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Redacción/MetroNews/Fans de Serpientes y Escaleras

- Erika Patiño es señalada por cobrar sin trabajar y usar vehículo oficial; el video exhibe ausencia laboral el 14 de agosto.
-La unidad Nissan NP con placas GT-9994-B fue usada para fines personales; el municipio de Celaya paga gasolina y sueldo.
-El caso contradice el llamado ético de Sheinbaum: humildad, austeridad y respeto al recurso público no se ven reflejados.
-Las faltas podrían violar leyes estatales y municipales; sanciones van de suspensión a inhabilitación y multa por peculado.
-El análisis revela nepotismo, simulación de austeridad y clientelismo como norma en la administración pública local.
-Serpientes y Escaleras denuncia sin firma autoral, pero con datos verificables que ameritan revisión por Contraloría.
-El caso muestra cómo se erosiona el servicio público: impunidad, privilegio y desprecio por el ciudadano que sí cumple.

Este 14 de mayo, la fanpage Facebook de la columna política "Serpientes y Escaleras" publicó un fuerte artículo, en un lenguaje irónico y satírico, pero que a la vez denuncia presuntas graves irregularidades de Erika Patiño, funcionaria del municipio de Celaya, que de comprobarse en una investigación seria por la Contraloría Municipal, evidenciaría lo que los celayenses ya saben desde el inicio de la administración: Nepotismo y clientelismo, simulación de austeridad y centralización del poder.



El texto exhibido por la columna y principalmente un video, denuncian públicamente contra Erika Patiño, funcionaria en el municipio de Celaya, por presunta ausencia laboral injustificada y uso indebido de recursos públicos. Aunque el tono es satírico y coloquial, el contenido incluye datos verificables que ameritan revisión institucional.

Erika Ortiz con Sheinbaum: "el recurso público es sagrado".

Patiño caería en el grupo contradice el llamado de la presidenta Sheinbaum hace varias semanas: 

"El poder debe ejercerse con humildad y el recurso público es sagrado. No es de nuestro movimiento viajar en helicópteros privados, portar ropa de marca, tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y séquito de camionetas.” Aunque el caso de Patiño no involucra jets ni hoteles de lujo como otros dirigentes, sí reproduce el patrón de privilegio impune, uso patrimonialista de recursos públicos y ausencia de rendición de cuentas.

Quién recomendó a Erika Patiño

El documento menciona a un "señor Sheffield...”. La frase inicial sugiere que Ricardo Sheffield, ex titular de la Profeco y figura política de Morena en Guanajuato, recomendó o respaldó la contratación de Erika Patiño en Celaya.

El uso del término “protector” refuerza la idea de apadrinamiento político, una práctica común en nombramientos sin concurso público. Aunque no se menciona explícitamente una orden o documento, el contexto indica que la relación política entre Sheffield y Patiño es conocida por el medio y se considera relevante para explicar su llegada al cargo.

El texto atribuye la recomendación de Erika Patiño a Ricardo Sheffield, en un tono crítico que sugiere responsabilidad política indirecta por su conducta como funcionaria.

Patiño caería en el grupo contradice el llamado de la presidenta Sheinbaum hace varias semanas: 

"El poder debe ejercerse con humildad y el recurso público es sagrado. No es de nuestro movimiento viajar en helicópteros privados, portar ropa de marca, tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y séquito de camionetas.” 

Hechos relevantes denunciados

-Presunta ausencia laboral el 14 de agosto, durante horario oficial.
-Uso de vehículo oficial para fines personales, identificado como:
   -Nissan NP, color blanco
   -Placas GT-9994-B
   -Propiedad del municipio de Celaya
-Sueldo público aproximado de $30,000 mensuales, sin evidencia de cumplimiento de funciones.

Estos elementos, si se comprueban, configuran irregularidades administrativas graves.

Érika Patiño, con "Andy", señalado por sus viajes a Japón y las bolsas Prada.

Las posibles infracciones en las que incurrió Erika Patiño

En lo que corresponde a a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato, Erika podría haber incurrido en ir contra:
- Artículo 49: Obligación de cumplir con el horario y funciones asignadas.
-Artículo 52: Prohíbe el uso de bienes públicos para fines personales.
-Artículo 53: Sanciona el incumplimiento de deberes, negligencia y abuso de funciones.

