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Redacción Editorial

-Guanajuato es vanguardia: 100 cirugías fetales y 4 mil vidas fetales salvadas prueban que el feto es paciente clínico, no un objeto desechable.
-La ciencia ha hablado: el diagnóstico prenatal entre semanas 11 y 14 otorga estatuto de paciente real al ser humano en formación.
-Esquizofrenia jurídica: es ilógico salvar vidas con cirugía in útero y, a la vez, legislar su muerte por un arbitrio emocional.
-Las leyes podrán quitarle el castigo penal en ciertos lugares, pero ninguna ley tiene el poder de cambiar la realidad física de lo que sucede: se termina violentamente con la existencia de un individuo de la especie humana.
-El eufemismo de "interrupción" oculta una realidad definitiva: lo que se detiene no se reanuda, la vida eliminada no tiene retorno.
-El deseo materno no puede ser fuente de derecho; la dignidad humana no es una propiedad transitoria sujeta al juicio de un tercero.
-Un médico que legisla el aborto traiciona su formación biológica y el juramento de salvar vidas para servir a intereses políticos.
-Abortar por violación es intentar reparar un acto de violencia con otro golpe letal; no se debe castigar al inocente por el crimen.
-La verdadera justicia exige castigo ejemplar al violador y soporte total a la mujer, no eliminar al hijo como si fuera evidencia.
-Guanajuato resiste la "cultura de la muerte" con hechos: medicina de vanguardia y apoyo institucional que combate la derrota social.
-El derecho a la vida es el soporte de toda libertad; sin él, la educación y la política son solo cascarones vacíos y sin sentido.

Un total de 11 informaciones médicas generadas desde 2020 sobre medicina prenatal en Guanajuato y 6 artículos de crítica en defensa de la vida, muestran de manera objetiva el por qué Guanajuato no debe ni puede promover "interrupciones de embarazo" o abortos. Esto, porque el sistema de salud en el estado de Guanajuato ha erigido un monumento a la congruencia biológica que, paradójicamente, choca con las tendencias ideológicas que pretenden reducir la vida humana a una categoría subjetiva. 

Si la definición de asesinato es privar de la vida a una persona con premeditación, alevosía y ventaja, el aborto encaja en esa descripción técnica y biológica. Las leyes podrán quitarle el castigo penal en ciertos lugares, pero ninguna ley tiene el poder de cambiar la realidad física de lo que sucede: se termina violentamente con la existencia de un individuo de la especie humana.

Al analizar los datos duros de la Secretaría de Salud (SSG), que documentan más de 100 cirugías intrauterinas exitosas y la salvación de más de 4,000 fetos mediante medicina preventiva, surge una interrogante que la técnica jurídica contemporánea se niega a responder con honestidad: ¿Es lícito que el Estado reconozca al feto como "paciente" en un quirófano y como "desecho" en una clínica de interrupción?

Esta esquizofrenia institucional pareciera que plantea un escenario donde la humanidad de un individuo no depende de su código genético, de su latido cardíaco o de su capacidad de ser intervenido quirúrgicamente, sino del arbitrio del "deseo". Bajo esta lógica, la vida humana deja de ser un derecho inherente para convertirse en una concesión otorgada por un tercero. Si el feto es "deseado", el Estado despliega tecnología de 16k, especialistas de talla mundial y recursos públicos para corregir una espina bífida in utero. Si el feto es "no deseado", ese mismo Estado es presionado para facilitar su eliminación. Esta dualidad no solo es biológicamente falsa, sino jurídicamente insostenible.

El estatuto del paciente: La ciencia ha hablado

La historia de la medicina en Guanajuato, respaldada por el Centro Estatal de Tamizaje Maternal -CETO-, ha otorgado al no nacido un "estatuto de paciente" que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece ignorar en sus recientes resoluciones. Cuando un médico realiza un tamizaje entre las semanas 11 y 14 para detectar preeclampsia o anomalías cromosómicas, no está analizando un tejido amorfo; está diagnosticando a una persona en formación. El acto médico de diagnosticar implica, por definición, la existencia de un sujeto a ser diagnosticado.

La validez de promover la "interrupción del embarazo" bajo el argumento de la autonomía reproductiva tropieza con la realidad de los quirófanos de alta especialidad. No existe diferencia biológica entre el feto de una madre que busca el aborto y el feto de una madre que busca la cirugía fetal. La única diferencia es el entorno emocional, y el Derecho, si pretende ser objetivo, no puede legislar basándose en estados de ánimo o preferencias sentimentales. Otorgar valor de ley al "deseo" es retroceder a una etapa de la civilización donde ciertos grupos humanos podían decidir quién era persona y quién no, basándose en criterios de utilidad o afecto.

La premisa de "yo decido sobre mi cuerpo", es falsa.

La respuesta argumentada de peso frente a la premisa de "mi cuerpo, mi decisión" se fundamenta en una verdad física que la ideología no puede refutar: el feto no es parte del cuerpo de la mujer.

La libertad de disponer del propio cuerpo termina donde empieza el cuerpo de otro. La ciencia es categórica: desde la concepción, el feto posee un ADN único, irrepetible y distinto al de la madre. Si fuera "su cuerpo", el código genético sería idéntico. Sin embargo, el feto tiene su propio grupo sanguíneo -a veces distinto al materno-, su propia huella dactilar y, en el 50% de los casos, un sexo distinto. No se puede "disponer" de un organismo que biológicamente es un individuo diferente. Abortar no es removerse un tejido propio; es eliminar un cuerpo ajeno que habita temporalmente en el vientre.

Si el Estado y la ciencia ya reconocen a ese ser como una persona con necesidades clínicas y derechos de salud independientes, el argumento de la "libre disposición" colapsa. Ninguna libertad individual faculta a una persona para eliminar a un paciente que ya está bajo resguardo médico y tecnológico.

La libertad humana no es absoluta; está limitada por el derecho a la existencia de los demás. El derecho a la "comodidad" o al "plan de vida" no puede estar por encima del derecho a la vida de un tercero. Disponer del cuerpo del hijo para interrumpir su desarrollo es un ejercicio de poder, no de libertad. La verdadera libertad se ejerce antes del acto que genera la vida, no eliminando la consecuencia biológica de ese acto cuando ya existe un ser humano con latido propio.

Es imposible sostener que es "mi cuerpo" cuando el ultrasonido muestra a otro ser humano succionando su pulgar o moviéndose independientemente de los deseos de la madre. La tecnología ha desnudado la mentira del "manojo de células".

Decir "es mi cuerpo" para justificar un aborto es un error biológico y una deshonestidad intelectual. Es querer ignorar que dentro de ese vientre hay un paciente con nombre potencial, con un corazón que late a un ritmo distinto y con un futuro que ya ha comenzado. En Guanajuato, los éxitos de la medicina fetal han demostrado que la vanguardia no es el descarte, sino la protección del más débil. 

La libertad de una mujer es sagrada, pero no incluye el derecho de asesinar a la persona que lleva dentro, porque esa persona, simplemente, no es ella.

Justicia e incoherencia: El engaño de la terminología

Darle a las cosas su nombre es el primer paso de un análisis periodístico serio. El eufemismo "interrupción legal del embarazo" es una falacia terminológica; lo que se interrumpe puede reanudarse, pero la vida eliminada no tiene retorno. Guanajuato ha demostrado que existe una "Cultura de la Vida" que se traduce en hechos: apoyos de JuventudesGTO para madres estudiantes, atención regional en Acámbaro y Celaya, y una red de salud que no rechaza a nadie. Si el Estado ofrece las herramientas para que la madre prospere y el hijo sobreviva, el aborto deja de ser una "necesidad" para revelarse como lo que es: una derrota social.

La crítica a los "médicos matacigüeñas" y la exigencia de un Parlamento Abierto no son gritos ideológicos, sino reclamos de justicia para un sector de la población que no tiene voz en las tribunas: los nasciturus. 

Es profundamente ilógico que la legislación estatal se vea amenazada por visiones centralistas que pretenden uniformar la "cultura de la muerte" bajo el disfraz de la modernidad. Si Guanajuato es capaz de salvar a 4,000 fetos de morir por complicaciones médicas, tiene la autoridad moral y técnica para negarse a sacrificarlos por decisiones políticas.

El desafío de la verdad

La protección del binomio materno-fetal es la prueba de fuego para cualquier sistema que se jacte de ser humanista. La inversión en tamizajes y cirugías intrauterinas es la evidencia de que, para el sistema de salud guanajuatense, la vida comienza con la concepción y merece toda la protección del aparato estatal. Validar el aborto por "falta de deseo" es aceptar que la dignidad humana es una propiedad transitoria, algo que se tiene hoy y se puede perder mañana según el juicio de otro.

El derecho a la vida es el soporte de todos los demás derechos. Sin él, la libertad de expresión, el derecho a la educación o la participación política son cascarones vacíos. La lógica de la vida, que se palpa en los ultrasonidos y en los éxitos quirúrgicos de la SSG, debe prevalecer sobre la lógica del descarte. Guanajuato tiene en sus manos la oportunidad de seguir siendo el bastión de la congruencia, donde el quirófano y la ley caminen de la mano para proteger a quien, desde el vientre, ya es un ciudadano con historia y esperanza.

Los datos duros 2020 hasta 2026 de la Secretaría de Salud de Guanajuato

Récord de cirugías in utero en Guanajuato
El 12 de marzo de 2026, la SSG reportó la consolidación de 100 cirugías intrauterinas exitosas, especializadas en corrección de espina bífida y defectos del tubo neural. Este programa de alta fidelidad médica posiciona a la entidad como referente nacional en medicina fetal, reduciendo drásticamente la discapacidad neonatal mediante intervenciones gratuitas de vanguardia. La inversión en tecnología de precisión ha permitido que el feto sea tratado como un paciente con derechos clínicos plenos antes del nacimiento. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2026/03/ssg-concreto-100-cirugias-in-utero-para.html )

Especialistas realizan exitosa cirugía fetal
El 15 de abril de 2025, un equipo multidisciplinario de la red estatal de salud ejecutó una compleja intervención quirúrgica fetal para corregir malformaciones congénitas críticas. El procedimiento, realizado con equipo de última generación, garantizó la supervivencia del binomio materno-fetal en un entorno de alta especialidad hospitalaria. Esta acción técnica subraya la capacidad del sistema de salud de Guanajuato para resolver patologías intrauterinas que anteriormente se consideraban incompatibles con la vida. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2025/04/especialistas-realizan-exitosa.html )

Protección y resguardo del bienestar del binomio
El 20 de agosto de 2024, la Secretaría de Salud estatal fortaleció sus protocolos de vigilancia para asegurar el bienestar integral de la mujer gestante y el nasciturus. La estrategia técnico-médica incluye el control estricto de la preeclampsia y la suplementación nutricional obligatoria para prevenir riesgos perinatales de alto impacto. El enfoque institucional prioriza el derecho del no nacido a un desarrollo biológico óptimo, respaldado por una infraestructura de monitoreo constante. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2024/08/ssg-protege-y-resguarda-el-bienestar-de.html )

Incremento de servicios de salud en Guanajuato
El 15 de enero de 2024, se documentó un crecimiento sostenido en la cobertura de servicios de salud, optimizando la atención en unidades de cuidados intensivos y consultas externas. El fortalecimiento de la red hospitalaria estatal permitió absorber una mayor demanda de diagnósticos prenatales y tratamientos especializados sin costo para el usuario. Esta expansión operativa se fundamenta en la contratación de personal certificado y la adquisición de tecnología diagnóstica para mejorar los indicadores de salud regional. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2024/01/guanajuato-incrementa-los-servicios-de.html )

Joven madre continúa estudios y desarrollo personal
El 10 de enero de 2024, se presentó el caso de una estudiante que, apoyada por programas transversales del estado, logró mantener su formación académica durante y después del embarazo. La política de acompañamiento integral demuestra que la protección del menor y el desarrollo profesional de la madre son objetivos compatibles mediante el soporte institucional. Este modelo de asistencia combate la deserción escolar y promueve la resiliencia social en sectores juveniles vulnerables de la entidad. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2024/01/joven-continua-con-sus-estudios-y.html )

Atención a usuarias en Acámbaro y la región
El 18 de septiembre de 2023, la SSG reportó la atención de 1,681 mujeres en la región de Acámbaro, enfocándose en servicios de salud reproductiva y tamizaje prenatal de alta resolución. La descentralización de especialistas permitió detectar embarazos de alto riesgo y canalizarlos a niveles de atención superior de manera oportuna y eficiente. Estos datos reflejan una cobertura territorial efectiva que reduce la brecha de atención médica en comunidades alejadas de los centros urbanos. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2023/09/ssg-reporta1681-usuarias-de-acambaro-y.html )

Apoyo de JuventudesGTO y SEDESHU a la juventud
El 5 de septiembre de 2023, se formalizó la alianza entre JuventudesGTO y lal antigua SEDESHU para otorgar apoyos económicos y sociales a jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluyendo gestantes. El programa busca blindar el proyecto de vida de los beneficiarios mediante becas y orientación psicológica que faciliten la estabilidad familiar y el crecimiento personal. Esta sinergia institucional actúa como un mecanismo preventivo frente a la exclusión social y la precariedad económica en el sector juvenil. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2023/09/brinda-juventudesgto-y-sedeshu-apoyo.html )

