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Aristegui Noticias

-El texto del documento que evidencia cómo López Obrador sí dejó ver que está involucrado en el huachicol fiscal, plasmado en la Mesa de Análisis Aristegui, Figueroa y Avosta Naranjo
-El huachicol fiscal es el desfalco más grande en la historia de México, superando a Segalmex, Oderbrecht o la Estafa Maestra.
-$554,000 millones de pesos de IEPS se robaron en el sexenio de López Obrador por el huachicol fiscal. Es dinero que evitó crear hospitales y muchas obras más.
-La cifra robada de IEPS, más IVA y sobreprecio, es un "negocio criminal gigantesco" que supera los 500,000 millones de pesos.
-El desfalco equivale a diez Segalmex por año. Lo que no entró a las arcas públicas se tradujo en falta de escuelas y medicinas.
-El expresidente López Obrador supo del fraude por Cabeza de Vaca, pero no actuó. El negocio fue "expropiado" para Morena.
-El crimen organizado en el huachicol fiscal se organizó y operó por primera vez "desde el gobierno", no solo extorsionándolo.
-La Marina y la Secretaría de Gobernación estuvieron vinculadas al esquema de huachicol fiscal, según la denuncia de Alfredo Figueroa.
-El exgobernador Cabeza de Vaca denunció a 14 líderes criminales en Tamaulipas ante AMLO en 2020 y pidió ayuda para detenerlos.
-La petición de Cabeza de Vaca a López Obrador se hizo con un oficio en mano, el 8 de julio de 2020, en Ciudad Victoria.
-El presidente se disgustó con la información de Cabeza de Vaca, y la entregó a la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
-La evidencia de este desfalco podría implicar la salida de Morena del sistema de partidos, según la legislación existente.
-No se otorgó apoyo federal a Cabeza de Vaca para detener a los criminales. Peor aún, la Federación liberaba a los detenidos por el estado.
-Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas, fue señalado por poner al hermano de Sergio Carmona en las aduanas de Tamaulipas.
-Peralta, el mismo que facilitó el huachicol en aduanas, se fue a la oficina de Mario Delgado como administrador de Morena.
-Existe una liga directa de la delincuencia organizada con el partido político Morena para financiar sus campañas.
-Porfirio Muñoz Ledo ya había acusado a Mario Delgado de usar recursos y un avión de Sergio Carmona, el "rey del huachicol".
-La mitad del tráfico de mercancías entre México y EEUU pasa por Tamaulipas, volviéndola la plaza clave para el huachicol fiscal.
-Los camiones pasaban vacíos por la aduana y regresaban vacíos, pero al ser detenidos en retenes, venían llenos de combustible.
-El huachicol fiscal es posible solo después de la reforma energética de 2017 que permitió a particulares importar gasolinas.
-Antes de 2017, solo Pemex podía importar gasolinas. El huachicol fiscal no puede atribuirse a la administración de Calderón.
-Las denuncias formales del exgobernador de Tamaulipas contra el huachicol existían desde 2019, contradiciendo a la 4T.
-La detención de capos en Tamaulipas fue por delitos del fuero común, ya que la Federación no colaboraba en el combate al huachicol.
-El robo asciende a 554,000 millones de pesos solo por el IEPS no pagado, según cálculos de la Alianza Federalista de Gobernadores.
-La cifra de delitos no declarados entre 2019 y 2024 asciende a 120 mil millones de litros de combustible.
-El negocio criminal tiene triple beneficio: sobreprecio de la gasolina, no pago de IEPS y no pago de IVA (cerca de 50 mil millones al año).
-El dinero robado al erario público es un robo directo al patrimonio de los ciudadanos, en medicamentos y servicios.
-La impunidad discursiva, donde no hay consecuencias por mentir o liberar delincuentes, ha creado un "cártel organizado desde el gobierno".
-El gobierno de Tamaulipas tuvo que recapturar a delincuentes que la Federación había liberado, lo cual enfureció a AMLO.
-Los gobernadores de oposición que se "doblaron" ante el presidente fueron premiados con embajadas. Los que no, fueron perseguidos.
-La coptación de gobernadores de oposición para entregar plazas es el planteamiento de la relación entre poder y huachicol.
-La actual investigación se desata por la "presión norteamericana" y no por una convicción interna del gobierno mexicano.
-La mentira de cero corrupción y cero impunidad de la 4T es desmentida por el caso de huachicol fiscal.
-El exgobernador pidió formalmente a AMLO girar instrucciones para que la Federación concurriera en la búsqueda y captura de los capos.
-La Fiscalía General de la República (FGR) fue notificada de las detenciones desde 2019, pero las pipas seguían circulando.
-El expresidente Andrés Manuel López Obrador se presentó como símbolo anticorrupción; el huachicol fiscal es el contraste.
-La opacidad del régimen ha destruido la esperanza de cambio democrático en México que mucha gente tuvo en 2018.
-El maquiavelismo político, donde el fin justifica los medios, se evidenció al usar recursos criminales para llegar y mantenerse en el poder.
-La relación del narco con el gobierno es "peligrosísima" y existe una obligación ética de no callar ante el desfalco.
-El problema del huachicol se dimensionó al pasar de pipas a vagones de tren y finalmente a buquetanques.


La conversación pública en el Programa de Aristegui Noticias, ha revelado el entramado del huachicol fiscal en México, un caso que se posiciona como el desfalco al erario más grande en la historia reciente, superando en montos a escándalos como Segalmex, Oderbrecht o la Estafa Maestra.

Las cifras son contundentes: $554,000 millones de pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no cobrados en el sexenio, una cantidad que, sumada al IVA y al sobreprecio del combustible robado, configura un "negocio criminal gigantesco". Este dinero, destinado a las arcas públicas, se perdió en hospitales, escuelas y medicinas.


Lo más grave es la acusación de que este no fue un caso de corrupción externa, sino de una estructura operando "desde el gobierno". El huachicol fiscal se organizó y se convirtió en el principal negocio de la delincuencia organizada, superando al narcotráfico, inmediatamente después de la reforma energética de 2017 que permitió a particulares importar gasolina.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento formal del desfalco desde 2020. El entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó un oficio en mano al presidente, con una lista de 14 líderes criminales y órdenes de aprehensión ya giradas por su gobierno. El propósito era solicitar la colaboración federal para detenerlos. Sin embargo, en lugar de actuar, el presidente se disgustó, y la colaboración nunca llegó. Testimonios señalan que el gobierno federal liberaba a delincuentes que el estado lograba detener.


La investigación apunta a una captura política con consecuencias directas en la democracia. Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas (donde puso al hermano del "rey del huachicol", Sergio Carmona), pasó a ser administrador en la oficina del presidente de Morena, Mario Delgado. Esto establece una "liga directa" de la delincuencia organizada con el partido, vinculando los recursos ilícitos del huachicol con el financiamiento de las campañas.

Ante la falta de acción interna, la actual investigación y decomisos se han desatado bajo la "presión norteamericana". La Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones, que desde 2019 conocían las denuncias, ahora reaccionan. El contraste es brutal: el presidente que prometió terminar con la corrupción habría "expropiado" el huachicol para su propio partido. La impunidad discursiva, donde no hay consecuencias legales por las promesas falsas o la liberación de criminales, ha normalizado un maquiavelismo político donde el fin de conservar el poder parece justificar el uso de recursos criminales. Este cinismo institucionalizado amenaza con destruir la confianza democrática y lleva a cuestionar la legitimidad de la llegada al poder de un partido financiado de esta manera. Existe una obligación ética de no callar ante lo que se describe como una "relación del narco con el gobierno" peligrosa para toda la sociedad. 

La Mesa de Análisis Aristegui-Figueroa-Acosta Naranjo

En la Mesa de Análisis y con documentos concretos, Carmen Aristegui, Alfredo Figueroa y Guadalupe Acosta Naranjo evidencian cómo en Tamaulipas el Gobierno Federal, bajo la presidencia de AMLO, fastidió al entonces gobernador tamaulipeco por las acciones y detenciones que estaba realizando cuando comenzó el problema del llamado huachicol fiscal.



Aristegui:
Voy a leer, propongo Guadalupe Acosta Naranjo, Alfredo Figueroa, este documento, porque este es un documento sumamente importante del que nos habló el exgobernador de Tamaulipas en este programa y que hoy Acosta Naranjo ha traído a nuestro estudio. Este es un documento sumamente importante porque es justamente el documento dirigido con nombre y apellido a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal. Es el documento que firma Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas. Es el oficio número OE-040/2020 que, en propia mano, dicho por Cabeza de Vaca, le entrega el gobernador de Tamaulipas al presidente de México en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 8 de julio de 2020. Nos narró el gobernador, el exgobernador, cómo fue esta escena. Ahora Guadalupe la comentará más ampliamente, pero nos narró el gobernador cómo fue esta escena.

Este documento que hoy tenemos, este documento que está en poder de este espacio, se le entregó en propia mano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Así se le dio y el presidente, según el dicho del gobernador, se disgustó. Ahora nos contará más Guadalupe qué le dijo el gobernador al presidente, esto que fue recibido por la Secretaría de Gobernación porque la escena fue así. En propia mano. El gobernador le dio al presidente, el presidente, dice el gobernador, se disgustó, pero este documento que hoy tenemos se lo entregó al correspondiente responsable que era Olga Sánchez Cordero, quien por cierto tiene copia de este documento y que era entonces la secretaria de Gobernación.

