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Redacción

- Los llamados "revisteros" vendían publicidad a alcaldes; sin circulación real, usando el “círculo rojo” como coartada de influencia.
-La estrategia era simple: elogiar al alcalde, imprimir pocos ejemplares y cobrar del erario por una revista que nadie leía.
-En Celaya y Salvatierra se repite el patrón: justificar gestión con publicaciones sin presencia local ni consulta ciudadana.
-La portada del alcalde en revista nacional carece de ficha técnica, criterios claros y respaldo institucional colegiado.
-El “premio” recibido no tiene trazabilidad pública ni verificación metodológica, lo que genera sospechas de marketing político.
-El regidor Carlos Ruiz León pidió investigar si se usaron recursos públicos; el alcalde niega, pero sin pruebas documentales.
-Publicar encuestas en medios sin reputación debilita su función democrática y convierte la información en propaganda.
-La falta de pluralidad y debate en medios cerrados refuerza narrativas personalistas y erosiona la transparencia institucional.
-La cultura democrática exige rendición de cuentas, no reconocimientos gestionados desde intereses privados o simbólicos.
-Celaya merece logros verificables, no visibilidad comprada; el mérito debe ser colectivo, no una portada sin sustento técnico.

Hace muchos años, en el ámbito periodístico, la palabra “revistero” se refería a quien redactaba artículos para revistas impresas, especialmente en publicaciones culturales, políticas o literarias. Aunque había y sigue n existiendo revistas serias, había otras que se dedicaban a esquilmar a las administraciones municipales.

El dichoso "revistero", en el estado de Guanajuato, por lo regular mandaba imprimir unos pocos ejemplares. en algunos casos hasta 500, insuficientes para un alcance  municipal o estatal. Podía hacer más revistas, dependiendo de costos, recuperación de la inversión y lugares donde quería colocar su ejemplar. La estrategia mercadotécnica para vender su publicidad -que es de lo que finalmente un medio de comunicación vive- era de varias maneras, pero la más conocida era venderle espacio a una administración municipal, en donde por lo regular su revista no circulaba, y donde convencía al alcalde de que le comprara porque la revista, si bien, no circulaba o circula entre la población, si aparece en el llamado "círculo rojo".

En el ambiente periodístico y político, el término “círculo rojo” se refiere a un grupo reducido de personas con alta influencia en la opinión pública y en la toma de decisiones. Dicho grupo alberga a políticos y asesores, figuras con acceso privilegiado a información y poder institucional; empresarios y líderes de opinión: actores que inciden en la agenda pública desde medios, cámaras o "laboratorio de ideas"; también en académicos y analistas: intelectuales orgánicos que participan en debates públicos y legitimación de discursos. Este concepto fue popularizado por Mauricio Macri en Argentina, pero en México ha sido adoptado para describir la dinámica de comunicación entre medios, poder político y audiencias estratégicas. Se trata de una especie de ecosistema cerrado, donde la información circula entre actores que se leen, se citan y se validan mutuamente.

Siguiendo con el tema de los "revisteros", en otros casos, estos solamente llegaban al lugar, tomaban fotos de determinado evento programado por el municipio, publicaban dos o tres textos a modo y -eso sí- lisonjeros al alcalde o a la administración, y pocos días después llegaban a la alcaldía con la factura en mano. El alcalde, ignorante en lo que era la publicidad de este tipo o por miedo a ese "medio", se veía a obligado pagar por algo que jamás había pedido. Por cierto, era obvio que el dinero no salía de su bolsillo, sino del erario municipal

Traemos el caso a colación porque esto lleva cierto aroma de semejanza con lo que está pasando en la promoción realizada en favor de los alcaldes de Celaya y Salvatierra, aunque se antoja que el hecho local va más de la mano con lo primero: tratar de justificar ante alguien que sí está trabajando la administración municipal, pero publicando los "resultados" en una revista que en Celaya no es de circulación o en una red social que no tiene fuerza local.

¿Qué hubiera sido lo ideal en caso de hacer algo en forma y transparente?

Publicar en medios de acceso abierto, con ficha técnica completa y posibilidad de consulta ciudadana lo que se dice que se hizo o hace en materia de administración y servicios al municipio; acompañar la difusión con foros de análisis, rendición de cuentas y comparativos históricos y evitar que la encuesta se convierta en un instrumento de marketing político sin sustento técnico ni legitimidad social.

Una encuesta para evaluar la gestión de un gobierno municipal debe cumplir criterios científicos y éticos. Algunos de ellos, como los del Instituto Nacional Electoral y lineamientos como los de ESOMAR/WAPOR, que son dos organizaciones internacionales clave en el ámbito de la investigación de mercados y opinión pública.

El proceso para esta encuesta incluiría la definición del universo a encuestar como lo son habitantes del municipio, preferentemente mayores de edad o contribuyentes activos. El muestreo probabilístico, el cual debe estar estratificado por zonas (rural/urbana), edad, género y nivel socioeconómico. Esto garantiza representatividad. Finalmente, el instrumento de recolección: Cuestionario estructurado, aplicado por vía telefónica, presencial o digital.

Así, y en base a datos científicos, el tamaño de muestra y margen de error se especifica en la ficha técnica. Ejemplo: 600 casos, ±3.5% de error, 95% de confianza.

También debe llevar una aplicación ética, es decir, sin inducción de respuestas, con consentimiento informado y anonimato garantizado. Finalmente, el procesamiento y análisis, la estadística descriptiva, segmentación por variables clave, y presentación clara de resultados. En el caso de Celaya, sólo bastaría revisar los comentarios de la población en las fanpage de Facebook que publicaron el artículo para poner en duda los mecanismos de la encuesta y en duda de que el alcalde se merezca un premio.

¿Qué tan válido es publicar los resultados en medios poco conocidos?

Desde el punto de vista de la comunicación pública, la validez de una encuesta no depende sólo de su metodología, sino también de dónde y cómo se difunde. Publicar resultados en una revista o medio de escasa circulación plantea varios problemas:

Se genera una baja trazabilidad, es decir, si el medio no tiene reputación ni acceso público, especialmente en el lugar donde se hizo la encuesta, los resultados no pueden ser verificados ni contrastados por terceros.

También hay un débil impacto ciudadano: La encuesta pierde fuerza como herramienta de retroalimentación si no llega a la población evaluada.

Esto puede llevar a la sospecha de manipulación simbólica; interpretarse como un intento de legitimar políticamente al gobierno sin someterse al escrutinio público.

La falta de pluralidad también se observa; si el medio no permite debate o contraste, se convierte en un canal de propaganda más que de información.

Según el análisis de Revista Mexicana de Opinión Pública, muchos medios usan encuestas para reforzar narrativas editoriales o posicionar figuras, más que para informar objetivamente. Esto debilita su función democrática.

El caso Celaya y el alcalde: Portada con costo simbólico: ¿mérito o marketing?

La reciente aparición del alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, en la portada de la revista Alcaldes de México, acompañada del premio a las “Mejores Prácticas de Gobierno Local” en la categoría de Crecimiento Industrial, ha sido presentada como un logro institucional. 

Sin embargo, el contexto local revela una narrativa más compleja, donde el mérito técnico se entrelaza con el marketing político, y la visibilidad pública se convierte en capital simbólico de alto costo. (https://celayanews.com/celaya/no-costo-al-erario-portada-y-premio-de-ramirez-sanchez-como-uno-de-los-mejores-alcaldes/ )

El artículo de la revista elogia la visión estratégica del alcalde y su papel en la consolidación de Celaya como Polo de Desarrollo del Bienestar. No obstante, no se detallan los criterios de evaluación, ni se explicita el proceso mediante el cual se seleccionó al municipio. La falta de transparencia ha generado inquietud entre ciudadanos y actores políticos, que cuestionan si este reconocimiento responde a una gestión efectiva o a una estrategia de posicionamiento personal.  

El regidor Carlos Ruiz León ha solicitado formalmente una investigación para determinar si se utilizaron recursos públicos para financiar la portada y el premio. La respuesta del alcalde —“no costó al erario”— no ha sido acompañada de documentación oficial ni de informes presupuestales. Además, el hecho de que el Ayuntamiento no haya sido informado previamente vulnera el principio de colegialidad institucional, y refuerza la percepción de que el reconocimiento fue gestionado desde una lógica personalista.  

