Carlos Loret/Latinus/Redacción Editorial Metro News
-Carlos Loret de Mola revela que un político de Morena recibió contratos millonarios para el mantenimiento del Tren Interoceánico.
-La línea Z del tren se descarriló el pasado diciembre, provocando la muerte de catorce personas por fallas en la infraestructura.
-Carlos Díaz Saldaña, empresario cercano a la Cuarta Transformación, obtuvo 2,000 millones de pesos para rehabilitar dicha vía.
-Mauricio Rubí documenta que Díaz Saldaña es un activo obradorista que buscó candidaturas por el PRD y Morena en Chiapas y Tapachula.
-Tres empresas del político recibieron 14 contratos; 11 de ellos fueron adjudicaciones directas, evadiendo licitaciones públicas.
-La supervisión de las obras estuvo a cargo de Bobby López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio.
-Las compañías beneficiadas son Asfaltos y Derivados de la Costa, Ferro Asfaltos de México y Elena Díaz y Asociados, todas de Chiapas.
-Díaz Saldaña pasó de recibir 74 millones con Peña Nieto a más de 20 mil millones en las administraciones de Morena para la línea Z.
-Los contratos incluían la sustitución de rieles dañados, cambio de balasto contaminado y estabilización de taludes en el tramo.
-Solo entre 2024 y 2025, la Secretaría de Marina pagó 1,600 millones de pesos a las empresas de Díaz Saldaña por once contratos más.
-Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción, anunció auditorías para determinar omisiones de servidores públicos y proveedores.
-Buenrostro negó conocer a Amílcar Olán, pese a grabaciones donde el operador del Clan afirma que se reuniría con ella por negocios.
-Amílcar Olán aseguraba en llamadas que Buenrostro era quien decidía el destino de los parques industriales del Transístmico.
-Juan Manuel Iglesias, sobreviviente del descarrilamiento, narra que el vagón donde viajaba con su familia cayó a un precipicio.
-Los sobrevivientes denuncian que la ayuda tardó media hora en llegar y que los primeros en auxiliarlos fueron pobladores locales.
-Un grupo de víctimas presentó una denuncia ante la FGR exigiendo transparencia y justicia legal por la negligencia en la obra.
-En el Congreso, la oposición exige la comparecencia del Secretario de Marina para explicar el fracaso del proyecto interoceánico.
-Claudia Sheinbaum lanzó el programa Semilleros del Bienestar para enseñar honestidad con marionetas a niños de nivel primaria.
-Raquel Buenrostro defiende el programa educativo asegurando que la mejor guerra contra la corrupción es evitar que esta suceda.
-El PAN califica la reforma electoral de Morena como la Ley Maduro, acusándolos de querer perpetuarse en el poder sin apoyo popular.
-Rubén Moreira del PRI afirma que Morena busca colonizar al INE para que el organismo cante el resultado que el gobierno quiera.
-Ricardo Monreal admite que la reforma electoral no se presentará en enero por falta de consenso con el PT y el Partido Verde.
-El líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señala que el financiamiento criminal es el verdadero mal de la política.
-Alito Moreno e hijo de López Obrador chocan en redes; el priista llama cínico a José Ramón por decir que México es feliz.
-Liberan al rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud, tras ser acusado de posesión de droga en un retén policial.
-El abogado del rector sugiere que la droga fue plantada, pues las cámaras de los policías no tenían batería durante el arresto.
-Claudia Sheinbaum respaldó a la gobernadora Layda Sansores, negando que la detención del rector fuera una vendetta política.
-La Suprema Corte blindó a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, frenando auditorías por presuntos desvíos de 900 millones.
-Capturan en Querétaro a Ramón Mora, alias Moncho, líder de Los Lavadora y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.
-Coparmex revela datos alarmantes: el 47% de las empresas socias han sido víctimas de delitos como extorsión y robo de mercancía.
-Juan José Sierra de Coparmex afirma que la extorsión telefónica y el cobro de piso tienen de rodillas a las MiPyMEs del país.
-El Papa León XIV expresó al cardenal Aguiar Retes su deseo de visitar México pronto para encomendarse a la Virgen de Guadalupe.
-Tensión diplomática por Groenlandia: Ministros de Dinamarca y EE. UU. dialogan ante la amenaza de Trump de anexar la isla ártica.
-Francia envía tropas para ejercicios militares en el Ártico en apoyo a Dinamarca, respondiendo a las pretensiones expansionistas.
-Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sostuvo una conversación respetuosa con Donald Trump sobre petróleo y fronteras.
-Donald Trump elogió a Delcy Rodríguez calificándola como inteligente y prometió una relación espectacular con el nuevo régimen.
-El régimen venezolano ha liberado a 406 presos políticos, incluidos 18 periodistas, aunque cinco comunicadores siguen detenidos.
-Republicanos en el Senado bloquean ley para limitar poderes de guerra de Trump; podrá actuar en Venezuela sin permiso del Congreso.
-Claudia Sheinbaum niega que Trump le haya pedido entregar narcopolíticos de Morena, aunque no negó la existencia de los mismos.
-Donald Trump califica el T-MEC como irrelevante; Sheinbaum responde que la integración es necesaria para competir contra China.
-Donald Trump asegura que Irán detuvo las ejecuciones de manifestantes tras sus advertencias de un posible ataque militar inminente.
-Reportes de inteligencia indican que EE. UU. evacuó bases en Qatar ante la posibilidad de represalias de Irán por un ataque aéreo.
-Trump critica a Zelensky llamándolo culpable de congelar la paz, mientras afirma que Vladimir Putin está listo para un trato.
-Encuestas en EE. UU. revelan que el 61% de la población no aprueba la política exterior de Trump ni sus intervenciones militares.
-El FBI allana casa de periodista del Washington Post para incautar dispositivos; investigan filtración de documentos secretos.
-Pam Bondi, Fiscal General de EE. UU., advierte que no tolerarán filtraciones que pongan en riesgo la seguridad nacional del país.
-Empresa Ford suspende a trabajador que increpó a Trump en Michigan; el empleado recaudó 150 mil dólares en apoyo social tras el acto.
-Agentes del ICE disparan a un venezolano en Mineápolis; estudiantes protestan exigiendo que la policía migratoria deje las escuelas.
-EE. UU. congela visas para 75 países para evitar que inmigrantes sean carga pública; México quedó fuera de esta restricción inicial.
-Tragedia ferroviaria en Tailandia: grúa colapsa sobre tren con 200 pasajeros dejando más de treinta muertos y decenas de heridos.
La infraestructura del privilegio y el costo del silencio
La política mexicana atraviesa un momento de definiciones donde el discurso de la honestidad choca frontalmente con la realidad de las bitácoras contractuales. Lo revelado sobre el Tren Interoceánico no es solo una falla técnica o un accidente fortuito; es el retrato de una arquitectura de poder donde la cercanía política parece valer más que la calidad de los materiales y la seguridad de los pasajeros. Catorce vidas se extinguieron en el descarrilamiento de la línea Z, un tramo que, según las investigaciones, fue entregado para su mantenimiento a Carlos Díaz Saldaña, un hombre cuya lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación ha sido recompensada con contratos que superan los dos mil millones de pesos.
Resulta alarmante observar la metamorfosis financiera de las empresas ligadas a Díaz Saldaña: Asfaltos y Derivados de la Costa, Ferro Asfaltos de México y Elena Díaz y Asociados. De ser contratistas menores en el sexenio anterior, pasaron a recibir adjudicaciones directas masivas bajo el amparo de una supervisión que, en su momento, recayó en figuras del entorno familiar más íntimo del expresidente López Obrador. Esta bonanza económica para el círculo cercano al poder contrasta dolorosamente con los testimonios de sobrevivientes como Juan Manuel Iglesias, quien describe cómo su familia cayó al vacío en un vagón que perdió la luz y la estabilidad. La pregunta de Carlos Loret de Mola resuena con una lógica aplastante: ¿Qué más tiene que pasar para que la responsabilidad política y empresarial se asuma con seriedad?