Salvación de más de 4 mil fetos de morir
El 25 de agosto de 2021, la SSG informó que su programa de medicina preventiva logró salvar la vida de más de 4,000 fetos que presentaban complicaciones graves de salud. Mediante el uso de fármacos especializados y vigilancia epidemiológica, se evitaron pérdidas perinatales que habrían impactado negativamente en la demografía y el bienestar social. Esta cifra es un indicador clave de la efectividad de las políticas pro-vida aplicadas a través de la ciencia médica y el presupuesto público. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2021/08/ssg-salva-mas-de-4-mil-fetos-de-morir-o.html )

Evaluación de la Organización Panamericana de la Salud
El 12 de julio de 2021, la OPS validó la calidad del sistema de salud de Guanajuato, destacando la eficiencia en la gestión de redes hospitalarias y la reducción de muerte materna. El organismo internacional subrayó que los protocolos de atención al binomio materno-fetal cumplen con estándares globales de seguridad y transparencia informativa. Esta evaluación externa certifica que la inversión estatal en salud se traduce en procesos clínicos seguros y resultados medibles de alto impacto. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2021/07/evalua-organizacion-panamericana-de-la.html )

Realización de tamizajes prenatales con éxito
El 3 de junio de 2021, se reportó el éxito masivo de las jornadas de tamizaje prenatal, herramienta fundamental para la identificación temprana de anomalías genéticas y metabólicas. El acceso gratuito a estas pruebas ha permitido a miles de familias guanajuatenses planear intervenciones médicas críticas antes del nacimiento, reduciendo la morbilidad infantil. La implementación sistemática de este tamizaje constituye la base de la medicina preventiva y el respeto a la salud del no nacido en el estado. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2021/06/ssg-realiza-tamizajes-embarazadas-con.html )

Servicios del Centro Estatal de Tamizaje Maternal
El 22 de junio de 2020, el Centro Estatal de Tamizaje Maternal en Guanajuato reportó la realización de pruebas de alta especialidad para identificar riesgos de preeclampsia y anomalías cromosómicas. Mediante el uso de software avanzado y marcadores bioquímicos, el centro permite un diagnóstico de precisión entre las semanas 11 y 14 de gestación. Esta infraestructura diagnóstica es la primera línea de defensa para garantizar que el desarrollo del no nacido cuente con vigilancia médica de estándares internacionales. (https://www.metronewsmx.com/2020/06/realiza-el-centro-estatal-de-tamizaje.html )

La respuesta a la postura de políticos y médicos que promueven la "interrupción del embarazo"

Desde una perspectiva de análisis periodístico serio, fundamentado en los puntos de evidencia médica desglosados -que abarcan desde el 22 de junio de 2020 hasta marzo de 2026-, la postura de un médico que, al incursionar en la política, apoya la interrupción del embarazo, revela una fractura crítica entre la praxis científica y la conveniencia ideológica.

La traición al objeto de estudio: Del paciente al votante
Un médico es formado bajo el rigor de la biología y la medicina basada en evidencia. Al convertirse en político y apoyar el aborto, este profesional decide ignorar deliberadamente lo que sus propios instrumentos le muestran. Si este médico reconoce el éxito de las 100 cirugías intrauterinas -reportadas el 12 de marzo de 2026, está admitiendo que el feto es un paciente. Apoyar su eliminación por razones políticas es, por tanto, una negación de su propia formación técnica en favor de una plataforma electoral.
Como médico, sabe que un grupo de células no tiene complicaciones quirúrgicas ni requiere tamizajes metabólicos -como los del 3 de junio de 2021-. Al politizar el "deseo" materno como fuente de derecho, el médico-político sustituye la ontología médica por el subjetivismo civil.

La instrumentalización de la salud pública
El político que es médico tiene la responsabilidad ética de elevar el nivel del debate con datos duros, no de rebajar la medicina a una herramienta de control demográfico o social. Un médico-político debería ser el primero en proponer soluciones integrales como las de JuventudesGTO -5 de septiembre de 2023- para proteger la vida. Si opta por promover el aborto, está claudicando en su deber de generar políticas públicas que sanen el tejido social, prefiriendo la solución más simplista y letal. Es técnicamente absurdo que un médico, desde una curul o un cargo público, promueva leyes para el descarte de seres humanos cuya vida su propio gremio lucha por salvar en los hospitales de alta especialidad de Guanajuato.

El quiebre del juramento hipocrático y la ética de estado
El juramento médico es universal y atemporal; los cargos políticos son temporales y locales. Cuando un médico permite que su agenda política dicte su juicio sobre la vida humana, compromete la integridad de la profesión médica ante la sociedad. La sociedad confía en el médico porque se espera que hable desde la verdad biológica. Un médico-político que llama "interrupción" a lo que biológicamente es el fin de una vida individual, está utilizando el lenguaje para engañar, no para informar. Al apoyar que se salve a unos fetos "deseados" y se elimine a los "no deseados", el médico-político valida una forma de discriminación biológica que es contraria a la igualdad humana universal.

Un médico que utiliza su prestigio profesional para validar agendas políticas de aborto incurre en una deshonestidad intelectual. La ciencia no es democrática ni se somete a votación; la vida humana existe independientemente de los consensos parlamentarios. La verdadera labor de un médico en la política debería ser la de humanizar las leyes basándose en la maravilla técnica de la medicina fetal que hemos analizado, y no la de deshumanizar al paciente para encajar en una narrativa de partido.

La medicina de Guanajuato ha demostrado que el progreso está en la cirugía que salva, no en el decreto que elimina. Un médico-político que ignora esto, está legislando de espaldas a la ciencia que juró defender.

Los análisis a las defensas de la vida y el derecho del niño por nacer

Los médicos "matacigüeñas" o las 100 cirugías exitosas in utero
El 3 de marzo de 2026, se publicó una crítica sobre la contradicción ética de sectores médicos que promueven el aborto frente al éxito de las 100 cirugías intrauterinas de la SSG. El texto cuestiona la claudicación de la misión médica de salvar vidas, contrastando la alta tecnología que rescata fetos con la agenda que busca eliminarlos. Se enfatiza que el "nasciturus" es un paciente real que la ciencia ya reconoce, independientemente de las narrativas ideológicas actuales. Esta pieza periodística denuncia la esquizofrenia de un sistema que opera para sanar y mata para complacer agendas políticas. (https://www.metronewsmx.com/2026/03/los-medicos-mataciguenas-o-las-100.html )

Exigencia de Parlamento Abierto en Guanajuato
El 16 de febrero de 2026, se documentó la exigencia ciudadana para que el debate legislativo sobre el aborto se realice bajo un modelo de Parlamento Abierto. Se justifica la necesidad de que los diputados escuchen los datos técnicos de la medicina fetal y la voz de la sociedad guanajuatense antes de legislar. El contenido advierte que ignorar los éxitos del sistema de salud estatal en la protección del no nacido invalidaría cualquier proceso democrático. Es un llamado a la transparencia para evitar que imposiciones externas pasen por encima del federalismo y la voluntad regional. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/en-guanajuato-exigen-parlamento-abierto.html )

SCJN engaña a los guanajuatenses
El 20 de enero de 2026, se difundió un análisis crítico sobre cómo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoran la realidad jurídica y médica de Guanajuato. La nota sostiene que la Corte incurre en un engaño al pretender que no existe un conflicto de derechos entre la madre y el hijo. Se argumenta que el federalismo es violentado cuando se intenta imponer una visión única que desconoce la protección constitucional local a la vida. Este contenido justifica la resistencia informativa frente a lo que se considera una arbitrariedad judicial que carece de sustento médico y biológico. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/scjn-engana-los-guanajuatenses-y.html )

El olvido de la SCJN: la omisión del hijo
El 15 de enero de 2026, se publicó una nota editorial que señala el sesgo de la SCJN al centrar su discurso solo en la madre, invisibilizando al hijo. El texto fundamenta que, si la ciencia puede operar a un feto, este es un sujeto de derecho con una individualidad que no puede ser borrada. Se critica el olvido jurídico de un paciente que ya recibe cuidados intensivos y atención especializada en los hospitales públicos del estado. La información busca restablecer el equilibrio en el debate, recordando que en un embarazo siempre existen dos personas con dignidad intrínseca. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-olvido-de-la-scjn-no-solo-la-mama-el.html )

El aborto y la cultura de la muerte
El 25 de mayo de 2025, se generó un análisis sobre el impacto social de normalizar el aborto como una solución a problemas socioeconómicos o personales. El contenido define esta tendencia como la "cultura de la muerte", contrastándola con los esfuerzos estatales para salvar a más de 4,000 fetos de morir. Se advierte que una sociedad que descarta a sus miembros más vulnerables entra en un proceso de degradación ética y pérdida de valores humanos. La nota justifica la defensa de la vida como el único camino hacia un progreso civilizatorio real y sostenible. (https://www.metronewsmx.com/2025/05/el-aborto-sumar-la-cultura-de-la-muerte.html )

25 de marzo: Día del Niño por Nacer
El 25 de marzo de 2025, se publicó un artículo conmemorativo que explica la importancia histórica y legal de celebrar la vida desde la concepción en Guanajuato. El texto une la tradición cultural con la praxis médica moderna, señalando que esta fecha es un recordatorio del compromiso del estado con la dignidad humana. Se justifica la celebración como un acto de justicia hacia quienes están en el vientre materno y como una reafirmación de soberanía legislativa. La nota editorial sirve de marco para entender por qué Guanajuato se mantiene como un bastión pro-vida en México. (https://www.guanajuatodesconocido.com/2025/03/25-de-marzo-dia-del-nino-por-nacer.html )

Desde una perspectiva basada en los datos médicos y sociales recopilados en el estado de Guanajuato entre 2020 y 2026, la validación de la interrupción del embarazo en casos de violación o abuso sexual presenta un dilema que trasciende lo legal para entrar en el terreno de la justicia ontológica del ser.

El conflicto de víctimas y la "pena de muerte" al inocente

Como se ha señalado en análisis previos sobre el "olvido" de la SCJN (https://www.metronewsmx.com/2026/01/scjn-engana-los-guanajuatenses-y.html ), en un embarazo por violación existen dos víctimas: la mujer que sufrió la agresión y el hijo concebido.

Validar el aborto en este caso implica intentar "reparar" un acto de violencia -la violación- con otro acto de violencia definitiva -la eliminación del feto-. Desde una ética de derechos humanos universales, no es válido castigar con la muerte a un tercero que no cometió el delito. El feto, al que la ciencia ya reconoce como paciente mediante tamizajes prenatales (https://www.metronewsmx.com/2020/06/realiza-el-centro-estatal-de-tamizaje.html ), posee una dignidad intrínseca independiente de la forma en que fue concebido.

La denominada "Cultura de la Muerte" (https://www.metronewsmx.com/2025/05/el-aborto-sumar-la-cultura-de-la-muerte.html ) presenta el aborto como una salida humanitaria, pero el análisis de campo sugiere lo contrario.

El aborto no borra el trauma de la violación; en muchos casos, añade un segundo trauma psicológico a la mujer. Validar la interrupción del embarazo en este supuesto es la forma en que el Estado se "lava las manos" por no haber prevenido la agresión sexual ni ofrecer un sistema de justicia eficiente que castigue al violador, prefiriendo eliminar la "evidencia" del crimen.

La coherencia médica de Guanajuato frente al abuso

Si el sistema de salud estatal es capaz de realizar 100 cirugías intrauterinas exitosas (https://www.guanajuatodesconocido.com/2026/03/ssg-concreto-100-cirugias-in-utero-para.html ), está enviando un mensaje técnico claro: la vida en el vientre tiene un valor que el Estado está dispuesto a defender con tecnología de punta.

No resulta coherente validar que un feto concebido en un matrimonio sea sujeto de una cirugía para salvarlo, mientras que un feto de la misma edad gestacional, concebido por violación, sea descartable. La biología del feto no cambia según el acto que lo originó; su ADN, su sistema nervioso y su desarrollo son idénticos. Validar el aborto por violación es aceptar que el valor de una vida humana es relativo a las circunstancias de su origen, lo cual es una forma de discriminación biológica.

La alternativa: Soporte integral y adopción

El trabajo de instituciones como JuventudesGTO y la antigua SEDESHU (https://www.guanajuatodesconocido.com/2023/09/brinda-juventudesgto-y-sedeshu-apoyo.html ) demuestra que el camino es el acompañamiento.

La validación ética real debería estar en el soporte absoluto a la víctima de violación para que no tenga que cargar sola con las consecuencias del crimen, ofreciendo la adopción como una salida noble que respeta el derecho a la vida del niño y permite que la madre sane sin cargar con la muerte de su hijo.

Desde el rigor de los datos presentados, validar la interrupción del embarazo por violación es una claudicación de la justicia. La verdadera vanguardia no está en facilitar el aborto, sino en castigo ejemplar al agresor; acompañamiento psicológico y económico total a la mujer y el respeto al derecho a existir de ese nuevo ser humano que la ciencia ya puede diagnosticar, operar y sanar.

El hecho de que una vida haya comenzado en un acto de oscuridad no justifica que el Estado apague su luz mediante un decreto. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-La proyección de un responsable de las finanzas como sucesor natural responde a una estrategia de blindaje y continuidad administrativa.
-El uso de activos inmobiliarios como eje de ahorro suele esconder pasivos logísticos que comprometen la viabilidad urbana a largo plazo.
-La fiscalización técnica representa el primer filtro de legalidad, pero es la percepción ciudadana la que determina la legitimidad sucesoria.
-La centralización de la burocracia en núcleos históricos sin planeación técnica genera un desgaste político difícil de revertir en las urnas.

La mecánica de la sucesión protegida y el riesgo del patrimonio público

En la arquitectura del poder municipal en México, la figura del tesorero ha trascendido su función técnica para convertirse en un actor estratégico dentro del tablero sucesorio. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una praxis política donde la confianza personal y el control operativo de la hacienda pública constituyen los cimientos de lo que se conoce coloquialmente como un "delfinazgo". 

