Metro News Mx

-Justicia social sobre burocracia: el Ayuntamiento anula el cobro de 8,500 pesos y garantiza el agua gratis para La Concepción.

-Dictamen del Cabildo evidencia fallas en la gestión de Daniel Nieto; le recordaron con hechos que la Secretaría no manda, sino que obedece dictámenes.

-Con la Constitución en la mano, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo le da una cátedra de derecho humano al agua y fijan plazo "fatal" al Secretario para el 22 de abril.

La política, cuando se ejerce con rigor, no admite evasivas. La reciente postura de la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, respaldada por acuerdos de las comisiones de Hacienda y Agua, no es solo un anuncio de obra pública; es una contrarréplica demoledora a la narrativa que el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, intentó sostener apenas días atrás: "Daniel Nieto replica: "No evadimos, resolvemos el colapso que otros heredaron" (https://www.metronewsmx.com/2026/03/daniel-nieto-replica-no-evadimos.html )

La réplica de Nieto se basó en declaraciones que previamente la misma regidora había realizado en esa fecha a través de Metro News en el artículo "Daniel Nieto: El rostro de la evasión institucional". (https://www.metronewsmx.com/2026/03/daniel-nieto-el-rostro-de-la-evasion.html )

Mientras Nieto se escudaba en el "no evadimos" para justificar la parálisis o la posible carga económica a los ciudadanos, las comisiones del H. Ayuntamiento le han propinado un golpe de realidad jurídica. Al citar los artículos 4º y 115º Constitucionales, el mensaje para el Secretario es fulminante: el agua no es una gestión administrativa sujeta a su voluntad, es una obligación del Estado. Trasladar una cuota de 8,500 pesos a familias de escasos recursos en La Concepción no solo era desproporcionado, sería un atropello legal que la Secretaría del Ayuntamiento parecía ignorar o, peor aún, tolerar por inercia.

El texto de la regidora Herrejón deja al descubierto un asomo de inexperiencia alarmante en la oficina de Daniel Nieto. En la administración pública, el Secretario del Ayuntamiento es el brazo ejecutor y el hilo conductor con el cuerpo colegiado, no un ente autónomo. 

Al subrayar que el Ayuntamiento es un "órgano colegiado" y que "no se pueden tomar decisiones unilaterales", la regidora le recuerda a Nieto su lugar en la jerarquía: la Secretaría está para instrumentar lo que los representantes populares deciden, no para poner "trabas" ni actuar como si el gobierno municipal fuera un sistema presidencialista en miniatura (https://www.metronewsmx.com/2025/01/el-secretario-del-cabildo-esta-para.html ). La necesidad de emitir un dictamen que "instruya" a la Secretaría a hacer su trabajo básico (análisis técnico y jurídico) evidencia que, de no haber sido por la presión de los regidores, la solución seguiría durmiendo el sueño de los justos en algún escritorio.

La postura defendida en la 'réplica' de Nieto ha sido contrastada con la gestión presupuestal del Cabildo. Los 3 millones de pesos que el municipio absorberá al 100% son la prueba de que, cuando hay voluntad política, los "esquemas de apoyo" que Nieto mencionaba de forma ambigua se vuelven realidades concretas. "Como autoridad, debemos garantizar este derecho, no convertirlo en una carga para las familias", cita la misma regidora Herrejón.

Esta resolución anula la postura defensiva del Secretario. El funcionario deberá presentar resultados técnicos el 22 de abril. Ese día, Daniel Nieto no tendrá espacio para alegatos de carácter personal ni argumentarle a los periodistas que están publicando "notas tendenciosas"; tendrá que presentar resultados técnicos en coordinación con JUMAPA. 

En conclusión, el Cabildo de Celaya toma el control del timón. La nota de la regidora Herrejón no solo resuelve el problema del pozo en La Concepción, sino que le da una cátedra de Derecho Constitucional y humildad administrativa a un Secretario que, pese a su postura de 'no evasión', el proceso administrativo del Cabildo evidenció omisiones técnicas en su oficina. El mensaje es claro: en Celaya, el Cabildo manda y el Secretario acata.

"Me da mucho gusto informar que se logró el objetivo principal: la comunidad de La Concepción no tendrá que realizar ninguna aportación económica. Esto representa un acto de justicia social, considerando que son aproximadamente 600 habitantes en 211 viviendas, para quienes era totalmente desproporcionado cubrir una cuota de 8,500 pesos".

"Se aprobó un dictamen mediante el cual se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo un análisis integral: técnico, jurídico, administrativo y financiero del proyecto del pozo. Este análisis será presentado ante la Comisión de Hacienda con el objetivo de gestionar un recurso cercano a los 3 millones de pesos, buscando que la obra sea cubierta al 100% por el municipio".

"Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento emitirá un oficio dirigido al Presidente Municipal, con copia a todos los integrantes del Ayuntamiento para su conocimiento. En la Comisión de Hacienda se generaron tres acuerdos importantes: la elaboración de un estudio técnico, la revisión con Tesorería sobre la suficiencia presupuestal y la realización de un diagnóstico técnico del pozo en coordinación con JUMAPA. También se dará seguimiento puntual al equipamiento para la construcción del pozo, mismo que será presentado el próximo 22 de abril en la Comisión de Hacienda".

"Es importante señalar que no se trata solo de una decisión administrativa, sino de una obligación constitucional. El artículo 4º reconoce el derecho humano al agua, estableciendo que toda persona debe tener acceso suficiente, salubre y asequible. Por su parte, el artículo 115 establece que la prestación del servicio de agua potable es responsabilidad directa del municipio. Por ello, no era viable ni justo trasladar esta carga económica a la comunidad; como autoridad, debemos garantizar este derecho, no convertirlo en una carga para las familias".

"También es fundamental recordar que el Ayuntamiento es un órgano colegiado, integrado por síndicos y regidores, donde todas y todos tenemos voz y voto. No se pueden tomar decisiones unilaterales. En este caso, se ha privilegiado el diálogo, el análisis y, sobre todo, escuchar a la ciudadanía para encontrar soluciones reales".

"Nuestro compromiso es claro: estamos para ayudar, escuchar y resolver, no para poner trabas. Agradezco a los integrantes de la Comisión de Agua y de la Comisión de Hacienda por su disposición para avanzar en este tema tan importante. A la comunidad, decirle que no están solos; cuando trabajamos en equipo, sí se pueden lograr las cosas". 

Tras analizar la réplica de Daniel Nieto Martínez, publicada por Metro News el 18 de marzo de 2026 (https://www.metronewsmx.com/2026/03/daniel-nieto-replica-no-evadimos.html ) y ver el escrito enviado por la regidora Ma. Isabel Herrejón el día de ayer a este mismo medio, se evidencia que hay una contrarréplica al funcionario municipal, a quien por enésima vez, le están recordando que él es un empleado del Ayuntamiento y que de hecho él no es parte del Cabildo. Herrejón ya le volvió a marcar la línea. El mensaje es: "Eres un subordinado del Ayuntamiento".( https://www.metronewsmx.com/2025/01/el-secretario-del-cabildo-esta-para.html )

Tras un análisis minucioso de ambos textos, se detecta una tensión institucional evidente. El escrito de la regidora Ma. Isabel Herrejón funciona como una contrarréplica táctica, aunque en las formas pretenda presentarse como un informe de logros.

Primero, la responsabilidad técnica vs. justicia social

-Postura de Nieto: Se enfoca en el pasado (la "herencia maldita") y en los obstáculos técnicos (riesgo de colapso, falta de predio, impedimentos legales). Su narrativa es de justificación.