Sanciones posibles son suspensión temporal del cargo, inhabilitación para ejercer funciones públicas y sanción económica proporcional al daño causado

También, estaría contraviniendo el Reglamento del Servicio Público Municipal de Celaya en los siguientes temas:
-Capítulo IV: Establece la obligación de presentarse a laborar y justificar ausencias.
-Capítulo VI: Regula el uso de vehículos oficiales exclusivamente para funciones institucionales.

En este caso, las sanciones posibles sanciones serían la amonestación administrativa, descuento salarial por días no laborados así como procedimiento de responsabilidad ante Contraloría Municipal.

Por lo que toca al Código Penal del Estado de Guanajuato:
-Artículo 208: Peculado por uso indebido de recursos públicos.
-Artículo 209: Abuso de autoridad.

Las sanciones posibles van desde multa hasta pena privativa de libertad (si se acredita dolo y daño patrimonial).

Las sugerencias a Erika Patiño -aunque las actitudes morenistas demuestran que así vengan las recomendaciones de la presidenta de la mismísima presidenta de la república Claudia Sheinbaum ni les interesan- serían:

-No ausentarse sin justificación formal: Toda ausencia debe estar respaldada por permiso, incapacidad o comisión oficial. De lo contrario, incurre en abandono de funciones.

-No utilizar vehículos oficiales para fines personales: El uso indebido de la unidad con placas GT-9994-B constituye peculado administrativo. Debe limitarse a trayectos laborales autorizados.

-No omitir reportes de actividades: Como Coordinadora de Infraestructura, debe presentar informes periódicos que justifiquen su salario y funciones.

-No ignorar el principio de "austeridad republicana": Su cargo exige congruencia con los principios de Morena y del gobierno municipal. El dispendio contradice su rol político.

-No confiar en protección política para evadir responsabilidades: La lealtad partidista no exime del cumplimiento legal. La impunidad percibida agrava la percepción pública.

-No desacreditar la función pública con conductas personales: La imagen institucional se construye con ética, presencia y resultados. Cada omisión erosiona la confianza ciudadana.

El análisis crítico a este hecho: El costo de la impunidad cotidiana

La simulación institucional como norma. La contratación como Coordinadora de Infraestructura en Celaya, pese a su historial como ex regidora en Cortazar y su posición como Consejera Nacional de Morena, revela una práctica recurrente en la administración pública mexicana: la asignación de cargos estratégicos no por mérito técnico, sino por vínculos políticos. Algo muy parecido a lo que sucede en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya.

Este tipo de nombramientos no solo erosiona la credibilidad institucional, sino que convierte la infraestructura social -una función vital para el desarrollo comunitario- en un botín burocrático.

¿Qué infraestructura puede coordinar quien no pisa su oficina?
  
La ausencia física en el lugar de trabajo, documentada en horario laboral, no es una anécdota menor: es evidencia de una cultura de simulación que normaliza el cobro sin trabajo, la opacidad en el desempeño y el desprecio por el servicio público.

El uso patrimonialista de los recursos públicos

El hecho de que la funcionaria utilice un vehículo oficial para fines personales —en este caso, desplazarse a Cortazar para desayunar— agrava la situación. No se trata solo de gasolina pagada por el municipio, sino de una concepción patrimonialista del poder: el recurso público como extensión del privilegio personal.

¿Dónde está la supervisión administrativa?
  
La permisividad de sus superiores en Celaya no es omisión: es complicidad. La falta de sanción, seguimiento o siquiera una explicación pública convierte a la administración en encubridora de una práctica que debería ser inadmisible en cualquier gobierno que se diga austero, eficiente o comprometido con la ciudadanía.

La narrativa del “aviador” como síntoma de una enfermedad estructural

El término “aviadora” —coloquial pero certero— describe a quienes cobran sin trabajar, pero también encierra una crítica más profunda: la existencia de redes clientelares que colocan personas en nómina como pago político, sin importar su productividad o impacto social.

¿Cuántos más hay en esa nómina?
  
Este caso no es aislado. Es representativo de un modelo de gestión pública que tolera la ineficiencia, premia la lealtad partidista y castiga el profesionalismo. En contextos de alta desigualdad y precariedad, pagar 30 mil pesos mensuales por no trabajar es una bofetada al contribuyente.

La contradicción con los principios de la “austeridad republicana”

El artículo cierra con una frase lapidaria: “¡Viva la austeridad y hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre!”. Esta ironía expone la distancia entre el discurso oficial —que promueve la austeridad como virtud— y la práctica cotidiana de muchos funcionarios que se benefician del aparato público sin rendir cuentas.

