Jueza absuelve a "El Mochaorejas" del delito de secuestro... por falta de pruebas
Redacción Central
-Jueza federal determina que la PGR presentó evidencia insuficiente para condenar por secuestro.
-Daniel Arizmendi López permanecerá en prisión solo por delitos de delincuencia organizada.
-El fallo revive el horror de un psicópata que mutilaba a sus víctimas con frialdad absoluta.
-La impunidad histórica del caso se remonta a liberaciones previas en la década de los noventa.
-Investigaciones periodísticas confirman la saña de Arizmendi, incluyendo el asesinato de un celayense.
-El delincuente tuvo formación en corporaciones policiacas, lo que facilitó su red de impunidad.
-El sistema judicial vuelve a fallar ante uno de los criminales más sanguinarios de México.
-Expertos señalan que la falta de integración de expedientes del pasado permite estas absoluciones.
-El modus operandi de la banda incluía tortura quirúrgica y mutilación para presionar a familias.
-La sentencia del 2025 representa un insulto a las más de 80 víctimas del grupo criminal.
Este 24 de diciembre de 2025, se dio a conocer que una una jueza federal absolvió del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro a Daniel Arizmendi López, conocido como "El Mochaorejas".
Esta decisión fue tomada, según se informó, porque los medios de prueba presentados por la Procuraduría General de la República fueron insuficientes. La jueza solo encontró responsable a Arizmendi del delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, por lo que permanecerá en una prisión federal.
El análisis editorial del hecho
La justicia mexicana, en un giro que parece desafiar la memoria histórica y el dolor de decenas de familias, ha dictado una sentencia que resuena como un eco de impunidad: la absolución de Daniel Arizmendi López, mejor conocido como "El Mochaorejas", del delito de secuestro. Este 24 de diciembre de 2025, bajo el argumento de que las pruebas presentadas originalmente por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes, una jueza federal ha desestimado los cargos que definieron la carrera del criminal más temido de finales del siglo XX.
Este fallo no es solo una decisión técnica; es una radiografía del fracaso institucional. Arizmendi no fue un delincuente común, sino un psicópata cuya estructura mental fue moldeada por un entorno de violencia doméstica y alcoholismo, pero perfeccionada por un sistema que le permitió entrar y salir de la legalidad. Su paso por la policía judicial y sus vínculos con exfuncionarios de la PGR demuestran que el horror de las mutilaciones no surgió del vacío, sino de la protección oficial y la corrupción de los encargados de impartir justicia.
La saña con la que Arizmendi operaba, ejemplificada en el asesinato de un ciudadano de Celaya y la mutilación sistemática de pabellones auriculares sin anestesia, define una patología que el derecho penal a menudo no alcanza a procesar con la severidad debida. Mientras la defensa técnica celebra la insuficiencia probatoria, la realidad social recuerda las cajas con dedos, orejas y testículos que servían como macabra moneda de cambio en su negocio.
La absolución por secuestro es una afrenta a la verdad histórica documentada en investigaciones periodísticas y tesis académicas que detallan más de 80 casos de ciudadanos conducidos al infierno. Si bien permanecerá en prisión por delincuencia organizada, el mensaje enviado por el Poder Judicial es devastador: el tiempo y la deficiente integración de expedientes pueden borrar el rastro del delito más atroz. En México, la justicia parece seguir el mismo patrón que la infancia de Arizmendi: un destino marcado por la violencia donde, al final, el juicio sano se sacrifica ante la incapacidad del Estado.
El Mochaorejas, un auténtico psicópata: PGR en el siglo XX
En junio de 2002, Nancy Gabriela Ávila Guzmán, elaboró una tesis para el título para obtener el título de Licenciada en Comunicación y Periodismo. La tesis en sí era un reportaje, un trabajo de 198 páginas de investigación periodística que titulo "Una oreja, un loco, corrupción, dinero... Caso Arizmendi". El reportaje se centra en un personaje, Daniel Arizmeni, "El Mochaorejas" que hoy vuelve a estar en el foco de la atención porque una jueza absolvió a este delincuente de finales del siglo XX del delito de secuestro.
El interés se centra aún más en el hecho de que "El Mochaorejas" cometió, entre otros varios, un asesinato contra un celayense, familiar de altos empresarios dela ciudad. Arizmendi mostró saña y la actitud propia de un psicópata contra su víctima.
La historia de un delincuente y psicópata
Los estados de la conducta criminal sostienen la frase de que la infancia es destino, regla que en el caso de la familia Arizmendi parece semilla en tierra fértil. De acuerdo con el acta 522564, del libro 01, foja 280 del registro civil, Daniel Arizmendi nació en el municipio de Miacatlán, Morelos, el 22 de julio de 1958, en un rancho llamado Mesa Rica en el poblado de El Rodeo. La familia era muy pobre y el padre, Catarino Arizmendi López (originario de Villa Guerrero, Estado de México), optó por la bebida y maltratar a sus hijos, como sucede en el campo mexicano donde el binomio alcohol-violencia repite su drama y lo hereda de generación en generación. Así pasaron los años...
El padre hacía labores de cuidador, auxiliado por sus hijos, sin que mejoraran las condiciones económicas. Con mucho trabajo Daniel Arizmendi completó su educación primaria y siendo preadolescente se trasladó con sus padres a la calle Mario número 9, de Ciudad Nezahualcóyotl; ahí se ligó con amistades que lo iniciaron en el camino del dinero fácil y se convirtió en carterista. Los vecinos aseguran que el inmueble donde vivió era paupérrimo, apenas unos cuartuchos de ladrillo y techo de lámina, ya que el padre de Arizmendi, acostumbrado al trabajo en el campo no pudo encontrar ocupación fija ni asalariada.
Se dedicó a la pepena de basura por el oriente de la ciudad y con lo poco que sacaba de la venta mantenía a la familia, con la ayuda de su hijo Daniel, quien no hacía caso de los llamados de su padre para que ambos trabajaran en el negocio de la basura, pues ya conocía el modo de hacerse de billetes violando la ley. En 1985 Daniel Arizmendi se ligó con otra banda, cuyos miembros se dedicaban al asalto, robo y después a desmantelar vehículos para vender las partes en el mercado negro de las refacciones; por este delito estuvo preso en el penal de Barrientos, junto con su hermano y tres cómplices: Erasmo Arroyo Miranda, Ángel Armas Ruiz y Joaquín Parra Zúñiga.
Por versiones de vecinos se sabe que en esa época Daniel Arizmendi, al igual que su padre, le tomó gusto a la marihuana y el alcohol, sello de pertenencia en muchas bandas en donde la droga y el licor hacen el papel de catalizador de la violencia. Por corto tiempo, consiguió un trabajo decente de chofer, al lado del padre de María de Lourdes Arias, su novia; ambos eran empleados del contratista de obras, Nicolás Sánchez. La familia Arias vivía en la misma calle, en el número 87, donde Lourdes Arias terminó la carrera de enfermera. Su hoja de trabajo la ubica como parte del personal de la clínica número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la calzada Ignacio Zaragoza.
El destino condujo a Daniel y a María de Lourdes al matrimonio; quizás el contacto con el amor sacó un poco de lo bueno que todos los seres humanos llevamos dentro. Pese a ello, el trabajo de ambos no los sacó adelante, puesto que tuvieron que vivir con los padres de ella por algún tiempo, hasta que de pronto, a Daniel comenzó a lloverle el dinero de nueva cuenta, aunque en la zona todos sabían a qué se dedicaba. La banda a la que pertenecía era poderosa; gente amante del peligro y propensa a la violencia, en la que a sus actividades delictivas añadieron nuevos ingredientes: la adrenalina, los sentimientos de poder que se derivan del sometimiento de sus víctimas y más tarde, el gozo que proporcionaba el saberse ricos, no importando cómo conseguían el capital.
La casa de sus padres comenzó a recibir el beneficio de los delitos cometidos por Daniel y el dinero convirtió la anterior pobreza del inmueble en otra cosa muy distinta. Poco tiempo después, el matrimonio compuesto por Daniel y Lourdes salió del barrio que los vio crecer juntos, y a él delinquir, ya que su mala fama imponía un cambio de domicilio. Sin embargo, no importó a dónde fuera, pues la personalidad de Daniel Arizmendi estaba determinada y sólo le quedaba perfeccionar y afilar su natural propensión a la violencia.
El inicio de su actividad como secuestrador se ubica a finales de los años 80 del siglo XX, cuando estableció relaciones con un delincuente apodado La Víbora, Miguel Ángel Vivas, quien luego de enseñarle cada detalle sobre la génesis de un secuestro, la selección de una víctima y los métodos para el cobro de un rescate fue aprehendido por la policía y enviado al reclusorio. La oportunidad de Daniel había llegado: la hora de comandar la banda y quedarse en posición de fijar, repartir y distribuir selectivamente los ingresos obtenidos; otra vez la tentación del poder, ahora abonada a una personalidad cruel en extremo.
Además de La Víbora, los hermanos Arizmendi tuvieron a otro maestro: Andrés Caletri López, quien se escapó del Reclusorio Oriente y del Penal de Santa Martha Acatitla. Sus primeros contactos delictivos los llevó a cabo en las delegaciones de Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac, y luego se extendió a Morelos, donde asoló a las poblaciones de Miacatlán, Cuautla y Cuernavaca. Ligarse con las mafias de Guerrero fue el siguiente paso y de ahí, ya con las redes bien tejidas dentro de algunas corporaciones policiacas, se siguió a Puebla, Guanajuato y Tlaxcala, auxiliado por exfuncionarios como Juan Fonseca, un Ministerio Público Federal y subdirector de procesos de la PGR.
De adquirir casas baratas en zonas pobres como Los Reyes o Nezahualcóyotl, la banda de Arizmendi saltó a invertir su fortuna en residencias de lujo hasta que llegaron al Valle de Cuernavaca, donde en cuatro años obtuvieron rescates en millones de dólares a cambio de la vida de algunos empresarios.
Estuvieron detenidos en 1990 y salieron libres
El 29 de diciembre de 1990 los hermanos Arizmendi fueron detenidos por robo de vehículos y asociación delictuosa, junto con sus cómplices Erasmo Arroyo Miranda, Ángel Armas Ruiz y Joaquín Parra Zúñiga. Con ello, se inició la causa 766/90-3, la cual se dictó el día 30. Cinco meses después, la titular del Juzgado Tercero en Materia Penal, Mirelli Roccatti, quien fuera años más tarde presidenta de la CNDH, dejó libre a Daniel Arizmendi, pues consideró que no había suficientes pruebas en su contra. Junto con él salieron libres los tres cómplices señalados anteriormente.
"El buen comportamiento que mostró Arizmendi durante su reclusión permitió que el 28 de agosto de 1992 el Consejo Técnico Interdisciplinario —en él intervienen psicólogos, trabajadores sociales, abogados, custodios y directivos— acordara otorgar el beneficio de la prelibertad con base en su perfil psicológico", aseguró Mirelli Roccatti. Del expediente se desprenden datos interesantes, por ejemplo: Daniel aseguró que trabajaba como chofer y su hermano se dedicaba al comercio. Durante tres años, Daniel Arizmendi acudió a firmar periódicamente al penal, en donde el 6 de noviembre de 1995 le fue dictada su libertad, cuando aún le faltaba más de un año para concluir su sentencia de 6 años. De acuerdo con la decisión de la juez Mirelli Roccatti, el castigo terminaba el 29 de diciembre de 1996.
"En el lapso de su preliberación, de 1992 a 1995, nunca hubo denuncia de que cometiera algún ilícito, si esto hubiera ocurrido, Daniel y Aurelio Arizmendi hubieran sido automáticamente encarcelados", afirmó el exdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, Pedro Estrada Carrillo. Al respecto, Roccatti cuestionó que un juez pudiera tener en la memoria todas las sentencias que ha dictado, al tiempo que aseguró estar tranquila con su actuación en cada uno de los casos, pues siempre se apegó a Derecho. "En todo caso sería el MP quien no hizo valer los elementos de ley o no pudo integrar las evidencias necesarias; para otorgar la preliberación tuvo que apelarse la sentencia o interponerse un amparo".
Daniel Arizmendi se desempeñó como policía judicial en Morelos, pese a que su hoja de servicio y archivo personal estaban desaparecidos (un extravío premeditado), ya que se cuenta con testimonios de agentes que lo vieron trabajar ahí hasta principios de los años 90. Se especuló que Daniel dejó la corporación durante el mandato de Lauro Ortega Martínez, cuando se renovó en tres ocasiones a los elementos de la Policía Judicial.
Dónde operaban los delincuentes
En poco menos de una década "sentó sus reales" en más estados del país (Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato) operando desde el Estado de México y el DF. Como el jefe que era, fue comprando complicidades, acallando conciencias, sobornando y también amenazando a aquellos que osaran oponerse a sus planes. Llegó un tiempo que atentar contra cualquiera de los integrantes de la banda de los Arizmendi era un pasaporte seguro a la muerte. Cuando el negocio estuvo perfectamente montado, el núcleo más poderoso de estos secuestradores se quedó viviendo en el estado de Morelos, donde paseaba a su gusto, sin que, al parecer, ninguna autoridad se interesara en detenerlos.
Morelos era su territorio y ahí se seguían las reglas no escritas de la mafia. El estado parecía tierra de nadie, pues todas las acciones delictivas eran minimizadas por los jilgueros del exmandatario estatal, que se aseguraban de aparentar que en materia de secuestros y de la inseguridad, el gobierno trabajaba a todo vapor. Para colmo, quienes tenían la obligación de mantener el orden incurrieron en el agravante de la intimidación, con amenazas de cualquier tipo a quien se atreviera a ensuciar el ejercicio del gobierno en turno.
El modus operandi de los Arizmendi
Los hermanos Arizmendi López cometían sus crímenes a través de grupos bien organizados, de los cuales se valían para cometer sus ilícitos; dos de los delincuentes se llevaban a las víctimas, algunos más cobraban el rescate y siempre era Daniel quien supervisaba sus crímenes. Unos se encargaban de hacer "las recomendaciones"; otros cuidaban las casas de seguridad. Las estrategias de soborno a funcionarios se llevaban a cabo utilizando a algún intermediario, como en el caso de un ex comandante de la Policía Judicial del Estado de México, de nombre José Ángel Vivanco, mediante el cual ofreció 500 mil pesos para que dejaran en libertad a tres de sus cómplices; como el funcionario no aceptó, fue amenazado de muerte.
Este grupo de individuos fueron entrenados en el asalto a camiones, plagio, robo de automotores, contrabando de armas y tráfico de drogas. Todos son criminales profesionales y no les importa la suerte que puedan correr los plagiados. Quien así lo crea, no conoce a este tipo de gente. La vida humana, el bien más preciado, para ellos no era sino un asunto de mercado. Daniel era quien llevaba toda la responsabilidad porque él nada más los subía a los carros, les avisaba que era un secuestro, y que no los viera porque entonces los matarían, e igual si los familiares no soltaban el dinero que pedirían por su rescate. También proporcionaba las armas, negociaba, y decidía a quién habría que cortarle los pabellones auriculares "con tijeras".
"Se les vendaba, se les tiraba al suelo y ya, sin anestesia, sin ningún tipo de medicina, ni nada. Para detener la hemorragia se quemaba trapo y así se lo ponían en la herida". A los parientes de los secuestrados enviaban lo mismo orejas, dedos y hasta se dio el caso de que empacaran un testículo de una víctima para "sensibilizar a los familiares" y "meterles presión" para que entregaran a los plagiarios la suma exigida por su rescate. "Lo nuestro era un negocio". Si no era posible reunir las millonarias cantidades, entonces cortaban el cuerpo en pedazos y los hacían llegar en paquetes, poco a poco.
Esta manera de actuar es digna de un ensayo psiquiátrico pues mirar cómo se cercena un cuerpo, cómo se amputan pabellones auriculares, dedos y testículos o escuchar la conversación de los plagiarios con la familia, mientras ahí cerca violan a la víctima, son hechos que difícilmente pueden mencionarse sin llegar al asco, a la vergüenza ajena, al pasmo provocado por una crueldad que no conoce más límites que los del propio deseo del torturador. A él le daban 2 o 3 millones de pesos por secuestro, dinero que gastaba en casas, autos (ahora los compraba) y viajes a Acapulco. Las casas, lo mismo eran utilizadas como escondite de la banda o prisión clandestina a donde fueron llevados más de 80 pacíficos ciudadanos por el más corto camino al infierno.
No hay huella de arrepentimiento; todo se hizo por dinero: "si no nos pagaban los teníamos que matar". De esa tarea Daniel Venegas se encargaba. El cobro de rescates se hacía con toda calma ya sea sobre la calzada Ignacio Zaragoza o bien ante las puertas de los reclusorios. Otras denuncias coinciden en que los rescates se entregaban en las inmediaciones del Palacio de los Deportes o por el rumbo del Peñón de los Baños. De ahí salían libremente sin que se les molestara, lo mismo sucedió cuando fueron abandonados los cadáveres de dos de las víctimas.
La tesis quirúrgica del Dr. Juan Carlos Rosas acerca de la amputación de la oreja
El pabellón auricular es un repliegue cartilaginoso revestido de partes blandas. Por ello, mi teoría es que la Banda de "Los Mochaorejas" debió haber cortado a sus víctimas sólo el tercio superior del pabellón auricular para evitar tener que anestesiarlas. El corte pudieron haberlo hecho con unas tijeras llamadas Matzenbaum, ya que éstas se usan para hacer disecciones en tejidos blandos o finos, como es el caso del pabellón auricular. Para detener el sangrado debió hacerse una simple presión o utilizar un electro cauterio. Este aparato funciona de la siguiente manera: con una regulación de voltaje se aplica una descarga eléctrica, controlada por un pedal, y con un tipo cautín va quemándose la superficie que está sangrando.
La teoría de que les ponían un trapo quemado alrededor de la oreja, vertida por Aurelio Arizmendi López, también puede ser válida, ya que el trapo y algunas fibras sintéticas, al ser quemadas por las orillas, se hacen como chicharrón; caen sobre los vasos que estuvieran sangrando y provocan así la hemostasis o la detención del sangrado. Todo esto es importante por la rapidez con que tenían que hacer el trabajo; se evitaban así muchísimas complicaciones como tener que anestesiarlos, poder provocarles un shock por la impresión de que van a ser mutilados, o por el mismo dolor, el miedo, etc.
En el caso de que el corte fuera completo en todo el pabellón auricular, debieron, por principio, anestesiar a la víctima por lo menos con una borrachera, o con Diazepam, ya que este medicamento se utiliza en medicina como relajante muscular, ansiolítico y en general no resultan letales cuando son los únicos fármacos ingeridos en sobredosis. (Fin de la primera parte)