Este análisis disecciona el supuesto de un gobierno local que intenta proyectar al encargado de sus finanzas hacia la titularidad del Ejecutivo, utilizando la gestión de inmuebles públicos como vitrina de eficiencia, un escenario que pone a prueba tanto los marcos legales de fiscalización como la paciencia del electorado.

El "Guardián de las Arcas": La chequera como estructura política

Dentro de cualquier administración, el responsable de las finanzas es quien valida la viabilidad de las promesas de campaña y autoriza el flujo de recursos. En el supuesto de una sucesión protegida, dejar a un tesorero como heredero político representa la máxima garantía de que las cuentas "cuadrarán" tras la salida del gobernante en turno. Es, esencialmente, una estrategia de autoprotección ante auditorías futuras.

Cuando este perfil técnico comienza a abandonar la discreción de la oficina para convertirse en vocero de decisiones polémicas —como la adquisición de edificios viejos bajo la narrativa de un ahorro en rentas—, se inicia un proceso de construcción de perfil público. El "fogueo" mediático del tesorero, al defender cifras de ahorro que a menudo resultan volátiles, busca dotarlo de una visibilidad que el cargo no posee de forma natural. Sin embargo, esta exposición es un arma de doble filo: lo vincula directamente con la paternidad de proyectos que, de fracasar técnicamente, se convierten en su principal lastre electoral.

La colonización del espacio y la red de compromisos

La gestión de inmuebles en zonas de alto valor histórico o centralidad urbana suele ser el escenario donde se manifiesta la "realidad evidente" del control territorial. Al concentrar dependencias en un núcleo específico, el gobierno crea un nodo de control político y social. Mover a cientos de empleados y centralizar trámites permite que la estructura administrativa tenga una presencia física dominante.

No obstante, esta "colonización" genera una periferia de necesidades logísticas: rentas de estacionamientos, adquisición de predios colindantes y convenios con particulares. Aquí es donde el fondo político se vuelve más complejo. La gestión de estos servicios adicionales abre una ventana de oportunidad para tejer redes de compromisos con propietarios y empresarios locales, apoyos que resultan fundamentales en una futura campaña. El riesgo radica en que, para el ciudadano, esta red no se traduce en beneficios, sino en una saturación vehicular y una degradación del entorno urbano que antes funcionaba bajo otras dinámicas.

El filtro de la fiscalización: Entre la probidad y la falta grave

En un estado con leyes de responsabilidad administrativa estrictas, como es el caso de las entidades que conforman el Bajío mexicano, el camino del "delfín" está sembrado de minas legales. La Auditoría Superior competente no actúa solo como un ente técnico, sino como el árbitro de la viabilidad política de un funcionario.

Existen dos figuras de riesgo latente en este tipo de gestiones inmobiliarias.
-Daño Patrimonial por Improvisación: Si los fondos destinados a un supuesto "ahorro" se diluyen en costos ocultos (mantenimiento, seguridad, arrendamientos periféricos), la auditoría podría tipificar un daño a la hacienda municipal. El tesorero, como responsable directo de la suficiencia presupuestal, queda en la primera línea de responsabilidad.
-Abuso de Funciones: La asignación de contratos para remodelaciones o la compra de terrenos para subsanar la falta de planeación original -como la ausencia de estacionamientos- puede ser interpretada como un uso del cargo para generar beneficios a grupos de interés, especialmente si existe una línea sucesoria marcada.

La fiscalización concomitante —aquella que ocurre en tiempo real— puede "congelar" una candidatura si se detectan pliegos de observaciones no solventados. En la política moderna, la probidad y la honradez ya no son solo valores morales, sino requisitos de elegibilidad que un proceso de auditoría puede invalidar antes de que el candidato llegue a la boleta.

El veredicto del sentido común: El factor social

Incluso si un aspirante logra sortear los filtros técnicos de una auditoría, el veredicto final reside en la percepción ciudadana. El electorado posee un termómetro agudo para detectar soluciones artificiales. Propuestas logísticas que carecen de realismo —como sistemas de transporte de personal improvisados para evitar el caos vial que el mismo gobierno generó— suelen ser interpretadas como una subestimación de la inteligencia del votante.

El ciudadano no analiza el balance contable, pero padece el tráfico. Si la narrativa oficial habla de ahorros millonarios mientras la realidad física muestra un centro histórico colapsado y servicios públicos deficientes, se genera una disonancia cognitiva que suele resolverse a través del voto de castigo. El "delfín" carga inevitablemente con los negativos de su mentor; si la administración saliente es percibida como improvisada o utilitarista, la continuidad se vuelve una oferta política poco atractiva.

La ética del uso del dinero público

La lección fundamental de estos temas administrativos es que el camino hacia el futuro requiere de una apuesta científica y armónica, no de pragmatismo electoral disfrazado de austeridad. Una política pública se valora por su aporte a la solución de problemas, no por su capacidad para sostener a un grupo en el poder. 

Cuando la soberanía popular percibe que sus necesidades de movilidad, seguridad y respeto al patrimonio histórico han sido ignoradas en favor de un diseño sucesorio, el castigo en las urnas suele ser la respuesta natural. La verdadera prueba para quien aspira a gobernar desde la tesorería no es cuadrar las cifras ante los auditores, sino ser capaz de sostener la mirada a un ciudadano que, en su día a día, comprueba que la decisión administrativa de su gobierno le ha complicado la vida. Celaya, o cualquier municipio en circunstancias similares, demanda una visión que integre bienestar y sostenibilidad, alejándose de la "edad de piedra" de la planeación urbana donde la improvisación es la regla y el interés público la excepción. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-La adquisición de inmuebles en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, carece de sustento técnico y financiero real.
-El traslado de dependencias burocráticas al centro histórico amenaza con colapsar la movilidad urbana y degradar el patrimonio arquitectónico celayense.
-Los supuestos ahorros proyectados en arrendamientos se desvanecen ante los costos ocultos de estacionamientos, logística de transporte y mantenimiento.
-La visión administrativa actual prioriza la concentración de poder y el pragmatismo electoral sobre la sostenibilidad ambiental y el ordenamiento urbano.

El espejismo del ahorro frente al caos logístico

La administración pública de Celaya atraviesa un momento de profunda contradicción técnica. La reciente decisión de adquirir dos edificios en el centro histórico, bajo la narrativa de una supuesta política de austeridad para "ahorrar rentas", se ha convertido rápidamente en un catálogo de improvisaciones que comprometen no solo el erario, sino la viabilidad misma del corazón de la ciudad. Este análisis se sustenta en las observaciones de José Luis Ramírez, quien desde su columna "Doble o Nada" -reproducida por Reporte Bajío (https://reportebajio.com/edificios-viejos-gastos-nuevos/ )- y su papel como consejero de la Alianza Ciudadana Celayense, ha diseccionado la inviabilidad de esta medida. Resulta pertinente señalar, en aras de la transparencia informativa, que el autor es hermano del actual alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, lo que otorga a su crítica una relevancia singular al provenir de un entorno cercano que conoce de primera mano el estilo de gobernanza actual.



La falacia del ahorro y la miopía financiera

El argumento central del gobierno municipal ha sido la eficiencia económica. Se reportó inicialmente un desembolso de aproximadamente 23 millones de pesos —cifra que el tesorero Juan Almaraz ajustó después a 19.7 millones— con la promesa de ahorrar 5 millones de pesos anuales en rentas. Sin embargo, la realidad de las finanzas públicas en Guanajuato exige una contabilidad que considere los costos externos y de oportunidad. Al carecer estos edificios de estacionamientos propios, la administración se ha visto obligada a improvisar soluciones costosas: desde la renta de cajones privados hasta la intención de comprar terrenos adicionales o habilitar fincas antiguas como depósitos de vehículos.

En un escenario conservador de 120 vehículos oficiales que requieren resguardo, a un costo promedio de 1,500 pesos mensuales por cajón, el municipio estaría erogando más de 2.1 millones de pesos anuales solo en este rubro. Si proyectamos este gasto a una década, el supuesto ahorro se anula por completo, igualando el valor de compra de los inmuebles. Esto sin contar los costos de adecuación, remodelación y el personal de seguridad necesario para gestionar estos nuevos espacios dispersos. Como bien se ha señalado en el análisis de José Luis Ramírez, el ahorro ha pasado de 5 millones a 2.2 millones en declaraciones oficiales recientes, evidenciando que los "gastos nuevos" están devorando la viabilidad del proyecto antes de que sea operativo.

Impacto urbano: Un Centro Histórico bajo asedio

Desde la perspectiva de la planeación urbana moderna, el centro de Celaya debería ser un espacio de revitalización, rescate patrimonial y fomento a la movilidad no motorizada. La decisión de concentrar la burocracia en esta zona va en sentido opuesto a las tendencias internacionales de urbanismo. El traslado de más de 200 vehículos oficiales, sumado a los autos de empleados y ciudadanos que acuden a realizar trámites, generará un cuello de botella en una zona donde la movilidad ya es frágil.

La propuesta del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez de utilizar camionetas municipales para recoger a los trabajadores en sus domicilios para que no lleven sus autos es, en el mejor de los casos, una ocurrencia logística sin sustento y, en el peor, una admisión de que la ubicación elegida es inviable. Este tipo de declaraciones reflejan una gestión que parece operar bajo la "edad de piedra" de la administración pública, donde el automóvil sigue siendo el eje central del diseño urbano, incluso a costa de destruir el patrimonio. El intento de comprar casas para convertirlas en estacionamientos es un atentado directo contra la identidad histórica de Celaya, incentivando la demolición de fincas del siglo XIX y XX que deberían ser protegidas.


El factor político y la ética del gasto

No se puede soslayar que el tesorero municipal, Juan Almaraz Vilchis, ha sido señalado como el "delfín" del alcalde para la sucesión municipal. En este contexto, la urgencia por habilitar estos edificios y presentar resultados financieros "positivos" —aunque sean maquillados u omitan costos ocultos— adquiere una carga política y electoral evidente. La administración pública no es una empresa privada; su éxito no se mide solo por el flujo de caja, sino por el valor social que genera. Inyectar recursos en "cascarones de cemento" que violentan la imagen urbana por su altura y diseño intrusivo es un acto administrativo que carece de visión de futuro.

En Guanajuato, la legislación sobre el uso de recursos públicos y responsabilidad administrativa es clara: las decisiones deben basarse en la racionalidad y el beneficio colectivo. El hecho de que se priorice la vida de la fauna sobre la humana en ciertas leyes —como se ha criticado en otros contextos— aquí encuentra un paralelo irónico: se prioriza la comodidad de la burocracia y el ahorro superficial sobre la calidad de vida de los habitantes que deben padecer el ruido, la contaminación y la saturación de su centro histórico.

Celaya ante el espejo de su futuro

La lección de esta "imprudencia institucional" es clara: Celaya no puede seguir gobernándose bajo la improvisación. La compra de los edificios no generará ahorro porque los costos de afectación al medio ambiente, a la movilidad y al patrimonio edificado serán cada día mayores y de difícil reparación. Una ciudad con un crecimiento exponencial requiere de una apuesta científica por la sostenibilidad. 

El gobierno de Juan Miguel Ramírez Sánchez debe entender que el centro histórico es un activo cultural, no una bodega de archivos y oficinas. La verdadera austeridad es la que no genera deudas logísticas para las próximas generaciones. Como bien sentencia la crítica ciudadana, "les salió más caro el caldo que las albóndigas", y en la administración pública, ese costo extra siempre termina pagándolo el ciudadano a través de servicios deficientes y una ciudad cada vez más difícil de habitar. Celaya merece una visión armónica que integre cultura, bienestar y un uso ético de los recursos públicos. #MetroNewsMx

febrero 11, 2026 ,

Redacción Editorial Metro News

-El discurso del alcalde minimiza el trauma psicológico y la quiebra económica que un robo con violencia genera en las familias.
-Para las víctimas, que el Estado prefiera el robo sobre el homicidio es una confesión de incapacidad para garantizar la seguridad integral.
-La frase "mejor que te roben a que te maten" es un chantaje moral que utiliza la muerte para silenciar el reclamo por la impunidad.
-El robo de herramientas de trabajo o ahorros en Celaya representa para muchas víctimas una tragedia financiera irreversible.
-Minimizar el robo ignora que este delito es el principal generador de miedo, ansiedad y erosión del tejido social en la comunidad.
-El alcalde interpreta el alza en denuncias como confianza, cuando para la víctima es un trámite burocrático nacido de la desesperación.
-La jerarquización de delitos por parte del gobierno valida la desprotección de quienes sufren crímenes patrimoniales diariamente.
-La víctima se siente doblemente vulnerada: por el delincuente que le quita sus bienes y por el gobernante que resta importancia a su pérdida.
-Para un comerciante asaltado, el robo no es un "mal menor", es el fin de su sustento y la violación de su espacio de paz.
-El Estado de Derecho se rompe cuando el gobernante admite que hay delitos "preferibles" en lugar de combatirlos todos.
-La perspectiva ciudadana exige justicia absoluta, no una comparativa estadística que se use para justificar el fracaso policial.
-La declaración oficial fomenta la normalización del delito, enviando un mensaje de impunidad a los delincuentes comunes.
-Las víctimas de robo también sufren violencia física y amenazas que el discurso oficial intenta invisibilizar bajo el término "patrimonial".
-Un gobierno que no protege el patrimonio de sus ciudadanos falla en uno de los pilares básicos del contrato social.
-La seguridad no es un bien negociable; las víctimas rechazan la idea de que deban agradecer por no haber sido asesinadas tras un asalto.

