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-La falta de socialización institucional por parte del gobierno municipal y federal expone una deliberada marginación de los ciudadanos y regidores en decisiones clave de infraestructura, en el casod el tren de pasajeros

-El ocultamiento de los procesos de impacto ambiental evidencia una práctica sistemática de simulación democrática que vulnera los derechos de información y participación comunitaria.

-La apropiación política de proyectos federales por parte de la administración local contrasta con el rechazo generalizado de sectores empresariales y sociales excluidos del debate.

La entrevista a la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, expone que el desarrollo de infraestructura ferroviaria en el bajío mexicano ha sido históricamente un eje detonante de progreso, pero también un foco de profundas tensiones socioambientales. En el caso específico de Celaya, la modernización de las vías de comunicación y el paso del tren no pueden concebirse como ocurrencias administrativas o trofeos políticos individuales. 

Sin embargo, la actual administración municipal ha optado por un ejercicio de opacidad institucional que distorsiona el marco legal vigente. La legislación ambiental mexicana, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece con

precisión quirúrgica que cualquier obra de gran envergadura sujeta a evaluación de impacto ambiental requiere mecanismos reales y transparentes de participación ciudadana, incluyendo consultas públicas debidamente difundidas. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/semarnat-valida-que-el-proyecto-del.html )

Lejos de cumplir con este mandato republicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), ha validado un proceso administrativo plagado de vacíos. La pretendida consulta pública sobre el proyecto ferroviario se consumó en la opacidad total, ventilándose en un aparente cumplimiento burocrático de plazos y gacetas inalcanzables para la ciudadanía común. Afirmar que se cumplió con la difusión pública cuando ni los propios integrantes del Cabildo municipal —órgano colegiado constitucional de gobierno— ni los organismos cúpula del sector empresarial tuvieron

conocimiento oportuno, transforma el procedimiento en una simulación de proporciones alarmantes.

La gravedad de esta omisión institucional no recae únicamente en una falla de comunicación, sino en la violación sistemática de las atribuciones de los regidores que integran el Ayuntamiento. La regidora María Isabel Herrejón ha documentado y denunciado con firmeza

jurídica y política la marginación a la que ha sido sometida la oposición y el cuerpo edilicio en su conjunto. En ningún momento de la gestión de este proyecto se convocó a reuniones de Cabildo, mesas de trabajo o comisiones para socializar los alcances, afectaciones y medidas de mitigación de la obra federal.

"A nosotros cuatro nunca se nos informó, nunca se nos hizo una reunión ni por cortesía política... a la pregunta que tú me hiciste, pues, efectivamente, nunca se hizo ninguna consulta, no se publicó por todos los conductos... es una burla, una simulación que raya en la mentira

institucional frente a los 680,000 habitantes de Celaya," precisó la regidora María Isabel Herrejón.

Esta dinámica de exclusión evidencia una preocupante subordinación de los órganos colegiados a la voluntad unipersonal del alcalde, quien utiliza una mayoría calificada artificial para prescindir del debate democrático. El Reglamento Orgánico Municipal no es un ornamento

jurídico; es la directriz que obliga al ejecutivo local a rendir cuentas y transparentar acciones de alto impacto comunitario. Al ignorar al Ayuntamiento, el alcalde no solo vulnera la legalidad interna, sino que traiciona la representación popular que depositó su confianza en las urnas, convirtiendo el ejercicio gubernamental en un monólogo autoritario.

Las repercusiones de una obra de infraestructura de esta magnitud sobre el tejido social, la movilidad urbana y la ecología de Celaya son inconmensurables. Una intervención urbana que atraviesa el corazón del municipio exige estudios profundos de mitigación que garanticen la

seguridad y calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, al despojar a la ciudadanía de su derecho elemental a opinar y conocer los dictámenes, la autoridad municipal fomenta un clima de incertidumbre y rechazo justificado.

El deslinde institucional no se limita al cuerpo edilicio de oposición; organismos fundamentales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han manifestado un desconocimiento absoluto de las convocatorias y procedimientos de consulta pregonados por el gobierno municipal. Si los colegios de arquitectos, ingenieros y los sectores productivos organizados —pilares del desarrollo económico local— fueron marginados de la discusión, resulta imperativo preguntar a quiénes sirvió realmente este proceso de simulación. La pretensión del alcalde de adjudicarse méritos sobre una obra que pertenece estrictamente al ámbito federal contrasta dramáticamente con su incapacidad para gestionar con transparencia y cara a la ciudadanía.

La simulación de consultas públicas en Celaya no es un error administrativo menor; constituye una grave afectación al estado de derecho y a la democracia participativa. Llamar las cosas por su nombre implica reconocer que la opacidad y la mentira oficial están sustituyendo a la gobernanza responsable. 

Las autoridades federales y municipales están obligadas a rectificar el rumbo, abandonar el triunfalismo infundado y abrir canales reales

de información y mitigación ambiental. Celaya y sus 680,000 habitantes no merecen gobernantes que utilicen la simulación como divisa política ni cabildos reducidos a la complacencia sumisa. La exigencia de transparencia y legalidad sigue siendo el único camino firme hacia la justicia comunitaria.

Pues está la línea telefónica, como siempre en estas entrevistas que realizamos de esta manera. Está mi buena amiga, la regidora María Isabel Herrejón, quien es miembro del cabildo de Celaya y hay una pregunta, bueno, van a salir varias, pero hay una pregunta medular en este tema del tren, tan ido y tan llevado y tan comentado, pero está pareciendo un nuevo punto que parece que no lo habían revisado, no lo habían analizado. Y es el hecho de que pareciera que Semarnat, y lo digo en base a documentos que obran en mi poder, un oficio que tú lo vas a ver ya publicado, simula lo que parece ser una consulta pública, porque dice que ya hubo consulta, que faltan dos días para que se termine y todo el mundo voltea así a decirse, "Ah, caray, ¿cuál consulta?" Y luego, el gobierno municipal, que al parecer dice que sí hubo consulta, tú ya me dirás si es cierto o no lo que estoy diciendo, pareciera que fue omiso para hacerla pública. Gracias, Isabelita. ¿Qué me puedes decir sobre este tema?

Muchísimas gracias por esta entrevista, Eugenio. Como siempre es un honor para mí estar aquí contigo, con una persona que tiene mucha experiencia. Sin embargo, voy a mencionar lo que me compete a mí como Partido Acción Nacional, que somos cuatro integrantes mismos que, por lo menos a nosotros como integrantes del Ayuntamiento, nunca, nunca se nos informó, nunca se nos hizo una reunión ni por cortesía política, como se le puede llamar, como integrantes del Ayuntamiento que somos un órgano colegiado que participamos en una toma de decisiones. A nosotros cuatro, no sé a los otros regidores si se les haya considerado o no, pero a nosotros nunca se nos informó sobre esta situación. Solamente nos hemos enterado a través de medios de comunicación, a través de ciudadanos que nosotros sí estamos en escucha de ellos. 