Aristegui:
¿Qué le dijo García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, al presidente de México en esa fecha? Vamos a testar los nombres por obvias razones, porque son los delincuentes directamente relacionados con el crimen organizado en Tamaulipas. ¡Imagínese lo que significa este documento, que es una bomba! Lo que recibió el presidente de la República era que estos nombres y apellidos en Tamaulipas ya habían sido investigados y girado órdenes de aprehensión que había que cumplir. Y era la petición expresa del gobernador de Tamaulipas al presidente de México: ayude la Federación a Tamaulipas a detenerlos, cosa que hasta donde sabemos no ocurrió. Pero el presidente tuvo toda esta información en su poder y en este documento.

Dice lo siguiente: "Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Poder Ejecutivo Federal, Presente. Desde el inicio de mi administración asumí que la seguridad de las y los tamaulipecos sería la prioridad fundamental de nuestra acción de gobierno. Durante muchos años, las autoridades locales fueron parte del problema. Alcaldes y gobernadores toleraron, protegieron y en algunos casos se coludieron con las organizaciones criminales. La complicidad institucional es sin duda, una de las causas de la violencia que se desató en la entidad, debido a que los delincuentes no solo se disputaban entre sí las rutas, las plazas y los negocios, sino que lograron penetrar y capturar las estructuras del gobierno que debían proteger a los ciudadanos. Además de fortalecer las capacidades institucionales y de aumentar y profesionalizar a la policía local, nuestro gobierno, a través de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y con pleno respeto a su autonomía, ha integrado distintas carpetas de investigación y ha obtenido órdenes de aprehensión en contra de los principales líderes de las organizaciones criminales con presencia en el Estado, las cuales se encuentran aún pendientes de cumplimiento y se anexan las copias certificadas. Y vienen aquí los nombres y apellidos.

Los sujetos y las organizaciones se enlistan a continuación." Y entonces vienen aquí nombres y apellidos de los cárteles, el del Noreste, Nuevo Laredo, y otros que están aquí referidos. Se hacen algunas acotaciones en pies de página en donde se dice que es importante advertir que hasta el momento solo se tiene evidencia de contactos y comunicaciones esporádicos con algunos nombres. Hay algunas apreciaciones ahí y algunos detalles que se ponen en pie de página, pero le pone aquí los nombres y apellidos de los líderes delincuenciales en Tamaulipas. Vienen aquí el Cártel del Golfo, viene pues otros de Reynosa, de Matamoros, los de San Fernando, los de Mante, los de Aldama, Abasolo, Jiménez, en fin, las localidades específicas en donde desarrollan sus actividades criminales o desarrollaban en ese momento actividades criminales en Tamaulipas. Dicho esto por el gobernador, lo que dice aquí es que hay órdenes de aprehensión que deben ser cumplidas y como él mismo narró, pues se lo entregó al presidente para que la Federación colaborara.


Acosta Naranjo: 
Y la parte final, léele la parte final porque es...

Aristegui: Déjame terminar aquí para que entonces el público conozca lo que recibió de propia mano el presidente mexicano. "Debo destacar", le dijo el gobernador tamaulipeco, "que en el transcurso de mi administración se han realizado algunas detenciones por parte de la Federación, pero que desafortunadamente terminaron en la liberación de los presuntos delincuentes. Gracias al apoyo de la Fiscalía del Estado se logró su recaptura y hoy se encuentran enfrentando la justicia." Y ahí viene un relato breve de esos casos que está mencionando y pues están aquí nombres y apellidos que estamos aquí testando para que pues esta investigación que suponemos debería estar en curso pues no sea obstaculizada.

Acosta Naranjo: 
La parte del problema, Carmen, de que él le dice, "Ustedes lo sueltan y yo los tengo que volver a agarrar."

Aristegui: 
No, "como puede usted apreciar", le dice el gobernador tamaulipeco al presidente, "como puede usted apreciar, las instituciones de mi gobierno han apoyado y colaborado en todas las ocasiones en las que la Federación ha requerido de nuestra participación. Los ejemplos antes referidos ponen en su justa dimensión la importancia de fortalecer nuestra colaboración para contener la capacidad de daño de las organizaciones criminales y en particular de sus liderazgos. Ahora bien, en las mesas de seguridad en las que se coordinan las decisiones operativas y de inteligencia entre la Federación y el Estado de Tamaulipas, mi gobierno ha insistido en la importancia y necesidad de ejecutar a la mayor brevedad posible las órdenes de aprehensión anteriormente enumeradas. La detención de estos presuntos delincuentes permitirá reducir significativamente la actividad criminal de estas organizaciones y, en particular, la violencia que desatan en nuestras comunidades, así como obtener información relevante sobre el comportamiento criminal que despliegan en el Estado y en el país. De conformidad con los principios de concurrencia y colaboración", le dice en esta carta a López Obrador, Cabeza de Vaca, "en conformidad de esto en materia de seguridad pública previstos en el artículo 21 de la Constitución y conformidad de las atribuciones que le confiere a usted los artículos, tales, fundamentales. Le solicito atentamente", le dice el gobernador al presidente López Obrador, "le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a las dependencias y entidades que correspondan a efecto de que la Federación concurra al esfuerzo de búsqueda y captura de las personas antes referidas y por tanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión judicialmente determinadas. Lo anterior en el ánimo de cooperación y colaboración que exige nuestro pacto federal para enfrentar el enorme desafío de la seguridad en México. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", con el sello del gobierno de la oficina del gobernador y el sello de recibido de la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese momento por Sánchez Cordero y recibido, dijo el gobernador Cabeza de Vaca en este programa, exgobernador, en propia mano por parte del presidente López Obrador. Está recibido y está el testimonio del exgobernador de que le dio él al presidente este documento, Guadalupe Acosta Naranjo.

Acosta Naranjo: 
Y él se la... se lo da a Olga y Olga es quien su oficina recibe. En ese momento estaban todos sentados juntos, parte del gabinete de Francisco y parte del gabinete, parte del gabinete de Francisco y parte del gabinete del presidente de la República, que efectivamente, me lo comentó Francisco, se molestó mucho, su cara se descompuso porque esta parte que te decía al final donde relata cómo algunas detenciones que había hecho el Gobierno Federal lo volvían a dejar en libertad y Francisco los tenía que volver a agarrar y le relata uno por uno.

Aristegui: 
Y las detenciones fueron por Tamaulipas y luego los liberaban o cómo...

Acosta Naranjo: 
Los detenía el Gobierno Federal. Hizo algunas detenciones de algunos delincuentes que luego fueron liberados y Francisco los volvió a agarrar y los volvió a entregar. Y entonces por eso le pedía ahora colaboración, oye, no solamente por escrito y diciendo cada uno de los casos, relatando cada uno de los casos. Eh, Carmen, aquí está la explicación por qué algunos gobernadores terminaron de embajadores y otros son perseguidos políticos.

Aristegui: 
Uy, uy, uy, uy, uy.

Acosta Naranjo: 
Los embajadores son los que se doblaron ante Andrés Manuel y los perseguidos políticos son los que defendieron la autonomía de sus estados. Pues a ver, lo que estás declarando es este, me parece de una enorme gravedad, porque en realidad lo que dices es que hubo una captura...

Acosta Naranjo: 
Claro.

Alfredo Figueroa: 
De una organización política,

Acosta Naranjo: 
Cooptación política,

Alfredo Figueroa: 
Cooptación o captura con la anuencia de quienes entonces eran en muchos casos gobernadores de la oposición, es decir, gobernadores que pertenecían a partidos distintos que los del presidente de la República, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito, con qué objeto? Pues evidentemente entregar plazas, particularmente en el norte del país, pero bueno, en otros lugares también para obtener beneficios para su propio partido político. Este es el planteamiento que estarías poniendo sobre la mesa, Guadalupe.

Acosta Naranjo: 
¿Y quién era en ese momento el subsecretario ya de Gobernación? Ricardo Peralta, que había estado primero en aduanas y que le había entregado al hermano de Sergio Carmona las aduanas de Tamaulipas. ¿Y dónde se fue después de salir de secretario de subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta? A la oficina de Mario Delgado. Ahí está toda esta relación delincuencial ligada al partido político Morena y aprobado por el presidente de la República. Eso es la realidad.

Alfredo Figueroa: 
La enorme paradoja. A ver, yo digo aquí varias cosas. Yo creo que en el 2018, buena parte del país o una parte muy importante del país decidió apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, porque había una promesa política y una esperanza asociada a que desaparecieran los ejercicios de corrupción en México. El presidente de la República, el entonces candidato, que lo fue, lo supimos tres ocasiones, candidato a la presidencia, se presentaba a sí mismo como un símbolo de una persona que no iba a robar, que iba a terminar con los procesos de corrupción en México. Y por eso el golpe de realidad y el contraste que expresa un caso como el del huachicol fiscal y los vínculos con su partido y todo este entramado que hemos ido conociendo del que nos vamos aproximando, es de un extraordinario contraste, Guadalupe, con ese planteamiento, ¿no? Con gente bien intencionada que en el 2018 dijo, "yo apostaré por esto." Y de pronto estas revelaciones del monto del que estamos hablando, de los implicados, del presidente de un partido, de los gobernadores, de cómo doblegas a parte de la oposición y la terminas volviendo cargos en el, les vas dando cargos en el extranjero como embajadores, cómo vas cooptando al sistema de partidos, qué régimen estás produciendo y cómo lo estás financiando es algo absolutamente distinto, pienso yo, a lo que muchas personas mexicanas y mexicanos esperanzados en el 2018 votaron buscando un cambio que fuese un cambio en favor de la transparencia, en favor de la justicia en México y que pasados estos 7 años no han encontrado en este régimen que se produce, sino lo contrario en una parte y una destrucción de instituciones y de la búsqueda de un cambio democrático en México.

