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Equipo Metro News Celaya

-Escala a la vía penal red de favoritismo en Celaya: indagan a Tesorero en la carpeta 120457-2026 por desvío a familiar de funcionario.
-Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción pago de $920 mil de la Tesorería de Celaya a la esposa de un coordinador municipal.
-Sin contrato de por medio, Tesorería de Celaya transfirió $423 mil a cónyuge de funcionario; abren expediente penal 120457-2026.
-Documentan adjudicaciones fraccionadas por $33 mil mensuales en Celaya: querella penal señala a Tesorero y beneficiaria directa.
-Las denuncias siguen la postura de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, que al detectarse un posible delito de este tipo, se integre una carpeta de investigación ante la autoridad competente 

La controversia por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos en el Gobierno Municipal de Celaya escaló formalmente al ámbito penal. Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se presentó una denuncia y/o querella por hechos que podrían constituir posibles delitos en perjuicio de la hacienda pública.

De acuerdo con el documento oficial con el acuse de recibido del pasado 12 de octubre de 2026, la acción legal quedó asentada bajo la carpeta de investigación 120457-2026.

La denuncia señala expresamente a Concepción Margarita "N", identificada como beneficiaria de las transferencias y contratos. Juan "N", tesorero municipal de Celaya. Luis Iván "N", enlace administrativo de la dependencia y a quien o quienes resulten responsables de los actos señalados.

El recurso legal fundamenta la querella en los derechos constitucionales de petición y atención a víctimas, así como en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que facultan la investigación de conductas presuntamente ilícitas cometidas por servidores públicos o particulares involucrados en el manejo de fondos municipales.

Con el inicio de la investigación dentro de la carpeta 120457-2026, corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deslindar responsabilidades, recabar los elementos probatorios y determinar si existen méritos para proceder penalmente por el uso y destino de los recursos otorgados.

Los antecedentes: Medios dan a conocer el 5 de octubre los presuntos pagos a red familiar en Tesorería

Un posible esquema de favoritismo e irregularidades financieras quedó al descubierto en el Gobierno Municipal de Celaya. Documentos obtenidos a través de solicitudes de transparencia revelan que la Tesorería Municipal destina fondos públicos a la cónyuge de un funcionario de la propia administración local.

De acuerdo con la información publicada por medios digitales (https://zonafranca.mx/politica-sociedad/denuncia-pan-corrupcion-en-tesoreria-municipal-de-celaya-por-casi-1-mdp/ ) el 5 de de octubre de 2026, presentada por Sergio Ruíz López, dirigente local del PAN, la dependencia encabezada por el tesorero Juan "N" entregó de manera directa contratos continuos por 33 mil pesos mensuales —mantenidos entre enero de 2025 y enero de 2026— a Concepción "N", esposa de David "N", actual coordinador de Combustible y Mantenimiento Vehicular del municipio.

El objetivo contractual estipulaba la recuperación de predios irregulares para el padrón municipal; sin embargo, la revisión de los expedientes destapó inconsistencias de fondo.

-Suma millonaria: En total, la Tesorería canalizó cerca de 920 mil pesos a la cónyuge del funcionario municipal.
-Transferencias atípicas: Del monto global, 423 mil 980 pesos se transfirieron vía banca electrónica el 8 de enero de 2026 sin un contrato formal de por medio. Los 497 mil pesos restantes se distribuyeron en contratos oficiales.
-Fraccionamiento de asignaciones: La entrega repetida y fragmentada de contratos adjudicados directamente contraviene la normativa legal sobre compras y contrataciones públicas.

La documentación —que incluye el acta de matrimonio de la pareja expedida en abril de 2026— tardó seis meses en ser entregada por los canales de acceso a la información, desde su solicitud en febrero hasta su recepción en agosto.

Para la oposición local, las inconsistencias contables y la asignación discrecional de recursos a familiares directos de la nómina municipal configuran faltas administrativas graves que deberán ser investigadas por los órganos de control y fiscalización del estado. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide

-La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó una anomalía financiera por más de 39 millones de pesos destinados a la actualización tecnológica del sistema de emergencias 911, canalizados indebidamente a una asociación civil de bomberos durante el mandato de la exalcaldesa Cindy Arvizu.
-El entramado administrativo del proyecto revela reuniones previas entre líderes de la sociedad civil, la entonces munícipe y su secretario de Seguridad Pública, configurando un esquema donde se marginó la planeación y presupuestación municipal exigida por la ley para la seguridad pública.
-La opacidad documental se profundiza tras el hallazgo de un contrato con la empresa proveedora que no aparece en los archivos de las dependencias estatales ni municipales consultadas, manteniendo el millonario caso bajo litigio en tribunales federales sin una resolución firme.

El manejo de los recursos públicos en el estado de Guanajuato enfrenta un escrutinio severo cuando las decisiones administrativas se alejan de la legalidad y del sentido común normativo. Un claro reflejo de esta vulnerabilidad institucional se documenta en el Informe de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con fecha del 20 de mayo de 2025, derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2024 practicada al Poder Ejecutivo a través del FIDESSEG. En dicho documento, la Observación Núm. 013 pone bajo la lupa una posible irregularidad por la suma exacta de 39 millones 016 mil 333 pesos, etiquetada bajo el proyecto denominado “Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911 de San José Iturbide, Guanajuato”.


La información dada a conocer por el Periódico Correo en su sección Opinión, escrita por el columnista Eliazar Velázquez Benavidez (https://periodicocorreo.com.mx/opinion/2026/aug/23/san-jose-iturbide-la-ruta-de-39-millones-para-el-911-bajo-observacion-de-la-aseg-164978.html ) pone en evidencia otra presunta "hazaña" con danza de millones de pesos de la administración de Cindy Arvizu y que se suma a la no acreditación de 9.4 millones de pesos de recursos federales que están siendo revisados por la Auditoría Superior de la Federación, tal y como lo dio a conocer Metro News el 23 de marzo de 2026. (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html 
)


De acuerdo con el dictamen técnico del órgano fiscalizador, los millonarios recursos fueron autorizados y entregados a los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, Gto., A.C., incurriendo flagrantemente en una contravención a las disposiciones que regulan la evaluación y selección de proyectos del fideicomiso. La ASEG subraya un principio elemental de la administración pública: por norma constitucional y legal, los proyectos vinculados a la seguridad pública corresponden estrictamente a la planeación, presupuestación y ejecución de los gobiernos municipales.

Canalizar fondos públicos de esta magnitud a una asociación civil que carecía de atribuciones legales para asumir funciones de seguridad pública no solo representa una falla en la supervisión financiera, sino una distorsión de las responsabilidades de Estado. Ante esta anomalía, la ASEG determinó una consecuencia directa e inapelable en el ámbito administrativo: el reintegro en especie de los recursos observados. Lejos de ser un trámite menor, la ruta crítica de este desvío expone un entramado que comenzó a tejerse mucho antes de la validación formal de los apoyos.

La cronología de un proyecto fraguado en la opacidad

La secuencia pública de los hechos permite reconstruir cómo se gestó la operación durante la administración encabezada entonces por la exalcaldesa Cindy Arvizu. El 28 de octubre de 2023, Juan Carlos Usabiaga —entonces presidente de Actuando por Guanajuato, A.C., instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos del FIDESSEG en materia de seguridad— difundió en redes sociales una visita clave al municipio. En ese encuentro participaron directamente Cindy Arvizu y Edgar Martínez Méndez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal, con el propósito declarado de afinar los detalles del proyecto de modernización del C4 local.