¿Qué significa austeridad cuando se permite el dispendio encubierto?
  
La austeridad no puede ser selectiva ni retórica. Si no se traduce en eficiencia, transparencia y ética, se convierte en una fachada que encubre abusos. Y cuando estos abusos son tolerados por quienes deberían sancionarlos, el daño no es solo económico: es moral.

La conclusión es que se evidencia el desprecio por el servicio público

Este caso es más que una anécdota de corrupción menor. Es un espejo de cómo se reproduce la impunidad desde lo local, cómo se vacía de contenido el concepto de “servidor público” y cómo se traiciona la confianza ciudadana. La pregunta no es solo por Erika Patiño, sino por el sistema que la protege, la nombra y la tolera.

¿Quién responde por el dinero público malgastado? ¿Quién defiende al ciudadano que sí trabaja, sí paga impuestos y sí espera resultados? #MetroNewsMx



Eugenio Amézquita Velasco

-La violación de los derechos humanos a los periodistas, tiene su base en "los paleros" y seudoperiodistas del alcalde y que el llama eufemísticamente "periodistas".
-Existen cuando menos dos, pagados por el municipio, que lo acompañan a todos lados cual "falderillos" para "crearle imagen"
-Mientras el alcalde dice de uno de ellos que sí es periodista, el "palero" dice que no lo es... pero le gusta actuar como tal inmiscuyéndose en ruedas de prensa, preguntando, opinando y fastidiando al gremio.
-Se dan situaciones de silencio extremo, como el caso "Palancas al Viento" y el INSMACC, que rayan en el cinismo de algunos que deambulan en galerías y exposiciones.
-Sumado a ello, la nula respuesta y explicación por la exclusión del artista y pintor Gerardo Martínez García
-PRODHEG puso el dedo sobre la llaga: el alcalde y la administración municipal muestran desprecio hacia la prensa
-Deben limitarse las ruedas de prensa a la prensa, no a "generadores de contenidos", o "paleros", para evitar conflictos y pérdida de tiempo en intervenciones insulsas de gente que no es de la prensa.
-El edil exhibió públicamente que a los periodistas se les da apoyo para que sobrevivan: ¿Acaso la prensa lo andaba exhibiendo de que apenas sobrevivía antes de cobrar como alcalde?
-Ha mostrado falta de humanismo y delicadeza para con periodistas asesinados y respeto a resoluciones de PRODHEG para víctimas; es el caso de la pareja sentimental de un periodista

La resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) sobre el expediente 0987/2025 (https://derechoshumanosgto.org.mx/archivos/recomendaciones/2025/1755012815_74b62131633fc3441a5a.pdf ) marca un precedente relevante en la defensa del ejercicio periodístico en contextos municipales. Nueve periodistas fueron reconocidos como víctimas de violaciones a sus derechos humanos, luego de que el director de Fiscalización de Celaya, Eduardo Griss Kauffman, ordenara impedirles el reingreso a una rueda de prensa sobre seguridad pública. Esta acción, sin protocolo ni justificación válida, fue corroborada por testimonios de policías municipales.


Aunque el Presidente Municipal también fue señalado por expresiones que menospreciaban la labor periodística, la PRODHEG no emitió recomendación en su contra, argumentando que sus declaraciones estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

La lectura crítica de la resolución: ¿Qué revela esta situación?

Se pone de manifiesto que existe una normalización del desprecio institucional hacia la prensa; las declaraciones del Presidente Municipal, aunque no sancionadas, reflejan una narrativa de deslegitimación del periodismo como función pública. La frase “así se hacen los chismes” y la referencia a apoyos económicos “para que puedan sobrevivir” revelan una visión utilitaria y subordinada del trabajo periodístico.


El uso discrecional del poder municipal para restringir el acceso a información es un hecho que no se puede negar. La orden de cerrar puertas a periodistas en un evento público sobre seguridad no solo vulnera derechos, sino que sugiere una cultura institucional de exclusión y control informativo. La falta de protocolos y la ausencia de comunicación previa refuerzan la arbitrariedad.


Existe una debilidad estructural en la protección efectiva de periodistas. Aunque la PRODHEG actuó con rigor, el hecho de que la resolución dependa de la aceptación y cumplimiento por parte de las autoridades locales evidencia la fragilidad del sistema de garantías. La reparación integral, aunque jurídicamente sólida, enfrenta el reto de la voluntad política.