-Postura de Herrejón: Ignora el diagnóstico técnico del pasado para centrarse en el "acto de justicia social". Mientras Nieto explica por qué es difícil avanzar, ella anuncia que el objetivo ya se logró: la comunidad no pagará un solo peso. Esto desarticula el argumento de Nieto de que el proceso es lento por causas ajenas, sugiriendo que lo que faltaba era voluntad política y no solo viabilidad técnica.

Segundo, el suministro de agua -pipas vs. solución de fondo-

-Postura de Nieto: Presenta un conteo detallado de viajes de pipas -481 viajes- para demostrar presencia. Para él, las pipas son la prueba de que "no hay evasión".

-Postura de Herrejón: Desplaza el foco de las pipas hacia el presupuesto de 3 millones de pesos. Al mencionar que se busca cubrir la obra al 100%, tácitamente señala que el suministro paliativo (pipas) es insuficiente frente a la obligación constitucional de una infraestructura propia.

Tercero, la "instrucción" a la Secretaría -jerarquía y control-

Este es el punto más fuerte de la contrarréplica:

-Nieto habla desde la autonomía de su Secretaría -"Nosotros resolvemos", "Esta Secretaría ha garantizado"-.

-Herrejón le recuerda su lugar en el organigrama municipal al informar que se aprobó un dictamen donde "se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento" a realizar los análisis. Es un golpe de autoridad: ella posiciona al Ayuntamiento -órgano colegiado- como el jefe que ordena, y a la Secretaría de Nieto como la oficina que debe ejecutar y entregar cuentas el 22 de abril. esta es una de las muchas veces que Herrejón le recuerda a Daniel Nieto Martínez -quien ya ha sido cuestionado en su actuar por parte de la ciudadanía- que él es a quien se le instruye y no quien instruye al Cabildo.
 (https://www.metronewsmx.com/2025/01/el-secretario-del-cabildo-esta-para.html )

Cuarto, la crítica a la unilateralidad vs. colegiado

-Nieto utiliza la primera persona del plural -"nosotros"- de forma que parece referirse solo a su equipo de trabajo.

-Herrejón lanza una frase directa: "No se pueden tomar decisiones unilaterales". Al recordar que el Ayuntamiento es un órgano colegiado donde "todas y todos tenemos voz y voto", está acusando directamente a Nieto de haber intentado gestionar el conflicto de forma aislada o ejecutiva, sin pasar por las comisiones que ella integra.

Y quinto, ¿Es una contrarréplica directa o táctica?

Es una contrarréplica táctica de manual. No menciona el nombre de Daniel Nieto -para no darle nivel de interlocutor directo en su éxito-, pero rebate cada uno de sus puntos.

El primero, contra la "evasión institucional": Nieto dice que no evade; Herrejón dice que resolver es una "obligación constitucional" -insinuando que cumplirla no es una medalla, es un deber-.

El segundo, contra el "diagnóstico técnico": Nieto dice que no hay predio; Herrejón pone fecha -22 de abril- para presentar el equipamiento, forzando la marcha administrativa.

Y tercero, contra el "costo político": Nieto acusa a otros de "sacar raja política"; Herrejón se apropia del resultado -"se logró el objetivo principal"- y agradece a las comisiones, dejando fuera de la lista de agradecimientos a la Secretaría del Ayuntamiento. Con ello, Herrejón evidencia que dicha dependencia, desde un principio, habría mostrado una incapacidad de gestión o falta de efectividad para resolver de manera eficiente el problema del agua a los ciudadanos de La Concepción, tarea que finalmente tuvo que ser impulsada desde el cuerpo de regidores.

El escrito de la regidora es una corrección pública al Secretario. Mientras Nieto intenta cerrar el tema justificándose con las fallas del pasado y el envío de pipas, Herrejón lo reabre desde la soberanía del Ayuntamiento, imponiéndole plazos, tareas técnicas y recordándole que la Secretaría está supeditada a las decisiones del cuerpo de regidores y síndicos... no a ocurrencias. #MetroNewsMx

-El secretario de Ayuntamiento en Celaya opera bajo una lógica de confrontación técnica y política, disfrazada de cortesía formal.

-Mediante el uso de cifras alegres sobre pipas de agua, Daniel Nieto intenta invalidar las denuncias de abandono en las comunidades.

-La estrategia de Nieto consiste en culpar sistemáticamente al pasado para justificar la inacción ante las crisis hídricas actuales.

-Con una actitud de resistencia pasivo-agresiva, el funcionario minimiza las exigencias de fiscalización de la regidora Herrejón.

-El viaje a España por la FITUR 2026 exhibió una frivolidad gubernamental que contrasta con las carencias sociales del municipio.

-Isabel Herrejón mantiene un asedio político-administrativo para evitar que el secretario diluya sus responsabilidades en el tiempo.

-La regidora impugna la jerarquía de Nieto al exigirle transparencia y rendición de cuentas directa ante la Comisión del Agua.

-El caso de las estancias infantiles y su mágica aparición en San Miguel de Allende: ¿Intromisión o intereses futuristas?

-El caso Rincón de Tamayo: Calificar posible protesta como desmadre, denotó un profundo desprecio por la participación ciudadana y las formas políticas.

-La gestión de Daniel Nieto se percibe como un ejercicio de patrimonialismo donde el privilegio personal supera al interés público.

La reciente intervención del secretario del Ayuntamiento de Celaya, Daniel Nieto, en el tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y su "diálogo" con la regidora Isabel Herrejón, la dinámica de la misma y el tono de las respuestas, se observó una actitud de confrontación técnica y política bajo una apariencia de cordialidad institucional.

Daniel Nieto adoptó una postura de "corrección de datos". En cuanto toma la palabra, busca desmentir las afirmaciones de la regidora sobre la falta de atención, utilizando cifras específicas de pipas enviadas para invalidar la narrativa de abandono. Su frase "para evitar confusiones y malos entendidos y que se vuelva un tema político" fue un dardo directo a la intervención previa de Herrejón.

Daniel Nieto utilizó una técnica de atribución externa. Al señalar reiteradamente que el pozo está mal construido "de origen" y por "administraciones anteriores", busca neutralizar la crítica de la regidora, posicionando el problema como una herencia técnica insuperable y no como una omisión de su gestión actual.

Nieto enfatiza que su secretaría ya ha realizado acciones -como la medición del predio el martes anterior- que la regidora parece ignorar o presentar como pendientes. Su actitud es la de quien posee la "información real" frente a la "percepción de campo" de la regidora. 

Al final, aunque aceptó asistir a la próxima sesión, su tono es de redundancia: "la información que nos piden para el 14 de abril es un poco lo que les estoy comentando en estos momentos". Con esto, proyectó que la solicitud de la regidora es innecesaria o que él ya está un paso adelante, minimizando la relevancia del punto de acuerdo solicitado por ella.

En pocas palabras, su actitud fue de resistencia pasivo-agresiva. El secretario no ignoró a la regidora, pero trató de invalidar sus argumentos mediante el uso de datos técnicos y el marco del "pasado político", tratando de proyectar que la preocupación de ella es exagerada o que está siendo utilizada con fines partidistas.

La actitud de la regidora Isabel Herrejón hacia el secretario Daniel Nieto se caracterizó por ser incisiva, formalmente demandante y estratégicamente fiscalizadora. A diferencia del secretario, que busca cerrar el tema con explicaciones técnicas, ella intenta mantenerlo abierto en la agenda pública y administrativa.

Herrejón no aceptó la narrativa del "estamos trabajando en ello" como suficiente. Su insistencia en que el tema sea un punto formal en el orden del día para el 14 de abril mostró que no confía en los acuerdos de palabra, ya que tiene motivos suficientes para ello. Al exigir que el seguimiento sea por escrito y ante la comisión, le quitó al secretario el control de la narrativa "privada" o directa con los delegados.

