-El alcalde admite que la pista de hielo "no le gustó" y no se volverá a contratar tras las constantes quejas ciudadanas.
-Juan Miguel Ramírez justifica el subejercicio presupuestal culpando al gobierno estatal por falta de aportaciones.
-Ciudadanos y oposición cuestionan la congruencia del edil al despedir funcionarios mientras mantiene decisiones de gasto fallidas.
La administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez enfrenta una crisis de credibilidad tras aceptar el fracaso de la pista de hielo sintética que costó 1.9 millones de pesos. Mientras el edil ordena purgas en su gabinete por bajo desempeño, defiende como buena inversión un atractivo que él mismo calificó de mala calidad y que lució desierto.
La principal contradicción radica en la evaluación de la pista de hielo sintético. Por un lado, el alcalde reconoció públicamente que la pista no le gustó y que su calidad era cuestionable, admitiendo que la mayoría del tiempo lució vacía. Sin embargo, en el mismo discurso, insistió en que fue una buena inversión, y la pregunta sería para quién o para quiénes y al final quién se beneficio realmente con ese dinero.
Resulta contradictorio calificar como "buena inversión" un gasto de 1.9 millones de pesos por un producto que él mismo admite que no cumplió con las expectativas de calidad ni de afluencia ciudadana.
Sus justificaciones se basaron en argumentos tales como que al ser sintética se ahorró agua y electricidad; también de que sostuvo que duró un mes, a diferencia de las de hielo real que duran menos, aunque los ciudadanos reportaron que los patines se atoraban y la experiencia era deficiente.
La conexión entre el fiasco de la pista de hielo y el criterio de despidos
Lo que estos eventos dejan ver es una planeación deficiente. Gastar casi dos millones de pesos en una atracción que resultó fallida evidencia una falta de visión para priorizar el gasto público.
Dada la analogía del desempeño del alcalde para este tema -y muchos más que se han descubierto en lo que va de su gestión y si ello podría llevar a si debería aplicársele el mismo criterio que a los funcionarios despedidos, existen varios elementos a destacar.:
El primero, es que el alcalde ha despedido personal de la Oficialía Mayor y Desarrollo Social argumentando bajo desempeño.
El segundo es que si se aplicara un criterio de "eficiencia y resultados", el fracaso de la pista de hielo y las críticas por el gasto innecesario en un contexto de necesidades básicas (como bacheo o seguridad) colocarían al alcalde en la misma posición de "bajo desempeño" que sus subordinados.
Bajo una lógica de rendición de cuentas empresarial o de resultados estrictos, sería lógico que enfrentara una sanción equivalente y aplicarle el refrán de "con la vara que midas, será smedido".
El marco legal y sanciones que marca la ley
Cuando un gobernante "tira" o gasta erróneamente el dinero público, las leyes que entran en juego son la Ley de Responsabilidades Administrativas y las leyes de fiscalización.
En ese tenor, deberían entrar en acción la ASEG -Auditoría Superior del Estado de Guanajuato-, encargada de revisar que el gasto público se apegue a la legalidad y eficiencia. También la Contraloría Municipal -que brilla por su ausencia- y que debería iniciar investigaciones de oficio por posibles faltas administrativas en la contratación del proveedor. Finalmente, el Tribunal de Justicia Administrativa, para sancionar si se detectan desvíos o daños al erario.
Las sanciones posibles van desde amonestaciones y suspensiones hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos. En casos graves de malversación, existen sanciones penales.
La pregunta sobre estas tres instancias sería ¿Están actuando?
Hasta el momento, las noticias reflejan la crítica mediática y social, pero no hay registros de un proceso de auditoría formal o sancionador en curso específicamente por el contrato de la pista, más allá de los señalamientos de la oposición en el cabildo.
¿Qué demuestra la persona del alcalde con estas actitudes?
Todo este escenario proyecta la imagen de un gobernante que le encanta minimizar el error. Al aceptar que el producto es malo pero defender el gasto, muestra una desconexión con la realidad económica del municipio.
También aplica una doble vara ya que es implacable con el desempeño de sus subordinados, pero condescendiente con sus propias decisiones fallidas y que le están costando dinero al erario público.
Demuestra también la falta de autocrítica. Se transforma en un "ser perfecto". Prefiere culpar a factores externos -el estado, funcionarios, oposición, quien sea- antes que admitir un error de gestión en la selección de proveedores y prioridades. Es interesante ver que no hecha a nadie la culpa de la contratación. ¿Acaso él decidió quién se contratara?
-El alcalde de Celaya compromete la confianza institucional al atacar a la Diócesis tras haber compartido la mesa con el obispo y el clero local.
-Declaraciones radiofónicas de Juan Miguel Ramírez Sánchez contradicen los hechos presenciados por vecinos del Barrio de Tierras Negras durante la festividad religiosa.
-El comportamiento del edil es calificado como una ruptura del código de hospitalidad y un intento de manipulación mediática contra la Iglesia.
-El alcalde utiliza el victimismo estratégico para descalificar al clero y posicionarse con una falsa superioridad moral y civil.
-La presencia del edil en ritos católicos revela una actitud de acecho e infiltración para obtener material de crítica posterior.
-Al omitir su autoridad ante la pirotecnia y preferir la queja mediática, Ramírez Sánchez evidencia una inoperancia deliberada.
-El comportamiento de Juan Miguel Ramírez encaja en la llamada " traición de la sal", rompiendo a base de mentiras, el código ético de confianza con sus anfitriones.
-La contradicción entre sus ataques públicos y su convivencia privada delata una severa disonancia cognitiva y falta de integridad.
-El mandatario confunde la política con la intriga personal, exponiéndose como una figura carente de honorabilidad y eficiencia.
-Pretende borrar de un plumazo 440 años de fuegos de artificio en México, exhibiendo a la Diócesis de Celaya.
-La historia muestra que la pirotecnia llegó a México gracias a los políticos, no a la Iglesia.
-Aquí, Juan Miguel Ramírez Sánchez, no es acusado por la Iglesia, sino por sus propias actitudes: se fabricó su propio desierto y se ha convertido en un paria.
El pasado 12 de enero de 2026, la comunidad del Barrio de Tierras Negras fue testigo de un acto que trasciende la simple convivencia social para entrar en el terreno de la ética política y personal. Tras la celebración de la Santa Misa de las 19:00 horas, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y su esposa, Laura Casillas, compartieron los alimentos con el obispo Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma y varios párrocos de la diócesis.
A pesar de la cortesía y el cobijo brindado por la rectoría del templo, la respuesta del mandatario al día siguiente en un espacio radiofónico local y medios digitales periodísticos rompió cualquier protocolo de respeto. Ramírez Sánchez afirmó que, mientras se encontraba en la casa parroquial, se estaban lanzando cohetes desde el interior, cuestionando directamente a la autoridad eclesiástica sobre la fiscalización de dicha pirotecnia.
Sin embargo, los testimonios de los laicos presentes y la secuencia de los hechos desmienten la versión del alcalde. Los detonantes de pirotecnia fueron externos y ajenos a las autoridades eclesiásticas, quienes en todo momento estuvieron sentados a la mesa con el edil. La omisión del alcalde de actuar en el momento como autoridad administrativa, prefiriendo el micrófono radiofónico horas después, evidencia una estrategia de confrontación velada.
