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Redacción Editorial

-Nepotismo y complicidad: El rostro de la "esperanza" en Celaya
-La regidora de Movimiento Ciudadano, Carmen Ortiz Jamaica, es señalada como presunta defensora legal de su hermano en un caso de estafa y robo.
-El poder público utilizado como blindaje jurídico para proteger intereses familiares por encima de la justicia ciudadana.
-Una empresaria local denuncia el robo de electrodomésticos y el abandono de una obra tras pagar 1.5 millones de pesos.
-La indiferencia de la representante popular ante los reclamos de las víctimas confirma la desconexión moral con su cargo.
-El silencio institucional y la "tapadera" familiar erosionan la ya frágil confianza en el Ayuntamiento de Celaya.

El fuero de la sangre y la ética de bolsillo

Los periodistas Lynnet Rubio y Marco Mancera, exhiben a través de VIA en un trabajo profesional periodístico, presentan un caso vergonzoso que va de la mano con la realidad de la administración municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez, nepotismo y corrupción. 

Lo que se evidencia en la denuncia contra la regidora de Movimiento Ciudadano en Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, no es solo un pleito entre particulares; es el retrato hablado de la degradación del servicio público convertida en despacho de defensa familiar. Cuando una representante del pueblo decide cambiar el interés general por la protección jurídica de un hermano acusado de estafa y robo, el cargo de regidora deja de ser una responsabilidad civil para convertirse en un escudo de impunidad.



La estafa como método, el silencio como respuesta

El testimonio de la empresaria afectada es devastador por su sencillez: un pago de un millón y medio de pesos, una obra inconclusa y el robo literal de electrodomésticos bajo el pretexto de "resguardarlos". Sin embargo, el filo de esta indignación no corta por la acción del hermano, Juan Ortiz Jamaica, sino por la participación activa de la regidora, quien, según la denuncia, fungió como abogada defensora a pesar de conocer de antemano el origen ilícito del conflicto.

Resulta éticamente insostenible que una integrante del Ayuntamiento de Celaya se siente en el pleno para discutir el futuro de la ciudad, mientras en los juzgados penales batalla para evitar que su familia responda por actos de rapiña doméstica y fraude comercial.

El cinismo del "no sé dónde está"

La respuesta de la regidora ante los reclamos de la víctima —un recurrente "no sé dónde está mi hermano"— es de una pobreza moral absoluta. No es solo indiferencia; es complicidad activa por omisión. Al negar el paradero de los responsables y mostrar una "indiferencia sistemática" ante los medios de comunicación, Ortiz Jamaica no solo le falla a una ciudadana, sino que traiciona los principios de honestidad y transparencia que su propio partido suele pregonar.

El cargo público como "tapadera"

El periodismo local lo define con claridad: la regidora está actuando como una "tapadera". En un estado como Guanajuato, donde la violencia y la falta de estado de derecho son el pan de cada día, que una autoridad municipal utilice su influencia y conocimientos legales para blindar a presuntos delincuentes dentro de su propio árbol genealógico es un mensaje perverso para la sociedad.

Si para recuperar lo robado la víctima tuvo que enfrentarse no solo al estafador, sino a la estructura legal encabezada por una regidora, estamos ante un caso de abuso de poder simbólico y material. Celaya no necesita representantes que litiguen a favor de la infamia familiar; necesita servidores que entiendan que su primera lealtad es con la ley, no con la sangre.

Transcripción de la nota y entrevista con "Mari" y los periodistas Lynett Rubio y Marco Mancera

Lynnet Rubio: 
Recibimos en la redacción de Vía Noticias una denuncia por parte de una empresaria de Celaya de un negocio muy conocido de la ciudad que lamentablemente fue estafada por un hermano de la regidora Carmen Ortiz Jamaica de Movimiento Ciudadano en el municipio de Celaya. Este hombre, que al parecer se dedica a la construcción y tiene una empresa de la cual conocerán durante la nota de mi compañero Marco Mancera, pues le ofreció sus servicios, le quedó muy mal, le robó los electrodomésticos de su casa y no ha terminado de entregarle la obra que ella pagó para que le llevaran a cabo. El problema es este, pero el mayor problema es que quien ha estado defendiendo como abogada a su hermano es la propia regidora del Ayuntamiento, Carmen Ortiz Jamaica, en lo que pareciera pues que es el aprovechar su posición como regidora para defender al hermano que lamentablemente estafó a esta empresaria celayense. Aquí le presentamos todos los detalles de esta denuncia.

Marco Mancera: 
La regidora del Ayuntamiento de Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una conocida empresaria celayense, a quien llamaremos Mari por seguridad, hiciera pública una grave denuncia ante Vía Noticias. De acuerdo con su testimonio, Juan Ortiz Jamaica, hermano de la regidora, a través de su empresa Jaro Construcciones, habría dejado inconclusa la construcción de su vivienda pese a haber recibido un pago anticipado de alrededor de un millón y medio de pesos. La empresaria señala que además de dejar la obra a medias y con materiales de baja calidad, tuvo que interponer una denuncia penal por el presunto robo de electrodomésticos cometido asegura por los hermanos de la regidora.

Empresaria "Mari": 
Este... nunca me entregaron ni nada y aparte de de que me iban a entregar me robaron todos mis electrodomésticos.

Marco Mancera: 
¿cómo fue esa parte?

Empresaria "Mari": 
ellos me llevaron a Whirlpool y ellos me dijeron: Oiga señora dice antes de que usted termine su casa para no dejarlos ahí no se los vayan a robar ¿por qué no los resguardo?

Marco Mancera: 
Era ¿una bodega de ellos o qué?

Empresaria "Mari": 
sí, bodega de ellos y me dijo ahí dijo: Cuando nosotros terminemos su casa yo se los ponemos y nunca me los nunca se los entregaron. Nunca me los entregaron hasta que yo hice la demanda, demanda que yo ya tengo y este entonces yo le anduve buscando a a Hugo a su hijo a él a Juan Ortiz y a este Hugo su hijo del señor.

Marco Mancera: 
¿con quién se hizo el trato? ¿con Hugo?

Empresaria Mari: 
no, con el con el papá... con con Juan con Juan Ortiz él exingeniero exingeniero hermano de la regidora regidora que ahora tenemos es hermano y todo es la la regidora Carmen Ortiz Jamaica y este entonces yo los anduve buscando y todo eso. Entonces cuando yo demandé a a este Hugo porque fue quien se robó todos mis electrodomésticos y pues puse también a su papá entonces está su defensora está Carmen Carmen Ortiz Jamaica a su defensora y ella sabía de antemano que su hermano me había robado y que no había terminado mi casa.

Marco Mancera: 
En dicho proceso Carmen Ortiz Jamaica defendió legalmente a su familia perdiendo el caso. Pese a ello aún se le adeuda cerca de un millón de pesos además de los gastos por reparaciones situación que quedó asentada en un acta notariada. La denunciante afirma estar cansada de cobrar y de que la regidora niegue el paradero de sus hermanos.

Empresaria Mari: 
Ella varias veces que yo me la encuentro le digo: Oye dile a tu hermano que me pague. Y siempre me dice: Es que no sé yo no sé es que no sé dónde está no sé qué tal por favor. O sea ¿cómo no saber o sea o sea pues lavándose las manos y creo que no se me hace justo porque ella de antemano sabe de que que me deben ellos y ella cuando yo metí la demanda yo la volví a ver ahí en los juzgados y le dije.

Marco Mancera: 
¿metió una demanda penal?

Empresaria Mari: 
sí por el robo de los electrodomésticos ahí te la gané ya la gané el otro año me la pagan y eso porque gracias a Dios tuve buenos jueces y ya no les convino y qué casualidad que me pagaron cuando el juez ya les dice lo que me tienen que pagar luego luego me fueron a dejar mi lana o sea primero me hicieron gastar. Sigue inconclusa y yo la tuve que terminar y he gastado y hasta la fecha sigo gastando dinero pues que me pague que me dé o sea que me pague lo lo que me robó que me pague mis daños nada más yo no le estoy pidiendo nada yo estoy pidiendo lo justo qué poca madre la verdad o sea sinceramente que poca madre que tengan dignidad y más sabiendo sabiendo antes y después que ella sabe de antemano que ellos no me han pagado y ella quedó con el abogado de acercarse para llegar a un acuerdo y fecha que nunca llegó.