Para el ciudadano que camina las calles de Celaya, la declaración del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez no es una estadística, es una bofetada a su realidad cotidiana (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/homicidios-disminuyen-en-celaya-pero-robos-aumentan-en-la-entidad-28334774 ). 

Textualmente, El Sol del Bajío consigno el 10 de febrero las palabras sin ton ni son el alcalde: "reconoció que los robos en sus diferentes modalidades van en aumento y de forma irónica dijo “preferimos eso a que haya asesinatos”".

Cuando un gobernante afirma que es mejor que te roben a que te maten, está estableciendo una jerarquía del dolor que solo tiene sentido en los despachos oficiales, pero que resulta cruel y deshumanizante desde la perspectiva de la víctima. Para quien ha sido despojado de su patrimonio, la frase no ofrece consuelo; ofrece la validación de su desprotección (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/aumentan-10-los-robos-a-casa-habitacion-en-celaya-reforzaran-estrategia-de-seguridad-28104691 ).

Desde la mirada de quien llega a su casa y la encuentra vacía, o de quien es bajado a punta de pistola de su vehículo —su herramienta de trabajo, el fruto de años de ahorro—, el robo no es un "mal menor". Es una violación a su intimidad, a su seguridad y a su esfuerzo. La perspectiva de las víctimas nos dice que el robo con violencia deja secuelas psicológicas profundas: el miedo a dormir, la paranoia al conducir, la sensación de que el espacio personal ha sido profanado. Al minimizar este delito frente al homicidio, el alcalde está diciendo, implícitamente, que el trauma patrimonial y emocional de miles de celayenses es un costo aceptable para mejorar su balance político.

Existe, además, una crueldad económica en este análisis de escritorio. En un país con una movilidad social tan precaria, el robo de una camioneta repartidora o de los ahorros guardados en una vivienda puede significar la quiebra de una familia o el fin de un pequeño negocio. Para estas víctimas, el Estado ha fallado doblemente: primero, al no prevenir el delito, y segundo, al pedirles que den las gracias porque "al menos siguen vivos". Es una forma de chantaje moral donde se utiliza la tragedia del asesinato para silenciar el justo reclamo por la inseguridad patrimonial.

La visión de las víctimas también revela la falacia de la "confianza en la denuncia". El alcalde asegura que los robos suben en las cifras porque la gente ahora sí denuncia. Sin embargo, para la víctima, denunciar suele ser un calvario de horas en el Ministerio Público que rara vez termina en la recuperación de sus bienes o en la captura del delincuente. Decir que el aumento de robos es un "indicador de confianza" es una interpretación perversa de la desesperación ciudadana. La víctima no denuncia porque confíe ciegamente en el gobierno, sino porque muchas veces lo necesita para trámites de seguros o por la remota esperanza de justicia que el propio sistema se encarga de dilatar.

Finalmente, desde la ética de las víctimas, un gobierno que jerarquiza delitos está claudicando en su obligación constitucional. No se puede construir paz social sobre la base de elegir qué tipo de delincuencia es "tolerable". Para las madres de familia, para los comerciantes y para los jóvenes de Celaya, la seguridad no es un menú de opciones donde se elige el daño menos letal. Es un derecho indivisible. La política de "conformarse con el robo" es, en última instancia, la confesión de un Estado que ha perdido el control del territorio y que intenta disfrazar su impotencia con una retórica de falsa compasión.

Esta es una de las cuestiones más complejas de la ética política y la comunicación de gobierno. Cuando un mandatario como el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, declara que "es mejor el robo que el homicidio", está tocando una fibra sensible que involucra la ética del "mal menor", la legitimidad del Estado y la psicología de la seguridad.

La validez de la declaración

Desde el punto de vista de la comunicación política, este tipo de frases suelen considerarse un error grave, incluso si son "técnicamente" ciertas en una escala de valores.

El papel fundamental del Estado es garantizar la seguridad integral (vida y patrimonio). Al jerarquizar delitos, el gobernante parece admitir una incapacidad para cumplir con ambas funciones. Para un ciudadano que acaba de perder su patrimonio o su herramienta de trabajo, escuchar que su desgracia es "preferible" resulta ofensivo y deslegitima la autoridad.

Los gobernantes rara vez pueden permitirse la ironía en temas de seguridad. Lo que para el alcalde puede ser una forma de resaltar un avance estadístico en homicidios, para la opinión pública se lee como cinismo o indiferencia ante el robo, un delito que afecta directamente la calidad de vida diaria.

El dilema del "mal menor"

¿Cabe hablar aquí del mal menor? La respuesta es sí, pero con matices importantes.

En la ética clásica, la vida humana es el bien jurídico supremo. Bajo esta lógica, cualquier mal que no resulte en la pérdida de una vida es, efectivamente, un "mal menor" comparado con el asesinato. Un gobernante que enfoca sus recursos limitados en salvar vidas está actuando bajo una ética de la responsabilidad.

El riesgo ético de este argumento es la normalización del delito. Si un gobierno acepta el robo como un "costo tolerable" para reducir los homicidios, está renunciando al Estado de Derecho. El "mal menor" debe ser una situación excepcional de crisis, no una política de estado permanente.

Para la sociedad, el robo genera un clima de inseguridad constante -miedo a salir, a trabajar, a invertir-. Aunque el homicidio es más grave, el robo es más frecuente y "corroe" el tejido social de manera distinta. Decir que uno es mejor que otro ignora que ambos alimentan el mismo ecosistema de impunidad.

El análisis de fondo: ¿Por qué lo dice Juan Miguel Ramírez Sánchez?

El alcalde de Celaya utiliza esta frase como una herramienta defensiva ante la estadística. Si los homicidios bajan pero los robos suben entre un 30% y 40%, la narrativa oficial busca que el ciudadano se enfoque en la vida salvada y no en la televisión o el coche perdido.

Sin embargo, el peligro es que esta lógica se convierta en una "trampa de gobernanza". Se usa el éxito en un área para justificar el fracaso en otra. Indirectamente, se envía un mensaje de que ciertos delitos "no son la prioridad" de la policía, lo que puede incentivar a la delincuencia común.

Por lo tanto, es inválido que un gobernante utilice esta frase de manera pública porque fractura la confianza ciudadana y comunica una rendición parcial ante la delincuencia. Aunque en el análisis frío y ético el robo sea un mal menor frente a la muerte, la labor de un gobernante no es elegir qué delito prefiere, sino combatir la criminalidad en todas sus formas.

Como bien se infiere de las críticas recibidas por el obispo de Celaya y otros sectores, un gobernante debe ser el ejemplo de legalidad; admitir que un delito es "mejor" que otro es, en última instancia, una forma de claudicar ante la inseguridad. #MetroNewsMx


Mesa de Análisis/La Saga/Adela Micha/Redacción Editorial Metro News

-La captura del alcalde de Tequila revela que el narco ya no solo corrompe, sino que se ha convertido en el arquitecto del poder local.
-Roberto Gil Zuarth alerta que la integridad del Estado mexicano está comprometida por la formación de autoridades bajo control criminal.
-Rosario Robles califica de regresivas las reformas electorales que facilitan la entrada de dinero ilícito al debilitar al INE.
-Los analistas critican la opacidad en el envío de petróleo a Cuba, viendo una sumisión oculta ante las presiones de Donald Trump.
-Arturo Maximiliano destaca que la captura de un alcalde morenista es un avance, pero el problema es un sistema coptado por el miedo.
-La mesa denuncia que en regiones como Jalisco y Michoacán, las placas de autoridad sirven para institucionalizar la extorsión armada.
-Se cuestiona el discurso de soberanía frente a la realidad de operativos extranjeros y el destierro de capos sin seguir la legalidad.
-Los participantes advierten que Donald Trump utiliza la debilidad del control territorial de México como moneda de cambio comercial.
-Rosario Robles urge a formar un frente democrático para evitar que el crimen organizado decida las elecciones intermedias de 2027.
- El debate en La Saga expone cómo la política de "abrazos" dio carta blanca para que los criminales se apoderen de las instituciones.
-Se analizó el impacto de la reforma judicial como otra puerta abierta para que el crimen influya en la impartición de justicia local.
-Adela Micha subrayó la misoginia en los cumplidos de Trump hacia la presidenta, advirtiendo que siempre hay un cobro político detrás.
-Gil Zuarth señala que la vulnerabilidad de México ante EE. UU. nace de la incapacidad del gobierno para frenar la narcopolítica local.
-La mesa concluyó que abaratar las elecciones es un pretexto tramposo que solo beneficia a quienes buscan financiamiento oscuro.
-El llamado final fue a transparentar las negociaciones con Washington para evitar que los mexicanos se enteren de las cesiones por X.

La captura de las instituciones por el crimen organizado fue el eje central de una mesa de debate que desnudó la fragilidad del Estado mexicano.
En esta edición de La Saga, Adela Micha moderó una discusión frontal entre Rosario Robles, Roberto Gil Zuarth y Arturo Maximiliano García.
Se analizó cómo la política de seguridad y la falta de controles electorales han permitido que el narco sea la autoridad misma.



La mesa de análisis político de Adela Micha en La Saga se convirtió esta semana en un espacio de denuncia y reflexión profunda sobre uno de los temas más espinosos y urgentes de la agenda nacional: la infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder político en México. Con la participación de Rosario Robles, Roberto Gil Zuarth y Arturo Maximiliano García, el debate partió de un hecho reciente que sacudió a Jalisco y al país entero: la detención del alcalde de Tequila, Alfonso Magallanes, de extracción morenista, por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su participación en esquemas de extorsión institucionalizada contra empresas emblemáticas de la región.

El diagnóstico presentado por los analistas fue devastador. Roberto Gil Zuarth fue enfático al señalar que México ya no enfrenta simplemente un problema de seguridad pública, sino una crisis de integridad del Estado. Según el jurista y político, el crimen organizado ha evolucionado de ser un agente externo que buscaba corromper a la autoridad, a convertirse en el arquitecto mismo de la autoridad. Ya no se trata solo de financiar campañas en lo oscurito para obtener protección; ahora los grupos delictivos seleccionan perfiles, imponen candidaturas y, una vez en el cargo, utilizan la placa y el presupuesto para consolidar su control territorial. Gil Zuarth advirtió que cuando un alcalde o un jefe policial es el encargado de comandar las extorsiones a punta de fusil, el Estado de derecho ha dejado de existir en ese territorio.

Por su parte, Rosario Robles aportó una visión crítica sobre la respuesta institucional ante esta realidad. Robles lamentó que, en lugar de fortalecer los mecanismos de fiscalización y blindaje de las candidaturas, el actual gobierno y su partido impulsen reformas electorales que calificó como regresivas. Al debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y proponer la eliminación de plurinominales o el recorte de financiamiento público, se le abre la puerta de par en par al dinero sucio. Robles subrayó que la polarización fomentada desde el poder y la insistencia en golpear a la oposición sin buscar consensos solo debilita al país frente a amenazas externas y permite que el cáncer de la narcopolítica siga haciendo metástasis en los municipios.

Arturo Maximiliano García, aunque reconoció la gravedad del panorama, puso sobre la mesa un matiz de esperanza al considerar aplaudible que la detención del alcalde de Tequila se haya realizado a pesar de ser de las filas del partido en el poder. Para García, este acto podría interpretarse como una señal de que el sistema de castigos y recompensas puede empezar a funcionar de nuevo, independientemente de la filiación política. Sin embargo, coincidió en que el reto es sistémico, ya que el control del crimen ha permeado desde lo local hasta lo estatal en diversas regiones del país, creando feudos donde la ley de la selva impera sobre la Constitución.

La discusión no se limitó a lo electoral. La mesa analizó con rigor la relación bilateral con Estados Unidos, marcada por la figura transaccional de Donald Trump. Los analistas observaron con preocupación cómo México parece estar negociando a la defensiva, cediendo en agendas críticas como la migración, el envío de petróleo a Cuba y la imposición de aranceles a China, a cambio de una estabilidad efímera. Gil Zuarth señaló una vulnerabilidad crítica: Trump sabe que en México el crimen organizado tiene un control territorial que el gobierno no puede o no quiere frenar, y utiliza esa debilidad para imponer condiciones. Mientras en las mañaneras se habla de soberanía, en la realidad se aceptan operaciones de agencias extranjeras y se desterran capos sin seguir los procesos de extradición formales.

El tema de Cuba también fue un punto de fricción. Adela Micha cuestionó la opacidad con la que el director de Pemex ha manejado la información sobre el envío de crudo a la isla. La contradicción entre "ayuda humanitaria" y "contratos comerciales" deja ver, según la mesa, una falta de estrategia clara en política exterior que nos deja expuestos a las correcciones de plana que Trump realiza a través de sus redes sociales. La falta de transparencia no solo afecta la credibilidad del gobierno, sino que oculta el costo real que los mexicanos pagan por sostener ideologías que, en la práctica, se doblan ante la presión de Washington.