Acosta Naranjo: 
Estamos en un proceso de destrucción acelerada de las instituciones democráticas en México desde el poder presidencial. Ese es el proceso que estamos viviendo. ¿Por qué hoy está el huachicol como escándalo? Por la presión norteamericana, no por ninguna investigación interna, porque desde 2019, 2020 están las denuncias presentadas.

Aristegui: 
Déjame poner aquí si me ayuda la producción. Lo que dijo Rosa Icela Rodríguez ayer, la secretaria de Gobernación, es este momento donde ella dice va a haber bastantes procesados por el tema de fiscal. Eh, dice algo así como hay algo inocultable, algo así, una expresión de ese tipo. Ella está diciendo que es una investigación de México, está contradiciendo lo que está diciendo aquí actualmente y ella está diciendo, fue el propio secretario de la Marina actual que dio un mensaje y dijo que había habido un golpe de timón. Es la expresión que usa golpe de timón, es el que tenemos en nuestro recuento de temas importantes y Rosa Icela ahí dice, "Habrá bastantes procesados por el huachicol fiscal." Déjame recuperar esta frase que dice exactamente lo contrario a lo que tú dices.

Video Rosa Icela: 
"También, eh, decirlo, porque estoy en tiempo, sobre el huachicol fiscal. En los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. No se trata de un eslogan, sino de una realidad, de un compromiso que tenemos en la población. Hay un hecho ineludible: las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y están teniendo los castigos correspondientes. Nosotros no pactamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley. Sobre el tema de huachicol, el secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía. Hoy no esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde para hacer justicia, porque nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo. Además, en este tema están trabajando en coordinación la FGR, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación en la identificación de empresas y particulares que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley. No, no se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata."

Alfredo Figueroa: 
Son con la anuencia de la presidenta de México. Pregunto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿está a favor de que se hagan estas investigaciones aunque terminen implicando al propio expresidente de la República, que es su mentor, el que la trajo al poder, el que utilizó todos los recursos para que ella fuera presidenta? La pregunta es, esto que estamos viendo surgir, que decían, estamos haciendo la investigación desde aquí, etcétera, es con la anuencia de la presidenta de la República, porque la información que tiene Televisa, perdón, no la puede tener la oposición, es información fiscal. ¿De dónde vino la información fiscal?

Aristegui: 
El "Pato Mayor", dice Adán Augusto.

Alfredo Figueroa: 
Del "Pato Mayor". Yo no sé quién sea el "Pato Mayor". Guadalupe, a lo mejor Guadalupe conoce a muchos patos, pero yo yo no sé cuál sea el mayor o el menor. Es...

Guadalupe Acosta Naranjo: 
Omar Harfuch. Así. Sin duda que no era como un vampiro. Es Omar Harfuch.

Aristegui: 
Tú dices...

Acosta Naranjo: 
Yo, toda mi conclusión por el conocimiento del asunto es que Omar está obligado a responderle a los Estados Unidos.

Aristegui: 
Se acabó el tiempo y no el programa porque tienes muchos ángulos todavía que abordar. Alfredo y Guadalupe. Nos vamos ya porque se acabó el programa, pero necesitamos volver a sentarnos porque además de lo que ya han dicho y del documento que hemos mostrado aquí, esta carta que le entregó Javier García Cabeza de Vaca a López Obrador, nos has compartido también un video, un video que nos ha mostrado esta mañana, que lo vamos a revisar y analizar y a conversar contigo para tener el alcance del asunto. Los invito de nuevo a ver si mañana, pasado, pongámonos de acuerdo ahorita porque este es un tema que quedó expuesto de esta forma y es el tema más importante por donde quiera que se le vea de lo que hoy está pasando en México en este primer aniversario de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder.

Acosta Naranjo: 
Carmen, no más yo quisiera decir antes: tenemos la obligación ética de no callar.

Aristegui: 
Obligación ética de no callar.

Acosta Naranjo: 
De hablar, de decir, de denunciar. Porque la relación del narco con el gobierno es peligrosísima para toda la sociedad y tenemos que disociarlo. Y mira que es un tema tan delicado. Pregúntale a los marinos que han muerto después de estas denuncias. Es un tema muy delicado, pero tenemos la obligación ética de no callar.

Aristegui: 
Gracias Guadalupe por estar aquí. Gracias Alfredo.

Alfredo Figueroa: 
Gracias, Carmen.

Aristegui: 
Gracias a usted que nos permitió acompañarle.
#MetroNews


Redacción

-La mentira es la herramienta más eficaz para obtener y conservar el poder. La recompensa es el voto, no la coherencia.
-El sistema electoral premia al político que convence y miente, no al que dice la verdad. El engaño está institucionalizado.
-La mentira es una estrategia electoral, no un error moral. El político puede modificar su discurso sin enfrentar consecuencias.
-Los políticos apelan a emociones (miedo, esperanza) porque la mentira es simple y moviliza más rápido que los datos.
-Los votantes tienden a aceptar mentiras que refuercen sus creencias. El sesgo de confirmación protege al mentiroso.
-La verdad es impopular y costosa en votos. El político prefiere mentir para evitar el rechazo y proteger su imagen.
-No existen sanciones legales por incumplir promesas. La impunidad discursiva convierte la mentira en táctica legítima.
-La política atrae a líderes con rasgos narcisistas o psicopáticos que mienten sin sentir culpa ni remordimiento.
-La mentira se difunde más rápido que su desmentido. El político usa el impacto inicial para posicionar su narrativa falsa.
-El marketing político sacrifica la verdad por un *slogan* simple y atractivo. La política se convierte en un espectáculo.
-La mentira se convierte en **escudo contra la rendición de cuentas**. El interés personal o partidista prevalece sobre el público.
-El maquiavelismo valida la mentira como herramienta para la estabilidad del Estado. Para este, el fin justifica los medios.
-El político miente para simplificar problemas complejos, vendiendo ilusiones y respuestas rápidas a un electorado.
-El entorno digital amplifica las mentiras polarizadas. El político explota la fragmentación y la "verdad" tribal.
-El cinismo político se ha normalizado: muchos votantes asumen que todos los políticos mienten. La mentira no tiene costo.

El uso de la mentira por parte de los políticos es una estrategia racional, eficaz y sistémica, más que un fallo moral. Los políticos mienten para obtener y conservar el poder, aprovechando que el sistema no penaliza las promesas falsas. Explotan la psicología del votante, apelando a emociones y reforzando los sesgos de confirmación para simplificar problemas complejos. El engaño se perpetúa porque la impunidad discursiva y el cinismo normalizado lo hacen rentable, incluso atrayendo a líderes con rasgos narcisistas o psicopáticos. Históricamente, desde Maquiavelo, el engaño se ha visto como una "táctica necesaria" para el control, debilitando la transparencia y la confianza democrática.

Los políticos mienten porque la mentira es una herramienta eficaz para alcanzar el poder. Prometen lo que saben que no cumplirán, apelando a las esperanzas del electorado. Una vez en el cargo, pueden modificar sus posturas sin consecuencias inmediatas. La mentira se convierte en estrategia electoral, no en error. El sistema político permite esta flexibilidad discursiva. La recompensa es el voto, no la coherencia. Muchos votantes priorizan la promesa sobre la trayectoria. La mentira se camufla como “discurso político”. Incluso los desmentidos públicos no afectan su base electoral. El poder se sostiene más por percepción que por verdad. (https://psicologiaymente.com/social/por-que-mienten-politicos)

La política moderna se basa en narrativas emocionales. Los políticos exageran logros, minimizan errores y construyen relatos que movilizan afectos. La verdad suele ser compleja y aburrida; la mentira es simple y seductora. Las emociones generan adhesión más rápida que los datos. El votante responde mejor a la esperanza, el miedo o el orgullo. Por eso, los discursos se llenan de frases efectistas. La mentira emocional no busca informar, sino persuadir. Incluso cuando se desmiente, el impacto emocional ya fue sembrado. La política se convierte en espectáculo. La ciencia lo confirma: el cerebro responde más a lo emocional que a lo racional. (https://www.eltiempo.com/cultura/gente/por-que-los-politicos-dicen-mentiras-la-ciencia-explica-las-razones-desde-la-psicologia-3372726 )

Las reglas del juego político no penalizan la mentira. No hay sanciones legales por prometer y no cumplir. El sistema electoral premia al que convence, no al que dice la verdad. Las campañas se basan en marketing, no en veracidad. Los partidos toleran el engaño si trae votos. La mentira se institucionaliza como parte del proceso. Incluso los debates públicos permiten afirmaciones falsas sin corrección inmediata. La impunidad discursiva genera cinismo. El electorado se acostumbra y normaliza el engaño. La mentira se convierte en táctica legítima. (https://presslatam.cl/2024/11/los-politicos-mienten-por-que-les-creemos/)

La psicología social muestra que las personas filtran la información según sus creencias. Si un político miente, pero la mentira refuerza lo que el votante ya cree, será aceptada. Este sesgo de confirmación protege al mentiroso. La verdad incómoda se rechaza; la mentira conveniente se abraza. Los políticos conocen este mecanismo y lo explotan. Por eso repiten falsedades que saben que su base quiere escuchar. La mentira se convierte en identidad. El votante no busca verdad, sino pertenencia. Esto perpetúa el ciclo de engaño.  