Este expediente no es solo una resolución administrativa: es un espejo de las tensiones entre poder local y libertad de prensa. En un país donde el periodismo enfrenta riesgos crecientes, incluso en espacios institucionales, este tipo de violaciones —aunque no violentas físicamente— constituyen formas de censura estructural.


Además, el reconocimiento oficial de los periodistas como víctimas directas es un acto de dignificación que puede fortalecer la narrativa pública sobre el valor del periodismo en la vida democrática.


La resolución de la PRODHEG en Celaya es un llamado urgente a reforzar las garantías institucionales para el ejercicio libre del periodismo. No basta con reconocer la violación: se requiere transformar las prácticas administrativas, capacitar a los funcionarios y construir una cultura pública que entienda al periodismo no como un adversario, sino como un aliado en la defensa de la verdad y la rendición de cuentas.


El alcalde y sus "paleros": "lame botas", seudo periodistas o "generadores de contenido"

El documento de resolución de derechos humanos, que tiene su base en el expediente 0987/2025,  documenta que los comunicadores decidieron salir momentáneamente del recinto para evitar escuchar descalificaciones de un “difusor de contenido” presente en el evento. Al intentar regresar, fueron bloqueados por policías municipales que actuaron bajo instrucciones directas del funcionario. Testimonios de los propios agentes confirmaron la orden, sin que existiera protocolo de seguridad ni justificación válida para restringir el acceso.

Ese "difusor de contenido" o "generador de contenidos", como genéricamente se autonombra el mismo "palero", es exactamente el mismo que en el pasado ha aparecido haciendo menciones despectivas contra la prensa y casualmente es un sujeto salido de la nada, con antecedentes poco honorables en su "labor" de "generador de contenidos", cuya fanpage recibe una fuerte cantidad de dinero al año para cumplir con su "noble misión" diaria de "lame botas" y de agredir a los compañeros periodistas cada vez que se presenta la oportunidad. A éste "palero", el alcalde le debe la situación -por generar una provocación, sin importarle las consecuencias- de vivir una resolución de la PRODHEG en favor de 9 periodistas afectados por uno de los funcionarios de la administración municipal que les encanta también fastidiar a la prensa y quedar bien con su patrón. Caro está pagando el alcalde el favor de darle chamba a un sujeto que le cubrió ¿gratis? un mes de campaña morenista. 

El 21 de febrero de 2025, fue la primera vez que asomó la cabeza "el palero" y provocador de periodistas del alcalde de Celaya y ello llevó a la generación de mi primer artículo sobre este sujeto, quien, en una rueda de prensa captada por las cámaras oficiales que transmitían en redes sociales el hecho, salió a la escena para quedar bien con su mecenas. El artículo fue "¡No somos uno, no somos diez, p..che gobierno, cuéntanos bien!". (https://www.metronewsmx.com/2025/02/videos-no-somos-uno-no-somos-diez-pche.html )

En esa ocasión, señalaba que "este viernes 21 de febrero de 2025, un sujeto -quien no es desconocido para mis compañeros periodistas y los medios de comunicación serios de la ciudad-, le pasaron el micrófono en la rueda de prensa sobre Seguridad, para irse sobre algunos periodistas -sin decir nombres o medios-, descalificándolos porque en sus notas, no coinciden con la postura del alcalde en que los números de la inseguridad "van a la baja"". 

"Craso error del tipejo y más, dado que 24 horas antes de expresarse así de la prensa, se había dado una manifestación de más de 5,000 estudiantes de los Tecnológicos de Celaya, Roque y Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional, señalando su inconformidad por el asesinato de un compañero estudiante y de la excesiva violencia que vive la ciudad". En uno de los últimos párrafos de la nota señalé que "sólo falta que a este "palero" y a las autoridades municipales, se les ocurra decir en sus ruedas de prensa que nosotros los periodistas tenemos la culpa de la violencia en Celaya. A alguien le está doliendo que no digamos las cosas a su modo y conveniencia. En periodismo seguirles el juego sería desinformar y en las redes sociales, "fakenews"."

