Metro News Mx

-Empresarios y sociedad civil entregan a Metro News amplio documento firmado, dirigido a autoridades de Comunicaciones y a la gobernadora del estado, exponiendo realidades y omisiones no consideradas en el proyecto de la obra

-Los líderes empresariales y la sociedad civil respaldan la obra, pero se necesita acercamiento con todos los sectores -federación, estado, municipio y sociedad civil- para conocer con profundidad el anteproyecto

-Advierten que el anteproyecto anula una inversión histórica de más de diez mil millones de pesos para liberar la ciudad de las vías férreas.

-El trazo propuesto desestima la presencia de fallas geológicas activas en el subsuelo, comprometiendo soluciones como los falsos túneles.

-Colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita y San Antonio serán fragmentadas físicamente por muros y rampas de confinamiento.

-La insuficiencia del derecho de vía, que debe ser de treinta metros, implicaría la expropiación y derrumbe de viviendas y negocios.

-El diseño ferroviario en el Eje Colosio afectaría la prolongación de la Avenida Irrigación, crucial conexión con Apaseo el Grande.

-Se reclama el acceso a estudios y planos técnicos del proyecto, amparándose en el Artículo 6º Constitucional.

-El confinamiento viola el derecho a la ciudad y la Ley General de Movilidad al causar un retroceso en la conectividad.

-La propuesta es abrir una mesa de trabajo para adoptar alternativas elevadas, y el documento está enviado a Andrés Lajous Loaeza (del ARTF) y Jesús Antonio Esteva Medina (de SICT) para una revisión inmediata del proyecto.

La ciudad de Celaya ha lanzado un grito de alerta técnica, social y jurídica ante el Gobierno Federal. El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., junto con veinte líderes de colegios de profesionistas y cámaras, ha formalizado la necesidad de un análisis al anteproyecto del Tren de Pasajeros México-Guadalajara en su sección urbana, dirigiendo su misiva a Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

El punto medular del reclamo es contundente: la ruta propuesta representa un retroceso catastrófico que anula décadas de planeación y una inversión pública de más de 10,000 millones de pesos, destinada justamente a desahogar el centro urbano del tráfico ferroviario.

La misiva, fechada en Celaya, Guanajuato, el 7 de noviembre del 2025, es clara al detallar las afectaciones. El trazo, que contempla tramos a nivel, falsos túneles y viaductos, no considera abiertamente la lógica que impulsó obras estratégicas como el libramiento ferroviario de Celaya, con una inversión superior a 6,000 millones de pesos. 

Así mismo, el puente vehicular de Avenida Irrigación, con más de 266 millones de pesos. El puente vehicular de Melchor Ortega (Anenecuilco). El paso deprimido en Gaspar de Almanza y el puente del Bulevar Adolfo López Mateos y Dos de Abril.

El sector productivo sostiene que el anteproyecto generará una fractura social y urbana. Se prevé que colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita, Alameda, Bosques de la Alameda, La Favorita y San Antonio queden físicamente divididas. Además, cruces viales esenciales como Anenecuilco serían eliminados, mientras que calles como Insurgentes, Albino García y Quintana Roo serían bloqueadas por rampas de hasta 1.5 kilómetros necesarias para el sistema.

El análisis del CCE no se queda en lo social, sino que exhibe serias situaciones técnicas tales como el hecho de que la traza atraviesa zonas con fallas geológicas activas que han generado desniveles de hasta tres metros, haciendo inviables y poco adaptables las soluciones estructuralmente rígidas como los falsos túneles.

También se advierte sobre el problema técnico grave en el Eje Luis Donaldo Colosio, donde la pendiente requerida compromete la funcionalidad de la prolongación de la Avenida Irrigación, un proyecto de escala metropolitana clave para la conexión con Apaseo el Grande. En la colonia Las Américas, el derecho de vía disponible es insuficiente, ya que la normativa (Artículo 29 del Reglamento del Servicio Ferroviario y NOM-003-ARTF-2023) exige un mínimo de treinta metros para una vía Clase 5 que soporta velocidades superiores a 120 kilómetros por hora. Esto desembocaría en la expropiación y demolición de múltiples viviendas y negocios.

El proyecto no está coordinado con el tren urbano municipal, que ya cuenta con estudios de factibilidad, lo que diluye el esfuerzo económico y técnico.

Jurídicamente, la petición se refuerza citando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 8º y 6º) y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, exigiendo transparencia, acceso a la documentación técnica y el respeto al derecho de participación pública en la planeación.

El documento concluye con una propuesta concreta para revertir el daño potencial, solicitando la instalación de una mesa de trabajo para identificar conjuntamente las alternativas técnicas más viables, dada la ventana de oportunidad de que el proyecto ejecutivo aún se encuentra en elaboración.

Además, ponen como ejemplo la solución constructiva del Tren Interurbano México-Toluca, cuyo trazo elevado evitó la segregación y el confinamiento, demostrando que la ingeniería puede y debe adaptarse al tejido urbano. La solicitud es también un compromiso: el sector productivo ofrece su participación en el análisis, socialización y acompañamiento para consolidar a Celaya como un Polo de Desarrollo para el Bienestar y la puerta logística del país, pero señala que la obra respete los principios de equidad territorial y no regresividad urbana.

El oficio fue enviado con copia a la gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo; a la Delegada de la SICT en la entidad, Maestra Irma Leticia González Sánchez, y al Presidente Municipal, Maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, urgiendo una intervención inmediata antes de que se consume un error de diseño que costará a Celaya su cohesión social.

El documento se dirige de forma principal a las autoridades federales con competencia directa sobre la infraestructura ferroviaria tales como Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

Además, se dirige en atención, para conocimiento y coordinación, a la Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato. Mtra. Irma Leticia González Sánchez, delegada de la SICT en el Estado de Guanajuato. Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal.

El oficio es firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., y avalado por los líderes de veinte organismos asociados, lo que demuestra un amplio respaldo del sector productivo, técnico y social, integrado por el Arq. Emmanuel Maldonado Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos; Ing. Juan Daniel Prieto Delgado, presidente del Colegio de Ingenieros. Ing. Óscar Antonio Almanza Vega, vicepresidente de la CMIC. Mtro. José Luis Andrade Rodríguez, presidente de Coparmex. Lic. Agripina Hernández Hernández, presidenta de Amexme. Ing. Luis Guillermo Morales Oliveros, presidente de la Asociación del Empresariado Celayense. Lic. Fausto Carlo Ramos Horta, presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial. Lic. Fernado Ibarra Jiménez, presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande.