Estudios psicológicos revelan que algunos líderes políticos presentan rasgos de narcisismo y psicopatía funcional. Esto los lleva a exagerar sus virtudes y minimizar sus errores. Mienten con facilidad porque no sienten culpa. Su necesidad de admiración los impulsa a construir una imagen idealizada. La mentira es parte de su identidad pública. No buscan servir, sino ser adorados. La empatía disminuida les permite manipular sin remordimiento. La política atrae este perfil por su exposición y poder. La ciencia lo confirma: el liderazgo político tiene correlación con rasgos oscuros de personalidad.  

Cuanto más habla un político, más posibilidades tiene de contradecirse o de decir algo falso. Los discursos largos, entrevistas y debates exigen improvisación. En ese contexto, la mentira aparece como recurso para llenar vacíos o evitar errores. La presión por responder rápido favorece afirmaciones sin verificación. Además, el político se acostumbra a repetir frases sin revisar su veracidad. La saturación de palabras diluye la precisión. La mentira se vuelve automática. La ciencia lo respalda: cuanto más se habla, más se miente.  

Aunque vivimos en la era de la verificación digital, la mentira política se difunde más rápido que la corrección. Los desmentidos llegan tarde o no alcanzan a todos. Las redes sociales amplifican el mensaje original. El político sabe que el impacto inicial es lo que cuenta. Incluso si se corrige, el daño o beneficio ya está hecho. La mentira se convierte en táctica de posicionamiento. La saturación informativa impide que el público distinga lo verdadero. La mentira se camufla entre verdades parciales.  

Los políticos enfrentan problemas estructurales difíciles de explicar. La mentira ofrece soluciones fáciles y atractivas. Prometen lo que no pueden cumplir porque la verdad es impopular. La simplificación es clave en campañas. El votante quiere respuestas rápidas, no diagnósticos profundos. Por eso se recurre a frases como “todo se arregla con voluntad”. La mentira se convierte en herramienta pedagógica distorsionada. El político vende ilusiones, no planes. La complejidad se oculta tras slogans.  

Decir la verdad puede implicar reconocer errores, limitaciones o conflictos. El político evita esto para proteger su imagen. La mentira permite mantener el control narrativo. Ocultan datos que podrían perjudicar su carrera o partido. La transparencia se convierte en riesgo. Por eso se manipulan cifras, se omiten hechos o se distorsionan contextos. La mentira es escudo contra la rendición de cuentas. El interés personal o partidista prevalece sobre el deber público.  

Desde la Grecia clásica, la política ha sido definida como el arte de persuadir. Y la persuasión incluye la manipulación. Filósofos como Ortega y Gasset afirmaban que “la política es la ciencia de la mentira”. La historia muestra que los líderes han usado el engaño como herramienta de gobierno. La mentira se institucionaliza como parte del discurso. No se trata solo de falsedad, sino de construcción simbólica. El político crea realidades discursivas, no verdades objetivas.  

Muchos medios reproducen declaraciones políticas sin someterlas a verificación rigurosa. Esto permite que las mentiras se difundan como verdades. La urgencia por publicar antes que otros medios reduce el tiempo de contraste. Los políticos aprovechan esta dinámica para instalar narrativas falsas. Incluso cuando se desmienten, el daño ya está hecho. La cobertura superficial favorece la manipulación. La falta de periodistas especializados en verificación agrava el problema. Las ruedas de prensa y entrevistas se convierten en plataformas de propaganda. La mentira se normaliza como parte del ciclo informativo. El medio se convierte en vehículo, no en filtro.  

Decir la verdad sobre recortes, crisis o errores puede costar votos. Los políticos lo saben y prefieren mentir para evitar el rechazo. La sinceridad se interpreta como debilidad. El votante quiere soluciones, no diagnósticos. Por eso se ocultan datos duros o se maquillan cifras. La mentira protege la imagen del candidato. Incluso los votantes que valoran la honestidad pueden castigar al que dice verdades dolorosas. La política se convierte en una competencia de ilusiones. La verdad se vuelve impopular.  

Las campañas políticas se construyen sobre relatos emocionales. El marketing busca conectar con el deseo, no con la realidad. Por eso se exageran logros, se inventan enemigos y se promete lo imposible. La mentira se convierte en herramienta de posicionamiento. El político se transforma en personaje. La verdad se sacrifica por la coherencia narrativa. Los asesores prefieren frases efectistas a datos verificables. La política se convierte en espectáculo.  

Las emociones movilizan más que los datos. El miedo, la esperanza o el enojo activan al votante. Por eso los políticos mienten para generar reacción. La verdad suele ser fría y técnica. La mentira enciende pasiones. Las campañas se diseñan para provocar, no para informar. El político que miente con habilidad puede generar más adhesión que el que dice la verdad. La mentira se convierte en motor electoral.  

Quien promete más, aunque sea falso, suele tener ventaja en campañas. El sistema electoral premia la oferta, no la viabilidad. La mentira se convierte en estrategia de competencia. Los partidos toleran el engaño si trae votos. Las encuestas miden popularidad, no veracidad. El político aprende que mentir puede ser rentable. La manipulación se institucionaliza.  

La mentira política no está penalizada como el fraude comercial o judicial. No hay leyes que castiguen promesas falsas. El político puede mentir sin temor a sanción. La impunidad discursiva favorece el engaño. Incluso cuando se demuestra la falsedad, no hay consecuencias jurídicas. La mentira se convierte en táctica sin costo.  

Las redes sociales amplifican mensajes falsos antes de que puedan ser corregidos. El político puede instalar una mentira en segundos. La viralización supera a la verificación. Los algoritmos premian lo polémico, no lo verdadero. La mentira se convierte en contenido rentable. La corrección llega tarde o no llega. El entorno digital favorece la manipulación.  

Las audiencias buscan confirmar sus creencias, no confrontarlas. El político adapta su mentira al grupo que quiere seducir. La polarización impide el diálogo racional. La mentira se convierte en identidad. Cada grupo tiene su “verdad” emocional. El político explota esta fragmentación. La mentira se vuelve tribal.  

En términos de votos, alianzas y poder, mentir puede dar mejores resultados que decir la verdad. La transparencia exige asumir costos. La mentira protege la imagen y permite negociar sin rendir cuentas. El político aprende que la opacidad es más eficaz. La verdad se convierte en obstáculo.  

Muchos votantes asumen que todos los políticos mienten. Esto reduce el costo reputacional de hacerlo. La mentira se convierte en parte del paisaje. El cinismo protege al mentiroso. El electorado ya no exige verdad, sino eficacia. La política se degrada a juego de apariencias.  

Lo maquiavélico: La mentira es una herramienta

En su obra "El Príncipe", Nicolás Maquiavelo no habla de la mentira como un acto moralmente condenable, sino como una herramienta legítima del poder. Para él, la política no se rige por la ética tradicional, sino por la eficacia. El gobernante debe saber cuándo actuar con astucia, incluso si eso implica engañar. (https://www.elejandria.com/libro/link_descarga_libro/430/3955 )

Maquiavelo afirma que el príncipe debe saber comportarse como “zorro para conocer las trampas y como león para espantar a los lobos”. El zorro representa la capacidad de engañar, de usar la mentira estratégicamente para evitar peligros y conservar el poder.

“No es necesario que un príncipe tenga todas las buenas cualidades, pero sí que parezca tenerlas.” -  El Príncipe, capítulo XVIII

Maquiavelo sostiene que la imagen del gobernante es más importante que su conducta real. Si aparenta ser justo, piadoso y honesto, aunque no lo sea, conservará el respeto y el control. La mentira se convierte en una forma de gobernar eficaz.

En su visión, el fin justifica los medios. Si mentir, traicionar o manipular sirve para mantener el orden y la estabilidad del Estado, entonces es válido. La política exige resultados, no virtudes.

Maquiavelo no promueve el engaño constante, sino la capacidad de usarlo cuando sea necesario. El príncipe debe ser flexible, saber cuándo decir la verdad y cuándo ocultarla. La mentira es una herramienta, no una regla.

Mentir: la manera de privar al otro para decidir libremente

En la mayoría de tradiciones éticas —desde Aristóteles hasta Kant— la verdad es considerada un bien en sí mismo. Mentir, incluso por conveniencia política, implica una ruptura con la dignidad del otro, pues se le priva de información para decidir libremente.

Maquiavelo propone que el fin justifica los medios, lo que permite usar a las personas como instrumentos para conservar el poder. Esto contradice el imperativo categórico kantiano: “Actúa de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin, nunca como un medio”.

Si el gobernante miente sistemáticamente, se destruye el vínculo de confianza entre ciudadanía e autoridad. La mentira política genera cinismo, apatía y desafección democrática.

 Max Weber distingue entre quienes actúan por principios (convicción) y quienes lo hacen por resultados (responsabilidad). Maquiavelo se ubica en la segunda, pero sin límites éticos claros. Esto abre la puerta al abuso, la manipulación y la corrupción.

El maquiavelismo político permite cualquier acción si es útil para conservar el poder. Esto incluye traición, violencia, engaño y represión. Desde una ética humanista, esto es inaceptable.

Si el príncipe puede mentir por estrategia, ¿por qué no el ciudadano? El modelo maquiavélico crea una moral asimétrica: el poder se exime de los valores que exige a los demás.

Muchos líderes actuales adoptan tácticas maquiavélicas: manipulan datos, simulan virtudes, ocultan errores. Esto debilita la democracia, pues transforma el debate público en espectáculo.

Cuando la mentira se institucionaliza, los ciudadanos dejan de creer en partidos, gobiernos y medios. Esto favorece el populismo, la radicalización y el autoritarismo.

Frente al maquiavelismo, se propone una ética pública basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la verdad como base del contrato social.

El pensamiento maquiavélico sobre la mentira en política puede ser útil para entender cómo funciona el poder, pero no debe ser aceptado como modelo normativo. Desde una perspectiva ética, la mentira sistemática en el gobierno es incompatible con la dignidad humana, la justicia social y la democracia auténtica. El desafío contemporáneo es construir liderazgos que combinen eficacia con integridad. #MetroNewsMx


Redacción

-Ramírez Sánchez pide a criminales que respeten “códigos”, como si el crimen tuviera ética válida frente al Estado de Derecho.  
-El alcalde normaliza la violencia al pedir que no maten familiares, en lugar de exigir justicia y aplicar la ley.  
-Reconocer “chismes” sobre corrupción en Tránsito sin activar investigaciones revela omisión institucional grave.  
-El discurso oficial apela a códigos mafiosos, no a principios constitucionales ni protocolos de seguridad pública.  
-El mensaje del edil sugiere que el crimen tiene reglas respetables, debilitando la autoridad del gobierno municipal.  
-En vez de proteger a los agentes, el alcalde pide moderación al crimen, mostrando debilidad institucional y ética.  

El discurso del alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reproducido por El Sol del Bajío en la nota "Alcalde de Celaya tiene hipótesis sobre los ataques a tránsitos: "son temas de dinero"" (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/asesinato-de-policias-de-transito-en-celaya-alcalde-responde-a-los-ataques-25935033 ) plantea una serie de preocupaciones éticas, institucionales y comunicativas que merecen un análisis profundo. 

Su llamado a que los grupos delincuenciales “respeten los códigos de antes, como en las películas” no solo es polémico, sino que revela tensiones graves entre el poder civil, la seguridad pública y la narrativa política frente al crimen organizado.

El lenguaje simbólico: “como en las películas”

La frase “respeten los códigos de antes, como en las películas” introduce una narrativa peligrosa: la romantización del crimen. Al evocar códigos de honor mafiosos —como los que se ven en películas tipo El Padrino o Scarface— el alcalde no solo humaniza a los delincuentes, sino que les reconoce una lógica interna, casi ética, que debería ser respetada.

Esto plantea dos problemas. Primero, que normaliza la violencia como parte de un sistema de reglas no escritas. Segundo, desvía el foco del Estado de Derecho, sugiriendo que el crimen puede autorregularse si se apega a “códigos”.

En lugar de reafirmar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, el alcalde parece pedirle al crimen organizado que se comporte “con decencia”, algo muy semejante a lo que hacía el expresidente de la república López Obrador.

Ejemplo de ellos fueron las frases que el macuspano dirigió —de forma directa o simbólica— a la delincuencia organizada durante sus conferencias mañaneras, especialmente en el contexto de su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”. Varias de ellas fueron interpretadas como llamados a “portarse bien”, apelando incluso al afecto maternal: “Abrazos, no balazos”, “Pedirles a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos”, realizada el dos de julio de 2019. AMLO apeló a las madres para que intercedieran ante sus hijos involucrados en actividades delictivas.

“Ahí andan las mamacitas sufriendo... ya chole con eso”, del 12 de julio de 2019, en donde reconocía el dolor de las madres por la violencia y pedía a los delincuentes que recapacitaran. “Piensen en sus mamacitas”, del 9 de septiembre de 2019. Llamado emocional para que los criminales consideraran el sufrimiento de sus madres.

Y finalmente: “Al carajo la delincuencia… ¡fuchi, guácala!” fue pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 17 de octubre de 2019, durante una conferencia mañanera posterior al operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, conocido como el “culiacanazo”, en el que se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. frase polémica que buscaba deslegitimar moralmente al crimen, aunque fue criticada por su tono simplista ante la gravedad y conmoción que causó ese hecho.

¿Es válido que un alcalde dialogue simbólicamente con la delincuencia? Desde el punto de vista legal y ético, no es válido ni correcto que un alcalde emita mensajes que puedan interpretarse como negociación, reconocimiento o apelación directa a grupos criminales. 

El Artículo 115 constitucional establece que los municipios deben garantizar la seguridad pública bajo principios de legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Además, el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas exige que los servidores públicos se conduzcan con integridad y profesionalismo. Apelar a “códigos del crimen” puede interpretarse como una falta de respeto a las víctimas, una banalización de la violencia y una omisión del deber de proteger.

El contexto institucional: corrupción interna y homicidios

El alcalde reconoce que hay “chismes” sobre corrupción dentro de la Dirección de Tránsito, donde agentes presuntamente recaudaban dinero y lo repartían en cadena hasta llegar a mandos superiores. Esta declaración, aunque informal, implica el reconocimiento de una red de corrupción institucional y la hipótesis de que los ataques son represalias por no pagar “cuotas”.

Si esto es cierto, el municipio debería estar activando mecanismos de investigación interna, denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y medidas cautelares para proteger a los agentes. En cambio, el discurso se queda en el terreno de los rumores y la especulación.

El mensaje implícito: ¿quién manda en Celaya?

Al pedir que “respeten los códigos”, el alcalde transmite un mensaje inquietante: el crimen tiene poder suficiente como para que el gobierno le pida moderación. Esto puede interpretarse como debilidad institucional, es decir el Estado no controla la violencia, solo la comenta.

El mensaje estaría mostrando desplazamiento de la autoridad, ya que se estaría reconociendo que hay actores extralegales que imponen reglas. Y finalmente y lo más delicado, la desprotección ciudadana. Si el gobierno no puede garantizar seguridad ni justicia, ¿quién lo hará?

¿Qué se interpreta de las palabras del alcalde?

El alcalde envía mensajes que pueden ser interpretados de otra manera por la ciudadanía: Que el gobierno municipal no tiene control pleno sobre su corporación de tránsito. Que hay presunta corrupción estructural que podría estar vinculada a los homicidios. Que el alcalde prefiere apelar a códigos criminales que a la ley. Que la seguridad pública está en crisis, y el discurso oficial no ofrece soluciones concretas.

Una aportación constructiva al discurso del alcalde

El alcalde tiene razón en señalar que algo grave ocurre dentro de la Dirección de Tránsito. Pero su forma de comunicarlo —apelando a rumores, códigos mafiosos y frases ambiguas— debilita la legitimidad institucional y confunde a la ciudadanía.

Lo que se esperaría de un líder municipal en este contexto es activar investigaciones internas y externas con transparencia, así como emitir un mensaje claro de respeto a la ley y cero tolerancia a la corrupción.  Proteger a los agentes honestos y garantizar medidas cautelares para quienes están en riesgo. Reafirmar que el crimen no tiene códigos válidos, solo delitos que deben ser perseguidos.

El discurso del alcalde de Celaya, aunque aparentemente bien intencionado, envía señales contradictorias que pueden ser interpretadas como debilidad institucional, reconocimiento informal del crimen organizado y normalización de la violencia. En lugar de pedir que los delincuentes “respeten los códigos”, el deber del Estado es hacer que se respete la ley.

La ciudadanía merece claridad, firmeza y acciones concretas. Y los servidores públicos deben recordar que su palabra no solo informa: también forma opinión, construye legitimidad y puede —si no se cuida— erosionar el Estado de Derecho. #MetroNewsMx




Redacción

-En la mira el colectivo "Palabras al Viento" en Celaya, rebautizado "Palancas al Viento" por presunto tráfico de influencias y favoritismo.
-Evidencian la supuesta transformación de la agrupación cultural en una estructura oficialista incrustada en el INSMACC de Celaya.
-Señalan reparto de cargos clave en el INSMACC a cabezas visibles de "Palabras al Viento" sin respetar criterios técnicos ni méritos.
-Carlos Walter Díaz Ovalle, director de Patrimonio, cobra más de $35 mil con solo bachillerato; se cuestiona el perfil.
-Efraín López Pérez y José Luis Meseguer Jareda, con baja escolaridad, ocupan cargos en Casa de la Cultura y Casa del Diezmo con sueldos de $16 mil.
-La Dra. Juana Macaria España, con mejor perfil, fue desplazada tras conflictos, generando sospechas de violaciones al Reglamento del INSMACC.
-El festival "Palabras al Viento" ahora usa presupuesto público, generando un posible conflicto de interés al ser organizado por funcionarios.
-La cesión del festival "en comodato" al municipio es cuestionada éticamente por beneficiar un proyecto sobre otros a los que niegan apoyo.
-La columna plantea posibles delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias por la asignación de cargos y uso de recursos.
-El caso exhibe una profunda desigualdad en la gestión cultural, donde el arte y los recursos se convierten en privilegio, no en acceso equitativo.

La columna política de la fanpage Fans de Serpientes y Escaleras ha encendido una alerta sobre el presunto uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias y favoritismo institucional en el ámbito cultural de Celaya, Guanajuato. A través de tres publicaciones fechadas el 24 de junio, 7 de septiembre y 20 de septiembre de 2025, se articula una crítica profunda al colectivo “Palabras al Viento”, rebautizado irónicamente como “Palancas al Viento”, por su presunta transformación de agrupación cultural independiente a estructura oficialista incrustada en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya (INSMACC).

Desde el pasado 14 de julio de 2025, Metro News había realizado un análisis en base a publicaciones realizadas no solamente por la fanpage "Fans de Serpientes y Escaleras" sino de los comentarios y publicaciones en redes sociales, que evidencian el malestar de quienes están cerca del ámbito cultural y detectan irregularidades en el manejo del INSMACC. De ello se derivó un reportaje de análisis periodístico en cinco partes:

Los textos plasmados por la columna en tres ocasiones

La columna política que se plasma en la fanpage Facebook "Fans de Serpientes y Escaleras" dio a conocer en este mes de septiembre dos situaciones que evidencian al que llaman el club de cuentacuentos "Palabras al Viento" -y que también rebautizaron como "Palancas al Viento"- así como situaciones que pueden estar generando hechos que van desde el tráfico de influencias y hechos que contravienen reglamentos y posibles irregularidades que se encuentran plasmadas por el Código Penal del estado de Guanajuato.




La segunda, el 20 de septiembre de 2025 (https://www.facebook.com/FansDeSerpientesYEscaleras/posts/pfbid06FtvMr6gQg8q1gEo4KQeEHYwqmbyZvZwsAfstfMc3JE4XMBtw9A6p4sNZ1BZ4kAdl ) en ambos casos, se cuestiona el aprovechamiento de recursos municipales para apoyar directamente a este movimiento, que de cultural libre pareciera pasar a cultural oficialista.



Desde el 24 de junio de 2025, la columna política en cuestión había dado a conocer (https://www.facebook.com/FansDeSerpientesYEscaleras/posts/pfbid035Kj3Ysx95EJ9s1n1umBcfSSDPac2NGZQhH7kbt1kKhmpLNw2mV67xKQcpyA1MQX7l )lo que parece ser un reparto de cargos de prácticamente todas las cabezas visibles del club "Palabras al Viento" en los cargos clave del INSMACC.



La publicación del 7 de septiembre de 2025 cita textualmente que "por #Celaya el tema de la cultura sigue dando de que hablar, encabezado por lo que han llamado el club de “Palancas al Viento” y es que si bien, siempre ha habido inconformidades en el manejo y con quienes encabezan el Instituto de Arte y Cultura, en esta ocasión se esperaba mucho más y por el contrario nos dicen, estamos peor".

"Y es que no basta administrar un “café cultural” hace falta mayor trayectoria, experiencia y hasta contactos, para sacar a flote la cultura en un municipio como Celaya, y es que basta ver la experiencia y trayectoria de personajes al frente de áreas claves del INSMACC, y comenzamos… (basándonos en el propio portal de transparencia del instituto https://www.insmacc.gob.mx/transparencia/)".

"Resulta que una de las personas “clave” mano derecha y quién a decir de muchos promotores y artistas, no se aprueban proyectos si él no da el visto bueno, el director de la Unidad de Desarrollo y Patrimonio Cultural, Carlos Walter Díaz Ovalle solo cuenta con estudios de “Bachillerato General” (y no sabemos si en México o en su natal Colombia), ostenta un sueldo de más de 35 mil pesos".

"Y aquí cabe la pregunta o varias preguntas, ¿un extranjero haciéndose cargo de un cargo de patrimonio cultural? Suena medio incongruente ¿no? Y bueno, solo hay que recordar que también fue Gestor Cultural de la UG, donde tuvo cercanía con el hoy presidente municipal".

"Seguimos con Efraín López Pérez, coordinador de la Casa de la Cultura, quien solo cuenta con secundaria y José Luis Meseguer Jareda, quien con Bachillerato dirige la Casa del Diezmo, ambos con un sueldo de 16 mil 461 pesos".

"Los currículums se pueden checar en este link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5M0HUY500jMkoyq5V6B3XvSHwSh1Z27/edit Los salarios en este otro: 

"Desconocemos en que situación se encuentre actualmente quien sí cuenta con doctorado, Juana Macaria España, quien sigue apareciendo en la nómina con un sueldo de 25 mil 600 pesitos como encargada de Gestión y Vinculación de Proyectos Culturales, pero que al entrar en conflicto con sus jefes, fue enviada como promotora a Desarrollo Social, la pregunta es ¿con el mismo sueldo?"

"Y si por usted mismo revisa el portal, se encontrará con más sorpresas"..

El 20 de septiembre de 2025 vuelve a retomar el tema ante el inicio del Festival Palabras al Viento, señalando: "Y mientras esperamos la hora del informe en #Celaya, vamos dando salida a otros temas que nos colaboran y tenemos pendientes.
Y es que mañana inicia el festival “Palabras al Viento”, sí, ese que ha hecho toda una tradición cultural la estimada maestra Laura Casillas “la señora de los cuentos” hoy al frente del patronato del DIF Municipal".

"Ese festival que ya es toda una tradición en Celaya y municipios vecinos, hoy no tiene que trabajar buscando apoyos para su realización, no señor, hoy tienen arcas abiertas para hacer los eventos"

"Pero la pregunta es ¿se incurre en conflicto de interés?, porque el festival ahora sería organizado por FUNCIONARIOS PÚBLICOS con acceso a recurso público, principalmente por parte de Walter (si, el que ocupa un cargo para el cual no se ha sustentado tenga el perfil) y Fedora, hoy coordinadora de bibliotecas".

"Convenientemente dicen, el registro del festival pasó “en comodato” al municipio durante los 3 años que estarán en el gobierno, y si bien quizá no se incurra en ilegalidad, moralmente al parecer si es cuestionable sacar ese provecho por sobre otros muchos proyectos a los cuales les han negado el apoyo".

"Nos comentan también que desde el pasado mes de noviembre ya se frotaban las manitas y ya hasta andaban comprando los vuelos para los amigos de Walter que vendrán desde España, así que hoy les toca “servirse con la cuchara grande” ¿ustedes como la ven?" 

Existe un reparto de cargos: ¿cultura ciudadana o red de intereses?

Desde junio, se alertó por parte de la columna que los principales integrantes del colectivo “Palabras al Viento” fueron colocados en cargos estratégicos dentro del INSMACC. Esta asignación, lejos de responder a criterios técnicos o convocatorias públicas, parece haber obedecido a vínculos personales y afinidades políticas. El caso más emblemático es el de Carlos Walter Díaz Ovalle, director de la Unidad de Desarrollo y Patrimonio Cultural, quien ostenta un sueldo superior a los 35 mil pesos mensuales, pese a contar únicamente con estudios de bachillerato, sin acreditación clara de su formación en México o Colombia.

A esto se suman Efraín López Pérez (coordinador de la Casa de la Cultura) y José Luis Meseguer Jareda (Casa del Diezmo), ambos con escolaridad básica y sueldos de más de 16 mil pesos. En contraste, Juana Macaria España, doctora en gestión cultural, fue desplazada tras entrar en conflicto con sus superiores, siendo enviada a Desarrollo Social, aunque su sueldo permanece en la nómina del INSMACC. Todo esto cuestionaría el papel de quien lleva la dirección de la institución, Aleida Ocampo así como del Consejo del Instituto.

Este patrón de nombramientos plantea una posible violación al Reglamento Interior del INSMACC, que en su artículo 9 exige que los titulares de áreas sustantivas cuenten con experiencia comprobable y formación profesional acorde a sus funciones. Además, el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Celaya establece en su artículo 12 que los servidores públicos deben ser seleccionados con base en méritos, capacidad y legalidad.

Festival “Palabras al Viento”: ¿conflicto de interés institucional?

La publicación del 20 de septiembre revela que el festival “Palabras al Viento”, antes gestionado por iniciativa ciudadana, ahora se organiza desde el aparato municipal, con acceso directo a recursos públicos. La maestra Laura, fundadora del festival, funge como presidenta del DIF Municipal, mientras que Walter y Fedora (coordinadora de bibliotecas) están al frente de áreas clave del INSMACC. Se señala que el festival fue cedido “en comodato” al municipio durante el trienio gubernamental, lo que permite su ejecución con presupuesto público sin necesidad de gestión externa.

