Redacción
-La autoridad municipal de Celaya ignora la ley, se extralimita en funciones y aplica reglamentos de "cuidados" a centros de educación inicial: Villalobos.
-El municipio usa la "mesa de diálogo" como un ultimátum, rechazando escuchar puntos de la asociación y sin respetar el protocolo.
-La directora del DIF, Laura Casillas, y otras autoridades evidencian una actitud radical de cerrazón con consignas de clausura.
-La presencia de autoridades armadas en las clausuras de estancias infantiles es un acto de intimidación desproporcionada.
-El DIF y Desarrollo Urbano carecen de competencia legal para supervisar la Educación Inicial.
-La Lic. Villalobos denuncia que se está robando el derecho constitucional a la educación de los niños al aplicarles normas de custodia.
-Se acusa a la autoridad de violentar derechos e insistir en la ilegalidad por desconocimiento o capricho político.
-La reunión no generó acuerdos ni minutas; terminó en ruptura y hostigamiento con una nueva citación inmediata.
-El conflicto se debe a la errónea aplicación de leyes y la falta de capacitación en el ejercicio de las funciones de gobierno.
-La asociación llevará el caso a instancias de Derechos Humanos y buscará responsabilidades de los servidores públicos.
-El delegado de San Miguel Octopan se opuso a la cerrazón, buscando Laura Casillas dialogar con él por separado y en sus oficinas
-La asociación coincide en que la actuación municipal es un abuso de poder que afecta el interés superior de la niñez.
-Ciudadanía y centros de educación inicial están convocados a una unidad nacional ante el abuso en Celaya.
-La autoridad fue señalada de conducirse con falsedad al insistir que la reunión era la sexta, siendo la primera de diálogo real.
-El caso expone un problema de gobernanza local donde la voluntad política se impone sobre la legalidad y los derechos.
En entrevista con Guadalupe Lizeth Villalobos -Presidenta de la Asociación de Estancias Infantiles, SISEIN- y nuestro compañero periodista Eugenio Amézquita Velasco, se revela un conflicto institucional agudo en el municipio de Celaya -y con implicaciones nacionales- respecto a la competencia regulatoria sobre las estancias infantiles, que la asociación recalca que se encuentran dentro del concepto de Centros de Educación Inicial.
Los puntos neurales del conflicto con las Estancias Infantiles en Celaya
-La centralidad de la disputa legal y competencial tiene como el punto neural más fuerte la errónea aplicación de la ley y la falta de competencia legal por parte de la autoridad municipal -principalmente Desarrollo Urbano y DIF-.
Como evidencia clave, la Lic. Villalobos sostiene que la Ley General de Prestación de Cuidado y Atención Infantil y el reglamento municipal facultan a la autoridad para supervisar guarderías donde se dan cuidados y desarrollo, pero no a los centros de educación inicial.
Sobre el argumento legal es correcto -que la educación inicial es un rubro distinto a la simple custodia/cuidado y cae fuera de la competencia del DIF/Desarrollo Urbano municipal-, la actuación de la autoridad no es solo un error administrativo, sino un acto de extralimitación de funciones e invasión de esfera competencial. Este es el cimiento jurídico que justificaría el calificativo de "ilegalidad" e "injusticia" por parte de la asociación.
Esto implicaría que se estaría "robando el derecho a la educación" a los niños al aplicarles una regulación de "cuidado," contraviniendo el derecho constitucional a la educación inicial. Se subraya durante la entrevista la inconsistencia al compararlo con primaria o preescolar, donde el municipio no interviene.
La entrevistada plasma la cerrazón y falta de protocolo en la "Mesa de Diálogo", ya que la narración de la reunión por parte de la Lic. Villalobos evidencia una grave falla en el proceso de diálogo institucional, que se convierte en un mecanismo de imposición.