La regidora marcó una línea clara sobre el respeto a las formas. Al pedirle al secretario que "en lo subsecuente le informe al presidente de la Comisión de Agua", ejerció un acto de disciplina administrativa. Le recordó a Nieto -otra vez, como lo ha hecho en el pasado-, que aunque sea secretario de Ayuntamiento, debe rendir cuentas a la Comisión y no actuar de forma unilateral o aislada con los delegados.

Herrejón utilizó una técnica retórica inteligente: concedió que el problema puede ser viejo, pero lo anula como excusa actual. Frases como "ya hay que olvidarnos de eso -las administraciones anteriores- porque realmente estamos aquí para poder ver las acciones para poder resolverlas" actuaron como un bloqueo a la salida de emergencia que el secretario intentó usar. Ella lo obligó a situarse en el presente.

Frente a las cifras de pipas que arrojó el secretario, ella contrapuso su visión de campo: "recorrí toda la comunidad... puerta por puerta". Con esto, ella intenta restarle autoridad técnica a Nieto, sugiriendo que los datos de oficina del secretario no coinciden con la realidad de sed que ella escuchó directamente de los ciudadanos.

La regidora mantuvo una actitud de asedio político-administrativo. No busca una pelea abierta a gritos, sino que utiliza el reglamento y el derecho humano al agua como "armas" para acorralar al secretario y obligarlo a dar soluciones tangibles bajo el escrutinio de la comisión, evitando que el asunto se diluya en el tiempo.

Al analizar la trayectoria de Daniel Nieto a través de algunos antecedentes periodísticos, se revela un perfil de funcionario que opera bajo una lógica de poder reactivo, patrimonialismo político y una marcada desconexión con la sensibilidad social (https://www.metronewsmx.com/2025/01/el-secretario-del-cabildo-esta-para.html ). Su actuación no parece ser la de un facilitador institucional, sino la de un "operador de contención" que prioriza la imagen política y el control burocrático sobre la eficacia administrativa, en donde busca sacarle jugo y raja, obviamente con fines de futurismo político.

Por ejemplo, los reportes sobre su viaje a España para la FITUR 2026, acompañado de su esposa, la diputada local Edith Moreno (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2026/jan/13/secretario-de-ayuntamiento-en-celaya-y-su-esposa-tambien-se-van-a-espana-por-fitur-2026-148066.html ), marcan un punto de inflexión en su ética pública. Mientras las comunidades como La Concepción padecen crisis de agua, el secretario proyecta una imagen de frivolidad gubernamental. El hecho de que se intenten justificar estos viajes como "gestión de resultados" -cuando las competencias de un secretario de Ayuntamiento son de orden interno y legal, no de promoción turística- sugiere un uso del erario para fines de prestigio personal y recreativo (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-secretario-del-ayuntamiento-y.html ).

Su extraña presencia en el intento de clausura de una estancia infantil en octubre de 2025 es un ejemplo de punitivismo administrativo (https://www.metronewsmx.com/2025/10/municipio-trato-de-clausurar-estancia.html ). ¿Qué hacía en el lugar? ¿Esta acción revela una actitud de "garrote político"? ¿El uso de su presencia física, aplicando la normativa no para regular, sino para amedrentar o castigar? Es una muestra de cómo Nieto entiende el poder: como un instrumento de presión vertical donde la legalidad se aplica de forma selectiva para silenciar críticas o imponer autoridad, incluso a costa de servicios sociales básicos.

La frase "Ricardo, ni me organices el desmadre", capturada en marzo de 2025, es quizá la radiografía más fiel de su carácter (https://www.metronewsmx.com/2025/03/ricardo-ni-me-organices-el-desmadre.html ). Revela informalidad cínica, un lenguaje que denota que la política municipal se maneja como un asunto de "cuates" o de control de daños de pandilla, no como una gestión profesional; y el desprecio por la participación ciudadana ya que al calificar la organización o la protesta como "desmadre", invisibiliza las causas sociales y las reduce a meras molestias logísticas que deben ser "administradas" o suprimidas.

Cruzando estos antecedentes con la reciente sesión del agua, queda claro que Nieto ha perfeccionado la técnica de la evasión sistémica. Su insistencia en culpar a "administraciones anteriores" -incluso cuando él ya formaba parte de la estructura de poder en periodos previos- es una táctica para evitar la rendición de cuentas. No es una explicación técnica; es un recurso retórico para justificar por qué, tras meses o años, los problemas estructurales -como el pozo de La Concepción- siguen sin solución mientras él se enfoca en viajes internacionales o disputas de cabildo (https://www.metronewsmx.com/2026/03/regidora-isabel-herrejon-exige-solucion.html ).

La actitud de Nieto confirma que su juicio no obedece al "sentido común", sino a intereses políticos y electorales. Su gestión se percibe como una búsqueda constante por sostenerse en el poder mediante el control de los delegados y la simulación de atención -el envío de pipas como analgésico, pero no la reparación del pozo como cirugía definitiva-.

Así, Daniel Nieto se perfila como un burócrata de élite que domina -o cree dominar- el arte de la "política de pasillo". Su actitud hacia figuras como la regidora Herrejón no es un caso aislado, sino parte de un patrón de comportamiento donde cualquier cuestionamiento a su gestión es visto como un ataque político que debe ser neutralizado con datos técnicos maquillados o con el peso del aparato municipal. Es la encarnación de una política que privilegia la forma -el viaje, el protocolo, el orden del orden- sobre el fondo -el agua, la seguridad, la justicia social-. 

Se anexa la réplica a este artículo, por parte de Daniel Nieto Martínez: https://www.metronewsmx.com/2026/03/daniel-nieto-replica-no-evadimos.html #MetroNewsMx

-Isabel Herrejón denuncia que el Gobierno de Celaya ignora dictámenes técnicos mientras familias cumplen un año sin acceso al agua.

-La regidora tacha de cinismo que el alcalde culpe al pasado tras ignorar desde 2025 el colapso del pozo en la comunidad Concepción.

-JUMAPA confirmó la urgencia de un pozo nuevo hace meses, pero la burocracia municipal prefiere las excusas a la obra pública real.

-El Ayuntamiento de Celaya es señalado como un muro de contención que archiva oficios y derechos humanos en lugar de dar soluciones.

-Herrejón advierte: la narrativa del reproche no quita la sed; gobernar exige eficiencia hoy, no culpar a quienes ya se retiraron.

La regidora María Isabel Herrejón Arredondo, integrante del Cabildo de Celaya, denunció la omisión de las autoridades municipales ante la crisis de agua que padece la comunidad de La Concepción desde hace más de un año, calificando como "inaceptable" que, existiendo diagnósticos técnicos, las familias sigan sin el servicio básico.

La edil informó que la problemática ha sido documentada formalmente por la delegada de la comunidad. Ante la falta de respuesta, Herrejón Arredondo, acompañada por el dirigente municipal del PAN, Sergio Ruiz, y miembros de su fracción, acudió al sitio para constatar que el derecho humano al agua está siendo vulnerado.

De acuerdo con la regidora, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) emitió un dictamen desde el 19 de junio de 2025, donde se establece el colapso irreversible del pozo actual y se recomienda la perforación de uno nuevo. Pese a este antecedente y a un nuevo oficio entregado el 9 de marzo de 2026 dirigido al Presidente Municipal y sellado por la Secretaría del Ayuntamiento, los habitantes no han recibido una respuesta clara.

"No es posible que exista un diagnóstico técnico y que aun así la comunidad siga esperando. Las familias necesitan acciones, no más omisiones", sentenció la regidora, quien también cuestionó la inoperatividad de la Coordinación de Delegados, área encargada precisamente de canalizar estos conflictos rurales.

El caso de La Concepción no es solo una falla técnica en un pozo profundo; es el síntoma de una administración municipal que parece haber canjeado la capacidad ejecutiva por la narrativa del reproche. La postura de la regidora Isabel Herrejón pone el dedo en una llaga que ya supura en la opinión pública celayense: el uso sistemático del pasado para justificar la parálisis del presente.

Es una constante en el actual Gobierno Municipal de Celaya responder a las crisis —ya sea de seguridad, servicios o infraestructura— señalando con el índice a las administraciones anteriores. Si bien es cierto que los problemas estructurales no nacen de un día para otro, gobernar implica asumir la responsabilidad del "aquí y ahora". Culpar al pasado cuando se tiene un diagnóstico técnico desde junio de 2025 es, en términos llanos, un ejercicio de cinismo administrativo. 

El alcalde olvida que el periodo de gracia para el diagnóstico de "herencias recibidas" caducó en el momento en que los problemas, como el de La Concepción, se volvieron críticos bajo su propio mando.

Resulta preocupante que la Secretaría del Ayuntamiento, a través de su Coordinación de Delegados, actúe como un muro de contención burocrático en lugar de ser un puente de soluciones. Que un oficio sellado y un dictamen técnico de JUMAPA duerman el "sueño de los justos" mientras una comunidad entera cumple un año sin agua, revela una desconexión profunda entre el discurso político y la realidad comunitaria.

La advertencia de la regidora Herrejón es certera: la ciudadanía no bebe excusas. La estrategia de culpar a los que se fueron tiene un límite de efectividad electoral y, sobre todo, moral. Cuando el agua falta, la ideología sobra. Si el Gobierno Municipal de Celaya no transita de la retórica de la culpa a la logística de la perforación, el costo político será proporcional a la sed de sus comunidades. El acceso al agua es un derecho, y la eficiencia, una obligación que no admite retrovisores. #MetroNewsMx 

-La crisis en el cabildo de Acámbaro revela una peligrosa mezcla de ambiciones sucesorias y amenazas externas contra la regidora Selene González.

-La exigencia de reincorporación de la suplente Diana Guerrero, basada en supuestas ausencias de la titular, fue desestimada por el ayuntamiento local.

-González Cos denunció ante la Fiscalía ataques y amenazas de muerte, evidenciando el uso de perfiles digitales para desestabilizar su encargo público.

La política en Acámbaro ha dejado de ser una arena de debate de ideas para convertirse en un escenario de resistencia legal y personal. El reciente episodio protagonizado por la regidora suplente Diana Guerrero Martínez, quien mediante un escrito exigió su reincorporación al ayuntamiento bajo el argumento de una supuesta licencia y ausencia de la titular Selene González Cos, marca un precedente de deslealtad institucional dentro del propio Partido Acción Nacional.

La respuesta de la regidora titular en la sesión número 53 del ayuntamiento fue tajante: no existe tal licencia, no hay ausencia y el cargo se ejerce con transparencia. Este movimiento de la suplente no debe leerse como un trámite administrativo menor, sino como un intento de "asalto" a la representación popular mediante la fabricación de una narrativa de abandono de funciones que la presidencia municipal, encabezada por Claudia Silva Campos, tuvo que desestimar formalmente.

Lo que subyace detrás de estas desavenencias administrativas es una realidad mucho más oscura. Selene González Cos ha revelado la existencia de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por amenazas de muerte y ataques sistemáticos a través de redes sociales. Resulta alarmante que, en el ejercicio de una regiduría, el bien jurídico tutelado más importante —la vida— se encuentre bajo asedio.

La regidora ha señalado que estos ataques incluyen mensajes donde se le instaba a "dar información sobre su suplente", lo que sugiere una posible conexión entre la inestabilidad política interna y las presiones externas de grupos que buscan fracturar la administración municipal. El estatus de estas investigaciones es, hasta ahora, incierto; la regidora denuncia una falta de claridad por parte de la Fiscalía sobre si las carpetas han sido reservadas o archivadas, lo que incrementa el sentimiento de impunidad.

En un estado que hoy se proclama bajo el "tiempo de mujeres", liderado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el caso de Selene González actúa como una prueba de fuego para los mecanismos de protección a la mujer en la política. Aunque la regidora reconoce el respaldo de su dirigencia estatal y de la alcaldesa Claudia Silva, la necesidad de rondines policiales en su domicilio particular subraya que ser mujer y ostentar poder en Acámbaro conlleva un riesgo latente.

La violencia política de género se manifiesta aquí de dos formas: en el acoso digital que busca minar la moral de la funcionaria y en la maniobra política que pretende desplazarla de su cargo mediante argucias legales. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, González Cos se encuentra en la paradójica situación de ser la defensora institucional de un sector mientras ella misma navega en un entorno de vulnerabilidad.

La gobernabilidad de Acámbaro no puede estar sujeta a las pretensiones personales de suplentes que, lejos de coadyuvar, parecen apostar al desgaste de sus compañeros de fórmula. El ayuntamiento ha actuado correctamente al desestimar solicitudes que carecen de sustento fáctico, pero la tarea pendiente recae en la Fiscalía General del Estado.

Si la seguridad de los representantes populares se ve trastocada por amenazas de muerte y fugas de información en las carpetas de investigación, ¿qué puede esperar el ciudadano común? Acámbaro necesita que sus regidores se enfoquen en la seguridad de la ciudadanía y no en blindar sus domicilios. La resistencia de Selene González Cos no es solo por una curul, sino por la dignidad del servicio público frente a la coacción y la traición interna.

Gracias, gracias amigos internautas de Noticias Bajío Oficial, Política y Mercadotecnia en Guanajuato. Gracias InfoPuls para abrirnos espectro y también al Semanario del Sureste. Gracias, estamos en Acámbaro, hoy tocó Guanajuato. Estamos con la regidora del Partido Acción Nacional y además presidenta de este instituto político en esta ciudad, Selene González Cos. Ella es abogada de profesión. Abogada, buenos días, ¿cómo está?

Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su casa, Acámbaro, Guanajuato. Los recibimos con los brazos abiertos.

Gracias. Y amigos internautas, sociedad de Guanajuato, comentarles que ha pasado una situación en el interior del ayuntamiento y de ahí parte nuestra entrevista del día de hoy. Regidora, hubo una petición de la regidora suplente de fórmula de usted, Diana Guerrero Martínez. Ella es la regidora suplente donde pide, exige ser reincorporada ella al ayuntamiento local que preside la presidenta municipal también emanada del Partido Acción Nacional, Claudia Silva Campos, porque ella argumenta que usted pidió licencia y se ausenta de la ciudad.

Correctamente, en la sesión 53 que fue llevada el viernes pasado, yo fijé una postura sobre esa solicitud que hace mi suplente. Obviamente para mí como regidora de la fracción del Partido Acción Nacional y como presidenta del comité directivo municipal, pues ante todo por los principios que a nosotros nos rigen, el propio instituto político, siempre vamos a actuar pues con transparencia y rendición de cuentas a nuestro municipio o en este caso a mi encargo como tal. Desconozco por qué mi suplente haya escrito ese, haya presentado ese escrito en ese sentido, toda vez que como quedó claro en esa sesión de ayuntamiento y que inclusive se emitió un acuerdo por parte de de la presidenta en donde se desestima este dicho solicitud toda vez que yo jamás he solicitado ninguna licencia, toda vez que yo no me he ausentado de mi cargo. Entonces por ello es que pues se desestima toda esta situación, amén de que pues no es un tema que se, si fuese el caso como lo mencioné también, que se tuviera que haber tratado ante el ayuntamiento. Si hubiese alguna licencia o si hubiese alguna falta de mi parte a alguna sesión de ayuntamiento pues tal vez quien tendría que dar conocimiento o informe de esta situación a la persona interesada pues sería el Congreso del Estado o el ayuntamiento mismo.

La pide porque hay ausencia de la titular. Preguntarle también, tenemos conocimiento que hace algunos meses atrás usted hizo una denuncia penal en contra de quien resulte responsable porque la estaban amenazando de muerte. ¿Nos puede platicar un poco cómo va esa denuncia en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato?

Mire sí, efectivamente yo no había querido dar a conocer públicamente estos hechos por la situación pues tan lamentable que vivimos hoy en día en nuestro país. No solamente el político, como lo dice mucha ciudadanía, ah nada más cuando a ustedes les apriete el zapato ustedes sí quieren que a ustedes se les brinden todas las atenciones. No solo por eso, no es solamente esa situación. Obviamente pues a cualquier persona, cualquier ciudadano, lo más importante sabemos que el bien jurídico tutelado más importante en la ley como lo sabemos pues es la vida. Entonces ante ello pues este yo tomé la determinación personal porque obviamente es una querella, es un derecho personalísimo, de comparecer ante la fiscalía del estado, en específicamente aquí en mi municipio, para informar estas estos múltiples ataques que yo estaba sufriendo por parte de diversos perfiles este en Facebook. 

Y por ahí mencioné sobre un mensaje que me llegó en donde hacían alusión precisamente de que yo diera información sobre mi suplente para que tuviera la la autoridad alguna otra línea de investigación para que supieran por dónde ir. Pero la realidad es que hasta el momento yo no he recibido una resolución o una postura sobre esa carpeta de investigación por parte de la fiscalía. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no he recibido qué resolución haya tomado, yo no sé si la reservaron, si la archivaron. Obviamente si la hubiesen llevado ante un juez de control pues hubiese cambiado la situación, ¿no? Ya me estuvieran avisando a mí ya el, en este caso pues el Poder Judicial, caso que no ha ocurrido hasta el momento. Yo tuve un acercamiento justamente con el fiscal que lleva a cabo esta investigación el sábado pasado pero no me dio información sobre la resolución de la carpeta de investigación.

Si me permite, si me permite preguntarle dirigente del Partido Acción Nacional, la además regidora ya lo dije de Acámbaro Guanajuato, como que hubo presuntamente fuga de información en esta carpeta, tan así que se tuvo que abrir una nueva y atraer esa primaria debido a que pues se dice que estaba que estaba archivada y eso usted lo acaba de decir que no le han dicho que está archivada o en qué estatus se encuentra. ¿Nos puede platicar un poco por qué se abre una nueva carpeta?

Mire yo al acudir a la fiscalía, ahora sí que más allá pues del de querer que se investigue la situación que está ocurriendo conmigo, me entero por una rueda de prensa que la carpeta de investigación está archivada cosa que no me consta hasta hoy en día a mí no me consta. Sí se radica una nueva carpeta de investigación obviamente para que la fiscalía del estado pues deslinde responsabilidades de toda esta situación, que hagan su trabajo propiamente, que que ellos sigan investigando. Yo lo que pretendo es que ellos este frenen toda esta violencia que está existiendo en mi persona, esta violencia política de género porque esa es una realidad. Esto es una ya una violencia política de género que está este afectando, atañendo a mi persona, y pues yo ya lo dejo en manos de la fiscalía. Yo ya lo dejo en manos de ellos.

Preguntarle, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ella dice que es el tiempo de mujeres y que es el gobierno de la mujer. ¿Ha recibido algún apoyo?

Sí, de hecho yo estoy sumamente agradecida con con la gobernadora, con en este caso con mis dirigentes estatales del Partido Acción Nacional, Juanita de la Cruz y mi presidente Aldo Márquez. Obviamente ellos han mostrado toda solidaridad en toda esta situación que está pasando en mi persona. Cabe mencionar que la presidenta municipal lo dejó de manifiesto también, la presidenta municipal Claudia Silva Campos lo dejó de manifiesto en la sesión de ayuntamiento que cuento con todo el respaldo y todo el apoyo de ellos. Desde el día de ayer este por instrucciones de la Fiscalía General del Estado se han estado dando rondines por parte de la policía municipal a mi domicilio. A mí se inclusive se me se me pidió que si era mi de mi interés por parte de del del de este tanto de la fiscalía, porque son órganos distintos la fiscalía y gobierno del estado, si quería que yo tener este vigilancia permanente de por parte de de las fuerzas del del estado. O sea, yo yo fui muy clara y muy enfática en ese sentido que no, toda vez que la ciudadanía requiere obviamente de de que nuestras fuerzas policíacas estén enfocadas en la ciudadanía. Es eso básicamente.

José Arias Sanicolás:  

Claro que sí pues amigos, cuando se trastoca la seguridad de la familia o de un instituto político o de una sociedad no hay que dejarlo al "ahí se va", hay que tomar las cartas pertinentes para que esto termine y no pase a mayores. Preguntarle finalmente, me gustaría saber y seguramente la sociedad que también amablemente la conoce a usted aquí en Acámbaro y en el estado de Guanajuato, ¿qué mensaje le daría hoy usted a la mujer en el mes precisamente marzo, el día 8 de marzo se festeja a la mujer hoy hoy está siendo violentada usted? ¿Qué mensaje le daría hoy usted a la mujer que no tiene que no debe de ser violentada y que no tiene quien la defienda?

Cabe mencionar que afortunadamente gracias también a la encomienda de de la alcaldesa Claudia Silva Campos, yo soy precisamente la regidora de esa comisión. Vamos en en empezamos con diversas actividades este nada menos el viernes vamos a tener una marcha. Totalmente estoy en desacuerdo a la violencia a la mujer en cualquiera de sus ámbitos, en el físico, en el psicológico, en el social, en las redes, en lo laboral, de cualquier índole de violencia a la mujer. Hoy en día necesitamos la protección no solamente de las autoridades, tenemos que tener una empatía muy cercana todos todos como como seres humanos. Y principalmente nosotras como mujeres nosotras mismas protegernos. No estamos solas, existen las diversas institutos, el Instituto de la Mujer a nivel estado, aquí en el municipio de igual manera contamos con la Dirección de la Mujer. La misma procuraduría de justicia tiene las las agencias especializadas en violencia para la mujer. Y hoy en día pues decirles que cuentan con su regidora, yo soy la regidora de esa comisión, cuentan conmigo en lo que yo las pueda apoyar. Yo de igual manera en este momento que estoy siendo vulnerable en esta circunstancia en la que me encuentro sé que no estoy sola y sé que voy a luchar por mis derechos y precisamente lo estoy haciendo para motivar e incentivar a más mujeres a que hagan lo propio, a que sepan que no están solas, a que sepan que cuentan con todas sus autoridades y que yo estoy aquí para servirles.

Amigos gracias de verdad es un placer estar con ustedes y sobre todo agradecerle mucho a la regidora y presidenta del instituto Acción Nacional aquí en Acámbaro, a la abogada Selene González Cos darnos la oportunidad de conocer este hecho que no quede impune y sobre todo que usted amiga, amigo tiene que también saber que cuando hay pretensiones políticas o personales daña, se daña la moral, se daña la familia y esto no debe de pasar. Y pues simplemente decirles gracias regidora de verdad gracias, que no sea la última oportunidad que nos dé estar con usted ojalá que estemos en otros momentos donde sea algo más agradable.

Claro que sí.

Decirles gracias, hasta la próxima.

#MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

-El TEEG batea la denuncia de la regidora Diana Lino, confirmando que la crítica periodística no es violencia, sino un ejercicio democrático necesario.

-La sentencia de la magistrada Yari Zapata protege el "manto jurídico" de la prensa frente a los intentos de censura desde el poder municipal.

-Ana Luz Solís denuncia que el IEEG malgasta recursos públicos en perseguir periodistas mientras la integridad de las elecciones pende de un hilo.

La reciente sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato -TEEG-, bajo el expediente TEEG-PES-02/2026, no es solo un triunfo jurídico para los periodistas de News San Miguel; es una bofetada de realidad para una clase política que ha intentado, sistemáticamente, pervertir las leyes de protección a la mujer para convertirlas en un blindaje contra la rendición de cuentas. 

La regidora de Morena en San Miguel de Allende, Diana Carmín Lino Baena, pretendió utilizar la justicia electoral para silenciar una columna que simplemente exhibía nepotismo y conexiones de poder. El Tribunal, con una lucidez que se extrañaba en estas instancias, ha dicho: basta.

El reporte de Carlos García, corresponsal de La Jornada, publicado este 25 de febrero de 2026, detalla cómo la regidora intentó victimizarse alegando que mencionar a su esposo —director de Turismo en Celaya— o la presunta contratación de su hijo en la administración pública, la "invisibilizaba" por el hecho de ser mujer.

Esta narrativa, además de cínica, es profundamente peligrosa. La violencia política de género es una herida abierta en México, y utilizarla para intentar censurar a los comunicadores Ana Luz Solís Frías, Iván Joel Vázquez Huerta y Gabriela García es un insulto a las mujeres que realmente padecen violencia en la arena pública.

La columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no hizo más que ejercer un análisis acucioso sobre el actuar de una servidora pública. El hecho de que la regidora viviera en León antes de ocupar el cargo o que sus familiares directos estén incrustados en la nómina gubernamental son datos duros, de interés público y carácter estrictamente político. 

Informar no puede ser un acto "sospechoso". En Guanajuato, la legislación debe proteger la vida y la integridad, pero nunca debe usarse para amordazar la verdad bajo el pretexto de una "sensibilidad de género" malentendida. 

La regidora Diana Lino Baena olvidó que el escrutinio público es parte intrínseca del cargo por el que cobra y representa a los ciudadanos; si la exhibición de sus vínculos familiares y su trayectoria le parece "incómoda", el problema no es el periodista que lo señala, sino la falta de ética o la debilidad de los argumentos de quien ostenta el poder.

La sentencia del TEEG puntualiza que los periodistas gozan de una presunción de licitud en su actividad. Este es un concepto fundamental que los políticos en Guanajuato parecen ignorar: el periodista no tiene que probar su inocencia cada vez que publica una verdad incómoda; es el denunciante quien debe probar, con rigor, que hubo una violación a la ley. 

En este caso, la duda siempre debe favorecer a la libertad de prensa. La resolución deja claro que el uso de declaraciones incómodas es parte del debate público y que las figuras políticas tienen un umbral de tolerancia mucho más alto que el ciudadano común, precisamente por la naturaleza de su encargo.

El caso de News San Miguel pone de relieve una táctica cobarde: el hostigamiento judicial. Al alargar investigaciones por meses y obligar a los comunicadores a defenderse de cargos espurios, los organismos electorales se convierten en cómplices de la censura por cansancio. 

Es imperativo que el IEEG revalúe sus prioridades. La estructura electoral debe estar para vigilar la democracia, no para servir de garrote a regidores que no saben lidiar con la opinión pública.

El llamado a la responsabilidad

Llamemos a las cosas por su nombre: lo de la regidora fue un intento de censura judicial. Fue un uso faccioso de las leyes de género para intentar borrar del mapa informativo una crítica legítima. La sentencia del TEEG no solo absuelve a tres periodistas, sino que rescata el sentido común en la aplicación del derecho electoral. Guanajuato no necesita funcionarios que se escondan tras victimizaciones de papel; necesita representantes que respondan por sus actos y por la gente que colocan en la nómina.

Hoy, la libertad de expresión respira en San Miguel de Allende, pero la vigilancia sobre los órganos electorales que se prestan a estas farsas debe ser más férrea que nunca. No permitiremos que la lucha legítima de las mujeres por la igualdad sea utilizada como moneda de cambio para el silencio y la opacidad. 

La verdad, aunque incomode a la regidora Lino, seguirá circulando mientras existan periodistas con la valentía de exhibirla y tribunales con la entereza de protegerla. El mensaje es claro para la clase política: el género se respeta, el nepotismo se denuncia y la prensa se defiende.

Esta información no solo le da la razón a la sentencia del Tribunal Electoral, sino que desnuda una dinastía de la opacidad que se extiende como un cáncer burocrático entre San Miguel de Allende y Celaya. Lo que señala la periodista Ana Luz Solís en su columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no es un ataque de género; es una radiografía del "chapulinismo" y el nepotismo en su estado más puro.

El "Turismo de gorra", Carlos Olvera en Celaya

Resulta insultante para la ciudadanía de Celaya que la dirección de Turismo —un área vital para la reactivación económica y la imagen de una ciudad golpeada por la inseguridad— esté en manos de un personaje con los antecedentes que se le atribuyen.

Si los señalamientos sobre su salida de PROFECO en Aguascalientes por "malas prácticas" son ciertos, estamos ante un funcionario que no busca servir, sino servirse.

El hecho de que se le señale por "gorrear" en los establecimientos locales bajo el escudo de su cargo no es solo una falta de ética; es una extorsión velada hacia el sector que debería estar protegiendo y promoviendo. Un director de Turismo que espera que todo sea gratis es un lastre para el gremio restaurantero y hotelero.

La columna toca una fibra sensible: la falta de arraigo. Si Carmín Lino vivía en León meses antes de ser regidora en San Miguel de Allende, estamos ante una imposición cupular que ignora las necesidades de los sanmiguelenses.

El escudo de género como distracción: Ahora queda claro por qué la regidora intentó judicializar la columna. No le dolió la "invisibilización", le dolió la exhibición de su árbol genealógico en la nómina.

El hijo "bendecido": Que el hijo de la pareja tenga un sueldo del erario y pase el día "arranado" en la oficina de su madre es el epítome del descaro. Es una burla para miles de jóvenes preparados en Guanajuato que no encuentran empleo por no tener el apellido "adecuado".

Este caso demuestra cómo ciertos grupos de Morena —un partido que llegó al poder con la bandera de "no robar, no mentir y no traicionar"— han replicado las peores prácticas del viejo régimen.

-Sueldos como botín: Ven las regidurías y las direcciones no como espacios de gestión, sino como una caja chica familiar.

-Incompetencia compartida: El señalamiento de que el gobierno de Juan Miguel Ramírez en Celaya ha llegado con "gente sin experiencia ni capacidad" se confirma al ver perfiles como el de Olvera al frente de carteras estratégicas.

Lo que Ana Luz Solís describe no es periodismo de espectáculos; es periodismo de denuncia sobre el desvío de fines del poder público. Carlos Olvera y Carmín Lino representan esa clase política "vividora" que no tiene ideología, sino hambre de presupuesto.

"La dignidad política no se compra en el mercado de Cañitos, y por lo visto, en esta familia ni siquiera saben a qué sabe": Ana Luz Solís.

Es patético que, ante señalamientos tan directos sobre el uso del erario para mantener a su hijo y sobre su conducta errática en puestos anteriores, la respuesta de la regidora haya sido ir al Tribunal a decir que "la minimizan por ser mujer". Minimizar la política es lo que ellos hacen al convertir un Cabildo y una Dirección de Turismo en una extensión de su sala de estar.

Celaya y San Miguel de Allende merecen funcionarios que paguen su cuenta, que tengan arraigo y que no necesiten que el Tribunal Electoral les limpie la cara cuando la verdad les salpica. #MetroNewsMx

-Nepotismo y complicidad: El rostro de la "esperanza" en Celaya

-La regidora de Movimiento Ciudadano, Carmen Ortiz Jamaica, es señalada como presunta defensora legal de su hermano en un caso de estafa y robo.

-El poder público utilizado como blindaje jurídico para proteger intereses familiares por encima de la justicia ciudadana.

-Una empresaria local denuncia el robo de electrodomésticos y el abandono de una obra tras pagar 1.5 millones de pesos.

-La indiferencia de la representante popular ante los reclamos de las víctimas confirma la desconexión moral con su cargo.

-El silencio institucional y la "tapadera" familiar erosionan la ya frágil confianza en el Ayuntamiento de Celaya.

Los periodistas Lynnet Rubio y Marco Mancera, exhiben a través de VIA en un trabajo profesional periodístico, presentan un caso vergonzoso que va de la mano con la realidad de la administración municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez, nepotismo y corrupción. 

Lo que se evidencia en la denuncia contra la regidora de Movimiento Ciudadano en Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, no es solo un pleito entre particulares; es el retrato hablado de la degradación del servicio público convertida en despacho de defensa familiar. Cuando una representante del pueblo decide cambiar el interés general por la protección jurídica de un hermano acusado de estafa y robo, el cargo de regidora deja de ser una responsabilidad civil para convertirse en un escudo de impunidad.

El testimonio de la empresaria afectada es devastador por su sencillez: un pago de un millón y medio de pesos, una obra inconclusa y el robo literal de electrodomésticos bajo el pretexto de "resguardarlos". Sin embargo, el filo de esta indignación no corta por la acción del hermano, Juan Ortiz Jamaica, sino por la participación activa de la regidora, quien, según la denuncia, fungió como abogada defensora a pesar de conocer de antemano el origen ilícito del conflicto.

Resulta éticamente insostenible que una integrante del Ayuntamiento de Celaya se siente en el pleno para discutir el futuro de la ciudad, mientras en los juzgados penales batalla para evitar que su familia responda por actos de rapiña doméstica y fraude comercial.

La respuesta de la regidora ante los reclamos de la víctima —un recurrente "no sé dónde está mi hermano"— es de una pobreza moral absoluta. No es solo indiferencia; es complicidad activa por omisión. Al negar el paradero de los responsables y mostrar una "indiferencia sistemática" ante los medios de comunicación, Ortiz Jamaica no solo le falla a una ciudadana, sino que traiciona los principios de honestidad y transparencia que su propio partido suele pregonar.

El periodismo local lo define con claridad: la regidora está actuando como una "tapadera". En un estado como Guanajuato, donde la violencia y la falta de estado de derecho son el pan de cada día, que una autoridad municipal utilice su influencia y conocimientos legales para blindar a presuntos delincuentes dentro de su propio árbol genealógico es un mensaje perverso para la sociedad.

Si para recuperar lo robado la víctima tuvo que enfrentarse no solo al estafador, sino a la estructura legal encabezada por una regidora, estamos ante un caso de abuso de poder simbólico y material. Celaya no necesita representantes que litiguen a favor de la infamia familiar; necesita servidores que entiendan que su primera lealtad es con la ley, no con la sangre.

Lynnet Rubio: 

Recibimos en la redacción de Vía Noticias una denuncia por parte de una empresaria de Celaya de un negocio muy conocido de la ciudad que lamentablemente fue estafada por un hermano de la regidora Carmen Ortiz Jamaica de Movimiento Ciudadano en el municipio de Celaya. Este hombre, que al parecer se dedica a la construcción y tiene una empresa de la cual conocerán durante la nota de mi compañero Marco Mancera, pues le ofreció sus servicios, le quedó muy mal, le robó los electrodomésticos de su casa y no ha terminado de entregarle la obra que ella pagó para que le llevaran a cabo. El problema es este, pero el mayor problema es que quien ha estado defendiendo como abogada a su hermano es la propia regidora del Ayuntamiento, Carmen Ortiz Jamaica, en lo que pareciera pues que es el aprovechar su posición como regidora para defender al hermano que lamentablemente estafó a esta empresaria celayense. Aquí le presentamos todos los detalles de esta denuncia.

La regidora del Ayuntamiento de Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una conocida empresaria celayense, a quien llamaremos Mari por seguridad, hiciera pública una grave denuncia ante Vía Noticias. De acuerdo con su testimonio, Juan Ortiz Jamaica, hermano de la regidora, a través de su empresa Jaro Construcciones, habría dejado inconclusa la construcción de su vivienda pese a haber recibido un pago anticipado de alrededor de un millón y medio de pesos. La empresaria señala que además de dejar la obra a medias y con materiales de baja calidad, tuvo que interponer una denuncia penal por el presunto robo de electrodomésticos cometido asegura por los hermanos de la regidora.

Este... nunca me entregaron ni nada y aparte de de que me iban a entregar me robaron todos mis electrodomésticos.

¿cómo fue esa parte?

ellos me llevaron a Whirlpool y ellos me dijeron: Oiga señora dice antes de que usted termine su casa para no dejarlos ahí no se los vayan a robar ¿por qué no los resguardo?

Era ¿una bodega de ellos o qué?

sí, bodega de ellos y me dijo ahí dijo: Cuando nosotros terminemos su casa yo se los ponemos y nunca me los nunca se los entregaron. Nunca me los entregaron hasta que yo hice la demanda, demanda que yo ya tengo y este entonces yo le anduve buscando a a Hugo a su hijo a él a Juan Ortiz y a este Hugo su hijo del señor.

¿con quién se hizo el trato? ¿con Hugo?

no, con el con el papá... con con Juan con Juan Ortiz él exingeniero exingeniero hermano de la regidora regidora que ahora tenemos es hermano y todo es la la regidora Carmen Ortiz Jamaica y este entonces yo los anduve buscando y todo eso. Entonces cuando yo demandé a a este Hugo porque fue quien se robó todos mis electrodomésticos y pues puse también a su papá entonces está su defensora está Carmen Carmen Ortiz Jamaica a su defensora y ella sabía de antemano que su hermano me había robado y que no había terminado mi casa.

En dicho proceso Carmen Ortiz Jamaica defendió legalmente a su familia perdiendo el caso. Pese a ello aún se le adeuda cerca de un millón de pesos además de los gastos por reparaciones situación que quedó asentada en un acta notariada. La denunciante afirma estar cansada de cobrar y de que la regidora niegue el paradero de sus hermanos.

Ella varias veces que yo me la encuentro le digo: Oye dile a tu hermano que me pague. Y siempre me dice: Es que no sé yo no sé es que no sé dónde está no sé qué tal por favor. O sea ¿cómo no saber o sea o sea pues lavándose las manos y creo que no se me hace justo porque ella de antemano sabe de que que me deben ellos y ella cuando yo metí la demanda yo la volví a ver ahí en los juzgados y le dije.

¿metió una demanda penal?

sí por el robo de los electrodomésticos ahí te la gané ya la gané el otro año me la pagan y eso porque gracias a Dios tuve buenos jueces y ya no les convino y qué casualidad que me pagaron cuando el juez ya les dice lo que me tienen que pagar luego luego me fueron a dejar mi lana o sea primero me hicieron gastar. Sigue inconclusa y yo la tuve que terminar y he gastado y hasta la fecha sigo gastando dinero pues que me pague que me dé o sea que me pague lo lo que me robó que me pague mis daños nada más yo no le estoy pidiendo nada yo estoy pidiendo lo justo qué poca madre la verdad o sea sinceramente que poca madre que tengan dignidad y más sabiendo sabiendo antes y después que ella sabe de antemano que ellos no me han pagado y ella quedó con el abogado de acercarse para llegar a un acuerdo y fecha que nunca llegó.

Lynnet Rubio: 

Vale la pena resaltar que la primera denuncia hecha por la empresaria celayense ya se ganó en el ámbito de lo penal y tuvieron que devolverle o pagarle los electrodomésticos que le habían robado ahora interpondrá una nueva denuncia en contra de este constructor a fin de que repare las cosas que faltaron en la casa y bueno pues ojalá que la regidora la piense dos veces antes de seguir defendiendo a su hermano en lugar de hacer frente a sus responsabilidades. Quiero decirle que personalmente me comuniqué con la regidora Carmen Ortiz Jamaica para decirle sobre esta denuncia y nunca mostró interés ni siquiera un poco de interés en acercarse a esta redacción para poder aclarar este asunto. Hablamos de esta denuncia con el propósito de que las partes interesadas conocieran de esta situación y llegara a un acuerdo y sistemáticamente pues mostró indiferencia para poder resolver este asunto entre particulares. Una pena que quienes hoy están en un cargo público y que deberían de conducirse con verticalidad con honestidad pues lamentablemente estén siendo tapaderas de estos casos.

-El funcionario Celso Antonio enfrenta un juicio oral ordinario por reconocimiento de paternidad promovido por una ciudadana identificada como Araceli.

-La Jueza Yessica Daniela López Macías ordenó transparentar el salario y prestaciones que el demandado percibe en la administración municipal 2024-2027.

-El ayuntamiento de San José Iturbide cuenta con un plazo de tres días hábiles para responder o enfrentará sanciones económicas.

-¿Debe ser inhabilitado el regidor del Ayuntamiento de San José Iturbide?

-Celso Antonio recibe una remuneración bruta mensual de 101,414.40 pesos como regidor.

-El sueldo neto del funcionario tras deducciones asciende a 76,374.68 pesos mensuales.

-La información oficial fue actualizada por el área de Recursos Humanos al cierre de septiembre de 2025.

La política en México suele estar plagada de simulaciones, pero pocas son tan lacerantes como aquellas que tocan la integridad y el derecho de los menores. El caso que hoy sacude a San José Iturbide, -dado a conocer por el medio digital Periódico Noreste de Guanajuato (https://norestegto.com/demandan-por-reconocimiento-de-paternidad-a-regidor-iturbidense/ )- donde un regidor del actual Ayuntamiento enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad, no es solo un asunto de índole privada; es un síntoma de la descomposición ética que impera en los pasillos del poder municipal.

Resulta paradójico que quienes ocupan una silla en el Cabildo para vigilar la legalidad y el bienestar de una comunidad, sean los mismos que arrastran deudas morales y legales en su ámbito más íntimo. La demanda interpuesta contra el funcionario, cuya identidad se reserva por protección al menor involucrado, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la utilización de la influencia política para postergar o evadir responsabilidades que a cualquier ciudadano común le costarían el escarnio y la sanción inmediata.

El análisis de fondo no debe centrarse únicamente en la disputa biológica, sino en la calidad moral de quienes nos representan. ¿Con qué autoridad un edil puede votar reglamentos, aprobar presupuestos o exigir orden ciudadano cuando en su propia vida personal niega el derecho más elemental de un niño: la identidad? La paternidad responsable no es una opción, es un deber jurídico y humano que no debería estar sujeto a negociaciones políticas ni a tácticas de dilación procesal.

Lamentablemente, como bien se observa en la dinámica de las leyes en nuestro país, a menudo estas parecen diseñadas para proteger intereses particulares o sostener cuotas de poder antes que para garantizar el sano juicio y el sentido común. En Guanajuato, la figura del servidor público debería ser ejemplar, pero casos como este demuestran que el fuero o la jerarquía siguen operando como un escudo invisible.

La justicia iturbidense tiene ahora una oportunidad crucial. No se trata solo de un examen de ADN, sino de una prueba de fuego para el sistema judicial y para el propio Ayuntamiento. Mantener en el cargo a alguien que evade el reconocimiento de su propia sangre envía un mensaje de impunidad absoluta. La ética pública debe empezar por casa, y si un regidor no es capaz de ser padre, difícilmente podrá ser un representante digno de su pueblo.

El proceso legal por reconocimiento de paternidad en contra de Celso Antonio, actual regidor del municipio de San José Iturbide, ha tomado un nuevo giro tras la intervención del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En seguimiento a lo ordenado en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de enero de 2026, el juzgado ha emitido un requerimiento formal para conocer los ingresos reales del servidor público.

La Licenciada Yessica Daniela López Macías, Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar, solicitó de manera oficial que se informe si el regidor se encuentra laborando activamente en la presente administración y, de ser así, se detalle el monto exacto de su salario y las prestaciones adicionales que recibe por su cargo. Esta medida busca asegurar la suficiencia de los recursos para el cumplimiento de las posibles obligaciones derivadas del juicio promovido por la parte actora, Araceli.

La autoridad judicial fue enfática al establecer un periodo de tres días hábiles para la entrega de dicha información, contados a partir de la recepción del documento emitido el 13 de enero de 2026. En caso de omisión o retraso por parte de la autoridad municipal responsable de la nómina, se aplicará una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, como medida de apercibimiento legal.

En un ejercicio de transparencia administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato reveló los detalles salariales correspondientes al ayuntamiento de San José Iturbide para el ejercicio 2025. Los datos oficiales arrojan luz sobre las percepciones de los integrantes del cabildo, destacando el caso del regidor Celso Antonio.

De acuerdo con el tabulador de sueldos reportado por la unidad de Recursos Humanos, el funcionario, adscrito al área de regidores bajo el nivel de puesto 0, tiene asignada una remuneración mensual bruta de 101,414.40 pesos. Tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones de ley, el monto neto que percibe el servidor público se sitúa en 76,374.68 pesos mensuales.

El reporte detalla que este periodo informativo abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, periodo en el cual el regidor se desempeña como regidor en la actual administración municipal. La actualización de estos datos, disponible para consulta pública, fue validada el 30 de septiembre del año en curso, garantizando el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos destinados a la nómina del servicio público iturbidense.

"Por el presente y en cumplimiento a lo ordenado en audiencia preliminar de fecha 12 de enero de 2026, celebrada dentro del expediente al rubro citado, referente al Juicio Oral Ordinario, promovido por Araceli en contra de Celso Antonio sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, le requiero a Usted para que informe, dentro del término legal de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que reciba el presente, si Celso Antonio con CURP [censurada] se encuentra laborando como regidor en funciones dentro de la Administración Municipal de San José Iturbide, Guanajuato periodo 2024-2027 y en caso afirmativo el monto del salario más prestaciones que percibe por concepto de su trabajo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le concede, se le aplicara una multa de 10 unidades de medida y actualización, multa que asciende a la cantidad de $1,131.4 (mil ciento treinta y un pesos 4/100 M.N)."

"Le reitero las seguridades de mi consideración y respeto."

"ATENTAMENTE

San José Iturbide, Guanajuato a 13 de enero del 2026."

"Licenciada Yessica Daniela López Macías.

Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar."