misma Secretaría de Educación en Guanajuato.

La problemática de la violencia en el entorno educativo de Guanajuato se mantuvo como un foco de atención crítica durante el ciclo anual anterior. Según datos confirmados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), un total de 602 reportes de violencia escolar fueron documentados a lo largo de 2025, cifra que refleja la persistencia de conductas agresivas dentro de las aulas. Este reporte, detallado originalmente por El Sol de León el miércoles 25 de marzo de 2026 (https://oem.com.mx/elsoldeleon/local/violencia-escolar-en-guanajuato-602-casos-en-2025-pero-solo-196-procedieron-29150854 ), pone en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para gestionar el clima de convivencia en los centros educativos de la entidad.

De acuerdo con el análisis de las autoridades educativas, no todos los reportes recibidos derivaron en acciones procedentes. De la cifra global de 602 casos, únicamente 196 fueron validados como incidentes que requerían la activación de protocolos de intervención específicos. Esta diferencia estadística, donde poco menos de un tercio de las denuncias alcanzaron la clasificación de procedencia, subraya un fenómeno de gran relevancia: el contraste entre la percepción de los hechos por parte de la comunidad escolar y los criterios técnicos bajo los cuales la Secretaría de Educación evalúa la violencia.

El desglose de los datos permite observar que, aunque la cifra de 602 reportes es significativa, la autoridad educativa estatal insiste en colocar estos números en perspectiva. En sus declaraciones, el organismo subrayó que, si bien cada incidente constituye un evento lamentable y un llamado a la acción, el volumen total de denuncias representa solo una fracción mínima en comparación con el universo total de la población estudiantil en Guanajuato. Sin embargo, para los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil, este dato estadístico no resta gravedad a las implicaciones individuales de cada caso de violencia.

El informe publicado el 25 de marzo de 2026 por El Sol de León recalca el compromiso de la SEG por atender de manera puntual cada una de las quejas presentadas por los padres de familia. La mecánica de atención actual se basa en el seguimiento administrativo y la aplicación de los reglamentos escolares, los cuales buscan, en teoría, restaurar la paz y el orden. No obstante, la existencia de 406 casos que no fueron catalogados como "procedentes" sigue generando dudas sobre la eficacia con la que se están detectando y previniendo los conflictos desde sus etapas iniciales.

La discusión sobre este balance estadístico sigue vigente en la opinión pública. Mientras las instituciones defienden sus mecanismos de filtrado y atención, los sectores que monitorean la seguridad escolar advierten que la burocratización de estos procesos podría estar invisibilizando una realidad más profunda. Para las autoridades, el reto es claro: transitar de un sistema de registro de incidencias a uno que garantice, de manera efectiva, la integridad física y emocional de los estudiantes frente a una cultura de violencia que, al día de hoy, parece haber echado raíces profundas en el sistema educativo.

El panorama de la violencia escolar en Guanajuato reveló datos alarmantes sobre el deterioro de la convivencia en los centros educativos durante el periodo analizado. Según la información difundida originalmente por El Sol de León el miércoles 26 de marzo de 2025 (https://oem.com.mx/elsoldeleon/local/guanajuato-registra-561-reportes-de-violencia-escolar-39-en-proceso-penal-22377788 ), la Secretaría de Educación recibió 561 reportes totales de violencia, de los cuales 279 fueron catalogados como casos procedentes. Esta cifra subraya una realidad innegable: las aulas, lejos de ser espacios seguros, están enfrentando una conflictividad que desborda las capacidades de gestión de las propias instituciones.

El desglose de los 279 casos procedentes es un reflejo de la diversidad de peligros a los que se exponen los estudiantes. Se identificaron 148 incidentes de acoso escolar entre alumnos, distribuidos en 119 casos detectados en escuelas públicas y 29 en planteles de carácter privado. A esta cifra se suman 131 eventos adicionales donde se vio involucrada la conducta de adultos dentro del ámbito educativo. Lo anterior pone de manifiesto que la violencia no es un fenómeno exclusivo de la relación entre compañeros, sino una problemática transversal que compromete a todo el ecosistema escolar.

El dato más preocupante del informe publicado por El Sol de León es la activación de la vía penal. En 39 de estos casos, la naturaleza de las agresiones —específicamente bajo la sospecha de acoso sexual— obligó a las autoridades educativas a dar vista inmediata a la Fiscalía General del Estado. Esta acción marca un precedente claro sobre la postura estatal de "cero tolerancia", al reconocer que existen conductas que no pueden ser resueltas mediante los reglamentos internos escolares y que requieren, por su gravedad, la intervención del sistema judicial para garantizar la justicia.