Esto también se pone en evidencia porque la mesa carecía de protocolo, orden del día y minuta de acuerdos. La postura de la autoridad -DIF, Secretario de Ayuntamiento, Particular del Presidente Municipal- fue "unilateral y arbitraria", con la única instrucción de que las maestras iniciaran el trámite de licencia del DIF. Además, se negaron a escuchar o analizar los puntos de la asociación, insistiendo en la consigna: "o se tiene que cumplir o van los sellos."
El análisis de la entrevista, en base a lo plasmado por la presidenta nacional de ASEIN, queda en evidencia que esto no fue una "mesa de diálogo," sino un ultimátum. La presencia de más de 20 personas de la autoridad contra 4 o 5 de la asociación y la falta de respeto a los protocolos sugieren una intención de intimidación y coerción, no de búsqueda de acuerdos.
El abandono de la mesa sin firma de minutas y el corte de comunicación, seguidos inmediatamente por una nueva citación a la estancia clausurada, demuestran la mala fe en el proceso.
Al abordar nuevamente el punto de la presencia del uso de la fuerza pública y acciones de hostigamiento, en la entrevista saca a la luz el uso desproporcionado de recursos y el hostigamiento hacia los centros educativos.
La presencia de autoridades armadas -Seguridad Pública- durante la clausura inicial en la estancia de San Miguel Octopan, a pesar de tratarse de niñas y niños, bebés, se considera una violación grave y un desvío de recursos de seguridad pública.
El hecho de que Desarrollo Urbano volviera a citar a la maestra Paloma, directora del plantel de SMO inmediatamente después de la mesa es un claro acto de hostigamiento o represalia.
El uso de la fuerza y la persecución administrativa en un asunto de competencia normativa, y contra una institución que atiende a la infancia, es éticamente cuestionable y socialmente alarmante. Esto contribuye a la percepción de que la acción de la autoridad es un capricho o una imposición política más que una aplicación diligente de la ley.
En el diálogo y entrevista con Villalobos se plasma también el desconocimiento y falta de capacidad de la autoridad
Se cuestiona abiertamente la capacidad y la capacitación de los funcionarios involucrados.
La Lic. Villalobos atribuye la actitud de cerrazón a un posible "desconocimiento del ejercicio de las autoridades" y a la falta de capacitación para aplicar leyes y reglamentos, extendiendo esta crítica hasta el presidente municipal. El delegado de San Miguel Octopan, al oponerse y ser invitado a la oficina de la Directora del DIF (Laura Casillas), refuerza la idea de una decisión impuesta desde la cúpula y no una postura técnica o legalmente consensuada.
Esto sugiere un problema de gobernanza donde las decisiones se toman por voluntad política -o capricho- sin el debido respaldo legal y técnico, lo que deriva en violaciones a los derechos ciudadanos.
La base del conflicto -es decir el por qué de la ilegalidad y la violación a derechos- se da porque el caso se define por la presunta incompetencia legal de las autoridades municipales de Celaya para regular los Centros de Educación Inicial bajo un marco de "cuidados" (DIF) y Desarrollo Urbano. Esta acción se traduce, en la práctica, en una violación al derecho constitucional a la educación inicial de los menores, siendo este el agravio principal.
La autoridad municipal demostró una postura radical y de cerrazón, utilizando la "mesa de diálogo" como un mero instrumento de coerción y ultimátum ("cumplir o sellar") en lugar de un foro de discusión y acuerdo. La falta de formalidad y la intimidación evidencian una ruptura del principio de legalidad y la voluntad de imponer una visión por encima del debate jurídico y social.
Ante la cerrazón, la asociación anuncia que el conflicto se traslada necesariamente al ámbito legal superior -Derechos Humanos, responsabilidad de servidores públicos- y al ámbito social -convocatoria a unidad nacional y posibles movilizaciones-. Esto subraya que la vía administrativa y el diálogo están agotados por la falta de voluntad de la autoridad.
