Redacción Editorial
-Resultó lo que ya se había anunciado en este medio: el alcalde señala a funcionarios estatales de dar datos erróneos a Libia Dennise; culpando así a la oposición
-La gobernadora sostiene su postura en el rigor técnico, mientras el alcalde de Celaya se refugia en la victimización política.
-El hecho de adjudicarse obras de la administración pasada en su Primer Informe destruye la credibilidad técnica del actual gobierno municipal.
-No existe bloqueo estatal; lo que existe es una incapacidad manifiesta del alcalde de Celaya para presentar proyectos ejecutivos válidos.
-Presentar un informe de gobierno con obras ajenas es un acto de falsedad institucional que delata el desgobierno en Celaya.
-El alcalde Juan Miguel Ramírez prefiere la confrontación mediática antes que la profesionalización de su oficina de proyectos.
-Si el municipio no puede redactar un informe sin 290 errores, menos podrá estructurar proyectos de infraestructura compleja.
-La narrativa de los 47 proyectos parece ser una cortina de humo para ocultar la parálisis administrativa en la obra pública.
-Libia Dennise actúa con apego a la legalidad; el uso de recursos públicos exige expedientes técnicos que Celaya no tiene.
-La simulación se convirtió en política oficial en Celaya al intentar engañar a la ciudadanía con logros de gestiones previas.
-Es técnicamente imposible liberar recursos estatales para carpetas que carecen de validaciones básicas y rigor estructural.
-El alcalde de Celaya utiliza el discurso de odio político para encubrir la falta de perfiles expertos en su equipo de trabajo.
-Mientras León e Irapuato avanzan con proyectos validados, Celaya se estanca en la mentira y la improvisación administrativa.
-La mentira institucionalizada en el informe de gobierno es la prueba irrefutable de que la palabra del alcalde carece de peso.
-La gobernadora no necesita ser inducida al error; los errores del municipio son públicos, notorios y están documentados.
Celaya enfrenta una crisis de honestidad: es más fácil culpar al Estado que trabajar en la integración de expedientes reales.
En el complejo tablero de la política guanajuatense, la gestión de la obra pública se ha convertido en el campo de batalla donde chocan dos visiones: la del rigor técnico-administrativo y la de la propaganda política.
Sin embargo, tras analizar las declaraciones cruzadas entre la gobernadora Libia Dennise García y el alcalde Juan Miguel Ramírez, así como las evidencias documentales de sus respectivos ejercicios de gobierno, la realidad emerge con una crudeza que va más allá de la simple diferencia partidista.
Esta postura buscaba colocar a la gobernadora en la posición de una autoridad que discrimina presupuestalmente a un municipio por el simple hecho de ser gobernado por la oposición. Es una narrativa poderosa, diseñada para el consumo electoral: el Estado contra el pueblo de Celaya.
No obstante, desde el principio, las declaraciones de la gobernadora Libia Dennise no fueron políticas, sino técnicas. Al declarar que el presupuesto de la deuda estatal está disponible pero que los proyectos de Celaya están incompletos o carecen del nivel de detalle necesario, la mandataria trasladó la carga de la prueba al municipio.
En la administración pública, un proyecto ejecutivo no es un deseo ni una lista de buenas intenciones; es un expediente técnico riguroso que incluye cálculos estructurales, estudios de mecánica de suelos, validaciones hidráulicas y catálogos de conceptos precisos. Sin esto, la liberación de recursos es jurídicamente imposible y financieramente irresponsable.
Resulta evidente que el alcalde Ramírez está utilizando una estrategia de posverdad. Al no poder entregar proyectos que cumplan con la normativa, opta por la confrontación mediática. Señala favoritismos hacia León o Irapuato para posiblemente encubrir que su propia oficina de obras públicas y el IMIPE no han logrado producir expedientes validables.
Es más sencillo culpar a la "voluntad política" de la gobernadora que admitir la incapacidad administrativa de su equipo para cumplir con las reglas de operación de los fondos estatales.
Por otro lado, la gobernadora Libia Dennise se conduce con elementos de verdad que se sostienen en la legalidad administrativa. Para el Estado, asignar recursos a proyectos mal integrados representaría una observación inmediata de la Auditoría Superior.
Su postura no es de bloqueo, sino de salvaguarda del recurso público. Mientras el municipio no profesionalice su área de proyectos y abandone la práctica de "reciclar" logros ajenos, el desarrollo de Celaya seguirá estancado en la retórica.
La realidad es que Celaya está atrapada en una simulación. La administración municipal actual parece más preocupada por la narrativa de la confrontación que por la eficiencia de la gestión. La mentira, cuando se institucionaliza en documentos oficiales como un informe de gobierno, deja de ser una opinión política para convertirse en una falta de ética pública. La gobernadora tiene razones técnicas de peso; el alcalde, en cambio, solo tiene excusas políticas para cubrir una alarmante carencia de resultados tangibles y honestidad administrativa.