La estadística de 39 expedientes en proceso penal es un recordatorio de que, cuando se ignora la violencia en sus etapas tempranas, las consecuencias pueden ser devastadoras. La existencia de una brecha entre los 561 reportes recibidos y los 279 confirmados como procedentes mantiene el debate sobre si los protocolos actuales son los adecuados para la detección temprana. Mientras la Secretaría de Educación sostiene su compromiso de atención, los padres de familia continúan exigiendo mayores garantías de seguridad, hartos de que la burocracia escolar sea el único muro ante la violencia.

La publicación original del 25 de marzo de 2026 dejó patente que la violencia escolar en Guanajuato no es un fenómeno homogéneo; es una crisis que requiere soluciones diferenciadas según el tipo de agresión y los actores involucrados. La transición de una falta escolar a un proceso ante el Ministerio Público es un camino que ningún estudiante debería recorrer, por lo que la prevención, más que la sanción, debe ser la estrategia central para recuperar la paz en nuestras escuelas.

¿Es suficiente la intervención de la Fiscalía para disuadir la violencia sexual en nuestras escuelas?

¿Por qué las instituciones privadas reportan significativamente menos casos que las públicas, es realmente menor la violencia o hay subregistro?

¿Se considera que el proceso de investigación escolar es suficiente para proteger a los estudiantes de la violencia?

¿Qué papel deben jugar los padres de familia cuando la autoridad escolar determina que un caso de agresión no es "procedente"?

MetroNewsMx

Una queja enviada a la redacción de Metro News, por personas plenamente identificadas, precisaron su inconformidad en contra de un plantel educativo ubicado al noroeste de la ciudad, por la violencia escolar no atendida y posible bullying contra un niño de cuarto año por parte de uno de sexto grado.

La institución educativa, que ofrece desde preescolar hasta bachillerato al noroeste de Celaya, enfrenta una severa crisis de gobernanza ante graves casos de violencia escolar que han escalado a agresiones físicas reiteradas y esquemas de intimidación con incentivos económicos entre estudiantes para ejercer esa violencia, asemejando a un "sicariato".

"DENUNCIA PÚBLICA":

"En la escuela de mi hijo, un niño de 9 años le pide a otro niño, dos años mayor, que golpee a mi hijo de 10 años a cambio de dinero. Después de que lo hace, el primero le ofrece más dinero si lo golpea con más fuerza, y el otro niño vuelve a hacerlo. Al solicitar un establecimiento de hechos, las autoridades escolares suspenden a los niños por dos días y restan importancia al incidente, argumentando que el resto es una situación entre las madres2.

"Hay repetición de violencia física por parte del mismo niño hacia mi hijo y las autoridades escolares están desviando la atención hacia mi reacción como madre del niño afectado en lugar de analizar la conducta del niño que originó el conflicto".

El peligro para el resto de alumnos del plantel

La administración del plantel ha sido señalada por evadir su responsabilidad institucional ante una serie de incidentes que involucran a un alumno de cuarto grado, quien ha hostigado sistemáticamente a un compañero de segundo año. Entre los antecedentes, figura la pérdida de una pieza dental del menor afectado en un evento previo, mientras que la agresión más reciente ocurrió durante una clase extraescolar de ajedrez.

En lugar de aplicar protocolos de prevención y justicia, la dirección escolar ha minimizado el conflicto, intentando reducir una problemática de conducta violenta a una supuesta disputa personal entre madres de familia. Esta postura ha sido calificada como una táctica para encubrir la falta de control en el plantel, lo que genera cuestionamientos profundos sobre el ambiente formativo que se ofrece a quienes pagan por un servicio de seguridad y educación.

El caso ha trascendido las fronteras de la institución, escalando hacia la Delegación Regional de Educación V y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la intervención de PROFECO bajo el argumento de incumplimiento de contrato por parte de la escuela, al no garantizar un entorno seguro y pacífico, convirtiendo un espacio educativo en un sitio de riesgo. Los padres afectados han responsabilizado tanto a la institución como a la familia del agresor por cualquier represalia o daño adicional que pueda sufrir su hijo.

Si fueran mayores de edad, ¿En qué delitos se estaría incurriendo en este caso?

En el ordenamiento jurídico mexicano, y específicamente bajo el Código Penal para el Estado de Guanajuato, si los involucrados fueran mayores de edad, la conducta descrita —pagar a una tercera persona para ejercer violencia física contra otra— configuraría distintos grados de responsabilidad penal que podrían agruparse de la siguiente manera:

-Instigación (Determinador)

La persona que paga u ofrece un incentivo económico para que se cometa la agresión actúa como instigador (o determinador). Según el Artículo 21 del Código Penal de Guanajuato, es instigador quien dolosamente determina a otro a la comisión dolosa de un delito.