El conflicto pone en entredicho la calidad de la gobernanza municipal en Celaya, sugiriendo que las acciones responden a un posible desconocimiento funcional o un ejercicio autoritario del poder, lo cual tiene serias implicaciones para la confianza de los ciudadanos y la observancia de la ley.
El caso exhibe un manual de cómo no debe actuar una autoridad en un estado de derecho: Se utiliza la fuerza -policía-, se ignora el marco legal vigente -disputa competencial-, se simula el diálogo -reunión sin protocolo- y se hostiga al ciudadano -nueva citación inmediata-. El conflicto, lejos de resolverse, ha escalado al nivel de una defensa del derecho constitucional a la educación contra un abuso de poder local.
La entrevista completa a la presidenta de ASEIN
Eugenio Amézquita Velasco
Tengo en la línea telefónica, desde Hermosillo, Sonora, a la licenciada Lisset Villalobos, Guadalupe Lisset Villalobos, quien es la presidenta de la Asociación de Estancias Infantiles SISEIN, y que ya nos habían comentado que iba a tener una reunión, se iba a reunir via Zoom, junto con las maestras de las estancias infantiles, que una de ellas ha sido clausurada, y que parece que estuvo muy accidentada esta reunión, de hecho estoy viendo las imágenes que usted me acaba de enviar de esta reunión, y pues parece que fueron cuatro contra el mundo, bueno, cinco, incluyendo al, creo, que delegado o subdelegado municipal de San Miguel Octopan. ¿Qué pasó, licenciada? ¿Qué sucedió? ¿Se aclararon las cosas? ¿Se volvió terso el terreno? ¿O finalmente se van a tener que ir al marco legal para hacerle ver a la autoridad de Celaya de que, como usted me lo ha dicho, se está cometiendo una injusticia? Gracias, licenciada.
Guadalupe Lizeth Villalobos
Muy buenos días, le agradezco una vez más esta oportunidad y este espacio, y que nos permitan el uso de la voz precisamente para compartirles lo que nosotros vivimos el día de ayer en esta mesa, si le podemos llamar mesa.
Para nosotros, sinceramente, fue muy, causó sorpresa, siendo que hemos estado en mesas de trabajo con todos los ordenamientos o los distintos poderes del Estado del país. Sin embargo, en esta mesa no existía un protocolo, no existía un orden del día, y todavía ni siquiera había una presentación cuando abordan, bueno, ni siquiera solicitaron el uso de la voz, y una persona de DIF, Teresita, inicia precisamente, pues, simple y sencillamente así, inicia en el sentido de que hablando pues lo que hace el DIF y que están en la mesa para solicitar que se realice el trámite.
Nosotros en repetidas ocasiones solicitamos una vez más la presentación en el orden del día, que se respetaran los protocolos, una minuta de acuerdos, sin embargo, a todo, pues de alguna manera, sí hubo una presentación que sinceramente no fue presentación, si pueden observar las imágenes, hay más de 20 personas en la mesa, aparte, el único orden o punto del día era que tenían las maestras que iniciar el procedimiento para esa licencia del DIF, ese era el punto, que no había otro punto, no había más, cuando sabemos todos, todos los mexicanos, no nada más hablo los del municipio de Celaya, sino todo el país, ya es de conocimiento nacional, que hubo unas graves violaciones en el procedimiento del desarrollo urbano y cómo estaban alterando las actas, cómo estaban violentando los derechos, y sobre todo con autoridades en conjunto, habiendo niñas y niños, bebés, nuestros bebés del país, y autoridades armadas, cuando tenemos tanta inseguridad en nuestro país, y esas autoridades deben estar haciendo su trabajo en otras áreas de otros sectores, donde verdaderamente estamos expuestos.
Así mismo, las autoridades del DIF local, tienen muchísimo trabajo que hacer como para estar con el 1% de los niños y las niñas del municipio, que realmente están en un lugar seguro donde se están precisamente educando o se está fomentando la educación, entonces, al iniciar esta situación, que nosotros pretendíamos verdaderamente la voluntad, que hubiera voluntad por parte de la autoridad, que estuvieran abiertos al diálogo.