Lynnet Rubio: 
Vale la pena resaltar que la primera denuncia hecha por la empresaria celayense ya se ganó en el ámbito de lo penal y tuvieron que devolverle o pagarle los electrodomésticos que le habían robado ahora interpondrá una nueva denuncia en contra de este constructor a fin de que repare las cosas que faltaron en la casa y bueno pues ojalá que la regidora la piense dos veces antes de seguir defendiendo a su hermano en lugar de hacer frente a sus responsabilidades. Quiero decirle que personalmente me comuniqué con la regidora Carmen Ortiz Jamaica para decirle sobre esta denuncia y nunca mostró interés ni siquiera un poco de interés en acercarse a esta redacción para poder aclarar este asunto. Hablamos de esta denuncia con el propósito de que las partes interesadas conocieran de esta situación y llegara a un acuerdo y sistemáticamente pues mostró indiferencia para poder resolver este asunto entre particulares. Una pena que quienes hoy están en un cargo público y que deberían de conducirse con verticalidad con honestidad pues lamentablemente estén siendo tapaderas de estos casos.

En qué delitos o faltas podría haber incurrido la regidora por esta intervención 

Para analizar los posibles delitos en los que podría incurrir la regidora, es necesario considerar su calidad de servidora pública y el uso de su influencia para beneficiar a un familiar directo.

Posibles Figuras Delictivas o Administrativas

-Tráfico de Influencias: Este delito se configura cuando un servidor público utiliza su jerarquía, cargo o relaciones para promover la resolución de un asunto particular en beneficio propio o de un tercero -en este caso, su hermano- con quien tenga vínculos familiares.
-Abuso de Autoridad: Si la regidora realizó gestiones oficiales, llamadas a autoridades judiciales o ministeriales, o utilizó recursos del ayuntamiento para intervenir en el proceso legal de su hermano, estaría excediendo las facultades que la ley le confiere.
-Ejercicio Indebido de Funciones: Al involucrarse en un proceso judicial que no compete a sus atribuciones como regidora, buscando alterar el curso de la justicia o presionar a las partes involucradas.
-Conflicto de Interés: Aunque es una falta administrativa grave antes que un delito penal, el no haberse excusado o el haber intervenido activamente en un asunto donde hay un interés familiar directo contraviene la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El hecho de que "perdiera el caso" sugiere que, a pesar del parentesco y la posición política, el sistema judicial -en esta instancia- no cedió ante posibles presiones. Sin embargo, en el marco jurídico mexicano, la tentativa de influir o el simple hecho de utilizar el cargo para gestionar beneficios personales ya es punible, independientemente de si el resultado final fue favorable o no para el familiar.

Esto refuerza la percepción de que muchas veces las leyes se ven supeditadas a intereses políticos, pero cuando estos se exhiben públicamente, la presión social puede obligar al cumplimiento del Estado de Derecho. #MetroNewsMx



Redacción Editorial

-El funcionario Celso Antonio enfrenta un juicio oral ordinario por reconocimiento de paternidad promovido por una ciudadana identificada como Araceli.
-La Jueza Yessica Daniela López Macías ordenó transparentar el salario y prestaciones que el demandado percibe en la administración municipal 2024-2027.
-El ayuntamiento de San José Iturbide cuenta con un plazo de tres días hábiles para responder o enfrentará sanciones económicas.
-¿Debe ser inhabilitado el regidor del Ayuntamiento de San José Iturbide?
-Celso Antonio recibe una remuneración bruta mensual de 101,414.40 pesos como regidor.
-El sueldo neto del funcionario tras deducciones asciende a 76,374.68 pesos mensuales.
-La información oficial fue actualizada por el área de Recursos Humanos al cierre de septiembre de 2025.

La política en México suele estar plagada de simulaciones, pero pocas son tan lacerantes como aquellas que tocan la integridad y el derecho de los menores. El caso que hoy sacude a San José Iturbide, -dado a conocer por el medio digital Periódico Noreste de Guanajuato (https://norestegto.com/demandan-por-reconocimiento-de-paternidad-a-regidor-iturbidense/ )- donde un regidor del actual Ayuntamiento enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad, no es solo un asunto de índole privada; es un síntoma de la descomposición ética que impera en los pasillos del poder municipal.

Resulta paradójico que quienes ocupan una silla en el Cabildo para vigilar la legalidad y el bienestar de una comunidad, sean los mismos que arrastran deudas morales y legales en su ámbito más íntimo. La demanda interpuesta contra el funcionario, cuya identidad se reserva por protección al menor involucrado, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la utilización de la influencia política para postergar o evadir responsabilidades que a cualquier ciudadano común le costarían el escarnio y la sanción inmediata.

El análisis de fondo no debe centrarse únicamente en la disputa biológica, sino en la calidad moral de quienes nos representan. ¿Con qué autoridad un edil puede votar reglamentos, aprobar presupuestos o exigir orden ciudadano cuando en su propia vida personal niega el derecho más elemental de un niño: la identidad? La paternidad responsable no es una opción, es un deber jurídico y humano que no debería estar sujeto a negociaciones políticas ni a tácticas de dilación procesal.

Lamentablemente, como bien se observa en la dinámica de las leyes en nuestro país, a menudo estas parecen diseñadas para proteger intereses particulares o sostener cuotas de poder antes que para garantizar el sano juicio y el sentido común. En Guanajuato, la figura del servidor público debería ser ejemplar, pero casos como este demuestran que el fuero o la jerarquía siguen operando como un escudo invisible.

La justicia iturbidense tiene ahora una oportunidad crucial. No se trata solo de un examen de ADN, sino de una prueba de fuego para el sistema judicial y para el propio Ayuntamiento. Mantener en el cargo a alguien que evade el reconocimiento de su propia sangre envía un mensaje de impunidad absoluta. La ética pública debe empezar por casa, y si un regidor no es capaz de ser padre, difícilmente podrá ser un representante digno de su pueblo.



El proceso legal y la solicitud de datos del Juzgado Civil

El proceso legal por reconocimiento de paternidad en contra de Celso Antonio, actual regidor del municipio de San José Iturbide, ha tomado un nuevo giro tras la intervención del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En seguimiento a lo ordenado en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de enero de 2026, el juzgado ha emitido un requerimiento formal para conocer los ingresos reales del servidor público.

La Licenciada Yessica Daniela López Macías, Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar, solicitó de manera oficial que se informe si el regidor se encuentra laborando activamente en la presente administración y, de ser así, se detalle el monto exacto de su salario y las prestaciones adicionales que recibe por su cargo. Esta medida busca asegurar la suficiencia de los recursos para el cumplimiento de las posibles obligaciones derivadas del juicio promovido por la parte actora, Araceli.

La autoridad judicial fue enfática al establecer un periodo de tres días hábiles para la entrega de dicha información, contados a partir de la recepción del documento emitido el 13 de enero de 2026. En caso de omisión o retraso por parte de la autoridad municipal responsable de la nómina, se aplicará una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, como medida de apercibimiento legal.


Lo que percibe el regidor en la actualidad

En un ejercicio de transparencia administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato reveló los detalles salariales correspondientes al ayuntamiento de San José Iturbide para el ejercicio 2025. Los datos oficiales arrojan luz sobre las percepciones de los integrantes del cabildo, destacando el caso del regidor Celso Antonio.

De acuerdo con el tabulador de sueldos reportado por la unidad de Recursos Humanos, el funcionario, adscrito al área de regidores bajo el nivel de puesto 0, tiene asignada una remuneración mensual bruta de 101,414.40 pesos. Tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones de ley, el monto neto que percibe el servidor público se sitúa en 76,374.68 pesos mensuales.

El reporte detalla que este periodo informativo abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, periodo en el cual el regidor se desempeña como regidor en la actual administración municipal. La actualización de estos datos, disponible para consulta pública, fue validada el 30 de septiembre del año en curso, garantizando el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos destinados a la nómina del servicio público iturbidense.

Transcripción de requerimiento judicial

"Por el presente y en cumplimiento a lo ordenado en audiencia preliminar de fecha 12 de enero de 2026, celebrada dentro del expediente al rubro citado, referente al Juicio Oral Ordinario, promovido por Araceli en contra de Celso Antonio sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, le requiero a Usted para que informe, dentro del término legal de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que reciba el presente, si Celso Antonio con CURP [censurada] se encuentra laborando como regidor en funciones dentro de la Administración Municipal de San José Iturbide, Guanajuato periodo 2024-2027 y en caso afirmativo el monto del salario más prestaciones que percibe por concepto de su trabajo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le concede, se le aplicara una multa de 10 unidades de medida y actualización, multa que asciende a la cantidad de $1,131.4 (mil ciento treinta y un pesos 4/100 M.N)."

"Le reitero las seguridades de mi consideración y respeto."

"ATENTAMENTE
San José Iturbide, Guanajuato a 13 de enero del 2026."

"Licenciada Yessica Daniela López Macías.
Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar."

