Textualmente, El Sol del Bajío consigno el 10 de febrero las palabras sin ton ni son el alcalde: "reconoció que los robos en sus diferentes modalidades van en aumento y de forma irónica dijo “preferimos eso a que haya asesinatos”".
Desde la mirada de quien llega a su casa y la encuentra vacía, o de quien es bajado a punta de pistola de su vehículo —su herramienta de trabajo, el fruto de años de ahorro—, el robo no es un "mal menor". Es una violación a su intimidad, a su seguridad y a su esfuerzo. La perspectiva de las víctimas nos dice que el robo con violencia deja secuelas psicológicas profundas: el miedo a dormir, la paranoia al conducir, la sensación de que el espacio personal ha sido profanado. Al minimizar este delito frente al homicidio, el alcalde está diciendo, implícitamente, que el trauma patrimonial y emocional de miles de celayenses es un costo aceptable para mejorar su balance político.
Existe, además, una crueldad económica en este análisis de escritorio. En un país con una movilidad social tan precaria, el robo de una camioneta repartidora o de los ahorros guardados en una vivienda puede significar la quiebra de una familia o el fin de un pequeño negocio. Para estas víctimas, el Estado ha fallado doblemente: primero, al no prevenir el delito, y segundo, al pedirles que den las gracias porque "al menos siguen vivos". Es una forma de chantaje moral donde se utiliza la tragedia del asesinato para silenciar el justo reclamo por la inseguridad patrimonial.
La visión de las víctimas también revela la falacia de la "confianza en la denuncia". El alcalde asegura que los robos suben en las cifras porque la gente ahora sí denuncia. Sin embargo, para la víctima, denunciar suele ser un calvario de horas en el Ministerio Público que rara vez termina en la recuperación de sus bienes o en la captura del delincuente. Decir que el aumento de robos es un "indicador de confianza" es una interpretación perversa de la desesperación ciudadana. La víctima no denuncia porque confíe ciegamente en el gobierno, sino porque muchas veces lo necesita para trámites de seguros o por la remota esperanza de justicia que el propio sistema se encarga de dilatar.
Finalmente, desde la ética de las víctimas, un gobierno que jerarquiza delitos está claudicando en su obligación constitucional. No se puede construir paz social sobre la base de elegir qué tipo de delincuencia es "tolerable". Para las madres de familia, para los comerciantes y para los jóvenes de Celaya, la seguridad no es un menú de opciones donde se elige el daño menos letal. Es un derecho indivisible. La política de "conformarse con el robo" es, en última instancia, la confesión de un Estado que ha perdido el control del territorio y que intenta disfrazar su impotencia con una retórica de falsa compasión.
Esta es una de las cuestiones más complejas de la ética política y la comunicación de gobierno. Cuando un mandatario como el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, declara que "es mejor el robo que el homicidio", está tocando una fibra sensible que involucra la ética del "mal menor", la legitimidad del Estado y la psicología de la seguridad.
La validez de la declaración
Desde el punto de vista de la comunicación política, este tipo de frases suelen considerarse un error grave, incluso si son "técnicamente" ciertas en una escala de valores.
El papel fundamental del Estado es garantizar la seguridad integral (vida y patrimonio). Al jerarquizar delitos, el gobernante parece admitir una incapacidad para cumplir con ambas funciones. Para un ciudadano que acaba de perder su patrimonio o su herramienta de trabajo, escuchar que su desgracia es "preferible" resulta ofensivo y deslegitima la autoridad.
Los gobernantes rara vez pueden permitirse la ironía en temas de seguridad. Lo que para el alcalde puede ser una forma de resaltar un avance estadístico en homicidios, para la opinión pública se lee como cinismo o indiferencia ante el robo, un delito que afecta directamente la calidad de vida diaria.
El dilema del "mal menor"
¿Cabe hablar aquí del mal menor? La respuesta es sí, pero con matices importantes.
En la ética clásica, la vida humana es el bien jurídico supremo. Bajo esta lógica, cualquier mal que no resulte en la pérdida de una vida es, efectivamente, un "mal menor" comparado con el asesinato. Un gobernante que enfoca sus recursos limitados en salvar vidas está actuando bajo una ética de la responsabilidad.
El riesgo ético de este argumento es la normalización del delito. Si un gobierno acepta el robo como un "costo tolerable" para reducir los homicidios, está renunciando al Estado de Derecho. El "mal menor" debe ser una situación excepcional de crisis, no una política de estado permanente.
Para la sociedad, el robo genera un clima de inseguridad constante -miedo a salir, a trabajar, a invertir-. Aunque el homicidio es más grave, el robo es más frecuente y "corroe" el tejido social de manera distinta. Decir que uno es mejor que otro ignora que ambos alimentan el mismo ecosistema de impunidad.
El análisis de fondo: ¿Por qué lo dice Juan Miguel Ramírez Sánchez?
El alcalde de Celaya utiliza esta frase como una herramienta defensiva ante la estadística. Si los homicidios bajan pero los robos suben entre un 30% y 40%, la narrativa oficial busca que el ciudadano se enfoque en la vida salvada y no en la televisión o el coche perdido.
Sin embargo, el peligro es que esta lógica se convierta en una "trampa de gobernanza". Se usa el éxito en un área para justificar el fracaso en otra. Indirectamente, se envía un mensaje de que ciertos delitos "no son la prioridad" de la policía, lo que puede incentivar a la delincuencia común.
Por lo tanto, es inválido que un gobernante utilice esta frase de manera pública porque fractura la confianza ciudadana y comunica una rendición parcial ante la delincuencia. Aunque en el análisis frío y ético el robo sea un mal menor frente a la muerte, la labor de un gobernante no es elegir qué delito prefiere, sino combatir la criminalidad en todas sus formas.
Como bien se infiere de las críticas recibidas por el obispo de Celaya y otros sectores, un gobernante debe ser el ejemplo de legalidad; admitir que un delito es "mejor" que otro es, en última instancia, una forma de claudicar ante la inseguridad. #MetroNewsMx
Mesa de Análisis/La Saga/Adela Micha/Redacción Editorial Metro News
-La captura del alcalde de Tequila revela que el narco ya no solo corrompe, sino que se ha convertido en el arquitecto del poder local.
-Roberto Gil Zuarth alerta que la integridad del Estado mexicano está comprometida por la formación de autoridades bajo control criminal.
-Rosario Robles califica de regresivas las reformas electorales que facilitan la entrada de dinero ilícito al debilitar al INE.
-Los analistas critican la opacidad en el envío de petróleo a Cuba, viendo una sumisión oculta ante las presiones de Donald Trump.
-Arturo Maximiliano destaca que la captura de un alcalde morenista es un avance, pero el problema es un sistema coptado por el miedo.
-La mesa denuncia que en regiones como Jalisco y Michoacán, las placas de autoridad sirven para institucionalizar la extorsión armada.
-Se cuestiona el discurso de soberanía frente a la realidad de operativos extranjeros y el destierro de capos sin seguir la legalidad.
-Los participantes advierten que Donald Trump utiliza la debilidad del control territorial de México como moneda de cambio comercial.
-Rosario Robles urge a formar un frente democrático para evitar que el crimen organizado decida las elecciones intermedias de 2027.
- El debate en La Saga expone cómo la política de "abrazos" dio carta blanca para que los criminales se apoderen de las instituciones.
-Se analizó el impacto de la reforma judicial como otra puerta abierta para que el crimen influya en la impartición de justicia local.
-Adela Micha subrayó la misoginia en los cumplidos de Trump hacia la presidenta, advirtiendo que siempre hay un cobro político detrás.
-Gil Zuarth señala que la vulnerabilidad de México ante EE. UU. nace de la incapacidad del gobierno para frenar la narcopolítica local.
-La mesa concluyó que abaratar las elecciones es un pretexto tramposo que solo beneficia a quienes buscan financiamiento oscuro.
-El llamado final fue a transparentar las negociaciones con Washington para evitar que los mexicanos se enteren de las cesiones por X.
La captura de las instituciones por el crimen organizado fue el eje central de una mesa de debate que desnudó la fragilidad del Estado mexicano.
En esta edición de La Saga, Adela Micha moderó una discusión frontal entre Rosario Robles, Roberto Gil Zuarth y Arturo Maximiliano García.
Se analizó cómo la política de seguridad y la falta de controles electorales han permitido que el narco sea la autoridad misma.
La mesa de análisis político de Adela Micha en La Saga se convirtió esta semana en un espacio de denuncia y reflexión profunda sobre uno de los temas más espinosos y urgentes de la agenda nacional: la infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder político en México. Con la participación de Rosario Robles, Roberto Gil Zuarth y Arturo Maximiliano García, el debate partió de un hecho reciente que sacudió a Jalisco y al país entero: la detención del alcalde de Tequila, Alfonso Magallanes, de extracción morenista, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su participación en esquemas de extorsión institucionalizada contra empresas emblemáticas de la región.
El diagnóstico presentado por los analistas fue devastador. Roberto Gil Zuarth fue enfático al señalar que México ya no enfrenta simplemente un problema de seguridad pública, sino una crisis de integridad del Estado. Según el jurista y político, el crimen organizado ha evolucionado de ser un agente externo que buscaba corromper a la autoridad, a convertirse en el arquitecto mismo de la autoridad. Ya no se trata solo de financiar campañas en lo oscurito para obtener protección; ahora los grupos delictivos seleccionan perfiles, imponen candidaturas y, una vez en el cargo, utilizan la placa y el presupuesto para consolidar su control territorial. Gil Zuarth advirtió que cuando un alcalde o un jefe policial es el encargado de comandar las extorsiones a punta de fusil, el Estado de derecho ha dejado de existir en ese territorio.