Lo que las declaraciones del alcalde intentaron generar
Al analizar la información mediática y el contexto político-técnico de la relación entre el Gobierno de Guanajuato y el municipio de Celaya, se desprenden varias capas de interpretación sobre quién podría estar faltando a la verdad o quién está operando bajo una estrategia política.
Aquí, viene la pregunta ¿Quién realmente está diciendo las incongruencias?
Desde la postura del alcalde y lo que intentó crearle en la mente de los celayenses y la imagen que intentó crearle a los que todavía le creen, se vería que existen contradicciones directas en los datos. Por un lado, la gobernadora Libia Dennise afirma que Celaya tiene proyectos incompletos o de bajo nivel de preparación, lo cual retrasa la asignación de recursos de la deuda estatal. Por otro lado, el alcalde Juan Miguel Ramírez sostiene que ha entregado 47 proyectos completos y validados, asegurando que incluso algunos están al 99% de aprobación técnica por el propio equipo del Estado.
La incongruencia es que no pueden existir 47 proyectos "validados y completos" y, al mismo tiempo, que el Estado diga que "no hay proyectos listos". Técnicamente, una validación estatal es un sello oficial; si el alcalde tiene los oficios de validación, la gobernadora estaría recibiendo información sesgada. Si el alcalde solo tiene los "acuses de recibo" pero no las validaciones técnicas finales, entonces su discurso es una verdad a medias.
Ahora, según lo declarado por el alcalde sobre los funcionarios estatales que son los que aparentemente desinforman a la gobernadora, nace otra pregunta ¿Es creíble que la gobernadora sea inducida a declarar eso?
El alcalde, a través de la retorica quiere hacer ver que esto es altamente probable. Busca hacer ver que un gobernador no revisa personalmente el nivel de detalle de un proyecto ejecutivo (planos, memorias de cálculo, catálogos de conceptos). Esta información le llega filtrada por la Secretaría de Obra Pública. Si los mandos medios o técnicos de la secretaría (que a menudo permanecen de administraciones pasadas) quieren frenar el avance de un municipio de oposición, pueden reportar los proyectos como "observados" o "incompletos" por detalles mínimos.
Las razones técnicas reales ponen de manifiesto que Celaya ha tenido una rotación importante de personal técnico en el IMIPE y Obras Públicas tras el cambio de administración. Es posible que los expedientes tengan deficiencias técnicas que el alcalde, en su rol político, minimiza llamándolas "detalles menores", pero que para la normativa estatal son impedimentos legales.
La tercer pregunta es ¿El alcalde está evadiendo o politizando? El alcalde Juan Miguel Ramírez juega una doble carta, primero, en lo técnico. Defiende sus 47 proyectos para no parecer incompetente ante la ciudadanía.
Segundo, en lo político. Aunque declara que "no cree que sea algo político de la gobernadora", simultáneamente señala que se está privilegiando a León o Irapuato. Esta es una táctica clásica. Eximir de culpa al titular (Libia Dennise) para mantener la puerta abierta al diálogo, pero culpar al "sistema" o a los "funcionarios estatales" de favoritismo.
La cuarta pregunta es ¿Quién está mintiendo? y si el alcalde busca, llevar con su juego a la manipulación de la terminología técnica.
Buscó hacer ver que el asunto es una mentira por una omisión del estado. El alcalde quiere hacerle ver al pueblo de Celaya que es probable que los proyectos de Celaya estén en un nivel de avance similar a los de otros municipios (como León), pero al ser Celaya un municipio de Morena, se le aplica un rigor técnico extremo que no se aplica a los aliados. Al exigir el Estado la "perfección" técnica para soltar el recurso, el mismo Estado puede decir legalmente que están "incompletos" sin estar mintiendo técnicamente, pero sí actuando con dolo político.
Pero al alcalde lleva una carta que le puede hacer perder y es la mentira por exageración del mismo Juan Miguel Ramírez Sánchez. Decir que tiene 47 proyectos "completos" es una afirmación audaz. En la administración pública, un proyecto ejecutivo real y completo es una joya técnica costosa y difícil de lograr. Es probable que muchos de esos 47 sean proyectos de pavimentación simple o "fichas técnicas" que él presenta como proyectos ejecutivos para presionar mediáticamente.
En esta primera parte, el manejo de la terminología llevaría a concluir que la gobernadora actúa bajo un perfil técnico -posiblemente inducido por su gabinete para administrar los tiempos políticos del presupuesto-, mientras que el alcalde utiliza un perfil de victimización política para justificar por qué no ha iniciado las grandes obras.
En la conclusión de ¿Quién miente? el eslabón más débil que intenta el alcalde Juan Miguel Ramírez exhibir es una presunta dolosa comunicación interna del Estado hacia la Gobernadora. Si el alcalde realmente tiene validaciones firmadas (como él asegura), entonces los mandos técnicos del Estado le están mintiendo a Libia Dennise para que ella sostenga un discurso que bloquee el recurso, permitiendo que el dinero se use en municipios donde el rédito político sea para su partido (PAN).