Las violaciones a la ley en que está incurriendo el regidor

Con base en los hechos descritos y la normativa vigente en el estado de Guanajuato, la conducta del regidor Celso Antonio y el proceso que enfrenta involucran la violación o el riesgo de incumplimiento de diversos preceptos legales.

Entre las normas se cuentan el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que es el eje central del juicio, ya que el regidor está siendo demandado por el reconocimiento de un derecho humano fundamental de un menor.

El Artículo 392 establece la obligación de los padres de reconocer a sus hijos. Al existir un juicio de Reconocimiento de Paternidad, se señala la violación al derecho de identidad del menor.

Así mismo, los Artículos 442 y 443 que regulan la obligación de proporcionar alimentos. Al ocultar o postergar su paternidad, el funcionario evade el deber de asegurar el sustento, habitación, vestido y asistencia médica para el menor.

También se encuentra el llamado Derecho a la Identidad, ya que de acuerdo con la legislación civil local, se vulnera el derecho del niño a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su filiación biológica.

Dentro de las normatividades, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que el requerimiento de la Jueza Yessica Daniela López Macías se fundamenta en las facultades de apremio para obtener la verdad procesal.

Aunque no se especifica en los documentos a quién se está pidiendo la información, todo parece indicar que es a la administración municipal o al Ayuntamiento de San José Iturbide, la jueza aplica artículos sobre Medidas de Apremio, donde el incumplimiento al requerimiento de informar sobre los ingresos en el plazo de tres días hábiles activa sanciones procesales.

De no atenderse la solicitud de la autoridad judicial, el desacato a la orden judicial de transparentar el salario conlleva una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, tanto para el regidor como para la autoridad administrativa que omita la información.

Otra norma a aplicar es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ya que como servidor público, el regidor está sujeto a principios de conducta ética y legalidad.

Artículo 7, sobre los Principios de la Función Pública: El funcionario debe actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. La falta de ética en su vida privada, al evadir una responsabilidad legal que impacta en el bienestar de terceros, contraviene el principio de honradez y la ejemplaridad que exige su cargo.

Podrían señalarse faltas administrativas No Graves. El entorpecimiento de procesos judiciales o la omisión de datos que afecten la transparencia puede ser considerado una falta administrativa según la ley de la materia.

Finalmente, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato establece el principio de interés superior de la niñez. La Constitución estatal obliga a todas las autoridades, incluido el Ayuntamiento de San José Iturbide, a priorizar el bienestar de los menores sobre cualquier interés particular o político.

¿Debe inhabilitarse al regidor incumplido?

La postura de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Guanajuato y la situación del regidor Celso Antonio en San José Iturbide se resume en silencio institucional y presión de colectivos

Hasta el momento, la dirigencia estatal de MC, encabezada por Rodrigo González Zaragoza, no ha emitido un comunicado condenatorio directo o una solicitud de licencia para el regidor de San José Iturbide. Sin embargo, fuentes cercanas al partido en la región noreste indican que existe una creciente presión interna, ya que el caso contradice la agenda de "Justicia para las Mujeres" que el partido ha promovido a nivel nacional.

La contradicción con la Agenda Legislativa

Resulta relevante que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guanajuato presentó recientemente (noviembre de 2025) iniciativas para reformar el Código Civil en materia de pensión compensatoria y fortalecer los derechos de las familias. El caso de Celso Antonio pone al partido en una posición comprometida, al tener a un representante en funciones que desacata activamente requerimientos judiciales de oralidad familiar.

El filtro de la "3 de 3" y la Ley Sabina

El partido ha defendido públicamente que sus candidatos cumplen con la Ley 3 de 3 contra la violencia. No obstante, el juicio contra el regidor es de carácter civil (Reconocimiento de Paternidad), lo que a menudo es utilizado por los equipos jurídicos de los políticos como una "laguna" para argumentar que, al no haber una sentencia penal firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no se viola técnicamente el registro.

Las posibles consecuencias internas para Movimiento Ciudadano

Dentro de los estatutos de Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria podría intervenir si se considera que la conducta del regidor daña la imagen del instituto político. En Guanajuato, con la implementación del Certificado de no deudor alimentario como requisito de permanencia en el servicio público -vigente desde octubre de 2025-, el regidor podría enfrentar una inhabilitación administrativa si se llega a una sentencia y él se niega a pagar, independientemente de la postura de su partido.

Otros políticos en Guanajuato y México con la misma actitud del regidor Celso Antonio

El fenómeno de los políticos señalados por incumplimiento de paternidad o pensiones alimenticias ha cobrado una relevancia crítica con la implementación de la Ley Sabina y la Ley 3 de 3 contra la violencia. Estos mecanismos buscan impedir que agresores o deudores ocupen cargos de elección popular o empleos en el servicio público.

Entre los antecedentes de sonados casos similares, se tienen:

-Jorge Antonio Rodríguez Medrano (Guanajuato Capital): Durante el proceso electoral de 2024, el entonces candidato de Morena a la alcaldía enfrentó un juicio por reconocimiento de paternidad. Una jueza ordenó pruebas de ADN ante su inasistencia a citatorios, lo que generó denuncias de colectivos feministas bajo los principios de la Ley Sabina.
-Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Diputado Federal por Guanajuato): En marzo de 2025, el legislador fue objeto de una protesta simbólica en el INE. Tres consejeras electorales abandonaron la sesión durante su toma de protesta debido a las acusaciones de paternidad incumplida y adeudos de pensión alimenticia.
-Luis Alberto Carballo (Estado de México): En un fallo histórico, el Tribunal Electoral revocó su diputación federal ganada en 2024. Se determinó que era inelegible por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos, sentando un precedente sobre la obligatoriedad de la solvencia legal para legislar.
-Alberto "N" (Alcalde de Tlanalapa, Hidalgo): En 2024, se reportó que el edil acumulaba más de 20 meses de incumplimiento de pensión alimenticia a pesar de una orden judicial que le obligaba a aportar el 20% de su sueldo.
-Aspirantes en Chiapas (Proceso 2021): El Instituto de Elecciones de Chiapas detectó a 26 candidatos con denuncias por violencia familiar o incumplimiento de manutención, lo que obligó a los partidos a retirar registros o exigir pagos inmediatos.

Desde octubre de 2025, en Guanajuato es obligatorio para los servidores públicos contar con un estatus limpio en el padrón de deudores, como parte de las políticas de integridad del estado.

Fuentes de consulta directa:
-Iniciativa de MC Guanajuato sobre pensiones (Noviembre 2025):
-Implementación de la Ley Sabina en Guanajuato y obligatoriedad de certificados:
-Registro de candidatos y criterios de elegibilidad INE/TEPJF:
-Código Civil para el Estado de Guanajuato (Regula el reconocimiento de paternidad y alimentos):
-Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (Establece el proceso de oralidad familiar y medidas de apremio):
-Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato (Principios de honradez y ética del servidor público):
-Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Interés superior de la niñez):
-Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (Atribuciones y sanciones para integrantes del Ayuntamiento):
-Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Marco nacional de protección):
-Reforma Constitucional "3 de 3 contra la violencia" (Ineligibilidad de deudores alimentarios):
-Ley General de Responsabilidades Administrativas (Marco federal para la conducta de funcionarios):
#MetroNewMx


Redacción Editorial

-En entrevista, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, del H. Ayuntamiento de Celaya, pone "los puntos sobre las ies" sobre la falta de proyectos ejecutivos en Celaya
-Se infiere que el alcalde no quiere la unidad de Celaya, sino la desunión a base de desgobierno y verborrea de odio, al más puro estilo del actual oficialismo.
-La regidora Isabel Herrejón desmintió al alcalde Juan Miguel Ramírez, aclarando que el freno a obras es por falta de proyectos.
-Herrejón rechaza la narrativa de victimización del alcalde y del diputado Chaurand, calificándola como una estrategia de confusión.
-El legislador Antonio Chaurand "se sube al ring" y evidencia su incongruencia de quien debe defender la ley: trata de ignorarla, minimizando la necesidad de proyectos ejecutivos
-La gobernadora Libia Dennise mantiene un trato equitativo con los 46 municipios, exigiendo solo el cumplimiento de la normativa legal.
-Se advierte que el alcalde conoce los lineamientos, pero prefiere la confrontación mediática en lugar de subsanar las observaciones.
-Celaya requiere resultados tangibles y honestidad pública, dejando atrás la propaganda para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
-Inconsistencias financieras por 4.9 millones de pesos -solamente en dos obras- dadas a conocer en el primer informe de gobierno revelan falta de transparencia y posible duplicidad de obras.
-Regidora Cristina denunció que las contrataciones en el municipio privilegian la lealtad política a la 4T por encima de la capacidad profesional.
-Advierten sobre la falta de autocontrol del alcalde frente a la crítica y un creciente hartazgo social que exige resultados inmediatos.
-Las expresiones despectivas del alcalde Juan Miguel Ramírez, en agosto de 2025, contra la regidora Fátima González revelan un profundo desconocimiento del marco legal y el principio de colegialidad.
-El uso de frases como para eso la contratamos denota una visión patrimonialista del poder, donde el edil confunde el servicio público con un feudo personal y subordinación laboral.
-Expertos advierten que este comportamiento constituye violencia política en razón de género, una práctica autoritaria que vulnera la institucionalidad democrática del Cabildo.