Este episodio se suma a una lista de contradicciones y posturas ideológicas del alcalde que han generado fricción con la fe de la mayoría de los celayenses. Al usar un espacio de hospitalidad para posteriormente sembrar duda sobre sus anfitriones, el alcalde parece haber configurado su propio aislamiento social y político, actuando bajo una dinámica que en otras culturas se pagaría con el repudio absoluto.
El análisis de la actitud de Juan Miguel Ramírez Sánchez
Desde una perspectiva de análisis profundo sobre el comportamiento de Juan Miguel Ramírez Sánchez, se observan diversos rasgos conductuales y psicológicos derivados de sus declaraciones frente a los hechos reales.
Se denota oportunismo y victimismo estratégico del alcalde. El señor demuestra una tendencia a la victimización. Al declarar que se encontraba en una situación difícil o de riesgo por la pirotecnia, intenta colocarse en una posición de superioridad moral frente a sus anfitriones. Utiliza la narrativa de el hombre primitivo y el fuego que le plasmaban de manera amable los sacerdotes y la imposibilidad de cambiar esto, para descalificar intelectualmente a los sacerdotes, presentándolos como personas sin conciencia o cultura, mientras él se proyecta como el único consciente de la seguridad pública.
Es de recordar que México tiene un sinnúmero de artesanías y tradiciones. Una de ellas es la pirotecnia que cumplió el año pasado 440 años de su presencia en México y que según la historia, esta no fue traída a México por la Iglesia, sino por los políticos de la época. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2025/07/mexico-y-sus-440-anos-de-luz-y-polvora.html )
Juan Miguel Ramírez Sánchez muestra una disonancia cognitiva y falta de integridad, ya que existe una contradicción severa entre sus declaraciones ante los medios y señalamientos que efectúa contra la Diócesis de Celaya y su conducta social -asistir a misa y cenar con el obispo-. Esta falta de eje rector sugiere que su presencia en eventos religiosos no obedece a una convicción o respeto institucional, sino a una necesidad de infiltración o vigilancia para obtener material de crítica posterior. Es una actitud de acecho más que de convivencia, típica de corrientes jacobinas trasnochadas.
También exhibe una inoperancia administrativa deliberada. Siendo la máxima autoridad municipal, su falta de acción inmediata ante una supuesta falta administrativa -el uso de pirotecnia- delata que no le interesa el cumplimiento de la ley, sino el rédito político de la queja. Si realmente hubiera visto una irregularidad en la casa parroquial, su deber era ordenar la intervención de Fiscalización y de Protección Civil en el acto. Al no hacerlo y esperar a una entrevista de radio, demuestra que prefiere el ring mediático que el ejercicio responsable del poder.
El perfil de traición social del alcalde de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez es evidente. Su actitud encaja perfectamente en lo que en medio oriente denominan "la traición de la sal".
Al aceptar el alimento y la bendición de quienes considera adversarios ideológicos, y luego atacarlos con insinuaciones falsas o tergiversadas, Juan Miguel Ramírez Sánchez revela un carácter poco fiable. Es la actitud de quien utiliza la cercanía para identificar vulnerabilidades y luego exponerlas, lo que genera un clima de desconfianza tal que invalida su palabra ante la ciudadanía.
En conclusión, se percibe a un individuo que confunde la política con la intriga personal, cuya necesidad de protagonismo lo lleva a morder la mano de quien le ofrece hospitalidad, quedando expuesto no solo como un gobernante ineficiente, sino como una figura carente de honorabilidad elemental.
Los hechos concretos, los datos duros y los antecedentes
El alcalde, acompañado de su esposa, reconoció que en la cena estuvieron presentes dos personajes centrales: Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de Celaya y el padre rector del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Barrio de Tierras Negras, el Pbro. Agustín García Pérez.
La transcripción de sus palabras: Entrevistado por la periodista Arlette Cárdenas
La entrevista, realizada por la compañera periodista Arlette Cárdenas se transmitió en la segunda emisión a través del programa noticioso de nuestro compañero periodista Guillermo García, "Entorno Informativo". El audio, de la transmisión de esa fecha, a la altura del minuto 1:33:00 señala lo siguiente: "Es difícil la situación. Yo ayer estuve en Tierras Negras... el síndico y el tesorero que fueron conmigo ayer en la noche, y adentro de la casa parroquial estaban aventando los cohetes y le dije al señor obispo y al de Tierras Negras, digo, oigan, ¿no hubo otra fiscalización? y me dice, no, dice usted, entonces empezaron a platicar de que el hombre por naturaleza era piromaníaco y que el fuego, que el hombre primitivo y que nosotros tenemos el fuego, etc. y yo entre mí dije, ¿Cómo voy a pelear yo con ellos? La cuestión está en que es una cuestión de conciencia".
"Si no lo hacemos por conciencia podemos poner hasta cárcel pero imagínese, había niños ahí, había señoras señores aventando cohetes para arriba, porque era el doce es la misa, es como el inicio de todo y entonces yo lo que pensé primero, digo es que necesito más castigo, pero no es un problema de castigo es un problema de conciencia, es un problema de cultura".
La pregunta es ¿Por qué espero tantas horas para avisar en la radio el tema? Como alcalde, debió llamar via telefónica o por otro medio a Fiscalización o Protección Civil y les hubiera pedido que acudieran al lugar e investigaran quién o quiénes habían activado la pirotecnia y "san se acabó", ejerciendo una autoridad que hasta el momento no se le ha visto. No, prefirió esperarse, sin actuar y emplear los mecanismos mediáticos quien su propio hermano lo ha exhibido como un sujeto que se aprovecha de cuanta oportunidad le cae en la mano para incurrir en el ridículo. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/celaya-entre-la-herencia-del-desastre-y.html )
Vecinos de Tierras Negras, que vieron y vivieron todo lo que aquí se comenta, dejan ver que el alcalde no es un sujeto de fiar, genera desconfianza y que si se lo ven acercarse a una plática, es mejor callarse.
El mismo Juan Miguel Ramírez Sánchez, por esta actitud con el obispo de Celaya y los sacerdotes reunidos en Tierras Negras, confirma los señalamientos que los celayenses hacen de él en las redes sociales y por su propio hermano José Luis Ramírez Sánchez. Y este hecho, tan simple, genera desconfianza ya no solamente para lo población, sino para todos los católicos, que son la gran mayoría de los celayenses.
Juan Miguel Ramírez Sánchez ha fabricado su propio desierto: El protocolo de "el pan y la sal"
En la tradición del medio oriente y en el código de honor de las tribus árabes -especialmente entre los beduinos-, existe un concepto fundamental llamado Nana o el derecho de Protección -Dakhil-, que se rige por las leyes de la hospitalidad -Diyafa-. Juan Miguel Ramírez Sánchez, tiene actitudes que desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia Católica van contra la Ley de Dios y la Doctrina de la Iglesia, principalmente por ser un individuo que avala el aborto.
En el medio oriente llamarían a Juan Miguel Ramírez Sánchez, un "traidor de la sal".
La "Ley de la sal" señala que en el instante en que el huésped -si se trata de un rival o alguien contrario a la familia y atenta contra su anfitrión-, el pacto sagrado de protección -Dakhil- se anula automáticamente. El anfitrión y su tribu ya no tienen la obligación de protegerlo ni de respetar el periodo de los tres días y un tercio. El agresor pasa de ser un "huésped protegido" a ser una "presa" legítima. Esto último, no sucede con la doctrina de la Iglesia. Ahí, el mandamiento es perdonar a los ofensores por parte de los ofendidos.