Y a la pregunta que tú me hiciste, pues, efectivamente, nunca se hizo ninguna consulta, no se publicó por todos los conductos, no tuvo la cercanía el alcalde, y lo digo con letras mayúsculas, nuestro presi... bueno, el presidente municipal de las personas que votaron a favor de él. Realmente es una falta de respeto. Estamos todos indispuestos porque realmente el alcalde nunca socializó este tema con las personas que son 680,000 habitantes de Celaya. No sé cómo se atreve a decir que hubo una participación cuando nunca, ni con nosotros como Ayuntamiento, nunca se nos consideró. También para una consulta, pues sabemos muy bien que se requiere una convocatoria y esa convocatoria, pues realmente tampoco no la hizo llegar a todos los conductos, a toda la rama empresarial, y ya déjate a los empresarios, Eugenio, a los ciudadanos, a los que se preocupan por nuestra querida ciudad Celaya, porque una consulta, pues sabemos que este proyecto, pues sí, va adelante porque sabemos que es federal, eso nos queda clarísimo, ¿sí? Sin embargo, la Federación ya lo tiene bien definido, pero lo que queremos nosotros, como ciudadanos y yo como integrante del Ayuntamiento, es que se nos informe y se puntualice de qué forma van a estar mitigando estos impactos de esta obra, porque no es una obra mínima, es una obra que sabemos que es Federación y que no puede mandarse él solo, Eugenio. Son impactos ambientales, de movilidad y debemos de tener conocimiento de estas obras de infraestructura.

Te interrumpo, Isabel. ¿Tú ya has llegado a detectar que el presidente municipal comenta o alguien de su gente de que ya se hizo la consulta, de que sí hay una consulta? ¿Tú ya los has llegado a escuchar?

Regidora María Isabel Herrejón: 

Él hasta en ruedas de prensa, en sus ruedas de prensa, él es su razón de ser nada más. No sé si su fracción Morena, y lo digo, su fracción Morena, tenga conocimiento o no de que realmente son corderitos, se puede decir, de todo lo que dice el alcalde.

¿Por qué te pregunto esto? Porque, mira, precisamente el 10 de marzo de 2025, una compañera tuya del cabildo, la doctora Cristina González Muñoz, que firma aquí, dice "Titular de la Regiduría Celaya Sustentable", ¿sí? Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, junto con el ingeniero Jorge Enrique Velázquez Centeno, enviaron un oficio con copia a varias instancias, está Claudia Sheinbaum, están varios funcionarios, está la gobernadora y está el mismo presidente municipal. Entonces, si yo te pregunto, ¿en alguna sesión de Ayuntamiento, como asunto general, les dijo o comentó a los miembros del cabildo que se estaba preparando una consulta por parte del gobierno federal y que se iba a apoyar para este tema del tren?

Regidora María Isabel Herrejón: 

En ningún momento, ni en sesión, ni en ningún precabildo, ni por cortesía, nunca hubo tal reunión. No sabíamos de, no yo, por lo menos, y toda la fracción Acción Nacional no teníamos conocimiento de ese oficio que existiera, que fuera enviado y, por lo tanto, sí te puedo decir que no se hizo la consulta ni con nosotros, ni hubo participación y todo es una mentira, porque el alcalde nunca nos ha considerado, ni a nosotros como Ayuntamiento, como órgano colegiado, porque yo creo que ellos ya tienen la mayoría calificada, ¿estás de acuerdo? Y, por lo tanto, pues no nos consideran, pero, sin embargo, existe una ley y hay un reglamento en donde es un órgano colegiado y nos debió de anunciar a través de ese oficio que existía o que existe todavía y que no lo hizo, ni lo mencionó. Entonces, por lo tanto, te digo, Eugenio, todo es mentira, no hubo ninguna convocatoria, no teníamos conocimiento y, más que nada, ni socializó este tema tan importante con la ciudadanía.

A ver, ahora, estamos hablando de lo que en un momento dado, pues como presidente municipal, miembro de un cabildo, porque es el presidente, sí, pero es un integrante más del cabildo. Les notificó de que ya estaba, que en un momento dado el gobierno federal dijo, "Bueno, esto le toca al Gobierno Federal, miren, aquí está la convocatoria y la vamos a difundir". ¿Tú tuviste conocimiento o tuviste a la mano a la vista la convocatoria del Gobierno Federal o llegaste a ver en redes sociales, en algún periódico, no sé, la publicación de esta convocatoria?

No, no. La verdad es triste, triste decirlo, pero nunca nos llegó ningún tipo de información ni tampoco fue mencionado a través de una convocatoria y entonces lo que yo solicito es que se nos puntualice, que se nos informe de qué forma van a estar mitigando estos impactos de estas obras. Bueno, ya lo tiene, ¿no? Pero entonces lo que queremos es que se nos informe, que se socialice.

¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, mira, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Julio César García Vergara, le responde a la regidora y a Velázquez con un oficio de fecha 16 de julio de 2025, dos días antes de que termine la dichosa consulta. Y es que aquí en su oficio habla del mecanismo de participación ciudadana en su modalidad de consulta pública y dice lo siguiente, dice que "la secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su gaceta ecológica, asimismo el promovente deberá publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha que se presente la manifestación de impacto ambiental a la secretaría. Tal determinación se cumplió con la publicación del proyecto en la gaceta ecológica número DGIRA/025/25, mientras que la obligación del promovente de publicar a su costa un extracto del proyecto se realizó en tiempo y forma mediante el escrito de fecha 9 de junio de 2025". Aunque aquí no dice en qué medio de comunicación se publicó.

Exacto. La pregunta es, aquí la respuesta es que nos dijeran, o más bien la pregunta al alcalde es que nos dijera qué medio de comunicación se publicó, porque realmente los ciudadanos tenemos, y yo también como ciudadana celayense y como regidora del Ayuntamiento, tenemos un desconocimiento, entonces nunca se nos informó como tal cosa, ¿no?

Tú eres abogada y sabes bien de la terminología legal, pero ante esto que me estás mesurando y lo que te acabo de mencionar de este documento que todo el mundo va a haber publicado, mi pregunta sería, ¿estaríamos posiblemente o presuntamente en un escenario de una simulación de consulta pública?

No, ya no. No, ni una simulación. No es una simulación esto. O sea, esto es una burla.

Te digo simulación porque aquí está dando por hecho, aquí está dando por hecho el señor director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Julio César García Vergara, está dando por hecho en su documento que sí hubo consulta y hasta ya se publicaron los resultados. Entonces, si él dice eso, pero tú me estás diciendo que no hubo consulta, pues entonces, por eso, por eso reitero, estamos hablando de una simulación de consulta, porque no existe tal.

Es que una simulación es una representación o una imitación de una situación de un sistema o un proceso real. Algo que realmente, pues ni eso existe, ¿sí me entiendes? Eso fue omiso, fue omiso el alcalde, así, directamente fue omiso el alcalde y ahora la pregunta es, ¿por qué el alcalde está mintiendo a la ciudadanía cuando realmente nunca se hizo tal convocatoria y no hubo un conocimiento como tal?

Porque me llama la atención que en estas actividades de informes que andan haciendo las comunidades del presidente municipal, pues una de las cosas que dice es que yo les traje el tren, algo así más o menos por ahí, por el estilo va, ¿no? Este, no sé si tú corrobore lo que yo estoy diciendo, de que así se ha expresado, ¿verdad? De que yo traje el tren y esto, o sea, cuando realmente es una obra federal. Pero al tener este tipo de situación y además, uno, y eso también lo vas a haber publicado, porque ya tenemos la información, le preguntas al Consejo Coordinador Empresarial y responde exactamente el mismo no que tú. Es decir, a nosotros tampoco se nos avisó. ¡Ah, caray! Entonces, ¿a quién le avisaron? Digo, porque el Consejo Coordinador Empresarial tiene colegios, tiene el colegio de arquitectos, tiene el colegio de ingenieros y si entonces estos órganos de consulta profesional, constitucionales, tampoco les avisaron, pues entonces ¿a quién le preguntaron?

