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-La delegada de San Juan de la Vega denunció haber sido citada con engaños a una supuesta reunión de trabajo en la Presidencia Municipal.

-Acusó a la Dirección de Ingresos y a la Tesorería de armar una encerrona para usarla como chivo expiatorio por un recibo apócrifo.

-Señaló que fue agredida verbalmente y señalada sin pruebas durante un juicio sumario improvisado en las oficinas de la Tesorería.

-Afirmó que investigó por cuenta propia y obtuvo un video donde la ciudadana afectada la desliga totalmente de la entrega del recibo falso.

-Sostuvo que los funcionarios violaron flagrantemente la Constitución al juzgarla sin un solo documento oficial ni derecho de audiencia.

-Reprochó que la Tesorería carece de facultades de investigación, por lo que su obligación era turnar el caso a la Contraloría o Fiscalía.

-Calificó el citatorio con mentiras y la acusación de un delito grave como un evidente abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

La delegada municipal de San Juan de la Vega, María Laura Ramos Cuarenta, denunció penal y administrativamente a la Tesorería y a la Dirección de Ingresos de Celaya por acoso, intimidación y abuso de autoridad. Acusó que fue citada mediante engaños a una supuesta reunión de trabajo para ser señalada por un presunto recibo apócrifo de panteones. 

Sostuvo que el personal la sometió a un juicio sumario sin pruebas, violando su derecho de audiencia y presunción de inocencia. Por cuenta propia, la funcionaria localizó a la ciudadana afectada, quien la deslindó totalmente de la falsificación del documento. Ramos Cuarenta recriminó que la dependencia carece de facultades investigadoras y exigió respeto a su cargo ante la omisión del Ayuntamiento.

Celaya, Gto., a 23 de Julio de 2026

ASUNTO: RECHAZO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, DENUNCIA DE ACOSO ADMINISTRATIVO Y EXIGENCIA DE RESPETO A MI PERSONA Y CARGO

DIRECTOR DE INGRESO

MUNICIPIO DE CELAYA GTO.

PRESENTE.

La que suscribe, MARÍA LAURA RAMOS CUARENTA, actuando en mi calidad de Delegada Municipal de San Juan de la Vega, me dirijo a usted con el carácter y la firmeza que la gravedad de la situación exige. Por medio del presente escrito, le hago llegar mi PROTESTA Y RECHAZO TOTAL por la forma mañosa, tramposa y cobarde en la que se me citó a una supuesta 'reunión de trabajo' en la Presidencia Municipal, la cual no fue otra cosa que una emboscada para intentar culparme de delitos que no cometí y usarme como su 'chivo expiatorio'.

Quiero dejar perfectamente asentado en este papel, la manera tan ruin en la que actuaron. A través de mensajes de texto de WhatsApp, usted me citó textualmente diciéndome que la reunión era para 'darle seguimiento al tema de retornar el ingreso de lo de panteones' y 'ponernos de acuerdo en cómo íbamos a estar regresando ese dinero a la delegación', teniendo la audacia de usar el nombre del Presidente Municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, asegurando que él mismo daba la indicación.

ANEXO fotografía

Confiando en que se trataba de un asunto institucional y de beneficio para San Juan de la Vega, acudí puntual a la cita. Sin embargo, al llegar a la oficina de la Tesorería Municipal, me encontré con la sorpresa de que TODO ERA UNA COMPLETA MENTIRA. No había ninguna mesa de trabajo para regresar recursos a mi comunidad. Lo que tenían preparado era un juicio sumario, una encerrona, proyectando en una pantalla enorme la foto de un recibo de pago apócrifo (el Recibo S.S. No. 01608 del 1 de julio de 2026 por la cantidad de $7,000.00 pesos a nombre de la Sra. Ma. de la Soledad Vega Cantera), empezaron a señalarme de viva voz, a acusarme directamente y a culparme sin tener una sola prueba en la mano.

Me trataron desde el primer segundo como si yo fuera la creadora de ese recibo falso. Personal a su cargo y funcionarios presentes me agredieron verbalmente, tratando de acorralarme y afirmando rotundamente que 'el Alcalde había dado la indicación de resolver esto'. Les digo de frente y muy claro: ¡NO SE LOS VOY A PERMITIR! No voy a permitir que impidan sus cochinadas o sus desórdenes administrativos manchando mi nombre ni el de la Delegación que con orgullo represento.

Ustedes, servidores públicos, están obligados a actuar con pruebas y bajo la ley, pero prefirieron el chisme, la difamación y el atropello. Como vi la mala fe y la cochinada con la que actuaron en esa reunión, me comuniqué de inmediato con un equipo de abogados para revisar mi situación legal y ver qué procede ante semejante atropello.

Aunque a mi no me corresponde investigar —porque para eso hay autoridades y ustedes no tienen facultades de agentes investigadores— ante la cobarde acusación de la que fui objeto por parte de la Dirección de Ingresos y Tesorería, ME DI A LA TAREA DE INVESTIGAR POR MI PROPIA CUENTA. Fui a buscar personalmente a la persona que aparece en el recibo que ustedes proyectaron. Localicé el domicilio y los generales de la Sra. MA. DE LA SOLEDAD VEGA CANTERA, a quien visité en su propia casa. Tengo grabado en VIDEO DE VIVA VOZ, así como testimonios claros y fotografías de la tumba ubicada en el panteón de San Juan de la Vega, donde la mismísima afectada declara y sostiene categóricamente tres cosas:

DECLARACIÓN DIRECTA Y EVIDENCIA EN VIDEO DE LA AFECTADA:

-QUE LA DELEGADA MARÍA LAURA RAMOS CUARENTA JAMÁS REALIZÓ NI ENTREGÓ ESE RECIBO FALSO.

-QUE LA SUSCRITA NO TUVO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER EN ESE COBRO NI EN ESA ENTREGA DE DINERO.

-ME DESLINDA COMPLETAMENTE DE CUALQUIER CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE ESTE DELITO.

Ahí están las pruebas reales, no sus inventos ni sus proyecciones de pantalla para asustarme. Yo sí tengo los videos, las fotos y las declaraciones de la gente. Si ustedes querían encontrar a un culpable, busquen entre su propia gente o hagan las cosas como la ley manda, pero a mí me respetan.

Es increíble la ignorancia o la mala fe con la que operan. Se les olvida que estamos en un Estado de Derecho y que ustedes son funcionarios públicos, no jueces ni fiscales de pueblo para andar haciendo 'encerronas' ni acusando a la gente sin pruebas. Han violado flagrantemente la ley:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 14, 16 y 21): Nadie puede ser molestado en su persona o derechos sin un mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Se violó mi derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Ustedes me juzgaron y me culparon de palabra sin un solo papel oficial. De lo cual tengo pruebas.

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato: Ni la Dirección de Ingresos ni la Tesorería Municipal tienen facultades de investigación o de policía. Si ustedes sospechan de un delito o de un recibo falso, SU OBLIGACIÓN era turnar el caso a la Contraloría Municipal o al Ministerio Público, no citarme con mentiras para amedrentarme.

Ley para el Gobierno y Administración los Municipios del Estado de Guanajuato (Artículos 118 y 120): Las atribuciones de los servidores públicos están bien claritas. Citar a una Delegada Municipal con engaños sobre 'regresar recursos' para luego acusarla de un delito grave es un claro ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES.