La aclaración de la regidora Isabel Herrejón, generada en entrevista exclusiva a Metro News, expone con contundencia que el problema de Celaya no radica en un supuesto trato desigual del Gobierno del Estado, sino en la incapacidad técnica y administrativa del municipio para presentar proyectos ejecutivos completos y solventes. 

La narrativa de victimización del alcalde Juan Miguel Ramírez se confronta con evidencias documentadas que muestran deficiencias en la gestión local y una crisis de credibilidad institucional.

La regidora Isabel Herrejón señaló que el alcalde y algunos actores políticos insisten en responsabilizar al Estado de una supuesta falta de equidad, cuando en realidad el obstáculo es la deficiente integración de proyectos ejecutivos. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html)
  
El artículo editorial de Metro News Mx confirma esta línea. El alcalde ha recurrido a la confrontación mediática y a la victimización política, incluso adjudicándose obras de administraciones pasadas en su informe de gobierno.
  
La gobernadora Libia Dennise García ha reiterado que los recursos estatales están disponibles, pero que Celaya no ha cumplido con los requisitos técnicos indispensables.

El texto de la entrevista de aclaración de la regidora Isabel Ma. Isabel Herrejón Arredondo

Eugenio Amézquita Velasco:
Buen Día, regidora. Vamos directo y al grano ¿Qué está sucediendo con el presidente municipal? ¿Por qué le está mintiendo a la gente de Celaya? ¿Por qué el discurso de odio de este señor? ¿Acaso intentan a base de mentiras desviar la atención de algo o dividir a los celayenses?

Regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo:
Gracias, Eugenio. Creo que es importante una aclaración sobre proyectos ejecutivos e inversión estatal en Celaya. Una aclaración respecto a las declaraciones recientes del Alcalde de Celaya y al diputado Antonio Chaurand (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-diputado-chaurand-se-sube-al-ring-e.html ), su insistencia en señalar una supuesta falta de trato equitativo por parte del Gobierno del Estado.

Resulta preocupante que, después de más de un año y tres meses de gestión, el alcalde y algunos actores políticos continúen confundiendo a la ciudadanía Celayenses, sosteniendo narrativas de victimización y señalando al Estado, cuando el verdadero problema radica en la falta de cumplimiento, seguimiento y solventación adecuada de los requisitos técnicos de los proyectos ejecutivos.

Es importante decirlo con claridad. El alcalde conoce perfectamente que para acceder a recursos estatales es indispensable presentar proyectos completos, atender observaciones y dar seguimiento puntual a los requerimientos de cada dependencia. Si existen observaciones, lo procedente es subsanarlas, no desinformar ni exigir trato preferencial.

Asimismo, es un hecho que durante 2025 hubo una disminución en la inversión pública, lo cual obliga a todos los municipios a no perder la capacidad técnica, a priorizar y a presentar proyectos sólidos y viables. Pretender que los recursos se otorguen sin cumplir los lineamientos solo debilita la gestión pública.

Debe quedar claro también que la Gobernadora Libia Dennise García ha sido equitativa y justa con los 46 municipios del estado, y no existe evidencia de un trato discrecional como se ha querido hacer creer. Lo que sí existe es la responsabilidad de cada municipio de cumplir con los requisitos establecidos.
Celaya necesita resultados, no discursos.

Necesita trabajo, capacidad técnica y verdad hacia la ciudadanía. Es momento de dejar atrás las mentiras, la confusión y la revictimización, y asumir con seriedad la responsabilidad que implica gobernar.


Los análisis de las posturas regidora, alcalde y estado

En su postura, la regidora Herrejón Arredondo recalca que el alcalde conoce los lineamientos y que su obligación es subsanar observaciones, no exigir trato preferencial. Advierte que la disminución de inversión pública en 2025 obliga a los municipios a fortalecer su capacidad técnica y priorizar proyectos sólidos. Su mensaje es claro, y es el de que Celaya necesita resultados, no discursos.

Por su parte, en su discurso, el alcalde se presenta como víctima de un “bloqueo político” por parte del Estado. Afirma haber entregado 47 proyectos ejecutivos, pero no existen validaciones técnicas completas que respalden esa afirmación. Su estrategia se inscribe en la lógica de la posverdad, donde se privilegia la narrativa política sobre la evidencia técnica.

La posición del Estado coloca a la gobernadora en una actuación con equidad hacia los 46 municipios. La negativa a liberar recursos no responde a criterios políticos, sino a la falta de expedientes técnicos completos. Asignar recursos sin cumplir requisitos sería jurídicamente imposible y financieramente irresponsable.

La crisis de credibilidad institucional del alcalde de Celaya

El caso de Celaya refleja una fractura entre técnica y política. Técnica, porque hay proyectos incompletos, errores administrativos, falta de perfiles especializados. Política, con discurso de victimización, acusaciones de favoritismo y confrontación mediática. El resultado es una crisis de honestidad pública, donde la ciudadanía recibe mensajes contradictorios y se erosiona la confianza en la gestión municipal.

La intervención de Isabel Herrejón es un llamado a la responsabilidad y transparencia. Su aclaración desmonta la narrativa de victimización y coloca el foco en la verdadera raíz del problema y que es la incapacidad técnica del gobierno municipal.  

Celaya no puede seguir atrapada en la simulación. La ciudadanía exige proyectos reales, resultados tangibles y un gobierno que deje atrás la retórica para asumir con seriedad la tarea de gobernar.  

En este tablero político, la gobernadora representa el rigor técnico y la legalidad; el alcalde, la propaganda y la evasión. La diferencia es clara: sin proyectos ejecutivos completos, no habrá inversión estatal. Celaya necesita trabajo, capacidad y verdad.


La regidora Cristina González ya lo había señalado: La gente no es tonta y se da cuenta

La regidora Cristina González Muñoz, representante del Partido Verde Ecologista de México, puso sobre bajo la lupa, en octubre de 2025 la integridad administrativa del gobierno municipal de Celaya al rechazar el primer informe de gobierno. Su postura, lejos de ser un simple disenso político, se fundamenta en hallazgos que sugieren una gestión marcada por la opacidad documental y el uso de la estructura pública como una extensión de intereses partidistas. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )

El punto más crítico de esta denuncia radica en la detección de obras por un valor de 4.9 millones de pesos que, aunque fueron presentadas como logros de la presente administración, corresponden en realidad a la gestión anterior. González Muñoz enfatiza que el informe escrito es la prueba legal de la función pública y que cualquier inconsistencia en las cifras no es un error menor, sino una falta a la confianza ciudadana que impide conocer el destino real de los recursos.

La gestión del talento humano y la organización de eventos también han sido señaladas como herramientas de pago de favores. La contratación de artistas bajo el criterio de ser compañeros de la 4T, como el caso de Eugenia León, cuya presentación registró una escasa asistencia, evidencia una prioridad por la afinidad ideológica sobre la eficacia del gasto público. La regidora sostiene que el gobierno debe trabajar para todos los sectores de la población, sin importar colores, y que los puestos deben ser ocupados por perfiles con estudios y capacidades probadas, no por cuotas de campaña.

En la esfera política, se ha observado una preocupante falta de autocontrol por parte del Presidente Municipal ante los señalamientos de los ediles. La regidora subraya que el respeto debe ser el eje de la interacción en el Cabildo, especialmente cuando se presentan pruebas de errores administrativos. En México, donde frecuentemente las leyes parecen ajustarse a intereses políticos y electorales para perpetuar el poder en turno, la exigencia de un marco legal transparente se vuelve una urgencia social.

Finalmente, la advertencia es clara: la ciudadanía de Celaya está despierta y ha dejado de aceptar la curva de aprendizaje como excusa. Con un termómetro social que ya ha registrado manifestaciones de jóvenes estudiantes, el gobierno municipal se enfrenta a un escrutinio que no perdona la incongruencia. La exigencia es una sola: transparencia absoluta y resultados que beneficien al pueblo, dejando de lado las lealtades facciosas que tanto daño han hecho a la institucionalidad mexicana.


Juan Miguel Ramírez Sánchez y el retorno del caciquismo: "el alcalde capataz" y ¿misógino?