El 12 de abril de 2025, escribí un artículo con el título "Celaya: el caso de seudoperiodistas, "generadores de contenidos" y "paleros", muy buenos... para cobrar" (https://www.metronewsmx.com/2025/04/celaya-y-el-caso-de-seudo-periodistas.html ), donde evidenciaba el hecho de que "existen individuos que simulan informar; se entrometen en la labor de periodistas, para desinformar "informando"; agreden a quien redacta y a quien domina ello, para esconder que no saben escribir su nombre y padecen analfabetismo" además de que "alguno que otro se aloja bajo la sombra de autoridades o del presidente municipal bajo el pretexto de "yo le cubrí su campaña"; pierde de vista que es un empleado, un peón que, en cualquier instante y al ser inservible; se vuelve sacrificable".

El 9 de mayo de 2025, Metro News publicó un artículo denominado -acompañado de videos- "en Celaya, otra vez los verdaderos medios de comunicación son usados como el chivo expiatorio de algunos políticos" (https://www.metronewsmx.com/2025/05/video-en-celaya-otra-vez-los-verdaderos.html) y asentaba en uno de los párrafos que "a mi lo que me llama la atención es la actitud reiterativa del presidente municipal de Celaya, haciendo ver o sentir a la prensa, que la compra de publicidad institucional -y no es la primera vez que lo hace- a los medios de comunicación, es para que sobrevivan, se ayuden o puedan salir adelante. Esa sensación entre paternalista y dictatorial de "yo les pago", "ustedes gracias a mi comen" o de "se calman o les corto la ubre para que dejen de estar mamando", no conduce a nada y es clásica de los dictaduras"; es precisamente este punto que la PRODHEG señala en su resolución como no sancionable para el alcalde, pero que quienes somos periodistas se lo hemos escuchado repetidamente, olvidando que no es de su bolsillo el pago.

La pregunta sería: ¿Acaso antes de llegar a a ser alcalde, la prensa publicó que apenas sobrevivía y que su situación -y la de quienes lo rodean- mejoró ahora que cobra como alcalde? Ninguno de los medios se lo recuerda, por respeto. Pero el no sabe respetar, en este caso, a los medios de comunicación. 

El segundo de los "paleros", tampoco sabe redactar: sólo saben sostener el celular y balbucear

Aunque ha tenido el cuidado de mantenerse en el filo de la navaja con respecto a los periodistas, el segundo de los "paleros" de la alcaldía, no ha perdido el tiempo para hacer menciones imprudentes en sus transmisiones en vivo, sin mencionar nombres, empleando su asqueroso pasquín -que vive del morbo, del amarillismo y de causar lástimas- contra compañeras que no pueden defenderse. Pero uno de los artículos que lo evidenció de ser un "queda bien" con el alcalde y de ser un ignorante en materia de periodismo, fue el también publicado por Metro News "¿Francotiradores en Los Girasoles?: crean imagen de una Celaya sitiada por el miedo" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/francotiradores-en-los-girasoles-imagen.html). 

Este artículo evidenció que sí la autoridad cree que todo el que publica cosas en redes sociales lo convierte en periodista, -aparte de darle una jugosa recompensa-, automáticamente lo convierte en una bomba de tiempo en contra de quien le paga.

Las conclusiones que deben ser analizadas por la alcaldía y por toda su administración municipal

Hay actitudes que son inexplicables que lejos de facilitar y transparentar la información, evidencian bloqueo. Por ejemplo, usted acude al INSMACC a pedir cita con su directora, Aleida Ocampo y la respuesta es la misma. Siempre el sobado argumento: Está ocupada o venga dentro de una semana. Prueba de ello la da El Sol del Bajio en la publicación donde el reportero dice textualmente: "Cabe señalar que este mismo sábado se solicitó a Jesús Sanjuanico, encargado de eventos, una entrevista con la directora de la Casa de la Cultura, Aleila (sic) Isabel Ocampo Jiménez. Sanjuanico respondió que sería para la próxima semana y que él se comunicaría para indicar hora, día y lugar."  (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/casa-de-la-cultura-en-celaya-usada-como-bodega-y-estacionamiento-25150228 )


O sea, ni siquiera la funcionaria se lo dice al reportero. Tiene un pajecillo mensajero y éste le da a entender al compañero del medio de comunicación: "yo te digo, cuando, cómo y dónde... a ver si no se me olvida". Y de este hecho, también certifica esta actitud del INSMACC y de Aleida -y de todos los integrantes del grupo de "cuentacuentos" Palabras al Viento, que son quienes extrañamente fueron colocados en los puestos clave del cuerpo directivo del Instituto de Arte y Cultura de Celaya-, la columna en la fanpage Facebook "Fans de Serpientes y Escaleras". (https://www.metronewsmx.com/2025/07/de-palabras-al-viento-palancas-al.html  y https://www.metronewsmx.com/2025/07/macaria-espana-y-quien-defiende-la.html)