Ahí les compartimos la grabación de toda esta reunión, en la cual, por más que solicitábamos, esa apertura no se dio, ustedes pueden escuchar la voz de todos los presentes, en donde hasta diputadas estaban en el mismo sentido de insistir en violentar los derechos que nos asisten, y que no vamos a renunciar a ellos, porque prácticamente nos estaban pidiendo que nos allanáramos, y ahí lo van a escuchar ustedes, ahí lo van a escuchar todo esto que ellos manifestaban, igual el secretario del ayuntamiento, el particular del presidente municipal, entonces, y Laura (Casillas), que es una maestra, que precisamente está coordinando lo que es el diputado del municipio.
De manera unilateral y arbitraria, empiezan a precisamente solicitar todos, prácticamente a una sola voz, que se tiene que cumplir o van los sellos, o se tiene que cumplir o no quitan sellos, ahí está también muy claro la postura. Entonces, para nosotros, es al momento de solicitar.
Bueno, no nos daban entrada con ninguno de los puntos que llevábamos a la mesa, bueno, no lo dieron, no los aceptaron, ni siquiera los leyeron, ni nada, no nos escucharon. Bueno, entonces, cuando me preguntan y cuál es la contrapropuesta, bueno, entonces, si no quieren analizar todos los puntos que estamos poniendo sobre la mesa, entonces, pues, vamos a revisar si cuentan con facultades y competencia. Entonces, ellos insisten en que sí cuentan, pero no ponemos en la mesa las leyes.
Bueno, vamos a hacer, entonces, demos un espacio, un receso, reagendemos para que lo veamos las áreas jurídicas, y ahí ya ver realmente, pues, que no hay facultad o competencia como nosotros lo sostenemos, y lo seguimos sosteniendo, y porque así está en la ley. Entonces, pues, no, no hubo apertura. También me llamó mucho la atención que se conducían con falsedad, porque ahí insistían que era la sexta reunión cuando es la primera reunión que verdaderamente se tiene.
Hubo una convocatoria un día sí para la reunión, sin embargo, sí quiero también resaltar que ese momento que las maestras iban en trayecto le chocaron. Algo les impidió a este accidente llegar, no fue por otra causa o una situación, fue una situación realmente extraordinaria, y que, pues, gracias a ese accidente, ellas no pudieron asistir. Fue la única, y no hubo mesa, porque realmente les impidió esto llegar.
Esta es la primera mesa de diálogo, que podemos llamarlo así. Decían, ellos manifestaban que nosotros no teníamos voluntad cuando les decíamos bueno, pues ya te propusimos CXYZ y demás, ahí, pues, no quedó en nosotros sostenernos en algo, y en el caso de ellos, sí, no salieron de donde mismo, y aquí lo que más nos hace ruido a nosotros es que salen de la mesa sin cerrar la mesa, sin firmar minutas, nos cortan la comunicación, y cuando las maestras hacen su traslado a sus centros de educación inicial, ya estaba, en el caso de la maestra Paloma, de este centro, ya estaba antes que ella, otra vez desarrollo urbano, dejando una citación para el día de hoy. Entonces, esto ya está rebasando esta situación de violaciones, de ilegalidad, de acuerdo a la autoridad, y por qué lo comparto con ustedes, porque como ciudadanos no debemos de permitir esto.
La ley, ellos, si ustedes ven las notas, y se las estamos compartiendo en este momento, la Ley General de Prestación de Cuidado y Atención Infantil, así como el reglamento, que tiene un nombre muy similar también a esta ley, de ahí del municipio, se los estamos compartiendo, ese reglamento y esa ley sí los faculta a supervisar guarderías donde se dan cuidados y desarrollo de los niños y las niñas. Sin embargo, ni el reglamento ni la ley establece que pueden supervisar a los centros de educación inicial. Son ejes completamente opuestos, ejes completamente que lo venimos nosotros resaltando y vamos a seguir alzando la voz.