Este antecedente demuestra que las conversaciones y el diseño operativo se realizaron al margen de los procedimientos normativos regulares. Posteriormente, el 26 de enero de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la convocatoria formal para acceder a los apoyos del fideicomiso. Acelerando los procesos, el 22 de marzo de 2024 el Comité Técnico aprobó el proyecto mediante el acuerdo CTFIDESSEG 27/20.03.2024.

El 24 de abril de 2024 se formalizó la firma del convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, A.C., representados por Manuel Martínez Gutiérrez. El acuerdo económico también fue validado por Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda, director de FIDESSEG, y Mauricio Usabiaga del Moral, en representación de “La Fundación”. El convenio estipulaba la entrega del recurso en tres exhibiciones, obligando a la asociación civil a emitir los recibos y comprobaciones fiscales del equipamiento.

La participación de la administración de Cindy Arvizu y la ruta del contrato perdido

Aunque los bomberos fungieron formalmente como beneficiarios nominales, la participación de los funcionarios de la administración de Cindy Arvizu fue determinante. Edgar Martínez Méndez, secretario de Seguridad Pública en ese periodo, reconoció públicamente antes de la firma del convenio el destino del dinero: un 60 o 70 por ciento para tecnología y un 30 por ciento para obra civil y mano de obra a cargo del proveedor. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2024, al ser nombrado comisario de la Región 3 por el Gobierno Estatal, su ficha oficial de logros presumió precisamente la “elaboración del proyecto de actualización del sistema de emergencias 911”.

El galimatías administrativo se complica aún más en el terreno documental y jurídico. En la página 197 del expediente de la ASEG se consigna que, el 12 de marzo de 2025, el tesorero municipal entregó mediante el oficio TM-0231/2025 el “Contrato de compra del 09 de mayo de 2024 celebrado con la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.”. Sin embargo, al solicitarse una copia de dicho contrato a las áreas competentes del gobierno local, las respuestas evidenciaron un vacío de rendición de cuentas: el tesorero actual informó que no contaba con la información; Seguridad Pública, a través del capitán Presbítero Ávila Rivera, respondió que el asunto no correspondía a sus atribuciones; y la oficina del 911 hizo lo propio deslindándose de su resguardo.

La Secretaría del Nuevo Comienzo (antes SEDESHU) tampoco localizó el documento en sus archivos, argumentando que se trató de un trato entre particulares y la organización ejecutora, sin su intervención directa como contratantes.

Al cierre de este análisis, el millonario caso no cuenta con una resolución firme y definitiva. La secretaria María Luisa Herrera Aguirre confirmó que el procedimiento de fiscalización se encuentra atado a diversos juicios de amparo promovidos ante órganos jurisdiccionales federales, cuya tramitación motivó la reposición de actuaciones en el proceso de auditoría de la ASEG.

La administración municipal actual, encabezada por el alcalde Manuel Montes de la Vega —quien recibió en noviembre de 2024 a los representantes de Actuando por Guanajuato cuando el proyecto ya estaba en marcha—, ha heredado un severo problema financiero y legal fraguado en el trienio de Cindy Arvizu. Los 39 millones de pesos del erario estatal y social continúan bajo la sombra de la sospecha, atrapados en un laberinto de amparos federales, opacidad contractual y una evidente simulación de responsabilidades institucionales que agravan la confianza ciudadana en el manejo de los fondos públicos en Guanajuato. #MetroNewsMx


Redacción/Equipo Metro News

-La empresaria Ingrid Garcés interpone denuncia contra Liliana García, de Turismo en Comonfort por presunto abuso y desvío de recursos.
-Exigen auditar viajes al extranjero y convenios turísticos en Comonfort para esclarecer posibles conflictos de interés y corrupción oficial.
-La Contraloría de Comonfort enfrenta una prueba de fuego para investigar opacidad y privilegios denunciados en la administración municipal.


En el corazón de la administración pública de Comonfort, Guanajuato, ha estallado una crisis de confianza que trasciende la política local para instalarse en el terreno de la legalidad estricta. La MBA Ingrid Garcés de Isla, directora general del Hotel Boutique Tierra Madre, ha interpuesto una denuncia administrativa que no solo cuestiona la ética de la función pública, sino que documenta la posible arquitectura de un sistema de privilegios y opacidad dentro de la Dirección de Turismo.


Lo que inició como una relación de colaboración institucional para potenciar el desarrollo económico y turístico del municipio, ha derivado en una acusación formal que apunta a la servidora pública Liliana García Velázquez (https://www.metronewsmx.com/2026/07/exhibe-empresaria-ingrid-garces-abusos.html ). La denunciante sostiene que la confianza depositada en las autoridades fue utilizada para fines que colisionan con los principios de honradez y legalidad, derivando en afectaciones directas a su patrimonio y actividad empresarial.

El aspecto más grave y contundente de la denuncia reside en la naturaleza de las conductas señaladas. La empresaria denuncia explícitamente la posible existencia de un "conflicto de interés, uso indebido del cargo público, abuso de funciones y posible utilización de recursos públicos para fines distintos del interés general". La narrativa de la denunciante sugiere que los mecanismos del Estado fueron supuestamente desviados para beneficiar a personas físicas o morales vinculadas con proyectos turísticos privados, lo que configuraría, de acreditarse, un acto de corrupción sistémica.

Un punto particularmente sensible es la exigencia de transparencia sobre los recursos públicos destinados a la promoción internacional. La denunciante demanda que el Órgano Interno de Control realice una revisión exhaustiva, "incluyendo resultados de sus viajes al extranjero, en específico España y Colombia, y que se diga en qué beneficiaron dichos viajes al turismo local". Esta petición pone bajo la lupa no solo el gasto, sino la eficacia y justificación de una diplomacia turística que, bajo la sombra de la duda, podría estar sirviendo a intereses ajenos a la comunidad.


La complejidad del asunto aumenta al considerar las contradicciones públicas expresadas por el Presidente Municipal, Gilberto Zárate Nieves, respecto a la permanencia de servidores públicos cuestionados (https://www.metronewsmx.com/2026/07/exhiben-alcalde-de-comonfort-como.html ). Según el documento, estas señales encontradas "generan incertidumbre y hace necesarias una investigación institucional que permita esclarecer los hechos, su relación particular con la servidora pública y que permita esclarecer los hechos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

La gravedad del caso no se limita a una denuncia aislada; se enmarca en un contexto donde se exige combatir frontalmente el nepotismo y el influyentismo. Ingrid Garcés de Isla es enfática al solicitar una auditoría integral que incluya "convenios, contratos, apoyos, patrocinios, campañas de promoción, eventos y cualquier instrumento jurídico celebrado por la Dirección de Turismo con particulares".