Esta figura es fundamental, ya que aunque el instigador no ejecute el golpe directamente, su responsabilidad es equiparable a la del autor material, pues sin su voluntad y pago, el delito no habría ocurrido.

-Autoría Material

El sujeto que recibe el dinero y ejecuta los golpes sería el autor material. De haber causado lesiones, enfrentaría cargos por el delito de lesiones, cuya penalidad se determina según la gravedad, el tiempo de sanación o la naturaleza de las secuelas (como la pérdida de una pieza dental, que se clasifica como una lesión que afecta la integridad física de manera permanente).

-Concurso de Delitos y Agravantes

Dependiendo de las circunstancias, podrían configurarse otras figuras delictivas:

Lesiones: El delito base contra la integridad corporal.

Amenazas: Si el pago o la dinámica incluyen intimidación para que la víctima no denuncie o para forzarla a hacer algo (Artículo 282 del Código Penal Federal, aplicable por analogía en principios generales).

Responsabilidad Agravada: El Código Penal de Guanajuato permite agravar la punibilidad hasta en un tercio si el delito se comete aprovechándose de una persona incapaz o en situaciones donde hay una clara disparidad de poder.

-La responsabilidad de la institución (Omisión)

Si bien el centro educativo es una entidad privada, su responsabilidad ante estos hechos, si fuera probada una omisión dolosa o negligencia grave que permita la continuidad de estos actos, podría derivar en:

Responsabilidad civil: Reparación del daño (médico, psicológico y moral) por incumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.

Responsabilidad administrativa: Ante instancias como la Delegación Regional de Educación, por no garantizar el ambiente seguro que la ley exige para los centros educativos.

En el derecho penal mexicano, la distinción entre autor intelectual (quien ordena o paga) y autor material (quien ejecuta) no exime a ninguno de los dos; el sistema los trata bajo una misma lógica de responsabilidad penal. En este caso hipotético, el hecho de que exista una transacción económica para provocar daño añade un componente de premeditación que suele elevar las penas.

Las preguntas que quedan en el aire:

¿Es esta institución un centro de formación académica o un espacio que permite la consolidación de conductas violentas?

¿Qué garantías de seguridad real ofrece una escuela que prioriza la omisión sobre la protección de sus estudiantes?

¿Es admisible que un colegio privado eluda su responsabilidad institucional ante la reincidencia de agresiones físicas?

La reciente entrevista con la licenciada Adriana Tinoco Aviña, comisionada de la CECAMED, ha puesto nuevamente sobre la mesa la crisis de atención en las instituciones públicas de salud en México. Durante la charla, se analizó el caso del fallecimiento del señor Irineo Mancera, quien, tras esperar tres horas para recibir atención en una clínica del ISSSTE, perdió la vida, detonando una investigación formal sobre posibles negligencias.

Tinoco Aviña reconoció que el 99% de las quejas recibidas en CECAMED tienen un denominador común: la ruptura de la relación médico-paciente. Según la comisionada, si bien la saturación hospitalaria y la presión administrativa sobre el personal médico son factores reales que inciden en el estrés laboral, estos no pueden ser utilizados como justificantes para el maltrato o la falta de empatía hacia los derechohabientes.

"No es lo mismo morirse en una silla que en una cama de hospital", se preció durante la entrevista, subrayándose la angustia que viven los familiares de pacientes crónicos ante la falta de una comunicación efectiva. Ante esto, la comisionada enfatizó que los protocolos de triage -el sistema de clasificación de gravedad por colores- deben ser aplicados con estricto rigor y sensibilidad humana.

El caso de la familia del señor Mancera ha servido como ejemplo para destacar la importancia de los canales institucionales. La licenciada Tinoco hizo un llamado a evitar la revictimización en redes sociales, la cual puede entorpecer los procesos legales, e invitó a los afectados a acudir a las vías oficiales de conciliación, donde se evalúa si los hechos son procedentes de una queja médica formal.

La investigación continúa en curso para determinar si el fallecimiento fue producto de un mal manejo médico o de la propia evolución del padecimiento renal crónico del paciente.