Regidora María Isabel Herrejón: 

Sí, y realmente el alcalde no tiene que decir absolutamente nada de eso. Tú tienes toda la razón, porque realmente esto del razonamiento del tren, pues lo tiene definido la Federación, lo has dicho, es la Federación. Entonces también él se está tomando una atribución que no le compete a él directamente. Simplemente tenía Pues no es una gestión de él, esto no es una gestión, es un plan que ya tenía el gobierno federal para hacer el tren y el tren va porque va, pero no es porque dijéramos, "¿Sabes qué? Pues fui con el gobierno federal y les dije, oigan, pasen por Celaya, ¿no? O necesitamos un tren, necesitamos un tren". No, no, eso nunca ni la anterior administración ni esta.

Así es, así es, Eugenio. Así las cosas tristemente, que vivimos de una mentira del alcalde y así para terminar te digo que sí, nunca hubo una convocatoria, nunca hubo una participación ciudadana, nunca se les consideró a los ciudadanos celayenses y a nosotros como oposición, que somos cuatro, realmente, y lo digo cuatro, porque tú lo has visto que ya no hay fuerza política distinta porque lo tienen ellos, sin embargo, es un es una falta de respeto hacia nosotros como órgano colegiado y hacia los ciudadanos celayenses, porque el alcalde no se conduce con la verdad.

Bueno, pues te agradezco y vamos a seguir investigando, porque la verdad es que pues este este tema de la simulación que hemos hemos analizado así y que tú dices ni a simulación llega porque ni siquiera hicieron, la simulación hicieron, este, pues vamos a ver en qué acaba. Gracias, Isabel, un gusto como siempre.

Regidora María Isabel Herrejón: 

Muchas gracias a ti y ahí estamos en contacto, Eugenio. Un gustazo saber de ti. #MetroNewsMx

El intento del alcalde por catalogar el altercado como una simple charla de quince segundos contrasta abiertamente con el descontento social y el creciente escrutinio ciudadano. La normalización del conflicto bajo el argumento de que las diferencias ideológicas son naturales en un sistema parlamentarista evidencia una preocupante desconexión con la gravedad de los hechos. Cuando los funcionarios públicos pierden la prudencia en eventos familiares, la investidura institucional se degrada y el principio de autoridad se debilita frente a los gobernados.

Paradójicamente, mientras la presidencia municipal intenta apagar el fuego con discursos conciliadores, las bases jurídicas del propio gobierno se tambalean. La reciente revocación de facultades para la firma unilateral de convenios y contratos dictada por el Cabildo (https://www.metronewsmx.com/2026/07/ayuntamiento-de-comonfort-revoca.html ) demuestra que el problema no radica exclusivamente en roces personales, sino en un choque frontal por el control presupuestal y la legalidad administrativa. La negativa del Ejecutivo a reconocer la magnitud de esta pugna interna augura un escenario de mayor parálisis institucional, donde la gobernabilidad de Comonfort pende de un hilo frágil sostenido únicamente por la simulación política.

La lectura del comportamiento corporal, kinésico y paralingüístico del alcalde Gilberto Zárate Nieves durante la entrevista revela una serie de reacciones y microexpresiones características de una postura defensiva y de control de daños ante una situación que busca minimizar.

A lo largo de la entrevista, al abordar el altercado entre el regidor y el director de Obras Públicas, se observa una rigidez en la parte superior del cuerpo y un parpadeo más frecuente de lo habitual al momento de articular frases como "no hubo trifulca" o "no duró ni 15 segundos". Este patrón físico suele asociarse con el esfuerzo consciente por mantener una versión oficial y restar gravedad a los hechos, utilizando las manos de forma contenida para delimitar y acotar el problema, buscando proyectar una imagen de normalidad institucional y calma.

Ante las preguntas directas sobre el trasfondo político del Ayuntamiento y la reciente revocación de facultades para la firma de contratos, el alcalde muestra un cambio en la modulación de su voz y una ligera tensión mandibular. Al referirse a las diferencias ideológicas y al sistema parlamentarista del Cabildo, su cuerpo adopta una postura de mayor aplomo, buscando retomar el control de la narrativa y desviar la atención hacia la naturalidad del debate democrático, aunque la rigidez corporal denota la incomodidad persistente frente al desgaste de su gobernabilidad.

Como conclusión, la comunicación no verbal del alcalde evidencia una estrategia de contención y minimización. Su lenguaje corporal delata que, si bien intenta aparentar control absoluto sobre la administración y los conflictos internos, existe una preocupación latente por la fractura operativa y política con los regidores. El contraste entre su discurso conciliador y su tensión física refleja a un gobernante a la defensiva, consciente de que los roces públicos y las tensiones del Cabildo representan una amenaza real para la estabilidad de su administración.

Bueno, para empezar, no hubo trifulca, ¿verdad? No hay nada de eso que manejan. Simplemente fue una plática que tuvieron de repente media acalorada, pero no duró ni 15 segundos. Inmediatamente se retiraron cada quien a sus lugares de origen. Yo me supongo que así fue, porque yo me retiré, tenía otra actividad que realizar y no pasó a mayores. Ya platiqué con el director de Obras Públicas, ya platiqué con el regidor y ambos coinciden en que sí se dijeron algunas palabras, este, no altisonantes, con todo respeto, fuertes. Hablaron con todo respeto, lo hicieron ellos, pero fue nada trascendental para el funcionamiento de la administración. No hay por qué tomar medidas, no hay por qué sancionar a nadie, mucho menos al regidor, ¿verdad? Ellos tendrán que platicarlo otra vez en su momento, cualquier diferencia que haya, pero no, no hay trifulca, no hay ningún desacato, no hay ninguna falta de respeto hacia la ciudadanía, porque fue un acto público el que estuvimos llevando a cabo el sábado en la primera Feria del Mezcal y de la Nieve que realizamos aquí.

Alcalde, ¿por qué la diferencia entre estos dos funcionarios?

No lo sé. Como en todas las administraciones, hay diferencias de criterios, hay diferencias de pensamientos, entonces seguramente entre ellos hubo algo, ¿verdad?, que tuvieron que decir, pero no fue a mayores. Les repito, no duró ni 15 segundos la plática que tuvieron ellos, media acalorada.

¿Esto afecta en algo el desarrollo de su organización?

Nada, para nada. Esto hasta mejora, porque ayuda para que nos pongamos de acuerdo en los temas donde no coincidimos. Eso es bueno, claro, si se rebasan los límites de la prudencia y del respeto, pues ya es malo, pero no, no llegamos a todo esto.

Pero en este caso, la gente que estaba alrededor se dio cuenta.

Sí, somos compañeros todos los que estaban ahí y estamos conscientes de eso, entonces no pasa nada de eso. No apunte tampoco en contra de la confianza de la ciudadanía. ¿No? Para nada. Este tipo de cosas así como... Bueno, nosotros tenemos que darle primeramente respuesta a la ciudadanía de nuestro actuar, del trabajo que estamos realizando, entonces la ciudadanía está consciente de todo el trabajo que estamos realizando, todo lo hacemos público y no, no pasa nada con la ciudadanía, no, no hemos tenido hasta este momento un reclamo al respecto de esta situación.