Por su parte, Rosario Robles aportó una visión crítica sobre la respuesta institucional ante esta realidad. Robles lamentó que, en lugar de fortalecer los mecanismos de fiscalización y blindaje de las candidaturas, el actual gobierno y su partido impulsen reformas electorales que calificó como regresivas. Al debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y proponer la eliminación de plurinominales o el recorte de financiamiento público, se le abre la puerta de par en par al dinero sucio. Robles subrayó que la polarización fomentada desde el poder y la insistencia en golpear a la oposición sin buscar consensos solo debilita al país frente a amenazas externas y permite que el cáncer de la narcopolítica siga haciendo metástasis en los municipios.
Arturo Maximiliano García, aunque reconoció la gravedad del panorama, puso sobre la mesa un matiz de esperanza al considerar aplaudible que la detención del alcalde de Tequila se haya realizado a pesar de ser de las filas del partido en el poder. Para García, este acto podría interpretarse como una señal de que el sistema de castigos y recompensas puede empezar a funcionar de nuevo, independientemente de la filiación política. Sin embargo, coincidió en que el reto es sistémico, ya que el control del crimen ha permeado desde lo local hasta lo estatal en diversas regiones del país, creando feudos donde la ley de la selva impera sobre la Constitución.
La discusión no se limitó a lo electoral. La mesa analizó con rigor la relación bilateral con Estados Unidos, marcada por la figura transaccional de Donald Trump. Los analistas observaron con preocupación cómo México parece estar negociando a la defensiva, cediendo en agendas críticas como la migración, el envío de petróleo a Cuba y la imposición de aranceles a China, a cambio de una estabilidad efímera. Gil Zuarth señaló una vulnerabilidad crítica: Trump sabe que en México el crimen organizado tiene un control territorial que el gobierno no puede o no quiere frenar, y utiliza esa debilidad para imponer condiciones. Mientras en las mañaneras se habla de soberanía, en la realidad se aceptan operaciones de agencias extranjeras y se desterran capos sin seguir los procesos de extradición formales.
El tema de Cuba también fue un punto de fricción. Adela Micha cuestionó la opacidad con la que el director de Pemex ha manejado la información sobre el envío de crudo a la isla. La contradicción entre "ayuda humanitaria" y "contratos comerciales" deja ver, según la mesa, una falta de estrategia clara en política exterior que nos deja expuestos a las correcciones de plana que Trump realiza a través de sus redes sociales. La falta de transparencia no solo afecta la credibilidad del gobierno, sino que oculta el costo real que los mexicanos pagan por sostener ideologías que, en la práctica, se doblan ante la presión de Washington.
Finalmente, la mesa concluyó con una advertencia sobre el futuro inmediato. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, si México no implementa una reforma electoral que verdaderamente bloquee el paso a los "narco-candidatos", el país corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido por goteo, municipio por municipio. La urgencia no es abaratar la democracia, sino salvarla de quienes usan las urnas para legitimar la violencia y la extorsión. La detención en Tequila debe ser el inicio de una limpieza profunda y no un caso aislado para calmar las aguas internacionales. #MetroNewsMx
-Dos notas editoriales de José Luis Ramírez Sánchez describen un escenario de fragilidad y deterioro donde el tiempo del gobierno ya se agotó sin haber dado resultados tangibles.
-Se denuncia que la administración ha perdido el tiempo en discursos vacíos mientras la siniestralidad escala a niveles alarmantes.
-El texto concluye que el gobierno de Juan Miguel Ramírez ha fallado en entender la movilidad como un principio de justicia social.
-La sentencia final es un llamado a la acción ciudadana para detener la desmesura de una administración que ya se siente ausente.
-José Luis Ramírez señala que la ciudad no está para experimentos de prueba y error a mitad de un mandato que ya luce desgastado.
-La gestión de Juan Miguel Ramírez es tachada de ligera e inconsistente, revelando un profundo desconocimiento de la administración pública.
-El anuncio de desaparecer la Dirección de Movilidad es calificado por el hermano del alcalde como un acto de autosabotaje gubernamental.
-Las notas de los medios celayenses ponen de manifiesto un alcalde que primero dice una cosa, luego dice otra y luego ya no sabe qué dijo.
-El análisis destaca que el alcalde prefiere la mano dura contra grafiteros mientras muestra sumisión ante los grupos criminales.
-Se denuncia que el sistema de transporte público está estancado y con una tendencia a la baja que lo vuelve financieramente inviable.
-El hermano del edil critica los discursos oficiales de honestidad, señalando que las inercias de corrupción y deficiencia persisten.
-Se califica como un cuento chino la promesa de autobuses eléctricos, mientras las unidades actuales son obsoletas y están fuera de norma.
-La falta de pericia técnica ha provocado que el sistema de semaforización colapse, dejando la seguridad vial a la deriva en la ciudad.
-Se señala una criminalización irrespetuosa y sin pruebas por parte del alcalde hacia los anteriores directores de la dependencia.
-La administración es señalada por reducir la política de inclusión a simple publicidad y pintura roja en rampas mal diseñadas.
-José Luis Ramírez advierte que desaparecer Movilidad es un desatino que atenta contra el derecho constitucional de los ciudadanos.
-La propuesta de ahorro por la desaparición de la oficina es exhibida como irrelevante frente al derroche en festejos y ferias.
-El autor asegura que la autoridad moral y política se ha perdido en el gobierno municipal de Celaya ante tanta improvisación.
-La conclusión del hermano es lapidaria: el actual gobierno es una desmesura irresponsable que debe ser arrancada de raíz.
-El crecimiento del 150% en el padrón de motocicletas ha tomado por sorpresa a una administración sin capacidad de planeación.
-José Luis Ramírez denuncia que el gobierno municipal ignora que la moto es hoy el motor de inclusión social para los más pobres.
-Se señala que los accidentes de motocicleta generan un impacto económico invisible de 72 millones de pesos anuales para la ciudad.
-El hermano del alcalde critica que no existan carriles compartidos ni infraestructura segura, condenando a los jóvenes al riesgo.
-La falta de un plan de movilidad condena a Celaya a una motorización individual desordenada y altamente contaminante.
-Se califica como una amenaza al derecho constitucional de movilidad el desmantelar las áreas técnicas encargadas de la seguridad.
-El autor afirma que la autoridad municipal es corresponsable de las muertes viales al no garantizar condiciones de seguridad mínima.
-Se tacha de desatino que el alcalde priorice el ahorro administrativo sobre la vida y la integridad física de los celayenses.
-El análisis revela que el transporte público es tan deficiente que obliga a los trabajadores a arriesgarse en vehículos de dos ruedas.
-José Luis Ramírez propone que reducir los accidentes en un 50% ahorraría 36 millones de pesos, algo que el gobierno ni siquiera proyecta.
-La infraestructura actual es descrita como excluyente y diseñada solo para el automóvil, ignorando la realidad social de Celaya.
-El hermano del edil exige justicia espacial para que ciclistas y motociclistas dejen de ser estigmatizados por la autoridad.
En dos artículos publicados por José Luis Ramírez Sánchez (https://reportebajio.com/autosabotaje-en-movilidad-y-transporte-doble-o-nada/ y https://reportebajio.com/la-motocicleta-y-la-carrera-de-la-movilidad-doble-o-nada/ ), hermano del presidente municipal de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, más las publicaciones realizadas por diversos medios locales desde el 14 de enero hasta casi finalizar el mes de enero, exhiben a una administración municipal que está dañando a Celaya y a los celayenses. Una exhibición de ineptitud señalado desde el dedo acusador del mismísimo hermano del alcalde y que pone en claro que el gobierno emanado de Morena y que llegó al poder quién sabe mediante qué "maromas", le ha estado mintiendo a la ciudadanía y haciendo experimentos que le están costando millones de pesos al erario
Crónica de un desgobierno anunciado: El análisis de José Luis Ramírez
La administración municipal de Celaya, encabezada por Juan Miguel Ramírez Sánchez, enfrenta un juicio severo y frontal proveniente de su propio núcleo familiar. José Luis Ramírez Sánchez, a través de un análisis técnico y político de gran calado, ha desnudado las carencias, omisiones y lo que él denomina como un autosaboteo constante en una de las áreas más sensibles para la población: la movilidad y el transporte. Lo que se desprende de sus textos no es solo una crítica administrativa, sino una denuncia de la falta de seriedad de un gobierno que parece navegar sin brújula.
El punto de ruptura más evidente es la intención del alcalde de desaparecer la Dirección de Movilidad y Transporte. Para José Luis Ramírez, esto no es una estrategia de optimización, sino un error garrafal. El calificativo de autosabotaje resuena con fuerza, especialmente cuando se considera que Celaya, con casi 600 mil habitantes, requiere de instituciones sólidas y no de la fragmentación de responsabilidades. El hermano del edil señala que esta decisión es un balazo a la reelección y una muestra clara de que se está gobernando bajo la dinámica de prueba y error, un lujo que una ciudad con la complejidad de Celaya no puede permitirse.
La movilidad en Celaya se encuentra en un estado de fragilidad alarmante. El sistema de transporte público, lejos de avanzar hacia la modernización prometida, se encuentra en un proceso de involución. José Luis Ramírez destaca que, tras la pandemia, el número de usuarios y de unidades en operación ha caído drásticamente. De las 400 unidades que circulaban antes de 2020, hoy solo quedan 288, y de ellas, 66 son chatarra. La promesa de los autobuses eléctricos de origen chino es fustigada como un cuento chino y un banderazo de aire, ya que no existe ni siquiera la infraestructura de carga necesaria para que operen. Mientras tanto, los ciudadanos padecen retrasos que van de los cinco minutos hasta las dos horas.
El análisis profundiza en la incapacidad técnica de la administración. Se menciona con ironía y severidad que el mayor aporte en materia de accesibilidad ha sido pintar de rojo los accesos para personas con discapacidad, sin atender el diseño universal ni el mantenimiento. Más grave aún es la situación de la semaforización, donde la falta de gestión ha llegado al extremo de culpar a las ratas por el robo de cables, una excusa que para el autor revela la desatención total de la seguridad vial. El incremento de accidentes, con un promedio de 200 por mes y un costo social millonario, es la prueba tangible de un gobierno que ha fallado en proteger a su gente.
Uno de los puntos más críticos del señalamiento de José Luis Ramírez es la ligereza con la que el alcalde toma decisiones de gran impacto. Juan Miguel Ramírez ha argumentado que desaparece la dirección porque no encuentra a alguien honesto para el cargo, una afirmación que su hermano califica como una generalización irrespetuosa que criminaliza a los profesionales del sector sin presentar pruebas. Este vacío de liderazgo, con una dirección que ha pasado meses sin titular, ha derivado en una dispersión de funciones que solo agrava los problemas de congestión y contaminación que asfixian a la ciudad.
El hermano del alcalde también pone el dedo en la llaga sobre la incongruencia financiera. El argumento del ahorro para justificar el desmantelamiento de Movilidad se desmorona cuando se compara con el gasto excesivo en la Feria de Celaya, donde se dilapidaron casi tres millones de pesos diarios sin dejar un beneficio social real. Para el analista, esto demuestra que las prioridades del gobierno municipal están volcadas hacia lo electoral y lo político, ignorando que la movilidad es un derecho humano que facilita el acceso al trabajo y la salud.
Finalmente, la crítica trasciende el tema técnico para tocar la fibra de la seguridad y la moralidad pública. José Luis Ramírez cuestiona duramente la postura del alcalde frente a la delincuencia. Mientras Juan Miguel Ramírez declara que no vino a combatir a los grupos criminales, presume mano dura contra jóvenes grafiteros. Esta sumisión a los criminales frente al castigo a conductas menores es vista como la pérdida total de la autoridad moral y política. La sentencia es clara: Celaya merece un buen gobierno y el actual, por su desmesura e irresponsabilidad, parece haber agotado ya su tiempo y su legitimidad.
Esta es la segunda y última entrega del análisis editorial, enfocada en el fenómeno de la motocicleta, la crisis de seguridad vial y la conclusión del juicio político-administrativo que José Luis Ramírez Sánchez sostiene contra la gestión de su hermano.
La tragedia sobre dos ruedas: El fracaso en la seguridad de Celaya
La segunda parte del análisis de José Luis Ramírez Sánchez es una bofetada de realidad estadística y social para la administración de Juan Miguel Ramírez. El foco se traslada de las oficinas burocráticas a las calles, donde la motocicleta se ha convertido en el síntoma más evidente de un sistema de transporte público colapsado y una autoridad municipal que ha decidido mirar hacia otro lado. Para el hermano del alcalde, la proliferación de motocicletas no es un accidente, sino la respuesta desesperada de una población que no encuentra en el gobierno soluciones de movilidad dignas.
El crecimiento explosivo del 150% en el uso de motocicletas entre 2018 y 2025 es presentado como una "carrera" que el gobierno municipal está perdiendo por goleada. Mientras el ayuntamiento se enreda en discusiones sobre desaparecer dependencias para ahorrar unos pesos, miles de ciudadanos, principalmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos, se ven obligados a usar la motocicleta para sortear la ineficiencia de un transporte público caro e irregular. José Luis Ramírez es enfático: la moto es hoy una herramienta de inclusión social que la administración de su hermano criminaliza o ignora, en lugar de integrar con infraestructura segura.
Lo más crudo del análisis es el señalamiento de la alta siniestralidad. Con datos de la propia Dirección de Tránsito, se revela un escenario de guerra urbana: 200 accidentes mensuales, de los cuales una cuarta parte termina con lesionados graves. El autor le pone precio a la negligencia: cada accidente grave cuesta, en promedio, 100 mil pesos. Al año, esto suma una sangría de 72 millones de pesos en costos médicos, pérdida de productividad y daños materiales. Es un "gasto invisible" que el alcalde prefiere no ver, pero que desangra la economía de las familias celayenses.
El hermano del edil no se tienta el corazón al calificar esta situación como una violación al Artículo 4º Constitucional. Sostiene que el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad es una obligación que el municipio está evadiendo. Al intentar fragmentar la Dirección de Movilidad, el alcalde no solo comete un error administrativo, sino que comete un atentado contra la seguridad pública. José Luis Ramírez argumenta que, si el gobierno tuviera un gramo de visión técnica, entendería que invertir en cultura vial y carriles compartidos no es un gasto, sino una inversión que podría ahorrarle a la ciudad hasta 36 millones de pesos anuales tan solo reduciendo los accidentes a la mitad.
La crítica final es una estocada a la esencia misma del actual gobierno. José Luis Ramírez describe a una autoridad municipal que ha perdido la brújula y la moral. El contraste es doloroso: un alcalde que persigue a grafiteros pero que se muestra sumiso ante la delincuencia organizada, y que prefiere "ahorrar" desapareciendo una dirección estratégica mientras derrocha millones en ferias que no dejan rastro de beneficio social. La infraestructura de Celaya, bajo esta lógica, se mantiene como un modelo excluyente que favorece el automóvil y desprecia la vida de quienes se desplazan a pie, en bici o en moto.
En el cierre de este análisis profundo, queda claro que para José Luis Ramírez, el tiempo de la administración de Juan Miguel Ramírez se ha agotado. Los calificativos de "desmesura" e "irresponsabilidad" no son gratuitos; son el resultado de observar un gobierno que ha sustituido la planeación técnica por vaguedades políticas. La conclusión es una advertencia para los ciudadanos: la movilidad y la seguridad de Celaya no pueden dejarse en manos de quienes han demostrado que su única estrategia es el desmantelamiento institucional. La consigna es lapidaria: el gobierno actual ya se fue, y Celaya sigue esperando a alguien que realmente sepa gobernar.
-Nancy de Santiago denuncia una actitud contradictoria y agresiva del alcalde de Celaya hacia la Iglesia y los medios locales.
-El análisis vincula las tácticas municipales con directrices del Foro de São Paulo para relativizar instituciones religiosas.
-De Santiago señala que el alcalde atribuye responsabilidades falsas a párrocos sobre el uso de pirotecnia en festividades.
-La abogada califica de intimidación la sugerencia del alcalde de encarcelar sacerdotes por tradiciones populares ajenas a ellos.
-Se expone una preocupante opacidad en cifras oficiales de obra pública y percepciones salariales en la administración actual.
-La entrevista destaca la victimización del alcalde como herramienta para movilizar a su base política contra la prensa crítica.
-De Santiago defiende que el derecho a la información es nulo sin una prensa que investigue y verifique los datos del gobierno.
-Se critica la apropiación gubernamental de tradiciones como las posadas, vaciándolas de su contenido religioso original.
-La abogada advierte sobre la violación de los artículos 6 y 24 constitucionales respecto a la libertad de fe y expresión.
-El análisis subraya el uso de un "discurso de odio" que busca polarizar a la ciudadanía celayense frente a sus instituciones.
-Se denuncia que la administración municipal prefiere "generadores de contenido" que evitan hacer preguntas difíciles al poder.
-La entrevista revela la existencia de quejas ante Derechos Humanos por parte de periodistas que sufrieron censura u hostigamiento.
-De Santiago califica como "banalización de la fe" el gasto de recursos públicos en rituales ajenos a la cultura local predominante.
-El liderazgo del alcalde es definido como "carismático-manipulador", buscando lealtad emocional por encima de la rendición de cuentas.
-La nota concluye que la ciudadanía debe exigir transparencia absoluta y respeto a la autonomía de los ministros de culto en Celaya.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y la mentira como estrategia
La reciente entrevista de Metro News con la abogada Nancy de Santiago destapa una cloaca de tensiones políticas en Celaya que trasciende la simple anécdota local. El análisis de De Santiago no es superficial; sitúa las acciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez dentro de una narrativa de confrontación ideológica que, según ella, busca socavar las instituciones tradicionales, específicamente la Iglesia Católica, y someter a la prensa mediante la victimización y el hostigamiento.
El eje central del análisis radica en la contradicción sistemática. De Santiago expone cómo el alcalde utiliza incidentes de pirotecnia para criminalizar simbólicamente a los párrocos, sugiriendo penas de cárcel sin pruebas, lo que ella define como una táctica del Foro de São Paulo para relativizar la religión. A esto se suma una denuncia de opacidad administrativa y desprecio por el rigor informativo, donde la autoridad prefiere generadores de contenido dóciles que a una prensa crítica. Estamos ante un escenario donde la verdad es secundaria frente a la construcción de un enemigo político.
-La abogada Nancy de Santiago vincula la agresividad del alcalde contra la Iglesia con una agenda ideológica de izquierda para debilitar la fe.
-Se denuncia un patrón de hostigamiento hacia los medios de comunicación, utilizando la victimización oficial para silenciar críticas legítimas.
-El análisis revela una sistemática manipulación de datos públicos y una apropiación gubernamental de tradiciones religiosas para fines políticos.
El análisis profundo de la realidad política en Celaya nos obliga a mirar más allá de la coyuntura diaria. Lo que Nancy de Santiago expone en su diálogo con el periodista de Metro News no es solo una serie de quejas administrativas, sino la radiografía de un cambio de paradigma en el ejercicio del poder municipal. Por primera vez, Celaya enfrenta una administración de izquierda que, lejos de buscar la cohesión social, parece haber optado por la confrontación como método de validación política.
La estrategia de ataque contra la diócesis de Celaya es, quizás, el punto más alarmante. De Santiago, con la precisión que le otorga su formación jurídica, desmenuza cómo el alcalde Ramírez Sánchez ha intentado vincular a los párrocos con el uso ilegal de pirotecnia.
Este no es un error de apreciación del alcalde, sino un intento de estigmatización. Al sugerir que los sacerdotes podrían enfrentar la cárcel por actos realizados por la feligresía de forma independiente, el alcalde no solo falta a la verdad, sino que intenta fracturar el respeto histórico que la comunidad tiene por sus ministros de culto.
La abogada es clara: no existe evidencia de que los párrocos inciten o compren estos explosivos; al contrario, es una responsabilidad de fiscalización municipal que el ayuntamiento intenta delegar a terceros para evadir su propia ineficacia.
Este comportamiento se enmarca, según el análisis, en una agenda más amplia vinculada al Foro de São Paulo. La tesis de De Santiago es que los gobiernos de esta corriente buscan relativizar la religión, mezclando lo sagrado con lo profano o banalizando los ritos para confundir a la grey.
La apropiación de términos como posadas para eventos que carecen de contenido litúrgico es un ejemplo de cómo el poder político intenta absorber la identidad cultural y religiosa de la población, vaciándola de significado para convertirla en un simple espectáculo de clientelismo electoral.
Por otro lado, la relación del gobierno municipal con la verdad y con quienes tienen el deber de buscarla -la prensa- es de una hostilidad manifiesta. De Santiago destaca un evento en Villas del Bajío donde el alcalde, en ausencia de periodistas reales, arremetió contra los medios acusándolos de ser pagados o de hacer preguntas difíciles.
Esta táctica de pelear contra sombras es una forma clásica de victimización. Al presentarse como un perseguido por los intereses mediáticos, el alcalde busca que su base de apoyo, ese voto duro movilizado por la emoción y no por la razón, cierre filas y descalifique cualquier cuestionamiento sobre la obra pública o el manejo del dinero de los impuestos.
La mención a los nueve periodistas que han tenido que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos es el testimonio fehaciente de un ecosistema democrático en peligro. Cuando la autoridad municipal se siente con la libertad de mentir en su informe de gobierno, de alterar cifras frente a sus propios regidores y de ignorar las recomendaciones de organismos autónomos, la ciudadanía queda en un estado de indefensión informativa. Sin datos veraces, el ciudadano no puede evaluar; sin evaluación, no hay rendición de cuentas; y sin rendición de cuentas, la democracia se convierte en una simulación.
El alcalde le gusta que las cosas se las digan en videos y en audios. "Nosotros no mentimos", dijo hace unos 8 meses en una sesión de Cabildo.
Finalmente, el análisis nos lleva a la conclusión de que la manipulación de la fe y el hostigamiento a la libertad de expresión son las dos caras de una misma moneda autoritaria. La abogada Nancy de Santiago hace un llamado a la ciudadanización, entendida no como un apoyo ciego a un partido, sino como la participación activa y crítica del individuo en la vida pública. El respeto a los artículos 6 y 24 de nuestra Constitución es la única barrera que queda frente a un gobierno que parece preferir el culto a la personalidad y la lealtad emocional por encima del cumplimiento estricto de la ley y el respeto a la verdad histórica y social de Celaya.
Lo que dijo -que no es cierto y no pudo comprobar- en Tierras Negras, citando al obispo y sacerdotes
Lo que dijo de la prensa en Villas del Bajío
Lo que dice que no dijo y no hizo en Villas del Bajío de la prensa y en Tierras Negras de los sacerdotes; su conclusión, es que el ni dice ni hace y la culpable es la prensa.
La transcripción de la entrevista completa a Nancy de Santiago
Eugenio Amézquita:
Pues tengo en la línea telefónica a la licenciada Nancy de Santiago. Ella es catedrática, ella es columnista en algunos medios de comunicación y pues tiene un espacio que se llama Ciudadanízate. Tiene un hondo significado esa palabra, ese título de su espacio. Y Nancy, pues en la semana pasada vimos dos escenarios o dos acontecimientos que, no sé tú si ya viste por ahí los medios y escuchaste las grabaciones y viste los videos, como que ponen en una actitud muy contradictoria al señor presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. ¿Qué escenarios o qué momentos? Estoy hablando uno, una cena a la que fue invitado el señor presidente municipal, o bueno, no sé si lo hayan invitado, quiero pensar que sí, donde estuvo presente el obispo de Celaya, varios sacerdotes, el padre encargado del templo Tierras Negras. Y el otro escenario es Villas del Bajío, donde se está entregando una rehabilitación de una obra pública y donde, este, pues también ocurrieron unos acontecimientos. En el primer caso fue evidenciado el hecho de que el señor presidente municipal a la prensa le dice que adentro de la casa parroquial, y esa es la palabra, adentro de la casa parroquial, usaron pirotecnia, es más, aventaron cohetes, hubo explosión. Pues eso fue lo que se dio a entender, pero después resulta que no fue así, que no en la casa parroquial, y creo que ni en el atrio hubo esto. ¿Tú te diste cuenta o te has informado de esto? ¿Qué me puedes decir? Gracias, Nancy. Del primer caso estamos hablando.
Nancy de Santiago:
Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias, Eugenio. Fíjate que pues sí, yo dentro de mi espacio Ciudadanízate lo que efectivamente me gusta lo que has dicho, porque sí, no es un nombre al azar, es un nombre elegido porque nos falta mucho civismo. Nos falta saber cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestros deberes, porque siempre nos encantan los derechos pero no los deberes. Y también nos falta mucha participación política. Entonces desde la ciudadanía, o sea, no tenemos que estar en un partido. Los que quieran, qué bueno, qué padre, adelante, pero también se puede y se debe hacer política desde la ciudadanía porque eso es parte de lo que somos. O sea, yo soy una mujer, soy católica y soy ciudadana mexicana, allí obviamente pues en ese orden, ¿no?, porque pues primero es la parte biológica, aunque en el momento en que ya se bautiza uno, que ya pasó uno por tener un alma, pues evidentemente ya uno se orienta hacia nuestro creador. Y precisamente tomándolo de este punto de vista, con este crisol, sí quiero comentarte que como ciudadana y como católica me preocupa mucho la actitud que yo también he visto en el señor presidente.
Es la primera vez, no estábamos acostumbrados a tener un presidente de izquierda y pues ahí sí se está notando una diferencia en que pareciera que toda oportunidad que se presenta para hablar de forma que pues agrede, concierne, atañe, se dirige e inmiscuye a la diócesis, a nuestros párrocos, pues siempre eso es, ahora sí que aprovechada. Creo que nunca había yo visto eso. Digo porque yo siempre he vivido en un municipio que no tenía un gobierno de izquierda y ahora que lo tenemos, pues me estoy dando cuenta que una de las diferencias es que toda oportunidad que se presenta para que se haga mención de aspectos que él considera negativos o que le atribuye de forma negativa a la diócesis y que no necesariamente son ciertos, que ese es el punto que hoy quiero resaltar en este momento ya que me das la oportunidad con esta entrevista que me haces.
Pues no ocurrió. Yo he sabido, me he leído, me he informado que en realidad los cohetes fueron afuera, que no estaban presentes los párrocos ni el señor obispo con la gente durante ese momento que se hizo la quema de cohetes, que sabemos todos que se hace independientemente que sí se reivindica que en este municipio está prohibido el almacenaje, que está regulado distinto a otros municipios. Sin embargo, pues claro que los tienen que adquirir en alguna parte como sea, la actividad no ha cesado. Pero yo jamás, y lo digo como feligresa y también lo digo como ciudadana porque ahí sí es un doble aspecto, es decir, yo como ciudadana quiero que se cumpla la ley, pero también como feligresa pues jamás he visto que ningún párroco haya ordenado, incitado, instruido, pedido, solicitado, comprado, organizado los cohetes. Sí sabemos que están muy arraigadas algunas costumbres en las personas y que solo con cultura se pueden cambiar, pero eso no hace que sea el párroco el obligado a una parte que no es de su ministerio.
Aquí le toca a fiscalización, le toca al municipio, le toca a las autoridades hacer cumplir la ley y creo yo que en eso se debe de ocupar, no en estar atribuyéndole responsabilidades a terceros. En este caso sí veo y sé que los párrocos no han incitado jamás al uso de los cohetes. Inclusive yo alguna vez le pregunté a alguno y me decía "No, la verdad es que no forma parte propiamente de la festividad, eso es un tema que la gente quiere". Es como la música que traen, no necesariamente es parte de la festividad, no es música sacra. Entonces ellos lo que han hecho es permitir que la gente se exprese y a la municipalidad le toca hacer cumplir la ley. Entonces a mí sí me parece que lo que debería de hacer el señor presidente es amarrarse los pantalones, hacer cumplir la ley, obviamente establecer la comunicación que tenga que establecer con los ciudadanos para que si algo va a cambiar, pues que cambie; si algo va a ser modificado, pues que se modifique y si algo va a ser sancionado, que se sancione.
Pero a mí lo que me preocupa más de todo esto que acabo de mencionar es esta inclinación constante, porque lo vi en dos tres entrevistas, de señalar que los párrocos pueden ser objeto de ser sancionados con cárcel cuando en ningún momento se está diciendo que son los responsables. Nadie les ha acreditado semejante cosa y me parece que estarlo remachando cada vez que se puede, que es lo que he visto yo, es una actitud que trata de que los feligreses recibamos un impacto, un impacto emocional respecto de la actitud de nuestros párrocos y de nuestras autoridades eclesiásticas. Si yo jamás he visto a ninguno que esté incitando a utilizar los cohetes, más bien me ha tocado ver alguno, no voy a decir nombres pero sí me ha tocado ya recuerdo que me tocó una vez escuchar que alguno estaba inconforme con este tipo de expresiones pero no se metió con el pueblo, o sea simplemente me dijo que no era de su total agrado, pero finalmente él dejó que la expresión siguiera. Pero nunca han sido en las casas parroquiales, yo nunca he visto cohetes en un atrio. Obviamente sí existen porque los vemos todos, pero yo jamás podría asociar que son los párrocos los que incitan a la gente a utilizar la pirotecnia. Yo no los he visto nunca.
Eugenio Amézquita:
Nancy, ahorita que estás tocando el tema de esa insistencia del señor presidente municipal, la primera vez que lo manifestó ni siquiera fue en un incidente religioso. Fue un incendio que se presentó allí en la feria del alfeñique en la plaza Morelos por un aparentemente cortocircuito. Alguien tenía por ahí pirotecnia, se da el cortocircuito, se genera un incendio y bueno se generan muchos daños. O sea nada que ver, nada que ver con un atrio, con una casa parroquial. Y sin embargo alguien le pregunta por ahí, oiga pues entonces en las festividades que esto, y dice él palabras más palabras menos, están publicadas. Dice "Bueno es que si te aplicáramos la ley tendríamos que meter a la cárcel a los sacerdotes y a los feligreses". O sea de la nada hace estos comentarios. Esa fue una. Vuelve otra vez meses después a repetir el escenario.
Digo pensando que el primero a lo mejor fue un resbalón como él los maneja, pero la segunda ocasión vuelve a insistir y entonces ya la diócesis le contesta y le dice "Los sacerdotes no prendemos los cohetes". Y creo que esto va mucho con lo que tú estás diciendo. O sea no ha habido algo así que tú dijeras "Los padres prendieron los cohetes, dieron la orden, hay una rebeldía de los sacerdotes a ir contra la ley". Y sin embargo machaca y machaca con el mismo tema. ¿Tú crees que podamos? Y luego todavía en la rueda de prensa dice "No pues si lo que pasa es que me quieren echar a pelear con el obispo y me quieren echar a pelear con los padres. Si el padre de Tierras Negras pues es mi amigo, nos llevamos muy bien". ¿Tú crees que es de amigos estar en una cena en la casa parroquial y al día siguiente a la prensa decirle que habían aventado cohetes dentro de la casa parroquial? ¿Tú crees que eso sea de amigos y se le pueda llamar amigo a alguien así?
Nancy de Santiago:
Claro que no. Pero fíjate que voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque en mi opinión sale sobrando si son o no son amigos. Digo básicamente la autoridad eclesiástica debe estar ocupada de lo suyo y la autoridad política de lo suyo. Y eso sí, fíjate que yo lo que te podría decir y lo veo muy claro, por eso o sea no me extraña, no me extraña porque yo como que soy conocedora de geopolítica y conozco muy bien una organización internacional, he leído mucho sobre ella, a la que pertenece Morena, el partido del presidente municipal, que es el Foro de São Paulo. Nos estuvieron diciendo todo el sexenio de López Obrador que eso no existía, que éramos unos conspiranoicos a los que manejamos el tema, y hoy en día ya cualquier periodista sabe que existe y nadie lo niega cuando pues los que nos dedicamos a la geopolítica lo supimos desde que empezó el sexenio anterior.
Y yo te diría que dentro de lo que son las políticas que marca ese Foro de São Paulo, pues es que se debe de relativizar a las religiones y se les debe de, ¿cómo te diré?, no recuerdo la palabra pero es como banalizar, es decir se mezcla lo chamánico, lo hemos visto con Claudia Sheinbaum, lo hemos visto con la corte, los nuevos señores que integran la corte. Entonces, si se puede relativizar y se debe de atacar para que el feligrés se confunda la religión, pues me parece que está muy en su línea porque como dices, salir con de la nada, sí recuerdo ya vagamente lo del incidente en la feria del alfeñique y efectivamente ahí no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver la iglesia.
No se trata de ninguna festividad de culto de nada, es algo comercial estrictamente y el presidente a la menor provocación sale con una respuesta que atañe a la diócesis. Yo me pregunto ¿tiene prensa como la de la señora Claudia Sheinbaum que le pregunta cosas a modo para que puedan decir lo que ya traen en su guion? Porque el Foro de São Paulo es una cosa muy seria y sí trae como objetivo, por eso no es en vano que en este sexenio no sé si tú te diste cuenta aquí a Celaya claro que no iba a llegar, pero con dinero de la Secretaría de Cultura, o sea dinero de los mexicanos, anduvo una obra de teatro blasfema interpretada por un señor que se viste de mujer y que atañe a la Virgen María. Y luego tuvimos un evento en la propia, en la mismísima casa de estudios de la Universidad de Guanajuato, donde también hubo un tema ahí con unos crucifijos y tal. O sea se está notando una presencia de este tipo de manifestaciones. Entonces a mí no me extraña que tengamos estos gobiernos y nos pasen estas cosas.
Por eso yo sí veo una constante porque ya analizando tres, cuatro, bueno cinco notas con la del alfeñique que me mencionas, de las que yo he tenido noticia y que sí me consta lo que leí y fueron notas muy profundas muy bien investigadas con muchos datos con muchos detalles, la verdad pues ya lo estoy viendo como una constante, como algo que es así y que si no se toman medidas en este caso por nosotros los feligreses no de reclamar públicamente este tipo de manifestaciones que atentan contra nosotros y ahí estaría una violación del sexto constitucional porque están yendo contra la fe y del veinticuatro constitucional que es el respeto a las creencias.
Claro, y si bien el tema de los cohetes no tiene que ver con la creencia porque no tiene que ver la festividad de tal o cual santo o de tal o cual efeméride religiosa con la quema de cohetes o con la música en específico, pero sí con estar yendo contra las autoridades eclesiásticas como si ellos lo estuvieran organizando. Y no, no es el caso.
Eugenio Amézquita:
Tú mencionaste algo de la prensa a modo y eso me da pie para entrar al segundo escenario donde pues estamos detectando también mentiras. ¿Y cuál es ese segundo escenario? Pues precisamente el que al inicio de la entrevista comentaba, lo de Villas del Bajío.
Me llama la atención este el video que solamente un medio, bueno si se le puede llamar medio, eso es un informante vamos a llamarlo así por no utilizar otros calificativos. Un informante o un generador de contenidos, que así se autonombra "Yo soy generador de contenido no periodista". De hecho tengo un video donde él dice "Yo no soy periodista". Entonces no es un periodista, es un generador de contenidos, así se autonombra. Bueno, es el único que lo graba. Y en ese video el señor presidente municipal se va encima de la prensa diciendo que ahí pareciera están pagados, que le hacen preguntas muy difíciles.
Yo no sé, no me gustaría saber qué se entiende por preguntas difíciles. A lo mejor le preguntan operaciones matemáticas que no las puede responder, pues esa sería una pregunta difícil, ¿verdad?, o una que él no sepa contestar. Yo quiero entender eso. Pero la cuestión es que agrede a la prensa. Lo curioso es que no había prensa en el lugar. Eso me hizo recordar como esos chiquillos valentones de que "A ver yo aquí échenme el que quieran". Pues no llega nadie porque no hay nadie, pero a la hora que los tienes enfrente y que tienes de frente a la prensa en una rueda de prensa en la presidencia municipal, toma una actitud así como de "¿De qué me están hablando?, o sea yo, ¿cuándo dije eso?".
Y cuando se lo aseguran dice que fue un resbalón, les pido una disculpa, pero no repara el daño. O sea la agresión que le hizo a la prensa, a los medios de comunicación con esos calificativos que obviamente causó malestar y además con el antecedente de que pues en su administración se presentó una queja ante Derechos Humanos por parte de nueve periodistas por no permitirles así recuerdo yo pues el ejercicio de libertad de expresión. Y otra vez pues no sé si tú lo veas así como lo veo yo, pues yo estoy en prensa, otra mentira. Y entonces ya llevamos dos. Y si pues si una vez mientes y luego vuelves a mentir, pues quién sabe cuántas veces nos han estado mintiendo con números, con cifras. Ya hay un caso del informe de gobierno que sus regidores se lo hicieron ver, le dijeron "Esos datos no van ahí". Y no le interesó y así quedó publicado en el informe. Otra mentira con números con cifras. ¿Qué puedes tú concluir de este caso específico y de todo lo que te estoy comentando, Nancy? Gracias.
Nancy de Santiago:
Mira fíjate que sí me parece sumamente preocupante esta falta a la verdad hasta con cifras que se presumen oficiales o que lo son simplemente por la fuente de donde provienen y que él no cuide que oficiales y veraces vaya junto. En el caso concreto del ejercicio de la libertad de información, porque además fíjate que la libertad de expresión no sería nada si no hubiera el derecho a la información, pero la información pues veraz obviamente, la información oportuna. Y hemos visto cómo se están ocultando una serie de datos, una serie de informaciones. Por ejemplo los ministros de la corte han ocultado, ya después del escándalo de las camionetas, ocultan sus percepciones laborales.
Ya no puede cualquier periodista como tú o un ciudadano como yo querer ver cuánto ganan. Mejor puedo ver cuánto ganan todas las empresas de gobierno abierto que existen donde está su página web y ahí pueden aparecer los salarios de todos los funcionarios. Pero no puedo saber lo de los ministros de la corte que pagamos con nuestros impuestos. O sea imagínate, los que no pago yo con mis impuestos sí los puedo ver y los que pagamos con nuestros impuestos no se puede saber cuánto ganan. Entonces sí es preocupante saber que tenemos que estar los ciudadanos y los periodistas, en este caso que ustedes son los aliados de los ciudadanos porque nos hacen válido el derecho a la información, pues que tenemos que tener una reclamación constante de la verdad en este tipo de cosas.
Por ejemplo cuando él se refiere, sí vi esa nota que decía que le hacían preguntas muy difíciles, bueno efectivamente solo él nos puede contestar qué es difícil, pero si tomamos en cuenta que difícil puede ser cualquier cosa que yo no pueda contestar si se trata de una pregunta. Y estas preguntas pues siempre tienen que ver con su administración, con las políticas públicas que esté implementando, con los informes que le da a la ciudadanía.