Para los beduinos, el acto de traicionar a quien te ha dado de comer y techo se denomina Ghadar. Es el crimen social más bajo en la escala beduina. Al infractor se le etiqueta como alguien que no tiene honor -Muruwa-.
En el desierto, esto es una sentencia de muerte indirecta: nadie volverá a recibirlo en ninguna otra tienda, negándole agua y refugio en un entorno donde es imposible sobrevivir solo.
La vergüenza no recae solo sobre el individuo, sino sobre su familia original. Su propio clan puede llegar a repudiarlo oficialmente -exilio o expulsión- para limpiar su nombre ante las otras tribus. Un clan que no castiga a un miembro que rompió el protocolo de hospitalidad es visto como un clan de traidores.
Al igual que con el anfitrión, la traición del huésped se recordaba en poemas y canciones. En una cultura de tradición oral, ser el protagonista de un poema que narra cómo traicionaste "la sal" de un anfitrión significaba que su linaje sería despreciado por generaciones.
El sistema de hospitalidad es un equilibrio de confianza extrema. Si el huésped lo rompe, se convierte en un paria absoluto, despojado de toda humanidad y derecho ante la ley del desierto... y Juan Miguel ha roto, por sus mentiras, el equilibrio de la confianza, la prudencia y la discreción. #MetroNewsMx
Como parte del trabajo de vinculación interinstitucional y con el objetivo de fortalecer la preparación ante emergencias, la Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya, en colaboración con el Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya (ITC), lleva a cabo un programa de capacitación intensiva de dos semanas, dirigido a 75 jóvenes estudiantes.
La Coordinadora Local de Capacitación, Viviana León, precisó que la capacitación dio inicio el lunes 12 y concluirá el viernes 23, abordando temas fundamentales para la prevención y atención de emergencias, entre los que destacan: Formación de Brigadas, Primer Respondiente, Búsqueda y Rescate, así como Combate contra Incendios.
Durante la primera semana, las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, donde las y los participantes reciben formación teórica y práctica impartida por personal capacitado.
Para la segunda semana, las sesiones continuarán en las instalaciones del ITC, fortaleciendo así el intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.
Los objetivos principales de este programa son capacitar a las y los participantes en técnicas de formación y habilidades de Brigadas de Seguridad e Higiene, proporcionar conocimientos y habilidades prácticas para la atención oportuna de emergencias y realizar un simulacro que permita evaluar la efectividad de la capacitación adquirida.
Finalmente precisó que Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya mantiene su compromiso con la formación de jóvenes preparados, responsables y con vocación de servicio, así como con el fortalecimiento de alianzas estratégicas que contribuyan a la construcción de comunidades más seguras y resilientes.
-La administración de Juan Miguel Ramírez en Celaya se marca por el doble rasero en sanciones y la falta de criterios técnicos.
-Con dos bajas en la Oficialía Mayor en poco tiempo, la rotación excesiva evidencia una grave improvisación y desgobierno local.
-El alcalde justifica despidos por visiones diferentes, mientras protege a aliados señalados por irregularidades administrativas.
-La narrativa de culpar al pasado y ceder a presiones internas agota la curva de aprendizaje y debilita la confianza ciudadana.
-La inestabilidad en áreas clave de Celaya arriesga la operatividad institucional y los derechos laborales de los trabajadores.
Mientras algunos funcionarios señalados por malos tratos no son despedidos, sino simplemente cambiados de área, en la Oficialía Mayor se aplican destituciones inmediatas. Esto refleja un doble rasero en la aplicación de sanciones de parte del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El caso de Araceli Morales Mancera, destituida apenas a 21 días de iniciada la administración, el propio secretario del Ayuntamiento reconoció que los motivos “solo los tiene el alcalde”. La falta de transparencia genera la percepción de ocurrencias más que de evaluaciones objetivas.
Se ven promesas de estabilidad contra anuncios de más despidos. El alcalde asegura que la Oficialía Mayor seguirá operando con normalidad, pero al mismo tiempo advierte que habrá más despidos en esa área. Esto contradice la idea de continuidad administrativa y proyecta incertidumbre hacia los trabajadores.
La destitución recurrente de oficiales mayores en Celaya revela una administración marcada por contradicciones y decisiones improvisadas, más que por una estrategia clara de gestión. La llamada “curva de aprendizaje” ya no es una justificación válida: lo que se observa es una rotación excesiva de personal de confianza que erosiona la estabilidad institucional.
El caso de Xermán Vázquez, señalado por Informativo Ágora (https://agoragto.com/celaya/sancionan-a-funcionario-por-uso-indebido-de-vehiculo-municipal/ )se ha informado públicamente que al parecer no apunta a un despido o remoción inmediata, sino a una sanción administrativa: se le retiró el uso de un vehículo oficial y recibió una amonestación por haberlo utilizado para fines personales. No hay declaraciones oficiales que confirmen que vaya a ser removido de su cargo, aunque el hecho sí lo coloca bajo observación y presión política.
Aunque Xermán Vázquez no es morenista, sino del Partido del Trabajo, aliado de Morena, genera situaciones de pensar si acaso no existen favoritismos o nivel de favoritismos en la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez; a unos los mide con cierto rasero y a otros no, como lo son el caso del regidor Adrián Caracheo y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, quienes no tienen justificación alguna para ausentarse de Celaya y quedarse en el municipio a cumplir con las obligaciones que la ley les marca, so pretexto de acudir a "representar al turismo local", y aquí, el alcalde hace silencio.
Todo evidencia a que efectivamente se está desgobernando con ocurrencias
Primero, porque se infiere una ausencia de criterios públicos. No se explican las razones técnicas o administrativas detrás de los despidos. Se habla de “otros motivos” sin especificar.
El hecho de las reacciones políticas inmediatas. La salida de la Oficial Mayor se vincula con presiones de grupos políticos y quejas de regidores, lo que sugiere decisiones reactivas más que estratégicas. Se ven más vísceras que cerebro.
En tercer lugar, la rotación excesiva. Dos despidos en poco más de un año en un área clave como la Oficialía Mayor, encargada de recursos humanos y derechos laborales, es un síntoma de improvisación y falta de planeación.
Y como siempre, los celayenses son quienes pagan las ocurrencias de Juan miguel Ramírez Sánchez, aunque lo niegue
Hay un debilitamiento institucional. La Oficialía Mayor es responsable de garantizar la operatividad eficiente de la administración. Su inestabilidad afecta pagos, contrataciones y derechos laborales.
También, desde hace tiempo, se vive la desconfianza ciudadana. La percepción de que se gobierna con ocurrencias mina la credibilidad del gobierno municipal. También se genera un riesgo de parálisis administrativa. La constante rotación impide consolidar procesos y genera incertidumbre entre los trabajadores, lo que puede traducirse en menor productividad y conflictos laborales.
La salida de dos oficiales mayores en menos de un año muestra que el equipo de confianza del alcalde no logra consolidarse. Esto es más que una curva de aprendizaje: es un patrón de inestabilidad.
La curva de aprendizaje está agotada. A estas alturas, hablar de “curva de aprendizaje” resulta insostenible. La administración ya debería haber definido criterios claros de selección y permanencia de sus funcionarios.
La narrativa de “apenas estamos aprendiendo” pierde legitimidad frente a la ciudadanía, que exige resultados y estabilidad.
La administración municipal de Celaya proyecta algo que no es mera imaginación sino unan realidad; hay fragilidad institucional y decisiones improvisadas. La Oficialía Mayor, pieza clave para la gobernabilidad interna, se ha convertido en un espacio de alta rotación y contradicciones.