Alcalde, ¿qué está pasando dentro del Ayuntamiento? Porque ya también hubo una situación de que le quitaron lo de las firmas y todo esto ahí con... en la sesión de...

Pues como todos los ayuntamientos, ¿verdad? Ustedes saben que hay diferencias de criterio. Es un sistema parlamentarista de los ayuntamientos en donde participamos, en el caso de Comonfort, diez representantes sociales, diez personas de diferentes ideologías, de diferentes orígenes políticos y desde luego que vamos, en un momento dado, a no coincidir, y es lo que está pasando ahorita. Es un momento, digamos, de una etapa en la que hay diferencias y que poco a poco las vamos a ir solucionando. Entonces, como todos los municipios, este no es la excepción, tenemos diferencias y vamos avanzando poco a poco en la coincidencia.

Fíjate, ¿cómo se llama el director de Obras Públicas y el regidor que tuvo ese diálogo?

El director de Obras Públicas es el ingeniero José Ignacio Laguna Martínez y el regidor del H. Ayuntamiento es el licenciado José Luis Mexicano Jiménez.

¿De qué partido es?

Es de Morena, es compañero, ambos somos de la administración, somos del proyecto. Sí, y con mayor razón, porque hay confianza, porque hay cercanía, pues se tiene esa facilidad de decirse las cosas, ¿verdad?

Habrá una sesión ahorita de Ayuntamiento, va a haber sesión de Ayuntamiento. ¿Qué se espera con esta sesión? Porque con todo este tipo de situación...

Bueno, ya hay una orden del día programada, ¿verdad? Ya vienen los puntos señalados, entonces de esto, como es algo que no afecta en la administración de manera directa, si alguien lo quiere dialogar, bueno, pues está en su derecho de proponerlo, ¿verdad?, a discusión, a revisión, a diálogo, pero se necesitan para eso elementos, elementos que no tenemos como para decir: "Se va a sancionar a este funcionario o se le va a llamar la atención". No, no hay nada.

¿O cree que el regidor vaya a proponer esta destitución?

No, solamente él, ¿verdad? No se ha acercado a hablar sobre ese tema que... Sí, ya platicamos, ya platicamos él y yo, él...

¿Pero no le pidió algo que yo tenga que apoyar?

Ah, no, no, simplemente él me dijo que sí tuvieron una discusión algo acalorada, pero que no duró ni 15 segundos.

La postura del regidor al respecto...

Pues es lo que comento, ¿no? No hay más él que decir, por eso se retiró, porque no quiso que, yo creo, escalara a mayores lo que empezaba como una diferencia de opiniones, pero fue rápido.

#MetroNewsMx

-Agrede director de obras públicas al regidor José Luis Mexicano Jiménez, quien se encontraba en el lugar plenamente sobrio, a diferencia del funcionario municipal quien al parecer estaba alcoholizado

-Este hecho podría convertir a este evento, en su debut y despedida, ya que la administración generó una pésima imagen de un evento para promover a este Pueblo Mágico

-Este enfrentamiento podría ser el resultado de las diferencias entre el grupo de regidores morenistas, la regidora del PVEM y de un edil del PAN contra el alcalde Gilberto Zárate, un regidor de Morena y dos regidores panistas que se pusieron de su lado. 

COMONFORT.- Durante la celebración del Festival del Mezcal y la Nieve en el municipio de Comonfort, la noche de este evento se registró un lamentable altercado entre el regidor del Ayuntamiento, José Luis Mexicano Jiménez, y el director de Obras Públicas, Ignacio Laguna Martínez, hecho que generó la atención de asistentes y autoridades presentes, tal y como lo consigna el espacio digital DIVA GANDO.

De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, el regidor del ayuntamiento encabezado por el alcalde Gilberto Zárate Nieves se encontraba disfrutando de las actividades y amenidades del festival cuando el director de Obras Públicas se acercó a él para reclamarle presuntas diferencias de carácter personal y laboral.

En ese momento, y según testigos que presenciaron el incidente, la situación escaló rápidamente a un intercambio de palabras altisonantes, empujones y señalamientos del director hacia el regidor, lo que derivó en un momento de tensión dentro del evento público, convirtiéndose en una discusión entre ambos.

Ciudadanos que se encontraban en el lugar señalaron que Mexicano Jiménez decidió  retirarse de la zona para evitar que la confrontación continuara, mientras que el director de Obras Públicas fue contenido y retirado del área, ya que, a pesar de los intentos de calma por parte de personas cercanas, continuaba gritando e intentando acercarse nuevamente al regidor; señalando sus acciones y comportamiento como si al parecer estuviera bajo los influjos del alcohol. 

El hecho generó sorpresa entre los asistentes, al tratarse de un evento familiar y de convivencia, lo que provocó comentarios y reacciones entre los presentes.

Este incidente se suma a otros hechos que han generado atención pública en el municipio de Comonfort, el cual en los últimos meses ha estado bajo el escrutinio ciudadano por diversas situaciones entre funcionarios.

Se espera que en las próximas horas el presidente municipal, Gilberto Zárate Nieves, emita un posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido, así como que ambos servidores públicos puedan ofrecer su versión de los hechos para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades en caso de ser necesario.

Tras la reciente disputa pública entre funcionarios municipales durante un evento oficial, el gobierno local enfrenta un escenario de profunda polarización que amenaza la estabilidad política del municipio. La confrontación expone la fragilidad de los puentes de comunicación en la administración que encabeza el alcalde Gilberto Zárate Nieves.

Este altercado no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de una ruptura institucional más amplia que se gestó en el seno del Ayuntamiento, evidenciando diferencias irreconciliables entre el cuerpo edilicio y la presidencia municipal.

La tensión política alcanzó un punto crítico durante las sesiones ordinarias del Cabildo, donde los regidores decidieron revocar las facultades delegadas que permitían al presidente municipal suscribir convenios sin la aprobación previa del pleno, reflejando una crisis de gobernabilidad que podría paralizar la toma de decisiones.

La quincuagésima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Comonfort, celebrada el pasado 15 de julio de 2026, ha marcado un antes y un después en la dinámica política de esta administración. Lo que debió ser una jornada de trámite para la aprobación de la tercera modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, se transformó en un intenso careo político y jurídico que concluyó con la revocación de las facultades delegadas que permitían al Presidente Municipal, el licenciado Gilberto Zarate Nieves, suscribir convenios y contratos a nombre del municipio sin la aprobación previa y expresa del cuerpo colegiado.

El núcleo del conflicto, expuesto con crudeza por los integrantes del Ayuntamiento, reside en una práctica administrativa que el regidor José Mexicano Jiménez calificó de inversa. De acuerdo con la argumentación presentada durante el debate, el Presidente Municipal ha procedido a la firma de convenios —específicamente citando el programa de concurrencia con el Gobierno del Estado denominado Mi Colonia a Color— sin contar con la suficiencia presupuestal validada por la Tesorería y, más grave aún, sin el dictamen previo de la Comisión de Hacienda.

La postura del Ejecutivo municipal, defendida por el alcalde Zarate Nieves durante la sesión, se basó en la necesidad de agilizar la gestión pública ante la falta de respuesta de las comisiones edilicias. Según el munícipe, la Tesorería Municipal solicitó desde el 2 de julio la deliberación sobre diversos puntos presupuestales, obteniendo como respuesta el silencio de los regidores. El alcalde denunció que este retraso es un bloqueo deliberado por parte de ciertos integrantes del cabildo, quienes, a su juicio, anteponen intereses políticos a la urgencia de concretar proyectos en beneficio de la ciudadanía. "Ustedes son el balance del poder, pero úsenlo debidamente; están actuando en contra de la ley por intereses propios", sentenció el mandatario durante su intervención.