En pocas palabras, se hace uso de un amañado silencio mediático, de una red de funcionarios cínicos. (https://www.metronewsmx.com/2025/08/silencio-oficial-tactica-de-impunidad-y.html )

No se deja de lado, la falta de tacto y humanismo del alcalde para resoluciones de la PRODHEG e incumplimiento a medias de las indicaciones de esa dependencia, como ya ha sido manifestado por la pareja sentimental de un compañero periodista. (https://www.metronewsmx.com/2025/08/miente-alcaldia-de-celaya-en-caso-de-el.html )

Tras revisar diversos todos estos hechos, se advierte una preocupación creciente en torno a la relación entre la actual administración municipal de Celaya y el ejercicio del periodismo en Celaya. Los señalamientos reiterados sobre censura, simulación informativa, uso de “seudo periodistas” y exclusión de medios críticos configuran un patrón que no puede ser ignorado. Quien los esté asesorando, cree conocer a los periodistas o saber de periodismo y se equivocó.

La democracia exige pluralidad, transparencia y respeto irrestricto a la libertad de expresión. Bloquear el acceso de periodistas a ruedas de prensa, que sus funcionarios -entre otros, el INSMACC, principalmente- condicionen la publicidad oficial, o desacrediten voces críticas mediante operadores informativos, no solo vulnera derechos humanos, sino que erosiona la legitimidad institucional que usted representa.

Celaya enfrenta desafíos profundos en materia de seguridad, gobernabilidad y confianza ciudadana. En ese contexto, el periodismo ético no es un enemigo: es un aliado indispensable para construir soluciones con base en evidencia, diálogo y rendición de cuentas sanas y no como se pretende lograr mediante el uso de sus operadores informativos..

Debe el alcalde y toda su administración garantizar el acceso equitativo de todos los medios a la información pública. Transparentar los contratos de comunicación social. Detener cualquier práctica de hostigamiento, exclusión o desinformación institucional. Reconocer públicamente el papel del periodismo como pilar democrático, no sólo de los "dientes para afuera".

La ciudadanía merece instituciones que escuchen, rectifiquen y dialoguen. Y el alcalde, como representante, tiene la oportunidad de demostrar que el poder también puede ejercerse con humildad, legalidad y visión de futuro. #MetroNewsMx 


Redacción

Por décadas, Pablo Gómez Álvarez fue sinónimo de lucha democrática, transparencia y resistencia. Su nombre evocaba el movimiento estudiantil de 1968, la apertura política de los años ochenta, y las reformas electorales que cimentaron la transición democrática mexicana. Pero hoy, desde la voz de Guadalupe Acosta Naranjo —exdiputado, exlíder del PRD y fundador del Frente Cívico Nacional—, ese legado se tambalea. “Me das vergüenza, me das pena, no te reconozco”, le espetó Acosta en una declaración que no solo es personal, sino profundamente política.

De héroe del 68 a operador del poder

Pablo Gómez fue detenido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas y permaneció preso hasta 1971. Desde entonces, se convirtió en un referente de la izquierda mexicana, militando en el Partido Comunista, el PSUM, el PRD y finalmente Morena (https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_G%C3%B3mez_%C3%81lvarez). Fue diputado en múltiples legislaturas, senador, presidente del PRD, y autor de libros como “Los gastos secretos del presidente” y “1968: la historia también está hecha de derrotas”.

Sin embargo, su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre 2021 y 2025 estuvo marcado por controversias. Columnistas como Salvador García Soto y Raymundo Riva Palacio señalaron que su gestión fue percibida como ideologizada, con investigaciones dirigidas contra opositores y omisiones graves en casos de lavado de dinero vinculados a bancos mexicanos (https://politico.mx/2025/08/04/por-que-salio-pablo-gomez-de-la-uif/).

La Comisión Presidencial y el salario asegurado

Hoy, Gómez encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta comisión, que funcionará hasta septiembre de 2030, busca rediseñar el sistema electoral mexicano. Pero para Acosta Naranjo, esta encomienda no es un honor, sino una simulación. “Cambiaste todo por un salario”, acusa, señalando que Gómez habría solicitado extender la vigencia de la comisión para asegurar su ingreso (https://www.debate.com.mx/politica/Con-criticas-toma-forma-la-Comision-Presidencial-para-Reforma-Electoral-20250808-0095.html).