Este análisis obliga a cuestionar la verdadera vocación de servicio de los funcionarios involucrados. Si la Dirección de Turismo ha operado bajo lógicas de favoritismo, como sugiere la denunciante, el daño al tejido social y a la imagen de Comonfort es inconmensurable. La Contraloría Municipal, bajo la dirección de la C.P. Sandra Vázquez Manríquez, se enfrenta a una prueba de fuego: demostrar que la ley es, en efecto, el límite infranqueable de cualquier servidor público, sin importar su nivel jerárquico o sus conexiones políticas. La ciudadanía espera, y exige, resultados que devuelvan la legitimidad a una institución que hoy, por los hechos expuestos, se encuentra bajo sospecha. #MetroNewsMx


Redacción

- Ocultaron el ciberacoso de TikTok a los padres de la víctima y solo citaron al papá de la alumna agresora para borrar la cuenta.
-Despidieron al profesor de grupo como chivo expiatorio para simular que resolvieron el caso y lavarse las manos ante la SEG.
-La directora admitió tener los videos con insultos hacia la menor, pero mintió diciendo que no recordaba qué decían.
-Redujeron el tocamiento íntimo a una niña de 6 años a un simple pleito escolar, preguntando a los niños «qué problemas tenían».
-Encubrieron el hecho debido a que los padres del niño también eran maestros dentro del sistema.
-Trataron a la niña víctima de 6 años como si fuera una mentirosa para justificar y minimizar el hecho.

Luego de que se diera a conocer el caso de agresión a un alumno de un plantel privado (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ) y fuera denunciado en la SEG por los padres de familia, (https://www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncian-formal-ante-la-seg.html ); ahora y en el mismo plantel,  se reportaron dos casos más y dos nuevas denuncias ante la Delegación regional de Educación V. La falta de protocolos, la omisión directiva y el encubrimiento deliberado han dejado al descubierto una grave crisis institucional tras la denuncia pública y legal presentada por una madre de familia. Sus dos hijas, de distintas edades, fueron víctimas de hechos deplorables dentro de un mismo centro educativo: una sufrió ciberacoso con amenazas e insultos explícitos a través de redes sociales, y la otra fue víctima de un tocamiento indebido en su zona genital por parte de un compañero. Ante la indiferencia y las presuntas irregularidades del personal administrativo, la madre formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades educativas correspondientes.

En base al testimonio entregado a la redacción de Metro News, pidiéndose por parte de los afectados guardar el debido anonimato a fin de no afectar las investigaciones y cumplimentar las normas respectivas de protección a menores, se plasman dos casos más de irregularidades.

Caso 1: Ciberbullying, agresiones explícitas y la expulsión del maestro como «chivo expiatorio»

El primer caso involucra a la hija mayor, estudiante de cuarto grado de primaria. De acuerdo con el testimonio de la madre, la menor comenzó a registrar un patrón sistemático de exclusión y agresiones verbales por parte de una compañera desde inicios del ciclo escolar. Aunque en un principio la familia intentó manejar la situación con orientación conductual en el hogar al considerarlo un conflicto menor, la agresión escaló de manera alarmante.

A principios de julio, la niña regresó a su domicilio en estado de shock tras ser alertada por una tercera compañera sobre la existencia de contenidos audiovisuales difundidos en la red social TikTok. En dichos videos, la agresora dirigió insultos explícitos, palabras denigrantes y deseos de que le sucedieran «cosas malas» a la menor.

Al solicitar explicaciones al personal del plantel, el profesor de grupo confirmó la existencia de los videos y el calibre de las agresiones. Sin embargo, la dirección escolar optó por un manejo opaco e unilateral:

-Falta de notificación a los afectados: La directiva citó únicamente al padre de la menor agresora para indicarle que borrara la cuenta de redes sociales y retirara a la niña del plantel, sin notificar jamás a los padres de la víctima sobre el riesgo y la naturaleza del acoso.
-Falta de transparencia: Al confrontar a la dirección general para exigir la baja de sus hijas, la madre descubrió que la institución tenía en su poder los videos, los cuales la propia directiva afirmó «no recordar» al ser cuestionada sobre su contenido explícito.
-Despido injustificado: Tras trascender de forma extraoficial que la estudiante agresora presentaba cuadros severos de vulnerabilidad emocional que la escuela buscó ocultar para evitar un incidente interno, la directiva optó por despedir al maestro de grupo. La madre calificó esta acción como la creación de un «chivo expiatorio» para simular ante las autoridades inspectoras que el problema había sido resuelto.

Caso 2: Tocamiento indebido a menor de 6 años y la protección por nexos con el personal

El segundo caso afecta a la hija menor, de tan solo 6 años de edad. A mediados de marzo, mientras realizaba sus tareas escolares en el hogar, la menor relató de manera directa a su madre que un compañero de clase se le acercó en el aula y le tocó la vagina con la mano mientras ella se encontraba sentada en su mesabanco.

La madre, profesional de la salud y orientada por asistencia psicológica, abordó de inmediato el hecho con la menor y procedió a reportarlo a la docente a cargo. La respuesta institucional se caracterizó por la minimización del evento y el incumplimiento de las normativas básicas de protección a la infancia:

-Indagatoria inadecuada: En lugar de aplicar un protocolo especializado para presuntas agresiones sexuales, la docente encaró a ambos menores de 6 años preguntándoles «qué problemas tenían», reduciendo una posible agresión a discusiones infantiles cotidianas sobre sacarse la lengua o picarse con lápices.
-Inexistencia de una mediación válida: La escuela dio por «resuelto» el caso mediante pláticas individuales y no permitió un careo ni una reunión formal transparente entre las partes para abordar la agresión.
-Protección y encubrimiento por parentesco: Se reveló que los padres del niño agresor ejercen como docentes dentro del sistema educativo. Según el relato manifestado por la propia maestra a la madre afectada, la principal preocupación manifestada por los padres del menor era evitar que el hecho se divulgara en el salón para que no tacharan a su hijo de «toca vaginas».
-Revictimización: En lugar de garantizar un entorno seguro para la víctima, la postura vertida desde la familia del menor y respaldada por la omisión escolar fue señalar a la niña de 6 años como «mentirosa», buscando justificar y respaldar la conducta del niño por encima del testimonio de la menor afectada.

Falta de protocolos y acciones legales

Ambos casos ponen en evidencia una profunda ausencia de protocolos de actuación ante el acoso escolar digital y ante presuntas conductas de violencia sexual infantil. Para la familia, la actuación del centro educativo respondió a un interés de corte mercantil, enfocado en proteger la reputación e ingresos del plantel mediante el despido de docentes y el encubrimiento de faltas graves, en lugar de velar por el bienestar socioemocional y la seguridad de sus estudiantes.

Ante la falta de soluciones éticas y el riesgo al que fueron expuestas las menores, la madre procedió con la baja definitiva de ambas alumnas y formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades de la Secretaría de Educación correspondientes, exigiendo que se investiguen las omisiones directivas, las responsabilidades administrativas del plantel y la protección indebida a los involucrados.

La cueva del silencio: Anatomía de la descomposición institucional en un colegio privado de Celaya

Tres casos graves de irregularidades escolares destapadas en menos de un mes —una agresión física contra un alumno, un caso de ciberacoso y amenazas mediante redes sociales, y tocamiento indebido a una niña de tan solo seis años— colocan en el centro del debate público a una institución educativa privada en Celaya. Lo que a simple vista podría catalogarse como incidentes aislados de violencia entre estudiantes, revela en un análisis más profundo una patología institucional sistémica: la metamorfosis de un centro de enseñanza en una estructura volcada hacia la autoprotección corporativa, el encubrimiento y la simulación.