La cultura democrática exige que los reconocimientos públicos sean transparentes, verificables y compartidos. Cuando la visibilidad se convierte en privilegio, y el mérito se confunde con la afinidad, el riesgo no es solo ético: es institucional. Celaya merece una gestión que honre los logros colectivos, no una narrativa que los privatice. #MetroNewsMx



Redacción

-El alcalde dijo “para eso la contratamos” a una regidora en funciones, ignorando que no es su empleada, sino autoridad colegiada por mandato ciudadano.
-Ramírez Sánchez descalificó a la regidora Fátima González con frases que denotan subordinación, desprecio institucional y posible violencia política.
-El edil proyecta una actitud de “hacendado” o “reyezuelo”, tratando al Cabildo como feudo personal y a los regidores como subordinados sin autonomía.
-Exhibir a una regidora en medios sin sustento documental recuerda prácticas autoritarias de control simbólico y presión política indebida.
-Frases como “no sé si ella no entiende que es regidora” desacreditan públicamente a una mujer en funciones, con sesgo de género y tono despectivo.
-El alcalde vulnera el principio de colegialidad al amenazar con convocar comisiones por encima de la presidenta, sin agotar el procedimiento legal.
-La regidora respondió con documentación y respeto institucional, mientras el alcalde usó presión mediática y lenguaje grosero para imponer su narrativa.
-Las expresiones del edil podrían constituir violencia política en razón de género, sancionable por el IEEG, el TEPJF o la Fiscalía Electoral.
-El discurso del alcalde refleja una cultura política patrimonialista, donde el poder público se confunde con mando personal y desprecio por la ley.
-La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo, no un presidente que actúe como capataz; el respeto institucional no es opcional, es constitucional.

Las declaraciones del presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez contra la regidora panista Fátima González Reyna han encendido una polémica institucional que trasciende el debate sobre el incremento salarial a los policías municipales. En una entrevista difundida por Reporte Bajío, el edil responsabilizó a la regidora de retrasar la discusión del tema y lanzó frases que han sido calificadas como despectivas y carentes de sustento legal. Los medios que dieron a conocer esta situación fueron Reporte Bajío: “Para eso la contratamos”; Acusa alcalde a regidora demorar aumento salarial policial ( https://reportebajio.com/para-eso-la-contratamos-acusa-alcalde-a-regidora-demorar-aumento-salarial-policial/). Ágora: Alcalde arremete contra regidora del PAN; ella se defiende y afirma «él no me contrató» (https://agoragto.com/celaya/aumento-a-policias-en-pausa-por-ausencia-de-regidora-alcalde-lanza-reclamos-dimes-y-diretes/) y Periódico AM Celaya (Alcalde de Celaya reprocha freno a alza salarial para policías: ‘¿Quieren hacerlo político?’ (https://www.am.com.mx/celaya/2025/8/21/alcalde-de-celaya-reprocha-freno-alza-salarial-para-policias-quieren-hacerlo-politico-749522.html


> “Para eso la contratamos”, dijo Ramírez Sánchez, en referencia a la regidora, agregando que debía enfocarse en su comisión y no en otras actividades. Más adelante reculó: “Bueno, no la contratamos nosotros ¿verdad? Pero no sé si ella no entiende que es regidora… principalmente ella debe de ver su comisión”.

Estas expresiones, además de exhibir una narrativa de subordinación impropia del marco legal vigente, desvirtúan el principio de colegialidad que rige al Ayuntamiento. La Constitución Política del Estado de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establecen que los regidores son electos por la ciudadanía, con funciones deliberativas, normativas y de fiscalización. No son empleados del alcalde ni están sujetos a su mando.

No es la primera vez que tiene este tipo de expresiones: "A veces puedo decir cosas que no quiero decir"... pero las dice.

Varios antecedentes en el hablar del alcalde: sin control, sin pensar, sin meditar, ofendiendo, no sólo a sus opositores sino a su propia gente, lo evidencia de pésima manera ante la ciudadanía. No es cuestión de ataques mediáticos: es su propia lengua, cual tapete con borde, la que hace que se enrede y se tropiece:

-Reconociendo que da empleo si la gente es de Morena, o si le ayudó en la campaña o que si es "fuego amigo", y que dándoles trabajo con eso los va a calmar (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/alcalde-de-celaya-descalifica-encuesta-que-lo-ubica-entre-los-peores-evaluados-22007175); 
-hablando de que "podría meter a la cárcel a los sacerdotes" y a sus feligreses. (https://www.metronewsmx.com/2024/12/tendriamos-que-meter-la-carcel-los.html, https://www.metronewsmx.com/2025/07/alcalde-de-celaya-reitera-mensaje.html) para luego acabar diciendo "que siempre no". (https://www.metronewsmx.com/2025/07/que-siempre-no-alcalde-de-celaya-no.html ). Se evidenció también en sus actitudes y las de la administración municipal en el caso de la pareja sentimental de "El Llanerito" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/miente-alcaldia-de-celaya-en-caso-de-el.html )

Ni cómo ayudarle.

La respuesta de la regidora González Reyna

La regidora Fátima González Reyna respondió públicamente al señalamiento, también a través de Reporte Bajío, con una postura institucional y documentada: (https://reportebajio.com/ya-sabemos-que-al-alcalde-le-gusta-opinar-sin-argumentos-responde-regidora/ )

> “Nunca he solicitado información adicional… estábamos esperando la que de origen se debía entregar. Yo antes de emitir una declaración ocupo traer un papel en la mano. Ya sabemos que al alcalde le gusta opinar sin argumentos”.

La regidora explicó que la información sobre el aumento salarial fue entregada por la Oficialía Mayor el jueves por la tarde, fuera del horario habitual, y que su equipo se encontraba en actividades de campo. Por tanto, no se trató de una omisión, sino de una entrega tardía por parte de la administración.

Desde el punto de vista normativo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Celaya establece que las comisiones pueden ser convocadas por su presidenta o por mayoría de sus integrantes. El alcalde advirtió que, si la regidora no convoca, la fracción de Morena lo hará por su cuenta:

> “Si ella no convoca, nosotros vamos a hacer una reunión y vamos a convocar nosotros porque está previsto en el reglamento”, afirmó.

Aunque esta posibilidad existe en términos reglamentarios, debe seguirse el procedimiento formal correspondiente. La convocatoria no puede sustituirse arbitrariamente ni usarse como mecanismo de presión política. El tono del alcalde sugiere una intención de deslegitimar la función de la regidora, más que de respetar el cauce institucional.

El conflicto pone en evidencia tensiones internas en el Cabildo de Celaya y una narrativa que vulnera el respeto entre pares. Frases como “no sé si ella no entiende que es regidora” y “para eso la contratamos” denotan una actitud despectiva que podría constituir violencia política simbólica, especialmente al dirigirse a una mujer en funciones públicas.

Desde una perspectiva de gobernanza democrática, el respeto institucional, la trazabilidad documental y la deliberación informada son pilares del funcionamiento municipal. La actitud del alcalde, al descalificar públicamente a una regidora por ejercer su derecho a solicitar información, contradice estos principios.

Además, el uso de declaraciones públicas para presionar decisiones internas del Cabildo desvirtúa el proceso deliberativo y genera polarización. La regidora, por su parte, ha mantenido una postura basada en la documentación oficial y en el respeto al procedimiento.

Este episodio no solo revela una disputa sobre tiempos y formas, sino una diferencia profunda en la concepción del poder municipal. Mientras el alcalde recurre a una narrativa de subordinación y urgencia política, la regidora defiende la institucionalidad, la documentación y el análisis técnico.

En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ciudadanas, el respeto al marco legal y al trabajo colegiado del Ayuntamiento debe prevalecer sobre intereses partidistas o personales. La ciudadanía de Celaya merece un Cabildo que funcione con apego a la ley, respeto mutuo y responsabilidad pública.

El lenguaje del alcalde: tono grosero, despectivo y descalificador... contra una mujer

Lenguaje despectivo y desinstitucionalizante: Frases como “para eso la contratamos” y “no sé si ella no entiende que es regidora” denotan una actitud despectiva, impropia de un servidor público. El lenguaje utilizado denota desconocer la investidura legal de la regidora. Reduce su función a una subordinación personal. Descalifica su derecho a deliberar y solicitar información.

Este tipo de expresiones vulnera el principio de respeto institucional y puede constituir violencia política simbólica, especialmente si se dirige a una mujer en funciones públicas.

EL alcalde celayense hace uso so político de la presión pública. El alcalde recurre a declaraciones públicas para presionar a una integrante del Cabildo, en lugar de agotar los mecanismos internos de diálogo y convocatoria. Esto desvirtúa el proceso deliberativo, genera polarización política y debilita la imagen institucional del Ayuntamiento.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez incurre en expresiones que carecen de sustento legal y desvirtúan el marco institucional del Cabildo. Los regidores no son contratados por el presidente municipal, sino electos por la ciudadanía, con funciones autónomas y deliberativas. La actitud del edil denota desconocimiento normativo, presión política indebida y una narrativa despectiva que vulnera el respeto institucional.

¿Ramírez Sánchez proyecta algo que puede interpretarse como actitud de “hacendado”, “reyezuelo” o “capataz?