En las imágenes proporcionadas se identifican múltiples sellos de recepción superpuestos y distribuidos en el documento oficial. A continuación se detallan las dependencias correspondientes a los sellos legibles:

-Regidora del Ayuntamiento / Fracción Morena (múltiples menciones en los márgenes y centro).

-Secretaría Particular (Municipio de Celaya, Gto.).

-Tesorería Municipal (Dirección de Ingresos / Tesorería).

-Ayuntamiento Celaya 2024-2027.

-Gobierno Municipal de Celaya.

Conteo total de sellos detectados: Se detectaron alrededor de 13 sellos plasmados a lo largo del documento (algunos repetidos o parcialmente sobrepuestos entre sí debido al trámite de recepción con distintos regidores y áreas). #MetroNewsMx

-La Tesorería Municipal de Celaya citó de manera intimidatoria a la delegada de San Juan de la Vega para fabricar un señalamiento infundado.

-Funcionarios de la administración central habrían actuado como un órgano inquisitivo exprés, evadiendo la Contraloría Municipal.

-La Tesorería asumió el rol de juez y parte al presionar directamente a una funcionaria auxiliar sin un procedimiento formal de auditoría.

-El área de ingresos municipal buscó trasladar culpas y contener un escándalo institucional afectando la honorabilidad de la delegación.

-La delegada evidenció que su oficina no maneja efectivo ni emite recibos, limitándose a elaborar órdenes para las arcas municipales.

-Una investigación propia de la autoridad auxiliar demostró que los ciudadanos afectados jamás realizaron el pago ni fueron buscados.

-La funcionaria denunció acoso institucional, daño moral, omisión de los regidores y un evidente ambiente de juicio político en su contra.

-La delegada interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía de Guanajuato para frenar el uso faccioso de la información.

-Las pruebas proyectadas por la propia Tesorería revelaron vacíos internos y una grave falta de trazabilidad en el control de documentos.

-Pide al tesorero municipal Juan Vilchis que ya se ponga a trabajar. El traslado de culpas hacia la delegación comunitaria expone fallas operativas de la dependencia recaudadora central para eludir responsabilidades.

María Laura Ramos Cuarenta, delegada municipal de San Juan de la Vega, destapó una serie de irregularidades y un deficiente proceder por parte de la Tesorería Municipal de Celaya, tras ser citada de manera intimidatoria para señalarla por un presunto recibo apócrifo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria evidenció que la dependencia a cargo de Juan Almaraz Vilchis intenta desviar la atención de sus propias fallas operativas, fabricando señalamientos infundados que ponen en entredicho la labor administrativa de las comunidades.

La delegada aclaró categóricamente que la oficina a su cargo no maneja efectivo ni emite comprobantes de cobro, limitándose exclusivamente a elaborar órdenes de pago que los ciudadanos deben liquidar directamente en las cajas de la Tesorería central. Al realizar una investigación propia ante la negativa de las autoridades por esclarecer el origen del documento, Ramos Arrona comprobó que los ciudadanos involucrados jamás realizaron dicho pago ni fueron contactados por el área de ingresos, derribando la versión oficial con la que se intentó responsabilizar a la delegación.

Ante la falta de transparencia, el acoso institucional y la omisión de los regidores y del alcalde frente a los señalamientos públicos que dañan su imagen, la representante vecinal confirmó que interpuso denuncias formales ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Con ello, busca frenar el uso faccioso de la información y exigir que la dependencia municipal asuma su responsabilidad legal en lugar de operar mediante la descalificación y la presión política.

Al convocar a una reunión privada —fuera de cualquier procedimiento formal de auditoría— para interrogar, presionar y señalar directamente a una funcionaria auxiliar por un documento apócrifo, la Tesorería habría actuado de facto como un órgano inquisitivo o fiscalizador exprés.

Con esta maniobra se cometerían diversas irregularidades normativas en donde se podrían señalar invasión de atribuciones, ya que la Tesorería es un órgano recaudador y administrador del erario, no un tribunal ni una instancia de investigación de responsabilidades administrativas. La única entidad facultada por ley para indagar anomalías en el manejo de documentos, sellos o recursos públicos dentro del municipio es la Contraloría Municipal.

Con esto, el tesorero municipal a través de su dependencia estaría fabricando un proceso a la medida. Al saltarse a la Contraloría, la Tesorería evitó el cauce legal institucional —que exige garantías de audiencia, apego al debido proceso y rigor técnico— para sustituirlo por un formato de presión política y coacción directa contra la delegada.

Al asumir el rol de "juez y parte", la Tesorería buscaría contener el escándalo o trasladar culpas hacia la autoridad comunitaria, eximiéndose de una revisión transparente y dejando a la funcionaria sin las garantías que un procedimiento formal ante el órgano de control interno le hubiera otorgado por ley.

Nos convoca a una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre los presuntos recibos falsos que se han estado detectando aquí en la comunidad de San Juan.

Muy buenos días a todos, gracias por venir. Para mí es necesario alzar la voz con ustedes porque a mí me citan en Presidencia Municipal; me llaman y me mandan mensajes de WhatsApp el director de ingresos, Israel, diciéndome que me citan a una reunión. Este, me dice: "Buen día, delegada, espero se encuentre muy bien. Me comunico de parte del presidente Juan Miguel para darle seguimiento al tema de retornar el ingreso de lo de panteones. Nos están convocando a una reunión el día de mañana a las 11 aquí en Presidencia". Le mando audio diciéndole que sí, pues que si tengo que ir yo o algo así. Y me dice él: "Mañana es meramente para ponernos de acuerdo y para ver cómo vamos a estar retornando ese ingreso a la delegación". Le puse: "Gracias". Me marca a mí mi jefe y me dice: "Mañana hay que estar aquí". 

Me presento, pensé que iban a estar mis demás compañeros, porque al hablar del tema de panteones ya habíamos hecho un escrito donde todos estábamos pidiendo hablar del tema de ingresos de panteones. Llego, paso al área de Presidencia y les digo: "Vengo a la reunión con el alcalde para el tema de panteón". Tomaron mis datos, fui a ver a mi jefe y también mi jefe se acerca conmigo, me manda mensajes nuevamente, él me dice: "Buen día, delegada". Este, me comenta el tesorero que la reunión se va a llevar a cabo en la oficina del tesorero. Y le puse: "Estamos aquí, nos vamos para arriba". Veo que no hay nadie más que yo, estoy ahí esperando a que llegara el tesorero y lo que hice yo, dije: "Esto no está bien, no sé qué vaya a pasar, yo ya no confío ni en mi propia sombra", agarro y empiezo yo a grabar. 

Entramos, hubo unas pláticas, ahí están en los audios donde me dicen: "Delegada, pues aquí nos encontramos con que hay un recibo falso de la delegación". Lo muestran en la pantalla, lo observamos, sí dice 9 de julio 2026, trae el nombre de la señora, empiezo yo a verlo, le comento: "Mi sello tiene las siglas o los números más grandes, el que traen ahí es de los más pequeños". Mi jefe detecta que la águila está chueca. Yo le digo: "Oiga, no dice Presidencia, dice Presencia, ese sello no es de nosotros", no salió de ahí. ¿Quién firmó? No recuerdo, pero ahí en la voz... ahí tiene que aparecer, si no es la voz del tesorero es la voz del de jurídico, porque incluso afirman el de jurídico que van a llegar a las últimas consecuencias. 