La vida institucional de Celaya atravesó en agosto de 2025 una de sus crisis más agudas, no por la falta de recursos o proyectos, sino por la erosión del respeto y la legalidad en el seno de su Ayuntamiento. Las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien afirmó públicamente que a la regidora Fátima González Reyna "para eso la contratamos" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-evidencia.html ), encendieron las alarmas sobre el resurgimiento de una cultura política rancia, propia de la figura del hacendado o el reyezuelo que gobierna bajo el capricho y no bajo la ley.

Esta narrativa de subordinación es impropia de un sistema democrático. La Constitución del Estado de Guanajuato es clara: los regidores son electos por la ciudadanía y poseen una investidura de autoridad con funciones de fiscalización y deliberación. No son empleados del presidente municipal. Al intentar reducirlos a la categoría de subordinados, Ramírez Sánchez no solo exhibe una preocupante ignorancia normativa, sino que proyecta una actitud de patrón de cuadrilla que desprecia la autonomía de sus pares.

El análisis de este discurso revela una misoginia institucional latente. Al cuestionar si la regidora entiende que es regidora y amagar con saltarse los procedimientos legales para convocar a comisiones, el edil utiliza el escarnio público como una herramienta de control simbólico. 

Esta presión mediática, cargada de sesgos de género y tono condescendiente, encaja perfectamente en los supuestos de violencia política contra las mujeres. Mientras la regidora González Reyna respondió con documentos que prueban la entrega tardía de información por parte de la administración, el alcalde optó por el insulto y la descalificación sin sustento.

El historial de verborrea sin control del alcalde ya es extenso. Desde amenazas de encarcelar a sacerdotes hasta el reconocimiento de que otorga empleos por lealtades de campaña o para calmar el fuego amigo, su lengua se ha convertido en su principal tropiezo. 

Sin embargo, cuando esta incontinencia verbal se dirige a socavar la función de una mujer en un cargo de elección popular, el problema deja de ser una anécdota de mala educación para convertirse en un posible delito electoral sancionable por el IEEG o el TEPJF.

En México, muchas leyes han sido moldeadas por intereses políticos para sostenerse en el poder, pero el principio de colegialidad del Ayuntamiento es una de las pocas barreras que quedan contra el autoritarismo municipal. Celaya no necesita un capataz que use el micrófono para amedrentar, sino un presidente que entienda que el respeto institucional no es opcional, sino constitucional. La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo y no un escenario de agresiones donde el poder se confunda con el mando personal. #MetroNewsMx 

noviembre 03, 2025 , ,

Redacción

-Miseria humana y desinformación en contra de regidor del cabildo de Tarimoro
-Ataque ético a regidor Martín Martínez. Desmiente solicitud de $150,000 para gastos médicos. El Cabildo de Tarimoro, bajo asedio por guerra sucia y calumnia.
-Desmienten unánimemente la nota. Se confirma que no hay registro oficial de apoyo médico, revelando la bajeza de la "filtración" contra el regidor.
-La condición de discapacidad del regidor agrava el ataque. La falsedad sobre apoyos médicos es calificada como un acto de crueldad política.
-Crisis de transparencia en Tarimoro. La opacidad en la información permite que los ataques calumniosos prosperen contra el Ayuntamiento.
-Voz de alarma en el Cabildo: "Hoy fui yo, mañana alguien más". El regidor advierte que el ataque con mentiras amenaza la gobernabilidad municipal.

El reciente episodio protagonizado por el regidor Martín Martínez en el H. Ayuntamiento de Tarimoro es una exhibición brutal de la putrefacción en el juego político local. El ataque contra su persona, una figura pública que además es una persona con discapacidad, no solo raya en la bajeza moral, sino que evidencia un patrón de guerra sucia que utiliza las necesidades sociales como palanca para la difamación.

La ofensiva se lanzó con una acusación de doble moral: un regidor del Partido Acción Nacional (PAN) fue señalado por supuestamente autorizar para sí mismo más de 150 mil pesos destinados a gastos médicos personales, mientras que al mismo tiempo negaba su voto a una propuesta crucial para el Sistema DIF Municipal. 

Esta iniciativa, diseñada para apoyar a la población más vulnerable, incluyendo pacientes hemodializados, personas enfermas y con discapacidad, era la carnada perfecta para generar indignación ciudadana.



Sin embargo, el regidor Martínez pulverizó la calumnia ante el Cabildo. Obligó a la Secretaria a confirmar que, en 25 sesiones de ayuntamiento, no existía registro de una solicitud o aprobación de tal apoyo médico personal. 

El veredicto de sus compañeros fue categórico al confirmar la falsedad. La publicación, que desató "inconformidad entre algunos integrantes del cabildo y ciudadanos", queda exhibida como una pieza de periodismo tóxico e irresponsable, cuyo único fin era denigrar y dañar el patrimonio y la imagen de Martínez.

Lo más repugnante del ataque es su selectividad cruel. Al vincular falsamente una supuesta ayuda personal de 150 mil pesos con el rechazo al DIF, el agresor anónimo intentó equiparar la atención a un funcionario con el abandono a los sectores más desprotegidos, entre ellos, la población con discapacidad. Utilizar la mentira y la sensibilidad de los temas de salud para golpear a un colega que enfrenta una discapacidad es un acto de cobardía política y de miseria humana inexcusable.

Este escándalo subraya, una vez más, la flagrante falsedad y ataques contra Tarimoro. Las acusaciones de que "se aprueban recursos para fines personales, pero no para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos" solo pueden germinar en un entorno donde la información seudoperiodistas buscan manipular la información.

La réplica de Martín Martínez es un llamado de atención urgente. El seudoperiodismo y las notas falsas no pueden seguir siendo un campo de batalla donde las reputaciones se destruyen con mentiras abyectas. El ataque contra él, una crónica de difamación sin escrúpulos, debe obligar al Cabildo a cerrar filas, no para defender intereses de partido, sino para sanear los procesos y garantizar una transparencia total que proteja a sus miembros de la infamia. De lo contrario, la advertencia del regidor resonará como una profecía: "Hoy fui yo, posiblemente el día de mañana sea alguien más".

La transcripción de la réplica del regidor Martín Martínez en sesión de Cabildo 

Regidor Martín Martínez
comparto mi derecho a réplica de la siguiente nota periodística. Compañeros, buenas tardes a todos. Muchas gracias por por este la oportunidad de expresar mi sentir. Considero que este es un parteaguas para que la vida interna del ayuntamiento pues se maneje a partir que sirva como ejemplo y que siempre a modo de sugerencia utilicemos el diálogo para construir. 

Siempre hay ese canal de comunicación, sobre todo asertivo, sincero y que nos demos cuenta que la importancia que genera este diálogo, que se dice muy fácil pero que es muy difícil, pues si no nos ponemos de acuerdo se ve reflejado para los servicios que ofrecemos. Quiero utilizar este derecho a réplica que le pedí eh aquí a todos ustedes, que les agradezco mucho, concretamente para desmentir esta nota que en semanas pasadas o días pasados pues circuló en redes sociales.

Quiero hacerle una pregunta, secretaria, con mucho respeto. En las 25 sesiones de ayuntamiento que llevamos de esta administración, en los diferentes órdenes del día, ¿hay un punto donde su servidor o donde se le pida que se someta a pleno del Ayuntamiento autorice un apoyo para gastos médicos personales de 150,000 pesos? 

Secretaria del Cabildo:
No.

Regidor Martín Martínez:
No, compañeros. Nosotros estamos facultados para autoasignarnos apoyos médicos por esa cantidad. Pregunto. 

Integrantes del Cabildo:
No

Regidor Martín Martínez:
Bueno, entonces con esto pues y con el apoyo de mis compañeros, demuestro que esta nota es totalmente falsa, es denigrante hacia mi persona, que es chantajista, que es amarillista y que este tipo de comunicación, este pues nada más genera división y genera retroceso al ayuntamiento.

Pues solicito nuevamente que siempre sea el diálogo, que lo acordemos, que busquemos no denigrar a las personas y que busquemos siempre acordar. Mi compañera presidenta de la Comisión de Hacienda, yo no formo parte de esa comisión pero siempre participo de muy buen corazón, no me dejará mentir que el dictamen estaba días antes de la sesión de ayuntamiento. 

Por situaciones administrativas al área correspondiente de la de Secretaría, pues no se autorizó porque seis personas del ayuntamiento no estuvimos de acuerdo en que fuera así el orden del día, pero el dictamen ya estaba listo y estaba aprobado por toda la mayoría que somos nosotros e incluso la sesión pudo haber seguido. 

Ah, pero bueno, es el es el constante aprendizaje de nuestro vivir también como servidores públicos, porque pues somos y seguiremos siendo humanos. Pero si aprendemos de todos estos detalles, pues yo creo que iremos mejorando y repito, reflejaremos los servicios para con nuestros ciudadanos.