Desde una perspectiva crítica y contextualizada en la cultura política mexicana, las expresiones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez —como “para eso la contratamos” o “no sé si ella no entiende que es regidora”— evocan una narrativa de mando vertical que desvirtúa el principio de colegialidad del Cabildo. En ese sentido, sí: la actitud proyectada puede interpretarse como la de un “hacendado”, “reyezuelo” o “capataz”, figuras simbólicas que históricamente representan el poder patrimonialista, autoritario y personalista.

Al referirse a una regidora electa como si fuera contratada por él, el alcalde reproduce una lógica de mando que recuerda estructuras caciquiles o de jefatura feudal.
  
El ignorar que los regidores son pares deliberativos y no empleados del presidente municipal refuerza una visión patrimonial del poder público.

La amenaza de convocar por encima de la presidenta de comisión, sin agotar el procedimiento reglamentario, sugiere una intención de imponer decisiones desde la fracción dominante, como si el Cabildo fuera una extensión de su voluntad.

Exhibir a una regidora en medios, sin sustento documental, recuerda prácticas de control simbólico propias de "liderazgos" autoritarios.

Estas actitudes no solo vulneran el respeto institucional, sino que proyectan una imagen de poder concentrado, donde el diálogo, la deliberación y la legalidad quedan subordinados a la narrativa personal del gobernante. En términos editoriales, esta figura puede ser descrita como:

Es importante subrayar que la legitimidad del poder público está sujeta al marco constitucional, y cualquier desviación hacia prácticas autoritarias debe ser documentada, denunciada y corregida por los mecanismos de contrapeso: Cabildo, ciudadanía, medios y órganos de control.

¿El alcalde muestra misoginia institucional?

La misoginia no es solo odio explícito hacia las mujeres. En el contexto político y comunicacional, se manifiesta como desdén hacia la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad; descalificación basada en estereotipos de género. Minimización o ridiculización de sus funciones públicas. Narrativas que las subordinan, infantilizan o desacreditan.

Las expresiones que ya han sido señaladas como pronunciadas por el alcalde de Celaya: “para eso la contratamos”, “no sé si ella no entiende que es regidora”; “si ella no convoca, nosotros vamos a hacerlo” proyectan una narrativa que reduce a la regidora a una figura subordinada, ignorando su investidura electa; cuestiona su capacidad institucional con tono condescendiente. Desconoce su derecho a deliberar y solicitar información como parte de su función.

Estas frases, dirigidas a una mujer en funciones públicas, sí pueden ser interpretadas como manifestaciones de misoginia institucional, especialmente si se enmarcan en un patrón de descalificación reiterada, pública y sin sustento.

Regidora está en posibilidad de denunciarlo por violencia de género

Ramírez Sánchez podría estar incurriendo en violencia de género contra la regidora Fátima González Reyna pueden constituir violencia política en razón de género, conforme a la legislación mexicana vigente, y qué tipo de cultura política reflejan.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) definen y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El artículo 20 Bis de la LGIPE establece que hay violencia política cuando se ejerce presión, desprestigio, descalificación o cualquier acción que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por razón de género.

El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (INE, TEPJF, SEGOB, 2020) señala que esta violencia puede manifestarse mediante expresiones que desacrediten la capacidad de una mujer para ejercer su cargo; la exhiban públicamente con estereotipos de género y la responsabilicen injustamente de decisiones colegiadas. (https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/ProtocoloViolenciaPoliticaGenero2020.pdf )

Las frases del alcalde como “Para eso la contratamos”, “No sé si ella no entiende que es regidora” y “Si ella no convoca, nosotros lo haremos”, desacreditan públicamente a una mujer en funciones, cuestionan su capacidad institucional, y la responsabilizan de forma personal por un proceso colegiado. 

La regidora tiene derecho a solicitar la intervención del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), del Tribunal Electoral local o de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), si considera que se vulneraron sus derechos político-electorales por razón de género.

¿Qué tipo de "cultura política" del alcalde reflejan estas expresiones?

Las declaraciones del alcalde reflejan una cultura política que confunde el poder público con mando personal. Desconoce la colegialidad del Cabildo y la autonomía de los regidores. Reproduce prácticas patrimonialistas y autoritarias.

Este tipo de respuestas coinciden con perfiles que han ejercido el poder sin comprender su función institucional, es decir: Personas que ven el poder como privilegio, no como responsabilidad. Funcionarios que interpretan el cargo como propiedad, no como mandato ciudadano y "líderes" que usan el lenguaje para imponer, no para dialogar.

Lo que denota el uso de frase como “para eso la contratamos”

Ramírez Sánchez denota ignorancia normativa: los regidores no son contratados, sino electos. Distorsiona lo institucional, ya que se desvirtúa el marco legal del Ayuntamiento y crea una narrativa falsa porque se atribuye a la regidora una omisión que no está documentada.

Por tanto: Sí, estas expresiones denotan ignorancia del marco legal, distorsión de la verdad institucional y una visión del poder que contradice los principios democráticos. ¿Es acaso o no esa la actitud de un auténtico patán? #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

-Fiscalización agarra parejo: sean periodistas, protectores de animales junto con sus perros y gatos
-Lamentable el discurso del alcalde y su jerarquización ante los problemas
-Los problemas no se resuelven con disculpas, sino con acciones concretas

El comportamiento de la Dirección de Fiscalización, las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y el trato institucional hacia los periodistas genera la necesidad de analizar la "pérdida de brújula" en muchos sentidos de parte de la presente administración.

El análisis del comportamiento de la Dirección de Fiscalización

En el caso del Kiosco de Adopciones CREA Celaya (https://www.metronewsmx.com/2025/08/alcalde-reprueba-trato-rescatistas-de.html), un inspector de Fiscalización comparó la labor altruista de rescatistas con un tianguis, lo que generó indignación pública. Aunque el alcalde emitió un comunicado de reproche, el incidente revela una falta de sensibilidad institucional hacia causas sociales.

Más grave aún, el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, fue señalado por la PRODHEG (https://www.metronewsmx.com/2025/08/violaron-derechos-humanos-de-9.html) como responsable de violar los derechos humanos de nueve periodistas al impedirles el acceso a una rueda de prensa. La resolución oficial exige medidas de reparación y capacitación, lo que confirma una conducta autoritaria y arbitraria.

Fiscalización muestra patrones de actuación que vulneran derechos fundamentales, tanto de activistas como de comunicadores, y opera sin protocolos claros ni respeto por la legalidad. Sin embargo, esto no es de ahora. esta dependencia siempre ha transmitido una imagen de abuso.

Las declaraciones del alcalde

En su comunicado sobre los rescatistas, el alcalde adopta un tono conciliador y promete medidas correctivas.

Sin embargo, en el contexto de la prensa, sus declaraciones son contradictorias y preocupantes. En “El alcalde de Celaya, sus paleros y los periodistas” (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-sus-paleros-y-los.html), minimiza los hechos, se refiere a los periodistas como “chismosos” y justifica el financiamiento a generadores de contenido que descalifican a la prensa.

La frase “a los periodistas se les da dinero para que sobrevivan” revela una visión utilitaria y subordinada del periodismo, incompatible con una democracia saludable.

El alcalde exhibe una narrativa ambigua: por un lado, se muestra conciliador ante la opinión pública; por otro, deslegitima el trabajo periodístico y normaliza prácticas de exclusión informativa.

Trato institucional hacia los periodistas

La PRODHEG (https://www.metronewsmx.com/2025/08/violaron-derechos-humanos-de-9.html) reconoce oficialmente que hubo violaciones a los derechos humanos de periodistas, lo que implica censura institucional y abuso de poder.

El artículo “Silenciar la prensa es traicionar a la democracia”(https://www.metronewsmx.com/2025/08/silenciar-la-prensa-es-traicionar-la.html) refuerza esta lectura, señalando que impedir el acceso a la información pública debilita el Estado de derecho y favorece la opacidad.

La presencia de “paleros” o generadores de contenido financiados por el municipio para intervenir en ruedas de prensa sugiere una estrategia de control narrativo y desinformación.

Existe una cultura institucional de exclusión y desprecio hacia el periodismo crítico, que se traduce en censura estructural, deslegitimación pública y violaciones documentadas a derechos fundamentales.

La síntesis general del tema

El gobierno municipal de Celaya, bajo la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez, enfrenta una crisis de legitimidad institucional en tres frentes:

-Fiscalización actúa sin protocolos ni respeto por derechos humanos.
-El alcalde emite mensajes contradictorios que oscilan entre el reproche simbólico y la descalificación activa.
-El trato a la prensa revela una estrategia de control informativo que vulnera principios democráticos. #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

- Celaya aporta más al IMSS que la media nacional, pero sigue sin hospital de alta especialidad, denuncian autoridades locales.
- La Regidora Cristina González y el defensor Enrique Velázquez exigen solución a una “deuda histórica” del Estado mexicano.
- Ocho de cada diez solicitudes médicas en Celaya son de alta especialidad, pero el IMSS local no tiene capacidad para atenderlas.
- Traslados a León, Querétaro o CDMX por falta de infraestructura provocan muertes evitables, advierten los firmantes.
- La solicitud fue enviada a Sheinbaum, Robledo, Kershenobich, Rodríguez, Piedra, Libia García y autoridades locales.
- “Este hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un derecho primordial”, afirman.