También afirman de que si alguien más manejaba... le digo: "Solamente yo y Silvia, pero ahorita ella pues ya está jubilada". Le dije: "Incluso, les dije, yo no cargo el sello, porque si ustedes lo ven pues el sello es muy malobroso, o sea, yo lo puedo perder en cualquier momento y pues ¿de dónde me van a echar la culpa?". Le dije: "Yo no lo cargo". 

"Es que alguien más estaba usurpando", le dije: "Pero ¿quién? No puede haber alguien más, porque nosotros no entregamos recibos, nosotros entregamos órdenes de pago, aquí están las órdenes de pago que ellos nos dan y que ante la ley no estamos obligados a hacer esto, porque es trabajo de tesorería".

Entonces, usted, prácticamente lo que nos está diciendo es que se deslinda completamente de ese recibo que mostró.

Sí, sí, porque de hecho investigué, di con las personas, les pasé a ellos el número de teléfono, la dirección. Veo que el tesorero saca una nota donde no aclara. Hablo con las personas y me dicen que no las han buscado. Se me hace injusto, porque ante el artículo 1916 del Código Civil Federal maneja el daño moral, y es el daño moral que me están causando a mí, porque al final de cuentas yo ahí se los demostré, les dije que aquí estaba mi oficio que me iba a pasar a la Fiscalía del Estado, donde también les manifiesto que no me voy a dejar pisotear por ellos, porque prácticamente verbalmente me agredieron, me sentí acorralada, me sentí intimidada, y no se vale. Hasta el día de hoy, porque hicieron mención... porque yo pedía hablar con el alcalde para yo entregarle a él todas las pruebas, ¿y qué dijeron en la reunión? Que con este oficio que yo ya había metido era muy difícil que yo hablara con él. Yo me he estado tratando de comunicar con él, bueno, de que yo pueda tener una reunión con él, hasta ahorita nadie me ha dicho nada.

Mire, Laura Ramos Arrona, delegada municipal de San Juan de la Vega, ha sido entonces señalada de que usted o una parte de su gente hizo algo indebido al dar presuntamente un recibo apócrifo. ¿Usted lo desmiente categóricamente?

Claro que sí, porque tengo las pruebas fundamentales donde incluso las personas lo han dicho: "Nosotros no hemos ni pagado, no lo ha recibido el presidente municipal".

¿Ha recibido usted atención de los diversos regidores del Honorable Ayuntamiento?

De ninguno, y eso que a todos se los metí, les metí los oficios con copia a todos los regidores, síndicos... de nadie, de nadie. No he recibido el apoyo, la atención, nada, no he tenido yo ahora sí el respaldo de nadie. Por eso me vi en la tarea, porque todo este fin de semana yo me sentí vulnerable, sentí también que yo corría riesgo, corría peligro, porque imagínense, van a decir que yo aquí tengo las millonadas de dinero y están poniendo en riesgo a mi familia y a mí, porque en su pobre casa solamente vivimos yo y mi hija de 14 años; hoy está de visita mi hija y mi nietecita, entonces ahorita prácticamente somos una familia de cuatro personas que habitamos ahí y somos puras mujeres.

Delegada, el tesorero señaló también que buscaron a las personas que entregaron ese recibo y que ya después no quisieron hablar con ellos para dar detalles. ¿Quién le entregó eso? ¿Usted ha hablado con estas personas? ¿Le han dicho quién fue el que les entregó este recibo o ha indagado en esta situación? Porque el tesorero no aclaró esa parte de que ya no quisieron hablar con el tesorero.

De hecho, tengo donde ellas mismas dicen que no las buscaron, ellas... aquí yo tengo en evidencia que no las buscaron, que no les hablaron por teléfono y que ellas también quieren hablar con el alcalde para aclararlo, porque ellas sí lo dijeron y lo tengo en los audios: "Laura es que te estamos metiendo en un problema a ti y ya también nos están quemando a nosotros", y yo me quedo: "Es que no a ustedes, sino a mí, porque al decir 'delegación municipal', ¿quién es la responsable que está al frente? Yo".

Mire, Laura, ahí el tesorero, mi compañero, lo acaba de especificar bien, él asegura que ese dinero ingresó y que se sepultó a la persona.

Es falso eso, la persona se sepultó, pero no se ha pagado. Ellas, eso es lo que están conscientes, dice: "Nosotros no hemos pagado y hasta querían venir a que se les hiciera la orden de pago", y les dije: "No, tengo que ver a ellos para que ya, si ellos dicen que aquí, o si ya ustedes allá se arreglan, es otra cosa".

Pero ¿los pesos que señalan en ese recibo, ni usted lo recibió ni ellos lo pagaron, o sí se pagó?

No, no, ni nosotros lo recibimos ni ellas lo pagaron, o sea, nada más es un recibo recibido, son 7,000 pesos, pero no se hizo el pago, y por eso Presidencia... para ver que era descuento, porque él mencionaba que querían un descuento. Es que más bien ellos no han hecho esa parte de la investigación, porque, por ejemplo, ellas me dicen que ellas se acercaron con una fundación, la fundación es Nutrición y Vida, y mencionan el nombre de... se acercaron para pedir el apoyo, el cual me imagino que la asociación fue la que se acercó con el alcalde, porque ellos dicen que se acercaron con el alcalde a pedir el descuento. Pero es fundamental: de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, de aquí no salió el recibo, y yo sí lo quiero dejar enfático. 

Pedirle al tesorero: "Ponte a trabajar... ¿cómo se llama el tesorero? Juan... Juan Almaraz Vilchis, algo así", ponte a trabajar, haz las cosas bien. Hice una parte que no me correspondía, pero por yo también, ahora sí, limpiar mi imagen, yo tenía que buscar esto, porque yo no soy Ministerio Público, no soy ni ministerial para yo andar buscando, más sin embargo me di la tarea de buscar a la persona, porque no es justo que sí se me haya señalado, que ustedes se retractaron diciéndome: "Tú te pusiste el saco, nosotros no dijimos nada". Tengo las evidencias donde sí lo recalcan como cuatro veces.

Pero en la de manera pública no dan su nombre, simplemente dicen que es en la comunidad de San Juan de la Vega donde detectaron esto. Públicamente no lo han dicho, o sea, a lo mejor en la reunión privada con usted, pero públicamente no han dicho que sea usted, simplemente dijeron que en la comunidad de San Juan de la Vega.

Sí, pero el detalle es que las personas no son ni de San Juan de la Vega.

Más bien, ¿no sería, delegada, pedir más bien el apoyo a la fiscalía a la investigación para para detectar más allá pues esta situación? Porque, bueno, hoy es un recibo, pero ¿cuántos más no puede haber de esta situación y que se pueda prestar para esta...?

Claro que sí, de hecho yo aquí lo manifiesto, que al yo ver todo lo que hicieron conmigo en esa reunión... porque aquí lo manifiesto, que yo me iba a pasar a la Contraloría y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, ya... ya tengo todo, ya está todo, ya nada más el número de denuncia... lo tiene usted, ¿no? Por lo mismo de que estamos con los abogados del tema.

Finalmente, ¿ha visto usted aquí en San Juan de la Vega o ha detectado algunas personas que trabajen de este tipo, que sean intermediarios para hacer este tipo de cosas, o se han dado a la tarea de descubrirse al intermediario?

Yo no me he dado a la tarea, porque pues ahora sí llegan, vienen y dicen: "Vamos a hacer esto, no sé, vamos a sepultar a todo". Ah, okay, ¿qué recibo traes? Hay muchos que pues traen recibos de años, 20 años, no sé, y ya de ahí se hacen las órdenes de pago.