Finalmente, la mesa concluyó con una advertencia sobre el futuro inmediato. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, si México no implementa una reforma electoral que verdaderamente bloquee el paso a los "narco-candidatos", el país corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido por goteo, municipio por municipio. La urgencia no es abaratar la democracia, sino salvarla de quienes usan las urnas para legitimar la violencia y la extorsión. La detención en Tequila debe ser el inicio de una limpieza profunda y no un caso aislado para calmar las aguas internacionales. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-Dos notas editoriales de José Luis Ramírez Sánchez describen un escenario de fragilidad y deterioro donde el tiempo del gobierno ya se agotó sin haber dado resultados tangibles.
-Se denuncia que la administración ha perdido el tiempo en discursos vacíos mientras la siniestralidad escala a niveles alarmantes.
-El texto concluye que el gobierno de Juan Miguel Ramírez ha fallado en entender la movilidad como un principio de justicia social.
-La sentencia final es un llamado a la acción ciudadana para detener la desmesura de una administración que ya se siente ausente.
-José Luis Ramírez señala que la ciudad no está para experimentos de prueba y error a mitad de un mandato que ya luce desgastado.
-La gestión de Juan Miguel Ramírez es tachada de ligera e inconsistente, revelando un profundo desconocimiento de la administración pública.
-El anuncio de desaparecer la Dirección de Movilidad es calificado por el hermano del alcalde como un acto de autosabotaje gubernamental.
-Las notas de los medios celayenses ponen de manifiesto un alcalde que primero dice una cosa, luego dice otra y luego ya no sabe qué dijo.
-El análisis destaca que el alcalde prefiere la mano dura contra grafiteros mientras muestra sumisión ante los grupos criminales.
-Se denuncia que el sistema de transporte público está estancado y con una tendencia a la baja que lo vuelve financieramente inviable.
-El hermano del edil critica los discursos oficiales de honestidad, señalando que las inercias de corrupción y deficiencia persisten.
-Se califica como un cuento chino la promesa de autobuses eléctricos, mientras las unidades actuales son obsoletas y están fuera de norma.
-La falta de pericia técnica ha provocado que el sistema de semaforización colapse, dejando la seguridad vial a la deriva en la ciudad.
-Se señala una criminalización irrespetuosa y sin pruebas por parte del alcalde hacia los anteriores directores de la dependencia.
-La administración es señalada por reducir la política de inclusión a simple publicidad y pintura roja en rampas mal diseñadas.
-José Luis Ramírez advierte que desaparecer Movilidad es un desatino que atenta contra el derecho constitucional de los ciudadanos.
-La propuesta de ahorro por la desaparición de la oficina es exhibida como irrelevante frente al derroche en festejos y ferias.
-El autor asegura que la autoridad moral y política se ha perdido en el gobierno municipal de Celaya ante tanta improvisación.
-La conclusión del hermano es lapidaria: el actual gobierno es una desmesura irresponsable que debe ser arrancada de raíz.
-El crecimiento del 150% en el padrón de motocicletas ha tomado por sorpresa a una administración sin capacidad de planeación.
-José Luis Ramírez denuncia que el gobierno municipal ignora que la moto es hoy el motor de inclusión social para los más pobres.
-Se señala que los accidentes de motocicleta generan un impacto económico invisible de 72 millones de pesos anuales para la ciudad.
-El hermano del alcalde critica que no existan carriles compartidos ni infraestructura segura, condenando a los jóvenes al riesgo.
-La falta de un plan de movilidad condena a Celaya a una motorización individual desordenada y altamente contaminante.
-Se califica como una amenaza al derecho constitucional de movilidad el desmantelar las áreas técnicas encargadas de la seguridad.
-El autor afirma que la autoridad municipal es corresponsable de las muertes viales al no garantizar condiciones de seguridad mínima.
-Se tacha de desatino que el alcalde priorice el ahorro administrativo sobre la vida y la integridad física de los celayenses.
-El análisis revela que el transporte público es tan deficiente que obliga a los trabajadores a arriesgarse en vehículos de dos ruedas.
-José Luis Ramírez propone que reducir los accidentes en un 50% ahorraría 36 millones de pesos, algo que el gobierno ni siquiera proyecta.
-La infraestructura actual es descrita como excluyente y diseñada solo para el automóvil, ignorando la realidad social de Celaya.
-El hermano del edil exige justicia espacial para que ciclistas y motociclistas dejen de ser estigmatizados por la autoridad.

En dos artículos publicados por José Luis Ramírez Sánchez (https://reportebajio.com/autosabotaje-en-movilidad-y-transporte-doble-o-nada/ y https://reportebajio.com/la-motocicleta-y-la-carrera-de-la-movilidad-doble-o-nada/ ), hermano del presidente municipal de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, más las publicaciones realizadas por diversos medios locales desde el 14 de enero hasta casi finalizar el mes de enero, exhiben a una administración municipal que está dañando a Celaya y a los celayenses. Una exhibición de ineptitud señalado desde el dedo acusador del mismísimo hermano del alcalde y que pone en claro que el gobierno emanado de Morena y que llegó al poder quién sabe mediante qué "maromas", le ha estado mintiendo a la ciudadanía y haciendo experimentos que le están costando millones de pesos al erario

Crónica de un desgobierno anunciado: El análisis de José Luis Ramírez

La administración municipal de Celaya, encabezada por Juan Miguel Ramírez Sánchez, enfrenta un juicio severo y frontal proveniente de su propio núcleo familiar. José Luis Ramírez Sánchez, a través de un análisis técnico y político de gran calado, ha desnudado las carencias, omisiones y lo que él denomina como un autosaboteo constante en una de las áreas más sensibles para la población: la movilidad y el transporte. Lo que se desprende de sus textos no es solo una crítica administrativa, sino una denuncia de la falta de seriedad de un gobierno que parece navegar sin brújula.

El punto de ruptura más evidente es la intención del alcalde de desaparecer la Dirección de Movilidad y Transporte. Para José Luis Ramírez, esto no es una estrategia de optimización, sino un error garrafal. El calificativo de autosabotaje resuena con fuerza, especialmente cuando se considera que Celaya, con casi 600 mil habitantes, requiere de instituciones sólidas y no de la fragmentación de responsabilidades. El hermano del edil señala que esta decisión es un balazo a la reelección y una muestra clara de que se está gobernando bajo la dinámica de prueba y error, un lujo que una ciudad con la complejidad de Celaya no puede permitirse.

La movilidad en Celaya se encuentra en un estado de fragilidad alarmante. El sistema de transporte público, lejos de avanzar hacia la modernización prometida, se encuentra en un proceso de involución. José Luis Ramírez destaca que, tras la pandemia, el número de usuarios y de unidades en operación ha caído drásticamente. De las 400 unidades que circulaban antes de 2020, hoy solo quedan 288, y de ellas, 66 son chatarra. La promesa de los autobuses eléctricos de origen chino es fustigada como un cuento chino y un banderazo de aire, ya que no existe ni siquiera la infraestructura de carga necesaria para que operen. Mientras tanto, los ciudadanos padecen retrasos que van de los cinco minutos hasta las dos horas.

El análisis profundiza en la incapacidad técnica de la administración. Se menciona con ironía y severidad que el mayor aporte en materia de accesibilidad ha sido pintar de rojo los accesos para personas con discapacidad, sin atender el diseño universal ni el mantenimiento. Más grave aún es la situación de la semaforización, donde la falta de gestión ha llegado al extremo de culpar a las ratas por el robo de cables, una excusa que para el autor revela la desatención total de la seguridad vial. El incremento de accidentes, con un promedio de 200 por mes y un costo social millonario, es la prueba tangible de un gobierno que ha fallado en proteger a su gente.

Uno de los puntos más críticos del señalamiento de José Luis Ramírez es la ligereza con la que el alcalde toma decisiones de gran impacto. Juan Miguel Ramírez ha argumentado que desaparece la dirección porque no encuentra a alguien honesto para el cargo, una afirmación que su hermano califica como una generalización irrespetuosa que criminaliza a los profesionales del sector sin presentar pruebas. Este vacío de liderazgo, con una dirección que ha pasado meses sin titular, ha derivado en una dispersión de funciones que solo agrava los problemas de congestión y contaminación que asfixian a la ciudad.

El hermano del alcalde también pone el dedo en la llaga sobre la incongruencia financiera. El argumento del ahorro para justificar el desmantelamiento de Movilidad se desmorona cuando se compara con el gasto excesivo en la Feria de Celaya, donde se dilapidaron casi tres millones de pesos diarios sin dejar un beneficio social real. Para el analista, esto demuestra que las prioridades del gobierno municipal están volcadas hacia lo electoral y lo político, ignorando que la movilidad es un derecho humano que facilita el acceso al trabajo y la salud.

Finalmente, la crítica trasciende el tema técnico para tocar la fibra de la seguridad y la moralidad pública. José Luis Ramírez cuestiona duramente la postura del alcalde frente a la delincuencia. Mientras Juan Miguel Ramírez declara que no vino a combatir a los grupos criminales, presume mano dura contra jóvenes grafiteros. Esta sumisión a los criminales frente al castigo a conductas menores es vista como la pérdida total de la autoridad moral y política. La sentencia es clara: Celaya merece un buen gobierno y el actual, por su desmesura e irresponsabilidad, parece haber agotado ya su tiempo y su legitimidad.

Esta es la segunda y última entrega del análisis editorial, enfocada en el fenómeno de la motocicleta, la crisis de seguridad vial y la conclusión del juicio político-administrativo que José Luis Ramírez Sánchez sostiene contra la gestión de su hermano.

La tragedia sobre dos ruedas: El fracaso en la seguridad de Celaya

La segunda parte del análisis de José Luis Ramírez Sánchez es una bofetada de realidad estadística y social para la administración de Juan Miguel Ramírez. El foco se traslada de las oficinas burocráticas a las calles, donde la motocicleta se ha convertido en el síntoma más evidente de un sistema de transporte público colapsado y una autoridad municipal que ha decidido mirar hacia otro lado. Para el hermano del alcalde, la proliferación de motocicletas no es un accidente, sino la respuesta desesperada de una población que no encuentra en el gobierno soluciones de movilidad dignas.

El crecimiento explosivo del 150% en el uso de motocicletas entre 2018 y 2025 es presentado como una "carrera" que el gobierno municipal está perdiendo por goleada. Mientras el ayuntamiento se enreda en discusiones sobre desaparecer dependencias para ahorrar unos pesos, miles de ciudadanos, principalmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos, se ven obligados a usar la motocicleta para sortear la ineficiencia de un transporte público caro e irregular. José Luis Ramírez es enfático: la moto es hoy una herramienta de inclusión social que la administración de su hermano criminaliza o ignora, en lugar de integrar con infraestructura segura.

Lo más crudo del análisis es el señalamiento de la alta siniestralidad. Con datos de la propia Dirección de Tránsito, se revela un escenario de guerra urbana: 200 accidentes mensuales, de los cuales una cuarta parte termina con lesionados graves. El autor le pone precio a la negligencia: cada accidente grave cuesta, en promedio, 100 mil pesos. Al año, esto suma una sangría de 72 millones de pesos en costos médicos, pérdida de productividad y daños materiales. Es un "gasto invisible" que el alcalde prefiere no ver, pero que desangra la economía de las familias celayenses.

El hermano del edil no se tienta el corazón al calificar esta situación como una violación al Artículo 4º Constitucional. Sostiene que el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad es una obligación que el municipio está evadiendo. Al intentar fragmentar la Dirección de Movilidad, el alcalde no solo comete un error administrativo, sino que comete un atentado contra la seguridad pública. José Luis Ramírez argumenta que, si el gobierno tuviera un gramo de visión técnica, entendería que invertir en cultura vial y carriles compartidos no es un gasto, sino una inversión que podría ahorrarle a la ciudad hasta 36 millones de pesos anuales tan solo reduciendo los accidentes a la mitad.

La crítica final es una estocada a la esencia misma del actual gobierno. José Luis Ramírez describe a una autoridad municipal que ha perdido la brújula y la moral. El contraste es doloroso: un alcalde que persigue a grafiteros pero que se muestra sumiso ante la delincuencia organizada, y que prefiere "ahorrar" desapareciendo una dirección estratégica mientras derrocha millones en ferias que no dejan rastro de beneficio social. La infraestructura de Celaya, bajo esta lógica, se mantiene como un modelo excluyente que favorece el automóvil y desprecia la vida de quienes se desplazan a pie, en bici o en moto.

En el cierre de este análisis profundo, queda claro que para José Luis Ramírez, el tiempo de la administración de Juan Miguel Ramírez se ha agotado. Los calificativos de "desmesura" e "irresponsabilidad" no son gratuitos; son el resultado de observar un gobierno que ha sustituido la planeación técnica por vaguedades políticas. La conclusión es una advertencia para los ciudadanos: la movilidad y la seguridad de Celaya no pueden dejarse en manos de quienes han demostrado que su única estrategia es el desmantelamiento institucional. La consigna es lapidaria: el gobierno actual ya se fue, y Celaya sigue esperando a alguien que realmente sepa gobernar.

FUENTES INFORMATIVAS CONSULTADAS:


Redacción Editorial

-Nancy de Santiago denuncia una actitud contradictoria y agresiva del alcalde de Celaya hacia la Iglesia y los medios locales.
-El análisis vincula las tácticas municipales con directrices del Foro de São Paulo para relativizar instituciones religiosas.
-De Santiago señala que el alcalde atribuye responsabilidades falsas a párrocos sobre el uso de pirotecnia en festividades.
-La abogada califica de intimidación la sugerencia del alcalde de encarcelar sacerdotes por tradiciones populares ajenas a ellos.
-Se expone una preocupante opacidad en cifras oficiales de obra pública y percepciones salariales en la administración actual.
-La entrevista destaca la victimización del alcalde como herramienta para movilizar a su base política contra la prensa crítica.
-De Santiago defiende que el derecho a la información es nulo sin una prensa que investigue y verifique los datos del gobierno.
-Se critica la apropiación gubernamental de tradiciones como las posadas, vaciándolas de su contenido religioso original.
-La abogada advierte sobre la violación de los artículos 6 y 24 constitucionales respecto a la libertad de fe y expresión.
-El análisis subraya el uso de un "discurso de odio" que busca polarizar a la ciudadanía celayense frente a sus instituciones.
-Se denuncia que la administración municipal prefiere "generadores de contenido" que evitan hacer preguntas difíciles al poder.
-La entrevista revela la existencia de quejas ante Derechos Humanos por parte de periodistas que sufrieron censura u hostigamiento.
-De Santiago califica como "banalización de la fe" el gasto de recursos públicos en rituales ajenos a la cultura local predominante.
-El liderazgo del alcalde es definido como "carismático-manipulador", buscando lealtad emocional por encima de la rendición de cuentas.
-La nota concluye que la ciudadanía debe exigir transparencia absoluta y respeto a la autonomía de los ministros de culto en Celaya.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y la mentira como estrategia

La reciente entrevista de Metro News con la abogada Nancy de Santiago destapa una cloaca de tensiones políticas en Celaya que trasciende la simple anécdota local. El análisis de De Santiago no es superficial; sitúa las acciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez dentro de una narrativa de confrontación ideológica que, según ella, busca socavar las instituciones tradicionales, específicamente la Iglesia Católica, y someter a la prensa mediante la victimización y el hostigamiento.


El eje central del análisis radica en la contradicción sistemática. De Santiago expone cómo el alcalde utiliza incidentes de pirotecnia para criminalizar simbólicamente a los párrocos, sugiriendo penas de cárcel sin pruebas, lo que ella define como una táctica del Foro de São Paulo para relativizar la religión. A esto se suma una denuncia de opacidad administrativa y desprecio por el rigor informativo, donde la autoridad prefiere generadores de contenido dóciles que a una prensa crítica. Estamos ante un escenario donde la verdad es secundaria frente a la construcción de un enemigo político.

-La abogada Nancy de Santiago vincula la agresividad del alcalde contra la Iglesia con una agenda ideológica de izquierda para debilitar la fe.
-Se denuncia un patrón de hostigamiento hacia los medios de comunicación, utilizando la victimización oficial para silenciar críticas legítimas.
-El análisis revela una sistemática manipulación de datos públicos y una apropiación gubernamental de tradiciones religiosas para fines políticos.

El análisis profundo de la realidad política en Celaya nos obliga a mirar más allá de la coyuntura diaria. Lo que Nancy de Santiago expone en su diálogo con el periodista de Metro News no es solo una serie de quejas administrativas, sino la radiografía de un cambio de paradigma en el ejercicio del poder municipal. Por primera vez, Celaya enfrenta una administración de izquierda que, lejos de buscar la cohesión social, parece haber optado por la confrontación como método de validación política.

La estrategia de ataque contra la diócesis de Celaya es, quizás, el punto más alarmante. De Santiago, con la precisión que le otorga su formación jurídica, desmenuza cómo el alcalde Ramírez Sánchez ha intentado vincular a los párrocos con el uso ilegal de pirotecnia. 

Este no es un error de apreciación del alcalde, sino un intento de estigmatización. Al sugerir que los sacerdotes podrían enfrentar la cárcel por actos realizados por la feligresía de forma independiente, el alcalde no solo falta a la verdad, sino que intenta fracturar el respeto histórico que la comunidad tiene por sus ministros de culto. 

La abogada es clara: no existe evidencia de que los párrocos inciten o compren estos explosivos; al contrario, es una responsabilidad de fiscalización municipal que el ayuntamiento intenta delegar a terceros para evadir su propia ineficacia.

Este comportamiento se enmarca, según el análisis, en una agenda más amplia vinculada al Foro de São Paulo. La tesis de De Santiago es que los gobiernos de esta corriente buscan relativizar la religión, mezclando lo sagrado con lo profano o banalizando los ritos para confundir a la grey. 

La apropiación de términos como posadas para eventos que carecen de contenido litúrgico es un ejemplo de cómo el poder político intenta absorber la identidad cultural y religiosa de la población, vaciándola de significado para convertirla en un simple espectáculo de clientelismo electoral.

Por otro lado, la relación del gobierno municipal con la verdad y con quienes tienen el deber de buscarla -la prensa- es de una hostilidad manifiesta. De Santiago destaca un evento en Villas del Bajío donde el alcalde, en ausencia de periodistas reales, arremetió contra los medios acusándolos de ser pagados o de hacer preguntas difíciles. 

Esta táctica de pelear contra sombras es una forma clásica de victimización. Al presentarse como un perseguido por los intereses mediáticos, el alcalde busca que su base de apoyo, ese voto duro movilizado por la emoción y no por la razón, cierre filas y descalifique cualquier cuestionamiento sobre la obra pública o el manejo del dinero de los impuestos.

La mención a los nueve periodistas que han tenido que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos es el testimonio fehaciente de un ecosistema democrático en peligro. Cuando la autoridad municipal se siente con la libertad de mentir en su informe de gobierno, de alterar cifras frente a sus propios regidores y de ignorar las recomendaciones de organismos autónomos, la ciudadanía queda en un estado de indefensión informativa. Sin datos veraces, el ciudadano no puede evaluar; sin evaluación, no hay rendición de cuentas; y sin rendición de cuentas, la democracia se convierte en una simulación.


El alcalde le gusta que las cosas se las digan en videos y en audios. "Nosotros no mentimos", dijo
hace unos 8 meses en una sesión de Cabildo.

Finalmente, el análisis nos lleva a la conclusión de que la manipulación de la fe y el hostigamiento a la libertad de expresión son las dos caras de una misma moneda autoritaria. La abogada Nancy de Santiago hace un llamado a la ciudadanización, entendida no como un apoyo ciego a un partido, sino como la participación activa y crítica del individuo en la vida pública. El respeto a los artículos 6 y 24 de nuestra Constitución es la única barrera que queda frente a un gobierno que parece preferir el culto a la personalidad y la lealtad emocional por encima del cumplimiento estricto de la ley y el respeto a la verdad histórica y social de Celaya.


Lo que dijo -que no es cierto y no pudo comprobar- en Tierras Negras, citando al obispo y sacerdotes

Lo que dijo de la prensa en Villas del Bajío


Lo que dice que no dijo y no hizo en Villas del Bajío de la prensa y en Tierras Negras de los sacerdotes; su conclusión, es que el ni dice ni hace y la culpable es la prensa.

La transcripción de la entrevista completa a Nancy de Santiago

Eugenio Amézquita: 
Pues tengo en la línea telefónica a la licenciada Nancy de Santiago. Ella es catedrática, ella es columnista en algunos medios de comunicación y pues tiene un espacio que se llama Ciudadanízate. Tiene un hondo significado esa palabra, ese título de su espacio. Y Nancy, pues en la semana pasada vimos dos escenarios o dos acontecimientos que, no sé tú si ya viste por ahí los medios y escuchaste las grabaciones y viste los videos, como que ponen en una actitud muy contradictoria al señor presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. ¿Qué escenarios o qué momentos? Estoy hablando uno, una cena a la que fue invitado el señor presidente municipal, o bueno, no sé si lo hayan invitado, quiero pensar que sí, donde estuvo presente el obispo de Celaya, varios sacerdotes, el padre encargado del templo Tierras Negras. Y el otro escenario es Villas del Bajío, donde se está entregando una rehabilitación de una obra pública y donde, este, pues también ocurrieron unos acontecimientos. En el primer caso fue evidenciado el hecho de que el señor presidente municipal a la prensa le dice que adentro de la casa parroquial, y esa es la palabra, adentro de la casa parroquial, usaron pirotecnia, es más, aventaron cohetes, hubo explosión. Pues eso fue lo que se dio a entender, pero después resulta que no fue así, que no en la casa parroquial, y creo que ni en el atrio hubo esto. ¿Tú te diste cuenta o te has informado de esto? ¿Qué me puedes decir? Gracias, Nancy. Del primer caso estamos hablando.

Nancy de Santiago: 
Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias, Eugenio. Fíjate que pues sí, yo dentro de mi espacio Ciudadanízate lo que efectivamente me gusta lo que has dicho, porque sí, no es un nombre al azar, es un nombre elegido porque nos falta mucho civismo. Nos falta saber cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestros deberes, porque siempre nos encantan los derechos pero no los deberes. Y también nos falta mucha participación política. Entonces desde la ciudadanía, o sea, no tenemos que estar en un partido. Los que quieran, qué bueno, qué padre, adelante, pero también se puede y se debe hacer política desde la ciudadanía porque eso es parte de lo que somos. O sea, yo soy una mujer, soy católica y soy ciudadana mexicana, allí obviamente pues en ese orden, ¿no?, porque pues primero es la parte biológica, aunque en el momento en que ya se bautiza uno, que ya pasó uno por tener un alma, pues evidentemente ya uno se orienta hacia nuestro creador. Y precisamente tomándolo de este punto de vista, con este crisol, sí quiero comentarte que como ciudadana y como católica me preocupa mucho la actitud que yo también he visto en el señor presidente. 

Es la primera vez, no estábamos acostumbrados a tener un presidente de izquierda y pues ahí sí se está notando una diferencia en que pareciera que toda oportunidad que se presenta para hablar de forma que pues agrede, concierne, atañe, se dirige e inmiscuye a la diócesis, a nuestros párrocos, pues siempre eso es, ahora sí que aprovechada. Creo que nunca había yo visto eso. Digo porque yo siempre he vivido en un municipio que no tenía un gobierno de izquierda y ahora que lo tenemos, pues me estoy dando cuenta que una de las diferencias es que toda oportunidad que se presenta para que se haga mención de aspectos que él considera negativos o que le atribuye de forma negativa a la diócesis y que no necesariamente son ciertos, que ese es el punto que hoy quiero resaltar en este momento ya que me das la oportunidad con esta entrevista que me haces. 

Pues no ocurrió. Yo he sabido, me he leído, me he informado que en realidad los cohetes fueron afuera, que no estaban presentes los párrocos ni el señor obispo con la gente durante ese momento que se hizo la quema de cohetes, que sabemos todos que se hace independientemente que sí se reivindica que en este municipio está prohibido el almacenaje, que está regulado distinto a otros municipios. Sin embargo, pues claro que los tienen que adquirir en alguna parte como sea, la actividad no ha cesado. Pero yo jamás, y lo digo como feligresa y también lo digo como ciudadana porque ahí sí es un doble aspecto, es decir, yo como ciudadana quiero que se cumpla la ley, pero también como feligresa pues jamás he visto que ningún párroco haya ordenado, incitado, instruido, pedido, solicitado, comprado, organizado los cohetes. Sí sabemos que están muy arraigadas algunas costumbres en las personas y que solo con cultura se pueden cambiar, pero eso no hace que sea el párroco el obligado a una parte que no es de su ministerio. 

Aquí le toca a fiscalización, le toca al municipio, le toca a las autoridades hacer cumplir la ley y creo yo que en eso se debe de ocupar, no en estar atribuyéndole responsabilidades a terceros. En este caso sí veo y sé que los párrocos no han incitado jamás al uso de los cohetes. Inclusive yo alguna vez le pregunté a alguno y me decía "No, la verdad es que no forma parte propiamente de la festividad, eso es un tema que la gente quiere". Es como la música que traen, no necesariamente es parte de la festividad, no es música sacra. Entonces ellos lo que han hecho es permitir que la gente se exprese y a la municipalidad le toca hacer cumplir la ley. Entonces a mí sí me parece que lo que debería de hacer el señor presidente es amarrarse los pantalones, hacer cumplir la ley, obviamente establecer la comunicación que tenga que establecer con los ciudadanos para que si algo va a cambiar, pues que cambie; si algo va a ser modificado, pues que se modifique y si algo va a ser sancionado, que se sancione. 

Pero a mí lo que me preocupa más de todo esto que acabo de mencionar es esta inclinación constante, porque lo vi en dos tres entrevistas, de señalar que los párrocos pueden ser objeto de ser sancionados con cárcel cuando en ningún momento se está diciendo que son los responsables. Nadie les ha acreditado semejante cosa y me parece que estarlo remachando cada vez que se puede, que es lo que he visto yo, es una actitud que trata de que los feligreses recibamos un impacto, un impacto emocional respecto de la actitud de nuestros párrocos y de nuestras autoridades eclesiásticas. Si yo jamás he visto a ninguno que esté incitando a utilizar los cohetes, más bien me ha tocado ver alguno, no voy a decir nombres pero sí me ha tocado ya recuerdo que me tocó una vez escuchar que alguno estaba inconforme con este tipo de expresiones pero no se metió con el pueblo, o sea simplemente me dijo que no era de su total agrado, pero finalmente él dejó que la expresión siguiera. Pero nunca han sido en las casas parroquiales, yo nunca he visto cohetes en un atrio. Obviamente sí existen porque los vemos todos, pero yo jamás podría asociar que son los párrocos los que incitan a la gente a utilizar la pirotecnia. Yo no los he visto nunca.

Eugenio Amézquita: 
Nancy, ahorita que estás tocando el tema de esa insistencia del señor presidente municipal, la primera vez que lo manifestó ni siquiera fue en un incidente religioso. Fue un incendio que se presentó allí en la feria del alfeñique en la plaza Morelos por un aparentemente cortocircuito. Alguien tenía por ahí pirotecnia, se da el cortocircuito, se genera un incendio y bueno se generan muchos daños. O sea nada que ver, nada que ver con un atrio, con una casa parroquial. Y sin embargo alguien le pregunta por ahí, oiga pues entonces en las festividades que esto, y dice él palabras más palabras menos, están publicadas. Dice "Bueno es que si te aplicáramos la ley tendríamos que meter a la cárcel a los sacerdotes y a los feligreses". O sea de la nada hace estos comentarios. Esa fue una. Vuelve otra vez meses después a repetir el escenario. 

Digo pensando que el primero a lo mejor fue un resbalón como él los maneja, pero la segunda ocasión vuelve a insistir y entonces ya la diócesis le contesta y le dice "Los sacerdotes no prendemos los cohetes". Y creo que esto va mucho con lo que tú estás diciendo. O sea no ha habido algo así que tú dijeras "Los padres prendieron los cohetes, dieron la orden, hay una rebeldía de los sacerdotes a ir contra la ley". Y sin embargo machaca y machaca con el mismo tema. ¿Tú crees que podamos? Y luego todavía en la rueda de prensa dice "No pues si lo que pasa es que me quieren echar a pelear con el obispo y me quieren echar a pelear con los padres. Si el padre de Tierras Negras pues es mi amigo, nos llevamos muy bien". ¿Tú crees que es de amigos estar en una cena en la casa parroquial y al día siguiente a la prensa decirle que habían aventado cohetes dentro de la casa parroquial? ¿Tú crees que eso sea de amigos y se le pueda llamar amigo a alguien así?

Nancy de Santiago: 
Claro que no. Pero fíjate que voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque en mi opinión sale sobrando si son o no son amigos. Digo básicamente la autoridad eclesiástica debe estar ocupada de lo suyo y la autoridad política de lo suyo. Y eso sí, fíjate que yo lo que te podría decir y lo veo muy claro, por eso o sea no me extraña, no me extraña porque yo como que soy conocedora de geopolítica y conozco muy bien una organización internacional, he leído mucho sobre ella, a la que pertenece Morena, el partido del presidente municipal, que es el Foro de São Paulo. Nos estuvieron diciendo todo el sexenio de López Obrador que eso no existía, que éramos unos conspiranoicos a los que manejamos el tema, y hoy en día ya cualquier periodista sabe que existe y nadie lo niega cuando pues los que nos dedicamos a la geopolítica lo supimos desde que empezó el sexenio anterior. 

Y yo te diría que dentro de lo que son las políticas que marca ese Foro de São Paulo, pues es que se debe de relativizar a las religiones y se les debe de, ¿cómo te diré?, no recuerdo la palabra pero es como banalizar, es decir se mezcla lo chamánico, lo hemos visto con Claudia Sheinbaum, lo hemos visto con la corte, los nuevos señores que integran la corte. Entonces, si se puede relativizar y se debe de atacar para que el feligrés se confunda la religión, pues me parece que está muy en su línea porque como dices, salir con de la nada, sí recuerdo ya vagamente lo del incidente en la feria del alfeñique y efectivamente ahí no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver la iglesia. 

No se trata de ninguna festividad de culto de nada, es algo comercial estrictamente y el presidente a la menor provocación sale con una respuesta que atañe a la diócesis. Yo me pregunto ¿tiene prensa como la de la señora Claudia Sheinbaum que le pregunta cosas a modo para que puedan decir lo que ya traen en su guion? Porque el Foro de São Paulo es una cosa muy seria y sí trae como objetivo, por eso no es en vano que en este sexenio no sé si tú te diste cuenta aquí a Celaya claro que no iba a llegar, pero con dinero de la Secretaría de Cultura, o sea dinero de los mexicanos, anduvo una obra de teatro blasfema interpretada por un señor que se viste de mujer y que atañe a la Virgen María. Y luego tuvimos un evento en la propia, en la mismísima casa de estudios de la Universidad de Guanajuato, donde también hubo un tema ahí con unos crucifijos y tal. O sea se está notando una presencia de este tipo de manifestaciones. Entonces a mí no me extraña que tengamos estos gobiernos y nos pasen estas cosas. 

Por eso yo sí veo una constante porque ya analizando tres, cuatro, bueno cinco notas con la del alfeñique que me mencionas, de las que yo he tenido noticia y que sí me consta lo que leí y fueron notas muy profundas muy bien investigadas con muchos datos con muchos detalles, la verdad pues ya lo estoy viendo como una constante, como algo que es así y que si no se toman medidas en este caso por nosotros los feligreses no de reclamar públicamente este tipo de manifestaciones que atentan contra nosotros y ahí estaría una violación del sexto constitucional porque están yendo contra la fe y del veinticuatro constitucional que es el respeto a las creencias. 

Claro, y si bien el tema de los cohetes no tiene que ver con la creencia porque no tiene que ver la festividad de tal o cual santo o de tal o cual efeméride religiosa con la quema de cohetes o con la música en específico, pero sí con estar yendo contra las autoridades eclesiásticas como si ellos lo estuvieran organizando. Y no, no es el caso.

Eugenio Amézquita: 
Tú mencionaste algo de la prensa a modo y eso me da pie para entrar al segundo escenario donde pues estamos detectando también mentiras. ¿Y cuál es ese segundo escenario? Pues precisamente el que al inicio de la entrevista comentaba, lo de Villas del Bajío. 

Me llama la atención este el video que solamente un medio, bueno si se le puede llamar medio, eso es un informante vamos a llamarlo así por no utilizar otros calificativos. Un informante o un generador de contenidos, que así se autonombra "Yo soy generador de contenido no periodista". De hecho tengo un video donde él dice "Yo no soy periodista". Entonces no es un periodista, es un generador de contenidos, así se autonombra. Bueno, es el único que lo graba. Y en ese video el señor presidente municipal se va encima de la prensa diciendo que ahí pareciera están pagados, que le hacen preguntas muy difíciles. 

Yo no sé, no me gustaría saber qué se entiende por preguntas difíciles. A lo mejor le preguntan operaciones matemáticas que no las puede responder, pues esa sería una pregunta difícil, ¿verdad?, o una que él no sepa contestar. Yo quiero entender eso. Pero la cuestión es que agrede a la prensa. Lo curioso es que no había prensa en el lugar. Eso me hizo recordar como esos chiquillos valentones de que "A ver yo aquí échenme el que quieran". Pues no llega nadie porque no hay nadie, pero a la hora que los tienes enfrente y que tienes de frente a la prensa en una rueda de prensa en la presidencia municipal, toma una actitud así como de "¿De qué me están hablando?, o sea yo, ¿cuándo dije eso?". 

Y cuando se lo aseguran dice que fue un resbalón, les pido una disculpa, pero no repara el daño. O sea la agresión que le hizo a la prensa, a los medios de comunicación con esos calificativos que obviamente causó malestar y además con el antecedente de que pues en su administración se presentó una queja ante Derechos Humanos por parte de nueve periodistas por no permitirles así recuerdo yo pues el ejercicio de libertad de expresión. Y otra vez pues no sé si tú lo veas así como lo veo yo, pues yo estoy en prensa, otra mentira. Y entonces ya llevamos dos. Y si pues si una vez mientes y luego vuelves a mentir, pues quién sabe cuántas veces nos han estado mintiendo con números, con cifras. Ya hay un caso del informe de gobierno que sus regidores se lo hicieron ver, le dijeron "Esos datos no van ahí". Y no le interesó y así quedó publicado en el informe. Otra mentira con números con cifras. ¿Qué puedes tú concluir de este caso específico y de todo lo que te estoy comentando, Nancy? Gracias.

Nancy de Santiago: 
Mira fíjate que sí me parece sumamente preocupante esta falta a la verdad hasta con cifras que se presumen oficiales o que lo son simplemente por la fuente de donde provienen y que él no cuide que oficiales y veraces vaya junto. En el caso concreto del ejercicio de la libertad de información, porque además fíjate que la libertad de expresión no sería nada si no hubiera el derecho a la información, pero la información pues veraz obviamente, la información oportuna. Y hemos visto cómo se están ocultando una serie de datos, una serie de informaciones. Por ejemplo los ministros de la corte han ocultado, ya después del escándalo de las camionetas, ocultan sus percepciones laborales. 

Ya no puede cualquier periodista como tú o un ciudadano como yo querer ver cuánto ganan. Mejor puedo ver cuánto ganan todas las empresas de gobierno abierto que existen donde está su página web y ahí pueden aparecer los salarios de todos los funcionarios. Pero no puedo saber lo de los ministros de la corte que pagamos con nuestros impuestos. O sea imagínate, los que no pago yo con mis impuestos sí los puedo ver y los que pagamos con nuestros impuestos no se puede saber cuánto ganan. Entonces sí es preocupante saber que tenemos que estar los ciudadanos y los periodistas, en este caso que ustedes son los aliados de los ciudadanos porque nos hacen válido el derecho a la información, pues que tenemos que tener una reclamación constante de la verdad en este tipo de cosas. 

Por ejemplo cuando él se refiere, sí vi esa nota que decía que le hacían preguntas muy difíciles, bueno efectivamente solo él nos puede contestar qué es difícil, pero si tomamos en cuenta que difícil puede ser cualquier cosa que yo no pueda contestar si se trata de una pregunta. Y estas preguntas pues siempre tienen que ver con su administración, con las políticas públicas que esté implementando, con los informes que le da a la ciudadanía. 

Porque además él se precia de dar, en una de las notas que estuve viendo en estos días últimos, estaba yo viendo que él dice algo así como que él siempre da, casi casi dijo que diario, ¿no?, que todos los días hay notas y es como muy impreciso porque también decía que todos los días sacaban a la Virgen. Bueno todos los días durante la novena, durante la festividad, durante... o sea entonces también ahí nos expone a situaciones que no son totalmente veraces. Entonces sí, que cuide el ejercicio de la información que le da a la gente, que cuide la veracidad de la información. Si sus propios regidores le están señalando que no corresponde con la realidad, y menos ahora sí me voy a ir directa al tema de la prensa, menos intentar que la prensa no haga su trabajo. 

Ahí sí la ciudadanía somos los primeros que debemos defender ese ejercicio profesional, porque gracias a ese ejercicio profesional es que los ciudadanos podemos saber qué es lo que pasa con el dinero público, qué es lo que pasa con las políticas públicas, qué es lo que pasa con la ahora sí que la conducta de nuestros funcionarios. Y eso sí me parece que es algo que no podemos nosotros soslayar. Es punto y aparte que los ciudadanos tenemos que ejercer ese derecho porque es la única manera en que podemos nosotros incluso ciudadanizarnos. ¿Cómo vamos a ejercer como ciudadanos nuestros derechos políticos si no tenemos ni siquiera información veraz para poder evaluar? Porque tenemos el derecho de evaluar las políticas públicas, de evaluar al funcionario que está a cargo de un puesto de elección popular y por ende tener prensa también que sea veraz, que tenga una metodología, que sea rigorista, que investigue bien la nota, que nos dé las fuentes, que obviamente tenga los videos y los audios para demostrarnos lo que están aseverando en sus notas. 

Y la verdad yo solo busco a esa prensa, yo solo leo y escucho a esa prensa. Entonces sí me parece terrible que estemos con una situación como esta. Es necesario que se cambie esta actitud, es necesario que los ciudadanos seamos respetados en la política que nos merecemos. Eso es lo que yo te puedo decir porque no está bien que falte a la verdad en temas tan importantes y entonces violan nuestros derechos constitucionales. Y lo que me dices, esto sí voy a reconocer que no sabía de que nueve periodistas interpusieron una queja ante la comisión de Derechos Humanos por no dejarles ejercer su oficio. Eso es gravísimo, eso es dictatorial. 

El asunto es que sí se emitió, o sea ya no solamente fue la denuncia, se emitió una recomendación, pidió una disculpa, pues todo lo que se acostumbra en este tipo de situaciones. Pero esto último que es lo más reciente, esta agresión a la prensa en ausencia de la prensa pues yo no sé qué calificativo se le podía poner a alguien que agrede en ausencia de...

Eugenio Amézquita: 
Claro.

Nancy de Santiago: 
Ahí sí me parece muy importante que los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus palabras. Digo todos los que tomamos un micrófono nos tenemos que hacer cargo de nuestras palabras. No podemos simplemente, como dijiste muy bien, no estaba presente la prensa entonces ¿por qué les reclamas? ¿O por qué les reclamas desde lejitos? Porque se van a dar cuenta, si son prensa se van a dar cuenta, o sea uno de ellos va a saber y le va a decir a los demás que salió tal nota. Entonces ¿por qué no un diálogo, una junta, una reunión, una sesión de trabajo, qué sé yo?, pero no que les mandes los recados desde lejitos porque entonces puedes decir lo que tú quieras y no se va a poder defender ningún medio, te puedes atribuir lo que tú decidas a quien sea y los medios no se van a poder defender. 

Entonces yo no veo un ataque. Yo he leído notas diversas de diferentes medios locales y no, yo no he visto un ataque al señor presidente. He visto así porque si no entonces caemos en que por eso se queja la señora Sheinbaum de que Loret la agrede, por ejemplo. Es decir, si la prensa saca a relucir información que no es acorde con la imagen pública que ellos pretenden proyectar porque no conviene a los intereses del ciudadano, pues entonces va a ser agresión siempre. Pues imagínate, entonces caeríamos precisamente en una falta de ejercicio de la información veraz.

Eugenio Amézquita: 
Bueno esto que tú estás diciendo nosotros lo identificamos como victimización. O sea todos me dicen, todos me agreden, todos me insultan, todos me ofenden pero no muestra en dónde está la ofensa o el insulto. O sea parecería que a ciertas autoridades el hecho que les digas sus verdades, les expongas en video, en imágenes y en audio lo que dijeron, lo que están haciendo y lo que están realizando y los pones al descubierto ante la ciudadanía, eso es lo que ven como una agresión. O sea yo no sé si lo que quieran es prensa a modo o paleros como muchos que nosotros ya tenemos detectados que solamente... yo le decía en un artículo firmado por mí "Señor presidente, oye ¿qué horas son?" "Las que usted quiera señor presidente, las que usted diga". 