A través del oficio MC.AC.13.1.436.2025, emitido el 10 de agosto de 2025, la Dra. Cristina González Muñoz, regidora titular de la Regiduría Celaya Sustentable y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, junto al Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno, defensor internacional de los derechos humanos y consultor en sostenibilidad, presentaron una solicitud urgente a autoridades federales, estatales y municipales para la construcción de un Hospital Regional de Zona del IMSS con atención de tercer nivel en Celaya.

La petición fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al director del IMSS Zoé Robledo, al secretario de Salud David Kershenobich, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la CNDH Rosario Piedra, a la gobernadora Libia García, y a otros funcionarios clave, incluyendo el presidente municipal de Celaya y representantes de derechos humanos locales.


Los firmantes denuncian que, pese a más de una década de promesas públicas, Celaya sigue sin contar con un hospital de alta especialidad, lo que ha generado un “déficit estructural que vulnera derechos humanos básicos”. Según datos del Dr. Mauricio Hernández Mendoza, economista celayense, el municipio aporta al IMSS un 11% más por trabajador que la media nacional y un 20% más que la estatal, sin recibir infraestructura proporcional.


Actualmente, el Hospital General de Zona No. 4 y las Unidades de Medicina Familiar 49 y 59 están saturadas y no pueden atender patologías complejas. Ocho de cada diez solicitudes ciudadanas en salud corresponden a servicios de alta especialidad que no se ofrecen en Celaya. Esto obliga a trasladar pacientes a León, Irapuato, Querétaro o Ciudad de México, con consecuencias fatales en casos urgentes como infartos, accidentes cerebrovasculares o complicaciones obstétricas.


Los firmantes advierten que construir una nueva Unidad de Medicina Familiar no resolvería el problema, ya que estas unidades solo cubren atención básica. En cambio, exigen un hospital de tercer nivel que funcione como centro de referencia regional, descongestione hospitales vecinos y reduzca la mortalidad evitable.

La solicitud incluye la exigencia de establecer un calendario público y verificable para la planeación, financiamiento y ejecución del hospital, así como la conformación de una mesa técnica interinstitucional con participación ciudadana.

“El hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un derecho primordial que miles de familias celayenses y de la región llevan demasiado tiempo esperando”, concluyen los firmantes.

El texto íntegro del oficio

Clave. MC.AC.13.1.436.2025
Asunto: SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL REGIONAL EN CELAYA
Celaya, Guanajuato México a 10 de agosto del 2025

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos | jessica.gonzalez@presidencia.gob.mx
Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobernación | unidad_transparencia@segob.gob.mx
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz. Secretario de Salud Federal | peticionesciudadanas@salud.gob.mx
Maestro Zoé Robledo Aburto. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social | zoe.robledo@imss.gob.mx
Maestra Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH | presidencia.cndh@cndh.org
Lic. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Gobernadora del Estado de Guanajuato | gobernadora@guanajuato.gob.mx
Dr. Gabriel Alfredo Cortés Alcalá. Secretario de Salud Guanajuato | gabriel.cortes@guanajuato.gob.mx
Maestra Karla Gabriela Alcaraz Olvera. Presidenta de la PRODHEG | subzonac@prodheg.org.mx
Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez. Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato
Lic. Isabel Herrejón Arredondo. Presidenta de la Comisión de Derechos Humano del Ayuntamiento de Celaya
Presentes:

Apreciables autoridades:

Quienes suscribimos, Dra. Cristina González Muñoz, Regidora titular de la Regiduría Celaya Sustentable y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; Ing. Enrique Velázquez Centeno, defensor internacional de los derechos humanos e impulsor de la sostenibilidad; con datos del Dr. Mauricio Hernández Mendoza, economista celayense, acudimos ante Usted con el más alto respeto y con la firme determinación de solicitar la solución a una deuda histórica que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Estado mexicano mantienen con nuestra ciudad y región: La construcción de un Hospital Regional de Zona del IMSS, con capacidad de atención de tercer nivel, en Celaya, Guanajuato.

Esta demanda no es nueva. Desde hace más de una década, distintos gobiernos federales y estatales han reconocido públicamente la necesidad de un hospital de alta especialidad en Celaya, anunciando su construcción en discursos, planes de infraestructura y compromisos ante medios de comunicación. Sin embargo, estas promesas han quedado sistemáticamente incumplidas. Durante este tiempo, nuestra población ha crecido, la región Laja–Bajío se ha consolidado como polo económico, y la demanda de servicios de salud ha aumentado de manera proporcional, pero la capacidad hospitalaria pública no ha sido fortalecida para responder a esa realidad.

Hoy, el Hospital General de Zona No. 4 y la Unidad de Medicina Familiar No. 49, así como la 59 del IMSS en Celaya se encuentran saturados y con carteras de servicios insuficientes para resolver las patologías complejas que demandan la población local y regional. De acuerdo con los registros de la Regiduría Celaya Sustentable, ocho de cada diez solicitudes ciudadanas recibidas en la regiduría en materia de salud corresponden a atención médica de alta especialidad que la clínica actual del IMSS no puede ofrecer. 

Esto genera consecuencias directas y graves: pacientes que pierden la vida por no recibir atención oportuna; otros que ven deteriorada su salud por diagnósticos tardíos; y familias que se ven forzadas a endeudarse con hospitales privados, comprometiendo o perdiendo su patrimonio.
En múltiples ocasiones, hemos tenido que recurrir a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos para exigir lo que la Constitución reconoce como un derecho fundamental: el acceso a la protección de la salud. No es un problema aislado ni una percepción: se trata de un déficit estructural que vulnera derechos humanos básicos y que afecta a miles de derechohabientes y sus familias y POR TODOS ELLOS Y NOSOTROS HABLAMOS Y DENUNCIAMOS EN ESTE MOMENTO.

Resulta incongruente que Celaya, reconocida incluso por la Presidencia como polo estratégico de desarrollo, carezca de un hospital de tercer nivel que responda a su papel como nodo articulador de la región. El impacto de esta carencia no se limita a la ciudad; alcanza a todos los municipios de la región Laja–Bajío, que recurren a Celaya como centro natural de servicios, comercio e infraestructura. La ausencia de un hospital de alta especialidad obliga a canalizar pacientes hacia León, Irapuato, Querétaro o la Ciudad de México, con tiempos de traslado que, en casos de urgencia como infartos, accidentes cerebrovasculares, trauma grave o complicaciones obstétricas, marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el punto de vista económico, la falta de inversión en infraestructura hospitalaria resulta todavía más injusta. Según datos del análisis realizado por el Dr. Mauricio Hernández Mendoza con base en estadísticas del INEGI y del IMSS, Celaya registra aportaciones patronales por trabajador y por empresa superiores en un 11% a la media nacional y en un 20% a la media estatal. Además, el municipio concentra alrededor del 13% de todas las aportaciones patronales de Guanajuato. Este esfuerzo contributivo no se ve reflejado en la asignación proporcional de infraestructura y servicios médicos.

La propia normatividad y planeación institucional del IMSS refuerzan nuestra solicitud. La metodología nacional de niveles de atención en salud, emitida por el Comité Técnico de Estadísticas de Salud (CTESS) y la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, define a los hospitales de tercer nivel como establecimientos que brindan atención médica de alta especialidad, actúan como referencia para el segundo nivel y cumplen funciones de docencia e investigación. Actualmente, Celaya no cuenta con ninguna unidad de estas características.

La construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar —como se ha insinuado en algunas propuestas— no resolvería esta brecha, ya que tales unidades corresponden al primer nivel de atención, con un alcance limitado a medicina preventiva, consulta externa y patologías de baja complejidad.

A ello se suma el marco de compromisos internacionales de México. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 obliga a los Estados a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, lo que incluye acceso universal a servicios de salud esenciales de calidad y medicamentos seguros, eficaces y asequibles. No cumplir con esta obligación en una región económicamente activa, densamente poblada y estratégicamente ubicada como Celaya, perpetúa desigualdades y limita el desarrollo humano.

En términos de impacto humano, basta con observar la frecuencia con que pacientes celayenses son trasladados de emergencia fuera del municipio para recibir tratamientos que deberían estar disponibles localmente: intervenciones coronarias percutáneas en casos de infarto agudo de miocardio, cirugías de urgencia por traumatismos graves, atención neuroquirúrgica para accidentes cerebrovasculares, procedimientos oncológicos para cáncer avanzado, hemodiálisis de urgencia para insuficiencia renal aguda, entre muchos otros.