El patrón de actuación expuesto por las familias agraviadas y documentado en las denuncias formales ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) permite deducir y analizar la grave crisis interna que atraviesa este plantel.

El modelo de negocio por encima de la integridad de la infancia

Cuando una escuela privada opera bajo la premisa de que la reputación comercial es el activo más valioso a proteger, los valores pedagógicos y los derechos de los niños quedan subordinados al control de daños.

En los tres casos conocidos se repite la misma tónica: la ocultación deliberada de las agresiones hacia los padres de las víctimas. Al ocultar a los tutores que sus hijos sufren golpizas, difamación digital o tocamientos indebidos, el plantel no busca resolver el conflicto, sino encapsularlo para evitar que trascienda y afecte la matrícula escolar. La administración parece concebir la salida de las familias afectadas no como un fracaso formativo, sino como un «alivio operativo»: si la víctima se va, el problema deja de existir.

Redes de complicidad y favoritismo: La impartición de justicia asimétrica

El análisis del caso del tocamiento indebido a la menor de seis años deja al descubierto un factor crítico dentro de la cultura organizacional de la escuela: el amiguismo y la protección por nexos de gremio.

Al tratarse de un menor cuyos padres pertenecen al sistema educativo, la balanza de la equidad no se inclinó de inmediato a favor de la menor. Las preocupaciones transmitidas a la madre de la víctima no se centraron en la salud emocional y la seguridad de la niña, sino en «cuidar la imagen» de la familia para evitar estigmas. Esta inversión de roles —donde se protege la reputación del señalado y se revictimiza a la niña calificándola implícitamente de «mentirosa»— demuestra que dentro de las aulas no existe un criterio neutral, sino una red de influencias que dicta qué casos se investigan y cuáles se minimizan.

La fabricación de «chivos expiatorios» y el desmantelamiento de la docencia

La respuesta del colegio ante la crisis de ciberacoso en TikTok refleja un método de deslinde punitivo e irresponsable. En lugar de asumir la falla institucional y activar protocolos de intervención psicopedagógica para la alumna emisora y de protección para la víctima, la directiva optó por cortar el hilo por lo más delgado: el despido del docente de grupo.

El despido del maestro cumple una doble función táctica para la dirección:
-Simulación institucional: Presentar ante las autoridades de supervisión de la SEG una acción drástica para aparentar que «se tomaron cartas en el asunto».
-Evasión de responsabilidad directiva: Trasladar la culpa del manejo del protocolo al personal docente de aula, a pesar de que la propia dirección general tenía pleno conocimiento de los contenidos digitales, mantuvo reuniones unilaterales con los padres de la agresora y decidió omitir la notificación a la familia de la menor acosada.

La inexistencia absoluta de protocolos y el llamado urgente a la SEG

La acumulación de tres denuncias en menos de 30 días no es casualidad; es la consecuencia natural de la anarquía procedimental. El plantel carece —o ignora deliberadamente— de los protocolos marco para la prevención, detección y actuación ante el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia sexual infantil establecidos por la normativa educativa.

Entrevistar a dos menores de seis años tras una acusación de tocamiento íntimo preguntándoles de manera superficial «qué problemas tienen» para equiparar la agresión con un juego con lápices o avioncitos de papel no es solo una incompetencia pedagógica: es una negligencia institucional que pone en riesgo la integridad física y mental de todo el alumnado.

La Delegación Regional V de la Secretaría de Educación de Guanajuato no puede limitarse a la recepción burocrática de folios. Ante la evidencia de un patrón sistemático de omisión, encubrimiento, manipulación de hechos y persecución del personal docente que reporta o queda atrapado en el conflicto, la autoridad educativa estatal está obligada a realizar una auditoría integral y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Las aulas privadas no pueden funcionar como feudos al margen de la ley. La seguridad de la infancia en Celaya no puede seguir supeditada al silencio de directivas más preocupadas por la cobranza mensual que por la protección de sus estudiantes. #MetroNewsMx


Redacción/MetroNews

-Señalan irregularidades en la firma de recibos de nómina por concepto de utilidades, sin que se vea reflejado el depósito prometido en las cuentas bancarias correspondientes.
-La autoridad laboral sugiere que la firma de documentos timbrados sin haber recibido el pago constituye un riesgo legal, al tiempo que las empresas podrían incurrir en posibles fraudes.
-Tras realizar denuncias formales ante las autoridades fiscales, los afectados denuncian falta de respuesta por parte de las áreas de recursos humanos sobre el adeudo pendiente.


Tras darse a conocer la omisión de pago de utilidades de la empresa Marva a trabajadores de esta empresa (https://www.metronewsmx.com/2026/07/denuncian-presuntas-practicas-abusivas.html ), ahora se complica el tema ya que ahora se dio la instrucción a los trabajadores para firmar recibos de nómina timbrados y certificados, bajo la premisa de que recibirían el pago correspondiente de utilidades en un plazo determinado. A pesar de haber cumplido con la firma requerida, un grupo de empleados manifiesta que el depósito no fue realizado en sus cuentas bancarias en la fecha acordada y ya les fueron descontados impuestos, en algunos casos, por varios miles de pesos.

La fundamentación documental de uno de los afectados, fue entregad  la redacción de metro News, donde se observan los detalles señalados en la información.

La empresa no solo estaría cometiendo una falta laboral, sino que está "jugando con fuego" ante el SAT. Al timbrar el recibo, la empresa misma dejó la "huella digital" del fraude: ella reconoce ante el SAT que el dinero salió, y si no puede demostrar el flujo bancario a la cuenta -que es obligatorio para efectos fiscales-, la simulación queda acreditada automáticamente por las facultades de comprobación del SAT.


La problemática se agudizaría ante la disparidad en la ejecución de los pagos, ya que únicamente una parte de la plantilla recibió la remuneración, mientras que otro sector permanece a la espera sin obtener una explicación clara. La gestión del área de recursos humanos ha sido cuestionada, pues se limitaría a solicitar paciencia a los afectados, ante la presunta actitud de ignorar la falta de cumplimiento con las obligaciones laborales estipuladas.

Ante esta situación, los trabajadores buscaron asesoría en instancias de conciliación laboral, donde se les minimizó el riesgo de firmar documentos sin el pago previo. No obstante, al comprobarse el incumplimiento del depósito, surge el temor de que la empresa esté incurriendo en prácticas irregulares al reportar ante la autoridad fiscal un pago que no se ha efectuado. Esta situación podría representar un abuso de confianza, ya que el trabajador aparece como remunerado ante el sistema fiscal, sufriendo la retención de impuestos sin haber percibido el ingreso.

Como medida de respuesta, se han interpuesto denuncias anónimas ante la instancia fiscal competente, adjuntando evidencias como el recibo de nómina firmado y estados de cuenta que comprueban la ausencia del depósito. Los afectados denuncian que la empresa no contaría con elementos para demostrar la realización del pago, ya que la obligatoriedad estipula que los depósitos deben efectuarse directamente a cuentas bancarias individuales asociadas al nombre del beneficiario.


El conflicto permanece en un estado de incertidumbre legal para los afectados, quienes se sienten vulnerables ante la falta de una representación jurídica adecuada y una respuesta institucional efectiva por parte de la empresa, la cual mantiene una postura evasiva ante los reclamos directos.