También por el CP Enrique Martín Martín Bejarano Ferreyra, presidente de Canacintra. Ing. Ma. Eugenia Márquez Gamboa, presidenta de Canirac. Gerardo Arredondo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya. Lic. José Francisco Rosete Núñez, presidente del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya.

CP Gustavo Barrón Hernández, presidente de Desarrolladores Inmobiliarios. Ing. Luis Fernando Nieto Herrera, presidente del Observatorio Ciudadano de Celaya. Lic. Georgina Yamina Salgado Salgado, presidenta de Ampi.

Se cuentan además la Mtra. Jaqueline Rodríguez Paredes, presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas. Lic. Ranulfo Corona Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteleros. Lic. Armando Sojo Arroyo, vicepresidente del Comité Ejecutivo CCE. Lic. Carlos Armando Lara Acosta, presidente de Círculo de Empresarios. CP Lic. Ernesto Ledesma Orozco, presidente del Frente Cívico Proconclusión del Libramiento de Celaya. Arq. Ismael Pérez Ordaz, presidente del Consejo Consultivo CCE y el Mtro. Jorge Luis Gámez Campos, presidente del Comité Ejecutivo del CCE.

El documento tiene fecha del 7 de noviembre del 2025, en Celaya y se trata del oficio 0010/2025.

Celaya, Guanajuato, a 7 de noviembre del 2025

Número de Oficio: 0010/2025

Asunto: Solicitud

Andrés Lajous Loaeza

Director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario

Jesús Antonio Esteva Medina

Titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

Presentes

En Atención a:

Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo

Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato

Mtra. Irma Leticia González Sánchez

Delegada de la SICT en el Estado de Guanajuato

Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez

Presidente Municipal

El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., atendiendo las inquietudes de organismos asociados del sector Construcción y en conjunto con representantes de la sociedad civil organizada, nos dirigimos a ustedes con respeto y responsabilidad institucional para plantear consideraciones técnicas, sociales, urbanas y jurídicas en torno al proyecto ferroviario "Tren de Pasajeros México-Guadalajara", en su tramo correspondiente al paso por la ciudad de Celaya, Guanajuato. Valoramos el propósito del proyecto de mejorar la movilidad nacional, optimizar el transporte interurbano y ofrecer una alternativa sustentable al desplazamiento masivo. Respaldamos firmemente el plan estratégico del Plan Nacional de Infraestructura Ferroviaria impulsado por el Gobierno de México, y celebramos que nuestro municipio sea beneficiado directo de esta política nacional.

Sin embargo, tratándose de una infraestructura de alto impacto territorial, en un municipio en el que diariamente confluyen cerca de un millón de personas, y debido a la falta de información y/o socialización del anteproyecto existente que únicamente conoce la sociedad celayense a través de trascendidos en medios de comunicación por parte de nuestras autoridades municipales, consideramos indispensable manifestar algunas preocupaciones respecto de las condiciones de ejecución a la luz del contexto urbano, técnico y social de nuestro municipio, buscando no solo la viabilidad estructural de la obra, sino su plena compatibilidad con los procesos de planeación urbana sostenible y equitativa.

Celaya ha vivido durante décadas una relación compleja con el ferrocarril. Por más de veinticinco años, autoridades de todos los niveles en conjunto con la sociedad civil organizada han buscado reducir los impactos negativos del cruce del tren por el centro urbano. Fruto de esta visión han sido diversas obras estratégicas para canalizar el tránsito ferroviario fuera de la ciudad y mejorar la movilidad local. Destacan el Libramiento Ferroviario de Celaya, obra con una inversión acumulada superior a los 6,000 millones de pesos; el Puente Vehicular de Avenida Irrigación, con más de 266 millones de pesos; el Puente vehicular de Melchor Ortega (Anenecuilco); el paso deprimido ubicado en la calle Gaspar de Almanza, así como el Puente de Bulevar Adolfo López Mateos y Dos de Abril y otras vialidades estratégicas. En total, se estima que la inversión pública acumulada supera los 10,000 millones de pesos. Todas estas acciones responden a una lógica de planeación integral del territorio y de apuesta por una movilidad ordenada, resiliente y sustentable.

En este contexto, resulta preocupante que el anteproyecto del tren de pasajeros retome un paso por el corazón de la ciudad incluyendo tramos a nivel confinados, túneles falsos y viaductos que implicarían afectaciones considerables en términos de fragmentación urbana, pérdida de continuidad vial, segmentación social y ocupación de espacio público estratégico. Colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita, Alameda, Bosques de la Alameda, La Favorita y San Antonio quedarían físicamente divididas; cruces existentes como Arrecife o Anenecuilco serían eliminados, y múltiples calles —Insurgentes, Albino García, Quintana Roo, entre otras— bloqueadas por rampas de hasta 1.5 km de longitud, necesarias para cumplir con la pendiente normativa del sistema ferroviario.

Desde el punto de vista técnico, nos preocupa la presencia de fallas geológicas activas a lo largo del trazo propuesto, con desniveles de hasta tres metros. Las soluciones de falso túnel, en este contexto, resultarían estructuralmente rígidas y poco adaptables, volviéndose vulnerables a mediano y largo plazo. A esto se suma la existencia de una infraestructura subterránea compleja, que incluye redes de drenaje, fibra óptica, líneas de gas y agua potable, cuya reubicación implicaría costos elevados, tiempos inciertos y riesgos no evaluados.

Asimismo, se ha identificado un problema técnico grave en la intersección del trazo ferroviario con el Eje Luis Donaldo Colosio, ya que la pendiente necesaria para el paso a desnivel sobre el eje vial (que por trascendidos se ha informado que existiría) sobrepasa el cruce con la Avenida Irrigación, impidiendo una conexión directa entre ambas arterias. Este conflicto no solo implica una afectación vial local, sino que compromete un proyecto estratégico de escala metropolitana: la prolongación de la Avenida Irrigación como bulevar de conexión directa con Apaseo el Grande, cuya funcionalidad quedaría anulada de concretarse el trazo actual sin ajustes.