Los cuidados le han robado el derecho a la educación a los niños y a las niñas del país, y los sostenemos, porque hasta la fecha insisten en robar ese estado de derecho que no le pueden negar a los bebés de nuestro país. A las mamás, a los papás, queremos llegar a esos hogares que nadie, a los padres y a las madres, escuchemos esto. Nuestros hijos tienen el derecho y merecen esa educación inicial por parte del Estado, porque está establecida en la Constitución, porque les corresponde.
Y ya basta que estas áreas del DIF, simple y sencillamente, vengan a alejar ese derecho una vez más. Por eso estamos nosotros en esta unidad y hoy convocamos a una unidad nacional. Alcemos la voz, veamos, documentémonos, no nos quedemos nada más con un dicho de una autoridad que está muy evidente de las violaciones que insiste de tracto sucesivo, o sea, no está cesando con esas violaciones, y por eso en este momento nosotros, repito, alzamos una vez más la voz y que nos unamos y apoyemos a la maestra en este momento, al centro que está en operación, a esos padres que están afectando a esas madres y sobre todo a los niños y a las niñas, que es porque nosotros estamos velando y precisamente garantizando el interés superior de ellos.
Por tanto, sí les hacemos este llamado porque no podemos permitir que nos estén gobernando un núcleo de equipo, personas que sinceramente estén violentando todos estos derechos, ni siquiera principios, derechos. Todo están violentando y que no tengan esa apertura o ese análisis, ni siquiera las áreas jurídicas con una errónea interpretación de las leyes y sobre todo de la aplicación de las mismas. Para nosotros es sumamente delicado que esté sucediendo esto.
Entonces, repito, nos asiste el derecho, nos asiste la razón, nosotros vamos a buscar procedimientos tanto en las áreas de derechos humanos, así mismo como la responsabilidad de servidores públicos y lo que resulte del daño que están causando, porque todo esto ya es una afectación al interés social y también a derechos humanos y garantías individuales que están golpeando, están afectando gravemente a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, aquí mismo se acredita también que al momento de nosotros manifestar y expresar que es el DIF el que está provocando eso, ahí queda muy evidenciado, muy evidente en la mesa que se tuvo. Ahí ustedes también pueden analizar y poder tener una opinión y obviamente en base a la verdad, que es lo que nosotros estamos aquí en base a esta verdad y que no nos estén engañando y mucho menos falseando.
Ahí está la ley, es muy clara la ley y el reglamento que pretenden aplicar que no aplica y que no es competente. Repito, la ley faculta y tiene la competencia para cuidados y desarrollo, nada que ver con educación inicial, ni educación en sí.
Eugenio Amézquita Velasco
Hay varios puntos que me interesarían. Bueno, ya me quedó claro, el reglamento que tiene el municipio de Celaya establece que no menciona para nada educación inicial. Habla de cuidados, pero no de educación inicial, porque de otra forma, pues esto podía hacerse, como lo dijimos en otra entrevista, podría hacerse genérico para primarias y para preescolar, porque también son niños, también es infancia, y sin embargo ahí no, ahí en ese terreno no se meten. Ni el reglamento habla de que sea en educación primaria, ni sea en educación preescolar, ni en educación inicial.
Creo que eso ya me quedó claro. Pero me llama la atención, usted mencionó a una Laura, está hablando de Laura Casillas, la presidenta del DIF de Celaya?
Guadalupe Lizeth Villalobos
Así es, ella es una de las que también, y ahí van a poder ustedes escuchar la mesa, en donde ella también muestra su postura, y pues dice lo mismo, que ya ellos están cumpliendo y que si nadie ha venido a aplicar la ley, pues que ellos no la aprobaron. Sin embargo, es una aplicación, como repito, o de hecho se los comentamos en la mesa a las diputadas que estaban presentes, porque les dijimos que es bien importante, y al cabildo, que cuando se estén aprobando leyes o reglamentos, que deben de proponer iniciativas, precisamente que estén apegadas a la legalidad.