Delegada, a raíz de esto, ¿usted ya no va a cobrar aquí, me imagino? Tiene que tener...

Es que no cobramos, es que nosotros nada más hacemos las órdenes de pago que, que le vuelvo a repetir, las órdenes de pago ante la ley tampoco no estamos obligadas a hacerlo, más sin embargo nos ponen a hacerlas; incluso aquí abajo va el nombre de nosotros y lo firmamos.

Incluso esto que usted menciona es incluso para una información para la gente de aquí, o sea, que sepa y que no se deje engañar.

Sí, no, de hecho ya todos saben, porque le digo, yo lo he dicho abiertamente: no nos están dando las órdenes de pago, yo... hemos dejado ahí enterrar, porque cuando se nos quemó todo, pero ya ahorita se está... todo esto se está yendo allá. Las órdenes son las órdenes de pago que se hacen.

¿Se han dado más casos de estos pseudorrecibos a personas aquí en San Juan de la Vega o no se han detectado más casos?

Pues ahorita detectamos este, porque a mí me mandan llamar, entonces, pero a base de engaños total, me hubieran dicho: "Pasó esto, no pasa nada", al final de cuentas acudí porque también, pues digo, es una reunión y si hubiera sido para esto, pues con mayor razón voy, ¿no?, pero no lo hacen de esa manera.

¿Qué mensaje le da usted hoy a los ciudadanos de San Juan de la Vega?

Pues miren, ellos saben de antemano que son las órdenes de pago, que no estoy obligada a hacerlas, más sin embargo les hacemos la chamba a los de Tesorería, pero ellos saben bien que aquí ya todo se maneja así, todos incluso han dicho y lo han recalcado: "¿Por qué entregan el dinero? No lo entreguen si no hay apoyo, si no hay esto", más sin embargo le digo, no se puede hacer eso, al rato yo voy a ir a la cárcel, si de por sí así me están haciendo. Parece un juicio político, porque esto ya parece una violencia política de género hacia mi persona, al momento en que no tienes defensa cuando se te invita a una reunión pública privada entre funcionarios y tú no llevas a nadie, no tienes cómo demostrarlo.

Delegada, otra cosa, perdón, este... ¿por qué estaba a terminar la entrevista? No, este, a ver, es que estábamos viendo o estaba escuchando precisamente lo que estábamos comentando en cuestión de que dicen que directamente no te señalaron, sin embargo algunos medios de comunicación sí sacaron tu nombre. 

Sí hay unas notas, de hecho fue una nota que llamaron exclusivamente a los medios de comunicación diciendo que tenían algo importante que señalar, porque así fue como lo comentaron, ahí está la transmisión donde está el director de comunicación diciendo: "Los reunimos porque tienen algo importante que decirles", en el cual pues sí, a lo mejor directamente no dijeron "la delegada de San Juan de la Vega, María Laura", pero dijeron: "Salió de la delegación". Ahí está también, y algunos medios han puesto tu nombre y en consecuencia ha venido gente a decirte que dónde está el dinero, que tú te lo estás robando. Creo que eso no lo mencionaste y es la parte importante de esta reunión.

Es que por eso más que nada aguanté todo este fin de semana, porque yo tenía la esperanza de hablar con el alcalde, pero yo al ver ya todo eso, o sea, para mí ya es algo que ya es un... para mí ya lo siento como un daño moral, y que ya lo tomaron como personal, entonces yo sí me quedo pensando y digo: "Oye, ya no puedo aguantar, yo tengo también que dar mi réplica, tengo derecho a decir lo que yo tengo", y ahorita si yo filtro todos los audios y todo, o sea, ahí van a ver que yo realmente no estoy mintiendo.

Bueno, un poquito vamos llegando, a comentar un poquito el contexto de lo que se ha estado ahorita platicando en esta entrevista de acuerdo a precisamente estos documentos que en Presidencia de Celaya cuentan que son apócrifos y que pues prácticamente apuntan aquí en su...

Sí, de hecho es lo que yo les comento, que nosotros no hacemos recibos, nosotros hacemos las órdenes de pago, van a Celaya y lo pagan las personas involucradas; ellas mismas lo aclaran, que ellas no han hecho ni un pago, que ellas no han pagado, que les iba a ayudar una asociación y que hasta hoy fecha creo tampoco la asociación los ayudó. Me imagino que la asociación lo que hizo fue allá hablar con Presidencia y ya Presidencia pues me imagino que detectó el tema, de que las señoras quieren ellas incluso hablar con el alcalde.

También son de San Juan de la Vega, ¿no? ¿De dónde son?

De San Isidro.

Ah, delegada. En ese sentido, entonces, ¿de dónde sale ese o dónde sospecha que sale ese recibo? Porque incluso al inicio de la plática nos comentaba que el recibo pues era un sello que no correspondía de la delegación, que tenía algunas inconsistencias. ¿Sabe usted, o lo que ha podido platicar con estas personas, quién les dio o de dónde salió esto?

Ellas...

las imágenes mostradas por la Tesorería Municipal de Celaya y el formato físico utilizado en la Delegación de San Juan de la Vega permite desglosar diversas inconsistencias y elementos clave.

-El formato físico de la delegación (Orden de Cobro)

La imagen del formato impreso muestra claramente que se trata de una "Orden de cobro" de la Delegación San Juan de la Vega (Municipio de Celaya, Gto.) y no de un recibo de pago definitivo o comprobante de ingresos de la Tesorería.

El diseño incluye campos específicos para trámites de panteones (nombre del difunto, tipo de servicio como inhumación o exhumación, zona urbana o rural, y desglose de artículos de la Ley de Ingresos) concluyendo en un espacio para "Nombre y Firma autorizada" de la autoridad auxiliar.

Esto respalda lo declarado por la delegada en cuanto a que las oficinas comunitarias no realizan cobros ni expiden recibos oficiales, sino que únicamente llenan órdenes de trámite para que el ciudadano acuda directamente a las cajas de la Tesorería municipal.

Las pantallas proyectadas por la Dirección de Ingresos exponen un contraste gráfico y administrativo que presenta deficiencias notables en la argumentación oficial.

-El supuesto "Recibo Apócrifo" (Proyectado con observaciones). La Tesorería señala que el documento no corresponde a los formatos oficiales, que el número de folio no coincide con sus registros y que el monto ($7,000.00 pesos por derechos de construcción de gaveta y inhumación) no empata con la Ley de Ingresos vigente.

-El documento exhibido en pantalla carece de los sellos formales de caja "Pagado" de la Tesorería que sí ostentan los recibos válidos, lo que refuerza la versión de que este papel nunca transitó por las cajas oficiales ni fue emitido o cobrado por el sistema central de recaudación.

El flujo de proceso institucional, proyectado en la tabla. La propia diapositiva institucional de "Proceso de pago" corrobora la corresponsabilidad de las áreas: el paso 1 indica que la Dirección de Ingresos hace entrega de formatos a la delegada; el paso 2 señala que la delegada llena la orden; el paso 3 canaliza al ciudadano a las cajas municipales; y el paso 4 estipula que es la Dirección de Ingresos quien recibe el pago y genera el recibo correspondiente.