Con esto yo les agradezco de corazón el apoyo y el respaldo de ustedes y desmiento esta nota que difama, que denigra mi persona, que daña mi patrimonio, que daña mi imagen y considero que esto no se vale. 

Hoy fui yo, posiblemente el día de mañana sea alguien más. Entonces, yo creo que no es la de ahí... Cuarto, secretaria. Les agradezco mucho y estamos para trabajar por y para nuestro Tarimoro.

¿Qué es al derecho de réplica?

El derecho de réplica, en el ámbito de la prensa y los medios de comunicación, es un derecho fundamental de carácter individual que busca proteger la dignidad y el honor de las personas frente a la difusión de información.

En México, está consagrado en el Artículo 6º de la Constitución Política y reglamentado por la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

El concepto y propósito de este derecho

-¿Qué es?:  Es la facultad que tiene toda persona física o moral para exigir a un medio de comunicación la publicación o transmisión gratuita de una aclaración o respuesta.
-Finalidad: Corregir o responder a información falsa o inexacta que haya sido difundida por el medio y que le cause un agravio a la persona solicitante (afectando su honor, imagen, reputación, vida privada, o causándole un perjuicio político o económico).
-Doble dimensión: Tiene una dimensión individual (garantiza al afectado expresar su punto de vista) y una social (contribuye a que el público reciba información fidedigna).

Puntos clave según la Ley Mexicana

-Sujetos Obligados: Medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes o cualquier otro emisor responsable de información original.
-Causa de ejercicio: La información difundida debe ser falsa o inexacta y debe causarle un agravio al solicitante. No aplica para críticas, ideas u opiniones, sino para información (hechos).
-Gratuidad: La publicación o transmisión de la réplica es obligatoriamente gratuita para el solicitante.
-Procedimiento: Debe iniciar a petición de parte (el agraviado o su representante) mediante una solicitud por escrito al medio, dentro de un plazo específico (generalmente 5 días hábiles después de la publicación).
-Publicación/Transmisión: La réplica debe publicarse o transmitirse con la misma relevancia, espacio y características que tuvo la información que la motivó, para asegurar su efectividad.
-Negativa del medio: El medio puede negarse a publicarla solo bajo las causas estrictamente previstas en la Ley (ej. si la réplica ya se realizó, si excede el límite de la aclaración o si la información ya fue corregida con la misma relevancia).
-Recurso judicial: Si el medio se niega a publicar la réplica o no responde, el afectado puede recurrir a un procedimiento judicial ante las autoridades federales competentes para que se ordene su cumplimiento.

En el caso del regidor Martín Martínez, su intervención en el Cabildo funcionó como un ejercicio público de réplica ante sus colegas y la ciudadanía. #Metro NewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

- Celaya aporta más al IMSS que la media nacional, pero sigue sin hospital de alta especialidad, denuncian autoridades locales.
- La Regidora Cristina González y el defensor Enrique Velázquez exigen solución a una “deuda histórica” del Estado mexicano.
- Ocho de cada diez solicitudes médicas en Celaya son de alta especialidad, pero el IMSS local no tiene capacidad para atenderlas.
- Traslados a León, Querétaro o CDMX por falta de infraestructura provocan muertes evitables, advierten los firmantes.
- La solicitud fue enviada a Sheinbaum, Robledo, Kershenobich, Rodríguez, Piedra, Libia García y autoridades locales.
- “Este hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un derecho primordial”, afirman.

A través del oficio MC.AC.13.1.436.2025, emitido el 10 de agosto de 2025, la Dra. Cristina González Muñoz, regidora titular de la Regiduría Celaya Sustentable y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, junto al Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno, defensor internacional de los derechos humanos y consultor en sostenibilidad, presentaron una solicitud urgente a autoridades federales, estatales y municipales para la construcción de un Hospital Regional de Zona del IMSS con atención de tercer nivel en Celaya.

La petición fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al director del IMSS Zoé Robledo, al secretario de Salud David Kershenobich, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la CNDH Rosario Piedra, a la gobernadora Libia García, y a otros funcionarios clave, incluyendo el presidente municipal de Celaya y representantes de derechos humanos locales.


Los firmantes denuncian que, pese a más de una década de promesas públicas, Celaya sigue sin contar con un hospital de alta especialidad, lo que ha generado un “déficit estructural que vulnera derechos humanos básicos”. Según datos del Dr. Mauricio Hernández Mendoza, economista celayense, el municipio aporta al IMSS un 11% más por trabajador que la media nacional y un 20% más que la estatal, sin recibir infraestructura proporcional.


Actualmente, el Hospital General de Zona No. 4 y las Unidades de Medicina Familiar 49 y 59 están saturadas y no pueden atender patologías complejas. Ocho de cada diez solicitudes ciudadanas en salud corresponden a servicios de alta especialidad que no se ofrecen en Celaya. Esto obliga a trasladar pacientes a León, Irapuato, Querétaro o Ciudad de México, con consecuencias fatales en casos urgentes como infartos, accidentes cerebrovasculares o complicaciones obstétricas.


Los firmantes advierten que construir una nueva Unidad de Medicina Familiar no resolvería el problema, ya que estas unidades solo cubren atención básica. En cambio, exigen un hospital de tercer nivel que funcione como centro de referencia regional, descongestione hospitales vecinos y reduzca la mortalidad evitable.

La solicitud incluye la exigencia de establecer un calendario público y verificable para la planeación, financiamiento y ejecución del hospital, así como la conformación de una mesa técnica interinstitucional con participación ciudadana.

“El hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un derecho primordial que miles de familias celayenses y de la región llevan demasiado tiempo esperando”, concluyen los firmantes.

El texto íntegro del oficio

Clave. MC.AC.13.1.436.2025
Asunto: SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL REGIONAL EN CELAYA
Celaya, Guanajuato México a 10 de agosto del 2025

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos | jessica.gonzalez@presidencia.gob.mx
Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Secretaria de Gobernación | unidad_transparencia@segob.gob.mx
Dr. David Kershenobich Stalnikowitz. Secretario de Salud Federal | peticionesciudadanas@salud.gob.mx
Maestro Zoé Robledo Aburto. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social | zoe.robledo@imss.gob.mx
Maestra Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH | presidencia.cndh@cndh.org
Lic. Libia Dennise García Muñoz Ledo. Gobernadora del Estado de Guanajuato | gobernadora@guanajuato.gob.mx
Dr. Gabriel Alfredo Cortés Alcalá. Secretario de Salud Guanajuato | gabriel.cortes@guanajuato.gob.mx
Maestra Karla Gabriela Alcaraz Olvera. Presidenta de la PRODHEG | subzonac@prodheg.org.mx
Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez. Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato
Lic. Isabel Herrejón Arredondo. Presidenta de la Comisión de Derechos Humano del Ayuntamiento de Celaya
Presentes:

Apreciables autoridades:

Quienes suscribimos, Dra. Cristina González Muñoz, Regidora titular de la Regiduría Celaya Sustentable y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; Ing. Enrique Velázquez Centeno, defensor internacional de los derechos humanos e impulsor de la sostenibilidad; con datos del Dr. Mauricio Hernández Mendoza, economista celayense, acudimos ante Usted con el más alto respeto y con la firme determinación de solicitar la solución a una deuda histórica que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Estado mexicano mantienen con nuestra ciudad y región: La construcción de un Hospital Regional de Zona del IMSS, con capacidad de atención de tercer nivel, en Celaya, Guanajuato.

Esta demanda no es nueva. Desde hace más de una década, distintos gobiernos federales y estatales han reconocido públicamente la necesidad de un hospital de alta especialidad en Celaya, anunciando su construcción en discursos, planes de infraestructura y compromisos ante medios de comunicación. Sin embargo, estas promesas han quedado sistemáticamente incumplidas. Durante este tiempo, nuestra población ha crecido, la región Laja–Bajío se ha consolidado como polo económico, y la demanda de servicios de salud ha aumentado de manera proporcional, pero la capacidad hospitalaria pública no ha sido fortalecida para responder a esa realidad.

Hoy, el Hospital General de Zona No. 4 y la Unidad de Medicina Familiar No. 49, así como la 59 del IMSS en Celaya se encuentran saturados y con carteras de servicios insuficientes para resolver las patologías complejas que demandan la población local y regional. De acuerdo con los registros de la Regiduría Celaya Sustentable, ocho de cada diez solicitudes ciudadanas recibidas en la regiduría en materia de salud corresponden a atención médica de alta especialidad que la clínica actual del IMSS no puede ofrecer. 