Por otro lado, se ha detectado que el derecho de vía disponible en la zona de la colonia Las Américas es insuficiente para albergar una infraestructura ferroviaria de grado 5, que requiere al menos 30 metros de ancho de sección. Esta especificación se encuentra normada en el artículo 29 del Reglamento del Servicio Ferroviario, el cual establece que, tratándose de vías férreas a nivel y de doble sentido, el derecho de vía mínimo será de 30 metros. Asimismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ARTF-2023, relativa al Sistema Ferroviario-Seguridad-Clasificación y especificaciones de vía, determina que para operar trenes de pasajeros a velocidades mayores a $120\text{ km/h}$ como es el caso del Tren México-Guadalajara, se requiere una vía clase 5, que a su vez implica condiciones de alineamiento, pendientes, radios de curvatura y secciones transversales compatibles con este tipo de infraestructura. La consecuencia inmediata de continuar con este trazo sería la expropiación y demolición de múltiples viviendas y negocios, afectando el entorno urbano consolidado y vulnerando el derecho a la vivienda y al desplazamiento digno de decenas de familias. Esto representa no solo una afectación material, sino también una carga emocional y social profunda, que debe evitarse por todos los medios disponibles mediante alternativas técnicas más respetuosas del tejido urbano.

El proyecto tampoco ha sido coordinado con los planes municipales vigentes, como el tren urbano municipal propuesto desde la administración local, para el cual ya existen estudios de factibilidad e impacto urbano realizado por la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato. Superponer ambos sistemas sin coordinación ni diseño compartido compromete la eficiencia de ambas iniciativas y diluye el esfuerzo técnico, económico y social acumulado.

Aún más preocupante es el impacto urbano y social de este anteproyecto. La configuración actual generaría confinamiento y segmentación de sectores urbanos completos, contraviniendo los principios de cohesión social y equidad territorial. El confinamiento mediante bardas o muros perimetrales implica la ruptura de dinámicas comunitarias, pérdida de acceso a servicios, aumento de los tiempos de traslado, deterioro del espacio público y la generación de nuevas brechas sociales entre zonas "a cada lado de la vía". Esta fragmentación urbana no solo puede representar un error técnico, sino una contravención al principio de no regresividad urbana, derivado del derecho a la ciudad, que prohíbe que una obra pública implique retrocesos en materia de conectividad, cohesión social, movilidad sostenible o acceso equitativo al territorio.

Existen ejemplos recientes en el país que demuestran que sí es posible integrar un proyecto ferroviario moderno dentro del entorno urbano, sin romper el tejido social ni confinar comunidades, siempre que se privilegie un diseño responsable. Tal es el caso del Tren Interurbano México-Toluca, cuyo trazo elevado permitió conservar la continuidad vial, la funcionalidad urbana y la integración del sistema de transporte con la ciudad existente, sin recurrir a tramos a nivel ni a falsos túneles con muros de confinamiento. Este tipo de soluciones demuestra que la ingeniería puede y debe adaptarse al entorno urbano, sin imponer modelos que generen segregación o deterioro urbano, particularmente en contextos consolidados como el de Celaya.

Frente a este panorama, y conforme a nuestro marco jurídico vigente, sostenemos que la solicitud que aquí se presenta no solo es legítima desde lo técnico y urbano, sino jurídicamente procedente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8º, reconoce el derecho de petición, que nos faculta como ciudadanos organizados a presentar respetuosamente esta solicitud, con el deber de la autoridad de responderla de manera fundada y motivada. A su vez, el artículo 6º garantiza el derecho de acceso a la información pública, por lo que solicitamos el acceso a estudios, planos y documentación técnica del proyecto.

En materia de planeación, los artículos 25 y 26 constitucionales exigen una planeación democrática, sustentable y con participación social, obligación también desarrollada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece en sus artículos 4º, 5º y 7º los principios de coordinación entre órdenes de gobierno, participación ciudadana y equidad territorial. A su vez, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que toda obra de transporte debe priorizar seguridad, inclusión, eficiencia, accesibilidad universal y sostenibilidad. A nivel internacional, México ha ratificado tratados que fortalecen esta postura, como el Acuerdo de Escazú (2021), que garantiza el derecho a la participación pública en decisiones que afecten al territorio y al medio ambiente, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos que los afectan. Estos instrumentos internacionales vinculan legalmente al Estado mexicano y obligan a aplicar principios de transparencia, participación y justicia territorial.

Frente a este marco jurídico, se han realizado ya gestiones institucionales con carácter formal. Este documento se presenta como alcance al oficio 004/2025, dirigido a la administración pública municipal, mediante el cual se propuso la instalación de una mesa de trabajo para conocer los alcances del proyecto ferroviario en su paso por el municipio. Esta solicitud es plenamente procedente y viable, ya que el proyecto ejecutivo se encuentra aún en proceso de elaboración, según consta en la información pública del procedimiento de contratación, lo cual abre una ventana legítima y oportuna para revisar criterios técnicos, de diseño urbano y de integración territorial. Con ello, se busca establecer un canal de coordinación efectiva que permita identificar de manera conjunta las alternativas técnicas más viables, y, sobre todo, sumar las capacidades del sector técnico, productivo y social de Celaya a la consolidación de una infraestructura ferroviaria moderna, funcional y plenamente integrada a la ciudad.

En este sentido, manifestamos también nuestra disposición no solo a participar en el análisis técnico del proyecto, sino a colaborar activamente en su socialización y acompañamiento territorial. Creemos firmemente que este tren puede convertirse en una oportunidad para consolidar a Celaya como una ciudad moderna, pujante y articulada a los grandes proyectos nacionales de transformación territorial. Actualmente, Celaya forma parte de un Polo de Desarrollo para el Bienestar, impulsado por la Secretaría de Economía, lo cual refuerza su carácter estratégico como nodo logístico, industrial y de innovación dentro de la región Laja-Bajío. Este estatus exige infraestructura urbana adecuada, moderna y funcional, que facilite la movilidad, fortalezca la conectividad y garantice condiciones propicias para atraer inversiones, generar empleos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La consolidación de la puerta logística del país requiere soluciones integradas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Nuestro interés de participar nace del compromiso permanente por construir puentes de colaboración entre sociedad y gobierno, en beneficio del territorio, su gente y su futuro.

Atentamente

Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C.