El análisis de las pruebas documentales entregadas a Metro News

Tras analizar las pruebas documentales presentadas, se observa una incongruencia crítica entre la información fiscal reportada por la empresa y la realidad financiera del trabajador.

-Recibo de Nómina (CFDI): El documento, con fecha de emisión precisa detalla un concepto de "Reparto de Utilidades" por un importe neto a pagar. Este documento incluye una leyenda de "recibí a mi entera conformidad".
-Verificación ante el SAT: La consulta en el portal oficial confirma que el CFDI es vigente y tiene un estado de "Cancelable sin aceptación". Esto certifica que, ante la autoridad fiscal, la empresa ya ha declarado y dado efectos legales al pago de esta cantidad.
-Estado de cuenta bancario: El historial de movimientos del trabajador muestra transacciones hasta el día de hoy 14 de julio de 2026. En ninguna de las fechas posteriores a la emisión del recibo aparece reflejado el ingreso de las utilidades.

Es concluyente que el trabajador está siendo afectado por una irregularidad grave. La evidencia apunta a los siguientes puntos críticos:

-Simulación de Operaciones: Existe una discrepancia total entre la información que la empresa ha reportado al SAT (donde afirma que ya pagó) y el flujo real de dinero en la cuenta del trabajador.
-Afectación Fiscal y Patrimonial: Al timbrar el recibo, la empresa ha generado una carga fiscal (ISR) sobre un ingreso que el trabajador no ha recibido. Esto significa que el trabajador aparece ante Hacienda como beneficiario de un dinero que, en la práctica, no posee, lo cual es una irregularidad de carácter fiscal.
-Indicios de fraude: La existencia de un recibo firmado electrónicamente por una operación inexistente es el fundamento para considerar la presunción de fraude fiscal y simulación de actos jurídicos, tipificados en el Código Fiscal de la Federación, según lo analizado anteriormente.

Las pruebas serían contundentes y documentan una discrepancia financiera que no debería existir bajo ninguna circunstancia legal regular. La empresa habría registrado un egreso fiscal que no ha materializado en el patrimonio del trabajador, exponiéndolo a él ante el fisco y violando sus derechos laborales básicos al retener un pago que ya ha declarado como efectuado.

Las implicaciones legales y los delitos federales en los que podría estar incurriendo Marva

Emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina —como el que se menciona— sin que exista la entrega real del recurso es una práctica irregular que podría constituir fraude fiscal. Al declarar ante la autoridad fiscal (SAT) que se pagó una cantidad (utilidades) que no fue recibida, la empresa podría estar incurriendo en una simulación de operaciones. Si el sistema fiscal retuvo impuestos (ISR) sobre una cantidad no percibida, el trabajador se ve afectado patrimonialmente, mientras que la empresa podría estar justificando deducciones indebidas o evadiendo responsabilidades financieras reales.
El Reparto de Utilidades (PTU) es un derecho constitucional. La falta de pago, incluso con recibos firmados, constituye un incumplimiento grave a la Ley Federal del Trabajo.

Las "sugerencias" dadas por Conciliación al trabajador

La recomendación recibida en las instancias de conciliación resultaría, a la luz de los hechos, altamente cuestionable y contraintuitiva. Sugerir a un trabajador que firme un recibo por un dinero que no ha recibido coloca al empleado en una posición de vulnerabilidad absoluta. Ante una eventual demanda, el recibo firmado funciona como una prueba presuntiva de pago a favor del patrón, obligando al trabajador a cargar con la difícil prueba de demostrar que no recibió el dinero.

La función de las autoridades laborales -y de instituciones como la PROFEDET-  debe ser la orientación para proteger el derecho del trabajador, no la validación de prácticas que facilitan posibles ilícitos patronales. Firmar sin haber recibido el pago es, técnicamente, convalidar una irregularidad que dificulta posteriores reclamaciones.

Dado que el problema afecta a múltiples trabajadores, se recomendaría denunciar ante el SAT, acción que al parecer ya fue hecha por los trabajadores. Es fundamental realizar una aclaración en el portal del SAT mediante la "Solicitud de conciliación de factura" o reporte de recibo de nómina no reconocido. Esto desvincula al trabajador de la percepción de un ingreso que nunca obtuvo y alerta a la autoridad sobre la emisión de CFDI apócrifos.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para interponer la denuncia formal por incumplimiento de PTU. A diferencia de una conciliación básica, esta instancia puede ofrecer representación legal gratuita para procesos más complejos si la empresa mantiene su postura evasiva. Conservar los estados de cuenta bancarios donde se evidencia la ausencia del depósito, así como capturas del CFDI timbrado, los cuales servirán como prueba de la simulación.

Los presuntos delitos y las posibles sanciones penales federales para este caso

Al involucrar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara una operación -pago de utilidades- que no ocurrió realmente, sitúa a la empresa en una zona de alta responsabilidad penal federal bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El hecho de que la empresa haya timbrado un recibo (CFDI) por un pago que no se depositó constituye, para efectos fiscales, la emisión de un comprobante que ampara operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

-Defraudación Fiscal (Artículo 108, CFF): Comete este delito quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Al timbrar un pago, la empresa genera obligaciones y derechos fiscales (como la retención de ISR); si el pago es falso, está engañando a la autoridad para obtener un beneficio fiscal indebido.
-Simulación de Actos Jurídicos (Artículo 109, fracción IV, CFF): El CFF tipifica como una conducta equiparable a la defraudación fiscal el hecho de simular la prestación de servicios o el pago de remuneraciones, lo cual es exactamente lo que ocurre al "pagar" utilidades que nunca salieron de la caja de la empresa.
-Uso de CFDI falsos o inexistentes (Artículo 113-Bis, CFF): Este artículo es el más severo. Sanciona a quien expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Las penas por estos delitos son privativas de la libertad (cárcel) y se gradúan principalmente en función del monto involucrado o de la gravedad de la conducta:

Defraudación Fiscal (Art. 108):
-Si el monto no excede los $2,236,480.00 MXN: 3 meses a 2 años de prisión.
-Si el monto excede los $2,236,480.00 MXN pero no llega a $3,354,710.00 MXN: 2 a 5 años de prisión.
-Si el monto supera los $3,354,710.00 MXN: 3 a 9 años de prisión.

Expedición de CFDI por operaciones inexistentes (Art. 113-Bis): Se castiga con 2 a 9 años de prisión.

En esquemas de facturación falsa o simulación que involucren montos elevados o estructuras organizadas, la autoridad puede solicitar la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los responsables no podrían enfrentar el proceso en libertad bajo fianza.

Si la autoridad determina que el esquema de "simular pagos de utilidades" para evadir impuestos o desviar recursos es realizado por tres o más personas -por ejemplo, el dueño, el contador y el responsable de Recursos Humanos-, el caso puede escalar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que endurece exponencialmente las penas y anula la posibilidad de beneficios procesales. #MetroNewsMx


Redacción

-Excolaborador de Transportes Marva denuncia ante autoridades laborales el presunto incumplimiento sistemático en el pago de utilidades anuales.
-La empresa de transporte enfrentaría graves acusaciones por coacción y presunta simulación de renuncias para evitar pagos de ley.
-El denunciante expone tácticas administrativas que impedirían la sindicalización y negar derechos básicos a personal de confianza.
-Tras vencer el plazo legal, trabajadores señalan irregularidades en nóminas y la negativa de la empresa para emitir referencias.
-El caso ante Conciliación pone bajo la lupa las presuntas prácticas de gestión humana en esta firma de alcance nacional.

Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.
-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.
-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Qué derechos estaría violando Transportes Marva ante los señalamientos que se hacen

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.
-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.
-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.
-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.
-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

La transcripción de la entrevista con el exempleado de Transportes Marva

Entrevistador: 
Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Extrabajador de Marva: 
Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Entrevistador: 
Extrabajador.

Extrabajador de Marva:  
Extrabajador.

Entrevistador:
Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  
Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Entrevistador:
Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Extrabajador de Marva: 
Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

Entrevistador: 
No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Extrabajador de Marva: 
Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Entrevistador:
Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Extrabajador de Marva: 
Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

Entrevistador:
O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Entrevistador:
Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Extrabajador de Marva: 
Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Entrevistador:
Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 
Sí, la verdad, sí.

Entrevistador:
Hay un olvido de este aspecto.

Extrabajador de Marva: 
Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

Entrevistador: 
O sea, o sea que, o sea que...

Extrabajador de Marva: 
Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

Entrevistador: 
O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  
Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

Entrevistador:
O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Extrabajador de Marva:  
Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Entrevistador:
Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad sí.

Entrevistador: 
Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Extrabajador de Marva: 
Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

Entrevistador:
O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Extrabajador de Marva: 
Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Entrevistador:
Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Entrevistador:
Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Extrabajador de Marva: 
Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

Entrevistador:
O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

Extrabajador de Marva:  
No.

Entrevistador:
Okay.

Extrabajador de Marva: 
De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Entrevistador:
Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

Extrabajador de Marva: 
No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Entrevistador:
Bueno, pues le agradezco la entrevista.
#MetroNewsMx


Redacción/Metro News

-Madre denuncia acoso escolar reiterado e impunidad ante la falta de acción del personal directivo y docente del plantel.
-Violencia física contra un menor incluyó la pérdida de una pieza dental sin que las autoridades escolares actuaran debidamente.
-Estudiantes instigaron agresiones físicas contra un compañero ofreciendo dinero a cambio, ante la omisión total del colegio.
-Directivos minimizaron agresiones físicas y verbales sistemáticas, calificándolas erróneamente como conflictos entre madres.
-El personal docente omitió reportar agresiones graves y se negó a levantar actas, ignorando protocolos de convivencia escolar.
-Familia exige justicia a la SEG tras agresiones físicas, instigación y la sistemática falta de protección al menor agredido.

Ante la inacción de las autoridades de un plantel educativo privado, una madre de familia presentó una denuncia formal ante la Delegación Regional de Educación Región V, encabezada por el Mtro. Aldo Sahib Velásquez Velázquez, para exigir justicia por las agresiones reiteradas que ha sufrido su hijo y que oportunamente fueron dadas a conocer por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ).

La denunciante relata una cronología de violencia escolar que se ha prolongado desde el ciclo escolar 2023-2024 hasta la fecha. El menor ha sido víctima de agresiones físicas, incluyendo una que resultó en la pérdida de una pieza dental, así como violencia verbal sistemática. A pesar de los intentos de diálogo iniciales y la intervención parcial del personal docente, el acoso ha persistido, escalando a situaciones de mayor gravedad.

El episodio detonante ocurrió a principios del mes pasado, durante una actividad extracurricular. Según el testimonio, otro alumno agredió físicamente al menor en dos ocasiones, revelando que actuaba bajo la instigación de un tercer estudiante, quien presuntamente le ofreció dinero a cambio de perpetrar los golpes.

La madre de familia señala con indignación las omisiones por parte del personal docente y directivo. Denuncia que el instructor de la actividad extracurricular no reportó el incidente a la dirección, y que, al solicitar la intervención de las autoridades escolares, recibió una respuesta insuficiente. La institución se limitó a aplicar suspensiones temporales a los menores involucrados, negándose a levantar un acta de hechos formal y minimizando la situación al clasificarla como un conflicto entre particulares.

La denunciante enfatiza que la institución ha ignorado sus propios reglamentos internos y la legislación estatal sobre convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Ante la falta de protocolos claros y la ausencia de acciones para salvaguardar la integridad de su hijo, la madre exige una investigación administrativa profunda.

La denuncia presentada ante la Delegación Regional solicita puntualmente:

-El inicio de una investigación administrativa sobre el actuar del personal directivo y docente.
-La verificación de la correcta aplicación de los protocolos contra la violencia escolar.
-La aclaración de por qué se omitió el reporte de las agresiones y la elaboración del acta de hechos.
-El deslinde de responsabilidades por omisión ante los antecedentes de violencia.
-La implementación de medidas correctivas y preventivas urgentes para garantizar un entorno seguro.

Los padres de familia afectados, quienes manifiestan su indignación ante el manejo institucional de los casos, ha reiterado su total disposición para colaborar con la autoridad educativa, buscando que se garantice el derecho de su hijo a estudiar en un entorno libre de violencia, impunidad y acoso.

Qué le tocaría hacer a la Delegación de Educación tras la presentación de la denuncia

Tras la presentación de una denuncia formal por violencia escolar ante la Delegación Regional de Educación (SEG), el proceso se regiría por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

A partir de este momento, la Delegación y la autoridad educativa tienen las siguientes obligaciones y procedimientos conducentes:

-Obligaciones Inmediatas de la Autoridad Educativa
Una vez recibida la denuncia, la autoridad (incluyendo la dirección escolar y la Delegación) tiene el deber legal de actuar para que la violencia cese. Sus acciones deben incluir:
-Atención y protección: Garantizar la integridad física y psicoemocional de la víctima. Esto incluye dictar medidas cautelares si existe riesgo.
-Registro formal: Es obligatorio dejar constancia documental de los hechos (acta de hechos). La omisión en la atención o registro es considerada una falta sancionable por ley.
-Activación de Protocolos: Se deben activar los mecanismos de atención, que pueden incluir la asesoría y canalización a instancias especializadas.

-Procedimientos Conducentes (Lo que presuntamente ocurrirá)
El proceso administrativo seguirá una ruta de investigación y seguimiento:
-Investigación administrativa: La Delegación Regional debe investigar si el personal docente y directivo actuó conforme al Reglamento Escolar Interno y la legislación vigente. Esto implica entrevistar a las partes involucradas (previa autorización de padres o tutores) y revisar la actuación del personal.
-Canalización interinstitucional: Si la naturaleza del caso lo requiere, la Delegación debe canalizar a las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el DIF, instituciones de salud o la Procuraduría de los Derechos Humanos.
-Evaluación de responsabilidades: Se determinará si existió una omisión o negligencia por parte del personal escolar al no reportar o documentar incidentes previos. En caso de responsabilidad, se pueden aplicar correctivos administrativos (extrañamientos, amonestaciones o notas en la hoja de servicio).
-Seguimiento: La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el curso de la investigación y las medidas preventivas implementadas.

-Recomendaciones y Recursos
Si el afectado considera que la resolución de la autoridad es insuficiente o viola los derechos del menor, tiene el derecho de:
-Recurrir a otras instancias: Puede presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
-Acompañamiento: Puede solicitar asesoría jurídica y psicológica en la SEG.