Cada hora de traslado significa un riesgo acumulado y, en demasiados casos, un desenlace fatal que podría haberse evitado.

Por todo lo anterior, solicitamos que se priorice la construcción y puesta en marcha de un Hospital Regional de Zona del IMSS en Celaya, con una cartera de servicios de alta especialidad. Este hospital debe concebirse como centro de referencia regional, con capacidad para atender a la población de toda la región Laja–Bajío, descongestionando hospitales vecinos y reduciendo de manera sustancial la mortalidad evitable.

Sabemos que tendremos éxito en esta gestión, por lo que solicitamos amablemente también que se establezca un calendario público y verificable para su planeación, financiamiento y ejecución, y que se convoque a una mesa técnica interinstitucional, integrada por el IMSS, la Secretaría de Salud Federal, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Gobierno Municipal de Celaya y representantes ciudadanos.

Celaya no puede seguir dependiendo de promesas pospuestas ni de soluciones parciales. La salud de nuestra gente exige decisiones firmes, inversiones responsables y un compromiso real con la equidad y la justicia social. Este hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un DERECHO PRIMORDIAL que miles de familias celayenses y de la región llevan demasiado tiempo esperando.

Atentamente,
Dra. Cristina González Muñoz
Titular de la Regiduría CELAYA SUSTENTABLE
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social
Municipio de Celaya
Ayuntamiento 2024--2027

Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno
Presidente del Consejo de Administración y Director de la S.A. de C.V. que aloja el proyecto Social Internacional | Sostenibilidad Sin Fronteras 2050 
DEFENSOR INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 2030

C.C.P. alejandra.rivera@guanajuato.gob.mx (Secretaria particular de la particular de la Gobernadora) unidad.transparencia@imss.gob.mx | | jacinto.cilia@presidencia.gob.mx
lazaro.cardenas@presidencia.gob.mx; Dr. Mauricio Hernández Mendoza 
#MetroNewsMx

agosto 11, 2025 ,

Redacción

La entrevista, las respuestas entre la Asociación de Jubilados y las autoridades del municipio de Celaya fueron puestas en nuestra mesa editorial para un análisis, y salen a relucir algunos aspectos que cuestionan la actitud de la autoridad municipal que encabeza Juan Miguel Ramírez Sánchez

Realizamos un análisis crítico, línea por línea, estructurado en tres niveles:

-Lectura literal: qué se dice explícitamente.
-Lectura crítica: qué se puede inferir, qué contradicciones o arbitrariedades se revelan.
- Evaluación de validez: qué tan legítimas, legales o éticamente justificables son las acciones descritas.

El hecho: la manifestación y consignas

“Alrededor de 30 jubilados, que representan a una asociación de 200, se manifestaron en el patio principal de la presidencia municipal para exigir que se les restituya una prestación”

En el análisis literal, se destaca que se trata de una acción colectiva de representación, no espontánea ni aislada.
En el análisis crítico, la cifra sugiere organización y legitimidad representativa. La elección del lugar (patio de presidencia) indica que buscan visibilidad institucional.
En cuanto a la validez del hecho, la manifestación es legítima como ejercicio de derechos civiles. La exigencia de restitución sugiere que la prestación fue retirada sin consulta ni justificación clara.

“Los manifestantes presentaron diversas pancartas con diversas leyendas…”

Las consignas expresan indignación y apelan a valores de justicia social. Se denuncia una contradicción entre el discurso oficial de la 4T y las acciones locales. Se usa ironía y denuncia directa. Las frases como “nos despojan del ahorro” y “sin aviso ni fundamento” apuntan a una posible violación de derechos adquiridos. Si el fondo fue otorgado durante años, su retiro sin consulta puede considerarse arbitrario.

La entrevista con jubiladas: “Nuestra inconformidad es que ya nos quitaron el fondo de ahorro que nos daban mes con mes para dárnoslo en diciembre…”

Se trata de una prestación periódica, acumulativa, con función de ahorro. La crítica a este hecho es que el retiro sin aviso vulnera el principio de progresividad en derechos laborales. La afectación a adultos mayores y enfermos agrava el impacto.

Si el fondo fue otorgado de forma continua y sin objeción legal previa, su retiro unilateral es jurídicamente cuestionable. La falta de notificación oficial refuerza la arbitrariedad.

“Quedaron de resolvernos esto, pero seguimos igual.”

El análisis literal a esta frase muestra que hubo diálogo, pero sin resultados. Esto revela simulación institucional: se abre el canal de diálogo sin voluntad de resolución. La falta de respuesta efectiva tras el acercamiento vulnera el principio de buena fe administrativa.

“Nos están quitando un derecho que tenemos ya desde activos…”: esto significa que se considera un derecho adquirido desde la etapa laboral activa. Si el fondo fue parte del paquete de prestaciones, aunque no esté en dictamen, su retiro puede violar el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. La falta de dictamen no invalida la existencia del derecho si hay práctica administrativa sostenida. La omisión del dictamen es responsabilidad institucional, no del trabajador.

Diálogo con funcionarios: “No tenemos un soporte legal para estarlo pagando…”: Se argumenta que la prestación no tiene base jurídica. La crítica a este hecho es que esta afirmación contradice la práctica sostenida por décadas. Si se pagó durante 30 años, ¿por qué no se regularizó? La falta de soporte legal no justifica el retiro abrupto. La administración tiene la obligación de regularizar derechos adquiridos, no de eliminarlos.

“Vamos a buscar el soporte legal para seguir colaborando…”: Se abre la posibilidad de regularización. Pero la crítica señala que esta frase sugiere que el retiro fue prematuro. Si se puede buscar soporte legal, ¿por qué no se hizo antes de suspender? y entonces la acción de “pausar” sin haber agotado vías de legalización es institucionalmente irresponsable.

La narrativa del medio, donde se señala que "ellos le llaman pausa, pero finalmente es una interrupción…”, pone de manifiesto la existencia de un eufemismo oficial. El uso del término “pausa” encubre una decisión definitiva. La semántica revela intento de minimizar el conflicto. La interrupción sin resolución ni calendario de restitución es una suspensión arbitraria.

Las conclusiones tras el análisis editorial

La evaluación crítica de las acciones institucionales arrojan lo siguiente:

-Derecho adquirido  
   - El fondo de ahorro fue otorgado durante décadas sin interrupción ni objeción legal.  
   - Esto configura un derecho adquirido por práctica administrativa sostenida.  
   - Su validez institucional es alta, incluso si no está formalizado en dictamen.

-Retiro sin aviso  
   - La suspensión se realizó sin notificación oficial ni consulta previa.  
   - Esto vulnera el principio de legalidad, transparencia y buena fe administrativa.  
   - La acción puede considerarse arbitraria y regresiva.

-Falta de dictamen  
   - El argumento de que no existe dictamen no invalida el derecho si hubo continuidad en el pago.  
   - La omisión del dictamen es responsabilidad de la administración, no del trabajador.  
   - No justifica legal ni éticamente el retiro de la prestación.

-Diálogo institucional  
   - Aunque hubo acercamientos, no se ofrecieron soluciones concretas.  
   - Esto revela simulación institucional: se aparenta apertura sin voluntad de resolución.  
   - La legitimidad del diálogo es débil si no hay resultados ni compromisos claros.

-Mesa de trabajo  
   - Se propone como solución, pero sin objetivos definidos ni calendario de restitución.  
   - La ambigüedad en su propósito genera incertidumbre entre los afectados.  
   - Su eficacia dependerá de si se convierte en mecanismo vinculante y transparente.

-Narrativa oficial (“pausa”)  
   - El uso del término “pausa” es un eufemismo que encubre una suspensión definitiva.  
   - Esta manipulación semántica busca minimizar el conflicto y diluir responsabilidades.  
   - Refleja una estrategia comunicativa poco ética y evasiva.

Sin embargo, el lector tendrá su propia opinión. #MetroNewsMx

agosto 11, 2025 ,

Redacción

-Jubilados de Celaya exigen la restitución del Fondo de Ahorro suspendido tras décadas de entrega mensual y sin aviso.  
-La Oficialía Mayor afirma que el Fondo de Ahorro no tiene soporte legal, pese a 30 años de práctica institucional.  
-Manifestantes denuncian arbitrariedad y falta de diálogo real; acusan simulación en mesas de trabajo sin resultados.  
-“Nos quitaron el ahorro sin aviso ni fundamento”, reclaman jubilados que dependen de ese ingreso para sobrevivir.  
-El gobierno municipal llama “pausa” a la suspensión del fondo, pero los afectados ya no reciben la prestación.  
-Representantes de 220 jubilados denuncian trato injusto y contradicción con el discurso humanista de la 4T.  
-Funcionarios admiten que no hay dictamen que respalde el fondo, pero tampoco ofrecen alternativas claras.  
-La prestación fue parte del ingreso post-laboral; su retiro vulnera derechos adquiridos y buena fe administrativa.  
-“Trabajamos décadas y nos quitan lo prometido”, expresan jubilados en pancartas frente a la presidencia municipal.  
-Se instala mesa de trabajo sin objetivos definidos; jubilados exigen solución y respeto a su trayectoria laboral.

