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Redacción Editorial

Los mismos regidores involucrados en el presunto peculado al municipio de San José de Iturbide (https://www.metronewsmx.com/2026/05/la-gran-estafa-de-los-regidores-sueldos.html ), vuelven a hacer de la suyas y ahora buscaron impedir una acción del alcalde iturbidense. Sin embargo, en dos sesiones de Cabildo extraordinarias -la LXVII y la LXVIII- mostraron la incongruencia de primero votar en contra y luego a favor, con tres horas de diferencia. 

Para entender con precisión la gravedad de lo que ocurre en ese lapso, hay que desmenuzar la cronología exacta de los hechos del 19 de mayo de 2026. No fue ante un simple cambio de opinión, sino el uso faccioso de la normatividad municipal para subsanar un cálculo político fallido por parte de los mismos regidores quienes podrían estar mostrando la incapacidad para tomar decisiones en el Cabildo o el cinismo para buscar "monedas de cambio" para sus muy personales intereses.



La sesión de cabildo LXVII: La votación en contra

En la Sesión LXVII, el bloque de regidores opositores decide armar un frente común. Su estrategia consistió en usar un argumento técnico válido: "el expediente nos llegó hace dos horas, no podemos votar algo que no hemos analizado".

¿Cuál fue el error de los regidores? En su afán de presionar al alcalde Manuel Montes de la Vega y demostrarle que ellos tenían el control del Cabildo, votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo y forzaron que el asunto se enviara a la Comisión de Desarrollo Urbano. Ellos pensaron que al "bajarlo a comisión" congelarían el tema, obligando al alcalde a sentarse a negociar bajo sus términos y tiempos en los días subsecuentes. No midieron que el Ejecutivo sabía perfectamente lo que estaba haciendo.

Al clausurarse la primera sesión a las 14:10 horas, el expediente pasa formalmente a la comisión. Es en estas tres horas y veinte minutos donde se cae la máscara de la legalidad:

-El alcalde, sabiendo que el municipio no expropia sino que solo remite el expediente al Estado, y urgido por liberar el camino, opera políticamente desde su trinchera.
-Se convoca de manera fast-track a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano. En una sesión relámpago, sin debates reales ni análisis de campo, se redacta y se firma el Dictamen 05/CDUIOET/2026 que aprueba por "unanimidad" de sus miembros el inicio de la expropiación.
-Para lograr que los mismos regidores que pretendían congelar el asunto firmaran ese dictamen a favor en un par de horas, tuvo que ocurrir algo que les dejaría ver su error, ignorancia o exhibición de cinismo.


La sesión extraordinaria LXVIII de la tarde: El "siempre sí" (17:32 a 17:46 hrs)

A las 17:32 horas se abre la Sesión LXVIII. El alcalde no se encuentra presente. La Síndico municipal preside una sesión que dura apenas 14 minutos.

Los mismos regidores que cuatro horas antes se desgarraban las vestiduras exigiendo dictámenes de terceros y derecho de vía, levantan la mano sumisamente para aprobar exactamente el mismo expediente que en la mañana calificaron de "improvisado".

Para intentar salvar el pellejo político ante el acta de cabildo, utilizan la justificación más cínica posible: el regidor Luis Martín Herrera toma la palabra para decir que "como ya pasó por comisión", ahora sí tienen la certeza jurídica. Es una simulación absoluta: nadie analiza, dictamina y subsana un expediente de expropiación rústica complejo en un intermedio de tres horas mientras se come.

Resultaría una burla para los iturbidenses, nuevamente, que los regidores abusen de un puesto que el pueblo les otorgó para servir al mismo pueblo y no para servirse ellos como ya se ha evidenciado mediáticamente (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ). Es importante ver el contraste del tiempo real con el tiempo burocrático. Un proceso administrativo real toma días; un proceso que se resuelve en tres horas entre dos sesiones extraordinarias el mismo día evidencia que la burocracia fue torcida para legalizar algo que por sí no requería de dos sesiones extraordinarias.

No se trató de un "procedimiento regular de comisiones", sino la convocatoria consecutiva de sesiones extraordinarias para votar lo mismo, lo que evidencia una anomalía democrática utilizada para romper resistencias políticas.
Se evidencia ahora una "docilidad" y el "sometimiento" de un cuerpo de regidores que priorizó la protección de sus prebendas sobre la congruencia legislativa.

Los regidores evidenciaron ¿ignorancia o cinismo?

Al revisar con precisión el dictamen y las intervenciones del secretario —quien lo recalca en la primera sesión al decirse «en el entendido de que solamente se autoriza con este acuerdo el inicio del procedimiento, no se está expropiando porque esa es facultad del gobierno del estado»— se evidencia que el municipio es un simple remitente. El ayuntamiento no tenía la facultad de decretar la expropiación, ni de fijar la indemnización, ni de validar los planos definitivos; su único papel era votar si enviaba o no el expediente a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que allá se realizara el verdadero análisis técnico y legal.

Al cruzar este dato con la investigación de los "sueldos dorados" presentada por Metro News la semana pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/penas-de-2-10-anos-de-carcel-por.html ) y el cambio de postura en cuatro horas, la actitud de los regidores de San José de Iturbide queda expuesta bajo tres ópticas críticas.

La primera es la descomunal ignorancia o cinismo procedimental, ya que si los regidores opositores sabían perfectamente que el municipio era solo un puente de trámite y que la revisión de fondo le correspondía al Estado, sus argumentos de la mañana sobre "la falta de dictámenes técnicos de terceros" o "el análisis profundo del derecho de vía" fueron meros pretextos. Usaron tecnicismos legales de forma deliberada para entrampar la sesión, sabiendo que esos requisitos ni siquiera les correspondía validarlos a ellos en esa etapa. Si no lo sabían, demuestra una preocupante falta de preparación para el cargo que ostentan; si lo sabían, evidencia un cinismo absoluto para justificar el freno político.

El segundo aspecto es el "voto en contra" como herramienta de extorsión política. Al detectar que la expropiación no dependía de ellos, queda claro que el bloqueo matutino del bloque de Luis Martín Herrera, Celso Antonio Mata y Víctor Metodio Basaldúa no fue un acto de responsabilidad legislativa ni de protección a los derechos de la particular Rosa María García Aguilar. 

Fue la activación de un mecanismo de presión. Detuvieron el trámite sabiendo la extrema urgencia que tenía el alcalde por enviar el expediente al Estado. Cuatro horas después, tras una negociación fast-track en la Comisión de Desarrollo Urbano, el discurso cambió radicalmente: el regidor Luis Martín Herrera Soto pasó de exigir estudios exhaustivos a decir que el expediente "no tiene ninguna ilegalidad" y que el municipio "es únicamente el puente". La velocidad del cambio confirma que el voto en contra de la mañana fue usado como mercancía de intercambio.

La actitud de los regidores que cambiaron su voto refleja una clara prioridad: la supervivencia de sus propias canonjías económicas. En un Cabildo exhibido por percibir salarios que superan los 100 mil pesos mensuales con nula productividad, confrontar permanentemente al Ejecutivo —quien maneja las partidas presupuestales y los bonos discrecionales— resulta contraproducente para sus bolsillos. El bloque opositor midió fuerzas en la mañana, forzó la negociación en la tarde y al final, quedarían como un grupo de gentes que muestran su poco interés por los asuntos de San José de Iturbide. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Redacción Editorial

-Regidores de SJI enfrentarían penas de prisión por autoaprobarse sueldos.
-Ediles forzarían sesión privada para revocar la austeridad salarial, violando la Ley de Responsabilidades.
-Regidores votarían a favor de su propio aumento patrimonial, priorizando sus dietas sobre el erario.
-La ley estatal contemplaría la destitución e inhabilitación de ediles por privilegiar beneficios personales.
-El secretario del cabildo, Raúl Tapia enfrentaría cargos de coparticipación en peculado por validar actos que él mismo tachó de ilegales.
-El mismo certificó acuerdos viciados, facilitando el desvío de recursos públicos en SJI.
-Denunciarían ocultamiento de actas de sesiones clave para esconder el conflicto de sueldos ante la ciudadanía.
-La ASEG podría exigir el reintegro total de los sueldos excedentes cobrados por la mayoría del Cabildo iturbidense.
-Alcalde y síndica se deslindan del presunto saqueo al votar contra los privilegios y defender los tabuladores.
-Investigación expondría cómo convirtieron el Cabildo en "caja de cobro" privada mediante sesiones irregulares.

La crónica de las Sesiones 29, 30 y 56 del Ayuntamiento de San José de Iturbide no es solo el registro de una disputa política; es el expediente clínico de una patología administrativa que ha derivado en un posible daño patrimonial sistemático. Tras haber exhibido cómo los regidores de diversas fracciones partidistas secuestraron la operatividad municipal para blindar sus dietas, se llega el momento de llamar a las cosas por su nombre legal. En Guanajuato, la auto-aprobación de sueldos por encima de los topes legales y el uso de sesiones privadas para beneficios personales no son solo graves faltas éticas; son faltas administrativas graves y delitos penales tipificados.

Esta es la quinta y última entrega del reportaje de la serie de investigación. En este cierre, se trasciende la crónica de las sesiones para entrar en el terreno de las consecuencias legales. Basado en la legislación vigente del Estado de Guanajuato, este artículo detalla las sanciones administrativas y penales que penden sobre los ediles que, mediante el uso de sesiones privadas y bloqueos institucionales, han priorizado su beneficio económico sobre el marco legal de austeridad.