Arq. Emmanuel Maldonado Martínez

Presidente del Colegio de Arquitectos

Ing. Juan Daniel Prieto Delgado

Presidente del Colegio de Ingenieros

P.A. Ing. Óscar Antonio Almanza Vega

Vicepresidente de la CMIC

Mtro. José Luis Andrade Rodríguez

Presidente de Coparmex

Lic. Agripina Hernández Hernández

Presidenta de Amexme

Ing. Luis Guillermo Morales Oliveros

Presidente de la Asociación del Empresariado Celayense

Lic. Fausto Carlo Ramos Horta

Presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial

Lic. Fernado Ibarra Jiménez

Presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande

C.P. Enrique Martín Martín Bejarano Ferreyra

Presidente de Canacintra

Ing. Ma. Eugenia Márquez Gamboa

Presidenta de Canirac

C.P. Gerardo Arredondo

Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya

Lic. José Francisco Rosete Núñez

Presidente del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya

C.P. Gustavo Barrón Hernández

Presidente de Desarrolladores Inmobiliarios

Ing. Luis Fernando Nieto Herrera

Presidente del Observatorio Ciudadano de Celaya

Lic. Georgina Yamina Salgado Salgado

Presidenta de Ampi

Mtra. Jaqueline Rodríguez Paredes

Presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas

Lic. Ranulfo Corona Álvarez

Presidente de la Asociación de Hoteleros

Lic. Armando Sojo Arroyo

Vicepresidente del Comité Ejecutivo CCE

Lic. Carlos Armando Lara Acosta

Presidente de Círculo de Empresarios

C.P. Lic. Ernesto Ledesma Orozco

Presidente del Frente Cívico Proconclusión del Libramiento de Celaya

Arq. Ismael Pérez Ordaz

Presidente del Consejo Consultivo CCE

Mtro. Jorge Luis Gámez Campos

Presidente del Comité Ejecutivo del CCE

-El campo mexicano enfrenta una tormenta perfecta: precios bajos, insumos caros y abandono institucional prolongado.

-La diferencia entre 6,050 y 7,200 pesos por tonelada de maíz es la línea entre sembrar o quebrar.

-Sin rentabilidad en el campo, no hay industria fuerte ni ciudad próspera: Celaya depende de su entorno rural.

-El campo ya no está en números rojos: está en pérdida. Ni siquiera recupera lo invertido en la cosecha.

-Los migrantes que antes sostenían al campo con remesas han sido regresados; el abandono ahora es doble.

-El gobierno no ha logrado equilibrar la ecuación del agro: costos suben, precios bajan, y la política pública no responde.

-El hartazgo campesino no es nuevo: son siete años de promesas rotas y políticas que no llegan a la tierra.

-El campo no pide privilegios, exige condiciones justas para producir alimentos y sostener la economía nacional.

-Si el campo deja de sembrar, el impacto será directo en la mesa de todos los mexicanos.

-El agro no es asistencialismo: es empresa, es emprendimiento, y merece políticas que lo reconozcan como tal.

-La corrupción, el autoritarismo y la desconexión política alimentan una inconformidad que ya no se puede ignorar.

-El gobierno juega con fuego: la indiferencia al campo puede encender una chispa social como la de Nepal.

-Mientras el Congreso juega Padel y los senadores lloran por otros países, el campo nacional se desangra.

-El precio del diésel, fertilizantes y energía hace imposible competir con productores extranjeros subsidiados.

-El desarrollo regional no se decreta: se construye con diálogo, justicia y políticas que escuchen al campo.

La entrevista publicada en Metro News y realizada por el periodista Eugenio Amézquita a Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, revela con claridad lo que muchos prefieren no ver: el campo mexicano está al borde del colapso, y el gobierno federal parece más interesado en administrar el desgaste que en resolverlo. Lo que comenzó como un plantón campesino en Celaya y otras regiones del país, se ha convertido en un síntoma de una enfermedad estructural: abandono, indiferencia y políticas públicas que no entienden ni respetan la realidad productiva del agro.

Gámez, desde la voz empresarial, no habla como político ni como activista, sino como testigo directo de una región que depende del campo para sostener su industria, su economía y su identidad. La Laja Bajío, con sus distritos de riego, sus comunidades rurales y su vocación agroindustrial, está siendo estrangulada por precios de garantía que no garantizan nada. Los productores exigen 7,200 pesos por tonelada de maíz; el gobierno ofrece 6,050. Esa diferencia no es técnica: es la línea entre sembrar o abandonar la tierra.

Pero el problema no es solo económico. Es político, cultural y ético. La entrevista señala que los migrantes que antes sostenían al campo con remesas han sido regresados, y ahora el abandono es doble: sin apoyo del Estado ni del exterior. La indignación crece, alimentada por la corrupción visible en redes sociales, por legisladores que juegan mientras votan, por senadores que lloran por niños extranjeros mientras ignoran a los propios. La comparación con Nepal no es exagerada: allá, el estallido fue por corrupción, nepotismo y censura digital. Aquí, los ingredientes están servidos.

La advertencia es clara: si el gobierno sigue apostando al desgaste, al cansancio y al olvido, el campo no solo dejará de producir, sino que podría convertirse en el epicentro de una protesta nacional. Porque como bien dice Gámez, “si el campo no tiene utilidades razonables, van a dejar de sembrar”. Y si eso ocurre, no habrá industria, ni ciudad, ni estabilidad que aguante.

La entrevista no es solo un diagnóstico: es un llamado. A que el gobierno escuche, a que los empresarios participen, a que los ciudadanos comprendan que lo que está en juego no es un precio por tonelada, sino el futuro alimentario, económico y político del país. Y si el poder no responde, será la tierra —como siempre— la que hable.

Bueno, pues sigo con las entrevistas para las reacciones sobre esta situación de los campesinos y tengo en la línea otro buen amigo Jorge Gámez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Celaya. Y bueno, obviamente, no sé Jorge, tú estás en un sector que de alguna forma algunas, muchas de las empresas, además de estar en la transformación, pues también trabajan con, son del campo, son agroempresas, son agroindustrias, y obviamente que lo que le pase al campo, pues también le pega a este sector industrial, el agro. No sé, Jorge, ¿crees tú que esto ya es una muestra del cansancio de la población?

Sobre todo los migrantes, que pues a muchos ya los regresaron y con el dinerito que mandaban, pues con eso ayudaban a la gente del campo, con eso la financiaban. Ahorita ya muchos tuvieron que regresarse, precios que no les sale para las cosechas, y pues ellos mismos lo dicen, no lo digo yo, tú lo podrás ver en los artículos que estamos ya escribiendo. No son 25 o 30 o 50 años de cansancio de estar arrastrando atraso, son siete años, muy muy puntuales, son siete años, así lo señalan ellos, así se los hemos preguntado, y pues no sé si coincidas tú con ellos en que esto ya son muestras del cansancio de la población, por un gobierno que no está respondiendo a la población como habían prometido que iba a ser.

Gracias, Jorge.

Gracias, Eugenio. Sí, mira, pues nosotros vemos esta situación en el Consejo Coordinador, ya lo hemos seguido con detenimiento, no solamente el día de hoy, pues ya toman acciones de mayor presión nuestros amigos campesinos, agricultores, y nosotros entendemos que lo que ya estamos viendo en las carreteras, en algunas plazas públicas, pues no sólo es una protesta campesina, es el reflejo de un problema estructural que como bien lo comentan, ya da años afectando al campo mexicano, y por lo tanto a toda nuestra economía estatal y regional aquí en la Laja Bajío.

En el Consejo estamos convencidos que el desarrollo económico del estado, de Celaya, y particularmente de la región Laja Bajío, depende en gran medida de que el campo tenga viabilidad y rentabilidad. No hay una industria fuerte, Eugenio, sin un campo productivo, ni una ciudad próspera como la estamos queriendo construir a nuestra Celaya, sin un entorno rural con oportunidades, con viabilidad, repito, y con futuro. Hoy lo que hemos escuchado y hemos estado también leyendo los posicionamientos de los compañeros campesinos, es que el productor enfrenta básicamente una tormenta perfecta.

Precios internacionales a la baja, costos de producción que aumentan, el fertilizante, la energía eléctrica, etcétera, y una política pública que aún no ha logrado equilibrar esta ecuación, y que nos tienen desafortunadamente, pues prácticamente en números rojos, ya en una situación de pérdida, ni siquiera de sacar los gastos que están teniendo por la cosecha nuestros compañeros campesinos, sino ya en una situación de pérdida. Sabemos que el precio ofrecido actualmente anda alrededor de los 6.000 pesos, un poquito más, por tonelada, y los productores están demandando 7.200 pesos por tonelada. Y esa diferencia, Eugenio, puede ser la línea justamente entre mantener o perder una cosecha completa.

Esto no es un problema solo del maíz, ya lo repito, es un tema de muchos años del abandono que ha tenido el campo, y también nos demanda justamente visualizar y emprender estrategias de cómo podemos articular pues esta cadena de valor agrícola industrial aquí en el vacío, Eugenio.

Tú, como celayense que eres, como gente que pues que tiene muchos años, tienes años viviendo aquí en Celaya, sabes que la zona urbana de Celaya está rodeada de una gran cantidad de comunidades rurales, yo te decía ahorita precisamente fuera de cuadro, fuera de nota, Sauz de Villaseñor que es uno de los puntos donde está un plantón, un bloqueo, y hay ejidatarios, hay pequeños propietarios, tienes Rincón de Tamayo, tienes San Juan de la Vega, tienes San Miguel Octopan, tienes La Laja, Primera de Crespo; para donde le voltees, o sea está el campo, y bueno pues, tan el nombre que tuvo, que sigue teniendo Celaya, la Puerta de Oro del Bajío, los distritos de riego pues tienen, están aquí cercanos, están aquí en la zona de Celaya, el distrito 85, La Begoña y San Miguel Allende, y que las aguas de Laja precisamente pasan por aquí, el distrito de riego número 11, que quizá no nos toca tanto, pero sí este, bueno pues aquí es donde está el agua, aquí hay producción agrícola. ¿Crees tú que nuestros amigos celayenses del campo, del medio rural, pues también están siendo muy afectados por esta ola de falta de esta política pública que tú acabas de mencionar, y que creo que también esas políticas públicas también están afectando al sector empresarial?

Claro, claro, por supuesto que sí, mira, finalmente la causa que está moviendo en este momento a los productores del campo, no es ajena al sector empresarial, en el fondo todos buscamos lo mismo, condiciones justas, estabilidad económica, certeza jurídica, y oportunidades para trabajar y prosperar. Los agricultores al final del día, aunque sean pequeños propietarios, son emprendedores, ellos están emprendiendo un negocio en el tema agrícola, en el sector agrícola, y también al igual que la industria, la gran industria o las MiPymes, pues lo que buscamos es justamente lo que estoy comentando, que haya las condiciones, el ecosistema adecuado para que la empresa pueda desarrollarse, pueda florecer, y desafortunadamente, pues no ha habido en gran medida políticas públicas que justamente ayuden a generar ese ecosistema.

El reto está en que el gobierno escuche y que también los empresarios participemos, como lo están haciendo ahorita nuestros amigos agricultores, porque el desarrollo regional no se da por decreto, se construye y se tiene que construir juntos. Por un lado, el sector gobierno, el sector público, pero también quienes generamos justamente empresa, quienes generamos impuestos, quienes generamos, en este caso muy particular, nuestros amigos del campo, quienes generan lo que todos los días comemos. Entonces, por supuesto que hay paralelismo, hay una similitud entre lo que demanda la empresa y nuestros compañeros del campo.

Ahora, yo creo que otra de las cosas que ha estado como alimentando la inconformidad, pues es lo que estamos viendo, ya no en los medios, dijéramos, pues como los de nosotros, los tradicionales, los manejados por periodistas que tenemos años. No, no, sino por los mismos políticos. Cuando ves tú que en la red social de un senador está llorando porque en un país los niños se han muerto y en su país, bien, gracias. Una.

Dos, ves una sesión de diputados, de una de las comisiones por ahí, en Zoom, o sea, no es un vídeo público, no es Facebook, no, no, no; es una, están votando y uno de ellos jugando Padel. Luego volteas a ver a otro y corrupción, ves a otro, o sea, y así, y ¿por qué te digo esto? Bueno, porque dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y creo que en septiembre de este año, por ahí en Nepal, algo pasó y entre las cosas que motivaron ese estallido en Nepal, primero fue la corrupción y el nepotismo, ¿sí?

La ciudadanía nepalí tronó por estar viendo la corrupción y el uso del poder para beneficio de los círculos cercanos al gobierno, el autoritarismo, ¿sí? Y luego, finalmente, pues esa cosa de que hasta las redes sociales las prohibieron, ¿no? Entonces, no se ve, no quiero parecer exagerado, pero así como que hay unos tintes muy parecidos, no sé si, o sea, que la misma autoridad debe tener mucho cuidado con lo que está sucediendo porque la inconformidad ahí está.

No sé si me dé a entender o veas la coincidencia entre estos fenómenos mundiales que se están dando. Gracias, Jorge.

Sí, mira, bueno, esperemos que no llegara a un estallido como el que comentas en Nepal. Yo creo que hay que apostarle al diálogo. Ahorita mencionaba que el gobierno debe de escuchar justamente esta causa que, como te comento, no es una causa solamente de los productores.

La causa de los productores del campo no es ajena al sector empresarial. Demandamos lo mismo, condiciones justas, estabilidad económica, certeza jurídica, oportunidades para trabajar, y el Consejo asume en ese sentido una posición de solidaridad y colaboración. Sabemos que si al campo le va mal, pues a toda la economía, al tradicional, lo va a resentir también.

A las mesas de los mexicanos les va a ir mal, así de fácil.

Por supuesto, entonces, yo creo que lo que debe de conducir justamente esta situación es a lo que comentábamos, a mesas de diálogo en donde haya justamente este entendimiento de las dos partes. De las dos partes debe existir un equilibrio que garantice, por supuesto, la estabilidad para el productor, pero también estabilidad para el mercado. Si el campo no tiene utilidades razonables, van a dejar de sembrar y si eso pasa, el impacto lo vamos a resentir todos.

Entonces es importante que las autoridades federales, en este caso, tengan esa sensibilidad y esa creatividad también para generar políticas públicas que logren ese equilibrio y que verdaderamente puedan, de alguna forma, aliviar esta necesidad tan grande que tienen los agricultores, los campesinos mexicanos de años y de años de abandono y que desafortunadamente hoy estamos bien. La problemática es que ya ni siquiera les está alcanzando para mantener la producción. Simplemente ya no es rentable.

Están perdiendo con los precios que estamos viendo. Todo ha subido, lo vemos también en la industria, el tema de la energía eléctrica, el asunto del diésel, las gasolinas, no han logrado bajar como se prometió en algún momento que estaremos teniendo gasolinas y combustibles a precios que veíamos en 2012, 2013 y no se ha logrado. Se ha habido una estabilización, pero está muy caro, está muy caro.

Si nos comparamos con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, en Estados Unidos está alrededor de 10 pesos el combustible y aquí estamos a veintitantos pesos, por todos lados. Es una situación que merma, por supuesto, la competitividad de la industria, del campo y de todos los sectores económicos, Eugenio, y es allí donde el gobierno federal debería estar afinando estrategias, cubriendo políticas públicas que logren devolverles esa competitividad a las cadenas de valor de nuestra industria y particularmente en este momento a nuestro campo. No podemos estar aventando a nuestros campesinos a competir contra los agricultores estadounidenses, los agricultores de maíz estadounidense, cuando ellos están subsidiados en algunos casos y también tienen precios, como te comentaba, en combustibles, en fertilizantes, en la propia semilla, pues mucho más competitivo que lo que tiene el agricultor mexicano.

Entonces, por supuesto que nosotros nos solidarizamos desde el consejo, nos solidarizamos con nuestros agricultores, con nuestros productores agrícolas y pues el llamado es justamente ese, que haya esas mesas de negociación, de diálogo, que haya solidaridad y que haya colaboración y disposición de impulsar a nuestros productores por parte de las autoridades federales.

Pues qué bueno, afortunadamente vivimos en un país donde primero son los pobres. Te quiero agradecer, Jorge, tu entrevista y vamos a estar muy al pendiente de qué sucede y que también nos mantengas al tanto de la industria aquí de Celaya, que sabemos que también hace grandes esfuerzos y además son los generales de empleos, que ese es el otro detalle que también tienen nuestros buenos amigos los empresarios. Te agradezco, Jorge.

Muchísimas gracias, Eugenio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.

Gracias. Soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News. #MetroNewsMx

-Empresarios de Celaya exigen la construcción inmediata del Hospital Regional del IMSS: "No admite más dilaciones".

-Con más de 570 mil derechohabientes, Celaya enfrenta colapso médico: el hospital actual fue diseñado para solo 40 mil.

-"La salud no puede estar a merced de la inercia administrativa": CCE denuncia omisión institucional grave.

-Celaya atiende 9 municipios más, pero el IMSS no responde con infraestructura proporcional ni adecuada.

-La ciudad aporta $5,800 millones anuales al IMSS, pero carece de servicios médicos dignos: "Es exclusión inaceptable".

-El CCE cuestiona la voluntad del IMSS: “Tras más de una década de gestión, aún no hay respuesta sustantiva”.

-El terreno donado para el hospital fue adquirido con dinero público desde 2012, pero el IMSS sigue sin aceptarlo.

-Tercera aprobación del cabildo exige iniciar la obra en máximo cuatro años, pero todo el trámite se ha reiniciado.

-"No se trata de estadísticas: se trata de vidas", advierte el documento ante un sistema médico colapsado.

-Celaya es Polo de Desarrollo Federal, pero no tiene hospital digno: “Sin salud no hay desarrollo ni justicia social”.

El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, envió el documento de 7 páginas al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mtro. Zoe Alejandro Robledo Aburto, donde se precisan una serie de planteamientos y peticiones respetuosas pero firmes sobre la situación y necesidad de una nueva clínica hospital del IMSS en la zona, en una región que contiene 570,000 derechohabientes y entre 1,500 y 1,800 empresas de diversos niveles.

Antecedentes a esta medida documental

El 4 de julio de 2025, Metro News publicó la reunión sostenida entre el CCE y el delegado del IMSS en Guanajuato, con presencia de varios alcaldes de la región; la nota no podía ser más concluyente: "No considera IMSS hospital para Celaya. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/no-considera-imss-hospital-para-celaya.html )

En esa misma fecha, el regidor Carlos Ruiz León, concedió a Metro News entrevista donde señaló, en base a su comisión, que "el IMSS retrasa construcción de hospital Celaya" (https://www.metronewsmx.com/2025/07/video-imss-retrasa-construccion-de.html ) señalando la realidad y las acciones de este Instituto.

El 8 de julio, se publicó un reportaje y análisis de la realidad del IMSS a nivel nacional, que exhibe el desabasto de medicamentos, y el ser la institución número uno en cuanto a quejas en contra ante la CNDH. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/imss-el-gigante-de-la-salud-bajo-asedio.html )

Este presenta una argumentación estructurada, contundente y bien fundamentada que busca ejercer presión institucional sobre el IMSS y las autoridades federales para concretar la construcción del Hospital Regional de Celaya. No se trata de una simple solicitud, sino de una exposición detallada de hechos, compromisos previos, omisiones administrativas y exigencias sociales que otorgan legitimidad a la demanda.

Celaya es uno de los 16 Polos de Desarrollo para el Bienestar, lo que implica una alta expectativa de infraestructura pública acorde a su papel logístico y económico en la región Bajío. La contradicción estructural es que a pesar de su estatus estratégico, la ciudad enfrenta una precariedad hospitalaria que atenta contra los estándares constitucionales y de salud pública.

-Colapso operativo: El actual Hospital General de Zona del IMSS fue diseñado para una población veinte veces menor a la que hoy atiende.

-Cobertura intermunicipal: El centro hospitalario absorbe demanda regional de nueve municipios, intensificando la saturación.