Por su parte, la Tesorera Municipal, Araceli Álvarez Pescador, intentó justificar las acciones bajo el argumento de que, si bien se han firmado documentos de intención o convenios de colaboración, no se ha ejecutado el gasto ni se ha erogado dinero público sin sustento. No obstante, este argumento fue insuficiente para apaciguar la desconfianza de los ediles, quienes hicieron énfasis en el riesgo legal que representa para el municipio suscribir compromisos financieros de manera unilateral.

La síndica municipal, Diana Orozco Díaz, junto con el regidor José Mexicano, articularon la base jurídica para la revocación. Apelando al artículo 100 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, argumentaron que la facultad delegada originalmente el 10 de octubre de 2024 para suscribir actos jurídicos debía ser cancelada. La premisa es clara: el Ayuntamiento no está renunciando a su capacidad de gestión, sino recuperando el control de la firma, obligando a que todo contrato, por mínimo que sea, pase por el filtro y escrutinio del pleno.

La votación final, que resultó con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, pone al municipio en una situación de mayor rigidez administrativa. A partir de este momento, cualquier convenio que pretenda celebrar el Presidente Municipal requiere, de manera forzosa, una deliberación en comisión y su posterior aprobación en sesión de cabildo. Esto garantiza la legalidad de los recursos, pero advierte un escenario de parálisis, donde la gobernabilidad dependerá de una comunicación que hoy se encuentra completamente rota.

La inconformidad no solo se manifestó en los votos, sino en el tono de la discusión. Regidores expresaron su hartazgo ante lo que consideran un estilo de gobierno que ignora los cauces legales. La regidora Claudia, durante su participación, cuestionó la recurrencia de estas situaciones y enfatizó que el Cabildo debe funcionar como un contrapeso real y no como una instancia de validación automática. Por su parte, la postura del alcalde fue de franca confrontación, al señalar que la medida adoptada por los ediles es ociosa y atenta contra la operatividad del gobierno municipal.

Este episodio en Comonfort refleja un problema estructural recurrente en los ayuntamientos donde el Ejecutivo y el Legislativo municipal carecen de canales de diálogo efectivo. La ley es clara: la suficiencia presupuestal es un requisito indispensable para la validez de cualquier acto jurídico del municipio. La omisión de este paso no solo es una irregularidad administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades graves para los funcionarios involucrados.

El acuerdo alcanzado no implica que el alcalde pierda sus facultades constitucionales, pero sí le retira la "facilidad" de firma autógrafa que le fue concedida al inicio de su gestión. La pregunta que queda en el aire para la ciudadanía de Comonfort es si este nuevo mecanismo de control traerá consigo una administración más transparente o, por el contrario, sumirá al municipio en una burocracia paralizante donde el interés político prevalecerá sobre las necesidades sociales. El desenlace de esta sesión es el testimonio de un gobierno fracturado que deberá, en los próximos meses, encontrar un punto de equilibrio bajo el estricto apego a la ley, si es que pretende evitar una crisis institucional mayor.

Al concluir, el ambiente era de tensión. Mientras que para los regidores la acción tomada es un acto de defensa de la legalidad y del patrimonio de los comonforenses, para la presidencia municipal se trata de una estrategia de debilitamiento institucional. La quincuagésima sesión ordinaria será recordada como el día en que la confianza política cedió su lugar a la fiscalización extrema, dejando a la administración de Zarate Nieves frente a una nueva realidad donde cada firma tendrá que ser, a partir de ahora, un acto supervisado y consensuado por el pleno del Ayuntamiento. #MetroNewsMx

A través del oficio SRA/DGIRA/DG-04758-25, la SEMARNAT consumaría una simulación procedimental en la evaluación ambiental del Tren Querétaro-Irapuato al notificar a regidora y a un ciudadano sobre la Consulta Pública apenas dos días antes de que venciera el plazo legal del 18 de julio de 2025, cancelando en los hechos la oportunidad de presentar objeciones técnicas a la división del centro de Celaya con un enrejado. 

La maniobra federal fue facilitada por la abierta omisión -evidenciada en declaración del Frente Cívico Celayense- del gobierno municipal encabezado por Juan Miguel Ramírez Sánchez, administración que, pese a estar notificada formalmente desde el 10 de marzo de ese año del riesgo urbano y la anulación de 30 años de gestiones del libramiento ferroviario, decidió no activar recursos jurídicos ni exigir a la Federación la reunión pública de información prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, abandonando la defensa de la ciudadanía para alinearse pasivamente con el proyecto federal.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Es la máxima ley en materia ambiental en México y el marco regulatorio que rige a la SEMARNAT para evaluar y autorizar proyectos de infraestructura (como el Tren Querétaro-Irapuato).

El Municipio de Celaya, a través de una regidora y colectivos sociales hicieron un frente común para exigir a las autoridades federales que reconsideren el trazo del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato y eviten que las vías dividan a la ciudad con un enrejado.

A través del oficio número `MC.AC.13.1.126.2025`, fechado el 10 de marzo de 2025, la Dra. Cristina González Muñoz, titular de la Regiduría relacionada con el movimiento Celaya Sustentable (y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social), junto con el Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno, representante de la organización Sostenibilidad Sin Fronteras 2050, formalizaron una petición dirigida a los altos mandos del Gobierno de la República y del Estado.

El conflicto surge tras la revisión de una presentación oficial del proyecto realizada el 31 de enero de 2025, la cual llegó a manos de activistas e integrantes de asociaciones de colonos. En dicho documento se proyecta utilizar la infraestructura ferroviaria que cruza el centro de Celaya e instalar un cercado o enrejado de protección.

A decir de los promoventes, esta medida "prácticamente dividiría a Celaya en dos", echando por tierra cerca de 30 años de gestiones e inversiones millonarias destinadas a la construcción del libramiento ferroviario (ferroférico). La intención histórica del municipio ha sido sacar los trenes del área urbana para liberar esos terrenos y transformarlos en corredores de movilidad, espacios públicos y desarrollo comunitario.

El oficio remitido a los funcionarios plantea tres cuestionamientos centrales frente al proyecto federal:

-¿Por qué no se utiliza el libramiento ferroviario que actualmente se encuentra en construcción para el paso de este nuevo tren de pasajeros?

-¿Qué estudios técnicos, sociales y ambientales respaldan la decisión de mantener las vías por la zona elegida por el gobierno federal en lugar del libramiento?

-¿Cuáles son los planes de mitigación previstos para reducir el impacto negativo en la movilidad, el ordenamiento urbano y la calidad de vida de los celayenses?

Los firmantes enfatizaron que la petición no busca frenar el desarrollo ni oponerse a la conectividad del país, sino garantizar que la infraestructura no afecte la salud pública (en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030) ni genere un retroceso urbano.

El documento fue dirigido a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Gral. Div. I.C. E.M. Gustavo Ricardo Vallejo y Myr. I.C. Juan Edmundo Mayorga Castro, mandos del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" encargados de los estudios y proyectos ferroviarios. Mtro. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). Mtro. Néstor Núñez López, titular de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Dra. Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Mtra. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lic. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato. y Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya.