Si esta dinámica continúa, la ciudad enfrentará desgaste administrativo, pérdida de confianza y riesgo de conflictos laborales. La curva de aprendizaje ya no es excusa: lo que se requiere es planeación, transparencia y coherencia en la gestión del personal de confianza.
Lo que reflejan las notas de El Sol del Bajío es un patrón de tensión política y administrativa donde el alcalde aparece atrapado entre dos fuerzas —culpando a funcionarios heredados de gobiernos panistas y, al mismo tiempo, cediendo ante presiones de morenistas para remover a integrantes de su propia administración.
Algo que muestra la incapacidad para gobernar del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez es la narrativa de culpabilidad externa. Es decir, "todos tienen la culpa, menos él", signo inequívoco de un político soberbio.
El alcalde responsabiliza a funcionarios “heredados” de gobiernos panistas, como si fueran el origen de los problemas actuales. Los morenistas, que deberían ser su base de apoyo, también presionan para remover a funcionarios de la administración actual.
El resultado de todo esto es la generación de despidos y rotaciones que no responden a una estrategia institucional clara, sino a presiones políticas cruzadas.
Formalmente, porque tiene el nombramiento, el alcalde parece gobernar, pero sus decisiones muestran que no controla plenamente la dinámica interna. Las remociones parecen más reactivas a presiones políticas que a evaluaciones técnicas o administrativas.
En síntesis, se desgobierno en la práctica. Cuando las decisiones se toman sin criterios claros, bajo presiones externas y con contradicciones públicas, lo que se proyecta es desgobierno. Una administración que no marca el rumbo, sino que responde a coyunturas.
Así, la Oficialía Mayor y otras áreas clave se convierten en espacios de rotación y desgaste. La percepción de ocurrencias y contradicciones erosiona la credibilidad del gobierno municipal. La falta de estabilidad en puestos estratégicos amenaza la operatividad administrativa y los derechos laborales y esa actitud de "victimizarse" -propia de los gobernantes pertenecientes a su partido, además del discurso de culpar a “herencias panistas” y ceder a presiones morenistas profundiza la división y debilita la gobernabilidad.
-Funcionarios de Celaya carecen de facultades legales para asistir al FITUR en Madrid; la ley limita sus funciones a nivel local.
-Regidora Isabel Herrejón, señala su postura sobre esta situación.
-En 2022, los panistas echaron marcha atrás ante la inconformidad ciudadana por un caso semejante
-En 2025, diputado morenista cuestionó a alcaldesa panista por el mismo hecho.
-Ahora, en 2026 Morena repite los mismos errores que criticó a los panistas en 2025, violentando sus propios principios de austeridad.
-A pesar del mensaje de Sheinbaum de 10 de abril de 2025, leído por Luisa María Alcalde invitando a evitar "parafernalia del poder", imitar a Noroña está de moda
-El secretario del Ayuntamiento debe garantizar la operatividad interna en Celaya, no realizar viajes de promoción turística.
-Regidores desvirtúan su figura de fiscalizadores al viajar a España con los mismos directores que deben supervisar.
-La ausencia de Daniel Nieto, en el municipio, como secretario del Cabildo, pone en riesgo la gobernabilidad y la fe pública de los actos del Ayuntamiento.
-El alcalde de Celaya evidencia desconocimiento de la ley al enviar perfiles políticos a un evento técnico internacional.
-El bolsillo de los ciudadanos termina pagando los paseos de funcionarios que acomodan las leyes según sus propios intereses.
-No existe un impuesto hotelero federal que reembolse viajes a municipios; la explicación del alcalde carece de sustento real.
-Los fondos de promoción turística estatal prohíben pagar viáticos a funcionarios sin facultades técnicas en la materia.
-Usar dinero municipal para luego recuperarlo de fondos externos es una operación financiera irregular y engañosa.
-El esquema de reembolso es una simulación para evadir la fiscalización inmediata y ocultar el gasto real del erario público.
-La asistencia del secretario y regidores al FITUR no aporta valor técnico y sugiere un beneficio personal con dinero oficial.
-El municipio de Celaya ignora la racionalidad del gasto al financiar viajes internacionales en lugar de atender la ciudad.
-La Ley de Responsabilidades exige eficiencia en la delegación de funciones; enviar políticos al FITUR es un error grave y tiradero de dinero.
-La administración municipal falla en ética y técnica al priorizar viajes sobre las obligaciones legales de sus funcionarios.
Ni el secretario del Ayuntamiento de Celaya, Daniel Nieto, ni el regidor Adrián Guerrero Caracheo están facultados por la ley para acudir al FITUR en Madrid, España debido a que sus obligaciones y funciones, definidas por la Ley para el Gobierno y Coordinación del estado les imposibilita una salida internacional y menos para temas de gestión turística.
Y lo que resulta más incongruente, si no ridículo o irrisorio, es el hecho de que precisamente en estas mismas fechas, el 23 de enero de 2025, el entonces presidente de la comisión de asuntos municipales del Congreso del Estado, el morenista Ernesto Millán Soberanes cuestionó el viaje que funcionarios municipales de Guanajuato capital, encabezados por la alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, de extracción panista, que realizarían por la capital de España, en Madrid. (https://expresatv.com.mx/guanajuato/2025/cuestiona-diputado-viaje-de-funcionarios-a-espana/ ).
Sin embargo, lo que se observó después fue una actitud de importar poco el mensaje y de contradecir en los hechos a la titular del Ejecutivo Federal y empezar todos a imitar la "austeridad republicana" del senador Noroña.
Vistas las cosas así, da la impresión que cada quien acomoda la ley a su gusto y manera, y al final, el bolsillo de los contribuyentes es quien paga los paseos de los funcionarios.
¿Por qué el secretario del Ayuntamiento no puede ni debe ir en el "Viaje a España"?
Las leyes en el estado de Guanajuato son claras. No puede ni deber ir, primero, porque el secretario del Ayuntamiento es el custodio de la operatividad interna.
Según el Artículo 128 de la Ley para el Gobierno y Coordinación del Estado y los Municipios, y el Artículo 10 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, el Secretario tiene funciones que exigen su presencia constante en el municipio.
El secretario del Ayuntamiento es quien debe estar al pendiente de la gobernabilidad y fe pública. Es el responsable de dar fe de los actos del Ayuntamiento, levantar las actas de cabildo y coordinar la política interna. Su ausencia para un viaje de promoción turística -materia que no es de su competencia técnica- pone en riesgo la continuidad administrativa.
También es responsable de la vigilancia de acuerdos. Su función principal es "hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento". No tiene atribuciones de representación diplomática o comercial en el extranjero, a menos que exista un convenio específico de hermanamiento que justifique su presencia técnica, lo cual no aplica en una feria de comercialización turística como FITUR y menos en Madrid.
¿Por que el regidor, el que sea, no puede ni debe ir al viaje a España?
Los regidores tiene como función la vigilancia, y no la ejecución de acciones. Los regidores forman parte del cuerpo colegiado y sus facultades están dictadas por el Artículo 70 de la citada Ley.
Su función y para lo que el pueblo los eligió y además les paga es por la vigilancia de sus comisiones asignadas. Su tarea es supervisar que las direcciones -como la de Turismo- funcionen correctamente. Acudir a un viaje junto al director que deben supervisar crea un conflicto de intereses y desvirtúa su figura como "fiscalizadores" del gasto.
