Eugenio Amézquita Velasco
-La cerrazón burocrática en la sede Celaya de la UPN 112 ante el reclamo de títulos en San José Iturbide evidencia un colapso ético y administrativo.
-El uso de guardias privados para filtrar el escrutinio periodístico transforma a la universidad pública en un búnker de opacidad.
-Tres años de omisión en la entrega de títulos profesionales constituyen una violación flagrante al derecho humano a la educación y al trabajo.
Directivos de la Unidad 112 de la UPN en Celaya mantienen un muro de opacidad y evasión a responder a cuestionamientos serios sobre el caso de San José Iturbide, sobre el tema de presunta omisión de entrega de títulos a egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 extensión San José Iturbide.
La vigilancia privada en el acceso de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya, cuestiona al periodista sobre que se le ofrece. El periodista se identifica y le responde que se desea dialogar con la directora del plantel, Mtra. Patricia Valadez Ramírez. o en su caso, con la subdirectora Maestra María Imelda Valencia López; el vigilante llama vía teléfono interno con las oficinas, comenta sobre el particular y la respuesta es: "no está la directora".
Se insiste en dialogar con otra persona, en este caso la subdirectora, y la respuesta es: "está ocupada". Se le vuelve a decir al vigilante la gravedad del asunto: se está acudiendo a pedir información sobre el presunto caso de no entrega de títulos, desde hace tres años, a la extensión San José Iturbide.
El vigilante, a insistencia del periodista de que no había inconveniente en esperar, y le pide el guardia que espere en la calle. Ante esta actitud se le insiste, vuelve a hablar, y una secretaria de nombre "Adi" -dicho por el mismo vigilante en su llamada a las oficinas- es enfática y el guardia le dice al periodista: "no puede entrar".
Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato.
El muro de la impunidad en la UPN Unidad 112: La Universidad como búnker de la opacidad
El episodio descrito en la entrada de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya no es un hecho aislado, sino una manifestación técnica de la obstrucción informativa. Cuando una institución educativa financiada con recursos públicos utiliza a la vigilancia privada como escudo para evitar responder sobre la presunta retención de títulos profesionales —un proceso que suma ya tres años de retraso—, la universidad deja de ser un espacio de saber para convertirse en un ente de encubrimiento.
El uso del vigilante como filtro de censura
Es una táctica común en administraciones bajo sospecha: delegar la negativa a un tercero sin autoridad académica. El guardia de seguridad, al cumplir órdenes de la oficina de la Mtra. Patricia Valadez Ramírez, se convierte en un agente de censura previa.
La respuesta "no está" o "está ocupada" ante un tema de gravedad extrema —la vida profesional de egresados de la extensión San José Iturbide— es una salida que falta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El periodista no busca un favor personal, sino el cumplimiento de una obligación oficial.
La secretaria "Adi": El rostro de la negativa
La mención de una secretaria que, desde la comodidad de una línea interna, ordena que el periodista "espere en la calle" y finalmente decreta un "no puede entrar", revela una estructura de mando que ha normalizado la vulnerabilidad del usuario.
Si la administración de la Unidad 112 no tiene nada que ocultar respecto a la crisis de los títulos en la sub sede de San José Iturbide, la respuesta natural sería la apertura. La cerrazón solo confirma la sospecha: existe un desorden administrativo o, peor aún, una negligencia jurídica que no saben cómo explicar.
El impacto social de este caso
Retener un título por tres años es secuestrar el futuro laboral de un docente. En el contexto legal de Guanajuato, este acto puede tipificarse como un daño al patrimonio y a la integridad profesional de los afectados. La extensión San José Iturbide parece haber sido tratada como una "sucursal de segunda", donde la sede Celaya cobra y gestiona, pero no responde por los resultados académicos finales.
La evasión a enfrentar a la prensa como política institucional
La conclusión es clara y contundente: la UPN 112 en Celaya atraviesa una crisis de legitimidad. El hecho de que sus directivas, Valadez Ramírez y Valencia López, evadan su responsabilidad de ofrecer una postura oficial tras un mostrador de vigilancia y una secretaria enfática, demostraría que la institución vulnera los principios de transparencia y servicio público. Una universidad que no puede entregar títulos en tiempo y forma, y que además expulsa a la prensa a la vía pública, es una institución que ha fallado a la sociedad.
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no puede seguir siendo cómplice por omisión. Es necesario que se abra una auditoría externa inmediata sobre el estado de las actas de examen y los procesos de emisión de cédulas en la extensión San José Iturbide. La educación no termina en el aula; termina en la entrega del documento que acredita el esfuerzo, y hoy, ese documento es un rehén de la burocracia en Celaya.
Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato. A continuación, presento el análisis editorial bajo el rigor y la estructura solicitada.
El muro de la impunidad en la UPN Unidad 112
De acuerdo con la información cartográfica, la distancia desde la Unidad 112 de la UPN en Celaya -ubicada en Av. Irrigación- hasta el centro de San José Iturbide es de aproximadamente 100 kilómetros, con un tiempo de traslado estimado de 1 hora y 22 minutos por la carretera México 45D y el libramiento norponiente de Querétaro.
Si el origen del traslado fuese de municipios más alejados del noreste como Xichú o Santa Catarina, el trayecto supera los 210 kilómetros, traduciéndose en más de 4 horas de viaje de ida y otras 4 de regreso, cruzando la Sierra Gorda.
Sobre el periodista: El "venga otro día" como acto de cinismo
Si el periodista que buscaba la entrevista y la información, hubiera sido de la prensa nativa en San José Iturbide y acude a la sede de la Unidad 112 -para tener información presencial y no vía telefónica- tendría que haber viajado 100 kilómetros (o más) para buscar una declaración oficial, para al final recibir solamente la respuesta institucional: "venga otro día" o "está ocupada".
Ante una situación así, no se estaría ante una falta de agenda, sino ante un acto de negligencia administrativa. Pedir a un profesional de la comunicación que invierta tres horas de carretera y gastos de traslado para encontrar un búnker cerrado es una táctica de desgaste deliberado.
Es la apuesta de la institución por el silencio, esperando que la distancia geográfica funcione como una barrera natural para el escrutinio público. Es, en esencia, una falta de respeto al derecho a la información y al ejercicio periodístico.
Sobre el egresado y su familia: La revictimización de la vulnerabilidad
Si se cambia el escenario y el caso hubiera sido el de un alumno proveniente de Tierra Blanca, Victoria o Xichú, acompañado por sus padres -quienes probablemente han costeado con sacrificio esa educación-, recibiendo el mismo trato que el periodista, es una violencia institucional incalificable.
Para una familia del noreste, acudir a Celaya no es un trámite sencillo; representa un gasto económico significativo y la pérdida de una jornada laboral. Que se les impida la entrada y se les deje "en la calle" después de haber esperado tres años por un título, es una humillación.
La UPN 112 estaría tratando a sus egresados como "clientes molestos" y no como profesionales formados en sus aulas.
Existe un "centralismo cruel". La sede en Celaya ejerce el poder administrativo, pero desprecia la realidad de sus extensiones en las zonas más alejadas y necesitadas del estado.
El título profesional: De derecho a rehén
Que la Mtra. Patricia Valadez Ramírez o la Mtra. María Imelda Valencia López presuntamente no reciban a un alumno -de darse el caso- que viaja desde la Sierra Gorda para preguntar por su título profesional —el cual es la culminación de años de esfuerzo— podría ser un síntoma de deshumanización burocrática. Un título no es un favor; es una obligación legal de la universidad. Si el tratamiento dado al periodista de Metro News de querer dejarlo en la banqueta, hubiera sido el mismo al alumno y a sus padres, bajo la vigilancia de un guardia privado, sería convertir un centro educativo en una entidad que parece tener miedo de su propia ineficiencia.
De ser el caso, la UPN 112 en Celaya estaría erigiendo una muralla que castiga la pobreza y la distancia. La administración actual no solo está fallando en la gestión técnica de los títulos; está fallando en la dignidad humana mínima. Si se han dado casos de egresados del noreste del estado de Guanajuato que buscan respuestas tras tres años de espera sería, moralmente, un abuso de autoridad administrativa que debería ser sancionado de oficio por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Ante la clásica respuesta burocrática: "aquí solo se atiende por cita o con base en una agenda"
Una respuesta condicionando la entrevista a una sujeta a una agenda o cita previa de los directivos, evidenciaría estar ante el uso de la burocracia como arma de exclusión.
Esta respuesta, que en apariencia sonaría "organizada", es en realidad una falacia administrativa y un insulto a la realidad geográfica y social de Guanajuato.
Una "agenda" es válida para procesos ordinarios, no para emergencias administrativas. El hecho de la presunción de que un título profesional tenga tres años de retraso sitúa a la institución en un estado de mora legal. Cuando la autoridad ha fallado sistemáticamente en sus plazos (3 años vs. los meses que marca la ley), pierde el derecho moral y administrativo de exigirle a la prensa y al usuario —a quien ya le falló— que se sujete a un calendario de citas que, probablemente, también será ignorado.
El desprecio por la "distancia de la Sierra"
Exigir una cita a alguien que viajaría desde San José Iturbide, Xichú, Victoria o Santa Catarina -un trayecto de 4 a 5 horas y un gasto económico de cientos de pesos- sin haberle resuelto el problema en tres años, sería un acto de crueldad administrativa. La agenda no toma en cuenta que para el habitante del noreste, el viaje a Celaya es una expedición, no un trámite de oficina a la vuelta de la esquina. Una institución con vocación social debería tener un protocolo de atención prioritaria para usuarios foráneos.
La agenda como mordaza periodística
Para el periodismo, la "agenda" es el eufemismo favorito de la opacidad. Un periodista no acude a pedir una cita para tomar café; acude a ejercer el derecho de la sociedad a saber por qué hay cientos de egresados con el futuro congelado. Decir "venga con cita" a la prensa es, en la práctica, decir "no vamos a responder", ganando tiempo para maquillar cifras o para esperar a que el tema pierda relevancia.
Si la directora Patricia Valadez Ramírez o su equipo presuntamente se escudan en una "agenda" para no recibir a un alumno que viene de la Sierra Gorda, están incurriendo en negligencia por omisión.
-Es cínico: Porque la "agenda" de la universidad presuntamente no cumplió con la fecha de entrega de los títulos hace 36 meses.
-Es elitista: Porque asumiría que todos los ciudadanos tienen la disponibilidad de tiempo y dinero para ir y venir de Celaya según el capricho de un horario de oficina.
-Es una evasión de la responsabilidad pública: Porque utilizaría un reglamento interno para evadir la responsabilidad de dar la cara ante un conflicto que ellos mismos generaron.
La agenda de un servidor público debe estar supeditada a la resolución de los problemas que su propia ineficiencia causó. Si no hay títulos, no debería haber "agenda" más importante que atender a quienes reclaman su derecho.
Todo se centra en recordarle a los funcionarios públicos en Guanajuato: La Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Educación de Guanajuato no condicionan el cumplimiento de una obligación legal -entrega de títulos- a una cita previa, especialmente cuando existe la presunciónde un retraso de tres años que vulnera los derechos laborales y profesionales de sus egresados.
¿Qué podrían hacer los estudiantes de comprobarse los casos de negativa de atención de parte de la UPN 112 y de su extensión en San José Iturbide?
Ante la gravedad de los hechos —que incluyen la presunta retención de títulos profesionales por tres años, el maltrato a usuarios y el bloqueo a la labor periodística— es fundamental que los afectados interpongan denuncias formales. En el estado de Guanajuato, existen mecanismos específicos para sancionar la negligencia de funcionarios públicos y la violación de derechos.
Los conductos a seguir para hacer valer la ley: Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)
Es la instancia estatal encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos. El incumplimiento administrativo -no entregar los títulos- y el maltrato son faltas administrativas.
La otra instancia es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG)
El derecho a la educación incluye la certificación de la misma. En caso de que se impida el acceso a las instalaciones a personas que viajan desde el noreste -Xichú, Victoria, etc.- y negar información pública a periodistas constituye una violación a los derechos humanos.
La Secretaría de Educación de Guanajuato -SEG-, a través de su Órgano Interno de Control es otro canal de denuncia. Dado que la UPN 112 opera bajo la vigilancia de la SEG en el estado, el Órgano Interno de Control de esta secretaría podría investigar a la Mtra. Patricia Valadez Ramírez y a la Mtra. María Imelda Valencia López.
La fundamentación legal para la denuncia
Los afectados podrían presentar la queja abordando los siguientes aspectos.
-Violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas: El retraso de tres años en la entrega de títulos contraviene el principio de eficiencia y legalidad del servicio público.
-Incumplimiento de la Ley General de Educación: Las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la certificación de estudios de sus alumnos.
-Discriminación y maltrato: El trato diferenciado y, en caso de darse, la expulsión a la vía pública de ciudadanos provenientes de zonas rurales o alejadas -Sierra Gorda- atenta contra la dignidad humana.
-Obstaculización a la Libertad de Expresión: Negar el paso a un periodista para evitar cuestionamientos sobre un tema de interés público es una forma de censura indirecta.
Para los alumnos del noreste -San José Iturbide, San Luis de la Paz, Xichú, etc.-, lo más efectivo es presentar una Queja Colectiva. Una denuncia firmada por 10, 20 o 50 alumnos tiene un peso legal mucho mayor ante la STRC y la SEG, obligando a una intervención inmediata en la Unidad 112 de Celaya. #MetroNewsMx