El oficio concluye con un llamado a la Federación a entablar un diálogo técnico con la ciudadanía y explicar de manera clara los beneficios reales del proyecto antes de consolidar el trazo por la marcha urbana de Celaya.

Cuatro meses después de haber recibido una solicitud ciudadana para frenar la división urbana de Celaya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) respondió al municipio mediante un oficio tramitológico que evade responder las dudas técnicas de fondo y se emite a solo dos días de que venza el periodo oficial de Consulta Pública del proyecto.

A través del oficio número SRA/DGIRA/DG-04758-25, emitido el 16 de julio de 2025, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) —encabezada por su director general, Julio César García Vergara— dio contestación al escrito MC.AC.13.1.126.2025 que fue entregado desde el 11 de marzo de 2025 por la Dra. Cristina González Muñoz (titular de la Regiduría Celaya Sustentable) y el Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno (representante de Sostenibilidad Sin Fronteras 2025).

El documento administrativo detalla que el oficio original ingresó a la oficina de la titular de la SEMARNAT el 11 de marzo de 2025 y fue turnado a la DGIRA mediante el volante OCS/2025-0000787 el 19 de marzo de 2025. Pese a que el funcionario firma en nombre del "derecho de petición" consagrado en el Artículo 8° Constitucional —el cual obliga a las autoridades a responder "en breve término"—, la respuesta tardó 127 días en concretarse. En ella, en lugar de explicar por qué se eligió usar las vías del centro en vez del libramiento ferroviario en construcción o presentar los estudios de salud pública exigidos por la población, la DGIRA se limita a desplegar un resumen de los trámites legales que rigen las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

El oficio revela los datos, claves y fechas del procedimiento ambiental tramitado para el Tren Querétaro-Irapuato. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ingresó el 6 de junio de 2025 bajo la clave de expediente 11GU2025V0045 y el número de bitácora 09/MG-0123/06/25, correspondiente a una Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) sin actividad altamente riesgosa (trámite SEMARNAT-04-003-A).

El nombre del proyecto "Sistema Ferroviario para conectar Querétaro - Irapuato", con los municipios impactados son Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato, en el estado de Guanajuato. La solicitud se dio a conocer en la Gaceta Ecológica No. DGIRA/0025/25 el 12 de junio de 2025, mientras que la ARTF acreditó haber publicado el extracto del proyecto en un periódico local mediante un escrito de fecha 9 de junio de 2025.

El aspecto más crítico revelado en el informe es la gestión del calendario de participación ciudadana. Según detalla la DGIRA, el proceso de Consulta Pública fue abierto a solicitud de un ciudadano de Celaya ingresada el 13 de junio de 2025. El periodo legal fijado para que cualquier persona pudiera presentar observaciones y propuestas comprendió del 23 de junio al 18 de julio de 2025.

Al haber fechado el oficio el 16 de julio de 2025 y ordenar su notificación vía correo electrónico (celayasustentable@gmail.com), la autoridad respondió a los peticionarios a menos de 48 horas de que concluyera formalmente el plazo para aportar pruebas u observaciones al expediente.

Además, la SEMARNAT confirmó que no se organizó ninguna reunión pública de información sobre el proyecto, argumentando que "a la fecha de expedición del presente oficio no se tiene conocimiento alguno de solicitud ciudadana para organizar una reunión pública de información".

El oficio concluye informando que las inquietudes enviadas por Celaya respecto a las afectaciones por el enrejado y la falta de uso del libramiento simplemente se dieron por "recibidas e integradas" al expediente administrativo.

Será hasta que se emita la resolución final del procedimiento de evaluación ambiental cuando la SEMARNAT determine si autoriza el proyecto de manera condicionada o lo niega, acumulando hasta ese momento los escritos que hayan ingresado durante la consulta.

El documento incluye en su apartado de validación interna las firmas e iniciales del equipo técnico de la DGIRA, y marca copia de conocimiento electrónica a Ileana Villalobos Estrada, titular de la Subsecretaría de Regulación Ambiental de la SEMARNAT.

Al realizar la compulsa y cotejo cronológico de ambos documentos (el oficio enviado por el Ayuntamiento/Asociación Civil el 10 de marzo de 2025 y la respuesta formal de SEMARNAT del 16 de julio de 2025), sí se detectan elementos técnicos y procedimentales que evidencian una simulación o neutralización del mecanismo de participación ciudadana.

La simulación no proviene necesariamente de una ilegalidad explícita en el papel (pues la autoridad cita articulados para cubrir la forma jurídica), sino del diseño operativo y desfasamiento temporal que inhabilitó la participación real de la comunidad afectadas.

Desfasamiento intencional de tiempos y "asfixia" del plazo ciudadano. En el Oficio 1 (10 de marzo de 2025): La Regiduría de Celaya y Sostenibilidad Sin Fronteras presentan desde marzo un recurso formal donde piden respuestas técnicas, sociales y ambientales antes de que el proyecto avance.

En el Oficio 2 (16 de julio de 2025): SEMARNAT responde ese oficio 4 meses después (127 días). En esa respuesta le informa a los peticionarios que la Consulta Pública oficial está abierta del 23 de junio al 18 de julio de 2025.

SEMARNAT emite y notifica el oficio el 16 de julio, solo 2 días antes de que venza la Consulta Pública. Esto deja a las autoridades locales y a la ciudadanía sin margen de tiempo para revisar la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), redactar objeciones fundamentadas o recabar firmas técnicas para ingresarlas al expediente antes del cierre del 18 de julio.

Lo que dice SEMARNAT: En el apartado III del Oficio 2, la DGIRA cita la fracción III del Art. 34 de la LGEEPA, señalando que la autoridad podrá organizar una "reunión pública de información" (foro presencial donde el promovente debe dar la cara y explicar el proyecto), pero remata diciendo: "a la fecha de expedición del presente oficio no se tiene conocimiento alguno de solicitud ciudadana para organizar una reunión pública de información".

SEMARNAT utiliza el hecho de que nadie pidió específicamente una "Reunión Pública" bajo esa nomenclatura exacta para omitir el foro presencial. A pesar de que el oficio de marzo (Oficio 1) exigía de manera abierta respuestas sobre el impacto de dividir la ciudad y el uso del libramiento, SEMARNAT no lo canalizó como un pedido implícito de información pública presencial. Ocultó la existencia de esa figura jurídica y esperó a que venciera el tiempo para argumentar que "nadie la solicitó".

En el oficio de la regidora, se solicita formalmente revisar el proyecto por temas de movilidad, salud pública y división urbana. En el oficio de la SEMARNAT indica que la solicitud de la ARTF (SICT) para autorizar la MIA-R apenas se ingresó el 6 de junio de 2025 (clave 11GU2025V0045). Luego, responde que las dudas enviadas en marzo por la Regiduría simplemente "se tienen por presentadas e integradas al expediente".

Al dar por "recibidas e integradas" las dudas de marzo dentro del expediente abierto en junio, SEMARNAT no responde ninguna de las tres preguntas de fondo (por qué no usar el ferroférico, qué estudios hay, cómo van a mitigar el impacto). Convierte un reclamo de fondo en un simple papel de archivo sin valor vinculante, postergando cualquier postura hasta la emisión de la resolución administrativa final, cuando el proyecto ya estará dictaminado.

SEMARNAT justifica que se cumplió con la difusión porque la ARTF publicó el extracto del proyecto el 9 de junio de 2025 en un periódico local y en la Gaceta Ecológica.