Tienen la obligación de asistencia a sesiones. La ley les obliga a asistir puntualmente a las sesiones de cabildo y de comisiones. Un viaje a España implica abandonar estas responsabilidades de representación ciudadana inmediata en Celaya.
Si se considera que el FITUR en España será del 21 al 25 de enero, podría pensarse que la salida y preparativos de los "insignes viajeros" iniciará desde el 17 o 18 de enero; si es así, los días 19, 20 y 21 de enero, se realizarán Comisiones por parte de los regidores y, por ende, alguien que como regidor debería estar por obligación y en función en esos momentos en Celaya, se ausentará para cumplir un papel en el que no es su función.... a menos que quieran sesionar a distancia, emulando a Cuauhtémoc Blanco, mientras jugaba padel y simultáneamente pasaba lista de presente en la Cámara de Diputados.
Ninguno de los dos que se "apuntan" o "apuntaron" al viaje tienen el perfil técnico ni la función que les corresponde. El alcalde comete un error al enviar -o enviarse ellos solos- al secretario del Ayuntamiento o a un regidor a una feria internacional de turismo cuando existe un director de Turismo presuntamente profesional, lo que se traduce en una "asignación indebida de funciones".
Se genera además un descuido de funciones. El hecho de que funcionarios de alto nivel abandonen sus despachos para realizar actividades de promoción comercial -para las cuales no fueron contratados, sea por el municipio o por el mismo pueblo ni tienen experiencia técnica- constituye un descuido de las obligaciones legales que les impone el cargo para el que fueron electos o nombrados.
El alcalde de Celaya evidencia desconocimiento de la ley
No es válido bajo el principio de racionalidad del gasto público -que en el estado de Guanajuato se define como como la obligación de ejercer los recursos de manera eficiente, necesaria y transparente, evitando gastos superfluos y asegurando que cada erogación cumpla con los objetivos institucionales y sociales- que un Secretario del Ayuntamiento acuda a FITUR en representación del alcalde.
Su ausencia descuida la atención ciudadana y la coordinación de las dependencias en Celaya. Legalmente, el representante idóneo es el director del Consejo de Turismo, pues es quien tiene la atribución legal de ejecutar la política pública en esa materia. Cualquier otra asistencia sin justificación técnica robusta es un viaje de carácter personal financiado indebidamente con la expectativa de un reembolso público. (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2026/jan/08/celaya-enviara-comitiva-a-fitur-espana-gastos-seran-reembolsados-147733.HTML )
El tema del reembolso y lo que parece una salida o ¿mentira? del alcalde para calmar la avalancha mediática
Desde una perspectiva estrictamente legal y administrativa en el estado de Guanajuato, la explicación del presidente municipal presenta serias inconsistencias técnicas y operativas. Textualmente, el Periódico Correo señaló que "El presidente municipal explicó que, aunque inicialmente se utilizará una partida del presupuesto público para solventar los gastos del viaje, estos deberán ser comprobados y posteriormente reembolsados por la Secretaría de Turismo federal, a través del fondo que se integra con el impuesto hotelero." (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2026/jan/08/celaya-enviara-comitiva-a-fitur-espana-gastos-seran-reembolsados-147733.HTML )
Si el alcalde no se refiere al Impuesto sobre Hospedaje -que es estatal-, podría estar intentando vincular el viaje a un esquema de financiamiento que suena lógico en el discurso, pero que legalmente es un laberinto de imprecisiones y -esperando, estar equivocados- otra vez las mentiras.
Primero: ¿Está hablando del COFOTUR, que es un fondo estatal? Si es así, lo más probable es que el alcalde se refiera al Fondo para la Promoción Turística del Estado de Guanajuato -COFOTUR-. Este fondo se nutre del impuesto que los hoteles de Celaya recaudan.
Celaya aporta cerca de 18 millones de pesos anuales a este fondo estatal y, para 2026, el municipio solicitó el retorno de 5 millones para promoción. Pero...
La falla en la lógica: Estos fondos son para proyectos de promoción -campañas, stands, eventos-, no para "reembolsar" viáticos personales de funcionarios que decidieron pagar su viaje por adelantado. La ley estatal prohíbe que el dinero de promoción turística se use para cubrir gastos de representación de funcionarios que no tienen facultades técnicas en la materia.
Segundo: ¿Existe un "Impuesto Hotelero" Federal? La respuesta es No. A nivel federal no existe un "impuesto hotelero" que la Secretaría de Turismo (SECTUR) administre para devolver dinero a los municipios.
Lo que sí existe, es el hecho de que SECTUR Federal maneja presupuestos para ferias como FITUR donde México es país socio. Sin embargo, ese dinero se usa para pagar el pabellón de México y la logística general, no para depositarle a la tesorería de Celaya lo que se gastarán el secretario del Ayuntamiento o los regidores.
La posible "confusión" es que el alcalde podría estar "mezclando" el hecho de que México es socio en la feria con una supuesta obligación federal de pagar los gastos, lo cual no tiene sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La trampa del "Fondo de Promoción" como garantía
Si el alcalde argumenta que el dinero saldrá de una partida municipal y luego se recuperará de un fondo hotelero, está incurriendo en una operación financiera irregular, entonces habría que recordar que el dinero público no es "restituible" entre órdenes de gobierno así como así.
Si el municipio gasta de su partida de "Viáticos", el dinero sale del patrimonio municipal. Si después entra dinero de un fondo estatal o federal, eso cuenta como un nuevo ingreso, pero no anula el hecho de que el gasto original debe estar justificado por la función del empleado.
Para el caso del secretario y los regidores, ningún fondo de promoción turística -ni estatal ni mucho menos federal- tiene entre sus reglas de operación el pago de viajes a secretarios de Ayuntamiento. Estos fondos son auditables y están diseñados para técnicos y directores de área, no para figuras políticas de administración interna.
Tercero: ¿El alcalde se refería a una "Licitación de Promoción"?
Recientemente, SECTUR Federal lanzó licitaciones para la operatividad de FITUR 2026. Es posible que el alcalde esté asumiendo que "dentro de esos contratos" se incluye el hospedaje de las comitivas. Pero, legalmente, los contratos federales no pueden cubrir gastos de funcionarios municipales; eso sería desvío de recursos federales.
Ante la "lógica del alcalde", la explicación de Juan Miguel Ramírez Sánchez parece una "carambola de tres bandas" para evitar el costo político. Si usa dinero municipal, está violando la austeridad. Si dice que los funcionarios lo pagan, entonces es simulación y la última "banda" es que si dice que un "fondo hotelero federal" lo devolverá, pues es un fondo que no existe como tal para reembolsos.
En resumen, no existe un mecanismo legal automático donde la Federación le regrese a un municipio el dinero gastado en boletos de avión para regidores. Si el dinero sale del erario de Celaya el día de hoy, es un gasto público ejecutado, y si los perfiles de los que viajan no son los adecuados -como el secretario del Ayuntamiento-, se mantiene la observación de falta de responsabilidad administrativa.
Los panistas quisieron hacer lo mismo en 2022 y tuvieron que echar marcha atrás: ahora Morena trata de hacerlo y se justifica sin importar violar normas
La comitiva original incluía a cuatro regidores y al Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricárdez Godoy. En aquel momento la controversia se centró en el origen de los recursos. Ricárdez Godoy declaró que buscaría financiamiento privado y créditos personales ante la falta de presupuesto en su área.