Esto genera consecuencias directas y graves: pacientes que pierden la vida por no recibir atención oportuna; otros que ven deteriorada su salud por diagnósticos tardíos; y familias que se ven forzadas a endeudarse con hospitales privados, comprometiendo o perdiendo su patrimonio.
En múltiples ocasiones, hemos tenido que recurrir a las comisiones estatal y nacional de derechos humanos para exigir lo que la Constitución reconoce como un derecho fundamental: el acceso a la protección de la salud. No es un problema aislado ni una percepción: se trata de un déficit estructural que vulnera derechos humanos básicos y que afecta a miles de derechohabientes y sus familias y POR TODOS ELLOS Y NOSOTROS HABLAMOS Y DENUNCIAMOS EN ESTE MOMENTO.

Resulta incongruente que Celaya, reconocida incluso por la Presidencia como polo estratégico de desarrollo, carezca de un hospital de tercer nivel que responda a su papel como nodo articulador de la región. El impacto de esta carencia no se limita a la ciudad; alcanza a todos los municipios de la región Laja–Bajío, que recurren a Celaya como centro natural de servicios, comercio e infraestructura. La ausencia de un hospital de alta especialidad obliga a canalizar pacientes hacia León, Irapuato, Querétaro o la Ciudad de México, con tiempos de traslado que, en casos de urgencia como infartos, accidentes cerebrovasculares, trauma grave o complicaciones obstétricas, marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el punto de vista económico, la falta de inversión en infraestructura hospitalaria resulta todavía más injusta. Según datos del análisis realizado por el Dr. Mauricio Hernández Mendoza con base en estadísticas del INEGI y del IMSS, Celaya registra aportaciones patronales por trabajador y por empresa superiores en un 11% a la media nacional y en un 20% a la media estatal. Además, el municipio concentra alrededor del 13% de todas las aportaciones patronales de Guanajuato. Este esfuerzo contributivo no se ve reflejado en la asignación proporcional de infraestructura y servicios médicos.

La propia normatividad y planeación institucional del IMSS refuerzan nuestra solicitud. La metodología nacional de niveles de atención en salud, emitida por el Comité Técnico de Estadísticas de Salud (CTESS) y la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, define a los hospitales de tercer nivel como establecimientos que brindan atención médica de alta especialidad, actúan como referencia para el segundo nivel y cumplen funciones de docencia e investigación. Actualmente, Celaya no cuenta con ninguna unidad de estas características.

La construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar —como se ha insinuado en algunas propuestas— no resolvería esta brecha, ya que tales unidades corresponden al primer nivel de atención, con un alcance limitado a medicina preventiva, consulta externa y patologías de baja complejidad.

A ello se suma el marco de compromisos internacionales de México. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 obliga a los Estados a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, lo que incluye acceso universal a servicios de salud esenciales de calidad y medicamentos seguros, eficaces y asequibles. No cumplir con esta obligación en una región económicamente activa, densamente poblada y estratégicamente ubicada como Celaya, perpetúa desigualdades y limita el desarrollo humano.

En términos de impacto humano, basta con observar la frecuencia con que pacientes celayenses son trasladados de emergencia fuera del municipio para recibir tratamientos que deberían estar disponibles localmente: intervenciones coronarias percutáneas en casos de infarto agudo de miocardio, cirugías de urgencia por traumatismos graves, atención neuroquirúrgica para accidentes cerebrovasculares, procedimientos oncológicos para cáncer avanzado, hemodiálisis de urgencia para insuficiencia renal aguda, entre muchos otros.

Cada hora de traslado significa un riesgo acumulado y, en demasiados casos, un desenlace fatal que podría haberse evitado.

Por todo lo anterior, solicitamos que se priorice la construcción y puesta en marcha de un Hospital Regional de Zona del IMSS en Celaya, con una cartera de servicios de alta especialidad. Este hospital debe concebirse como centro de referencia regional, con capacidad para atender a la población de toda la región Laja–Bajío, descongestionando hospitales vecinos y reduciendo de manera sustancial la mortalidad evitable.

Sabemos que tendremos éxito en esta gestión, por lo que solicitamos amablemente también que se establezca un calendario público y verificable para su planeación, financiamiento y ejecución, y que se convoque a una mesa técnica interinstitucional, integrada por el IMSS, la Secretaría de Salud Federal, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Gobierno Municipal de Celaya y representantes ciudadanos.

Celaya no puede seguir dependiendo de promesas pospuestas ni de soluciones parciales. La salud de nuestra gente exige decisiones firmes, inversiones responsables y un compromiso real con la equidad y la justicia social. Este hospital no es un lujo ni una aspiración lejana: es una necesidad impostergable y un DERECHO PRIMORDIAL que miles de familias celayenses y de la región llevan demasiado tiempo esperando.

Atentamente,
Dra. Cristina González Muñoz
Titular de la Regiduría CELAYA SUSTENTABLE
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social
Municipio de Celaya
Ayuntamiento 2024--2027

Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno
Presidente del Consejo de Administración y Director de la S.A. de C.V. que aloja el proyecto Social Internacional | Sostenibilidad Sin Fronteras 2050 
DEFENSOR INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSULTOR EN SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 2030

C.C.P. alejandra.rivera@guanajuato.gob.mx (Secretaria particular de la particular de la Gobernadora) unidad.transparencia@imss.gob.mx | | jacinto.cilia@presidencia.gob.mx
lazaro.cardenas@presidencia.gob.mx; Dr. Mauricio Hernández Mendoza 
#MetroNewsMx

julio 04, 2025 , ,

Eugenio Amézquita Velasco

-Se reflexionan, tras la entrevista la existencia de 4 preguntas
-¿Cuándo van a terminar la obra?
-¿Cuándo planean tener el equipamiento del hospital?
-¿Cuándo terminarán la contratación de personal?
-¿Cuándo estaría operando al 100% el hospital?
-Los trabajadores son los finalmente afectados por esta situación

Luego de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya con el delegado del IMSS, donde se dio a conocer que por lo pronto no hay nuevo hospital de este Instituto para el municipio y la región, el regidor Carlos Ruiz León, puso al descubierto, a pregunta de este medio digital, que luego de un año, el IMSS pidió un cambio documental última hora que atrasa más los tiempos hasta por 4 años, al pedir ese periodo de ampliación para iniciar la obra. Al final, quienes salen perjudicados son los trabajadores, se reconoció por parte del regidor, vocal de la Comisión de Hacienda.

En la entrevista telefónica, Ruiz León coincidió de que debe haber conexión entre este servicio médico y lo plasmado en "la mañanera" de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum, donde se anunció que Celaya pasó a formar de los Polos del Bienestar a nivel nacional.

Reconoció, a planteamiento de Metro News, que "los polos económicos del bienestar son zonas estratégicas definidas por el gobierno federal dentro del Plan México, basados en criterios de selección orientados a detonar inversión industrial y desarrollo social en regiones con potencial productivo".

"Se desarrollan bajo una planeación integral que articula infraestructura, incentivos fiscales, formación de talento, vivienda y servicios, con un enfoque de crecimiento ordenado e incluyente".

Es en este último punto donde se cuestiona de cómo colocar de Polo del Bienestar a Celaya, dejando desarmados al municipio y a la región en materia de eficiencia en el servicio médico; que en la práctica se den este tipo de situaciones que requieren planeación en materia de servicios, en este caso, el servicio médico.

Explicó que este 4 de julio de 2025 se tuvo que agregar en la sesión de Cabildo nuevamente, por parte del Ayuntamiento tal y como sucedió hace un año, para dar una ampliación de término en materia de donación del predio que ya se había hecho, por los cambios que ahora pide el IMSS; todo un año de espera para ahora regresar al punto de partida, reconoció.

Al pedir la ampliación del plazo hasta 4 años, al Cabildo de Celaya, es para iniciar la obra al término del plazo; esto significaría, también se reconoció en la entrevista, que se estaría hablando de otra administración municipal la que estaría en funciones y prácticamente en el año electoral para presidente de la república. 

La historia y calvario para contar con un hospital IMSS acorde a la modernidad de Celaya

Desde hace más de una década, Celaya ha buscado asegurar un terreno que cumpla con los requisitos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para construir un hospital de segundo nivel. La demanda creció conforme la población derechohabiente superó los 500 000 usuarios y la infraestructura existente se saturó.