Alrededor de 30 a 40 jubilados, que representan a una asociación de 200, se manifestaron en el patio principal de la presidencia municipal para exigir que se les restituya una prestación

Los manifestantes presentaron diversas pancartas con diversas leyendas, entre las que destacaban "Primero los pobres y los más vulnerables, los jubilados y nos despojan del ahorro"

"El gobierno de la 4T. Juan Miguel Ramírez Sánchez. Te quito... prestaciones; Te olividó... que fuiste trabajador; Te incumplo... arbitrariamente; Te engaño... con el cambio de la 4T".

"¿Así quieren apoyo en dos años? Primero cumplan. Sólo tenemos despidos masivos, activos sin apoyo sindical, jubilados sin derechos".

"¿Así tratas a tus adultos mayores? ¿Trabajar décadas y me quitas lo que prometiste?"

"Al jubilarme me quitaron el IMSS a cambio me das $10 para atención médica?"
"Sin jubilaciones dignas no hay transformación"

"Nos quitaron nuestro ahorro, sin aviso, ni fundamento, un derecho ya ganado"

La entrevista

En el lugar, los medios de comunicación dialogaron con los manifestantes. A continuación, la transcripción de la entrevista:

Jubilada
Nuestra inconformidad es que ya nos quitaron el fondo de ahorro que nos daban mes con mes para dárnoslo en diciembre. Sí estamos molestos porque la verdad es un fondo de ahorro que tiene años, que lo tenemos desde que trabajamos. Ya tenemos gente adulta, gente enferma, para que ahorita, sin avisarnos oficialmente, lleguen y lo quiten.

El viernes ya no nos llegó este fondo de ahorro para que nos lo sigan dando.

Prensa
¿Tuvieron acercamiento con el oficial y el presidente? ¿Qué les informaron?

Jubilada
La verdad sí lo tuvimos la semana pasada, el jueves, y desgraciadamente sí nos llevó a la oficina del oficial mayor. Quedaron de resolvernos esto, pero seguimos igual.

Prensa
¿Qué opina de este trato que se le da hacia jubilados y pensionados de un gobierno humanista?

Jubilada
La verdad, pues sí me da risa, porque se supone que teníamos esperanza donde la Presidenta de la República apoya a los de la tercera edad, y a nosotros nos están ahora sí quitando un derecho que tenemos ya desde activos. Y qué triste que nosotros estábamos con la esperanza de que esto fuera un cambio, y tristemente no lo es.

Prensa
¿Recuérdenos el número de afectados?

Jubilada
Somos 220 dentro de la asociación de jubilados, más las personas que no son jubiladas.

Prensa
Pero directamente de la asociación son 220.

Jubilada
Hasta ahorita tenemos 220 personas que estamos luchando por este beneficio que se nos está quitando.

Prensa
¿Su nombre es?

Jubiladas
Soy Blanca Isla Grande Vega, Presidenta de la asociación de jubilados. Soy Alejandra Rodríguez Betis, Secretaria de la asociación.

Prensa
El argumento de la oficial es que no hay ningún fundamento que respalde este apoyo del Fondo de Ahorro. ¿Ustedes sí lo tienen? ¿Ustedes qué opinan sobre este argumento?

Jubilada
Si no nos dieron nuestro dictamen al momento de jubilarnos, imagínese si vamos a tener ese antecedente. Existe. No lo tenemos.

Entonces, estamos desprotegidos. Pero seguiremos manifestándonos en concordia. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo únicamente es el acercamiento para dialogar, para encontrar un punto medio.

No queremos perjudicar, pero tampoco queremos ser perjudicados. 

Tras el diálogo con las representantes de los jubilados, llega al lugar Jesús Paz, funcionario de la alcaldía

Jubilada
Buenos días

Se entabla un diálogo ilegible por parte de Paz, aunque está explicando de reunirs een una mesa de trabajo.

Paz
¿Quiénes son entonces?

Jubilada
Somos seis personas.

Prensa
Oficial, rápidamente, ya nos comentaba que no había posibilidades de este bono. ¿Qué va a pasar?

Oficial Mayor
No, ya no había posibilidades. Nosotros no tenemos un soporte legal para estarlo pagando. Lo comentaba el licenciado Arturo.

Tendríamos que buscar tener un soporte legal para cualquier (ilegible). Nosotros tendríamos que estar pagando prestaciones que no están soportadas. Cuando se limita el dictamen de pensión, solo se menciona la canasta básica y la canasta navideña.

No hay ninguna otra prestación legalmente aceptada.

Paz
Permítanme, por instrucciones del alcalde, se va a establecer la mesa de trabajo y se va a seguir colaborando y ayudando con ello.

Paz
No se trata de importancia.

Entrevistado
Esa es la idea.

Paz
No se ha cortado la prestación.

Prensa
Esto quiere decir que es ilegal lo que le estaban dando a los trabajadores pensionados. O sea, es ilegal lo que se les estaba dando.

O sea, podemos decir que era ilegal lo que hacían las otras administraciones. Si no hay soporte legal, digo, es ilegal.

Paz
Vamos nosotros a generar las... (ilegible), como ha dicho el presidente municipal. Ha instruido al personal que tiene su cargo para que veamos en cómo sí se generan las... (ilegible). De acuerdo con los señores.

Esa es la idea.

Paz
Eso es lo que vamos a hacer.

Paz
Vamos a buscar el soporte legal para seguir colaborando.

Prensa
Perdón, secretario, usted decía ahorita que si el contador dice que no hay, entonces definitivamente se corta.

Paz
No, señor, yo no dije que...

Prensa
Sí, ahorita le comentó.

Paz
Vamos a buscar las confidencias para que siga siendo legal. Aquí se me ha dicho, se me ha dicho a mí, por lo que ya lo he oído lo que va a decir, que no tendríamos manera de justificarlo. Vamos a justificarlo, usted es el presidente, cómo sí lo vamos a justificar.

Prensa
Tiene casi 30 años ese fondo, señor.

Paz
Eso es parte de lo que... A ver, ahorita, no nos vamos a calificar cómo lo hizo, bien o mal, o no sé cómo en las administraciones pasadas. Tú no te vas a preocupar a partir de que el presidente de la administración y que vamos a tener que dar fin a esas posibilidades.

Establezcamos la mesa de trabajo lo más posible, por favor, para atenderlo, por favor.

Jubilada
Les pido un favor, compañeros, no se retiren hasta poder salir de la mesa de trabajo. Los que están en querer, los que no se pueden estar parados, se pueden sentar ahorita aquí, ¿sale? Hasta que nos resuelven esto.

Prensa Informador del Bajío
¿Qué tal, amigos del informador del Bajío?

Muy buenos días. Pues en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el patio de la presidencia municipal en donde se manifiestan representantes de esta asociación de jubilados y pensionados del gobierno municipal de Celaya. Esto en reacción al retiro, pausa, le llama el oficialismo, de su prestación de fondo de ahorro que durante, pues, décadas ha sido proporcionada a este sector de, pues, extrabajadores municipales.

La respuesta de la oficialía mayor es que aparentemente, pues, nunca existió fundamento legal para otorgarlo, por lo que decidieron interrumpirlo. Ellos le llaman pausarlo, pero finalmente, pues, es una interrupción de este, de esta prestación que los extrabajadores han venido percibiendo. Ellos le llaman una pausa, sin embargo, ya desde el viernes pasado, los jubilados y pensionados, pues, dejaron de recibir esta prestación.

Salió, como lo podía ver usted en vivo, el secretario particular del presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, él es Jesús Paz Gómez, quien, pues, instruyó a la oficial mayor Mireya Villa Gómez Molina para generar mesas de trabajo, aunque, pues, la idea no ha sido muy clara, usted lo acaba de escuchar, aparentemente, ni siquiera ellos se encuentran de acuerdo en cuál va a ser la finalidad de estas mesas de trabajo, pues, finalmente, el secretario particular señaló que la finalidad sería, pues, sentar bases legales para que los exfuncionarios celayenses sigan recibiendo esta prestación. 

Van a generar una comitiva de, aparentemente, seis representantes de este grupo de quejosos que ingresarán a estas mesas de trabajo para buscar una, pues, aparente solución a esta situación a la que se enfrentan hoy en día los trabajadores que, pues, finalmente entregaron de 25 a 30 años de trabajo al gobierno municipal y que, tras jubilarse, tras pensionarse, habían percibido esta prestación que hoy les ha sido retirada, y lo repito, aunque el gobierno municipal a través de la Oficialía Mayor le llame que está en pausa, pues, finalmente es una prestación que ya no están recibiendo, entonces, está de momento cortada esta prestación. 