Mientras el gobierno federal intenta paliar la crisis de imagen con programas educativos como Semilleros del Bienestar, donde marionetas enseñan ética a los niños, la realidad operativa del país muestra fisuras profundas. Por un lado, la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, promete auditorías, pero por otro, se ve salpicada por menciones en audios de operadores financieros que sugieren un tráfico de influencias que ella niega conocer. Este doble lenguaje es el que alimenta el escepticismo de una sociedad que ve cómo la mitad de sus empresarios, según datos de Coparmex, vive bajo el yugo de la extorsión y la inseguridad.
En el plano legislativo, el panorama no es menos convulso. La denominada Ley Maduro o reforma electoral, propuesta desde el Ejecutivo, ha encendido las alarmas de la oposición. El temor no es infundado: la centralización de las decisiones electorales y el debilitamiento de la autonomía del INE sugieren una estrategia de permanencia que trasciende el respaldo en las urnas. Incluso dentro de la misma coalición gobernante, el PT y el Partido Verde han mostrado reticencias, no por una súbita epifanía democrática, sino por el cálculo de su propia supervivencia política ante un Morena que parece querer devorarlo todo.
La relación con Estados Unidos añade una capa de complejidad adicional. Donald Trump, fiel a su estilo disruptivo, ha calificado el T-MEC como irrelevante, mientras mantiene diálogos directos con el nuevo régimen venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. México se encuentra en una posición delicada: por un lado, defendiendo la integración económica necesaria para competir con China y, por otro, navegando en un mar de sospechas sobre la infiltración del narcotráfico en la política local, un tema que la presidenta Claudia Sheinbaum evade mencionar explícitamente, limitándose a negar peticiones de entrega de funcionarios.
El autoritarismo no es un fenómeno exclusivo de una latitud. Lo vemos en los allanamientos del FBI contra la prensa en Estados Unidos, en la detención del rector de la Universidad de Campeche bajo procedimientos dudosos, y en la amenaza constante de intervenciones militares en Irán o Groenlandia. La justicia parece estarse utilizando como una herramienta de disciplina política más que como un mecanismo de reparación. El blindaje de la alcaldesa de Acapulco por parte de la Corte, frente a auditorías por desvíos millonarios, es otro ejemplo de cómo las instituciones pueden convertirse en refugios para la impunidad si no existe una vigilancia ciudadana activa.
Finalmente, la tragedia en Tailandia y los gestos diplomáticos en Asia nos recuerdan que el mundo sigue girando bajo la sombra de la inseguridad en las infraestructuras y las alianzas estratégicas frente a bloques hegemónicos. En México, el desafío es claro: dejar de lado las marionetas éticas y enfrentar la corrupción estructural que permite que políticos-empresarios descuiden las vías por las que transita el pueblo. La memoria de los catorce fallecidos en el Tren Interoceánico exige algo más que auditorías de escritorio; exige un cambio radical en la forma en que se asigna el dinero de todos y se garantiza la vida de cada uno. #Latinus #MetroNewsMx
-La administración de Juan Miguel Ramírez en Celaya se marca por el doble rasero en sanciones y la falta de criterios técnicos.
-Con dos bajas en la Oficialía Mayor en poco tiempo, la rotación excesiva evidencia una grave improvisación y desgobierno local.
-El alcalde justifica despidos por visiones diferentes, mientras protege a aliados señalados por irregularidades administrativas.
-La narrativa de culpar al pasado y ceder a presiones internas agota la curva de aprendizaje y debilita la confianza ciudadana.
-La inestabilidad en áreas clave de Celaya arriesga la operatividad institucional y los derechos laborales de los trabajadores.