Las evidencias gráficas aportadas por la propia autoridad municipal terminan por evidenciar una falla en los controles internos de la Tesorería o un vacío en la trazabilidad del documento cuestionado. Al reconocer la propia Tesorería que el flujo exige que el pago final y la emisión del recibo oficial ocurran exclusivamente en sus cajas centralizadas, trasladar la culpa de un documento irregular -carente de sellos de caja válidos- hacia una delegación municipal, ene ste caso, la de San Juan dela Vega, que solo emite órdenes de cobro refleja un intento de deslindar la responsabilidad operativa del área recaudadora central. #MetroNewsMx

CELAYA, GTO.- La crisis administrativa y política que sacude a la Dirección de Personal del Gobierno Municipal de Celaya escaló formalmente al terreno penal. Este 22 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aperturó la carpeta de investigación 85463 (Folio 150141) contra la funcionaria María Alma Rosas López.

La comparecencia fue ratificada a las 12:50 horas ante la unidad `CELAYA 07-MAP01` y remitida a la Agencia Investigadora `7-UTC05` de Celaya para las diligencias correspondientes.

El recurso legal se suma a la polémica pública tras revelarse que la funcionaria presuntamente se ostentó con un título profesional apócrifo, hecho que derivó en presuntas venganzas de oficina y la destitución arbitraria del encargado de nómina, Alejandro Arroyo Alvarado.

Con base en la legislación penal del Estado de Guanajuato y la materia normativo-administrativa, no contar con el título profesional exigido para el cargo y presuntamente haberlo presentado / ejercido el puesto bajo dicha condición podría encuadrarse en las siguientes conductas ilícitas como lo son la Usurpación de Profesión, plasmada en el Artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato. y que se sanciona con prisión (de 1 a 5 años) a quien ejerza actos propios de una profesión o especialidad sin contar con la cédula o título profesional legalmente expedido.

También la Falsificación y Uso de Documentos Falsos, plasmados en los artículos 233 y 234 del Código Penal del Estado de Guanajuato. En caso de haber presentado un título o cédula apócrifa para acreditar el perfil ante la administración pública para obtener la contratación, se incurre en la producción o uso a sabiendas de un documento público alterado o falso.

Se suma el Ejercicio Ilícito del Servicio Público / Ejercicio Indebido de Funciones, delitos cometidos por Servidores Públicos (Código Penal Estatal / Ley de Responsabilidades Administrativas) por aceptarse y ejercer en un cargo público a sabiendas de no cumplir con los requisitos de ley estipulados en el perfil del puesto o el reglamento interior del Municipio.

Así mismo, usurpación de funciones públicas, que se fundamenta en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Guanajuato por atribuirse o ejercer indebidamente atribuciones o facultades dentro de la función pública para las cuales no se tiene legitimación de origen.

Finalmente, Fraude o Lucro Indebido en Perjuicio del Erario, ya que si percibió si percibió sueldos, bonos y emolumentos públicos derivados de un nombramiento viciado de origen (al carecer del perfil profesional indispensable exigido por la norma), se configura un menoscabo patrimonial contra las arcas municipales.

La opacidad y el ajuste de cuentas político parecen haber cobrado una nueva víctima en el aparato administrativo municipal. La todavía directora de Personal, María Alma Rosas López, desató una crisis interna al dar de baja de manera injustificada al encargado de nómina, Alejandro Arroyo Alvarado, en un aparente acto de represalia tras filtrarse información oficial que la señala por presuntamente haber presentado un título falso.

El escándalo se detonó luego de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de una solicitud formal realizada a su unidad de transparencia, confirmó un dato contundente: María Alma Rosas López no se tituló como Licenciada en Informática Administrativa, documento que presuntamente habría presentado para avalar su contratación en el cargo público.

Lejos de transparentar su situación jurídica o aclarar la autenticidad de sus credenciales ante la opinión pública, la funcionaria optó por la vía de la intimidación y el desquite interno. Al no encontrar el origen de la filtración informativa que expuso la anomalía en los medios de comunicación y redes sociales, arremetió contra el área financiera del municipio.

La tarde de este miércoles, Arroyo Alvarado fue cesado de sus funciones sin que exista causal legal ni justificación probada que sustente la decisión. La medida responde a una lógica de "dar palos de ciego", buscando culpables internos para castigar la exhibición de una presunta irregularidad de carácter legal y administrativo. Este episodio se suma a la inestabilidad que ha imperado en la Dirección de Personal, seguido de improvisaciones operativas que obligaron a su recontratación temporal ante la incapacidad de procesar los pagos, para finalmente removerlo y colocar a Alejandro Arroyo.

La abrupta salida del responsable de la nómina deja abiertas preocupaciones graves para la gobernabilidad del municipio:

-Daño patrimonial: Al tratarse de un posible despido sin causa justificada a pocos días de la quincena, surge la duda de si el afectado recurrirá a la ley para defender sus derechos laborales, heredando a los celayenses una jugosa indemnización económica que deberá solventarse con recursos públicos a causa de un capricho personal.

-Riesgo operativo: A escasos días de la dispersión de pagos quincenales, la remoción intempestiva del encargado de nómina pone en predicamento la puntualidad salarial de los trabajadores del municipio, sacrificados administrativamente por una disputa de orden político y personal.

El caso mantiene encendidos los cuestionamientos sobre la legalidad en los perfiles de los altos funcionarios de Celaya, donde la reacción institucional ante la exigencia de rendición de cuentas se traduce en despidos arbitrarios y venganzas de oficina.

Para evaluar la postura de los participantes en la publicación de la página "Fans de Serpientes y Escaleras" respecto al escándalo de la jefa de personal del municipio y el despido del encargado de nómina Alejandro Arroyo, se clasificó el total de las intervenciones emitidas por los usuarios.

-Total de cuentas analizadas: 54 cuentas únicas de usuarios.

-Comentarios en Contra (Críticos hacia la administración actual / la funcionaria): 46 cuentas (85.2%)

-Comentarios a Favor / Defensores de la administración actual: 2 cuentas (3.7%)

-Comentarios Neutrales, Informativos o Desviados del tema central: 6 cuentas (11.1%)

Las cuentas que manifestaron rechazo hacia las acciones del gobierno municipal, criticaron el presunto título falso o reprobaron el despido injustificado son las de "Luis Mario", "Hector GC", "Nury Nurses Monroy", "Sadly Sad", "Laura Torres", "Kathy Dena", "Miguel Cortes". "Arturo Rivera". "Lupita Mosqueda". "Natalia Jimenez Suarez". "Rodinho Do Sousa". "Ernesto Patiño". "Abramos Los Ojos Celayenses". "Mayte Fragozo". "Martin Uribe". "Renn Renn". "Gylda Garfias". "Jorge Cazares". "Gabriel Cordova". "Salfrank Leon IV". "Cesar Mancera". "Teresa Arellano". "Katty Alejandra Arrieta Samano". "Victor Manuel Ochoa Mancera". "Moisés Mancera". "Ernesto Lopez". "Jesus Garcia". "Cris Morado". "Luis Ángel Zúñiga Cervantes". "José Guadalupe Escobar Herrera". "Eduardo Lalo García". "Anny PatRo". "Lourdes Vera Gallardo". "Dorian G". "Luzmy Tovar". "Xel ZeroWhan". "Adrian CM". "Chapas Tuning Car's Mx". "Hugo Alfredo Fdez Esp". "Celeste Yáñez". "Jose Ignacio Tapia Pozos". "Maria Jaramillo". "Ana Maria Cuellar Rosas". "Edgardo Gutierrez Barrera". "Maria Teresa Floresvillar". "Norud Minorud". "Salvador Gállego". "David Garcia". "A Guerrero Zto". "Cay Joya". "Betto Villa"

Las cuentas que defendieron a la administración actual o justificaron sus acciones frente a presuntos ataques de la oposición:

"Ime Maes","Charly Montoya" (menciona a terceros para llamar la atención sobre el hilo)

Cuentas que se limitaron a etiquetar a otros usuarios o hacer comentarios sin una postura política definida hacia el caso:

"Fans de Serpientes y Escaleras" *(Rol de autor/administrador de la página), "Jorge Villagomez", "Tadeo De La Peña", "Carlos Villa" y "Carmen Zamora".