Por otro lado, la presión social y mediática sobre el uso del erario para los regidores fue tal que estos terminaron cancelando su participación o asegurando que costearían sus propios gastos, evitando así un impacto directo a las finanzas municipales ante la falta de justificación técnica sólida.
En enero de 2026 la situación se repite con la participación de Celaya en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. La comitiva confirmada incluye al Director de Turismo, Carlos Olvera, al Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, y al Regidor Adrián Guerrero Caracheo. La Directora de Desarrollo Económico, Analí Rocha, desistió de asistir. La regidora de oposición Ma. Isabel Herrejón ha denunciado públicamente que el mecanismo financiero utilizado es un préstamo inicial por parte de los funcionarios con la promesa de un reembolso posterior con recursos públicos. Herrejón señala la falta de perfil técnico del Secretario del Ayuntamiento para un evento de promoción turística y cuestiona la violación al principio de austeridad promovido por la actual administración de Morena.
El análisis de ambos momentos revela una evolución preocupante en la gestión de la transparencia. En 2022 la administración cedió ante la opinión pública cancelando el viaje o eliminando el cargo al erario de forma directa. En contraste, el escenario de 2026 presenta una estrategia financiera más ambigua: el esquema de reembolso. Este mecanismo permite al gobierno declarar inicialmente que no se está gastando dinero público, aunque el impacto final en el presupuesto sea el mismo.
Existe una clara contradicción entre el discurso de austeridad y la inclusión de figuras políticas como el Secretario del Ayuntamiento en eventos especializados donde su presencia no aporta un valor técnico justificado. Mientras que en 2022 la presión social logró detener el gasto, en 2026 se observa una resistencia institucional a transparentar los mecanismos de devolución de dinero y la pertinencia de los perfiles.
El final del análisis
La primera conclusión es que el concepto de austeridad en la administración actual se ha convertido en una herramienta narrativa más que en una práctica administrativa real. El uso de reembolsos es una simulación que busca evadir la fiscalización inmediata pero que termina afectando las finanzas de Celaya por igual.
En segundo lugar la falta de una agenda técnica clara para el Secretario del Ayuntamiento y el regidor Guerrero Caracheo en España sugiere que el viaje tiene tintes de beneficio político o personal más que institucional. La promoción turística debe ser ejecutada por especialistas para garantizar el retorno de inversión para el municipio.
Finalmente se concluye que la vigilancia de la oposición, de los medios de comunicación y de la ciudadanía es el único freno real ante estas prácticas. La congruencia exigida por la regidora Herrejón pone de manifiesto que el gobierno municipal ha fallado en establecer criterios éticos y técnicos para el uso de recursos en viajes internacionales, repitiendo e incluso sofisticando los errores señalados hace cuatro años.
Herrejón señaló, en entrevista a Metro News que "como regidora del PAN, de oposición, y en ejercicio de mi responsabilidad de vigilancia y representación ciudadana, como vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo manifiesto mi postura respecto a la participación de una comitiva del Gobierno Municipal de Celaya en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse en Madrid, España".
"La FITUR es un evento estrictamente especializado en la promoción turística, por lo que la representación del municipio debería recaer únicamente en el director del Consejo de Turismo, quien cuenta con las atribuciones, el perfil técnico y la responsabilidad directa para cumplir con los objetivos del evento y dar seguimiento a los acuerdos que de éste se deriven".
"La asistencia de otros funcionarios municipales no resulta necesaria ni justificable como es el caso del Secretario del Ayuntamiento, y de subida otros, toda vez que sus funciones no están directamente vinculadas con la promoción turística, ni su presencia representa un valor agregado para el cumplimiento de la agenda del municipio en dicho encuentro internacional".
"Asimismo, es válido y necesario cuestionar dónde queda el principio de austeridad que Morena ha señalado reiteradamente como eje de su actuación en el servicio público. Aunque se ha informado que los gastos serán cubiertos inicialmente por los propios funcionarios, existe el compromiso de reembolso con recursos públicos, lo que finalmente representa un impacto al erario municipal".
"La ciudadanía exige congruencia entre el discurso y los hechos. La austeridad no debe limitarse a una narrativa política, sino reflejarse en decisiones responsables, eficientes y enfocadas en el interés público".
"Desde la oposición seguiremos señalando y vigilando cualquier acción que implique un uso innecesario de recursos públicos, siempre con el objetivo de que Celaya cuente con un gobierno transparente, congruente y cercano a la gente", finalizó.
El uso de recursos públicos bajo el esquema de "préstamos" o "reembolsos" para viajes de funcionarios en Guanajuato camina por una delgada línea entre la normativa administrativa y posibles faltas graves. #MetroNewsMx
Durante el Pase de Revista, correspondiente a enero 2026, elementos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, reafirmaron el compromiso institucional con los principios humanitarios y el fortalecimiento de su labor al servicio de la comunidad.
La ceremonia inició con honores a la Bandera, seguidos de los Honores al Guion de Cruz Roja Mexicana, a cargo de la escolta institucional y de la Banda de Guerra de Bomberos Fundadores, quienes dieron realce y solemnidad al evento.
Como parte del acto protocolario, se llevó a cabo el izamiento del guion de la Cruz Roja, a cargo de los coordinadores de área.
Durante la ceremonia se realizó también el Pase de Lista en memoria de los compañeros caídos en cumplimiento del deber: Cristina del Carmen Camarena Laguna (q.e.p.d.), J. Jesús Revilla (q.e.p.d.) y Juan Rodríguez Corona (q.e.p.d.). Sus nombres fueron recordados con respeto y gratitud por su entrega, vocación de servicio y legado dentro de la institución.
En el marco del evento, la Coordinadora de Voluntariado, Sandra Arreguín, destacó la importancia del trabajo de cada uno de los elementos de la institución, haciendo énfasis a un agradecimiento que se recibió por parte de la ciudadanía, derivado de la atención brindada por las elementos Leslie García, Diana Rodríguez y María Elena Pérez.
Así mismo, la Coordinadora de Migración, Rosa Isela Martínez, recordó el segundo aniversario luctuoso del compañero Felipe Jiménez (q.e.p.d.).
Finalmente agradeció la presencia de todos los asistentes de la Delegación Celaya.
-En entrevista, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, del H. Ayuntamiento de Celaya, pone "los puntos sobre las ies" sobre la falta de proyectos ejecutivos en Celaya
-Se infiere que el alcalde no quiere la unidad de Celaya, sino la desunión a base de desgobierno y verborrea de odio, al más puro estilo del actual oficialismo.
-La regidora Isabel Herrejón desmintió al alcalde Juan Miguel Ramírez, aclarando que el freno a obras es por falta de proyectos.
-Herrejón rechaza la narrativa de victimización del alcalde y del diputado Chaurand, calificándola como una estrategia de confusión.
-El legislador Antonio Chaurand "se sube al ring" y evidencia su incongruencia de quien debe defender la ley: trata de ignorarla, minimizando la necesidad de proyectos ejecutivos
-La gobernadora Libia Dennise mantiene un trato equitativo con los 46 municipios, exigiendo solo el cumplimiento de la normativa legal.
-Se advierte que el alcalde conoce los lineamientos, pero prefiere la confrontación mediática en lugar de subsanar las observaciones.
-Celaya requiere resultados tangibles y honestidad pública, dejando atrás la propaganda para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
-Inconsistencias financieras por 4.9 millones de pesos -solamente en dos obras- dadas a conocer en el primer informe de gobierno revelan falta de transparencia y posible duplicidad de obras.