Seguiremos aquí en el Palacio Municipal para ver a qué conclusión llegan tras esta mesa de trabajo y les seguiremos informando. De momento haremos gráficas, haremos fotografías, y en un momento más usted contará con la información a través de nuestros diferentes medios de acceso.

Les agradecemos el favor de su compañía. Seguimos informando. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

 

Redacción

-El gobierno federal anunció Unidad Médica Familiar, pero el alcalde confunde discurso político con infraestructura médica real.
-El alcalde habla de hospital sin planos ni presupuesto: lo concreto es una clínica, lo otro es promesa sin cimiento.
-Narrativas divergentes: mientras Sheinbaum y Libia aclaran, el alcalde propaga la confusión como ¿estrategia local?
-“Hospital de saliva” frente a clínica presupuestada: la política de expectativas sin documentos desinforma y divide.
-Anunciar lo que no existe debilita la confianza ciudadana: el rigor técnico es también protección institucional.

Nuestros compañeros periodistas de "El Celayense", lanzaron una interrogante en su espacio digital fanpage de Facebook, haciendo la siguiente publicación: "CONFUSIÓN UNIDAD DE MEDICINA U HOSPITAL EN CELAYA. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, anunció que se construirá una Unidad de Medicina Familiar en Celaya, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, aseguró que mantendrá la gestión para que sea un Hospital, pero Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal, aseguró que hubo confusión y que el Hospital será una realidad...A quién creer..Usted Qué Opina...???"


Y bueno, precisamente para sumarnos a este esfuerzo de nuestros compañeros y, sobre todo, despejar las dudas ciudadanas con elementos objetivos, y para que al presidente municipal salga de dudas ante estas confusiones.

El hecho

La visita de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo a la colonia Los Girasoles, para inaugurar un servicio de becas para educación, trajo una buena noticia, que fue resultado del diálogo de la gobernadora con ella, hecho que la misma ejecutiva federal confirmó: una nueva Unidad de Medicina Familiar para Celaya. Se trata de un espacio semejante al construido en la colonia Los Olivos, donde el servicio es ese, Medicina Familiar. Así lo entendió la ejecutiva federal, la ejecutiva estatal. Pero el alcalde parece que no.

¿Qué es una UFM del IMSS

Es la sigla correcta para Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las unidades de este tipo son el primer punto de contacto médico para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Qué ofrece una UMF?

- Atención médica general y preventiva
- Consultas de seguimiento y canalización a especialistas
- Servicios de salud reproductiva y control prenatal
- Vacunación, entrega de medicamentos y orientación médica

Son clínicas distribuidas por todo México que buscan garantizar atención cercana, accesible y continua para trabajadores asegurados y sus familias.
En Celaya hay dos unidades de este tipo y que son la UMF No. 49, ubicada en Avenida Mutualismo esquina Río Lerma y la UMF No. 59, localizada en Avenida Valle del Huasco 429, Colonia: Los Olivos II Sección  

¿Qué es un Hospital del IMSS?

Un hospital del IMSS es una instalación médica que brinda atención especializada a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos hospitales forman parte del segundo y tercer nivel de atención médica, y se diferencian de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que operan en el primer nivel.

Tipos de hospitales del IMSS:

Hospital General de Zona (HGZ)  
- Atiende especialidades básicas como medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general.  
 - Cuenta con hospitalización y servicios de diagnóstico.

1. Hospital General de Subzona (HGSZ)  
- Similar al HGZ pero con menor capacidad.  
- Ubicado en zonas con menor población, ofrece atención especializada limitada.

3. Hospital General Regional (HGR)  
- Atiende casos más complejos.  
- Tiene unidades de cuidados intensivos y servicios quirúrgicos avanzados.

4. Centro Médico Nacional (CMN)  
- Máximo nivel de atención médica en el IMSS.  
- Realiza trasplantes, neurocirugía, cardiología avanzada, oncología, entre otras especialidades de alta complejidad.

En Celaya opera al menos un hospital del IMSS de segundo nivel: el Hospital General de Zona No. 4 (HGZ 4), ubicado en Avenida Mutualismo esquina Diego Rivera en la zona centro de la ciudad. Este hospital ofrece atención especializada, hospitalización y consulta externa en diversas ramas médicas.

En el estado de Guanajuato, hay al menos 14 hospitales del IMSS distribuidos en distintas zonas, incluyendo:

- HGZ No. 1 — CMN del Bajío  
- HGZ No. 2 — Irapuato  
- HGZ No. 3 — Salamanca  
- HGZ No. 4 — Celaya  
- HGZ No. 7 — San Francisco del Rincón  
- HGZ No. 10 — Guanajuato capital  
- HGZ No. 13 — Acámbaro  
- HGZ No. 15 — Moroleón  
- HGZ No. 20 — San Luis de la Paz  
- HGZ No. 21 — León  
- HGZ No. 48 — CMN del Bajío  
- HGZ No. 54 — Silao  
- HGZ No. 55 — León (Unidad Médica de Alta Especialidad)  
- HGZ No. 58 — León

Estos hospitales cubren desde atención básica hasta especialidades de alta complejidad, dependiendo del tipo (Zona, Subzona, Regional o Centro Médico Nacional).

Las conclusiones

La controversia documentada por El Celayense evidencia un problema recurrente en la política pública local: la divergencia discursiva entre niveles de gobierno y actores políticos frente a un anuncio concreto. Si bien el texto ofrece datos objetivos sobre lo que es una Unidad de Medicina Familiar (UMF) versus un hospital del IMSS, lo que emerge como núcleo del análisis es el grado de entendimiento —o de estrategia comunicativa— que cada figura proyecta ante la ciudadanía.

Diferencia técnica entre UMF y hospital: claridad desde la Presidencia

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Los Girasoles en Celaya incluyó un anuncio específico: una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS. Esto fue confirmado por la propia mandataria y reforzado por la Gobernadora Libia Dennise. Las UMF son instalaciones de primer nivel, destinadas a atención preventiva, médica general, canalización a especialidades, y no incluyen hospitalización ni cirugías complejas —aunque pueden tener quirófano para procedimientos menores.

El alcalde y la construcción discursiva: ¿error o táctica?

El Presidente Municipal Juan Miguel Ramírez sostiene que “el Hospital será una realidad”, lo que contradice la especificidad del anuncio federal. Esta afirmación puede analizarse desde dos ángulos:

- Ignorancia técnica: el alcalde no comprende la diferencia entre UMF y hospital.
- Narrativa política: afirma la construcción de un hospital como capital simbólico local, buscando posicionamiento ante las gestiones estatales y federales.

Esta confusión —intencionada o no— siembra incertidumbre en la ciudadanía y pone en evidencia falta de alineación entre actores políticos locales. Más preocupante aún, desinforma, generando expectativas sobre un tipo de infraestructura que no está presupuestada ni anunciada por las autoridades superiores.

Gestión estatal vs. narrativa municipal: ¿deseo o realidad?

Libia Dennise declara que seguirá gestionando para convertir ese proyecto en hospital, lo cual marca una distinción importante:

-Reconoce que lo aprobado es una UMF.
- Propone trabajar para escalarlo a hospital, lo cual implica mayores recursos, planeación y presupuesto federal.

En contraste, el alcalde habla del hospital como un hecho consumado. El conflicto no es solo semántico, sino técnico y ético: ¿es legítimo afirmar que el hospital “será realidad” cuando no hay evidencia ni compromiso federal para ello?

El terreno de la confusión: riesgos de la narrativa fragmentada

La publicación de *El Celayense*, aunque informal en tono (“¿A quién creer?”), cumple una función periodística útil: exhibe el desfase entre actores políticos e invita a escrutar la veracidad de sus mensajes. 

El riesgo mayor de esta confusión discursiva es:
-Generar desilusión ciudadana cuando el “hospital” no se materialice.
-Minar la confianza institucional ante el incumplimiento de anuncios que no fueron oficialmente prometidos.

Lo que se anunció fue una UMF con quirófano, no un hospital completo. Confundir estos conceptos puede parecer menor, pero en comunidades con déficit de atención médica especializada, cada palabra cuenta. El rigor técnico no sólo informa: protege la esperanza ciudadana contra el espectáculo político. #MetroNewsMx


Redacción

-33 detenidos, 206 infracciones, apoyo a 1,300 peregrinos y difusión del Violenciómetro en 10 puntos de Celaya.

-Avances operativos y actividades institucionales de seguridad en Celaya

Con participación del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y directivos de la SSCC, se presentaron avances del Eje Paz y Justicia. Destacan acciones conjuntas de gobierno con la detención de 33 personas: 26 por faltas administrativas y 7 por diversos delitos —tres ligados a narcomenudeo, y otros como tentativa de homicidio y robo equiparado. Esta semana se aseguraron una unidad de carga, tres motocicletas y un arma de fuego.