No, es que la prensa no funciona así. La prensa estamos para señalar, para vigilar, para revisar. Tenemos bien definido cuál es nuestra función. Entonces yo no sé si estés de acuerdo conmigo que pues tener una prensa a modo pues dejas desprotegido hasta el ciudadano de a pie que no tiene voz, que no puede gritar, que no puede denunciar porque si no el señor presidente se va a enojar, la gente que tiene a un lado se va a enojar. ¿Tú crees que eso esté bien?

Nancy de Santiago: 
No, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es violar el derecho de información que tenemos los ciudadanos. Es decir yo necesito información veraz, información oportuna, información suficiente, información verificada o sea de fuentes correctas, veraces, auténticas, fehacientes. Entonces cuando un presidente o cualquier funcionario se molesta porque la prensa señala algo que es verdad y que le perjudica, pues el beneficiado es el ciudadano que está recibiendo esa información oportuna, veraz y por supuesto suficiente. 

Pero el funcionario que se enoja y que agrede a la prensa que hace su trabajo, pues sí si no podríamos llamarle de otra manera, se está victimizando para que sus bases, para que su voto duro se enoje con el medio, se enoje con el actor que está generando ese disgusto en su presidente favorito, en su funcionario favorito. Y yo lo que quiero decirte y como base de Ciudadanízate es no, los ciudadanos no estamos para darle nuestros sentimientos a los políticos. Ni siquiera se lo deberíamos de dar a los artistas ni a los futbolistas. Pero bueno ¿a quién le hace daño eso? Pero a un político jamás. 

Los políticos no pueden recibir de nosotros cariño, deben recibir de nosotros respeto al trabajo bien hecho, exigencia y reclamación del trabajo no bien hecho y por supuesto exigencia siempre de que nos hablen con la verdad y transparenten el uso del dinero público siempre, siempre. Y tratan de ocultarlo. Tenemos todo el ocultamiento de información, la desaparición del órgano que a eso se dedicaba a nivel federal. Entonces pues realmente es una constante, es una actitud constante de no querer llegar a la veracidad en la información. Eso es lo que yo estoy viendo. Y sí es una actitud de victimización que tiene como objetivo que una base política, un voto duro, se sienta identificado emocionalmente con ese dolor que expresa su funcionario favorito y entonces polarizas más a la sociedad, que eso me parece gravísimo.

Eugenio Amézquita: 
Sobre todo no sé si tú hayas observado o estés de acuerdo conmigo que también explota el discurso de odio, es decir echarte a esos que la apapachan, que ay que este mi cabecita de algodón y no sé qué, le echan a la gente encima al grupo que está a su favor para quitárselo de en medio, o sea en pleno el discurso de odio. ¿Tú has llegado a detectar esto?

Nancy de Santiago: 
Totalmente. Y qué bueno que tocas ese punto. ¿Sabes qué me parece fundamental? Jamás en la historia de México habíamos tenido un líder carismático. Es decir cuando uno escucha líder carismático uno cree que eso significa algo bueno, pero cuando revisas la definición de liderazgo carismático te das cuenta que no se puede tener carismático si no ejerces manipulación sobre esas personas a las que vas a tener como seguidores. Y sí efectivamente estamos viendo que en las redes cuando lo defienden, lo defienden digo cuando no son bots ¿verdad? cuando no son estos robots que están implementados vía pago, la gente se expresa como si fuera un familiar, como si fuera a un ser querido. 

Y entonces te das cuenta del grado de manipulación en el que se encuentran. Cuando la gente ha apoyado a otros presidentes en algún momento dado, tú revisas en cualquier red social cuando están apoyando algún presidente que no sea líder carismático, no hay expresiones como de afecto o como de odio, sino que simplemente son objetivas de "ah muy bien mi presidente hizo tal cosa", nada más. "Muy mal eso no se vale no sé qué". Pero cuando le llaman por apodos cariñosos, por sobrenombres cariñosos así con diminutivos y todo eso, eso evidencia precisamente manipulación porque no tenemos por qué querer a ningún político. Entonces dices muy bien, o sea yo no estoy de acuerdo para nada en este tipo de conductas. Me parece que no ayuda a que la ciudadanía crezca, a que nos desarrollemos hacia una mejor política pública, hacia una mejor actitud como ciudadanos participativos. 

En lo absoluto, al contrario, está disminuyendo nuestra capacidad de análisis o pretende nuestra capacidad de crítica y de exigencia. Y eso debemos de evitarlo. Tenemos que reclamar esto para que se evadan este tipo de conductas porque es terrible. Y sí hay discurso de odio y que tiende a dividir y a polarizar porque entonces todos mis seguidores que me quieren mucho pues me van a defender en redes y todos los que no me quieren pues van a ser objeto del desprecio de estas personas que tanto me quieren si ven que me maltrata la prensa o me maltrata cualquier columnista, cualquier articulista o cualquier líder de opinión en el caso de que así sea. Eso me parece gravísimo es muy muy grave.

Eugenio Amézquita: 
Y por último Nancy algo que va conectado con el primer tema el de la iglesia. Y yo lo digo en general ministros de culto, hablo en general no me quiero centrar en este caso porque estamos hablando de la Iglesia Católica pero quiero hablar en general ministros de culto. Y algo que también no sé si tú hayas detectado la invasión, porque no encuentro otra palabra, la invasión de autoridades municipales o estatales o federales en temas que son exclusivamente eclesiásticos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo la iglesia te habla de posadas, las posadas. Y pues uno cuando le dicen las posadas digo para los que ya tenemos tiempo pues sabemos que la posada pues significa el rosario, significa rezar, significa sacar el misterio ¿verdad? con la Virgen el niño la mulita San José o los tres ¿verdad? el animalito San José y la Virgen y los llevan cargando piñata y todo eso. 

Pero vemos unas autoridades que se apropian del nombre de la de Posada y dice "Vamos a organizar una posada" y uno llega y no hay Rosario, no es una posada entonces, o sea le faltan los elementos. Ese es un tema, pudiera decir otros más donde hasta en procesiones o cosas por el estilo quisieran ir ellos adelante para que la gente los viera recargándose en la cuestión religiosa y decir "Mira también son buenos también creen en Dios andan cerca de los padres" cuando la realidad es muy distante de esa imagen que se quiere manejar. ¿Tú qué has detectado de esto? ¿alcanzas a ver algo?

Nancy de Santiago: 
Sí fíjate que a mí me molestó muchísimo cuando oí en el radio que iba a haber unas posadas por parte del municipio. Dije "A ver a ver a ver". Y claro en comunidades, seguramente pretendiendo que haya gente que pueda resultar engañada de que cualquier cosa es una posada. Y como bien dices los elementos de la posada harían que todos los católicos comprometidos dejemos de llamar posada a cualquier reunión navideña cualquier fiesta cualquier junta porque no es posada. Punto. Pueden llamarle desayuno navideño comida navideña cena navideña. 

¿Qué necesidad?, digo y eso porque aludes a la época navideña así le llamamos época navideña porque aludas directamente al nacimiento pero se vale porque creo que sí se ha llamado y eso sí es una costumbre que está de larga data el que se llame época navideña. Entonces bueno pero no que tú confundas Nochebuena Navidad Posada. Entonces eso creo que empieza en nosotros mismos también. Nosotros como fieles laicos tenemos que ser más cuidadosos pero sí también reclamarle a la autoridad a ver qué tipo de posadas hizo si es que lo fueron porque yo lo dudo lo dudo mucho la verdad. No estuve en ninguna no pertenezco a ninguna de las comunidades porque yo pues vivo acá en la zona urbana pero tampoco dieron el nombre de las comunidades donde esto ocurrió. A mí me parece que sería interesante saber qué era lo que llamaban posada 

¿Qué tipo de festejo o reunión era lo que estuvieron llamando posada?, pero estoy segura de que no había Rosario porque pues no son los indicados para ello, no había Letanías tampoco son los indicados para ello y definitivamente no tendrían ni siquiera que estar presentes como autoridades políticas. Si quiero ser feligrés y quiero porque yo también voy a ir a la misa de Navidad voy a ir en Navidad a misa si soy católico practicante y soy autoridad política pues voy a ir como uno más. O sea ni siquiera debo pretender sentarme en la primera fila ni que me dé primero a mí la comunión el sacerdote ni no. Ahí yo debo ser uno más de la grey católica si es que lo soy porque además yo no tengo noticia si el señor presidente sea católico la verdad. A mí más bien me da idea que no y más porque bueno si abraza estas doctrinas e ideologías de izquierda pues realmente el catolicismo en ellos pues es bastante vago cuando por lo menos están bautizados porque así sucedió en su familia pero no son practicantes. 

Entonces no realmente a mí me parece sí me preocupó muchísimo luego que andaban dando los juguetes también esto del día de Reyes. A fin de cuentas claro que no estaban celebrando la Epifanía eso nos queda muy claro pero esta cosa de regalar los juguetes directamente y confundirlo todo a mí me preocupa. Yo sé que se ha hecho desde otras administraciones y que está lindo que los niños de todos los estratos sociales reciban un regalo eso está bien pero sí creo que debemos tener mucho cuidado con mezclar las festividades religiosas y con la política. O sea creo que ahí hay una delgada línea que que se está cruzando de forma te digo intencional porque es algo que lo marca el Foro de São Paulo: hay que relativizar las religiones. Entonces no me extraña pero sí me parece totalmente indebido. O sea no es como el PRI que el PRI decía y digo y el PAN incluso "¿sabes qué va a venir el señor obispo se le invita viene al incluso viene el informe?". 

Sí y está en primera fila el señor obispo segunda fila tercera fila qué sé yo. Y bueno es que es una autoridad eclesiástica que está inmerso en una sociedad y que ir a oír el informe de gobierno no le veo mayor problema. Él va como un ciudadano a oír el informe de gobierno no cuestiona no nada simplemente lo escucha y listo y se acabó el problema o lo invitaban a oficiar. Digo creo que hasta el Papa ha oficiado primeras comuniones de hijos de algún presidente y tal pues siempre iba como un párroco más y que pues está facultado para hacerlo y listo pero no mezclan ¿me entiendes? Acá lo que me preocupa es la mezcla el confundirlo todo el banalizarlo el relativizarlo y sabiendo yo que es una de las políticas del Foro de São Paulo que además vamos a llegar más lejos cuando se van quebrando los diques las restricciones que es lo que tú y yo estamos aquí pidiendo que se respeten. 

Entonces llegas al momento en que ya entran otras expresiones que son religiosas. Lo que pasó con la corte es gravísimo. De hecho yo vi que dos faltaron que se excusaron pues han de ser más practicantes que los demás porque yo tampoco hubiera ido si hubiera sido una ministra y me salen con que nos van a investir con el bastón de mando y quién sabe cuánta cosa más pues no voy o sea abuso de mi derecho de estar enferma ese día. Verdaderamente parece grave. De hecho la prensa en estos entre hoy y ayer ha comentado que ese culto a Quetzalcóatl que hicieron ahí con los jueces le costó un millón de pesos a nuestros bolsillos, no a los bolsillos de ellos. Además fíjate esos señores que realizan estos rituales no sé cómo llamarles chamanes lo que sea el nombre correcto la verdad lo ignoro y pues no quiero tampoco decirlo de una forma que suene despectiva ni nada simplemente pues no comparto y ya. 

Pero imagínate entonces aparte estamos pagando eso y las camionetas y el blindaje. Oye no bueno verdaderamente estamos hablando de que no hay verdad en su actuar no hay congruencia en el actuar o hay una línea un guion que además es de una agenda extranjera que están siguiendo en contra de las tradiciones cultura expresiones y creencias de los mexicanos. Entonces eso sí me parece muy grave y eso sí como una ciudadana tenemos que reclamar y tenemos que exigir que se conduzcan nuestras autoridades correctamente que se ocupen de lo suyo y dejen a nuestros sacerdotes que se ocupen de lo suyo. Eso me parece fundamental.

Eugenio Amézquita: 
Pues yo quiero agradecerte Nancy que hayas expresado esto con tanta precisión sobre todo viniendo de una abogada porque no estamos hablando aquí nada más por hablar hay precisión en lo que se está diciendo y obviamente que no sea ni la primera ni la... es más seguido te voy a estar molestando precisamente de ciertos acontecimientos que se vayan dando y que obviamente tendremos los elementos de prueba llámense videos llámense audios porque el señor presidente dice que por escrito no le gustan, él quiere ver un video donde se vea y se oiga. 

Si hay la posibilidad vamos a presentar esos elementos para que en un momento dado pues tú también los analices. A lo mejor nosotros los estamos viendo mal y resulta que están bien pero ya si tenemos otro par de ojos y otro analista pues yo creo que entonces podremos saber si estamos equivocados o definitivamente pues están sucediendo las cosas como las estamos viendo. Muchas gracias Nancy.

Nancy de Santiago: 
Gracias Eugenio. Nada más para terminar yo creo que está bien lo de los audios y videos porque es la forma en que podemos tener su expresión de quien estemos analizando viva y directa o sea no interpretada sino directa tal como se dijo tal como se vio y se escuchó. Gracias.

Eugenio Amézquita: 
Pues muy bien gracias a ti. Buena tarde.

Nancy de Santiago: 
Buenas noches.

Eugenio Amézquita: 
Buenas noches. Soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News con Nancy de Santiago.
#MetroNewsMx 

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