Este hecho podría configurar un conflicto de interés, prohibido por el Artículo 8, Fracción XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que los servidores públicos deben abstenerse de intervenir en asuntos donde tengan interés personal, familiar o de negocios. Además, el Artículo 52 de la misma ley sanciona el uso indebido de recursos públicos para fines distintos a los autorizados.

Posibles implicaciones penales: abuso de autoridad y tráfico de influencias

La asignación de cargos sin perfil profesional, el uso de recursos públicos para beneficiar proyectos propios y la exclusión de otros promotores culturales podrían configurar delitos previstos en el Código Penal del Estado de Guanajuato:

-Artículo 220 – Abuso de autoridad: Se configura cuando un servidor público realiza actos que exceden sus facultades o afectan derechos de terceros.
-Artículo 222 – Tráfico de influencias: Se sanciona cuando un servidor público utiliza su posición para obtener beneficios indebidos para sí o para terceros.

Si se demuestra que los funcionarios utilizaron su cargo para favorecer el festival o bloquear otros proyectos, podrían ser sujetos de investigación penal.

Ética pública y desigualdad cultural

Más allá de lo legal, el caso plantea una profunda reflexión ética. El festival “Palabras al Viento”, que antes requería gestión, alianzas y esfuerzo, ahora goza de “arcas abiertas”, mientras que otros proyectos culturales son ignorados o rechazados. 

Esta desigualdad contradice el principio de equidad en el acceso a recursos públicos, consagrado en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda forma de discriminación, incluida la institucional.

Además, el Artículo 134 constitucional exige que el uso de recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que todo apoyo cultural debe estar sujeto a reglas claras, convocatorias abiertas y criterios técnicos.

Transparencia y fiscalización ciudadana

La columna cita fuentes verificables: el portal de transparencia del INSMACC, hojas de nómina y currículums públicos. Esta práctica fortalece el periodismo de contrapeso y permite a la ciudadanía ejercer su derecho a la información. El Artículo 6 constitucional garantiza este derecho, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato obliga a los entes públicos a publicar perfiles, sueldos y funciones de sus servidores.

La denuncia pública, aunque informal, puede derivar en acciones formales:

- Solicitudes de información ante la Unidad de Transparencia del INSMACC.
- Quejas ante el Órgano Interno de Control del municipio, en este caso, la Contraloría Municipal.
- Denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
- Investigaciones de oficio por parte de la Contraloría Municipal o el Congreso local.

¿Cultura o clientelismo?

El caso “Palancas al Viento” no es solo una anécdota local. Es un espejo de cómo la cultura puede ser cooptada por el poder, transformándose en instrumento de legitimación política y exclusión institucional. Si no se garantiza la transparencia, la equidad y el profesionalismo en la gestión cultural, se corre el riesgo de convertir el arte en privilegio, y la participación ciudadana en simulacro.

La cultura debe ser libre, plural y abierta. Y el Estado, garante de esa libertad, no su dueño. #MetroNewsMx


Redacción

-Fiscal palmó a reportero tras pregunta incómoda sobre fiestas en la FGE; gesto intimidante y jurídicamente grave.
-El manotazo del fiscal vulnera la libertad de expresión y podría constituir abuso de autoridad y agresión física.
-Fiscalía de Guanajuato celebró karaoke en plena crisis; periodista cuestiona y recibe palmada como respuesta.
-Palmada del fiscal activa protocolos de protección a periodistas; posible violación a Ley Federal y Estatal.
-Constitución protege al periodista agredido; artículos 6 y 7 garantizan libertad de expresión y acceso a información.
-Código Penal de Guanajuato tipifica como abuso de autoridad y lesión el contacto físico no consentido del fiscal.
-Ley de Responsabilidades exige legalidad y respeto; fiscal podría enfrentar sanción administrativa por agresión.
-El fiscal palmó más que al reportero: palmó la legalidad, la transparencia y la confianza en la institución.
-¿Se aplicará la ley? Todo depende de denuncia formal, presión pública y voluntad institucional de sancionar.
-Fiestas en la FGE están prohibidas por ley; uso indebido de instalaciones puede derivar en falta grave o penal.

La situación descrita sobre el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste palmando a un reportero en un acto público a través de la nota del medio independiente Ruta 45 News (https://ruta45news.com/fiscal-guanajuato-palmea-agrede-reportero-irapuato-periodistas-ley/ ) no solo es preocupante desde el punto de vista ético, sino que también podría implicar violaciones claras a normas constitucionales, legales y administrativas. 

Este incidente revela una tensión grave entre el poder institucional y el ejercicio libre del periodismo. Que un fiscal —máxima autoridad en procuración de justicia en el estado— reaccione físicamente ante una pregunta incómoda, no solo vulnera el respeto al trabajo periodístico, sino que pone en entredicho el compromiso de la Fiscalía con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

La descripción del hecho concreto

Ruta 45 News describe el hecho: "Pregunta incómoda.
Minutos más tarde, el reportero Erick Gutiérrez, del portal de noticias, Primer Plano cuestionó al funcionario público sobre si en la fiscalía se llevarían a cabo más fiestas, como la ocurrida para celebrar el Grito de Independencia."

"Cabe recordar que después de las fiestas patrias, la diputada local de morena Hades Aguilar exhibió al fiscal cantando en el karaoke durante una fiesta en las instalaciones de la fiscalía, haciendo referencia que mientras en diferentes puntos del estado, había masacres y actos delictivos, el fiscal celebraba a lo grande". (https://noticiasnpi.com/el-charro-de-la-impunidad-acusan-a-fiscal-de-guanajuato-hacer-karaoke-en-plena-crisis-de-violencia/ )

"Ante el cuestionamiento, el fiscal claramente indignado y molesto respondió: “No voy a dignificar con mi respuesta eso que tú me estás preguntando”, para después proceder a “palmear” en el pecho al reportero".

“El único en este país que cumple con las normas 035 es la fiscalía y te atreves a  preguntarme eso?”, cuestionó el fiscal".

El fiscal buscó con ese gesto no sólo intimidar, también evadir la ley y en el video dado a conocer por proceso, no solo toca al periodista sino que lo sigue con mirada molesta y, con una actitud que se antoja retadora. (https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/9/23/fiscal-da-manotazo-reportero-que-pregunto-por-fiesta-en-instalaciones-de-la-fge-guanajuato-video-359367.html )

 a palmada, aunque aparentemente menor, tiene una carga simbólica y jurídica importante: representa una forma de intimidación física en un contexto de comunicación pública, lo que puede ser interpretado como abuso de autoridad y agresión contra la libertad de expresión.

El funcionario, quien es cabeza de la Fiscalía del estado de Guanajuato podría haber violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6° y 7° que protegen el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.  Este "palmeo" o "toqueteo" y las palabras dirigidas al reportero, podrían ser consideradas como una agresión física o verbal contra un periodista por ejercer su labor vulnera estos derechos.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Federal y Estatal), establecen mecanismos de protección inmediata ante agresiones. La palmada puede ser considerada una agresión física que activa protocolos de protección. El periodista podría solicitar medidas cautelares ante el Mecanismo de Protección.

De paso, el fiscal mismo estaría incurriendo en faltas comprendidas por el Código Penal del Estado de Guanajuato y que se tipifican como Abuso de autoridad (Artículo 220) Cuando un servidor público realiza actos que exceden sus facultades o afectan derechos de terceros. Lesiones (Artículo 222): Aunque leves, cualquier contacto físico no consentido puede ser considerado lesión si hay afectación. La palmada podría ser investigada como abuso de autoridad o tentativa de intimidación.

También se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 7 y 8 que obligan a los servidores públicos a conducirse con respeto, legalidad y profesionalismo. El acto podría derivar en una queja ante la Secretaría de Transparencia o el Órgano Interno de Control.

¿Se aplicará la ley para este caso?

Eso dependerá de varios factores:
- Si el periodista presenta una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
- Si la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicia una investigación de oficio.
- Si medios, sociedad civil y legisladores presionan para que se sancione el acto.

En términos legales, sí existen fundamentos para investigar y sancionar al fiscal, tanto penal como administrativamente. Pero en términos políticos, la aplicación efectiva de la ley dependerá de la voluntad institucional y del contexto de presión pública.

El fiscal no solo palmó a un reportero: palmó el principio de respeto a la prensa, palmó la confianza en la Fiscalía, y palmó el marco legal que él mismo está obligado a defender. Si no se aplica la ley en este caso, se envía un mensaje de permisividad frente a la intimidación institucional, debilitando el Estado de Derecho.

Ya todo esto, ¿se pueden organizar fiestas y karaokes en las instalaciones de la FGE?

En el estado de Guanajuato no está permitido utilizar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para organizar fiestas, karaokes u otros eventos sociales, ya que estas instalaciones están destinadas exclusivamente a funciones de procuración de justicia, investigación de delitos y atención a víctimas. El uso indebido de estos espacios puede constituir una falta administrativa o incluso una responsabilidad penal, dependiendo del contexto.
Las disposiciones legales que así lo marcan se establecen en varios artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El Artículo 7, Fracción I y II establece que "los servidores públicos deben actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia".

El Artículo 52 precisa que "el uso indebido de recursos públicos, incluyendo instalaciones, puede constituir una falta grave".