Nosotros sabemos que aún se aprueben, eso no quiere decir que están en toda la legalidad, si están violentando derechos humanos y garantías constitucionales. Entonces, ahí es algo bien importante, también como ciudadanos y ciudadanas, tener el conocimiento de que no porque ya existe una ley, esa ley realmente no está generando violaciones, como en este caso lo podemos nosotros observar, y que están haciendo una errónea y incorrecta aplicación de la mesa.
Eugenio Amézquita Velasco
Ahora, la otra cosa que me llama la atención, y creo que está en los audios, usted corríjame, hay un momento en que ya cuando se empiezan a levantar y se empiezan a cortar la señal, pues de aquí ahí muere porque no nos entendimos, que así es como lo estoy comprendiendo yo, no sé si el delegado o subdelegado municipal de San Miguel Octopan, como que se le busca convencer y se les dice que se va a clausurar la estancia, se le van a poner sellos, y entonces hay una reacción del subdelegado para con Laura Casillas, y Laura Casillas también hace algunos comentarios, me gustaría saber si esto es correcto, y qué fue, que hubo en ese intercambio de palabras.
Guadalupe Lizeth Villalobos
Sí, así es, el delegado se para, porque como todos se estaban retirando de una manera nada apropiada, el delegado lo expresa para todos, y dice nada ni nadie por encima del pueblo. Para nosotros obviamente escuchar eso fortalece, porque era una mesa de cuatro o cinco para veinte y tantas otras personas, que obviamente estaban en una postura completamente radical.
Ahora, esta directora Laura Casillas lo invita a su oficina, para decirle que ella está cumpliendo con la ley, que está realmente facultada, que nosotros estamos en un error, sin embargo también al momento que ella concluye esa invitación, de esa manera al delegado, nosotros también le solicitamos lo mismo, que nosotros también teníamos como acreditar lo que nosotros estamos haciendo valer, y lo que ya es evidente a los ojos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, lo que fue completamente evidente, la realidad y las violaciones que se generaron y se mostraron ese día, al llegar arbitrariamente y de ese nivel, hasta con una autoridad con armados, en este caso la seguridad pública, entonces ahí se dio esta situación, y el delegado se mantuvo muy firme con el pueblo, porque a él le consta lo que se vivió en ese centro, y le consta lo que se vivió en la mesa.
Eugenio Amézquita Velasco
¿A qué atribuye usted esta actitud? Bueno, así como usted me la plantea como de cerrazón, esta actitud radical, que usted manejó este calificativo, de parte de las autoridades, de parte de la presidenta del DIF, en este caso Laura Casillas, es que va a ser porque va a ser. ¿A qué atribuye usted este, no sé si sea un capricho, no sé cómo se le pueda llamar?
Guadalupe Lizeth Villalobos
Realmente pues tal vez sí pueda pasar por nosotros el que pueda ser, tal vez un capricho, sinceramente yo lo veo también más como el desconocimiento del ejercicio de las autoridades, el no estar capacitados precisamente para aplicar leyes y reglamentos, para el ejercicio de, en este caso, de una autoridad, que en este caso es DIF, o son dos bomberos, o el propio ayuntamiento.
Entonces sí nos falta mucha capacitación, mucho conocimiento para el ejercicio de funciones de buen gobierno, y sobre todo nosotros insistimos mucho en esa mesa de crear políticas públicas y actos de gobierno como corresponden.
Sin embargo veo que carecen, que carecen de esa capacitación. Es importante también ver que a veces, a lo mejor no somos aptos para gobernar, pero siempre hay una oportunidad de capacitación, y aquí no veo que estén sinceramente desde el presidente municipal, que me disculpen, pero algo está sucediendo aquí, tenemos que poner mucho, mucho ojo.
Eugenio Amézquita Velasco
Bueno, pues digo, es una lástima, es triste que desde afuera nos estén viendo y estos son los calificativos que las autoridades municipales tengan que recibir, pero bueno, usted es abogada y está llevando este caso, y razones ha de tener insuficientes y yo creo que muy comprobadas para que pueda usted señalar esto.
Pues vamos a estar muy atentos, quizá una de mis últimas preguntas, para no decir que sea la última, podría llegarse al caso, no sé, quizá la palabra movilización se me haga muy exagerada, pero sí de acciones donde todas las guarderías del país, las del estado, las de los estados periféricos al estado de Guanajuato, realizaran para manifestar su solidaridad con estas instituciones de educación inicial, estancias infantiles, solidarizarse con ellas para manifestarles que no están solas, ¿pudiera llegarse el caso?
Guadalupe Lizeth Villalobos
Sí, claro que sí, de hecho hay muchas acciones sociales que podemos nosotros realizar con todos los centros de educación del país, y sí cabe la posibilidad de estas movilizaciones. Sabemos, lo hemos hecho, si ustedes nos pueden ahí monitorear, hemos hecho acciones sociales, diversas acciones sociales, entonces sí cabe esta posibilidad porque no están solas, no estamos solas, y sabemos que la sociedad está precisamente con nosotras, y sobre todo para evitar este tipo de abuso.
Eugenio Amézquita Velasco
Bueno, pues le quiero agradecer, licenciada, vamos a seguir muy al pendiente porque usted me acaba de comentar en la entrevista de otra citación que le hicieron precisamente a la estancia infantil de San Miguel Octopan, y pues vamos a estar muy al pendiente, y pues a ver, esperemos que la ley brille, la justicia brille también.
Muchas gracias, licenciada. Gracias, buenos días. Soy Eugenio Amézquita, a través de Metro News.
Guadalupe Lizeth Villalobos López: activista a favor de la infancia
Guadalupe Lizeth Villalobos López es una destacada activista, educadora y defensora de los derechos de la infancia en México. Actualmente se desempeña como presidenta nacional de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles (SISEIN) y es también integrante del colectivo Conservando los Valores de Familia (CoVaFam).
Defensora de la educación inicial
Villalobos López ha sido una voz firme en la exigencia de un sistema estatal de educación inicial público, gratuito, obligatorio y laico, conforme al artículo 3º constitucional. Ha denunciado irregularidades en el ejercicio del presupuesto destinado a estancias infantiles en varios estados, especialmente en Sonora y Guanajuato, donde ha encabezado manifestaciones pacíficas frente a congresos estatales.
Caso Celaya: defensa ante clausura arbitraria
En octubre de 2025, Villalobos denunció públicamente la clausura ilegal de una estancia infantil en Celaya, Guanajuato, por parte de autoridades municipales, incluyendo el DIF, Protección Civil y Desarrollo Urbano. Señaló que la estancia operaba legalmente desde hace 18 años como centro educativo, no de cuidado; el DIF no tiene competencia sobre educación inicial, que está regulada por la Ley General de Educación además del hecho de que la clausura representa una grave violación a los derechos de niñas y niños, afectando su desarrollo integral.
El caso está siendo llevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, y se ha solicitado intervención del Congreso y la Gobernadora.
Villalobos López ha articulado una red de más de mil centros de educación inicial en el país, y ha documentado casos similares en otros estados. Su labor busca garantizar que el presupuesto educativo se ejerza correctamente y que las estancias infantiles no sean tratadas como simples centros de cuidado, sino como espacios formativos esenciales para el desarrollo de la niñez.
También ha participado en foros legislativos, medios de comunicación y encuentros ciudadanos para visibilizar la urgencia de proteger la educación inicial como un derecho constitucional. #MetroNewsMx