La ley permite cumplir este requisito mediante un aviso de texto plano en edictos o secciones secundarias de periódicos. Un ciudadano común en Celaya no tiene forma de saber que un extracto legal publicado el 9 de junio activa un contador de 10 días para pedir una consulta o de 20 días para hacer observaciones. SEMARNAT validó la "legalidad" de la publicación, pero garantizó el analfabetismo procedimental del público para evitar la oposición social estructurada.

La compulsa demuestra que la consulta pública se operó como un mero trámite de ventanilla: se abrieron las fechas requeridas por ley para cumplir la forma, pero se notificó formalmente a los actores clave de Celaya a 48 horas de cerrar el plazo, asegurando que las objeciones de la comunidad quedaran fuera o ingresaran sin el sustento técnico suficiente para frenar la autorización.

En términos estrictos de gestión pública y defensa del territorio, sí, existió una omisión clara por parte del Gobierno Municipal de Celaya.

Aunque legalmente la decisión sobre el tren de pasajeros es una facultad del Gobierno Federal (SICT y SEMARNAT), la administración municipal incurrió en una omisión de representación y defensa institucional por tres razones puntuales:

-No solicitó la Reunión Pública de Información (Foro Presencial) La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que, cuando una obra puede generar impactos sociales, urbanos o de salud, la autoridad ambiental puede organizar un foro público presencial para que los promoventes den la cara a la población.

SEMARNAT justificó no hacer este foro argumentando que "nadie lo solicitó". El Presidente Municipal y el Ayuntamiento tenían la facultad jurídica y la responsabilidad política de exigir formalmente esa reunión pública para defender a sus ciudadanos, pero no lo hicieron. Dejaron esa tarea a la deriva de lo que pudiera hacer un ciudadano común por su cuenta.

-Guardó silencio político ante la amenaza de dividir la ciudad

Desde el 10 de marzo de 2025, el Alcalde y el Ayuntamiento estaban formalmente notificados de que el proyecto pretendía colocar un enrejado a lo largo de de Celaya, lo que fragmentaría la ciudad en dos y echaría a la basura casi 30 años de esfuerzos e inversiones millonarias orientadas a liberar las vías mediante el libramiento ferroviario (ferroférico).

Pese a tener el diagnóstico en la mesa, el municipio no emitió una postura de Cabildo firme, no promovió un recurso técnico o jurídico formal ante la SICT ni encabezó la exigencia de reordenamiento urbano. Delegó el tema de manera aislada en una sola regidora y en organizaciones civiles.

-Dejó indefensa a la ciudadanía frente a los plazos federales

Sabiendo que el proceso ambiental federal avanza a través de edictos y publicaciones burocráticas en la Gaceta Ecológica, el Gobierno Municipal no activó una campaña de información para alertar a la población celayense de que la Consulta Pública vencía el 18 de julio de 2025. Al no informarle a la gente, impidió que la comunidad presentara observaciones masivas en tiempo y forma.

En el ámbito municipal, este tipo de omisiones rara vez son por descuido técnico; generalmente responden a una subordinación o alineación política. Dado que el proyecto del Tren Querétaro-Irapuato es una obra prioritaria del Gobierno Federal, abrir un frente de confrontación o exigir un cambio de trazo implicaba frenar o condicionar una inversión federal.

El Gobierno Municipal optó por la inacción estratégica: no promovió la defensa del libramiento ferroviario para no chocar con la Federación, dejando que el trámite avanzara en el terreno burocrático hasta que los plazos de reclamo expiraran.

Las similitudes del Tren Querétaro-Irapuato con el caso del Tren Maya: las omisiones

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-La Contraloría municipal prosigue el análisis de la situación académica de la directora de personal tras que ha firmado documentos oficiales y que podría no estar facultada para hacerlo legalmente

-El regidor Carlos Ruiz León advirtió que cualquier documento suscrito por funcionarios sin título oficial carecerá de validez jurídica total, exigiendo una revisión exhaustiva en todas las áreas de la administración pública local.

-Diversos testimonios revelaron presuntos abusos de autoridad y retenciones ilegales dentro de la Tesorería municipal contra exfuncionarios, evidenciando un preocupante uso de métodos intimidatorios ajenos al marco legal vigente en el municipio.

-La falta de notificación oportuna a la Contraloría sobre un supuesto faltante de cinco millones de pesos en materia fiscal desató cuestionamientos sobre la omisión de protocolos y el posible encubrimiento de anomalías financieras.

-La presencia de elementos del grupo llamado "Palabras al viento" en el Instituto de Arte y Cultura de Celaya, ahora como funcionarios y donde se ve directa la mano de la esposa del alcalde, destapa probables conflictos de interés y contrataciones de personal directivo que carece del perfil gerencial indispensable.

-Ante los constantes escándalos de contrataciones basadas en amiguismos y la falta de capacidad técnica en paramunicipales, se exigió la intervención inmediata de los consejos directivos para deslindar responsabilidades administrativas.

El regidor Carlos Ruiz León puso de manifiesto que diversos funcionarios de la administración municipal en Celaya carecerían del perfil académico obligatorio para desempeñar sus cargos, luego del caso de la directora de personal, Alma Rosas López, quien hasta el momento no ha podido comprobar de manera satisfactoria su situación. Durante una entrevista, el edil explicó que la normativa municipal y estatal exige requisitos específicos, grados académicos, conocimientos y experiencia comprobada según cada puesto, subrayando que la Oficialía Mayor y la propia dirección de personal son las áreas encargadas de revisar minuciosamente los expedientes de los aspirantes.

La controversia escalaría más todavía si se detecta que altos mandos estarían firmando y suscribiendo documentos oficiales ostentando grados académicos que no pueden acreditar legalmente. El regidor detalló que un funcionario puede firmar únicamente conforme a su título y cédula profesional vigente, ya sea como licenciado o maestro, advirtiendo que atribuirse grados superiores como el doctorado sin la debida titulación constituye una irregularidad grave que vulnera la confianza tanto de la administración pública como de la sociedad celayense.

Ante estos hallazgos y trascender la información a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, Carlos Ruiz León informó que actuó en su calidad de presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Confirmó que hace algunos días turnó un oficio formal a la contralora municipal para exigir el inicio inmediato de una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las probables responsabilidades administrativas correspondientes dentro del gobierno local.

La información periodística reciente, basada en documentos y pruebas expuso un contexto complejo de presuntas acciones inquisitorias al interior de la Tesorería Municipal, la cual aparentemente omite informar a la Contraloría sobre presuntas anomalías financieras relevantes. 

Como antecedente, se recordó el caso del exencargado de nóminas, Alejandro Arroyo, quien fue citado y sujeto a un acta administrativa por un presunto faltante de cinco millones de pesos, una metodología de actuación que ahora se observaría como replicada en la figura de la delegada municipal de San Juan de la Vega, Laura Ramos Cuarenta. (https://www.metronewsmx.com/2026/07/tesoreria-municipal-acusa-sin-pruebas.html )

El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, confirmó que ya fue radicado un oficio para investigar formalmente a la directora de personal, Alma Rosas López, por firmar documentos oficiales presuntamente ostentando grados académicos que no puede acreditar. Durante una entrevista, el edil advirtió que si se comprueba esta anomalía, todos los procedimientos y actos firmados por la funcionaria carecerán de validez jurídica y se volverán totalmente nulos, subrayando que existe normativa federal que regula el uso correcto de títulos y cédulas profesionales.