La autoridad debe actuar de manera pronta para frenar la situación y evitar la revictimización del menor. #MetroNewsMx 



Redacción

Una queja enviada a la redacción de Metro News, por personas plenamente identificadas, precisaron su inconformidad en contra de un plantel educativo ubicado al noroeste de la ciudad, por la violencia escolar no atendida y posible bullying contra un niño de cuarto año por parte de uno de sexto grado.

La institución educativa, que ofrece desde preescolar hasta bachillerato al noroeste de Celaya, enfrenta una severa crisis de gobernanza ante graves casos de violencia escolar que han escalado a agresiones físicas reiteradas y esquemas de intimidación con incentivos económicos entre estudiantes para ejercer esa violencia, asemejando a un "sicariato".

La queja textual enviada a la redacción

"DENUNCIA PÚBLICA":

"En la escuela de mi hijo, un niño de 9 años le pide a otro niño, dos años mayor, que golpee a mi hijo de 10 años a cambio de dinero. Después de que lo hace, el primero le ofrece más dinero si lo golpea con más fuerza, y el otro niño vuelve a hacerlo. Al solicitar un establecimiento de hechos, las autoridades escolares suspenden a los niños por dos días y restan importancia al incidente, argumentando que el resto es una situación entre las madres2.

"Hay repetición de violencia física por parte del mismo niño hacia mi hijo y las autoridades escolares están desviando la atención hacia mi reacción como madre del niño afectado en lugar de analizar la conducta del niño que originó el conflicto".

El peligro para el resto de alumnos del plantel

La administración del plantel ha sido señalada por evadir su responsabilidad institucional ante una serie de incidentes que involucran a un alumno de cuarto grado, quien ha hostigado sistemáticamente a un compañero de segundo año. Entre los antecedentes, figura la pérdida de una pieza dental del menor afectado en un evento previo, mientras que la agresión más reciente ocurrió durante una clase extraescolar de ajedrez.

En lugar de aplicar protocolos de prevención y justicia, la dirección escolar ha minimizado el conflicto, intentando reducir una problemática de conducta violenta a una supuesta disputa personal entre madres de familia. Esta postura ha sido calificada como una táctica para encubrir la falta de control en el plantel, lo que genera cuestionamientos profundos sobre el ambiente formativo que se ofrece a quienes pagan por un servicio de seguridad y educación.

El caso ha trascendido las fronteras de la institución, escalando hacia la Delegación Regional de Educación V y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la intervención de PROFECO bajo el argumento de incumplimiento de contrato por parte de la escuela, al no garantizar un entorno seguro y pacífico, convirtiendo un espacio educativo en un sitio de riesgo. Los padres afectados han responsabilizado tanto a la institución como a la familia del agresor por cualquier represalia o daño adicional que pueda sufrir su hijo.

Si fueran mayores de edad, ¿En qué delitos se estaría incurriendo en este caso?

En el ordenamiento jurídico mexicano, y específicamente bajo el Código Penal para el Estado de Guanajuato, si los involucrados fueran mayores de edad, la conducta descrita —pagar a una tercera persona para ejercer violencia física contra otra— configuraría distintos grados de responsabilidad penal que podrían agruparse de la siguiente manera:

-Instigación (Determinador)
La persona que paga u ofrece un incentivo económico para que se cometa la agresión actúa como instigador (o determinador). Según el Artículo 21 del Código Penal de Guanajuato, es instigador quien dolosamente determina a otro a la comisión dolosa de un delito.

Esta figura es fundamental, ya que aunque el instigador no ejecute el golpe directamente, su responsabilidad es equiparable a la del autor material, pues sin su voluntad y pago, el delito no habría ocurrido.

-Autoría Material
El sujeto que recibe el dinero y ejecuta los golpes sería el autor material. De haber causado lesiones, enfrentaría cargos por el delito de lesiones, cuya penalidad se determina según la gravedad, el tiempo de sanación o la naturaleza de las secuelas (como la pérdida de una pieza dental, que se clasifica como una lesión que afecta la integridad física de manera permanente).

-Concurso de Delitos y Agravantes
Dependiendo de las circunstancias, podrían configurarse otras figuras delictivas:
Lesiones: El delito base contra la integridad corporal.
Amenazas: Si el pago o la dinámica incluyen intimidación para que la víctima no denuncie o para forzarla a hacer algo (Artículo 282 del Código Penal Federal, aplicable por analogía en principios generales).
Responsabilidad Agravada: El Código Penal de Guanajuato permite agravar la punibilidad hasta en un tercio si el delito se comete aprovechándose de una persona incapaz o en situaciones donde hay una clara disparidad de poder.

-La responsabilidad de la institución (Omisión)
Si bien el centro educativo es una entidad privada, su responsabilidad ante estos hechos, si fuera probada una omisión dolosa o negligencia grave que permita la continuidad de estos actos, podría derivar en:
Responsabilidad civil: Reparación del daño (médico, psicológico y moral) por incumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.
Responsabilidad administrativa: Ante instancias como la Delegación Regional de Educación, por no garantizar el ambiente seguro que la ley exige para los centros educativos.

En el derecho penal mexicano, la distinción entre autor intelectual (quien ordena o paga) y autor material (quien ejecuta) no exime a ninguno de los dos; el sistema los trata bajo una misma lógica de responsabilidad penal. En este caso hipotético, el hecho de que exista una transacción económica para provocar daño añade un componente de premeditación que suele elevar las penas.

Las preguntas que quedan en el aire:

¿Es esta institución un centro de formación académica o un espacio que permite la consolidación de conductas violentas?
¿Qué garantías de seguridad real ofrece una escuela que prioriza la omisión sobre la protección de sus estudiantes?
¿Es admisible que un colegio privado eluda su responsabilidad institucional ante la reincidencia de agresiones físicas?


Redacción Editorial

-Clínica ISSSTE Celaya: La impunidad como sentencia de muerte
-La negligencia médica no es un accidente, es una política de omisión: el caso del padre del periodista Marco Mancera revelaría un sistema de salud que ha normalizado el desprecio por la vida humana en aras de una burocracia ciega.
-El antecedente de mención de Cristian Vázquez Bravo ante Martí Batres sería el rostro de una institución que protege a sus verdugos; las denuncias documentadas desde febrero exhibirían a la dirección general del ISSSTE en cómplice directa del deceso.
-¿Qué lección aprendió el ISSSTE tras el reclamo del señor Uriel? Ninguna
-El dolor de las familias en Celaya no es un "chisme" ni un "tecnicismo": es el resultado de un modelo de gestión que, bajo la máscara del discurso oficialista, mantiene en sus puestos a funcionarios incompetentes sobre los cuales pesa la responsabilidad de tragedias evitables.
-¿Coincidencia, mala fe, chiste o realidad que aparezca nuevamente el nombre del responsable de urgencias, ahora en la muerte de un paciente?

Lo que ocurre en la Clínica Hospital del ISSSTE en Celaya no puede ser definido ya con eufemismos. No se está ante fallas operativas o retos de infraestructura; se está presenciando la consolidación de un sistema de salud donde la indolencia es el protocolo clínico y la impunidad es la norma de actuación. La reciente muerte del padre del periodista Marco Israel Mancera, ocurrida en una silla de espera tras la negativa del personal de urgencias para atenderlo, es el desenlace lógico de una institución que ha perdido, hace mucho, cualquier rastro de ética médica y humana.