-Regidora Cristina denunció que las contrataciones en el municipio privilegian la lealtad política a la 4T por encima de la capacidad profesional.
-Advierten sobre la falta de autocontrol del alcalde frente a la crítica y un creciente hartazgo social que exige resultados inmediatos.
-Las expresiones despectivas del alcalde Juan Miguel Ramírez, en agosto de 2025, contra la regidora Fátima González revelan un profundo desconocimiento del marco legal y el principio de colegialidad.
-El uso de frases como para eso la contratamos denota una visión patrimonialista del poder, donde el edil confunde el servicio público con un feudo personal y subordinación laboral.
-Expertos advierten que este comportamiento constituye violencia política en razón de género, una práctica autoritaria que vulnera la institucionalidad democrática del Cabildo.
La aclaración de la regidora Isabel Herrejón, generada en entrevista exclusiva a Metro News, expone con contundencia que el problema de Celaya no radica en un supuesto trato desigual del Gobierno del Estado, sino en la incapacidad técnica y administrativa del municipio para presentar proyectos ejecutivos completos y solventes.
La narrativa de victimización del alcalde Juan Miguel Ramírez se confronta con evidencias documentadas que muestran deficiencias en la gestión local y una crisis de credibilidad institucional.
La regidora Isabel Herrejón señaló que el alcalde y algunos actores políticos insisten en responsabilizar al Estado de una supuesta falta de equidad, cuando en realidad el obstáculo es la deficiente integración de proyectos ejecutivos. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html)
El artículo editorial de Metro News Mx confirma esta línea. El alcalde ha recurrido a la confrontación mediática y a la victimización política, incluso adjudicándose obras de administraciones pasadas en su informe de gobierno.
La gobernadora Libia Dennise García ha reiterado que los recursos estatales están disponibles, pero que Celaya no ha cumplido con los requisitos técnicos indispensables.
El texto de la entrevista de aclaración de la regidora Isabel Ma. Isabel Herrejón Arredondo
Eugenio Amézquita Velasco:
Buen Día, regidora. Vamos directo y al grano ¿Qué está sucediendo con el presidente municipal? ¿Por qué le está mintiendo a la gente de Celaya? ¿Por qué el discurso de odio de este señor? ¿Acaso intentan a base de mentiras desviar la atención de algo o dividir a los celayenses?
Regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo:
Gracias, Eugenio. Creo que es importante una aclaración sobre proyectos ejecutivos e inversión estatal en Celaya. Una aclaración respecto a las declaraciones recientes del Alcalde de Celaya y al diputado Antonio Chaurand (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-diputado-chaurand-se-sube-al-ring-e.html ), su insistencia en señalar una supuesta falta de trato equitativo por parte del Gobierno del Estado.
Resulta preocupante que, después de más de un año y tres meses de gestión, el alcalde y algunos actores políticos continúen confundiendo a la ciudadanía Celayenses, sosteniendo narrativas de victimización y señalando al Estado, cuando el verdadero problema radica en la falta de cumplimiento, seguimiento y solventación adecuada de los requisitos técnicos de los proyectos ejecutivos.
Es importante decirlo con claridad. El alcalde conoce perfectamente que para acceder a recursos estatales es indispensable presentar proyectos completos, atender observaciones y dar seguimiento puntual a los requerimientos de cada dependencia. Si existen observaciones, lo procedente es subsanarlas, no desinformar ni exigir trato preferencial.
Asimismo, es un hecho que durante 2025 hubo una disminución en la inversión pública, lo cual obliga a todos los municipios a no perder la capacidad técnica, a priorizar y a presentar proyectos sólidos y viables. Pretender que los recursos se otorguen sin cumplir los lineamientos solo debilita la gestión pública.
Debe quedar claro también que la Gobernadora Libia Dennise García ha sido equitativa y justa con los 46 municipios del estado, y no existe evidencia de un trato discrecional como se ha querido hacer creer. Lo que sí existe es la responsabilidad de cada municipio de cumplir con los requisitos establecidos.
Celaya necesita resultados, no discursos.
Necesita trabajo, capacidad técnica y verdad hacia la ciudadanía. Es momento de dejar atrás las mentiras, la confusión y la revictimización, y asumir con seriedad la responsabilidad que implica gobernar.
Los análisis de las posturas regidora, alcalde y estado
En su postura, la regidora Herrejón Arredondo recalca que el alcalde conoce los lineamientos y que su obligación es subsanar observaciones, no exigir trato preferencial. Advierte que la disminución de inversión pública en 2025 obliga a los municipios a fortalecer su capacidad técnica y priorizar proyectos sólidos. Su mensaje es claro, y es el de que Celaya necesita resultados, no discursos.
Por su parte, en su discurso, el alcalde se presenta como víctima de un “bloqueo político” por parte del Estado. Afirma haber entregado 47 proyectos ejecutivos, pero no existen validaciones técnicas completas que respalden esa afirmación. Su estrategia se inscribe en la lógica de la posverdad, donde se privilegia la narrativa política sobre la evidencia técnica.
La posición del Estado coloca a la gobernadora en una actuación con equidad hacia los 46 municipios. La negativa a liberar recursos no responde a criterios políticos, sino a la falta de expedientes técnicos completos. Asignar recursos sin cumplir requisitos sería jurídicamente imposible y financieramente irresponsable.
La crisis de credibilidad institucional del alcalde de Celaya
El caso de Celaya refleja una fractura entre técnica y política. Técnica, porque hay proyectos incompletos, errores administrativos, falta de perfiles especializados. Política, con discurso de victimización, acusaciones de favoritismo y confrontación mediática. El resultado es una crisis de honestidad pública, donde la ciudadanía recibe mensajes contradictorios y se erosiona la confianza en la gestión municipal.
La intervención de Isabel Herrejón es un llamado a la responsabilidad y transparencia. Su aclaración desmonta la narrativa de victimización y coloca el foco en la verdadera raíz del problema y que es la incapacidad técnica del gobierno municipal.
Celaya no puede seguir atrapada en la simulación. La ciudadanía exige proyectos reales, resultados tangibles y un gobierno que deje atrás la retórica para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
En este tablero político, la gobernadora representa el rigor técnico y la legalidad; el alcalde, la propaganda y la evasión. La diferencia es clara: sin proyectos ejecutivos completos, no habrá inversión estatal. Celaya necesita trabajo, capacidad y verdad.
La regidora Cristina González ya lo había señalado: La gente no es tonta y se da cuenta
La regidora Cristina González Muñoz, representante del Partido Verde Ecologista de México, puso sobre bajo la lupa, en octubre de 2025 la integridad administrativa del gobierno municipal de Celaya al rechazar el primer informe de gobierno. Su postura, lejos de ser un simple disenso político, se fundamenta en hallazgos que sugieren una gestión marcada por la opacidad documental y el uso de la estructura pública como una extensión de intereses partidistas. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )
El punto más crítico de esta denuncia radica en la detección de obras por un valor de 4.9 millones de pesos que, aunque fueron presentadas como logros de la presente administración, corresponden en realidad a la gestión anterior. González Muñoz enfatiza que el informe escrito es la prueba legal de la función pública y que cualquier inconsistencia en las cifras no es un error menor, sino una falta a la confianza ciudadana que impide conocer el destino real de los recursos.