Policía local ofreció pláticas sobre violencia de género en 10 zonas del municipio, beneficiando a 410 personas. Se lanzó también el tríptico de prevención “Violenciómetro”.

Tránsito municipal aplicó 206 infracciones en revisión documental, con 142 por falta de verificación y 29 por no tener licencia. El operativo “Barredora” dejó 104 infracciones por mal estacionamiento. Además, 96 motociclistas fueron multados y 12 vehículos enviados al corralón.

Durante el alcoholímetro, se registraron 12 infracciones y 5 vehículos remitidos. Fiscalización recaudó más de $64,800 pesos en multas y apoyó con el “Operativo Comercio Seguro” en tianguis de Ejidal y Emiliano Zapata.

Protección Civil y Bomberos respaldaron la caravana “Remenal”, que cruzó la ciudad con 1,300 peregrinos rumbo al Tepeyac. Bomberos atendieron 117 emergencias por incendios, fugas y árboles caídos. #MetroNewsMx

agosto 01, 2025 ,

Redacción

-Celaya recibe a Sheinbaum entre limpieza express y francotiradores visibles, revelando un operativo sin prudencia estratégica.
-Alcalde confirma francotiradores en azoteas, rompiendo protocolos de seguridad y sembrando temor en una región violenta.
-Anunciar francotiradores normaliza lenguaje bélico, vulnera la disuasión táctica y contradice el espíritu de un acto educativo.
-¿Se trata nuevamente del caso "a veces puedo decir cosas que no quiero decir"?
-¿Es evidencia que la información municipal de todos los viernes no está apegada totalmente a la realidad?
-¿Buscan irresponsablemente controlar a la gente de Celaya, para convenientes fines políticos o electorales con el uso del miedo?


La revelación pública a través de uno de los detectados "pasquines paleros digitales" -pagados por el municipio- de que habrá francotiradores apostados en azoteas durante la visita presidencial en una ciudad como Celaya, marcada por reconocidos índices de violencia y asesinatos, representa un hecho de alta insensibilidad hacia lo social, lo institucional y en lo comunicativo. 

Este tipo de declaraciones, aunque formen parte de los dispositivos de seguridad en actos de jefes de Estado, tienen implicaciones graves si no se manejan con prudencia.

En este caso, de primer análisis puede tratarse de una invención del mismo "pasquín palero digital" con tal de ganar público con su ya tradicional sensacionalismo o un nuevo caso del municipio con el "a veces puedo decir cosas que no quiero decir". (https://www.metronewsmx.com/2025/07/que-siempre-no-alcalde-de-celaya-no.html )

Aspectos críticos del anuncio

-Normalización del lenguaje bélico: Informar abiertamente sobre francotiradores en espacio urbano genera un clima de militarización perceptiva, alimenta el miedo colectivo y proyecta la idea de que el entorno es tan hostil que requiere protección extrema.
  
-Riesgo institucional: En una región donde los enfrentamientos armados entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad han sido frecuentes, reconocer públicamente la colocación estratégica de francotiradores puede desencadenar reacciones no deseadas, intentos de provocación o incluso actos de sabotaje.
  
-Exposición innecesaria: Comunicar públicamente la ubicación operativa de personal especializado vulnera protocolos básicos de seguridad nacional. Los francotiradores actúan como elementos disuasivos ocultos; convertirlos en noticia los exhibe ante potenciales amenazas.

-Mensajes contradictorios: Mientras se convoca a la ciudadanía para asistir a un evento educativo, la narrativa oficial instala un marco de posible confrontación, generando confusión sobre la verdadera naturaleza del acto público.

Implicaciones sociales y mediáticas

Las consecuencias del uso de "paleros mediáticos", sin un ápice de periodismo serio y de análisis, que basan sus números a base de la explotación del morbo, ponen en evidencia la búsqueda de posicionamientos mediáticos a base del escándalo y el protagonismo. Esto debe ser analizado seriamente por la administración municipal, dada las fuertes cantidades de dinero que paga a los "pasquines digitales", puestos a modo para vanagloriar situaciones irreales. 

El anuncio podría ser interpretado como una desproporción en relación con el evento en sí (entrega de becas), generando una atmósfera de tensión y desconfianza.
- Puede ser usado como material editorial y satírico, en campañas ciudadanas o políticas que cuestionen el estado de seguridad pública.
- Si el objetivo era mostrar un operativo bien coordinado, el resultado puede ser el efecto inverso: dar señales de vulnerabilidad institucional ante la ciudadanía.

Reflexión editorial sobre el lenguaje y responsabilidad del "medio"

Que un "medio de comunicación" o "generador de contenidos" publique este tipo de información -incluyendo la mención explícita de francotiradores en una ciudad como Celaya- impone una carga ética muy alta. No se trata solo de reproducir hechos, sino de entender el efecto que tiene el lenguaje elegido en una sociedad ya fracturada por el miedo y la violencia.

Se observan ciertos aspectos críticos del enfoque editorial a esta publicación:

-Falta de mediación narrativa: La "nota" presenta los hechos sin matiz, sin cuestionamiento, ni análisis contextual.  
-Espectacularización del dispositivo de seguridad: Utilizar frases como “apostados y vigilantes” o “francotiradores en azoteas” convierte un protocolo federal en una escena casi cinematográfica y alarmista.
-Normalización del estado de excepción: Cuando los "medios" reproducen sin filtro la existencia de tácticas de guerra en espacios civiles, corren el riesgo de naturalizar la militarización como parte cotidiana del orden público.

La irresponsabilidad ante públicos vulnerables

Un "medio" tiene el deber de informar, pero también de interpretar con sensibilidad el contexto, especialmente cuando se trata de territorios donde la ciudadanía vive bajo amenaza constante. En ese sentido, publicar sin análisis, sin crítica, sin contrapeso ético, puede contribuir a la percepción de que todo está bajo sitio, incluso los actos públicos más básicos.

Es legítimo y profundamente necesario plantear esa pregunta, especialmente en contextos como el de Celaya, donde la presencia constante de violencia genera un tejido social frágil y exhausto. La historia —tanto nacional como internacional— ha demostrado que el miedo puede ser utilizado como herramienta de control, y tanto gobiernos como medios pueden, intencional o inconscientemente, participar en su reproducción para controlar en este caso a la gente de Celaya.

¿Posibles mecanismos de manipulación de la población usando el miedo?

El uso de lenguaje alarmista o bélico, coincide con el hecho de que al publicitar la presencia de francotiradores o blindajes extremos, se instala la percepción de que vivimos bajo amenaza permanente. Esto puede inhibir la participación ciudadana, justificar decisiones autoritarias o desviar la atención de temas sensibles.

La narrativa de “protección extrema” es presentar a la autoridad como única capaz de controlar el caos, usando dispositivos militares, y ello puede reforzar la dependencia institucional y debilitar la exigencia democrática por soluciones estructurales.

La desviación del foco público también lleva a pensar que mientras se centra la atención en un operativo o en el miedo al entorno, se silencian demandas esenciales como salud pública, justicia, transparencia o infraestructura, como ocurre con el hospital IMSS que Celaya sigue esperando.

La gestión emocional del discurso público: Cuando el miedo ocupa la conversación mediática, la esperanza, la organización social y el pensamiento crítico son desplazados.

¿Manipulación o negligencia?
  
La perversidad no siempre es explícita. A veces, se trata de ineficiencia narrativa, falta de ética profesional o subordinación institucional. Pero cuando el resultado es el mismo -una ciudadanía asustada, desinformada o resignada- el análisis crítico se vuelve urgente.

La conclusión de toda esta situación

No se acusa, pero sí se advierte: comunicar sin conciencia puede convertirse en violencia simbólica. Por eso la responsabilidad editorial y gubernamental exige no solo cuidar lo que se dice, sino también cómo, cuándo y para qué se dice. Claro, pedir esto a las autoridades municipales de Celaya es pedir un imposible.

La publicación del "pasquín palero" revela una crisis en la cultura editorial, donde el afán por la primicia y el dinero, además de querer ganar audiencias, supera la prudencia narrativa. Publicar así es funcional al control por miedo, y paradójicamente, mina la confianza en las instituciones que la propia visita busca fortalecer. Y a pesar de ello, el municipio los contrata, les paga y los usa para golpear así como para versiones "manoseadas" a modo.

En una zona como Celaya, donde el tejido social ya está fracturado por la violencia, este tipo de anuncios deben manejarse con cautela estratégica. La seguridad no debe generar más miedo, y los actos presidenciales deben devolver confianza, no sembrar incertidumbre. 

Al final, cuando se critica este tipo de acciones, las autoridades utilizan lo que ya les es común: seguir pagando fuertes cantidades a "influencers" y "pasquines digitales" y echarle la culpa a los verdaderos medios de comunicación. #MetroNewsMx

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