Porque además él se precia de dar, en una de las notas que estuve viendo en estos días últimos, estaba yo viendo que él dice algo así como que él siempre da, casi casi dijo que diario, ¿no?, que todos los días hay notas y es como muy impreciso porque también decía que todos los días sacaban a la Virgen. Bueno todos los días durante la novena, durante la festividad, durante... o sea entonces también ahí nos expone a situaciones que no son totalmente veraces. Entonces sí, que cuide el ejercicio de la información que le da a la gente, que cuide la veracidad de la información. Si sus propios regidores le están señalando que no corresponde con la realidad, y menos ahora sí me voy a ir directa al tema de la prensa, menos intentar que la prensa no haga su trabajo.
Ahí sí la ciudadanía somos los primeros que debemos defender ese ejercicio profesional, porque gracias a ese ejercicio profesional es que los ciudadanos podemos saber qué es lo que pasa con el dinero público, qué es lo que pasa con las políticas públicas, qué es lo que pasa con la ahora sí que la conducta de nuestros funcionarios. Y eso sí me parece que es algo que no podemos nosotros soslayar. Es punto y aparte que los ciudadanos tenemos que ejercer ese derecho porque es la única manera en que podemos nosotros incluso ciudadanizarnos. ¿Cómo vamos a ejercer como ciudadanos nuestros derechos políticos si no tenemos ni siquiera información veraz para poder evaluar? Porque tenemos el derecho de evaluar las políticas públicas, de evaluar al funcionario que está a cargo de un puesto de elección popular y por ende tener prensa también que sea veraz, que tenga una metodología, que sea rigorista, que investigue bien la nota, que nos dé las fuentes, que obviamente tenga los videos y los audios para demostrarnos lo que están aseverando en sus notas.
Y la verdad yo solo busco a esa prensa, yo solo leo y escucho a esa prensa. Entonces sí me parece terrible que estemos con una situación como esta. Es necesario que se cambie esta actitud, es necesario que los ciudadanos seamos respetados en la política que nos merecemos. Eso es lo que yo te puedo decir porque no está bien que falte a la verdad en temas tan importantes y entonces violan nuestros derechos constitucionales. Y lo que me dices, esto sí voy a reconocer que no sabía de que nueve periodistas interpusieron una queja ante la comisión de Derechos Humanos por no dejarles ejercer su oficio. Eso es gravísimo, eso es dictatorial.
El asunto es que sí se emitió, o sea ya no solamente fue la denuncia, se emitió una recomendación, pidió una disculpa, pues todo lo que se acostumbra en este tipo de situaciones. Pero esto último que es lo más reciente, esta agresión a la prensa en ausencia de la prensa pues yo no sé qué calificativo se le podía poner a alguien que agrede en ausencia de...
Eugenio Amézquita:
Claro.
Nancy de Santiago:
Ahí sí me parece muy importante que los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus palabras. Digo todos los que tomamos un micrófono nos tenemos que hacer cargo de nuestras palabras. No podemos simplemente, como dijiste muy bien, no estaba presente la prensa entonces ¿por qué les reclamas? ¿O por qué les reclamas desde lejitos? Porque se van a dar cuenta, si son prensa se van a dar cuenta, o sea uno de ellos va a saber y le va a decir a los demás que salió tal nota. Entonces ¿por qué no un diálogo, una junta, una reunión, una sesión de trabajo, qué sé yo?, pero no que les mandes los recados desde lejitos porque entonces puedes decir lo que tú quieras y no se va a poder defender ningún medio, te puedes atribuir lo que tú decidas a quien sea y los medios no se van a poder defender.
Entonces yo no veo un ataque. Yo he leído notas diversas de diferentes medios locales y no, yo no he visto un ataque al señor presidente. He visto así porque si no entonces caemos en que por eso se queja la señora Sheinbaum de que Loret la agrede, por ejemplo. Es decir, si la prensa saca a relucir información que no es acorde con la imagen pública que ellos pretenden proyectar porque no conviene a los intereses del ciudadano, pues entonces va a ser agresión siempre. Pues imagínate, entonces caeríamos precisamente en una falta de ejercicio de la información veraz.
Eugenio Amézquita:
Bueno esto que tú estás diciendo nosotros lo identificamos como victimización. O sea todos me dicen, todos me agreden, todos me insultan, todos me ofenden pero no muestra en dónde está la ofensa o el insulto. O sea parecería que a ciertas autoridades el hecho que les digas sus verdades, les expongas en video, en imágenes y en audio lo que dijeron, lo que están haciendo y lo que están realizando y los pones al descubierto ante la ciudadanía, eso es lo que ven como una agresión. O sea yo no sé si lo que quieran es prensa a modo o paleros como muchos que nosotros ya tenemos detectados que solamente... yo le decía en un artículo firmado por mí "Señor presidente, oye ¿qué horas son?" "Las que usted quiera señor presidente, las que usted diga".
No, es que la prensa no funciona así. La prensa estamos para señalar, para vigilar, para revisar. Tenemos bien definido cuál es nuestra función. Entonces yo no sé si estés de acuerdo conmigo que pues tener una prensa a modo pues dejas desprotegido hasta el ciudadano de a pie que no tiene voz, que no puede gritar, que no puede denunciar porque si no el señor presidente se va a enojar, la gente que tiene a un lado se va a enojar. ¿Tú crees que eso esté bien?
Nancy de Santiago:
No, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es violar el derecho de información que tenemos los ciudadanos. Es decir yo necesito información veraz, información oportuna, información suficiente, información verificada o sea de fuentes correctas, veraces, auténticas, fehacientes. Entonces cuando un presidente o cualquier funcionario se molesta porque la prensa señala algo que es verdad y que le perjudica, pues el beneficiado es el ciudadano que está recibiendo esa información oportuna, veraz y por supuesto suficiente.
Pero el funcionario que se enoja y que agrede a la prensa que hace su trabajo, pues sí si no podríamos llamarle de otra manera, se está victimizando para que sus bases, para que su voto duro se enoje con el medio, se enoje con el actor que está generando ese disgusto en su presidente favorito, en su funcionario favorito. Y yo lo que quiero decirte y como base de Ciudadanízate es no, los ciudadanos no estamos para darle nuestros sentimientos a los políticos. Ni siquiera se lo deberíamos de dar a los artistas ni a los futbolistas. Pero bueno ¿a quién le hace daño eso? Pero a un político jamás.
Los políticos no pueden recibir de nosotros cariño, deben recibir de nosotros respeto al trabajo bien hecho, exigencia y reclamación del trabajo no bien hecho y por supuesto exigencia siempre de que nos hablen con la verdad y transparenten el uso del dinero público siempre, siempre. Y tratan de ocultarlo. Tenemos todo el ocultamiento de información, la desaparición del órgano que a eso se dedicaba a nivel federal. Entonces pues realmente es una constante, es una actitud constante de no querer llegar a la veracidad en la información. Eso es lo que yo estoy viendo. Y sí es una actitud de victimización que tiene como objetivo que una base política, un voto duro, se sienta identificado emocionalmente con ese dolor que expresa su funcionario favorito y entonces polarizas más a la sociedad, que eso me parece gravísimo.
Eugenio Amézquita:
Sobre todo no sé si tú hayas observado o estés de acuerdo conmigo que también explota el discurso de odio, es decir echarte a esos que la apapachan, que ay que este mi cabecita de algodón y no sé qué, le echan a la gente encima al grupo que está a su favor para quitárselo de en medio, o sea en pleno el discurso de odio. ¿Tú has llegado a detectar esto?
Nancy de Santiago:
Totalmente. Y qué bueno que tocas ese punto. ¿Sabes qué me parece fundamental? Jamás en la historia de México habíamos tenido un líder carismático. Es decir cuando uno escucha líder carismático uno cree que eso significa algo bueno, pero cuando revisas la definición de liderazgo carismático te das cuenta que no se puede tener carismático si no ejerces manipulación sobre esas personas a las que vas a tener como seguidores. Y sí efectivamente estamos viendo que en las redes cuando lo defienden, lo defienden digo cuando no son bots ¿verdad? cuando no son estos robots que están implementados vía pago, la gente se expresa como si fuera un familiar, como si fuera a un ser querido.
Y entonces te das cuenta del grado de manipulación en el que se encuentran. Cuando la gente ha apoyado a otros presidentes en algún momento dado, tú revisas en cualquier red social cuando están apoyando algún presidente que no sea líder carismático, no hay expresiones como de afecto o como de odio, sino que simplemente son objetivas de "ah muy bien mi presidente hizo tal cosa", nada más. "Muy mal eso no se vale no sé qué". Pero cuando le llaman por apodos cariñosos, por sobrenombres cariñosos así con diminutivos y todo eso, eso evidencia precisamente manipulación porque no tenemos por qué querer a ningún político. Entonces dices muy bien, o sea yo no estoy de acuerdo para nada en este tipo de conductas. Me parece que no ayuda a que la ciudadanía crezca, a que nos desarrollemos hacia una mejor política pública, hacia una mejor actitud como ciudadanos participativos.
En lo absoluto, al contrario, está disminuyendo nuestra capacidad de análisis o pretende nuestra capacidad de crítica y de exigencia. Y eso debemos de evitarlo. Tenemos que reclamar esto para que se evadan este tipo de conductas porque es terrible. Y sí hay discurso de odio y que tiende a dividir y a polarizar porque entonces todos mis seguidores que me quieren mucho pues me van a defender en redes y todos los que no me quieren pues van a ser objeto del desprecio de estas personas que tanto me quieren si ven que me maltrata la prensa o me maltrata cualquier columnista, cualquier articulista o cualquier líder de opinión en el caso de que así sea. Eso me parece gravísimo es muy muy grave.
Eugenio Amézquita:
Y por último Nancy algo que va conectado con el primer tema el de la iglesia. Y yo lo digo en general ministros de culto, hablo en general no me quiero centrar en este caso porque estamos hablando de la Iglesia Católica pero quiero hablar en general ministros de culto. Y algo que también no sé si tú hayas detectado la invasión, porque no encuentro otra palabra, la invasión de autoridades municipales o estatales o federales en temas que son exclusivamente eclesiásticos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo la iglesia te habla de posadas, las posadas. Y pues uno cuando le dicen las posadas digo para los que ya tenemos tiempo pues sabemos que la posada pues significa el rosario, significa rezar, significa sacar el misterio ¿verdad? con la Virgen el niño la mulita San José o los tres ¿verdad? el animalito San José y la Virgen y los llevan cargando piñata y todo eso.
Pero vemos unas autoridades que se apropian del nombre de la de Posada y dice "Vamos a organizar una posada" y uno llega y no hay Rosario, no es una posada entonces, o sea le faltan los elementos. Ese es un tema, pudiera decir otros más donde hasta en procesiones o cosas por el estilo quisieran ir ellos adelante para que la gente los viera recargándose en la cuestión religiosa y decir "Mira también son buenos también creen en Dios andan cerca de los padres" cuando la realidad es muy distante de esa imagen que se quiere manejar. ¿Tú qué has detectado de esto? ¿alcanzas a ver algo?
Nancy de Santiago:
Sí fíjate que a mí me molestó muchísimo cuando oí en el radio que iba a haber unas posadas por parte del municipio. Dije "A ver a ver a ver". Y claro en comunidades, seguramente pretendiendo que haya gente que pueda resultar engañada de que cualquier cosa es una posada. Y como bien dices los elementos de la posada harían que todos los católicos comprometidos dejemos de llamar posada a cualquier reunión navideña cualquier fiesta cualquier junta porque no es posada. Punto. Pueden llamarle desayuno navideño comida navideña cena navideña.
¿Qué necesidad?, digo y eso porque aludes a la época navideña así le llamamos época navideña porque aludas directamente al nacimiento pero se vale porque creo que sí se ha llamado y eso sí es una costumbre que está de larga data el que se llame época navideña. Entonces bueno pero no que tú confundas Nochebuena Navidad Posada. Entonces eso creo que empieza en nosotros mismos también. Nosotros como fieles laicos tenemos que ser más cuidadosos pero sí también reclamarle a la autoridad a ver qué tipo de posadas hizo si es que lo fueron porque yo lo dudo lo dudo mucho la verdad. No estuve en ninguna no pertenezco a ninguna de las comunidades porque yo pues vivo acá en la zona urbana pero tampoco dieron el nombre de las comunidades donde esto ocurrió. A mí me parece que sería interesante saber qué era lo que llamaban posada
¿Qué tipo de festejo o reunión era lo que estuvieron llamando posada?, pero estoy segura de que no había Rosario porque pues no son los indicados para ello, no había Letanías tampoco son los indicados para ello y definitivamente no tendrían ni siquiera que estar presentes como autoridades políticas. Si quiero ser feligrés y quiero porque yo también voy a ir a la misa de Navidad voy a ir en Navidad a misa si soy católico practicante y soy autoridad política pues voy a ir como uno más. O sea ni siquiera debo pretender sentarme en la primera fila ni que me dé primero a mí la comunión el sacerdote ni no. Ahí yo debo ser uno más de la grey católica si es que lo soy porque además yo no tengo noticia si el señor presidente sea católico la verdad. A mí más bien me da idea que no y más porque bueno si abraza estas doctrinas e ideologías de izquierda pues realmente el catolicismo en ellos pues es bastante vago cuando por lo menos están bautizados porque así sucedió en su familia pero no son practicantes.
Entonces no realmente a mí me parece sí me preocupó muchísimo luego que andaban dando los juguetes también esto del día de Reyes. A fin de cuentas claro que no estaban celebrando la Epifanía eso nos queda muy claro pero esta cosa de regalar los juguetes directamente y confundirlo todo a mí me preocupa. Yo sé que se ha hecho desde otras administraciones y que está lindo que los niños de todos los estratos sociales reciban un regalo eso está bien pero sí creo que debemos tener mucho cuidado con mezclar las festividades religiosas y con la política. O sea creo que ahí hay una delgada línea que que se está cruzando de forma te digo intencional porque es algo que lo marca el Foro de São Paulo: hay que relativizar las religiones. Entonces no me extraña pero sí me parece totalmente indebido. O sea no es como el PRI que el PRI decía y digo y el PAN incluso "¿sabes qué va a venir el señor obispo se le invita viene al incluso viene el informe?".
Sí y está en primera fila el señor obispo segunda fila tercera fila qué sé yo. Y bueno es que es una autoridad eclesiástica que está inmerso en una sociedad y que ir a oír el informe de gobierno no le veo mayor problema. Él va como un ciudadano a oír el informe de gobierno no cuestiona no nada simplemente lo escucha y listo y se acabó el problema o lo invitaban a oficiar. Digo creo que hasta el Papa ha oficiado primeras comuniones de hijos de algún presidente y tal pues siempre iba como un párroco más y que pues está facultado para hacerlo y listo pero no mezclan ¿me entiendes? Acá lo que me preocupa es la mezcla el confundirlo todo el banalizarlo el relativizarlo y sabiendo yo que es una de las políticas del Foro de São Paulo que además vamos a llegar más lejos cuando se van quebrando los diques las restricciones que es lo que tú y yo estamos aquí pidiendo que se respeten.
Entonces llegas al momento en que ya entran otras expresiones que son religiosas. Lo que pasó con la corte es gravísimo. De hecho yo vi que dos faltaron que se excusaron pues han de ser más practicantes que los demás porque yo tampoco hubiera ido si hubiera sido una ministra y me salen con que nos van a investir con el bastón de mando y quién sabe cuánta cosa más pues no voy o sea abuso de mi derecho de estar enferma ese día. Verdaderamente parece grave. De hecho la prensa en estos entre hoy y ayer ha comentado que ese culto a Quetzalcóatl que hicieron ahí con los jueces le costó un millón de pesos a nuestros bolsillos, no a los bolsillos de ellos. Además fíjate esos señores que realizan estos rituales no sé cómo llamarles chamanes lo que sea el nombre correcto la verdad lo ignoro y pues no quiero tampoco decirlo de una forma que suene despectiva ni nada simplemente pues no comparto y ya.
Pero imagínate entonces aparte estamos pagando eso y las camionetas y el blindaje. Oye no bueno verdaderamente estamos hablando de que no hay verdad en su actuar no hay congruencia en el actuar o hay una línea un guion que además es de una agenda extranjera que están siguiendo en contra de las tradiciones cultura expresiones y creencias de los mexicanos. Entonces eso sí me parece muy grave y eso sí como una ciudadana tenemos que reclamar y tenemos que exigir que se conduzcan nuestras autoridades correctamente que se ocupen de lo suyo y dejen a nuestros sacerdotes que se ocupen de lo suyo. Eso me parece fundamental.
Eugenio Amézquita:
Pues yo quiero agradecerte Nancy que hayas expresado esto con tanta precisión sobre todo viniendo de una abogada porque no estamos hablando aquí nada más por hablar hay precisión en lo que se está diciendo y obviamente que no sea ni la primera ni la... es más seguido te voy a estar molestando precisamente de ciertos acontecimientos que se vayan dando y que obviamente tendremos los elementos de prueba llámense videos llámense audios porque el señor presidente dice que por escrito no le gustan, él quiere ver un video donde se vea y se oiga.
Si hay la posibilidad vamos a presentar esos elementos para que en un momento dado pues tú también los analices. A lo mejor nosotros los estamos viendo mal y resulta que están bien pero ya si tenemos otro par de ojos y otro analista pues yo creo que entonces podremos saber si estamos equivocados o definitivamente pues están sucediendo las cosas como las estamos viendo. Muchas gracias Nancy.
Nancy de Santiago:
Gracias Eugenio. Nada más para terminar yo creo que está bien lo de los audios y videos porque es la forma en que podemos tener su expresión de quien estemos analizando viva y directa o sea no interpretada sino directa tal como se dijo tal como se vio y se escuchó. Gracias.
Eugenio Amézquita:
Pues muy bien gracias a ti. Buena tarde.
Nancy de Santiago:
Buenas noches.
Eugenio Amézquita:
Buenas noches. Soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News con Nancy de Santiago.
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-El sueldo neto del funcionario tras deducciones asciende a 76,374.68 pesos mensuales.
-La información oficial fue actualizada por el área de Recursos Humanos al cierre de septiembre de 2025.
La política en México suele estar plagada de simulaciones, pero pocas son tan lacerantes como aquellas que tocan la integridad y el derecho de los menores. El caso que hoy sacude a San José Iturbide, -dado a conocer por el medio digital Periódico Noreste de Guanajuato (https://norestegto.com/demandan-por-reconocimiento-de-paternidad-a-regidor-iturbidense/ )- donde un regidor del actual Ayuntamiento enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad, no es solo un asunto de índole privada; es un síntoma de la descomposición ética que impera en los pasillos del poder municipal.
Resulta paradójico que quienes ocupan una silla en el Cabildo para vigilar la legalidad y el bienestar de una comunidad, sean los mismos que arrastran deudas morales y legales en su ámbito más íntimo. La demanda interpuesta contra el funcionario, cuya identidad se reserva por protección al menor involucrado, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la utilización de la influencia política para postergar o evadir responsabilidades que a cualquier ciudadano común le costarían el escarnio y la sanción inmediata.
El análisis de fondo no debe centrarse únicamente en la disputa biológica, sino en la calidad moral de quienes nos representan. ¿Con qué autoridad un edil puede votar reglamentos, aprobar presupuestos o exigir orden ciudadano cuando en su propia vida personal niega el derecho más elemental de un niño: la identidad? La paternidad responsable no es una opción, es un deber jurídico y humano que no debería estar sujeto a negociaciones políticas ni a tácticas de dilación procesal.
Lamentablemente, como bien se observa en la dinámica de las leyes en nuestro país, a menudo estas parecen diseñadas para proteger intereses particulares o sostener cuotas de poder antes que para garantizar el sano juicio y el sentido común. En Guanajuato, la figura del servidor público debería ser ejemplar, pero casos como este demuestran que el fuero o la jerarquía siguen operando como un escudo invisible.
La justicia iturbidense tiene ahora una oportunidad crucial. No se trata solo de un examen de ADN, sino de una prueba de fuego para el sistema judicial y para el propio Ayuntamiento. Mantener en el cargo a alguien que evade el reconocimiento de su propia sangre envía un mensaje de impunidad absoluta. La ética pública debe empezar por casa, y si un regidor no es capaz de ser padre, difícilmente podrá ser un representante digno de su pueblo.
El proceso legal y la solicitud de datos del Juzgado Civil
El proceso legal por reconocimiento de paternidad en contra de Celso Antonio, actual regidor del municipio de San José Iturbide, ha tomado un nuevo giro tras la intervención del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En seguimiento a lo ordenado en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de enero de 2026, el juzgado ha emitido un requerimiento formal para conocer los ingresos reales del servidor público.
La Licenciada Yessica Daniela López Macías, Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar, solicitó de manera oficial que se informe si el regidor se encuentra laborando activamente en la presente administración y, de ser así, se detalle el monto exacto de su salario y las prestaciones adicionales que recibe por su cargo. Esta medida busca asegurar la suficiencia de los recursos para el cumplimiento de las posibles obligaciones derivadas del juicio promovido por la parte actora, Araceli.
La autoridad judicial fue enfática al establecer un periodo de tres días hábiles para la entrega de dicha información, contados a partir de la recepción del documento emitido el 13 de enero de 2026. En caso de omisión o retraso por parte de la autoridad municipal responsable de la nómina, se aplicará una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, como medida de apercibimiento legal.
Lo que percibe el regidor en la actualidad
En un ejercicio de transparencia administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato reveló los detalles salariales correspondientes al ayuntamiento de San José Iturbide para el ejercicio 2025. Los datos oficiales arrojan luz sobre las percepciones de los integrantes del cabildo, destacando el caso del regidor Celso Antonio.
De acuerdo con el tabulador de sueldos reportado por la unidad de Recursos Humanos, el funcionario, adscrito al área de regidores bajo el nivel de puesto 0, tiene asignada una remuneración mensual bruta de 101,414.40 pesos. Tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones de ley, el monto neto que percibe el servidor público se sitúa en 76,374.68 pesos mensuales.
El reporte detalla que este periodo informativo abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, periodo en el cual el regidor se desempeña como regidor en la actual administración municipal. La actualización de estos datos, disponible para consulta pública, fue validada el 30 de septiembre del año en curso, garantizando el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos destinados a la nómina del servicio público iturbidense.
Transcripción de requerimiento judicial
"Por el presente y en cumplimiento a lo ordenado en audiencia preliminar de fecha 12 de enero de 2026, celebrada dentro del expediente al rubro citado, referente al Juicio Oral Ordinario, promovido por Araceli en contra de Celso Antonio sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, le requiero a Usted para que informe, dentro del término legal de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que reciba el presente, si Celso Antonio con CURP [censurada] se encuentra laborando como regidor en funciones dentro de la Administración Municipal de San José Iturbide, Guanajuato periodo 2024-2027 y en caso afirmativo el monto del salario más prestaciones que percibe por concepto de su trabajo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le concede, se le aplicara una multa de 10 unidades de medida y actualización, multa que asciende a la cantidad de $1,131.4 (mil ciento treinta y un pesos 4/100 M.N)."
"Le reitero las seguridades de mi consideración y respeto."
"ATENTAMENTE
San José Iturbide, Guanajuato a 13 de enero del 2026."
"Licenciada Yessica Daniela López Macías.
Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar."
Las violaciones a la ley en que está incurriendo el regidor
Con base en los hechos descritos y la normativa vigente en el estado de Guanajuato, la conducta del regidor Celso Antonio y el proceso que enfrenta involucran la violación o el riesgo de incumplimiento de diversos preceptos legales.
Entre las normas se cuentan el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que es el eje central del juicio, ya que el regidor está siendo demandado por el reconocimiento de un derecho humano fundamental de un menor.
El Artículo 392 establece la obligación de los padres de reconocer a sus hijos. Al existir un juicio de Reconocimiento de Paternidad, se señala la violación al derecho de identidad del menor.
Así mismo, los Artículos 442 y 443 que regulan la obligación de proporcionar alimentos. Al ocultar o postergar su paternidad, el funcionario evade el deber de asegurar el sustento, habitación, vestido y asistencia médica para el menor.
También se encuentra el llamado Derecho a la Identidad, ya que de acuerdo con la legislación civil local, se vulnera el derecho del niño a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su filiación biológica.
Dentro de las normatividades, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que el requerimiento de la Jueza Yessica Daniela López Macías se fundamenta en las facultades de apremio para obtener la verdad procesal.
Aunque no se especifica en los documentos a quién se está pidiendo la información, todo parece indicar que es a la administración municipal o al Ayuntamiento de San José Iturbide, la jueza aplica artículos sobre Medidas de Apremio, donde el incumplimiento al requerimiento de informar sobre los ingresos en el plazo de tres días hábiles activa sanciones procesales.
De no atenderse la solicitud de la autoridad judicial, el desacato a la orden judicial de transparentar el salario conlleva una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, tanto para el regidor como para la autoridad administrativa que omita la información.
Otra norma a aplicar es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ya que como servidor público, el regidor está sujeto a principios de conducta ética y legalidad.
Artículo 7, sobre los Principios de la Función Pública: El funcionario debe actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. La falta de ética en su vida privada, al evadir una responsabilidad legal que impacta en el bienestar de terceros, contraviene el principio de honradez y la ejemplaridad que exige su cargo.
Podrían señalarse faltas administrativas No Graves. El entorpecimiento de procesos judiciales o la omisión de datos que afecten la transparencia puede ser considerado una falta administrativa según la ley de la materia.
Finalmente, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato establece el principio de interés superior de la niñez. La Constitución estatal obliga a todas las autoridades, incluido el Ayuntamiento de San José Iturbide, a priorizar el bienestar de los menores sobre cualquier interés particular o político.
¿Debe inhabilitarse al regidor incumplido?
La postura de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Guanajuato y la situación del regidor Celso Antonio en San José Iturbide se resume en silencio institucional y presión de colectivos
Hasta el momento, la dirigencia estatal de MC, encabezada por Rodrigo González Zaragoza, no ha emitido un comunicado condenatorio directo o una solicitud de licencia para el regidor de San José Iturbide. Sin embargo, fuentes cercanas al partido en la región noreste indican que existe una creciente presión interna, ya que el caso contradice la agenda de "Justicia para las Mujeres" que el partido ha promovido a nivel nacional.
La contradicción con la Agenda Legislativa
Resulta relevante que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guanajuato presentó recientemente (noviembre de 2025) iniciativas para reformar el Código Civil en materia de pensión compensatoria y fortalecer los derechos de las familias. El caso de Celso Antonio pone al partido en una posición comprometida, al tener a un representante en funciones que desacata activamente requerimientos judiciales de oralidad familiar.
El filtro de la "3 de 3" y la Ley Sabina
El partido ha defendido públicamente que sus candidatos cumplen con la Ley 3 de 3 contra la violencia. No obstante, el juicio contra el regidor es de carácter civil (Reconocimiento de Paternidad), lo que a menudo es utilizado por los equipos jurídicos de los políticos como una "laguna" para argumentar que, al no haber una sentencia penal firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no se viola técnicamente el registro.
Las posibles consecuencias internas para Movimiento Ciudadano
Dentro de los estatutos de Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria podría intervenir si se considera que la conducta del regidor daña la imagen del instituto político. En Guanajuato, con la implementación del Certificado de no deudor alimentario como requisito de permanencia en el servicio público -vigente desde octubre de 2025-, el regidor podría enfrentar una inhabilitación administrativa si se llega a una sentencia y él se niega a pagar, independientemente de la postura de su partido.
Otros políticos en Guanajuato y México con la misma actitud del regidor Celso Antonio
El fenómeno de los políticos señalados por incumplimiento de paternidad o pensiones alimenticias ha cobrado una relevancia crítica con la implementación de la Ley Sabina y la Ley 3 de 3 contra la violencia. Estos mecanismos buscan impedir que agresores o deudores ocupen cargos de elección popular o empleos en el servicio público.
Entre los antecedentes de sonados casos similares, se tienen:
-Jorge Antonio Rodríguez Medrano (Guanajuato Capital): Durante el proceso electoral de 2024, el entonces candidato de Morena a la alcaldía enfrentó un juicio por reconocimiento de paternidad. Una jueza ordenó pruebas de ADN ante su inasistencia a citatorios, lo que generó denuncias de colectivos feministas bajo los principios de la Ley Sabina.
-Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Diputado Federal por Guanajuato): En marzo de 2025, el legislador fue objeto de una protesta simbólica en el INE. Tres consejeras electorales abandonaron la sesión durante su toma de protesta debido a las acusaciones de paternidad incumplida y adeudos de pensión alimenticia.
-Luis Alberto Carballo (Estado de México): En un fallo histórico, el Tribunal Electoral revocó su diputación federal ganada en 2024. Se determinó que era inelegible por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos, sentando un precedente sobre la obligatoriedad de la solvencia legal para legislar.
-Alberto "N" (Alcalde de Tlanalapa, Hidalgo): En 2024, se reportó que el edil acumulaba más de 20 meses de incumplimiento de pensión alimenticia a pesar de una orden judicial que le obligaba a aportar el 20% de su sueldo.
-Aspirantes en Chiapas (Proceso 2021): El Instituto de Elecciones de Chiapas detectó a 26 candidatos con denuncias por violencia familiar o incumplimiento de manutención, lo que obligó a los partidos a retirar registros o exigir pagos inmediatos.
Desde octubre de 2025, en Guanajuato es obligatorio para los servidores públicos contar con un estatus limpio en el padrón de deudores, como parte de las políticas de integridad del estado.