Los comentarios ponen de manifiesto el repudio generalizado y contundente. Existe una abrumadora mayoría crítica en los comentarios (85.2%), lo que refleja un descontento social profundizado por la percepción de impunidad, nepotismo y la falta de perfiles académicos reales dentro de la administración pública municipal en Celaya.

Hay una exigencia de rendición de cuentas y legalidad: Los usuarios coinciden de forma reiterada en que la solución más sencilla para la funcionaria implicada era mostrar su cédula profesional en regla o aclarar su situación ante el Registro Nacional de Profesionistas, interpretando su negativa o sus reacciones viscerales (como el despido de personal) como una admisión implícita de culpabilidad.

La indignación por el uso del erario en despidos: Hay una fuerte molestia ciudadana respecto al costo financiero que representan los despidos injustificados (como el de Alejandro Arroyo), señalando que los ciudadanos terminan pagando las indemnizaciones y finiquitos provocados por "venganzas de oficina" y caprichos políticos.

La polarización partidista marginal: Las voces que defienden a la administración actual o que intentan desviar la culpa hacia administraciones pasadas (como los gobiernos del PAN) son minoritarias en este hilo en específico, quedando reducidas a menos del 4% de las interacciones analizadas.

Existe una marcada similitud en la actitud de despido reflejada tanto en el caso de la jefa de personal (María Alma Rosas López) y el exencargado de nómina (Alejandro Arroyo Alvarado) como en los patrones de destitución atribuidos al alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, tal como se documenta en las dinámicas de la administración municipal.

Las características de semejanza muestran despidos discrecionales y sin justificación operativa clara. Así como la directora de Personal cesó de manera abrupta al encargado de nómina bajo sospechas infundadas y buscando "culpables" tras salir a la luz su falso título, la administración del alcalde Juan Miguel Ramírez ha recurrido de forma constante a la remoción de funcionarios (como ocurrió en su momento con Germán Arredondo en el SIDEC bajo argumentos tan subjetivos como que "le falta barrio").

Los reclamos ciudadanos sobre el uso del erario en finiquitos: Los comentarios analizados en los hilos previos denuncian con molestia que las decisiones viscerales de la administración terminan costando caro a los celayenses debido al pago constante de liquidaciones y demandas por ceses injustificados. Esta misma inestabilidad genera rotación constante y gastos operativos innecesarios en distintas áreas del gobierno local.

Hay coincidencia en la percepción de intolerancia y venganza: Tanto en las respuestas de los ciudadanos en redes sociales —que tachan a la administración de actuar con opacidad y prepotencia— como en los casos de destituciones directas encabezadas por la superioridad, se dibuja un patrón donde la respuesta institucional ante la crítica o el señalamiento de irregularidades no es la transparencia ni el careo de argumentos, sino el cese fulminante del personal.

Finalmente la presencia de la sombra de la improvisación en los perfiles de los jefes: Un punto de unión muy fuerte entre los comentarios sobre la jefa de personal (y sus credenciales cuestionadas) y las decisiones del alcalde es la crítica constante de la ciudadanía hacia la falta de perfiles idóneos, técnicos o debidamente capacitados para ocupar puestos clave en el municipio, lo que propicia un clima de conflicto interno constante. #MetroNewsMx

-El IMIPE de Celaya opera en parálisis administrativa total tras 45 días de omisión del alcalde para instalar su nuevo consejo.

-La regidora Herrejón denunció que la falta de consejo técnico impide legalmente que la dirección de IMIPE autorice proyectos.

-El alcalde Ramírez Sánchez ignora acuerdos unánimes de la Comisión de Gobierno, evadiendo la ley y la normativa del instituto.

-Operar sin el consejo ciudadano del IMIPE elimina contrapesos vitales y transparencia en la planeación urbana de la localidad.

-El alcalde Juan Miguel Ramírez ignora la Ley para el Gobierno Municipal, manteniendo a Celaya en un limbo de ilegalidad diario.

-La gestión actual oculta su ineficacia bajo un falso discurso académico, desmantelando la institucionalidad de todo el cabildo.

-Expertos y colegios de profesionistas siguen fuera del IMIPE por los caprichos de una autoridad que desprecia la legalidad hoy.

-Regidores exigen que el alcalde deje el victimismo político y cumpla con su deber constitucional para beneficio de la población.

La parálisis administrativa que atraviesa el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) de Celaya ha alcanzado un punto crítico. La regidora María Isabel Herrejón denunció que la actual administración, encabezada por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, mantiene en la incertidumbre operativa al instituto al omitir la integración del Consejo Directivo, contraviniendo el reglamento vigente y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

Desde el 27 de mayo, la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la conformación del consejo, tras validar que los perfiles presentados cumplían rigurosamente con los requisitos técnicos y profesionales. No obstante, a pesar de que el síndico turnó el expediente al despacho del alcalde el 29 de mayo, han transcurrido más de 45 días sin que se realice la toma de protesta, ignorando cuatro sesiones ordinarias del Ayuntamiento —12 y 26 de junio, 3 y 10 de julio— en las que pudo haberse resuelto el nombramiento.

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento del IMIPE, la estructura del Consejo debe integrar perfiles especializados para garantizar la legitimidad y calidad de la planeación urbana. Este órgano debe estar conformado por:

-Dos miembros representantes de los colegios de profesionistas del municipio, relacionados con las materias de planeación, desarrollo y áreas afines.

-Dos miembros integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

-Dos miembros de instituciones de educación superior del municipio, garantizando la presencia de un representante de universidades públicas y uno de instituciones privadas.

La regidora Herrejón advirtió que, al operar sin esta estructura colegiada, la dirección del IMIPE, a cargo de Alejandra Ojeda Sampson, carece de facultades legales para autorizar proyectos, lo que abre una ventana a posibles responsabilidades administrativas, tanto leves como graves, dependiendo de la naturaleza de las inversiones ejecutadas sin validación.

La falta de este consejo ciudadano —que funciona bajo un esquema honorífico— no es un tema menor, ya que priva al municipio de la voz y voto de los expertos en la toma de decisiones. Esta omisión, sumada a la falta de transparencia en la ejecución de proyectos, ha generado comparaciones con otros municipios como Comonfort, donde el cabildo ha comenzado a frenar irregularidades, haciendo un llamado a los regidores de la fracción de Morena para anteponer el beneficio de Celaya sobre los intereses partidistas.

La administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya ha dejado de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un catálogo de ocurrencias. El alcalde, quien ha pretendido justificar su gestión bajo un perfil supuestamente académico, demuestra una contradicción elemental: mientras se ostenta como intelectual, ignora la norma que rige su propio municipio. La falta de instalación del Consejo Directivo del IMIPE no es un descuido, es un síntoma de un estilo de mando autoritario que desprecia la institucionalidad.