Mientras algunos funcionarios señalados por malos tratos no son despedidos, sino simplemente cambiados de área, en la Oficialía Mayor se aplican destituciones inmediatas. Esto refleja un doble rasero en la aplicación de sanciones de parte del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El caso de Araceli Morales Mancera, destituida apenas a 21 días de iniciada la administración, el propio secretario del Ayuntamiento reconoció que los motivos “solo los tiene el alcalde”. La falta de transparencia genera la percepción de ocurrencias más que de evaluaciones objetivas.
Se ven promesas de estabilidad contra anuncios de más despidos. El alcalde asegura que la Oficialía Mayor seguirá operando con normalidad, pero al mismo tiempo advierte que habrá más despidos en esa área. Esto contradice la idea de continuidad administrativa y proyecta incertidumbre hacia los trabajadores.
La destitución recurrente de oficiales mayores en Celaya revela una administración marcada por contradicciones y decisiones improvisadas, más que por una estrategia clara de gestión. La llamada “curva de aprendizaje” ya no es una justificación válida: lo que se observa es una rotación excesiva de personal de confianza que erosiona la estabilidad institucional.
El caso de Xermán Vázquez, señalado por Informativo Ágora (https://agoragto.com/celaya/sancionan-a-funcionario-por-uso-indebido-de-vehiculo-municipal/ )se ha informado públicamente que al parecer no apunta a un despido o remoción inmediata, sino a una sanción administrativa: se le retiró el uso de un vehículo oficial y recibió una amonestación por haberlo utilizado para fines personales. No hay declaraciones oficiales que confirmen que vaya a ser removido de su cargo, aunque el hecho sí lo coloca bajo observación y presión política.
Aunque Xermán Vázquez no es morenista, sino del Partido del Trabajo, aliado de Morena, genera situaciones de pensar si acaso no existen favoritismos o nivel de favoritismos en la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez; a unos los mide con cierto rasero y a otros no, como lo son el caso del regidor Adrián Caracheo y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, quienes no tienen justificación alguna para ausentarse de Celaya y quedarse en el municipio a cumplir con las obligaciones que la ley les marca, so pretexto de acudir a "representar al turismo local", y aquí, el alcalde hace silencio.
Todo evidencia a que efectivamente se está desgobernando con ocurrencias
Primero, porque se infiere una ausencia de criterios públicos. No se explican las razones técnicas o administrativas detrás de los despidos. Se habla de “otros motivos” sin especificar.
El hecho de las reacciones políticas inmediatas. La salida de la Oficial Mayor se vincula con presiones de grupos políticos y quejas de regidores, lo que sugiere decisiones reactivas más que estratégicas. Se ven más vísceras que cerebro.
En tercer lugar, la rotación excesiva. Dos despidos en poco más de un año en un área clave como la Oficialía Mayor, encargada de recursos humanos y derechos laborales, es un síntoma de improvisación y falta de planeación.
Y como siempre, los celayenses son quienes pagan las ocurrencias de Juan miguel Ramírez Sánchez, aunque lo niegue
Hay un debilitamiento institucional. La Oficialía Mayor es responsable de garantizar la operatividad eficiente de la administración. Su inestabilidad afecta pagos, contrataciones y derechos laborales.
También, desde hace tiempo, se vive la desconfianza ciudadana. La percepción de que se gobierna con ocurrencias mina la credibilidad del gobierno municipal. También se genera un riesgo de parálisis administrativa. La constante rotación impide consolidar procesos y genera incertidumbre entre los trabajadores, lo que puede traducirse en menor productividad y conflictos laborales.
La salida de dos oficiales mayores en menos de un año muestra que el equipo de confianza del alcalde no logra consolidarse. Esto es más que una curva de aprendizaje: es un patrón de inestabilidad.
La curva de aprendizaje está agotada. A estas alturas, hablar de “curva de aprendizaje” resulta insostenible. La administración ya debería haber definido criterios claros de selección y permanencia de sus funcionarios.
La narrativa de “apenas estamos aprendiendo” pierde legitimidad frente a la ciudadanía, que exige resultados y estabilidad.
La administración municipal de Celaya proyecta algo que no es mera imaginación sino unan realidad; hay fragilidad institucional y decisiones improvisadas. La Oficialía Mayor, pieza clave para la gobernabilidad interna, se ha convertido en un espacio de alta rotación y contradicciones.
Si esta dinámica continúa, la ciudad enfrentará desgaste administrativo, pérdida de confianza y riesgo de conflictos laborales. La curva de aprendizaje ya no es excusa: lo que se requiere es planeación, transparencia y coherencia en la gestión del personal de confianza.
Lo que reflejan las notas de El Sol del Bajío es un patrón de tensión política y administrativa donde el alcalde aparece atrapado entre dos fuerzas —culpando a funcionarios heredados de gobiernos panistas y, al mismo tiempo, cediendo ante presiones de morenistas para remover a integrantes de su propia administración.
Algo que muestra la incapacidad para gobernar del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez es la narrativa de culpabilidad externa. Es decir, "todos tienen la culpa, menos él", signo inequívoco de un político soberbio.
El alcalde responsabiliza a funcionarios “heredados” de gobiernos panistas, como si fueran el origen de los problemas actuales. Los morenistas, que deberían ser su base de apoyo, también presionan para remover a funcionarios de la administración actual.
El resultado de todo esto es la generación de despidos y rotaciones que no responden a una estrategia institucional clara, sino a presiones políticas cruzadas.
Formalmente, porque tiene el nombramiento, el alcalde parece gobernar, pero sus decisiones muestran que no controla plenamente la dinámica interna. Las remociones parecen más reactivas a presiones políticas que a evaluaciones técnicas o administrativas.
En síntesis, se desgobierno en la práctica. Cuando las decisiones se toman sin criterios claros, bajo presiones externas y con contradicciones públicas, lo que se proyecta es desgobierno. Una administración que no marca el rumbo, sino que responde a coyunturas.
Así, la Oficialía Mayor y otras áreas clave se convierten en espacios de rotación y desgaste. La percepción de ocurrencias y contradicciones erosiona la credibilidad del gobierno municipal. La falta de estabilidad en puestos estratégicos amenaza la operatividad administrativa y los derechos laborales y esa actitud de "victimizarse" -propia de los gobernantes pertenecientes a su partido, además del discurso de culpar a “herencias panistas” y ceder a presiones morenistas profundiza la división y debilita la gobernabilidad.
-Sheinbaum confirma que Trump exige a México mayor esfuerzo contra el narco tras una llamada telefónica de alta tensión política.
-Marco Rubio presiona al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente para obtener resultados tangibles en el combate al crimen.
-El Wall Street Journal revela el temor del gobierno mexicano ante posibles peticiones de entrega de narcopolíticos de Morena.
-Funcionarios de alto nivel de México sostienen reuniones privadas ante la amenaza de arrestos estadounidenses a políticos afines.
-Trump califica al T-MEC como un tratado irrelevante para Estados Unidos y sugiere que prefiere acuerdos bilaterales separados.
-El presidente Trump asegura en Michigan que su país no necesita vehículos fabricados en México para fortalecer su propia industria.
-Un trabajador en la planta de Ford acusa a Trump de proteger pedófilos; el mandatario responde con un gesto obsceno e insultos.
-Trump se burla del expresidente Joe Biden durante un discurso en Detroit, señalando su supuesta desconexión con la realidad actual.
-Loret de Mola denuncia que la corrupción en el Tren Interoceánico ha costado vidas humanas debido al uso de materiales deficientes.
-El descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre dejó 14 muertos y decenas de heridos en el Istmo de Tehuantepec.
-Se señala a Gonzalo "Bobby" López Beltrán, hijo del expresidente, como supervisor de la obra del tren accidentado por negligencia.
-Familiares de víctimas del Interoceánico exigen justicia mientras el gobierno intenta invisibilizar la tragedia y la corrupción.
-Luis Brito reporta que la línea Z del corredor interoceánico triplicó su presupuesto inicial llegando a 14 mil millones de pesos.
-Testigos narran el horror del accidente ferroviario donde vagones cayeron a un barranco de 50 metros de profundidad en Oaxaca.
-Pobladores de Chibela realizaron labores heroicas de rescate ante la falta de equipo y ambulancias tras el descarrilamiento.
-Misioneros de Ciudad Juárez resultaron gravemente heridos en el accidente del tren y presentan denuncias penales contra el Estado.
-Sheinbaum anuncia la aplicación de la Ley Telecom bajo el concepto de derecho de las audiencias, lo que críticos ven como censura.
-Pablo Gómez cuestiona la autonomía del INE durante la redacción de la nueva reforma electoral impulsada por el régimen actual.
-Ricardo Monreal se deslinda de las críticas de Pablo Gómez al INE y defiende la autonomía plena de los órganos electorales locales.
-El gobierno federal busca reducir en un 20% el presupuesto a partidos políticos y eliminar 132 legisladores plurinominales pronto.
-Adán Augusto López y Arturo Zaldívar revisan el borrador de la reforma electoral que cambiaría las reglas del juego democrático.
-Migrantes venezolanos en CDMX temen regresar a su país pese a la detención de Maduro debido a la inseguridad y crisis económica.
-Héctor Gordoa presenta testimonios de refugiados venezolanos que critican a quienes defienden al régimen autoritario de Maduro.
-Delcy Rodríguez se autoproclama presidenta de Venezuela y califica a Nicolás Maduro como un rehén de los Estados Unidos de América.
-Venezuela restablece el acceso a la red social X tras meses de bloqueo impuesto por Maduro contra el empresario Elon Musk.
-David Castrejón, exdiputado de Morena, se pone a disposición del ejército ante una posible incursión militar de Donald Trump.
-Autoridades mexicanas detienen a seis miembros del Tren de Aragua en CDMX vinculados a extorsión y trata de personas extranjeras.
-Omar García Harfuch destaca la captura de líderes criminales venezolanos que operaban en alianza con grupos de la Unión Tepito.
-El embajador Ronald Johnson celebra la desarticulación de redes transnacionales en México que fortalecen la seguridad regional.
-Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, por presunta posesión de drogas y armas de fuego.
-La comunidad universitaria de Campeche califica de injustificada la detención del rector y denuncia violación a la autonomía.
-Carlos Bautista Tafoya denuncia persecución política tras pedir ayuda a EE. UU. para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.
-La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, insiste en que el crimen de su esposo tuvo una planeación política de alto nivel estatal.
-El Consejo Supremo Indígena bloquea carreteras en Michoacán exigiendo justicia por el asesinato de más de 70 líderes comunales.
-Transportistas del Estado de México bloquean vialidades principales denunciando extorsiones de grúas y bandas del crimen organizado.
-Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, apenas diez días después de asumir el cargo por un homicidio de 2022.
-Gerardo Fernández Noroña devela su retrato oficial en el Senado tras sus polémicas vacaciones de lujo por ciudades de Europa.
-Se estima en tres mil la cifra de muertos en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen de los ayatolas actualmente.
-El New York Times revela que el apagón de internet en Irán oculta la magnitud de la represión militar contra los manifestantes.
-Trump lanza mensajes de apoyo a los manifestantes iraníes en redes sociales prometiendo que la ayuda estadounidense está en camino.
-El ministro de defensa de Irán advierte que defenderán su país hasta la última gota de sangre ante amenazas de Estados Unidos.
-Elon Musk habilita Starlink en Irán para burlar el apagón cibernético mientras el gobierno iraní decomisa terminales satelitales.
-Trump intensifica las redadas del ICE en ciudades santuario tras el homicidio de la activista René Nicole Good en Minneapolis.
-La ONU solicita una investigación independiente sobre la muerte de René Nicole Good a manos de un agente federal estadounidense.
-Tim Walz es acusado por Trump de permitir un mega fraude en Minnesota para desviar la atención de los disturbios sociales.