La crítica no es solo económica. Acosta lo acusa de borrar con el borrador lo que escribió con el lápiz: las reformas que ambos impulsaron en el pasado. “El mismo lápiz que traías, ahora lo vas a usar de borrador”, dijo en entrevista con MVS Noticias (https://mvsnoticias.com/nacional/2025/8/11/somos-mexico-alista-propuesta-paralela-de-reforma-electoral-acusa-pablo-gomez-de-traicion-706048.html).

¿Traición o evolución?

¿Es Pablo Gómez un traidor a sus ideales o un político que ha evolucionado con los tiempos? La respuesta depende del cristal con que se mire. Para sus defensores, su experiencia lo convierte en el perfil idóneo para liderar una reforma electoral profunda (https://mvsnoticias.com/nacional/2025/8/3/pablo-gomez-de-la-uif-liderar-la-crucial-reforma-politica-de-sheinbaum-704864.html). Para sus críticos, representa una contradicción viviente: fue uno de los primeros diputados plurinominales y ahora busca eliminarlos (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pablo-gomez-de-los-primeros-100-pluris-del-congreso-ahora-va-contra-ellos-con-reforma-electoral-son-un-monopolio-acusa/).

¿Qué está en juego?

La reforma electoral que encabeza Gómez propone eliminar diputados plurinominales, reducir el financiamiento a partidos y elegir consejeros del INE por voto popular. Estas medidas, aunque populares en ciertos sectores, podrían debilitar la representación plural y la autonomía electoral. Acosta Naranjo y otros exconsejeros advierten que se trata de una contrarreforma que pone en riesgo los avances democráticos de las últimas décadas (https://mvsnoticias.com/nacional/2025/8/11/somos-mexico-alista-propuesta-paralela-de-reforma-electoral-acusa-pablo-gomez-de-traicion-706048.html).

La conclusión: ¿El último enciclopedista del desierto?

Guadalupe Acosta lo llama “el último enciclopedista del desierto”, con tono irónico y doloroso. La frase condensa la crítica: Gómez se habría convertido en un intelectual arrogante, desconectado de la ética que alguna vez lo definió. Pero también plantea una pregunta más profunda: ¿puede alguien que fue símbolo de resistencia convertirse en operador del poder sin traicionar su esencia?

La historia de Pablo Gómez está lejos de terminar. Pero hoy, su lápiz —ese que escribió reformas, denuncias y principios— parece estar en disputa. ¿Será borrador o seguirá escribiendo? #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

agosto 11, 2025 ,

Redacción

La entrevista, las respuestas entre la Asociación de Jubilados y las autoridades del municipio de Celaya fueron puestas en nuestra mesa editorial para un análisis, y salen a relucir algunos aspectos que cuestionan la actitud de la autoridad municipal que encabeza Juan Miguel Ramírez Sánchez

Realizamos un análisis crítico, línea por línea, estructurado en tres niveles:

-Lectura literal: qué se dice explícitamente.
-Lectura crítica: qué se puede inferir, qué contradicciones o arbitrariedades se revelan.
- Evaluación de validez: qué tan legítimas, legales o éticamente justificables son las acciones descritas.

El hecho: la manifestación y consignas

“Alrededor de 30 jubilados, que representan a una asociación de 200, se manifestaron en el patio principal de la presidencia municipal para exigir que se les restituya una prestación”

En el análisis literal, se destaca que se trata de una acción colectiva de representación, no espontánea ni aislada.
En el análisis crítico, la cifra sugiere organización y legitimidad representativa. La elección del lugar (patio de presidencia) indica que buscan visibilidad institucional.
En cuanto a la validez del hecho, la manifestación es legítima como ejercicio de derechos civiles. La exigencia de restitución sugiere que la prestación fue retirada sin consulta ni justificación clara.

“Los manifestantes presentaron diversas pancartas con diversas leyendas…”

Las consignas expresan indignación y apelan a valores de justicia social. Se denuncia una contradicción entre el discurso oficial de la 4T y las acciones locales. Se usa ironía y denuncia directa. Las frases como “nos despojan del ahorro” y “sin aviso ni fundamento” apuntan a una posible violación de derechos adquiridos. Si el fondo fue otorgado durante años, su retiro sin consulta puede considerarse arbitrario.