El Artículo 53 indica con claridad que "se sanciona el uso de bienes públicos para fines distintos a los autorizados".

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en sus artículos 4 y 5, establecen también que la FGE debe actuar conforme a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

El Artículo 12 puntualiza que "las instalaciones están destinadas exclusivamente a funciones ministeriales, periciales y administrativas relacionadas con la procuración de justicia". #MetroNewsMx



Redacción

-Regidores de oposición denunciaron que el informe del alcalde incluye obras por casi 5 millones de pesos que están desde la pasada administración pasada, no de la actual.
-Las obras, de concreto hidráulico, están ubicadas en las colonias Latinoamericana y La Misión, en Celaya.
-La administración actual se adjudicó la construcción en las calles Venezuela y Argentina, que en realidad fueron ejecutadas en la 2021-2024.
-Los regidores notificaron las inconsistencias en cuatro borradores del informe, sin que fueran corregidas por el gobierno municipal.
-Las irregularidades se señalan como "de fondo", no solo errores de forma, lo que afecta la veracidad del documento oficial.
-Un regidor afirma que la ex regidora de Morena, Catalina Puga, se percató del error porque la obra está cerca de su casa.
-El mismo regidor evidenció en la sesión que el alcalde quiera "inflar" sus logros con obras ajenas, calificando el hecho de "muy lamentable".
-El alcalde no respondió a las acusaciones específicas, optando por una "defensa generalizada" del informe.
-Los regidores del PAN y PVEM señalan que este tipo de "errores" no pueden ser aprobados por el ayuntamiento.
-La inclusión de obras ajenas en el informe constituye una falta grave a la transparencia y rendición de cuentas.

Redacción

A pesar de los argumentos presentados por regidores emanados del PAN y del PVEM y de la presencia de irregularidades de fondo en el Primer Informe de Gobierno, se registran como realizadas por la presente administración dos obras urbanas en la colonia Latinoamericana por 4.9 millones de pesos, en las calles de Venezuela y Argentina, respectivamente a la altura de los 300 y 200 de esas calles. En la realidad fueron gestionadas y ejecutadas por la administración municipal anterior.



El hecho, fue señalado en la XIV Sesión Extraordinaria de Cabildo del pasado viernes 19 de septiembre de 2025, luego de que en 4 ocasiones de envíos y reenvíos de borradores del citado informe, los regidores de oposición estuvieron notificando las inconsistencias de fondo, que en total sumaron 87; de forma, 290 errores ortográficos en el citado documento.

Entre las 87 observaciones de fondo señaladas, estas dos merecen especial mención porque se trata de obras ejecutadas en la pasada administración y que tienen una inversión de casi 5 millones de pesos. 

Dichas acciones son las obras en la colonia Latino, consistentes en calle con concreto en el municipio de Celaya, Gto., en la localidad de Celaya, colonia Latinoamericana, calle Venezuela, tramo de calle Avenida México a Andador Uruguay. Inversión: $2,695,679.89; así como la calle con concreto en el municipio de Celaya, Gto., en la localidad de Celaya, colonia Latinoamericana, calle Argentina, tramo de Andador Honduras a Avenida México. Inversión: $2,293,752.05. En total, ambas inversiones no suman miles, sino millones de pesos: $4,989,431.94

Tomando en cuenta lo dicho por los regidores de oposición en la sesión, en tiempo se notifico a la dependencia correspondiente

Lo que le obliga a los miembros del H. Ayuntamiento ante el Informe de Gobierno

La obligación del Ayuntamiento de revisar el informe de gobierno está establecida en la Ley para el Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Guanajuato, en donde específicamente en el Artículo 25, fracción I, inciso g) donde se señala textualmente que “corresponde al Ayuntamiento: g) Recibir el informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, que rinde el Presidente Municipal en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, y emitir los comentarios que considere pertinentes.”

En lo que es el Artículo 26, fracción XIII se señala que “son atribuciones del Presidente Municipal: XIII. Rendir en sesión pública y solemne del Ayuntamiento, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, el informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal.”

El Artículo 35 indica que "el informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal será entregado por el Presidente Municipal al Ayuntamiento, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de su presentación en sesión pública y solemne.”

El Artículo 100 puntualiza que "el Ayuntamiento podrá emitir observaciones al informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal, dentro de los quince días siguientes a su presentación.”

El Artículo 108 puntualiza que “el informe deberá contener los resultados obtenidos en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como los avances en los programas, proyectos y acciones ejecutadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.”

Los argumentos presentados en la sesión XIV Extraordinaria ante este caso

-Se menciona que la obra de concreto hidráulico en el andador Honduras y Uruguay es de la administración 21-24.
-La ex regidora Catalina Puga de Morena hizo un comentario sobre esta obra en una comisión.
-Se señaló que se debía agilizar la obra porque generaba conflictos de tráfico en la colonia.
-Un regidor afirma que la obra de drenaje en Misión San Agustín en la colonia La Misión también fue de la administración pasada.
-Un regidor dice que la regidora Gabriela Gutiérrez vive enfrente de la obra.
-Este regidor menciona que la ex regidora Catalina Puga vive en la cuadra anterior y se dio cuenta de que la obra era de la administración pasada.
-Se considera "muy lamentable" que la administración actual se quiera "adjudicar" la obra.
-Estas afirmaciones se usan como evidencia de que el informe contiene errores de fondo, no solo de forma.
-El regidor critica que el informe incluye obras de la administración anterior para inflar sus logros.
-El regidor le recuerda al presidente que sí leyeron el documento y encontraron estas inconsistencias.
-El presidente no responde directamente a las acusaciones sobre estas obras en particular, sino que generaliza su defensa.
-Los regidores del PAN afirman que este tipo de errores no pueden ser aprobados por el ayuntamiento.
-Se recalca que las inconsistencias no son de forma, sino de fondo, lo que afecta la veracidad del informe.
-El regidor señala que la oposición de la administración pasada no votaba a favor de nada, mientras que ellos sí lo hacen por el bien de Celaya, lo que implica que sus observaciones no son por capricho.
-El punto demuestra un conocimiento detallado de las obras y su origen, lo que da peso a las críticas de la oposición.
Las obras en la colonia Latino son:
Calle con concreto en el municipio de Celaya, Gto., en la localidad de Celaya, colonia Latinoamericana,
calle Venezuela, tramo de calle Avenida México a Andador Uruguay. Inversión: $2,695,679.89
Calle con concreto en el municipio de Celaya, Gto., en la localidad de Celaya, colonia Latinoamericana,
calle Argentina, tramo de Andador Honduras a Avenida México. Inversión: $2,293,752.05
En total, ambas inversiones no suman miles, sino millones de pesos: $4,989,431.94

Las conclusiones a estos dos casos

El Informe de Gobierno y la Crisis de Transparencia en el Ayuntamiento. El texto proporcionado revela un serio conflicto de fiscalización y transparencia en el Ayuntamiento de Celaya, donde el Primer Informe de Gobierno del alcalde se encuentra bajo un escrutinio contundente. El hecho central de la controversia, que dos obras millonarias de la administración pasada hayan sido atribuidas a la actual, no es un simple error administrativo, sino un síntoma de una profunda falla en la rendición de cuentas. El análisis de las acciones de los regidores de Morena, del PAN y del PVEM, así como del presidente municipal, permite extraer conclusiones claras y contundentes sobre sus roles en este episodio.

Los Regidores de Morena, PAN y PVEM: La Unidad de la Oposición y la Fiscalización Minuciosa

El texto demuestra que los regidores de Morera, PAN y PVEM, más allá de sus diferencias partidistas, se unieron en un frente de oposición y fiscalización contra las irregularidades del informe. Su trabajo revela un análisis detallado y riguroso, al identificar no solo 290 errores de forma, sino 87 de fondo, con especial énfasis en las dos obras de casi 5 millones de pesos. 

Su capacidad para señalar las obras específicas en las colonias Latinoamericana y La Misión, incluso citando a regidores de la administración anterior, evidencia un profundo conocimiento del quehacer público y una dedicación a su labor de contrapeso político. La conclusión es que estos regidores actuaron con un alto grado de responsabilidad, diligencia y compromiso con la transparencia, cumpliendo a cabalidad con la obligación legal de revisar y emitir comentarios sobre el informe. Su crítica no fue un acto de mero "golpe político", sino una evidencia respaldada por hechos concretos.

El Alcalde: Opacidad y Evasión de Responsabilidad

Las acciones del presidente municipal, según el texto, lo sitúan en una posición de opacidad y evasión. El hecho de que el informe haya incluido obras no realizadas por su administración para inflar sus logros constituye, en el mejor de los casos, una falta de supervisión extrema, y en el peor, un intento deliberado de engañar a la ciudadanía. 

Su respuesta a las acusaciones, que no abordó las irregularidades específicas, sino que recurrió a una "defensa generalizada", es un indicio claro de que no puede justificar la inclusión de dichas obras. Esta conducta no solo socava la credibilidad de su informe, sino que también genera una profunda desconfianza en su gestión. La conclusión es que la administración municipal, encabezada por el alcalde, falló en su obligación de presentar un informe veraz y, al ser confrontada con sus inconsistencias, se mostró renuente a asumir la responsabilidad, optando por eludir el debate en lugar de transparentar la información. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

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