Los delitos que podrían haber incurrido los regidores tras las sesiones 29, 30 y 56

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el actuar de la mayoría del Cabildo encuadra en conductas que ameritan la destitución e inhabilitación inmediata.

-Abuso de Funciones (Art. 57): Los regidores incurrieron en esta falta al ejercer sus atribuciones para realizar actos arbitrarios, como fue el forzar la Sesión 30 con carácter de privada para revocar un acuerdo de austeridad salarial. Al hacerlo, violentaron el principio de máxima publicidad y legalidad, actuando bajo una "responsabilidad" que el propio secretario del Ayuntamiento calificó como improcedente.
-Conflicto de Interés (Art. 58): Esta es quizá la falta más evidente. Los ediles intervinieron y votaron en asuntos donde tenían un interés personal directo: su propio salario. Al votar para "dejar sin efectos" la reducción de dietas en la Sesión 30, cada regidor que levantó la mano -incluyendo a Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Ferro, quienes encabezaron la "rebelión en la granja"- privilegió su patrimonio sobre el erario.

-Las Sanciones: Por estas faltas graves, la ley contempla la destitución del cargo y una inhabilitación temporal para desempeñar empleos públicos de uno a diez años, además de sanciones económicas que podrían duplicar el beneficio obtenido indebidamente.

También se aplicarían sanciones penales: Peculado y ejercicio indebido

El Código Penal para el Estado de Guanajuato es aún más severo con quienes disponen de los recursos públicos para fines personales.

-Peculado (Art. 255): Al utilizar su poder de voto para disponer de recursos del municipio -el excedente salarial cobrado fuera de los márgenes del Congreso- en beneficio propio, los regidores caerían en el supuesto de peculado. El cobro de sueldos superiores al tope, fundamentado en un acta viciada -la No. 30-, constituiría una distracción de fondos públicos.

De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Guanajuato, las penas aplicables al delito de peculado, previsto en el Artículo 255, se determinan en función del monto de los recursos públicos distraídos o utilizados indebidamente.

Las sanciones se desglosan de la siguiente manera:
-Pena general de prisión: Se imponen de dos a diez años de prisión.
-Sanción económica: Se aplican de cien a mil días de multa.
-Pena administrativa: Se impone la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
-La agravante específica: Si el sujeto activo -en este caso, los regidores involucrados- restituye el monto de los recursos distraídos antes de que se dicte sentencia, la pena de prisión puede reducirse, aunque la responsabilidad penal y administrativa permanece como un precedente de conducta grave.

Análisis de la situación conforme a las actas

En el caso específico de San José de Iturbide, el uso del poder de voto en la sesión privada No. 30 para revocar el ajuste salarial y mantener sueldos por encima de los topes legales constituye la conducta descrita en el tipo penal: la distracción de fondos públicos para beneficio propio. Al fundamentarse este cobro en un acta que el propio secretario del Ayuntamiento calificó como carente de firmeza e improcedente, se refuerza la configuración del dolo en el delito de peculado.

Ejercicio Indebido de Funciones Públicas (Art. 248): Este delito se configura cuando el servidor público se otorga a sí mismo remuneraciones no autorizadas por la ley. Al rechazar sistemáticamente los topes salariales recomendados por el Congreso Local , y validarse sueldos de oro en una sesión privada, los involucrados enfrentan penas de dos a diez años de prisión.

El juicio de la Auditoria Superior del estado de Guanajuato: El daño patrimonial

Más allá de la cárcel o la destitución, el bolsillo de los regidores también está en riesgo. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato -ASEG- tiene la facultad de emitir pliegos de observaciones resarcitorios.

Cualquier pago realizado por encima de los tabulados legales, especialmente cuando existe una advertencia de ilegalidad en el acta por parte del Secretario, se considera un daño patrimonial. La ASEG puede -y debe-exigir el reintegro total de las cantidades cobradas excedentes, más intereses. Los regidores que hoy se sienten protegidos por su mayoría de ocho votos, podrían verse obligados en el futuro cercano a devolver cada peso que le arrebataron a los servicios públicos de San José de Iturbide.

Y el secretario del cabildo, Raúl Tapia, ¿también alcanza sanción?

La respuesta es sí. El secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, no solo es sujeto de sanciones, sino que su responsabilidad es de una naturaleza técnica agravada por el cargo que ostenta como garante de la legalidad del Ayuntamiento.

De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de Guanajuato, las sanciones para el Secretario se fundamentarían en los siguientes rubros:

-Sanciones penales: Coparticipación en el peculado. Al dar fe pública y procesar las actas donde se autorizaron remuneraciones fuera de los márgenes legales, el Secretario podría ser considerado copartícipe o auxiliador en el delito de Peculado (Art. 255 del Código Penal para ele stado de Guanajuato).
-La pena: Prisión de dos a diez años y de cien a mil días de multa.
-Ejercicio indebido de funciones -Art. 248-: Al haber permitido y certificado una sesión -la No. 30- para fines de auto-aprobación salarial, reconociendo él mismo por escrito que el acto "carecía de firmeza" e "ilegalidad", se configura el dolo en el ejercicio de su cargo.

-Sanciones administrativas: Incumplimiento de deberes. Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el Secretario cometió faltas que ameritan su remoción:* 
-Incumplimiento de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato (Art. 128, Fracc. IV): El secretario tiene la obligación legal de orientar y asesorar al Ayuntamiento en los asuntos de su competencia. Al decir "bajo su más estricta responsabilidad" y proceder con una votación que él sabía ilegal, renunció a su función de control preventivo.
-Abuso de Funciones (Art. 57): Al convalidar vicios en la convocatoria de la Sesión 56 bajo el argumento de que "la mayoría manda", el Secretario otorgó validez administrativa a un acto que violaba los plazos legales de transparencia y entrega de anexos.
-Sanción: Estas faltas se consideran graves y pueden resultar en la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos de uno a diez años.

-Sanción por Ocultamiento de Información (Transparencia)

El secretario es el responsable de la integración y remisión de las actas a la Gaceta Municipal y al portal de Transparencia.

-La "jugarreta": El ocultamiento selectivo de las actas No. 30 y No. 56 -donde consta el conflicto de sueldos- mientras se publica la No. 29, constituye una violación al principio de Máxima Publicidad.
-Sanción: El IACIP -Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato- puede imponer multas personales al Secretario y dar vista a la Contraloría Municipal para iniciar un proceso de sanción por obstrucción de la transparencia.

El secretario no puede escudarse en que los regidores lo "obligaron" y menos en un "yo no sabía". Su firma en el acta y su "doy fe" son actos de autoridad que validaron el desvío de recursos. Al reconocer el vicio legal en la Sesión 30 y aun así certificar el acuerdo, Tapia Ramírez pasó de ser un funcionario técnico a un facilitador administrativo de una ilegalidad, lo que lo coloca en la misma línea de responsabilidad que los ocho regidores que votaron a favor.

La actitud del alcalde y la síndica: Los únicos que defendieron el erario

Es fundamental resaltar que en este proceso, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega y la síndica María Guadalupe Sinecio Hernández han dejado constancia documental de su oposición al saqueo. En la sesión 56, el alcalde fue claro: los sueldos deben apegarse a lo recomendado por el Congreso. Al votar sistemáticamente en contra de los privilegios del cabildo, ambos funcionarios se han blindado jurídicamente ante las futuras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la ASEG.

San José de Iturbide ha sido testigo de una simulación legislativa sin precedentes. Los regidores convirtieron el Salón de Cabildo en una caja de cobro personal. Sin embargo, las actas están ahí; son pruebas irrefutables de que se violó el procedimiento, se ocultó información al pueblo y se privilegió el interés privado sobre el bien común.

El reportaje termina aquí, pero la acción legal apenas comenzaría. El Congreso del Estado y las autoridades fiscalizadoras tienen en sus manos los elementos para desarticular este esquema de saqueo. El pueblo de Iturbide ya conoce los nombres y las acciones de quienes, bajo la máscara de la fiscalización, solo buscaban llenar sus bolsillos. El botín ha sido expuesto; ahora toca que la ley recupere lo que le pertenece a la ciudadanía. 

El reportaje completo
-¿La gran estafa de los regidores?: Sueldos a modo en San José de Iturbide
-Los regidores y el "botín de SJI": La sesión 29 y el argumento de la "fiscalización"
-San José Iturbide y la sesión 30: Pacto "en lo oscurito" para "cobrarse a lo chino"
-Los regidores de SJI en la Sesión 56: ¿Desaparecen acta de Ayuntamiento para ocultar fechoría?
-Penas de 2 a 10 años de cárcel por peculado podrían darse a regidores de SJI
#MetroNewsMx


Redacción Editorial

-En un cierre de año marcado por el atropello a la legalidad, el bloque opositor aprobó el Presupuesto 2026 "convalidando" irregularidades y sepultando definitivamente el ajuste salarial en San José de Iturbide.

Si alguien esperaba que la sensatez o el respeto a la Ley Orgánica Municipal regresaran al Salón de Cabildo de San José de Iturbide al finalizar el 2025, la Sesión Ordinaria número 56, celebrada el 30 de diciembre a las 18:00 horas, terminó por sepultar esa esperanza. Lo que debió ser un ejercicio de responsabilidad financiera para el ejercicio fiscal 2026, se convirtió en la última coreografía de un Cabildo que, bajo la mayoría de ocho votos, decidió que la legalidad es opcional cuando se trata de asegurar el flujo de recursos para sus propios intereses.

Esta es la cuarta entrega de la serie de investigación. En este reporte,  se desnuda la Sesión Ordinaria No. 56, celebrada el 30 de diciembre de 2025. En esta sesión, el Cabildo cerró el año consolidando el blindaje de sus ingresos mediante un Presupuesto de Egresos 2026 aprobado a empujones, ignorando los vicios de ilegalidad en la convocatoria y aplastando, una vez más, la propuesta de austeridad del alcalde.

Un detalle que es digno de señalar es que el acta de la sesión 29, donde inició la actitud del grupo de regidores que buscaban proteger su cheque de dieta, sí aparece publicada en la sección de transparencia del municipio, en la Gaceta Municipal. La sesión 30, que señalaron como cerrada no aparece, pero lo que es inexplicable es la falta del acta No. 56, que fue abierta y que, en el marco de las obligaciones del secretario del Cabildo iturbidense, Raúl Tapia, debió de haber enviado para su publicación en el espacio de Transparencia.

El secretario del Cabildo de San José de Iturbide, ¿actuó de manera amañada?

Hay una información que se desprende de las tres actas de cabildo analizadas en esta serie del reportaje denominado "San José de Iturbide: ¿Regidores saquean cínicamente al municipio?" y que es la pieza de convicción que faltaba para confirmar que en San José de Iturbide se operó una estrategia de ocultamiento deliberado.

Si el Acta 29 está publicada -donde los regidores aún guardarían las formas de "fiscalizadores"-, pero la Acta 30 -privada- y la Acta 56 -Cierre de año- están ocultas al ojo público, se estaría ante una violación sistemática al principio de "Máxima Publicidad" que rige la transparencia en Guanajuato.

El hecho lleva a mostrar una gama de posibilidades y la "jugarreta" técnica en la que el Secretario del Ayuntamiento es la pieza central.

Primero, el "agujero negro" de la sesión 30: Ocultar el probable peculado. La razón por la cual no aparece el Acta 30 es porque en ella se documentaría la prueba del delito. Como se analizó en la pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ), en esa sesión se revocó un acuerdo de austeridad para beneficio personal.

Segundo, al no publicarla, el secretario y los regidores evitan que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso de inconformidad o una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de manera inmediata.

Al marcarla como "privada", intentan darle un blindaje de "información reservada", aunque la ley es clara: el manejo de recursos públicos y salarios jamás puede ser reservado. El grupo de regidores, sumado el secretario está usando la clasificación de "privada" como un escudo ilegal para ocultar el pacto de sueldos.

El hecho de que no aparezca el acta 56, donde el Alcalde volvió a insistir en la austeridad, sugiere un intento de borrar la evidencia de la resistencia.

En esa sesión, el bloque de 8 regidores -liderado por la moción de Víctor Metodio Basaldúa- obligó a bajar el punto de los sueldos. Al no publicarla, evitan que el pueblo sepa que, meses después del primer escándalo, el Cabildo seguía en rebeldía contra las recomendaciones del Congreso. El secretario es quien alimenta el portal de Transparencia o remite las actas a la Gaceta. El hecho de que "se olvide" publicar precisamente las actas donde hay conflicto salarial demuestra una línea de acción para proteger al bloque mayoritario.

La posible "jugarreta" del secretario contra el alcalde y la síndica

El Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez parecería que no es un espectador; es el operador de la sombra. La que podría ser una traición al alcalde, a la síndica y al pueblo se manifiesta en tres niveles. Primero, en lo administrativo ya que al no publicar las actas, impide que la síndica -como representante legal del municipio- tenga los elementos públicos para proceder contra los acuerdos nulos. El secretario podría estar "secuestrando" la fe pública.

A nivel político, la duda sobre el actuard el secretario se daría al publicar solo la Sesión 29, proyecta una imagen de un Cabildo que "trabaja y fiscaliza", ocultando la Sesión 30 -que se manejaría ilícitamente como cerrada- donde se volverían los regidores iturbidenses "mercenarios" de su propia dieta, se estaría evidenciando una manipulación de la percepción pública. Finalmente, el nivel de obstrucción, ya que el Secretario sabría que si las actas no están en la Gaceta, se dificultaría el acceso a la justicia para los ciudadanos que quisieran impugnar el Presupuesto 2026.

Lo que pensaría en este caso es que posiblemente se dio una conspiración técnica. El bloque de regidores puso los votos, pero el secretario puso la "maña" jurídica. Así, en la sesión 29, midieron fuerzas. En la sesión 30, asaltaron el erario en la oscuridad -y por eso la hacen cerrada y no la publican- y en la sesión 56 consolidarían el botín para el 2026 -y por eso también la esconden-.

El secretario del Ayuntamiento sería responsable de una "jugarreta" de ocultamiento de información pública oficial. Bajo la Ley de Transparencia de Guanajuato, ocultar actas de cabildo donde se manejan recursos es una falta grave que amerita la intervención inmediata del IACIP -Instituto de Acceso a la Información Pública- y de la Auditoría Superior (ASEG).

Sí. Eso que usted estaría pensando sería la realidad, la impresión correcta. La ausencia de esas actas en Transparencia es el reconocimiento tácito de su culpabilidad. No las publican porque el contenido de esas actas es la confesión de su propio saqueo.

El atropello a la convocatoria: "convalidar" la ilegalidad

La sesión 56 inició con una denuncia contundente por parte de la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, quien en esta ocasión señalaría una falta técnica grave: la violación a los tiempos de convocatoria y la falta de anexos esenciales para la votación. Según Ferro Zarazúa, el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026 no fue entregado con las 24 horas de anticipación que exige la ley, lo que dejaba al pleno en una situación de indefensión informativa.

Sin embargo, en un giro cínico que quedará para los anales de la mala administración municipal, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, ante el cuestionamiento de si se le daría seguimiento a una sesión con tales deficiencias, respondió: "Se convalida con la decisión de la mayoría". Con esta frase, el secretario admitió que para este Ayuntamiento, la fuerza de los votos de un bloque es superior al rigor de la ley que rige a los municipios de Guanajuato.

El momento más revelador de la sesión ocurrió durante la aprobación del orden del día. El regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez solicitó bajar el punto número 7, que correspondía nuevamente al análisis de los sueldos y salarios.

El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, hizo un último esfuerzo por invocar la cordura: "Nuevamente un servidor los exhorta a que los sueldos y salarios del Honorable Ayuntamiento nos apeguemos a lo dispuesto y recomendado por el Congreso Local del Estado". Recordó que su propio sueldo no había sufrido aumento y que era imperativo seguir los topes de austeridad.

La respuesta fue un portazo seco. Con 8 votos a favor de bajar el punto y solo 2 en contra -el alcalde y la síndica-, el bloque opositor decidió que el tema de sus salarios no se discutiría más. Con esta acción, el Cabildo de San José de Iturbide cerró el año en rebeldía abierta contra las recomendaciones del Poder Legislativo Estatal.

La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, se dio bajo una atmósfera de sospecha. La regidora Lorena Reséndiz Vázquez denunciaría que el Tesorero Municipal, habría hecho caso omiso a los acuerdos tomados en tres mesas de trabajo previas.

Reséndiz Vázquez votó en contra del dictamen 16/CHYCP/2025, acusando que el Tesorero no estaba cumpliendo con la ley ni con las indicaciones para ajustar el presupuesto conforme a derecho. Por su parte, la regidora María de la Luz Zarazúa Monjaraz y el regidor Celso Antonio Mata Minutti emitieron un voto a favor "con salvedades", pretendiendo que se anexaran adecuaciones posteriores. 

Jurídicamente, esta postura es un sinsentido: votar a favor de un documento bajo la promesa de que se cambiará después es otorgar un cheque en blanco a una administración financiera que ellos mismos han calificado de opaca.

El análisis del "plan oscuro": Las comisiones como coartada

Ante los reclamos de la regidora Ferro sobre la ilegalidad de las mesas de trabajo no reconocidas por la ley, el alcalde utilizó una lógica que, aunque técnicamente correcta, desnudó la parálisis operativa del municipio. Montes de la Vega señaló que las comisiones son las encargadas de dictaminar y que el Ayuntamiento en pleno debe decidir de manera individual.

Sin embargo, el resultado de ese "trabajo de comisión" fue un presupuesto aprobado sin dictámenes entregados a tiempo, sin anexos completos y con la oposición de las mismas regidoras que horas antes habían trabajado en él. Esto evidencia que el control presupuestal de San José de Iturbide no está en manos de la técnica contable, sino de un pacto político de mayoría que ignora el reglamento interior cuando este le estorba.

La Sesión 56 fue el moño de un año de saqueo institucionalizado. Al aprobar las disposiciones administrativas de recaudación y los Lineamientos de Austeridad -estos últimos de manera meramente decorativa, dado que no se aplicaron a sus propias dietas-, el Cabildo garantizó su supervivencia económica para el 2026.

Los nombres de quienes votaron por bajar el tema de los sueldos y aprobar un presupuesto viciado son los mismos que iniciaron la "rebelión" en mayo y donde el principales cabecillas lo fueron Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro.

San José de Iturbide terminó el 2025 con un presupuesto de más de 500 millones de pesos manejado por un cuerpo de regidores que ha demostrado que su prioridad absoluta es el blindaje de su cheque. La austeridad fue, durante todo el año, un discurso para los demás y una molestia para ellos.

El reportaje completo
-¿La gran estafa de los regidores?: Sueldos a modo en San José de Iturbide
-Los regidores y el "botín de SJI": La sesión 29 y el argumento de la "fiscalización"
-San José Iturbide y la sesión 30: Pacto "en lo oscurito" para "cobrarse a lo chino"
-Los regidores de SJI en la Sesión 56: ¿Desaparecen acta de Ayuntamiento para ocultar fechoría?
-Penas de 2 a 10 años de cárcel por peculado podrían darse a regidores de SJI
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Redacción Editorial

-Bajo la falsa premisa de "información reservada", el bloque opositor forzó una sesión privada para revocar la austeridad salarial y dictar sentencias políticas contra el gabinete del alcalde.
-Golpe al patrimonio: Grupo de regidores de San José de Iturbide sesionan en privado para revocar la austeridad y proteger sus sueldos.
-Opacidad ilegal: Usan "información reservada" como excusa para ocultar el rechazo al recorte salarial en el Cabildo local.
-Cinismo edilicio: Anulan baja de salarios alegando que el acta previa no estaba firmada; un insulto al estado de derecho.
-Venganza política: Tras blindar su sueldo, la mayoría del Cabildo exige purga de directores del equipo del alcalde.
-Pacto de intereses: las diferentes fracciones partidistas, donde sobresale el PAN se unen en sesión secreta para asegurar su propio "cheque pachoncito".
-Transparencia rota: El Ayuntamiento viola el artículo 68 de la Ley Municipal al cerrar sesión para fines de lucro personal.
-"La Rebelión en la granja": Regidores anteponen su bolsillo al pueblo, buscando desmantelar el gabinete en una sesión de la vergüenza.

Si la Sesión 29 fue el ensayo de una extorsión, la Sesión Extraordinaria No. 30, celebrada el 30 de mayo de 2025, -menos de 24 horas después- fue la consumación de un golpe legislativo al patrimonio de San José de Iturbide. En un hecho sin precedentes por su cinismo procedimental, una mayoría de regidores secuestraría la agenda pública para sesionar en "privado". El objetivo no era proteger la seguridad del municipio, sino proteger el bolsillo de quienes, apenas horas antes, habían recibido la bofetada ética de una propuesta de reducción salarial.

Esta es la tercera entrega de la serie de investigación, centrada en la vergonzosa Sesión 30, donde el Cabildo de San José de Iturbide rompería con el principio de máxima publicidad para pactar, en la oscuridad de una sesión privada, la protección de sus intereses económicos y el desmantelamiento del gabinete municipal.

Desde el inicio, la sesión 30 nació viciada. El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, admitió ante el pleno que existían serias dudas sobre si los temas a tratar encuadraban en el supuesto de "información reservada" del artículo 103 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios. Sin embargo, bajo la presión del bloque edilicio, la sesión se cerró al público para evitar que la sociedad iturbidense presenciara cómo sus representantes revocaban, en lo oscurito, el plan de austeridad propuesto por el alcalde.

¿Ignorancia en el conocimiento de las normas o evidente dolo y mala fe?

Para los municipios del estado de Guanajuato, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece la transparencia como regla general, pero contempla excepciones específicas donde la secrecía es necesaria para proteger intereses públicos o la integridad de las personas.

El fundamento principal se encuentra en el Artículo 68, el cual dicta la naturaleza de las sesiones. la regla general es que las sesiones del Ayuntamiento deben ser públicas. Las sesiones privadas, que son una excepción se celebrarán solamente cuando los asuntos a tratar puedan afectar la paz pública, la seguridad del municipio, el honor de las personas, o cuando la ley así lo determine expresamente.

De acuerdo con la normativa y la práctica administrativa en el estado, los supuestos válidos son Seguridad Pública y Paz Social, es decir, cuando se discutan estrategias operativas de la policía, ubicación de sistemas de vigilancia o temas que, de ser públicos, pondrían en riesgo la seguridad de la población o la eficacia de los cuerpos de seguridad. También en casos de Honor y Privacidad, cuando el tema involucre datos sensibles de particulares o de servidores públicos que puedan dañar su reputación o dignidad si se ventilan públicamente sin un proceso concluido.

También se prevé en caso de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de discusiones sobre procedimientos sancionatorios en curso contra funcionarios, donde la reserva es obligatoria para garantizar el debido proceso. Y, finalmente, Asuntos de Emergencia o Contingencia, es decir, situaciones de crisis donde la difusión de información preliminar pueda generar pánico o caos social.

Para que una sesión privada sea legalmente válida, no basta con la voluntad del alcalde o del secretario, se requiere la aprobación del pleno. La propuesta de hacer la sesión privada debe ser sometida a votación y aprobada por la mayoría de los integrantes presentes del Ayuntamiento. Así mismo, la Justificación en el Acta, donde debe quedar constancia en el acta de los motivos legales y de hecho que justifican el carácter privado de la reunión.

Pero, si el argumento principal es: "Vamos a cambiar el sueldo de los regidores y no queremos que la gente se entere aún o se moleste", el argumento es inválido.

Si un Ayuntamiento vota por hacerla privada con esa única justificación, está violando el espíritu de transparencia de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios y podría ser sujeto de recursos de revisión ante el IACIP. En Guanajuato, la tendencia jurídica es que todo lo relativo a dietas, bonos y salarios de funcionarios de alto nivel debe discutirse de cara a la ciudadanía.

El cinismo como técnica legislativa

El punto más infame del orden del día fue el cuarto: la solicitud de los regidores para "dejar sin efectos" la votación de la sesión anterior que buscaba ajustar sus sueldos a los topes del Congreso del Estado. La argumentación de los regidores María de la Luz Zarazúa Monjaraz y Víctor Metodio Basaldúa Vázquez fue un insulto a la inteligencia jurídica: alegaron que, como el acta de la sesión 29 aún no estaba firmada, el acuerdo "no existía" y, por lo tanto, podían anularlo antes de que naciera formalmente.

El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, denunció esta maniobra como un atentado al estado de derecho, advirtiendo que estaban intentando extinguir un acto jurídico ya consumado por el voto público. La respuesta de la mayoría fue implacable. El secretario, en un acto de rendición administrativa, sometió el punto a votación manifestando: "Bajo su más estricta responsabilidad, lo someto a votación". El resultado fue una sentencia contra las arcas municipales: 7 votos a favor y 3 en contra para enterrar la austeridad.

Una vez blindado su salario, los regidores procedieron a ejecutar la segunda parte de su plan: el descabezamiento del gabinete. Utilizando las comparecencias como un tribunal de inquisición política, la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa hizo entrega formal de cinco expedientes para la destitución inmediata de los titulares del Área de Prevención del Delito y Policía de Género, Medio Ambiente y Ecología, Planeación, Gestión y Seguimiento. Dirección de Obras Públicas y Dirección de Atención a Migrantes.

Una de las regidoras exigió la destitución inmediata por "pérdida de confianza", argumentando que "ellos no quieren trabajar". Sin embargo, el trasfondo de esta purga era evidente: castigar a los directores que operaban bajo las órdenes de un Alcalde que osó proponer bajar las dietas del Cabildo.

Todos unidos por el cheque "pachoncito"

Lo más sobresaliente de esta "sesión de la vergüenza" fue la amalgama de colores partidistas subordinados al interés económico. Regidores que en el discurso nacional pregonan la austeridad, se unieron a los ediles del PAN, PRI y MC para formar una muralla contra el recorte salarial.

Otro regidor, quien en la sesión 29 previa había intentado abstenerse, terminó votando en contra del alcalde, sumándose al coro de quienes exigían "examinar y resolver" la permanencia de los directores como una moneda de cambio política. Otro regidor incluso llegó a sugerir que, si el tema no se resolvía internamente, buscaría instancias externas, evidenciando una fractura total e irreversible en el cuerpo colegiado.

La sesión 30 es el testimonio documental de un municipio donde la ley es opcional si interfiere con el ingreso personal de los regidores. Al cerrar las puertas al pueblo, el Cabildo de San José de Iturbide no solo ocultó un debate; ocultó un acuerdo de sobrevivencia financiera de una élite política que ha decidido que, en Iturbide, primero están sus bolsillos y después el pueblo. Se convirtió el asunto en una verdadera "Rebelión en la Granja"

El alcalde -y la síndica-, reducidos a simples espectadores de la ilegalidad que sus propios regidores validaron con la mano levantada. Así, se cerró la sesión a las 13:00 horas. Pero el daño ya estaba hecho: la austeridad había muerto en lo privado para que los regidores pudieran seguir viviendo con lujos en lo público.

En la cuarta entrega, podrá observarse como 26 sesiones después repetirían la escenita, "mandando por un tubo" la austeridad, pero ahora sí, en una sesión abierta. #MetroNewsMx

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-Los regidores y el "botín de SJI": La sesión 29 y el argumento de la "fiscalización"
-San José Iturbide y la sesión 30: Pacto "en lo oscurito" para "cobrarse a lo chino"
-Los regidores de SJI en la Sesión 56: ¿Desaparecen acta de Ayuntamiento para ocultar fechoría?
-Penas de 2 a 10 años de cárcel por peculado podrían darse a regidores de SJI


Redacción Editorial

-El Acta 29 se encuentra publicada en la Sección de Transparencia, en la Gaceta Municipal, y revelaría una "emboscada": regidores de San José de Iturbide habrían frenado la obra pública para proteger sus privilegios salariales.
-Ediles sacrificarían el programa de gobierno y recursos federales para chantajear al alcalde a cambio de su sueldo bruto.
-La oposición condicionaría el desarrollo del municipio a cambio de no reducir sus dietas fuera de la norma.
-Regidores usarían la nómina de empleados como una escudo para evitar la austeridad y mantener sus cheques bien aprovisionados.
-El bloque opositor de Iturbide secuestraría la gobernabilidad y pondría en riesgo millones de pesos en obra social.
-Los regidores panistas liderarían un boicot administrativo contra el alcalde Montes de la Vega y contra el voto de la misma síndica María Guadalupe Sinecio tras el exhorto de bajar sueldos.

Las pruebas y testimonios documentales en poder de la redacción de Metro News precisan que el 29 de mayo de 2025, a las 13:30 horas -y que además aparecen en la Gaceta Municipal de San José de Iturbide (https://sji.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/ACTA-NO.-29-SESION-ORDINARIA.pdf ), se instaló en el Salón de Cabildo de San José de Iturbide lo que en apariencia era una sesión ordinaria más. 

Sin embargo, el Acta No. 29 hoy se lee como el diario de lo que parecería una emboscada. Bajo el barniz de la "revisión acuciosa", un grupo de regidores de diversas extracciones políticas —pero unidos por el mismo interés de nómina— orquestó un bloqueo administrativo que dejó al municipio sin Programa de Gobierno y sin Plan de Obra Pública, todo como respuesta al intento del Alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, de aplicar la Ley de Austeridad.

El punto cuatro del orden del día parecía un trámite legal: aprobar el Programa de Gobierno 2024-2027, el documento que rige cada acción, peso y proyecto de la administración. Pero empezaría a observarse que la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa ya tenía preparada la acción a seguir.

Con una narrativa que pretendía ser defensora de la legalidad, Ferro Zarazúa solicitó "bajar" el punto, argumentando que el documento no les había sido presentado formalmente. Lo que el acta revela es una contradicción: el alcalde aclaró que el programa fue integrado por el COPLADEM, organismo ciudadano y técnico facultado por ley, y que se entregó al Ayuntamiento con las 24 horas de anticipación que marca la normativa.

Aun así, Ferro Zarazúa insistió en que el documento era "inexistente" para ellos, a pesar de que en la misma sesión admitió haber tenido mesas de trabajo con la titular de Planeación meses atrás. La táctica era clara: no importaba si el plan era bueno o malo, el objetivo era no dejarlo nacer para mantener al alcalde iturbidense contra las cuerdas. Al final, 7 votos a favor de "bajar" el punto confirmaron que la mayoría no quería un programa de gobierno, quería un rehén político.

El segundo golpe: El veto a la Obra Pública

Si el bloqueo al Programa de Gobierno fue grave, el freno a la Obra Pública fue un atentado directo contra las comunidades más necesitadas de Iturbide. En el quinto punto, el alcalde solicitó la aprobación del Programa de Inversión 2025.

Aquí, el regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, y actual secretario del Comité Directivo Municipal del PAN en San José de Iturbide, tomó el relevo en la obstrucción. Basaldúa, utilizando el artículo 20 del Reglamento Interior como escudo, exigió que el plan se fuera a una "mesa de trabajo" con la Comisión de Obra. El argumento parecía ser noble, pero solo en la superficie: "evitar afectaciones" y realizar un "dictamen adecuado".

La realidad que asoma en el acta es otra. El alcalde advirtió que los recursos estatales y federales estaban comprometidos y tenían tiempos perentorios; es decir, cada día de retraso en la "mesa de trabajo" de Basaldúa era un riesgo real de perder millones de pesos para el municipio. Sin embargo, la cerrazón fue total. Con 9 votos a favor, el bloque opositor decidió que el análisis de su comisión era más importante que el inicio de las obras.

La verdadera razón de todo: El punto 14 y la amenaza al bolsillo... de los regidores

¿Por qué tanta resistencia a aprobar proyectos técnicos que ya venían firmados por profesionales del área? La respuesta llegó en el punto 14, solicitado por el Presidente Municipal.

Montes de la Vega exhortó a los miembros del Ayuntamiento a apegarse a las directrices de austeridad marcadas por el Congreso del Estado de Guanajuato respecto a sus salarios. El alcalde fue directo: el municipio enfrentaba retos financieros y era necesario que el cuerpo colegiado se apretara el cinturón.

Fue en ese momento cuando la "fiscalización" mostró su verdadero rostro de extorsión. Uno de los regidores lo verbalizó sin eufemismos: "Me gustaría y estoy de acuerdo [con bajar el sueldo], pero siempre y cuando analicemos todo el Programa de Gobierno... y cuando sea generalizado todo el presupuesto tanto de directores y de los demás".

La frase fue la prueba reina del "plan oscuro": la disposición a bajarse el sueldo estaba condicionada a que se les dejara desmantelar el presupuesto de las direcciones y se les diera control total sobre el Programa de Gobierno. Los regidores convirtieron su salario en una moneda de cambio.

Los "cómplices de la parálisis"

El Acta 29 permite identificar no solo los votos, sino las actitudes que delatan el pacto de obstrucción. El regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, actuó como el moderador de la parálisis, insistiendo en trámites burocráticos (dictámenes de comisión) para detener proyectos de obra pública ya avalados por directores técnicos.

La regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, también del PAN fue quien manifestó una actitud fue de confrontación constante, utilizando un lenguaje que pretendía ser técnico pero que buscaba el vacío legal para invalidar la planeación municipal.

Otros más se sumaron al coro de descalificación alegando que en las comparecencias no se les entregó información, preparando así el terreno para el ataque frontal contra los directores de área. y una más, fue quien introdujo la propuesta de una "sesión extraordinaria con carácter de privada" para tratar asuntos de las comparecencias, moviendo el debate del foro público a la secrecía donde se pactaría el golpe salarial al día siguiente.

Las cinco intervenciones del alcalde en el punto 14

En su primera intervención, el alcalde señaló "compañeros integrantes de este Honorable Ayuntamiento, someto a su consideración la propuesta de ajuste a las dietas y sueldos de la administración pública municipal. Esta medida no es un capricho, sino una respuesta directa a la necesidad de optimizar el gasto operativo para reorientar recursos hacia la infraestructura básica que nuestras comunidades rurales tanto demandan."

En su segunda intervención precisó como respuesta a cuestionamientos sobre el presupuesto que "entiendo la preocupación técnica, pero quiero ser muy enfático: el análisis financiero realizado por la Tesorería garantiza que este movimiento no compromete las prestaciones de ley de los trabajadores de base. Estamos hablando de una reducción en la alta jerarquía para fortalecer la operatividad del municipio."

En su tercera intervención precisó la aclaración sobre la vigencia, indicando que "este ajuste entrará en vigor de manera inmediata una vez aprobado por este colegiado, y se verá reflejado en la siguiente nómina sin retroactividad, para asegurar que no haya afectaciones contables al cierre de mes."

La cuarta intervención, que fue la del llamado al voto señaló que "invito a los señores regidores a que votemos con altura de miras. No se trata de afectar a personas, sino de optimizar los recursos que pertenecen a los iturbidenses. Hagamos de esta administración un ejemplo de austeridad real y no solo de discurso."

Finalmente, en su quinta intervención, para el cierre del debate dijo que "he pedido al Secretario del Ayuntamiento que remita copia de este acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para que conste nuestra voluntad de transparencia en el manejo de las dietas. No habiendo más participaciones, solicito se proceda a la votación."

La intervención de la síndica María Guadalupe Sinecio Hernández

En el Punto 14 del orden del día de la Sesión Ordinaria número 29 (relativo al análisis y aprobación de la plantilla de personal y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2025), la Síndica María Guadalupe Sinecio Hernández tuvo una intervención fundamental para fijar la postura sobre la reducción de las dietas del Cabildo.

Su intervención textual y palabra por palabra fue que "siendo congruentes con la propuesta de nuestro Presidente Municipal de trabajar en beneficio de la ciudadanía iturbidense, nos sumamos a la iniciativa de ajustar nuestras dietas a los montos recomendados por el Congreso del Estado de Guanajuato. Es un acto de responsabilidad administrativa y compromiso social."

Esta declaración se produjo durante el debate sobre el presupuesto de egresos y el tabulador salarial. La Síndica fue la encargada de formalizar el respaldo de la fracción mayoritaria a la reducción salarial del alcalde y los miembros del Ayuntamiento, alineándose a los topes sugeridos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para municipios con el perfil demográfico y económico de San José Iturbide.

Frente a este bloque, la síndica municipal, María Guadalupe Sinecio Hernández, se mantuvo como la única voz que intentó clarificar las votaciones y alertar sobre la confusión generada por las propuestas cruzadas de los regidores. El alcalde, por su parte, terminó la sesión advirtiendo que bajar puntos del orden del día de esa manera era un acto "ilegal" que contravenía las facultades del COPLADEM y de la propia ley estatal.

¿Qué reacción tuvieron los regidores tras estas intervenciones del alcalde y la síndica?

Al finalizar la quinta intervención del alcalde Edgar Manuel Montes de la Vega en el punto 14 de la sesión 29, la reacción de los regidores fue de una oposición frontal y un bloqueo legislativo, lo que detonó una crisis de gobernabilidad inmediata en el pleno.

Tras el llamado del alcalde a la "austeridad real", el bloque opositor -encabezado por los integrantes de la fracción blanquiazul, seguido por el resto- no solo rechazó la propuesta, sino que manifestó su molestia a través de las varias acciones asentadas en la narrativa del acta de la sesión 29:

Primero, lo que podría llamarse el argumento del "Escudo de Nómina". Los regidores, encabezados en la discusión por los regidores panistas Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro, reaccionarían argumentando que cualquier recorte debía ser "generalizado". Exigieron que antes de tocar sus dietas -sueldos-, se redujeran los salarios de directores y personal paramunicipal, utilizando la nómina de los empleados de menor rango como una condición o "escudo" para no afectar sus propios ingresos.

También realizaron cuestionamientos de la legalidad procedimental y alegaron que la propuesta no contaba con los "anexos técnicos suficientes" y que el ajuste propuesto por el alcalde violentaba su autonomía como ediles. Luego vino la "votación de bloqueo" con una total actitud política donde la mayoría del Cabildo votó para bajar el punto del orden del día o, en su defecto, rechazar la aprobación del tabulador propuesto, dejando el presupuesto de egresos en el aire.

La sesión terminó en un clima de alta tensión que derivó en lo que podría llamarse la "Rebelión de las Dietas". Al notar que el alcalde no cedería en la publicación del acta donde se proponía la reducción, los regidores forzaron que la siguiente sesión -la No. 30, celebrada al día siguiente- fuera privada. El acta de dicha sesión no aparece en el portal de Transparencia, por considerarse privada, cuando legal y jurídicamente no caería dentro de ese concepto mientras que la sesión 56, que también abordaría después la insistencia del alcalde a bajarse los salarios, tampoco aparece en el portal de transparencia a pesar de que no fue cerrada sino pública. (https://sji.gob.mx/gaceta-municipal/ )

La sesión 29 no fue un ejercicio de contrapeso democrático; fue la introducción de un "Caballo de Troya" legislativo. Los regidores utilizaron su facultad de fiscalización para entrar en las entrañas de la administración y, una vez allí, paralizarla desde adentro.

El mensaje para el pueblo de San José de Iturbide fue desolador: sus calles, sus escuelas y sus servicios públicos quedarían en pausa el 29 de mayo de 2025 porque un grupo de regidores decidió que su sueldo no se tocaba, y que cualquier intento de austeridad sería respondido con el sabotaje total del municipio.

En la siguiente entrega, se analizará cómo este bloqueo se transformó en un pacto secreto de impunidad económica durante la vergonzosa sesión privada 30. 

El reportaje completo
-¿La gran estafa de los regidores?: Sueldos a modo en San José de Iturbide
-Los regidores y el "botín de SJI": La sesión 29 y el argumento de la "fiscalización"
-San José Iturbide y la sesión 30: Pacto "en lo oscurito" para "cobrarse a lo chino"
-Los regidores de SJI en la Sesión 56: ¿Desaparecen acta de Ayuntamiento para ocultar fechoría?
-Penas de 2 a 10 años de cárcel por peculado podrían darse a regidores de SJI

Fuentes:
-Gaceta Municipal de San José Iturbide. Portal de Transparencia
-Acta de la Sesión de cabildo No. 29 del Municipio de San José de Iturbide:
#MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido



Redacción Editorial

-La simulación del ahorro: Cómo el Cabildo de San José de Iturbide convirtió la fiscalización en extorsión para blindar sus dietas por encima de la ley.
-¿Asalto al erario en SJI? Regidores bloquearían al alcalde para no bajarse sueldos que superan en 50% los topes de ley. ¿Una forma de saqueo?
-¿Cabildo de SJI secuestra la gobernabilidad y exigen cheques altos a cambio de aprobar planes de obra?
-En un "pacto de oscuridad. A puerta cerrada, ediles ¿anularon la austeridad para proteger sus dietas y legislan para su propio bolsillo?
-El regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez lidera boicot contra Manuel Montes. El regidor del PAN ¿Actúa como brazo ejecutor de la exalcaldesa Cindy Arvizu?
-Regidores de SJI ignoran la ley y aumentan su sueldo un 28%. ¿Prefieren el botín personal que el bienestar del pueblo iturbidense?
-Crisis fabricada: Ediles del PAN y otros partidos ¿Usan la nómina como escudo. Bloquean el presupuesto si no se les garantiza su gran tajada?

En la política, la forma es fondo, pero en el Ayuntamiento de San José de Iturbide, la forma es una máscara y el fondo es un cheque. Mientras el discurso oficial de los regidores se llena de palabras como "legalidad", "transparencia" y "diagnóstico", la realidad documental de las actas de Cabildo revela una trama de intereses económicos donde la operatividad del municipio ha sido secuestrada por una mayoría edilicia que se niega a soltar sus privilegios salariales.

Documentos entregados a la Redacción de Metro News y que permiten una revisión exhaustiva de las Actas de Ayuntamiento número 29, 30 y 56, se desprende una estrategia sistemática de obstrucción legislativa. El objetivo: boicotear al alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, no por fallas en su gestión, sino como represalia directa por intentar aplicar los topes salariales recomendados por el Congreso del Estado de Guanajuato. Lo que hoy vive San José de Iturbide no sería una crisis de gobernabilidad, sino el asalto institucionalizado al erario.

La actitud del alcalde iturbidense

Para comprender la postura del alcalde de San José de Iturbide, es necesario analizar la relación histórica de tensión entre los gobiernos municipales de esta demarcación y las recomendaciones emitidas por el Congreso del Estado de Guanajuato. La postura de ajustar las dietas a la austeridad presupuestal y a las recomendaciones del Congreso responde a una problemática recurrente: San José Iturbide ha figurado históricamente como uno de los municipios que más ignora los topes salariales sugeridos. 

Para el ejercicio fiscal 2025, se reportó que el Ayuntamiento de San José Iturbide aprobó un incremento salarial cercano al 28%. Mientras que la recomendación del Congreso para el alcalde era de $95,969.78 mensuales brutos, el sueldo real superaba los montos que sugería el Congreso en la práctica administrativa, situando a los ediles iturbidenses entre los mejor pagados del estado en relación con su densidad poblacional.

En octubre de 2025, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, señaló que San José Iturbide era uno de los municipios cuyos alcaldes superaban los topes salariales por más del 50%. Esto generó un exhorto formal de las bancadas -especialmente de Morena y PAN- para que los ediles realizaran ajustes a la baja en aras de la congruencia con la política nacional de austeridad.

La postura del Congreso se fundamentaba en el Artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que establece que las remuneraciones deben basarse en indicadores objetivos tales como presupuesto de egresos del municipio, recaudación del impuesto predial así como el índice de marginación y crecimiento poblacional.

El detonante: La Sesión 29 y la máscara de la fiscalización

El conflicto estalló con fuerza el 29 de mayo de 2025. En la Sesión Ordinaria No. 29, los regidores de las fracciones del PAN, PRI, MC y un bloque disidente de Morena -entre quienes destacan los regidores como Víctor Metodio Basaldúa Vázquez e Hilda Carolina Ferro Zarazúa- quienes mostrarían lo que ellos consideran -en su ignorancia, soberbia y ambición- su primer "músculo" político.

Bajo el pretexto de que el Programa de Gobierno y el Plan de Obra Pública carecían de "análisis técnico", el bloque opositor votó mayoritariamente para bajar estos puntos del orden del día. Sin embargo, el Acta 29 revela que la verdadera tensión no estaba en los proyectos de infraestructura, sino en el Punto 14 de Asuntos Generales.

El alcalde propuso formalmente que los sueldos y salarios del Honorable Ayuntamiento se apegaran a lo dispuesto por el Congreso Local, ajustando las dietas a la realidad de austeridad presupuestal del municipio. La respuesta de los regidores fue una "rebelión de las dietas". Argumentaron que el recorte debía ser "generalizado" para directores y paramunicipales antes de tocar sus propios ingresos, utilizando la nómina ajena como escudo para la propia.

La sesión 30: El pacto de la oscuridad

La desfachatez alcanzó su punto máximo al día siguiente. El 30 de mayo de 2025, se celebró la Sesión Extraordinaria No. 30 con carácter de privada. Es aquí donde la acción cínica —llamando a las cosas por su nombre— se consumaría. Los regidores forzaron una sesión a puerta cerrada para tratar temas que, por ley, son de interés público: sus propios salarios y la destitución de funcionarios.

En un acto de cinismo procedimental, los regidores solicitaron "dejar sin efectos" el acuerdo de reducción de dietas tomado apenas 24 horas antes. El argumento fue tan débil como ilegal: alegaron que el acta de la sesión anterior no estaba firmada y, por tanto, el acuerdo "no existía" jurídicamente.

El propio secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, advirtió sobre la improcedencia de este acto: "Yo sé que no es legalmente procedente, sin embargo, accediendo a su solicitud está enlistado". A pesar de la advertencia legal y de la resistencia del alcalde, quien exhortó a no violentar el estado de derecho, siete regidores votaron a favor de anular la austeridad. Aquel día, el Cabildo de San José de Iturbide legisló para su bolsillo en la penumbra de la secrecía.

Los principales cabecillas del desorden y de querer generar "ingobernabilidad" en San José de Iturbide

Quienes han mantenido esta postura de confrontación salarial, bloqueando incluso el Presupuesto de Egresos 2026 -plasmada en la Acta 56- bajo pretextos de falta de anexos, son fundamentalmente dos regidores y son los de Acción Nacional.

El cabecilla de la "rebelión en la granja", es el regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez. ha sido el principal brazo ejecutor de los bloqueos en el orden del día, bajando sistemáticamente los puntos propuestos por el Ejecutivo en las sesiones de Cabildo enumeradas. Es el actual secretario del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Llegó al cargo de edil "gracias" a que en la lista de reelección presentada por el PAN para la contienda electoral -que perdió Cindy Arvizu- ocupó el primer lugar en la lista de candidatos a regidor. Este edil podría ser un "caballo de Troya" incrustado por la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández en la actual administración y donde ésta estaría dándole instrucciones, tratando de desestabilizar al gobierno que encabeza Manuel Montes de la Vega, y buscando crear una "cortina de humo" para distraer del juicio que Arvizu Hernández enfrenta ante el TJA y las observaciones de la ASF

La segunda en el desorden es la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, quien ha calificado las sesiones como "un juego", pero ha sido pieza clave para votar en contra de la legalidad procedimental cuando el presupuesto no se ajusta a sus intereses. Esta regidora estaría sujeta desde hace tiempo a investigaciones por graves irregularidades cometidas en contra del Instituto Municipal de la Mujer, cuando ocupó el cargo de directora de dicha dependencia, bajo la gestión de Cindy Abril Arvizu Hernández, exalcaldesa que en este momento enfrenta dos graves situaciones, una ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado (https://www.metronewsmx.com/2026/03/exalcaldesa-cindy-arvizu-ante-tribunal.html y https://www.metronewsmx.com/2026/03/inicio-juicio-contra-exalcaldesa-cindy.html ) y la otra ante la Auditoría Superior de la Federación (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html ). En su defensa, Arvizu ha tenido el cinismo de señalar que esta ha sido información manipulada y de "pagar a un medio que se preste a esto", añadiendo que esto "violencia de género" (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-busca-evadir-la-ley.html

Figura destacada es la síndica municipal, María Guadalupe Sinecio Hernández, quien quizá sea la única figura de autoridad -además del alcalde- que se ha mantenido firme al lado de la legalidad y del alcalde, votando a favor de los ajustes salariales y el orden administrativo.

Lo que las actas demuestran es un saqueo institucionalizado. Los regidores han convertido sus facultades de fiscalización en un arma de extorsión política: "Si el alcalde no nos garantiza sueldos superiores a los topes del Congreso, nosotros no le aprobamos su gobierno". En pocas palabras sus palabras se traducen en un "no nos interesa el pueblo de San José de Iturbide a quien representamos; aquí dame el billete que quiero y ya veremos...".

Esta actitud no es solo incongruente, es potencialmente delictiva. La Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal de Guanajuato son claros sobre el abuso de funciones y el conflicto de interés. En próximas entregas a publicarse en esta misma semana, desmenuzaremos cómo este bloque edilicio ha ignorado incluso las advertencias del Secretario del Ayuntamiento -quien podría estar mostrando cierta tibieza, y por momentos hasta complicidad- con tal de no ver reducidos sus privilegios.

San José de Iturbide no está en crisis por falta de presupuesto; está en crisis porque el presupuesto se queda en la mesa de buena parte del Cabildo. La "luz de la verdad" que tanto invocan los regidores en sus discursos es, en realidad, la luz que ilumina un botín que se reparten a puerta cerrada.

El reportaje completo
-¿La gran estafa de los regidores?: Sueldos a modo en San José de Iturbide
-Los regidores y el "botín de SJI": La sesión 29 y el argumento de la "fiscalización"
-San José Iturbide y la sesión 30: Pacto "en lo oscurito" para "cobrarse a lo chino"
-Los regidores de SJI en la Sesión 56: ¿Desaparecen acta de Ayuntamiento para ocultar fechoría?
-Penas de 2 a 10 años de cárcel por peculado podrían darse a regidores de SJI

Fuentes
-Milenio (09/10/2024): Congreso de Guanajuato aprueba recomendaciones de salario para nuevos presidentes municipales. https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-guanajuato-avala-propuesta-salarial-alcaldes
-Más de Acá (09/10/2025): Aprueban recomendación de salarios para Ayuntamientos en el 2026. https://masdeaca.com/aprueban-recomendacion-de-salarios-para-ayuntamientos-en-el-2026/
-El Reloj Digital (11/02/2025): Incrementa salario de integrantes del Ayuntamiento iturbidense. https://elrelojdigital.mx/2025/02/11/incrementa-salario-de-integrantes-del-ayuntamiento-iturbidense/
-Cindy Arvizu busca evadir la ley acusando "violencia de género": https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-busca-evadir-la-ley.html
-Acta de la Sesión de cabildo No. 29 del Municipio de San José de Iturbide:
#MetroNewsMx

abril 28, 2026 , ,

Redacción

La reciente destrucción de un elemento del patrimonio público en un inmueble bajo resguardo oficial no puede ser despachada como un incidente fortuito o un acto vandálico más. Cuando un espacio cuenta con personal asignado y depende directamente de una estructura jerárquica como la Oficialía Mayor, cualquier daño material se convierte automáticamente en un síntoma de deficiencia administrativa y operativa.

El análisis de fondo no reside únicamente en el daño físico a la fuente, sino en la ruptura de la cadena de custodia. La administración pública tiene el deber legal de garantizar la integridad de los bienes bajo su resguardo. La existencia de "omisiones en la vigilancia", como señala la regidora Isabel Herrejón, sugiere que los protocolos de seguridad son inoperantes o, peor aún, inexistentes en la práctica. Solicitar el cese de la Oficial Mayor no es solo un acto de presión política, sino una exigencia de rendición de cuentas ante lo que se percibe como una negligencia en la tutela del patrimonio ciudadano.

Un aspecto crítico en este escenario es la reacción del Ejecutivo local. Imputar responsabilidades a la oposición sin presentar pruebas tangibles desplaza el debate del terreno técnico-administrativo al terreno electoral. Esta estrategia, a menudo denominada "cortina de humo", busca diluir la responsabilidad de las áreas de seguridad y administración, enfocando la atención pública en una confrontación partidista. Sin embargo, en un Estado de Derecho, las acusaciones directas requieren denuncias formales y carpetas de investigación; de lo contrario, la palabra oficial pierde valor institucional y se convierte en simple retórica de confrontación.

La gobernabilidad de Celaya se pone a prueba en la capacidad de sus órganos de control. Los síndicos, como representantes jurídicos, están obligados a actuar no por afinidad política, sino por mandato legal. La ausencia de una denuncia formal por daños al patrimonio por parte de las autoridades competentes podría interpretarse como una omisión adicional, alimentando la percepción de desorden y falta de rigor en la gestión pública.

Celaya atraviesa un momento donde la transparencia y el orden administrativo son urgencias ciudadanas. El caso de la fuente es el catalizador de una demanda mayor: que el gobierno municipal deje de gestionar a través de declaraciones y comience a gestionar a través de resultados, protocolos estrictos y responsabilidad legal. La reingeniería de la administración y la conformación de consejos ciudadanos no deben quedar opacadas por crisis de vigilancia que, con una supervisión adecuada, pudieron haberse evitado.

La entrevista a la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo

La regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo calificó como una "omisión institucional grave" los daños ocurridos recientemente en la fuente del Palacio Municipal, señalando que el incidente es una prueba clara de las deficiencias en los protocolos de seguridad y la vigilancia de los espacios públicos.

La funcionaria subrayó que, al tratarse de un inmueble bajo el resguardo directo de la Oficialía Mayor y contar con personal asignado para su cuidado, el hecho no puede considerarse un incidente aislado. Ante esta situación, desde la bancada de oposición se han formalizado cuatro exigencias centrales y que son el cese inmediato de la Oficial Mayor; la entrega de un informe detallado de los hechos. Una revisión profunda de los protocolos de seguridad actuales y el fincamiento de responsabilidades administrativas correspondientes.

 "No se trata de politizar, sino de cumplir con la obligación de garantizar el cuidado del patrimonio público y la seguridad de los ciudadanos", puntualizó Herrejón Arredondo.

La regidora fue enfática al criticar las recientes declaraciones del alcalde, quien ha vinculado a la oposición con el incidente sin presentar evidencias. Herrejón Arredondo instó al mandatario a "dejar de aventar cortinas de humo" y a presentar denuncias formales si cuenta con datos de prueba, advirtiendo que estas acusaciones podrían ser un intento de desviar la atención de temas críticos como la reingeniería administrativa y los consejos ciudadanos.

Asimismo, hizo un llamado a los síndicos municipales, en su calidad de representantes jurídicos del Ayuntamiento, para que cumplan con su obligación legal de presentar una denuncia formal por el delito de daños al patrimonio. En caso de que estos no actúen, exigió que la Dirección Jurídica tome cartas en el asunto y presente el número de carpeta de investigación correspondiente.

Para la regidora, lo ocurrido evidencia una falta de orden que afecta la percepción de seguridad en el municipio. "Celaya necesita responsabilidad y resultados, no declaraciones sin sustento legal ni excusas", concluyó, subrayando que la administración debe asumir su responsabilidad en la vigilancia para evitar que este tipo de fallas operativas se normalicen. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-La política sin participación ciudadana no es gobernanza, sino mera gestión de recursos o, en el peor de los casos, imposición.
-Eliminar consejos ciudadanos no es un avance, es un acto de mutilación democrática y una traición al espíritu de la sociedad.
-El Obispo advierte: “No quites nada mientras no pongas algo mejor”. Gobernar exige equilibrio ético, no solo eficiencia técnica.
-La soberanía no es un cheque en blanco entregado en las urnas; se debe compartir día con día a través de la participación real.
-El asalto a los consejos directivos vulnera la transparencia y desincentiva la inversión. Es un retroceso al centralismo puro.
-Quitar la voz al ciudadano convierte la democracia en un interés de partido y asfixia el flujo de oxígeno de nuestra libertad.
-El gobernante no es el dueño de la ciudad, sino su servidor. Un gobierno que camina solo, es un gobierno que se pierde.
-Celaya no necesita una guía autoritaria, sino un equilibrio democrático donde la persona sea siempre el centro del poder.

En la dinámica del poder político, existe una tentación recurrente: la de creer que la eficiencia administrativa justifica el aislamiento del gobernante. Sin embargo, las recientes declaraciones de Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo de Celaya, recogidas en la rueda de prensa matutina de los domingos en Catedral por El Sol del Bajío (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/gobernar-bien-equilibrio-y-guia-en-la-participacion-ciudadana-segun-obispo-29684060  )

La tesis del Obispo es clara: "Gobernar bien es un equilibrio". Esta frase no es una sugerencia técnica, sino una exigencia ética. Al comparar la relación entre Gobierno y Ciudadanía con las "dos alas" de un ave, el prelado advierte que cualquier intento por "reestructurar" o eliminar los consejos ciudadanos sin ofrecer una alternativa superior, no es un avance, sino un acto de mutilación democrática. 

La advertencia de Mons. Aguilar Ledesma -“No quites nada mientras no pongas algo mejor”- resuena como un llamado a la prudencia frente al ímpetu de las nuevas administraciones que, en su afán de innovación, corren el riesgo de desmantelar los puentes de diálogo que han tomado décadas construir.

Lo que otorga un peso específico a las palabras del Obispo no es la investidura política, sino su cimiento en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Su postura no es una interferencia en los asuntos del César, sino la aplicación del Humanismo Integral a la vida pública.

La postura del Obispo de Celaya no emerge de una simple opinión coyuntural, sino que se sustenta en una sólida arquitectura ética que redefine la relación entre el poder y el ciudadano. En el centro de su argumentación se halla el principio de subsidiaridad, el cual dicta que el Gobierno debe evitar la tentación de absorber funciones que la sociedad organizada ya desempeña con eficacia; bajo esta óptica, defender los consejos ciudadanos es, en esencia, salvaguardar el derecho de la comunidad a la autogestión.

Asimismo, Mons. Aguilar Ledesma enfatiza que la participación no es un acto que se agote en las urnas cada jornada electoral, sino un derecho y un deber permanente que faculta al ciudadano para influir directamente en el destino de su entorno. Para el prelado, el bien común trasciende la mera ejecución de obra pública; se trata de generar un ecosistema donde las asociaciones civiles alcancen su plenitud, entendiendo que, si se silencia la voz ciudadana, el proyecto social se fractura irremediablemente.

Finalmente, este modelo de gobernanza propone una corresponsabilidad social donde el Estado y la comunidad civil dejan de ser rivales para convertirse en socios estratégicos. En este equilibrio, la ciudadanía no solo acompaña, sino que actúa como la guía necesaria para moderar y dar sentido al ejercicio del poder.

La nota periodística pone sobre la mesa una realidad incómoda: el riesgo del vacío institucional cuando se ignora a la sociedad civil. Mons. Aguilar Ledesma no está defendiendo estructuras obsoletas; está defendiendo la dignidad de la participación. 

Gobernar Celaya -o cualquier ciudad- requiere la humildad de reconocer que la autoridad no posee el monopolio de la solución a los problemas sociales. El verdadero "buen gobierno" es aquel que potencia a sus ciudadanos, que los escucha y que entiende que la estabilidad de su vuelo depende de que ambas alas, la institucional y la social, batan con la misma fuerza y dirección.

"La política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común." Esta máxima cobra vida en Celaya cuando la Iglesia, desde la DSI, recuerda al Estado su deber de no caminar solo.

El asalto a la participación ciudadana: El frente común por el equilibrio democrático en Celaya

En la historia política de las naciones, y de forma más acentuada en los municipios que aspiran a la modernidad, existe una patología recurrente: la tentación del gobernante de creer que la eficiencia administrativa justifica el aislamiento. Bajo la narrativa de la "limpieza institucional" o la "austeridad", las nuevas administraciones suelen caer en la trampa de considerar a la sociedad organizada como un obstáculo burocrático y no como un aliado estratégico. 

Hoy, Celaya se encuentra en una encrucijada que trasciende la simple administración de servicios públicos. La advertencia es coral y contundente. Desde la rueda de prensa de la Catedral hasta las cámaras empresariales y las curules del Ayuntamiento, surge un grito unísono frente a lo que se perfila como un "asalto" a los mecanismos de participación ciudadana.

Las tres coincidencias en el llamado: Iglesia, empresa y cabildo

Lo que estamos presenciando en este abril de 2026 no es una queja aislada, sino una convergencia de sectores que rara vez coinciden con tal vehemencia. La preocupación por el desmantelamiento de los consejos directivos en instancias descentralizadas ha unido a tres figuras clave que representan la brújula moral, el motor económico y la vigilancia de los derechos humanos en el municipio.

El Obispo de Celaya ha sentado las bases filosóficas de esta resistencia. Su tesis es de una sencillez aplastante pero de una profundidad ética ineludible: "Gobernar bien es un equilibrio" La Iglesia recuerda al gobernante que la soberanía no se entrega como un cheque en blanco en las urnas; la soberanía se comparte día con día a través de la participación.

Desde el sector productivo, Jorge Gámez Campos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya (https://www.metronewsmx.com/2026/04/juan-miguel-ramirez-sanchez-y-el.html ) ha manifestado una preocupación pragmática pero igualmente profunda. El sector empresarial entiende que la certidumbre jurídica y la transparencia dependen de que existan ojos ciudadanos en las decisiones de gobierno. La eliminación o el debilitamiento de los consejos directivos en organismos descentralizados no solo vulnera la transparencia, sino que desincentiva la inversión y la corresponsabilidad. Para Gámez Campos, el asalto a estos espacios es un retroceso hacia un modelo de gestión centralista que Celaya ya debería haber superado.

En el seno del Ayuntamiento, Ma. Isabel Herrejón Arredondo, regidora de la Comisión de Derechos Humanos (https://www.metronewsmx.com/2026/04/juan-miguel-ramirez-sanchez-y-el-asalto.html ) ha puesto el dedo en la llaga legal y ética. Su advertencia sobre el "asalto" a la participación no es una hipérbole. Se trata de la defensa de la dignidad de la persona y del derecho humano a participar en la vida pública. La regidora Herrejón Arredondo encarna la voz de aquellos que ven en la reestructuración administrativa un pretexto para silenciar las críticas y concentrar el poder de decisión en una sola mano.

El texto que circula hoy en Celaya y que desglosa la postura del Obispo no es solo un documento eclesiástico; es un manual de buena política que descansa en cuatro pilares de la DSI:

-Subsidiaridad: Es el dique contra el autoritarismo. Si una comunidad de ciudadanos puede gestionar un área de la vida social, el Estado no debe intervenir más que para apoyarlos. Al atacar a los consejos, el gobierno municipal estaría violando este principio, asumiendo funciones que pertenecen legítimamente a la sociedad organizada.
-Participación como deber y derecho: La democracia se oxigena con la voz de la gente. Eliminar los consejos es asfixiar este flujo de oxígeno, convirtiendo al ciudadano en un espectador pasivo de su propia historia.
-Bien común: No se trata solo de construir puentes de concreto o pavimentar calles; el bien común es la construcción de un tejido social fuerte. Sin la interlocución con los sectores, el bien común se degrada a "interés de partido".
-Corresponsabilidad social: El gobernante no es el dueño de la ciudad, es su servidor. La corresponsabilidad implica que el éxito de una administración depende de su capacidad para ser guiada por la ciudadanía.

Gobernar Celaya en 2026 requiere la humildad de reconocer que la autoridad no posee el monopolio de las soluciones. Cuando el Obispo, el líder empresarial y la regidora coinciden en señalar el peligro de "acabar con los consejos", están advirtiendo sobre la creación de un vacío institucional. 

Un gobierno que camina solo es un gobierno que se pierde. Un ave que intenta volar con una sola ala —la de la autoridad— solo puede girar en círculos sobre sí misma hasta caer. El asalto a la participación ciudadana no solo es un error político; es una traición al espíritu de una sociedad que ha demostrado, una y otra vez, ser más resiliente y sabia que sus coyunturas administrativas.

La política, como bien recuerda la DSI citando a los pontífices, es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común. Pero la caridad no se impone; se dialoga. El reto para la actual administración es decidir si quiere pasar a la historia como el gobierno que construyó un futuro con la gente, o como aquel que, en nombre de una supuesta "eficiencia", mutiló la capacidad de los celayenses de participar en la construcción de su propio destino. 

Celaya no necesita una guía autoritaria; necesita un equilibrio democrático. La moneda está en el aire, pero la voz del pueblo, la empresa y la fe ya han hablado: la persona debe seguir siendo el centro. #MetroNewsMx

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