Ante las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía y la indagatoria abierta en la Contraloría Municipal (https://www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncia-penal-contra-jefa-de.html ), el regidor reconoció que lo más sano y prudente habría sido separar temporalmente a la funcionaria del cargo mientras avanzan las investigaciones. Señaló que comprobar la autenticidad de cualquier grado académico es un proceso sumamente sencillo mediante la consulta de los registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública o las instituciones educativas correspondientes utilizando únicamente la CURP, tal como ocurre con su propia cédula profesional en derecho y maestría.

Durante la charla, el entrevistador cuestionó la aplicación discrecional de sanciones y despidos en la administración local, contrastando casos dados a conocer por los medios donde funcionarios con perfil adecuado, como Germán Redondo en el SIDEC (https://www.metronewsmx.com/2026/07/el-sidec-como-botin-la-comunicacion-en.html y https://www.metronewsmx.com/2026/04/german-arredondo-el-que-pita-nunca-le.html) y el exencargado de nóminas Alejandro Arroyo (https://www.metronewsmx.com/2026/07/contraloria-municipal-de-celaya.html ), fueron destituidos abruptamente de forma pública, mientras que en otros casos se designa a personal sin acreditación o se otorgan condiciones preferenciales. 

Ante ello, Ruiz León explicó que cualquier baja o remoción de un servidor público debe estar debidamente fundamentada en manuales operativos de Oficialía Mayor y en la ley estatal de trabajadores al servicio del estado y los municipios.

Finalmente, el regidor enfatizó que su facultad como presidente de la comisión edilicia es solicitar formalmente el inicio de las indagatorias, mientras que la Contraloría Municipal tiene la obligación legal de realizar las diligencias pertinentes, llamar a comparecer a la implicada y otorgarle su garantía de audiencia para que presente las pruebas o documentos que sustenten su situación profesional, concluyendo la primera parte de la entrevista antes de pasar a un corte técnico.

El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en Celaya, anunció que su oficina elabora junto a su asesor jurídico una investigación formal sobre las recientes actuaciones de la Tesorería municipal, encabezada por Juan Almaraz Vilchis. 

La intervención responde a los casos del exencargado de nóminas, Alejandro Arroyo, y de la delegada municipal de San Juan de la Vega, Laura Ramos (https://www.metronewsmx.com/2026/07/les-digo-de-frente-y-muy-claro-no-voy.html ), quienes presuntamente fueron citados bajo engaños o notificaciones irregulares, amedrentados y, en el caso de Arroyo, privado ilegalmente de la libertad al ser encerrado en oficinas sin permitirle la salida, constituyendo un posible delito de fuero común.

Durante la entrevista, el edil enfatizó que ningún servidor público puede actuar fuera del marco normativo ni convertirse en "todólogo", subrayando que el levantamiento de actas administrativas exige un protocolo riguroso que involucre a Oficialía Mayor, la dirección jurídica y la Contraloría, respetando en todo momento el derecho de audiencia consagrado en la Constitución federal. 

Asimismo, señaló que si existían irregularidades contables o administrativas, la ley obliga a notificar de inmediato a la Contraloría Municipal para que sea esta instancia la encargada de indagar y determinar responsabilidades administrativas o penales, en lugar de utilizar la dependencia como un coto de poder para intimidar al personal.

Uno de los ejes centrales abordados fue el faltante de cinco millones de pesos en materia de impuestos que motivó el cese de Alejandro Arroyo. El regidor cuestionó el procedimiento y la omisión de la Tesorería al no informar oportunamente a la Contraloría sobre el caso, máxime cuando la parte afectada sostiene contar con comprobantes físicos de que los pagos a la federación se realizaron en tiempo y forma. 

Ruiz León advirtió sobre la gravedad de la situación, destacando que no solo se trata del monto inicial de cinco millones de pesos, sino de las repercusiones accesorias generadas, tales como posibles intereses, recargos y multas fiscales.

Finalmente, el regidor puntualizó que la administración de los recursos y la ejecución de nóminas corresponden estructuralmente a Oficialía Mayor, por lo que cuestionó la intervención directa de la Tesorería en estos procesos. Confirmó que turnará formalmente ambos expedientes a la contralora municipal para que proceda conforme a la normativa, deslinde responsabilidades y garantice un proceso transparente, mientras que los afectados evalúan interponer denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado ante la filtración de información y el trato intimidatorio recibido.

El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, confirmó que solicitará formalmente a la Contraloría Municipal ampliar las investigaciones a todas las dependencias paramunicipales, en donde se destaca el Instituto de Arte y Cultura de Celaya (INSMACC). (https://www.metronewsmx.com/2025/09/festival-palabras-al-viento-conflicto.html )

Durante la entrevista, se expuso que hace más de un año este medio digital y la columna "Fans de Serpientes y Escaleras" documentaron irregularidades sobre un grupo de "cuentacuenteros" independiente denominado "Palabras al viento" y bautizado en redes como "Palancas al viento", cuyos integrantes ocupan cargos directivos y administrativos en el instituto devengando sueldos públicos evidenciados en el portal de transparencia, a pesar de carecer varios de ellos del perfil académico, técnico, de coordinación o directivo requerido para la administración pública. 

El hecho de los intereses aquí mezclados quedó evidenciado sutilmente en publicaciones realizadas en redes sociales por la escritora Macaria España (https://www.metronewsmx.com/2025/07/macaria-espana-y-quien-defiende-la.html ) y cómo su voz disidente le valió un reacomodo para sacarla del INSMACC (https://www.metronewsmx.com/2025/07/reacomodos-silenciosos-cultura-como.html )

El edil subrayó que se debe diferenciar puntualmente entre las habilidades de un artista o un artesano y las capacidades de administración que exige un puesto directivo, aplicando el principio de "zapatero a tus zapatos". 

Asimismo, se evidenció un claro conflicto de interés al evidenciarse directamente a Laura Casillas, esposa del presidente municipal e integrante de dicho grupo, cuya agrupación cultural pasó de ser independiente a ser absorbida por el municipio y recibir financiamiento institucional total y un trato preferencial por parte del gobierno local, en contraste con otros sectores culturales. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/de-palabras-al-viento-palancas-al.html )

Como antecedente, se recordó el escándalo, que tuvo cierta repercusión entre artistas y escritores del mundo dela cultura en México, generado por la injustificada remoción del pintor y maestro Gerardo Martínez, quien durante 25 años fuera alumno y colaborador del destacado artista mexicano Francisco Toledo (https://www.metronewsmx.com/2025/09/insmacc-maniobras-y-silencios-complices.html ); Martínez García actualmente colabora en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como el caso reciente en el SIDEC, donde una persona fue asignada a comunicación social -tras el accidente del titular- y operaba un negocio de venta de productos en horario laboral (https://www.metronewsmx.com/2026/07/el-sidec-como-botin-la-comunicacion-en.html ).

Ante este cúmulo de anomalías en las contrataciones de personal que responde a relaciones de amistad o recomendaciones internas, el regidor enfatizó que no incurrirá en omisiones y exigirá que los consejos directivos de las paramunicipales y las comisiones correspondientes revisen a fondo los perfiles. 

Cuestionado sobre la autonomía de la dependencia fiscalizadora, Ruiz León expresó su confianza en que la contralora municipal actúe con plena libertad ante el incremento de investigaciones y reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias legales para deslindar responsabilidades administrativas en beneficio de la ciudadanía celayense. #MetroNewsMx