Es irónico que un personaje con trayectoria en la academia, quien debería conocer la importancia de la metodología y la consulta, prefiera la discrecionalidad al diálogo técnico. Al mantener al IMIPE en un limbo administrativo, el alcalde no solo se coloca por encima del Reglamento del instituto y de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sino que desmantela el contrapeso ciudadano necesario para una planeación transparente. ¿Quién supervisa las obras? ¿Quién valida los proyectos si no es el consejo designado por ley?

El alcalde suele recurrir al victimismo, descalificando cualquier crítica como un "ataque de la oposición" o una lucha de colores políticos. Sin embargo, este no es un conflicto partidista; es un conflicto de legalidad. Cuando se le señala su ineficacia, la respuesta es el silencio o el desvío de atención, evitando asumir su responsabilidad. Ramírez Sánchez parece haber olvidado que gobernar no es imponer una "reingeniería" personal, sino ejecutar las determinaciones de un Ayuntamiento que, por unanimidad, ya le había marcado el camino.

La realidad es cruda: Celaya no despega porque no hay voluntad de construir acuerdos. Si el alcalde insiste en administrar el municipio como si fuera un feudo personal, el riesgo no es solo administrativo, es de gobernabilidad. Los regidores de Morena tienen hoy una encrucijada moral: seguir siendo cómplices de una parálisis que afecta a más de 650,000 habitantes, o exigir que su presidente respete la ley. El sol ya no se puede tapar con un dedo; la opacidad en el IMIPE es el reflejo de una gestión que prefiere el capricho a la planeación.

Al contrastar la información sobre la parálisis del Consejo Directivo del IMIPE con las recientes declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez en el diario El Sol del Bajío el pasado 7 de julio (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/morena-avanza-en-guanajuato-afirma-alcalde-de-celaya-y-descarta-uso-electoral-de-apoyos-sociales-31003567 ), surgen contradicciones significativas que revelan una brecha profunda entre su discurso político y la realidad administrativa de su gobierno.

-Discurso de "Académico" vs. Incumplimiento Normativo:

La incongruencia: El alcalde se autodefine como un académico que llega al gobierno sin trayectoria política previa, sugiriendo un perfil basado en la técnica y el conocimiento. Sin embargo, su administración mantiene al IMIPE (un instituto de investigación y planeación) sin un consejo directivo funcional, ignorando un reglamento que él mismo debe hacer cumplir. Un "académico" suele respetar la estructura institucional y la validación de sus pares; el alcalde, en cambio, opera bajo discrecionalidad, lo cual es opuesto a la metodología académica.

-Transparencia vs. opacidad operativa:

La incongruencia: El alcalde afirma que su gestión se basa en políticas públicas claras y que, al ser él el representante de Morena en Celaya, los ataques a su persona son "ataques a Morena". No obstante, la omisión del Consejo del IMIPE implica que la directora del instituto está ejecutando proyectos y recursos sin la autorización colegiada que marca la ley. Es "fuera de lugar" que mientras pregona transparencia y políticas públicas nacionales, permita que el órgano encargado de planear el desarrollo de Celaya opere en un vacío de legalidad.

-El "derecho" a los apoyos sociales vs. el derecho a la participación ciudadana:

la incongruencia: El alcalde sostiene que los apoyos sociales son "derechos constitucionales" y no herramientas electorales. Sin embargo, al mismo tiempo, neutraliza el contrapeso ciudadano en el IMIPE —al no integrar a los representantes de colegios, cámaras empresariales y universidades—, eliminando el derecho de la ciudadanía a participar y supervisar la planeación municipal. Hay un sesgo evidente: defiende el acceso a recursos (programas sociales), pero bloquea el acceso a la toma de decisiones (consejos ciudadanos).

-"Estructura partidista" vs. responsabilidad gubernamental:

La incongruencia: El alcalde justifica la ausencia de una estructura de Morena en Celaya argumentando que "en este momento, en Celaya yo represento a Morena". Esta visión personalista de la administración municipal es una contradicción grave: confunde su representación partidista con la titularidad absoluta del gobierno, olvidando que la administración municipal está sujeta a reglamentos, leyes estatales y determinaciones del Ayuntamiento que no están sujetas a su voluntad personal ni a la agenda de un partido.

-El llamado a la unidad vs. el uso político de la crítica:

Punto fuera de lugar: Mientras el alcalde hace un llamado a la unidad política y minimiza las críticas como parte de la "disputa partidista", la realidad es que la parálisis del IMIPE fue denunciada por la regidora María Isabel Herrejón como una falta grave a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Si el alcalde consideraría que minimizar este incumplimiento legal calificándolo como un "ataque político" es una táctica evasiva que ignora el fondo: la falta de gobernabilidad y el incumplimiento de las leyes que él juró cumplir al tomar posesión.

Mientras el discurso público del alcalde en El Sol del Bajío se centra en una narrativa de fortalecimiento partidista y defensa de derechos, sus acciones (o falta de ellas) en el IMIPE demuestran un gobierno que prioriza la centralización de decisiones por encima del marco jurídico municipal, debilitando precisamente la planeación técnica que su perfil académico debería fomentar.

La omisión en la integración del Consejo Directivo del IMIPE de Celaya, tras haber sido aprobado por la Comisión de Gobierno el 27 de mayo de 2026, constituye un posible incumplimiento de las obligaciones legales que rigen a los servidores públicos municipales en el estado de Guanajuato.

-Incumplimiento de atribuciones (Alcalde): Según la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., la autoridad municipal está obligada a actuar conforme a derecho, cumpliendo las determinaciones del Ayuntamiento. Al ser una facultad y obligación del Presidente Municipal ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, la omisión de más de 45 días en la toma de protesta del Consejo contraviene el deber de diligencia y legalidad en el desempeño del cargo.

-Violación a la Normativa del IMIPE: El Reglamento del IMIPE establece claramente la conformación del Consejo (artículo 17), el cual debe incluir representantes de colegios de profesionistas, el Consejo Coordinador Empresarial y universidades. La operación del instituto sin este órgano colegiado anula los mecanismos de participación ciudadana y supervisión técnica que la ley exige.

-Responsabilidad en el Ejercicio de Recursos: De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, todo servidor público debe administrar los recursos públicos bajo su responsabilidad sujetándose a la normatividad. La ejecución de proyectos por parte de la dirección del IMIPE sin la autorización previa del Consejo Directivo podría constituir un "ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".

-Presidente Municipal: Por la omisión en la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento (artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal).

-Dirección del IMIPE: Por realizar actos de autoridad y ejecución de proyectos careciendo de la validación legal del Consejo Directivo que el propio reglamento exige para su operación.

El Órgano Interno de Control es la instancia obligada a examinar estas conductas, dado que los entes públicos están obligados a mantener condiciones estructurales y normativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Estado y la ética de cada servidor público. #MetroNewsMx

-Señalan irregularidades en la firma de recibos de nómina por concepto de utilidades, sin que se vea reflejado el depósito prometido en las cuentas bancarias correspondientes.

-La autoridad laboral sugiere que la firma de documentos timbrados sin haber recibido el pago constituye un riesgo legal, al tiempo que las empresas podrían incurrir en posibles fraudes.

-Tras realizar denuncias formales ante las autoridades fiscales, los afectados denuncian falta de respuesta por parte de las áreas de recursos humanos sobre el adeudo pendiente.