-Contribuciones económicas: Celaya es el segundo municipio que más aporta al IMSS en Guanajuato, con más de $5,800 millones anuales, lo que refuerza la exigencia de reciprocidad institucional.

-Gestión cumplida: El sector empresarial y el municipio han cubierto todos los requisitos técnicos, jurídicos y administrativos desde 2012, incluyendo la adquisición del terreno y sus respectivas validaciones.

-Retrasos injustificados: Las nuevas observaciones del IMSS en 2025, luego de más de una década de trámites, sugieren negligencia o falta de voluntad política.

- Se denuncia una omisión legal por parte del IMSS, al no adaptar su infraestructura al crecimiento poblacional y económico de Celaya, lo que vulnera los artículos 2, 3 y 5 de la Ley del Seguro Social.

-Se identifica una exclusión sistémica, donde una ciudad que genera empleo y bienestar no recibe servicios públicos proporcionales, convirtiendo la ineficiencia administrativa en una forma de injusticia estructural.

-El discurso es respetuoso pero firme, y logra mantener el equilibrio entre la cortesía institucional y una exigencia moral categórica.

-Se apela a la dignidad ciudadana, al derecho humano a la salud y a una narrativa de esfuerzo colectivo que legitima el reclamo.

-Se articula una visión de desarrollo integral, donde la infraestructura médica es indispensable para sostener el modelo económico local.

El documento es más que una solicitud: es una interpelación directa al Estado para cumplir con su deber legal, constitucional y ético. Si bien mantiene canales de colaboración abiertos, también pone sobre la mesa la posibilidad de que la dilación administrativa constituya una forma de exclusión y negligencia institucional.

El documento, entregado a Metro News por el CCE de Celaya inicia diciendo "reciba un respetuoso saludo de parte del Consejo Coordinador  Empresarial de Celaya, organismo que agrupa a los principales actores  económicos, gremiales e industriales de nuestra ciudad".  

"Nos dirigimos a usted para solicitar su intervención decidida en un tema  que, por su urgencia, su impacto y su trasfondo social, no admite más dilaciones: la construcción del Hospital Regional del IMSS de Celaya, Guanajuato". 

"Recientemente, nuestro municipio fue reconocido por el Gobierno Federal  como uno de los 16 Polos de Desarrollo para el Bienestar en el país. Esta designación, que incluye a nuestra ciudad como parte medular de la Puerta Logística del Bajío, nos posiciona como un punto estratégico para el crecimiento industrial, la atracción de inversión y la generación de empleos formales". 

"No obstante, este reconocimiento contrasta profundamente con la precaria situación de nuestra infraestructura hospitalaria. El Hospital General de Zona del I MSS en Celaya, inaugurado en 1961 con capacidad para atender a una población de apenas 40,000 derechohabientes, hoy intenta -sin éxito- brindar atención médica a más de 570,000 beneficiarios, con instalaciones completamente rebasadas y personal insuficiente". 

"Cabe destacar que este hospital no solo atiende a los derechohabientes y beneficiarios de Celaya, sino que también da cobertura a los municipios como San Miguel de Allende, Comonfort, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Salvatierra, Tarimoro y Acámbaro, lo que incrementa significativamente la presión sobre su ya limitada capacidad de atención". 

"Esta situación regional refuerza la urgencia de contar con un hospital con infraestructura adecuada para responder a la demanda intermunicipal de servicios médicos".  

"Esta saturación crónica afecta directamente el derecho humano a la salud, consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y deteriora la calidad de vida de miles de familias trabajadoras que, además, sostienen al propio Instituto con sus aportaciones".

El documento prosigue señalando que "Celaya es el segundo municipio del estado de Guanajuato en aportaciones al I MSS, con más de 570,000 usuarios - entre derechohabientes y sus beneficiarios registrados-y más de 8,200 patrones activos. Nuestra comunidad productiva ha cumplido con creces su papel en el desarrollo económico del país". 

"Desde 2012, el sector empresarial, en coordinación con las autoridades municipales, ha impulsado de manera constante este proyecto. Se han cumplido cabalmente todos los requisitos administrativos, jurídicos y técnicos vigentes establecidos por el IMSS, incluyendo la adquisición de un predio de 51,813.78 metros cuadrados, comprado con recursos públicos provenientes de las y los ciudadanos de Celaya. Asimismo, se integró en tiempo y forma la documentación correspondiente: dictámenes de cabildo, escrituras, certificados de libertad de gravamen y constancias de  no afectación". 

"Cabe señalar que, a pesar de haberse aprobado en tiempo y forma los dictámenes de donación por parte del Ayuntamiento de Celaya y de haberse publicado dicho acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato en el mes de abril de 2023, se enviaron diversos oficios de seguimiento institucional a lo largo del proceso, sin obtener respuesta sustantiva".

"No fue sino hasta el 3 de julio del presente año que el IMSS respondió con nuevas observaciones al expediente, prolongando aún más un proceso que ya acumula más de una década de gestión. Estas nuevas exigencias, lejos de abonar a la celeridad institucional, han generado legítimas dudas sobre la voluntad real de consolidar este proyecto estratégico. Este tipo de dilaciones no solo representan un agravio institucional, sino que ponen en riesgo directo la salud y la vida de cientos de miles de personas". 

"Por lo que nuevamente, el pasado 5 de julio de 2025, el Ayuntamiento de  Celaya aprobó -por tercera ocasión- una serie de modificaciones a los dictámenes correspondientes para autorizar formalmente la donación del inmueble al I MSS, estableciendo como condición el inicio de la construcción de un Hospital General Regional con capacidad de 260 camas, en un plazo no mayor a cuatro años a partir de la inscripción de la escritura. Esta reiteración refleja el compromiso firme y constante de las autoridades locales para avanzar en el proyecto". 

"No obstante, a la fecha no se ha formalizado la aceptación del predio y mucho menos ha definido  una asignación presupuestal, lo cual implica, lamentablemente, el reinicio de todo el proceso administrativo: desde la publicación del nuevo dictamen en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, hasta la integración -una vez más- del expediente técnico y jurídico requerido por el Instituto". 

"La salud de los ciudadanos no puede seguir estando a merced de la inercia administrativa ni sometida a los vaivenes de la burocracia institucional. La 

responsabilidad del Estado -y de las instituciones de seguridad social­ es garantizar el acceso oportuno y digno a servicios médicos. Lo contrario, en una ciudad que aporta lo que aporta Celaya al sistema, es una clara omisión y una forma de exclusión inaceptable". 