La gestión del talento humano y la organización de eventos también han sido señaladas como herramientas de pago de favores. La contratación de artistas bajo el criterio de ser compañeros de la 4T, como el caso de Eugenia León, cuya presentación registró una escasa asistencia, evidencia una prioridad por la afinidad ideológica sobre la eficacia del gasto público. La regidora sostiene que el gobierno debe trabajar para todos los sectores de la población, sin importar colores, y que los puestos deben ser ocupados por perfiles con estudios y capacidades probadas, no por cuotas de campaña.
En la esfera política, se ha observado una preocupante falta de autocontrol por parte del Presidente Municipal ante los señalamientos de los ediles. La regidora subraya que el respeto debe ser el eje de la interacción en el Cabildo, especialmente cuando se presentan pruebas de errores administrativos. En México, donde frecuentemente las leyes parecen ajustarse a intereses políticos y electorales para perpetuar el poder en turno, la exigencia de un marco legal transparente se vuelve una urgencia social.
Finalmente, la advertencia es clara: la ciudadanía de Celaya está despierta y ha dejado de aceptar la curva de aprendizaje como excusa. Con un termómetro social que ya ha registrado manifestaciones de jóvenes estudiantes, el gobierno municipal se enfrenta a un escrutinio que no perdona la incongruencia. La exigencia es una sola: transparencia absoluta y resultados que beneficien al pueblo, dejando de lado las lealtades facciosas que tanto daño han hecho a la institucionalidad mexicana.
Juan Miguel Ramírez Sánchez y el retorno del caciquismo: "el alcalde capataz" y ¿misógino?
La vida institucional de Celaya atravesó en agosto de 2025 una de sus crisis más agudas, no por la falta de recursos o proyectos, sino por la erosión del respeto y la legalidad en el seno de su Ayuntamiento. Las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien afirmó públicamente que a la regidora Fátima González Reyna "para eso la contratamos" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-evidencia.html ), encendieron las alarmas sobre el resurgimiento de una cultura política rancia, propia de la figura del hacendado o el reyezuelo que gobierna bajo el capricho y no bajo la ley.
Esta narrativa de subordinación es impropia de un sistema democrático. La Constitución del Estado de Guanajuato es clara: los regidores son electos por la ciudadanía y poseen una investidura de autoridad con funciones de fiscalización y deliberación. No son empleados del presidente municipal. Al intentar reducirlos a la categoría de subordinados, Ramírez Sánchez no solo exhibe una preocupante ignorancia normativa, sino que proyecta una actitud de patrón de cuadrilla que desprecia la autonomía de sus pares.
El análisis de este discurso revela una misoginia institucional latente. Al cuestionar si la regidora entiende que es regidora y amagar con saltarse los procedimientos legales para convocar a comisiones, el edil utiliza el escarnio público como una herramienta de control simbólico.
Esta presión mediática, cargada de sesgos de género y tono condescendiente, encaja perfectamente en los supuestos de violencia política contra las mujeres. Mientras la regidora González Reyna respondió con documentos que prueban la entrega tardía de información por parte de la administración, el alcalde optó por el insulto y la descalificación sin sustento.
El historial de verborrea sin control del alcalde ya es extenso. Desde amenazas de encarcelar a sacerdotes hasta el reconocimiento de que otorga empleos por lealtades de campaña o para calmar el fuego amigo, su lengua se ha convertido en su principal tropiezo.
Sin embargo, cuando esta incontinencia verbal se dirige a socavar la función de una mujer en un cargo de elección popular, el problema deja de ser una anécdota de mala educación para convertirse en un posible delito electoral sancionable por el IEEG o el TEPJF.
En México, muchas leyes han sido moldeadas por intereses políticos para sostenerse en el poder, pero el principio de colegialidad del Ayuntamiento es una de las pocas barreras que quedan contra el autoritarismo municipal. Celaya no necesita un capataz que use el micrófono para amedrentar, sino un presidente que entienda que el respeto institucional no es opcional, sino constitucional. La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo y no un escenario de agresiones donde el poder se confunda con el mando personal. #MetroNewsMx
-Las declaraciones del diputado Antonio Chaurand sólo demuestran ignorar o querer ignorar la ley que se comprometió cumplir y defender: análisis editorial
-Se suma Chaurand a la actitud de Juan Miguel Sánchez Ramírez, la de "víctimas que nadie quiere ni comprende"
-Mientras el Estado exige expedientes solventes porque es su obligación legal hacerlo, el legislador reclama un trato parejo basado en una muy mal entendida urgencia social.
-El diputado Antonio Chaurand califica de excusa la falta de proyectos ejecutivos y acusa un sesgo político del Gobierno del Estado contra el municipio.
-Chaurand se contradice con el mensaje de la presidenta de la República de que nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
-La narrativa del legislador morenista confronta el obligado y necesario rigor técnico de la administración estatal, sugiriendo que la voluntad política debe imponerse sobre los lineamientos burocráticos, lo que infiere pensar en un mensaje de no cumplir con las normas y las leyes.
Las declaraciones del diputado local Antonio Chaurand Sorzano realizadas al medio digital "Informativo del Bajío" (https://informadordelbajio.com/diputado-acusa-sesgo-politico-en-reparto-de-recursos-a-celaya/ ) sobre la asignación de presupuesto estatal para Celaya añaden un nuevo capítulo al tema entre el gobierno municipal de Morena y el gobierno estatal, a pesar de que el alcalde ha demostrado en el pasado que le miente a los celayenses en materia de obra pública (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html ). Al afirmar que los proyectos ejecutivos incompletos son solo un pretexto y exigir un piso parejo, el legislador traslada un problema estrictamente técnico al terreno de la victimización política, una estrategia que busca capitalizar el descontento social -provocado por el mismo alcalde con discursos de odio- ante la falta de obra pública.
La gobernadora Libia Dennise García ha sostenido que los recursos están disponibles, pero que Celaya no ha logrado subsanar observaciones fundamentales. En este sentido, la postura del diputado parece privilegiar la ideología sobre la solvencia técnica, una colisión que solo mantiene las obras de la ciudad en un estancamiento administrativo.
Resulta revelador el uso de la comparación con León. Al señalar que el presupuesto de la ciudad zapatera es muy superior, Chaurand apela al sentimiento de abandono regional, pero omite que la capacidad de ejecución y la madurez de los proyectos son factores determinantes para la liberación de fondos.
Para el legislador, el celo político por el apoyo que el Gobierno Federal brinda a Celaya es el verdadero motor de la negativa estatal, una narrativa de posverdad que intenta desviar la atención de las deficiencias internas en áreas clave como el IMIPE y Obras Públicas municipales. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html )
El llamado a olvidarse de los colores es una espada de doble filo. Si bien es cierto que el bienestar ciudadano no debe tener partido, también es una realidad que la transparencia y la rendición de cuentas exigen rigor. Asignar recursos a proyectos incompletos, como sugiere el diputado, sería un acto de irresponsabilidad jurídica que pondría en riesgo incluso a los funcionarios que ejecuten dichas obras.
En conclusión, la intervención de Antonio Chaurand refuerza el discurso de la resistencia política, pero no ofrece soluciones al vacío técnico que enfrenta la administración de Juan Miguel Ramírez. Celaya se encuentra en un momento crucial donde su ubicación estratégica de nada servirá si su gobierno municipal no transita de la queja mediática a la eficiencia administrativa. Mientras el discurso político insista en que la técnica es un pretexto, la ciudad seguirá viendo cómo los recursos se quedan en la mesa por falta de capacidad para gestionarlos. #MetroNewsMx