Tras darse a conocer la omisión de pago de utilidades de la empresa Marva a trabajadores de esta empresa (https://www.metronewsmx.com/2026/07/denuncian-presuntas-practicas-abusivas.html ), ahora se complica el tema ya que ahora se dio la instrucción a los trabajadores para firmar recibos de nómina timbrados y certificados, bajo la premisa de que recibirían el pago correspondiente de utilidades en un plazo determinado. A pesar de haber cumplido con la firma requerida, un grupo de empleados manifiesta que el depósito no fue realizado en sus cuentas bancarias en la fecha acordada y ya les fueron descontados impuestos, en algunos casos, por varios miles de pesos.

La fundamentación documental de uno de los afectados, fue entregad  la redacción de metro News, donde se observan los detalles señalados en la información.

La empresa no solo estaría cometiendo una falta laboral, sino que está "jugando con fuego" ante el SAT. Al timbrar el recibo, la empresa misma dejó la "huella digital" del fraude: ella reconoce ante el SAT que el dinero salió, y si no puede demostrar el flujo bancario a la cuenta -que es obligatorio para efectos fiscales-, la simulación queda acreditada automáticamente por las facultades de comprobación del SAT.

La problemática se agudizaría ante la disparidad en la ejecución de los pagos, ya que únicamente una parte de la plantilla recibió la remuneración, mientras que otro sector permanece a la espera sin obtener una explicación clara. La gestión del área de recursos humanos ha sido cuestionada, pues se limitaría a solicitar paciencia a los afectados, ante la presunta actitud de ignorar la falta de cumplimiento con las obligaciones laborales estipuladas.

Ante esta situación, los trabajadores buscaron asesoría en instancias de conciliación laboral, donde se les minimizó el riesgo de firmar documentos sin el pago previo. No obstante, al comprobarse el incumplimiento del depósito, surge el temor de que la empresa esté incurriendo en prácticas irregulares al reportar ante la autoridad fiscal un pago que no se ha efectuado. Esta situación podría representar un abuso de confianza, ya que el trabajador aparece como remunerado ante el sistema fiscal, sufriendo la retención de impuestos sin haber percibido el ingreso.

Como medida de respuesta, se han interpuesto denuncias anónimas ante la instancia fiscal competente, adjuntando evidencias como el recibo de nómina firmado y estados de cuenta que comprueban la ausencia del depósito. Los afectados denuncian que la empresa no contaría con elementos para demostrar la realización del pago, ya que la obligatoriedad estipula que los depósitos deben efectuarse directamente a cuentas bancarias individuales asociadas al nombre del beneficiario.

El conflicto permanece en un estado de incertidumbre legal para los afectados, quienes se sienten vulnerables ante la falta de una representación jurídica adecuada y una respuesta institucional efectiva por parte de la empresa, la cual mantiene una postura evasiva ante los reclamos directos.

Emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina —como el que se menciona— sin que exista la entrega real del recurso es una práctica irregular que podría constituir fraude fiscal. Al declarar ante la autoridad fiscal (SAT) que se pagó una cantidad (utilidades) que no fue recibida, la empresa podría estar incurriendo en una simulación de operaciones. Si el sistema fiscal retuvo impuestos (ISR) sobre una cantidad no percibida, el trabajador se ve afectado patrimonialmente, mientras que la empresa podría estar justificando deducciones indebidas o evadiendo responsabilidades financieras reales.

El Reparto de Utilidades (PTU) es un derecho constitucional. La falta de pago, incluso con recibos firmados, constituye un incumplimiento grave a la Ley Federal del Trabajo.

La recomendación recibida en las instancias de conciliación resultaría, a la luz de los hechos, altamente cuestionable y contraintuitiva. Sugerir a un trabajador que firme un recibo por un dinero que no ha recibido coloca al empleado en una posición de vulnerabilidad absoluta. Ante una eventual demanda, el recibo firmado funciona como una prueba presuntiva de pago a favor del patrón, obligando al trabajador a cargar con la difícil prueba de demostrar que no recibió el dinero.

La función de las autoridades laborales -y de instituciones como la PROFEDET-  debe ser la orientación para proteger el derecho del trabajador, no la validación de prácticas que facilitan posibles ilícitos patronales. Firmar sin haber recibido el pago es, técnicamente, convalidar una irregularidad que dificulta posteriores reclamaciones.

Dado que el problema afecta a múltiples trabajadores, se recomendaría denunciar ante el SAT, acción que al parecer ya fue hecha por los trabajadores. Es fundamental realizar una aclaración en el portal del SAT mediante la "Solicitud de conciliación de factura" o reporte de recibo de nómina no reconocido. Esto desvincula al trabajador de la percepción de un ingreso que nunca obtuvo y alerta a la autoridad sobre la emisión de CFDI apócrifos.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para interponer la denuncia formal por incumplimiento de PTU. A diferencia de una conciliación básica, esta instancia puede ofrecer representación legal gratuita para procesos más complejos si la empresa mantiene su postura evasiva. Conservar los estados de cuenta bancarios donde se evidencia la ausencia del depósito, así como capturas del CFDI timbrado, los cuales servirán como prueba de la simulación.

Al involucrar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara una operación -pago de utilidades- que no ocurrió realmente, sitúa a la empresa en una zona de alta responsabilidad penal federal bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El hecho de que la empresa haya timbrado un recibo (CFDI) por un pago que no se depositó constituye, para efectos fiscales, la emisión de un comprobante que ampara operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

-Defraudación Fiscal (Artículo 108, CFF): Comete este delito quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Al timbrar un pago, la empresa genera obligaciones y derechos fiscales (como la retención de ISR); si el pago es falso, está engañando a la autoridad para obtener un beneficio fiscal indebido.

-Simulación de Actos Jurídicos (Artículo 109, fracción IV, CFF): El CFF tipifica como una conducta equiparable a la defraudación fiscal el hecho de simular la prestación de servicios o el pago de remuneraciones, lo cual es exactamente lo que ocurre al "pagar" utilidades que nunca salieron de la caja de la empresa.

-Uso de CFDI falsos o inexistentes (Artículo 113-Bis, CFF): Este artículo es el más severo. Sanciona a quien expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Las penas por estos delitos son privativas de la libertad (cárcel) y se gradúan principalmente en función del monto involucrado o de la gravedad de la conducta:

Defraudación Fiscal (Art. 108):

-Si el monto no excede los $2,236,480.00 MXN: 3 meses a 2 años de prisión.

-Si el monto excede los $2,236,480.00 MXN pero no llega a $3,354,710.00 MXN: 2 a 5 años de prisión.

-Si el monto supera los $3,354,710.00 MXN: 3 a 9 años de prisión.

Expedición de CFDI por operaciones inexistentes (Art. 113-Bis): Se castiga con 2 a 9 años de prisión.

En esquemas de facturación falsa o simulación que involucren montos elevados o estructuras organizadas, la autoridad puede solicitar la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los responsables no podrían enfrentar el proceso en libertad bajo fianza.

Si la autoridad determina que el esquema de "simular pagos de utilidades" para evadir impuestos o desviar recursos es realizado por tres o más personas -por ejemplo, el dueño, el contador y el responsable de Recursos Humanos-, el caso puede escalar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que endurece exponencialmente las penas y anula la posibilidad de beneficios procesales. #MetroNewsMx

Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.

-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.

-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.

-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.

-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.

-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.

-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Extrabajador.

Extrabajador.

Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  

Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 

Sí, la verdad, sí.

Hay un olvido de este aspecto.

Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

O sea, o sea que, o sea que...

Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  

Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Pues sí, la verdad sí.

Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 

Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

No.

Okay.

De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Bueno, pues le agradezco la entrevista.

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