"El IMSS tiene el deber legal de prever y adecuar su infraestructura conforme al crecimiento de su población  derechohabiente, como lo establecen los artículos 2,3, y 5 de la Ley del Seguro Social. En el caso de Celaya, que aporta más de $5,800 millones anuales en promedio, atiende a cerca de 571, 294 usuarios y cuenta con poco más de ocho mil patrones registrados, la ausencia de infraestructura 

proporcional no solo es negligente, sino que podría interpretarse como una omisión contraria a su propio marco jurídico orgánico, vulnerando con ello el derecho humano a la salud". 

"Director, no es aceptable que una ciudad que aporta y sostiene, no reciba a cambio servicios médicos adecuados. Esta omisión institucional no solo es una injusticia, sino una amenaza directa a la vida y dignidad de nuestros ciudadanos". 

"La salud es un derecho humano, no una dádiva política. No puede quedar sujeta a coyunturas o postergaciones administrativas. Las familias celayenses enfrentan diariamente la realidad de una atención médica colapsada, sin espacio, sin camas, sin equipos, sin especialistas disponibles. 

No se trata de estadísticas: se trata de vidas". 

"Con el debido respeto, pero con toda la firmeza que la situación requiere, le solicitamos: 

• Que utilice su investidura y canales institucionales para gestionar, ante el Consejo Técnico del IMSS y las autoridades federales correspondientes, la validación formal del expediente de donación. 

• Que impulse la firma inmediata de la escritura y su inscripción, a fin de activar el plazo legal de cuatro años para la construcción. 

• Que abogue por la asignación presupuesta! prioritaria, alineando este proyecto con la estrategia federal de Polos de Bienestar, del cual Celaya ya forma parte. 

"El desarrollo económico no puede avanzar sin salud pública. La designación de Celaya como Polo de Bienestar exige una visión integral, que considere no solo el impulso logístico y productivo, sino también la infraestructura social que garantiza justicia, dignidad y condiciones reales de vida para las y los trabajadores". 

"Esta visión integral y constructiva no es nueva: ha sido planificada, articulada y sostenidamente impulsada desde hace varios años por el sector empresarial en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales competentes, con el claro objetivo de consolidar un modelo de crecimiento equilibrado y con sentido social". 

"La construcción del Hospital Regional del IMSS no es solo una necesidad  médica; es un acto de justicia social y un paso indispensable para consolidar el bienestar real de nuestro municipio y su gente". 

"Finalmente, reiteramos la plena disposición del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya para colaborar de manera institucional y constructiva con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, con el firme propósito de consolidar este proyecto estratégico para la región".

"Reconocemos y agradecemos las atenciones y apertura al diálogo mostradas por el Doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, Delegado del Instituto en el estado de Guanajuato, lo cual valoramos como un paso importante hacia la articulación de esfuerzos que permitan materializar, sin más demoras, la tan necesaria construcción del Hospital Regional del IMSS en Celaya". 

Finaliza el documento con un "Atentamente. Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C." y firman el documento el Mtro. Jorge Luis Gámez Campos, presidente del Comité Ejecutivo. Arq. Emmanuel Maldonado Martínez, vicepresidente del Comité Ejecutivo y presidente del Colegio de Arquitectos. Ing. Óscar Antonio Vega Almanza, secretario del Comité Ejecutivo y Vicepresidente de la CMIC y Lic. Agripina Hernández Hernández, tesorera del Comité Ejecutivo y Presidenta de AMEXME.

También signan el documento de siete páginas el Ing. Juan Daniel Prieto Delgado, vocal ejecutivo del Comité Ejecutivo y presidente del Colegio de Ingenieros. Ing. Luis Guillermo Morales Oliveros, presidente de la Asociación del Empresariado Celayense.

Lic. Fausto Carlo Ramos Horta, presidente de las Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial. Lic. Fernando Ibarra Jiménez, presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande.

CP Enrique Martín Bejarano Ferreyra, presidente de la CANACINTRA. Ma. Eugenia Márquez Gamboa, presidenta de CANIRAC. CP Gerardo Arredondo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya. Lic. José Francisco Rosete Núñez, presidente del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya.

Finalmente, se encuentran entre los firmantes el CP Gustavo Barrón Hernández, presidente de Desarrolladores Inmobiliarios, Ing. Luis Fernando Nieto Herrera, presidente del Observatorio Ciudadano de Celaya. El Mtro. José Luis Andrade Rodríguez, presidente de COPARMEX y la Mtra. Jaqueline Rodríguez Paredes, presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas. #MetroNewsMx

-Lo anterior, desprendido de la reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya y el delegado del IMSS

-Testigos de esta reunión, alcaldes de Comonfort, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y representantes de Celaya y Cortazar

-CCE Celaya seguirá pugnando por la construcción de un nuevo Hospital del IMSS

Ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tiene considerada la construcción de un nuevo Hospital para el municipio de Celaya en el corto plazo, donde además se brinda cobertura de salud a otros 9 municipios de la región, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya, seguirá pugnando por la consolidación del tan necesario proyecto. 

De esta manera lo dio a conocer el Maestro Jorge Luis Gámez Campos, presidente del CCE Celaya, luego de sostener una reunión con el delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, donde también se contó con la presencia de los alcaldes de Comonfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, así como representatividad de Cortazar, Celaya y el empresariado de la región.

“Durante la sesión se acordó establecer una mesa de coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de definir la ruta crítica y brindar el acompañamiento necesario por parte del sector empresarial, que ha manifestado su firme interés en el desarrollo de este proceso.

“No se puede entender el Polo del Bienestar sin un servicio de salud de calidad para nuestros colaboradores; es un tema de justicia social y desde el CCE Celaya, seguiremos pugnando por la consolidación de un nuevo hospital del IMSS para Celaya y la Región Metropolitana Laja-Bajío”, recalcó Gámez Campos. 

Cabe recordar que el actual hospital del IMSS fue construido hace más de seis décadas para atender entre 30 mil y 50 mil derechohabientes; hoy esa cifra supera los 570 mil derechohabientes, lo cual refleja la necesidad imperante de nueva infraestructura para ofrecer un verdadero servicio de salud de calidad. 

Finalmente, Gámez Campos agradeció la respuesta la convocatoria de los 19 organismos socios del CCE Celaya; de la Confederación Empresarial de Comonfort, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo; del alcalde de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros; la alcaldesa de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza; el alcalde de Comonfort, Gilberto Zárate; así como la representatividad de los municipios de Cortazar y Celaya. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido