Celaya y su deuda con “El Llanerito”
Eugenio Amézquita Velasco
-A un año del asesinato de “El Llanerito”, el gobierno de Celaya sigue sin cumplir tres resoluciones clave de la PRODHEG.
-La administración actual evade su responsabilidad alegando que el caso corresponde al gobierno anterior, pese a tener atribuciones legales.
-No hay compensación económica ni disculpa pública al gremio periodístico, pese a que ambas fueron ordenadas por la PRODHEG.
-La Dirección de Derechos Humanos opera sin haber implementado el protocolo de protección a periodistas exigido por la resolución 1371/2024.
-La omisión institucional perpetúa el riesgo para comunicadores en Celaya y vulnera el derecho a la verdad, justicia y no repetición.
-Periodistas presentaron una queja colectiva por violaciones a sus derechos humanos durante una rueda de prensa oficial.
-Celaya acumula 15 recomendaciones sin resolver de la PRODHEG y la CNDH, evidenciando un patrón de omisión institucional.
Exacto un año del asesinato del periodista Alejandro Martínez Noguez, “El Llanero Solititito”, el incumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) representa una herida abierta en materia de justicia, reparación y respeto a los derechos humanos en Celaya. La resolución 1371/2024, (https://www.metronewsmx.com/2025/01/emite-derechos-humanos-resolucion-sobre.html ) derivada de la investigación oficial, estableció seis medidas concretas que el gobierno municipal debía cumplir. A la fecha, tres siguen pendientes.
Implicaciones para los derechos humanos
El tiempo transcurrido sin cumplimiento total vulnera el principio de reparación integral. La falta de compensación económica a los familiares directos del periodista, y la omisión de un protocolo de actuación para proteger a comunicadores, entre otras cosas, constituyen violaciones graves al derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. (https://www.metronewsmx.com/2025/01/emite-alcalde-de-celaya-disculpa-por.html y https://www.zocalo.com.mx/alcalde-de-celaya-ofrece-disculpa-publica-por-homicidio-del-periodista-alejandro-martinez-noguez )
El análisis: ¿Se justificarían argumentos de la alcaldía para este retraso?
No. Si se llegara a argumentar que “le tocaba a la administración pasada”, eso sería jurídicamente débil e institucionalmente irresponsable. Las recomendaciones de la PRODHEG son vinculantes para el ente municipal, no para una persona o periodo específico. El gobierno actual, encabezado por Juan Miguel Ramírez Sánchez, tiene la atribución legal y moral de cumplirlas.
Además, la Coordinadora de Derechos Humanos del municipio reconoció públicamente que aún no se cuenta con documentación física o digital que acredite el cumplimiento del cuarto punto de la resolución. Se suma también el hecho de la existencia de otra queja interpuesta por periodistas locales ante actitudes violatorias contra ellos.
Repercusiones para el gremio periodístico
La omisión de un protocolo de actuación para proteger a periodistas en Celaya perpetúa el riesgo estructural que enfrentan comunicadores en zonas de alta conflictividad. La falta de cumplimiento de estas acciones y de medidas institucionales refuerza la percepción de impunidad y desinterés por parte de las autoridades.
Esto no solo vulnera el derecho a la vida y seguridad de los periodistas, sino también el derecho de la sociedad a recibir información libre y sin amenazas.
¿Es incongruente convertir la coordinación de Derechos Humanos en dirección?
Sí, y profundamente. Esta jerarquización resulta simbólicamente vacía si no se traduce en cumplimiento efectivo de resoluciones como la del caso Martínez Noguez. De hecho, la Coordinación de Derechos Humanos depende directamente de Daniel Nieto, el actual secretario del Ayuntamiento, lo que suma más personajes a la omisión.
De hecho, El Sol del Bajío dio cuenta de que la Oficialía Mayor presentó ante la Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento la propuesta de reestructuración, que incluye la creación de nuevas plazas, aumento salarial y un presupuesto anual de más de dos millones de pesos para la nueva Dirección. También se menciona que esta transformación permitiría integrar unidades como Diversidad Sexual, Atención a Migrantes y Niñez, conforme a la Ley Estatal de Diversidad promulgada en junio de 2024. (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/proponen-crear-direccion-de-derechos-humanos-en-celaya-con-nuevo-presupuesto-y-estructura-24261281 )
Querer convertir la Coordinación en Dirección sin haber cumplido con medidas básicas de reparación y protección es una contradicción institucional que debilita la credibilidad del municipio en materia de derechos humanos.
¿Qué reclamos pueden hacerse a la administración actual?
Entre los fundamentales, los marcados por la PRODHEG:
1. Cumplimiento inmediato de los tres puntos pendientes de la resolución 1371/2024.
2. Compensación económica a los familiares del periodista, conforme al principio de reparación integral.
3. Implementación urgente de un protocolo de actuación para proteger a periodistas en riesgo.
4. Transparencia documental, con evidencia física y digital del cumplimiento de cada recomendación.
Deuda con “El Llanerito” y con la libertad de expresión
El caso “El Llanerito” no es solo una deuda con sus familiares, sino con la libertad de expresión, la memoria pública y el derecho a la verdad. La administración municipal tiene la oportunidad —y la obligación— de convertir el agravio en acción reparadora. El tiempo ya no es excusa. Es exigencia. #MetroNewsMx