Resulta particularmente siniestro que el principal señalado por esta tragedia sería el mismo personaje que, meses atrás, fue denunciado públicamente ante el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama. El 6 de febrero de 2026, el señor Uriel Rodríguez (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/derechohabientes-reclaman-a-marti-batres-deficiencias-en-atencion-del-issste-en-celaya-28239727 ) confrontó al funcionario federal, exhibiendo ante las cámaras y ante los ojos de la ciudadanía lo que sería el mismo modus operandi del doctor Cristian Vázquez Bravo: el rechazo sistemático a pacientes en situaciones críticas, bajo el pretexto —tan absurdo como criminal— de que "no representan una urgencia".

¿Qué lección aprendió el ISSSTE tras el reclamo del señor Uriel? Ninguna. La impunidad con la que se habría blindado a Vázquez Bravo no solo revela una complicidad interna, sino que confirma que las quejas ciudadanas en el buzón de la institución son, en realidad, un ejercicio de cinismo burocrático. Batres Guadarrama prometió en febrero que se tomarían cartas en el asunto; hoy, la muerte de un ciudadano en la sala de espera demuestra que esas promesas fueron, apenas, el teatro necesario para salir del paso. La permanencia de este médico en el área de urgencias, a pesar de los antecedentes documentados, convertiría a la dirección del hospital en responsable, por omisión y por encubrimiento, de la negligencia fatal.



Lo que algunos miembros del personal de urgencias practica en Celaya no es medicina, es un filtro de selección donde la vida del derechohabiente se reduce a un criterio arbitrario dictado por un médico que parece disfrutar de un poder omnímodo. La familia Mancera no es la primera, y desgraciadamente no será la última, en sufrir la soberbia de algunos elementos del equipo médico que se siente intocable (https://www.metronewsmx.com/2026/06/muere-paciente-en-el-issste-de-celaya.html ). El testimonio de Uriel Rodríguez, aquel febrero pasado, fue la alerta temprana que el sistema ignoró. Aquel reclamo sobre los 100 mil pesos gastados en atención privada porque el ISSSTE "no sirve de nada", es la misma historia que hoy se repite, con la única diferencia de que esta vez, el desenlace fue irreversible. Y de paso, un sujeto que se esconde en una cuenta o página Facebook, presunto empleado del IMSS y que agrede al periodista Marco Mancera, hijo del paciente fallecido Irineo Mancera que estuvo sentado tres horas en la Sala de Urgencias de la Clínica del ISSSTE porque "no era urgente". (https://www.metronewsmx.com/2026/06/ataca-con-insultos-presunto-empleado.html )


Como sociedad, no se puede aceptar que la muerte de un padre, de un hermano o de un hijo sea el "costo" de una gestión administrativa corrupta o incompetente. El periodismo tiene aquí una función clara: no permitir que el olvido cubra la silla de urgencias donde hoy yace la dignidad de una familia destrozada. Si las autoridades no tienen la voluntad política para remover a quienes han demostrado, con hechos, que no les importa la vida de los pacientes, entonces es la ciudadanía la que debe elevar la presión.

Resulta interesante que el Sr. Uriel Rodríguez llamara una y otra vez el nombre de Cristian Vázquez Bravo en público, y este no apareciera; y ahora, en el caso del fallecimiento del Sr. Irineo Mancera, ni el ISSSTE ni el personaje ahora den la cara; la única respuesta ha sido la del sujeto "Chrisionidas Vázquez", un supuesto empleado del IMSS, retando al periodista Marco Mancera... en redes sociales. Y luego, desaparecer la página tras su "hazaña". 

La tragedia de la familia Mancera no es un evento aislado; es la evidencia de una metástasis institucional. Cristian Vázquez Bravo debería haber sido separado de su cargo no por una ocurrencia mediática, sino por la imperiosa necesidad de sanear un área donde el juramento hipocrático ha sido sustituido por la arrogancia. Que las autoridades federales no se llamen a sorpresa cuando la indignación estalle: cuando el Estado deja de proteger la vida, el silencio se convierte en complicidad, y el periodismo en la única voz que queda para exigir justicia. El ISSSTE Celaya tiene hoy una deuda de sangre, y los expedientes no mienten; lo que falta es la voluntad de limpiar la casa.

La transcripción del encuentro entre el Sr. Uriel Rodríguez y Martí Batres

Sr. Uriel Rodríguez: 
De urgencias, yo vengo a urgencias con mis dos hijos, tengo dos hijos, ni uno ha pasado de urgencias adentro. No me atienden y ayer vino mi esposa de 2 de la tarde a 6 de la tarde y no me la atendieron. Fui al Similar allí enfrente; llevo casi 100,000 pesos gastados en mi hija en salud que aquí no me dan atención. Venga, doctora, ayúdeme, yo necesito que todos escuchen. Y tengo directamente la queja con la persona que está en urgencias, tengo el nombre, yo necesito que todos escuchen.

Martí Batres: 
Se lo va a atender inmediatamente.

Sr. Uriel Rodríguez: 
No, yo he metido mi queja al buzón de quejas de ahí, se le va y se han limpiado la conciencia con esas quejas que meto. Las he metido dos veces poniendo mi número telefónico, mi correo electrónico, y de nada sirve. ¿Qué necesitamos hacer los derechohabientes para tener servicio? Si mi niña se me hubiera muerto, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿Quién me la va a devolver? Déjeme hablar, yo necesito que toda esta gente escuche lo que tengo que decir.

Martí Batres: 
Escucha, tiene una voz bastante fuerte, pues señor, pero pues qué...

Sr. Uriel Rodríguez: 
Yo llevo casi 100,000 pesos atendiendo a mi hija por fuera. No pido que me los devuelvan, pido que atiendan. Ayer vino de nuevo a urgencias mi niña, no me la atendieron en urgencias y tengo el nombre de la persona directamente, es este señor llamado Cristian. Aquí lo apunté porque no es posible, Cristian Vázquez Bravo. ¿Quién es Cristian Vázquez Bravo? Suéltame, suéltame. ¿Quién es Cristian Vázquez Bravo? ¿Quién es? ¿Está aquí presente? Que levante la mano, ¿quién es Cristian Vázquez Bravo?

Martí Batres: 
El jefe de urgencias en turno, ¿dónde está?

Sr. Uriel Rodríguez: 
No me recibe, no me deja pasar de urgencias adentro. Mi esposa es maestra de 17 años de servicio, maestra, mis niños están asegurados por ella. Mi esposa me ha querido asegurar a mí; yo no estoy asegurado, ¿sabes por qué? No sirve de nada. Atiendo a mi niña en Morelia, en San Miguel Allende, en Querétaro, diferentes consultas con especialistas, y aquí no me dan el servicio, y ayer que la traigo a urgencias me vuelven a regresar. Gracias que vino usted, disculpe que me ponga así, pero le doy gracias a Dios que usted vino aquí.

Martí Batres:
 Le voy a pedir un favor, venga con su hija, venga ahorita con su hija. Está allá en el... No, venga con su hija porque la tienen que atender; la doctora se va a encargar de atenderla.

Sr. Uriel Rodríguez: 
Otra cosa, no hay medicamentos. Niegan los medicamentos, por favor, niegan los medicamentos. Niegan los medicamentos, sí los hay pero los niegan. En farmacia niegan los medicamentos, sí los hay, sí los hay los medicamentos y los niegan en farmacia.
#MetroNewsMx

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