La entrevista con jubiladas: “Nuestra inconformidad es que ya nos quitaron el fondo de ahorro que nos daban mes con mes para dárnoslo en diciembre…”

Se trata de una prestación periódica, acumulativa, con función de ahorro. La crítica a este hecho es que el retiro sin aviso vulnera el principio de progresividad en derechos laborales. La afectación a adultos mayores y enfermos agrava el impacto.

Si el fondo fue otorgado de forma continua y sin objeción legal previa, su retiro unilateral es jurídicamente cuestionable. La falta de notificación oficial refuerza la arbitrariedad.

“Quedaron de resolvernos esto, pero seguimos igual.”

El análisis literal a esta frase muestra que hubo diálogo, pero sin resultados. Esto revela simulación institucional: se abre el canal de diálogo sin voluntad de resolución. La falta de respuesta efectiva tras el acercamiento vulnera el principio de buena fe administrativa.

“Nos están quitando un derecho que tenemos ya desde activos…”: esto significa que se considera un derecho adquirido desde la etapa laboral activa. Si el fondo fue parte del paquete de prestaciones, aunque no esté en dictamen, su retiro puede violar el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. La falta de dictamen no invalida la existencia del derecho si hay práctica administrativa sostenida. La omisión del dictamen es responsabilidad institucional, no del trabajador.

Diálogo con funcionarios: “No tenemos un soporte legal para estarlo pagando…”: Se argumenta que la prestación no tiene base jurídica. La crítica a este hecho es que esta afirmación contradice la práctica sostenida por décadas. Si se pagó durante 30 años, ¿por qué no se regularizó? La falta de soporte legal no justifica el retiro abrupto. La administración tiene la obligación de regularizar derechos adquiridos, no de eliminarlos.

“Vamos a buscar el soporte legal para seguir colaborando…”: Se abre la posibilidad de regularización. Pero la crítica señala que esta frase sugiere que el retiro fue prematuro. Si se puede buscar soporte legal, ¿por qué no se hizo antes de suspender? y entonces la acción de “pausar” sin haber agotado vías de legalización es institucionalmente irresponsable.

La narrativa del medio, donde se señala que "ellos le llaman pausa, pero finalmente es una interrupción…”, pone de manifiesto la existencia de un eufemismo oficial. El uso del término “pausa” encubre una decisión definitiva. La semántica revela intento de minimizar el conflicto. La interrupción sin resolución ni calendario de restitución es una suspensión arbitraria.

Las conclusiones tras el análisis editorial

La evaluación crítica de las acciones institucionales arrojan lo siguiente:

-Derecho adquirido  
   - El fondo de ahorro fue otorgado durante décadas sin interrupción ni objeción legal.  
   - Esto configura un derecho adquirido por práctica administrativa sostenida.  
   - Su validez institucional es alta, incluso si no está formalizado en dictamen.

-Retiro sin aviso  
   - La suspensión se realizó sin notificación oficial ni consulta previa.  
   - Esto vulnera el principio de legalidad, transparencia y buena fe administrativa.  
   - La acción puede considerarse arbitraria y regresiva.

-Falta de dictamen  
   - El argumento de que no existe dictamen no invalida el derecho si hubo continuidad en el pago.  
   - La omisión del dictamen es responsabilidad de la administración, no del trabajador.  
   - No justifica legal ni éticamente el retiro de la prestación.

-Diálogo institucional  
   - Aunque hubo acercamientos, no se ofrecieron soluciones concretas.  
   - Esto revela simulación institucional: se aparenta apertura sin voluntad de resolución.  
   - La legitimidad del diálogo es débil si no hay resultados ni compromisos claros.

-Mesa de trabajo  
   - Se propone como solución, pero sin objetivos definidos ni calendario de restitución.  
   - La ambigüedad en su propósito genera incertidumbre entre los afectados.  
   - Su eficacia dependerá de si se convierte en mecanismo vinculante y transparente.

-Narrativa oficial (“pausa”)  
   - El uso del término “pausa” es un eufemismo que encubre una suspensión definitiva.  
   - Esta manipulación semántica busca minimizar el conflicto y diluir responsabilidades.  
   - Refleja una estrategia comunicativa poco ética y evasiva.

Sin embargo, el lector tendrá su propia opinión. #MetroNewsMx

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