Estamos de regreso en esta entrevista muy interesante, la cual nos va a arrojar mucha luz sobre el caso del señor Irineo Mancera, quien falleció tras una larga agonía; bueno, tres horas en la clínica del ISSSTE y que actualmente está siendo sujeto a investigación. Licenciada Adriana Tinoco Aviña, decíamos en la cápsula anterior, antes de finalizar, que cuando las personas llegan aquí a la conciliación de CECAMED —donde está el médico con su abogado, quienes obviamente tienen derecho a defenderse— la familia afectada muchas veces les dice: "Doctor, si esto que usted me está diciendo aquí me lo hubiera dicho allá, o si su actitud hubiera sido diferente, no una actitud soberbia y prepotente, no estaríamos aquí". ¿Hay algo de eso, licenciada?

No te preocupes, fíjate que sí. El 99% de las quejas surgen porque se fractura la relación médico-paciente. Hablamos de cuando hay esa cercanía; claro, a veces, cuando son instituciones públicas tan grandes, no hay tanto contacto, pero definitivamente existe una falta de empatía. Tendríamos que ser muy conscientes también de que los servicios médicos están saturados, y el médico tiene obligaciones que el mismo sistema y la institución le imponen; tienes que atender tantos pacientes al día, etcétera.

Perdón que la interrumpa, pero me llama la atención que me diga que los servicios médicos están saturados, cuando nos dijeron que tenemos un servicio médico como el de Dinamarca. Pero bueno, eso me inquieta.

Es que sí somos el mejor sistema de salud, pero hay cuestiones que se deben de cumplir, y pienso que eso puede afectar el estrés del médico al tener que cumplir con el número de pacientes. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera la falta de empatía, el maltrato, la mala comunicación o incluso la grosería que a veces puede pasar. Aquí nos llegan quejas incluso por la persona que está en la entrada, alguien que no los deja pasar o que quizás tiene un perfil sin ninguna sensibilidad con las personas. Te decía que las personas que llegan aquí ya traen un problema encima, una situación de dolor o de preocupación; a veces están hasta endeudados y tienen que pagar. Están en el hospital y no hallan a dónde correr porque la situación se complica, les dicen que hay que referir al paciente y no hay nadie con quien preguntar. Para eso exactamente existe CECAMED, para esos momentos de crisis.

Licenciada, me llama la atención el hecho de que, si yo tengo a mi papá esperando tres horas sentado a que lo atiendan y se muere, todos sabemos que nos vamos a morir, especialmente si padezco una enfermedad crónica. No soy insensible a ese hecho, tengo el temor y la ansiedad; no le digo a una persona con cáncer que siente que se va a morir, esa es la sensación, pero no es lo mismo morirse en una silla que en una cama de hospital.

Sí, claro. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a la hermana, quien es quien acudió, y que también quede claro eso; Marco es su hijo y está huérfano de padre y madre, pero la hija fue quien vivió de cerca el problema. Estamos buscando acercarnos a ella para que nos diga qué vio y qué sucedió, porque ella estaba presente en el lugar de los hechos; ella lo llevó. Tengo entendido que vivía con él y era la cuidadora principal; ella tenía muy claro los momentos de crisis de su papá, porque ya era una persona con enfermedad renal crónica. Este día acudió al hospital del ISSSTE y lo que tengo entendido es que sí le tomaron sus signos vitales. 

No sé si lo sabes bastante bien, pero hay un procedimiento que tienen las instituciones que se llama triage, donde hacen una valoración de acuerdo a un color, como un semáforo; de acuerdo a eso califican la urgencia. También existe la otra parte de las urgencias sentidas, de los pacientes que no nos cuidamos y cuando vamos ya estamos muy mal; no hay una medicina preventiva de uno mismo. Esa es otra parte en la que también nos estamos enfocando. Ahí es donde empezó la crisis, porque aparentemente, si le toman los signos vitales, de acuerdo al momento en que llegó, no estaba en un momento crítico. No quiero ahondar mucho en ese tema, no porque se esté ocultando algo, sino porque sé que se está empezando un procedimiento de investigación.

Eugenio Amézquita Velasco:  

Ya hubo quien cometió el error de ir a las redes sociales a hablar y echó a perder la investigación.

Sí, tienes toda la razón. Yo me estaba enfocando en lo que ella nos platicó; como ya habíamos atendido una vez a Marco, quiso venir a que en Secamed le dijéramos qué podía proceder. Uno de nuestros principales objetivos es recibir las quejas de las y los pacientes; lo hice junto con uno de mis subcomisionados médicos, los atendimos para ver si era procedente o no la queja, que por supuesto tiene todos los elementos para ingresar como una queja médica.

Eugenio Amézquita Velasco:  

Voy a un corte, que esto se está poniendo interesante, para conocer —sin entrar en si hubo un mal manejo— la causa real del fallecimiento del señor Irineo Mancera. Soy Eugenio Amézquita y estoy con la licenciada Adriana Tinoco Aviña, comisionada de la CECAMED.

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