Cronología de gestiones y trámites

2022
- En sesión extraordinaria del 3 de noviembre se aprobó la compra de 1.39 hectáreas para sumar al predio municipal de 3.82 ha y alcanzar las 5.18 ha requeridas por el IMSS. (https://nuestrasnoticiasbajio.com/celaya/ayuntamiento-aprueba-compra-de-terreno-para-hospital-del-imss/ )

2023
- El 7 de noviembre, el municipio donó formalmente un terreno de 5.2 ha en Camino a San José de Guanajuato. El IMSS reconoció la necesidad del proyecto, validó la idoneidad del predio y estableció los siguientes pasos: revisión documental, presentación al Consejo Técnico y gestión de recursos ante Hacienda. (https://www.celaya.gob.mx/likcitsci/comunicados/2023/avanzan-gestiones-para-construccion-de-un-nuevo-hospital-del-imss-en-celaya/ )

2024
- El 25 de junio se detectó un faltante de unos metros cuadrados en la donación, lo que impidió escriturar el terreno y puso en riesgo la inclusión del hospital en el padrón del IMSS. El alcalde electo Juan Miguel Ramírez inició gestiones para completar la escrituración a la brevedad. (https://expresatv.com.mx/celaya/2024/falta-estructuracion-terreno-del-nuevo-hospital-imss-celaya/ )
- El 18 de diciembre, el alcalde Juan Miguel Ramírez S. entregó al delegado estatal Marco Antonio Hernández la documentación y planos actualizados del terreno de 5.2 ha. Se regularizaron límites y se consolidó el expediente para enviarlo a oficinas centrales y ser validado por el Consejo Técnico del IMSS. (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2024/dec/18/celaya-avanza-en-gestiones-para-un-nuevo-hospital-del-imss-117150.html )

2025

-El 3 de julio, en reunión con empresarios encabezados por Jorge Gámez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya así como alcaldes de varios municipios de la región, se da a conocer que por el momento no se ve la posibilidad de iniciar obras para el nuevo Hospital de Celaya. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/no-considera-imss-hospital-para-celaya.html )
- Al 4 de julio, el delegado estatal confirmó que aún faltaba concluir el trámite de donación para formalizar la propiedad del IMSS. El nuevo hospital de segundo nivel contará con 260 camas y una inversión de 5 000 millones de pesos, pero se acordó invertir 60–70 millones MXN en la remodelación del Hospital 49 para atender la demanda mientras avanza el proyecto mayor. (https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2025/7/4/falta-concluir-tramite-para-la-donacion-del-terreno-del-nuevo-imss-de-celaya-544103.html )

Principales trámites y acuerdos

- Compra y anexión de parcelas municipales para cumplir la superficie mínima.
- Donación oficial del predio al IMSS y escrituración ante notario público.
- Revisión, actualización y consolidación del expediente técnico y planos.
- Validación del proyecto en el Consejo Técnico del IMSS y gestión de recursos ante la Secretaría de Hacienda.
- Obtención de licencias urbanísticas y permisos de cambio de uso de suelo.

Retos y aprendizajes

- La consolidación de expedientes y la precisión en mediciones de terreno pueden retrasar el proceso varios meses.
- La coordinación entre administraciones municipales (saliente y entrante) es clave para la continuidad de trámites.
- El avance del proyecto requiere alineación con programas federales como el Polo del Desarrollo del Bienestar.
- Mientras se concreta el nuevo hospital, la inversión en remodelación de infraestructura existente mejora la atención urgente. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido 


Eugenio Amézquita Velasco

En una entrevista vertida en una serie de 6 cápsulas de video, el regidor Carlos Ruiz León, expone realidades de lo que se vive en la dirección del Parque Xochipilli así como las irregularidades contables, incumplimientos, y fallas graves de quien es responsable de dicho cargo.



En Detalle

-Ruiz León es regidor del Cabildo de Celaya, Presidente de la Comisión de Contraloría y vocal del Consejo del Parque Xochipilli; exhibió realidades 
-Desde un principio, no se respetó el proceso para propuesta de director del Parque, que debía de salir del Consejo de del Patronato, sino que fue una imposición del alcalde Juan Miguel Ramírez; no se siguió el procedimiento.



-No se ha entregado la situación financiera de los espacios del Xochipilli. Son ingresos que deben cuidarse y que deben ser debidamente informados, coincidió
-Mauricio Rodríguez Reyes, presidente del Consejo les informó sobre el particular a los miembros del Cabildo, como oportunamente lo informó Metro News; se hicieron notar estas irregularidades ante Contraloría y Cabildo.



-Se observan pruebas y en mi calidad de presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del H. Ayuntamiento de Celaya, se canalizó esto a Contraloría y se investiga
-El secretario del Cabildo, Daniel Nieto Martínez, acompañado de fuerza federal armada, representada por la Guardia Nacional, así como el entonces jefe de escoltas del alcalde, acudió al Parque Xochipilli para darle posesión a quien ocupa este cargo, en algo que con ninguna de las paramunicipales o direcciones del municipio se había hecho. Hay formas y esta no era la manera, reconoció. La pregunta sin responder a Metro News: ¿Miedo?
-No hubo presencia de Contraloría ni del Consejo del Patronato para este acto.



-El órgano máximo del Patronato Xochipilli es el Consejo Directivo y hasta ahora no se ha entregado información sobre los ingresos que se reciben por parte del Parque
-Quien ocupa la dirección de Xochipilli, muestra con hechos imprecisiones en su trabajo. Mauricio Rodríguez Reyes le ha pedido información y la dirección del parque le da largas al asunto. 
-El Consejo esta facultado para solicitar la destitución de quien ocupa la dirección del Parque Xochipilli.

-El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez tiene conocimiento por escrito de este hecho; el propuso y lo puso. Reconoció Ruiz León que éstas son las consecuencias de la imposición. Se suma a esta aseveración el número de despidos que desde octubre se han dado; la gente está viendo esta situación. Todo esto es el resultado de una mala selección de personal. Reconoció el regidor que se está dando una rotación de funcionarios y que cada vez que quitan a uno es volver a empezar 
-Quiero pensar que el alcalde y su primer círculo decidieron a quien poner. No le atinaron a poner las personas adecuadas y creo que no tenían el "feeling" para estar en los cargos. A la mejor tienen capacidad para estar en otro cargo, pero no ahí, planteó Metro News. El "pagano" está siendo el pueblo de Celaya. Las curvas de aprendizaje se están haciendo muy extensas.



-Cuestionable que quien ocupa el cargo de la dirección del Xochipilli no ha cumplido ni en fecha ni en forma con la obligación de informar al Consejo ni al Patronato y ante esta situación,  es de recordar, dijo que el alcalde ha comentado, ha dicho en muchas ocasiones, que quien no cumpla con sus obligaciones estará fuera de la administración. Esperamos que cumpla en este caso, señaló el regidor Ruiz León.
-Reconoció que el director del Xochipilli demando o denunció al presidente del Consejo del Parque ante el Ministerio Público; se esta dando ahora la situación de que "ahora los patos les tiran a las escopetas".

-Aquí no se vienen a hacer amigos, se viene a trabajar. Aquí no es cosa de caerse bien, es hacer la parte que le toca a cada quien. Ante la falta de transparencia y la falta de responsabilidad, hay que señalarlas.
-Ante el tema del nepotismo, amiguismo, "cuatachismo", del "estuviste en campaña conmigo" y de que "nosotros no somos iguales", dijo que hay muy buena relación entre algunos miembros del cabildo y funcionarios; reconoció que no detecta aún nepotismo; pero de detectarlo, se actuará.
-En la evaluación de lo que va de la administración, hay gente con ánimo, cosa que no es suficiente, pero hay muchas quejas de los servicios. 



-Sobre el hecho de que el alcalde reconoció ante un medio de comunicación que hay "fuego amigo", es decir, que desde adentro de la misma administración existen "agarres" por posiciones y poder, hay golpeteo, "fuego familiar"; y sobre el daño que esto representa a Celaya y el visible "show político", indicó que no podemos tapar el sol con un dedo. La gente se está dando cuenta de anomalías. Mucho tiene que ver que las personas que están al frente. No se les nota liderazgo, ni exactitud y prontitud para atender a los celayenses. Cuando se llega a la responsabilidad de ocupar un cargo en una dependencia, deben  separarse relaciones. Se está menoscabando el servicio a la ciudadanía.

-Ante el escabroso tema de que pudieran aparecer situaciones de corrupción de la pasada administración; dijo que hasta el momento no se ha dado impugnación, escrito o documento que denuncie, con pruebas y documentales, como la normativa lo marca. De que en el trienio pasado exista o existiera un caso de corrupción; lo dijimos, señaló, en sesión de cabildo que se tiene un escrito firmado por la fracción política que represento y se entregó a la administración municipal. Ahí se precisa de que si encuentran algo del pasado, lo digan y lo denuncien.

-Es buen momento para señalar las fallas, tanto por acción o por omisión. Es un momento importante para que si detectan algo, lo denuncien. Si necesitan apoyo, estamos a las órdenes. Pero siempre con pruebas y de quien sea. #MetroNewsMx

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