Lo que convenientemente se le "olvidó" decirle Juan Miguel Ramírez a la gobernadora y lo exhibe como un mentiroso
Un hecho sucedido el viernes 19 de septiembre de 2025, en Sesión de Cabildo, donde se aprobó por mayoría el primer informe de Gobierno, la credibilidad del alcalde Juan Miguel Ramírez en temas de obra pública y proyectos ejecutivos queda seriamente comprometida, pasando de ser una víctima de "bloqueo político" a un actor con deficiencias técnicas y éticas comprobables.
Basados en el artículo presentado por Metro News y las posteriores pruebas fotográficas se obliga la siguiente pregunta: ¿Qué credibilidad tiene el alcalde en obra pública?
La revelación de que el municipio intentó adjudicarse obras terminadas por la administración anterior, como las calles Venezuela y Argentina (
https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html ), no es un error menor ni una falla de redacción. Es un acto de falsedad institucional que desmorona la confianza en cualquier otro dato técnico que emane de la misma fuente.
La respuesta es que su credibilidad es mínima o nula en el sentido técnico y de transparencia.
Si una administración municipal es capaz de presentar ante su Cabildo y su ciudadanía un informe con obras que no construyó, ¿Qué valor tienen sus declaraciones sobre la existencia de 47 proyectos ejecutivos? La inferencia es directa y lógica: el municipio carece de la solvencia técnica para generar proyectos que superen el filtro estatal.
El desaseo documentado en el borrador de su informe, con casi 300 errores de forma y casi un centenar de errores de fondo, es el síntoma de una burocracia técnica desarticulada o inexperta.
Así, se pone sobre la mesa el rigor técnico vs. la capacidad administrativa. La información objetiva publicada por Metro News revelan que el equipo del alcalde entregó borradores del informe con 87 errores de fondo que son inconsistencias numéricas y adjudicación de obras ajenas.
También se pusieron de manifiesto 290 errores ortográficos y de forma lo que indica una falta de profesionalismo en las áreas que deben redactar y validar documentos oficiales.
De esto se puede interpretar periodísticamente que si una administración es capaz de adjudicarse obras físicas ya terminadas por otros para "inflar" números, su afirmación de tener "47 proyectos ejecutivos listos" carece de sustento. El alcalde está invitando a pensar, -por su manera de actuarle y mentirle al pueblo de Celaya, a través de un documento oficial que es el Informe de Gobierno- que es muy probable que esos proyectos sean, en realidad, carpetas incompletas o simples anteproyectos que no cumplen con la normativa estatal.
De lo anterior se puede deducir que si no tienen la capacidad de revisar la ortografía y la veracidad de su propio informe de gobierno, es técnicamente imposible que tengan la capacidad de integrar proyectos ejecutivos de alta complejidad (puentes, distribuidores, plantas de tratamiento) que requieren validaciones hidráulicas, eléctricas y estructurales rigurosas. La otra es que quienes realmente le están mintiendo al alcalde -y que no tiene la capacidad de darse cuenta de ello-, es su propio equipo de trabajo y algunos de los miembros de su Ayuntamiento, que le venden la idea de que es el más ilustre y más capaz alcalde del estado de Guanajuato.
Con todo lo anterior se obliga entonces la pregunta: ¿Quién miente sobre los proyectos ejecutivos?
Con estos antecedentes, la balanza se inclina a favor de la postura de la gobernadora, ya que tiene razones técnicas sólidas. Si el Estado recibe proyectos con el mismo nivel de descuido que el informe municipal (errores de fondo y forma), es legal y financieramente imposible liberar recursos de deuda pública.
Esto hace ver que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez utiliza la política como escudo para su incompetencia técnica. Al querer hacer sentir a la ciudadanía de Celaya que "el Estado lo bloquea", busca desviar la atención de su incapacidad para generar expedientes técnicos válidos. El mismo lleva a deducir que la "mentira" del alcalde es presentar como "proyectos terminados" lo que probablemente son solo solicitudes de intención.
El análisis del comportamiento político
El alcalde parece operar bajo una estrategia de "posverdad". Primero presenta un informe con datos falsos -obras ajenas-. Segundo, cuando se le detecta, minimiza el error llamándolo "politiquería" y tercero, al no recibir dinero por falta de proyectos, culpa al "interés político" del Estado.
Basado en las pruebas de que el municipio intentó engañar al cabildo y a la ciudadanía adjudicándose obras de la administración 2021-2024, se infiere que el alcalde no tiene proyectos ejecutivos reales. La gobernadora no está siendo "inducida" por funcionarios malintencionados; simplemente está recibiendo reportes de una oficina técnica -la del municipio- que no sabe o no quiere cumplir con las reglas de operación estatales. El alcalde está evadiendo su responsabilidad técnica y convirtiendo su propia deficiencia administrativa en una bandera política de victimización. #MetroNewsMx