-Enfrentamientos en Saint Paul dejan arrestos y uso de gas lacrimógeno contra manifestantes que rechazan las políticas del ICE.
-Dinamarca y Groenlandia rechazan la oferta de compra de Trump reafirmando la soberanía del reino danés sobre la isla ártica.
-La primera ministra Mette Frederiksen afirma que Groenlandia no está a la venta y elige la alianza con la OTAN y la Unión Europea.
-Trump busca anexar Groenlandia por motivos de seguridad nacional generando tensión diplomática con los aliados europeos hoy.
-Loret de Mola concluye su emisión advirtiendo sobre el autoritarismo y la falta de transparencia en los proyectos de la nación.
El Horizonte de la Incertidumbre
La reciente emisión de Latinus, conducida por Carlos Loret de Mola, traza un mapa alarmante de la realidad geopolítica y doméstica que enfrenta México a inicios de 2026. La narrativa principal se centra en la vulnerabilidad de la soberanía mexicana frente a un Donald Trump revitalizado, cuya agenda no solo amenaza la estabilidad económica mediante la desestimación del T-MEC, sino que penetra en la estructura misma del partido en el poder. La revelación sobre el temor del gabinete de Claudia Sheinbaum ante posibles órdenes de arresto contra narcopolíticos de Morena marca un punto de inflexión: la justicia transnacional parece ser la moneda de cambio en la nueva mesa de negociaciones.
A nivel interno, la tragedia del Tren Interoceánico funciona como una metáfora del sistema actual. Mientras el gobierno intenta sepultar bajo retórica la muerte de 14 personas y la evidente negligencia en la construcción, las víctimas y sus familiares quedan en la periferia de la narrativa oficial. Este patrón de opacidad se extiende a la libertad de expresión, donde el uso del derecho de las audiencias se perfila como una herramienta institucional para la censura previa, tal como se evidenció en el caso de la entrevista bloqueada a Eduardo Verástegui.
El panorama internacional no es menos convulso. La caída de Nicolás Maduro en Venezuela ha dejado un vacío de poder y una diáspora que aún no encuentra condiciones para el retorno, mientras que en Irán, la represión alcanza niveles de masacre. En este contexto, México se encuentra atrapado entre la presión externa por resultados en seguridad y una política interna que, a través de reformas electorales regresivas, busca consolidar un poder absoluto sin contrapesos. La "ayuda que está en camino" prometida por Trump para otros regímenes, es hoy la sombra que acecha la autonomía de las instituciones mexicanas.
¿Consideras que el uso del derecho de las audiencias podría transformar definitivamente la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en México? #MetroNewsMx #Latinus
-Justicia de papel y cámaras que no ven nada: el caso Mariana Troncoso desnuda la negligencia oficial y la protección a criminales.
-La ausencia policial en la Central de Autobuses convirtió un robo por engaño en un homicidio frente a decenas de testigos.
-Pese a existir videos, placas identificadas y detenciones ciudadanas, las autoridades permitieron la huida de los implicados.
-La familia de la víctima enfrenta un doble luto: la pérdida de una madre y el silencio cómplice de la Fiscalía y el Gobierno Municipal.
El texto editorial de Alfonso Machuca, de nuestro medio de comunicación hermano "El Otro Enfoque" (https://elotroenfoque.mx/index.php/2026/01/13/mariana-y-el-silencio-que-mata-en-silao/ )no es solo una crónica de sucesos; es una denuncia sobre cómo el Estado, por acción u omisión, se vuelve copartícipe del crimen. En Silao, la muerte de Mariana Troncoso ha dejado de ser un hecho delictivo para convertirse en un expediente de la vergüenza nacional.
El vacío como política de seguridad
La Central de Autobuses de Silao se describe no como un nodo de transporte, sino como un coto de caza para delincuentes. La ausencia de patrullaje y tecnología de vigilancia —en pleno 2026— no es un descuido, es una decisión política que deja a los ciudadanos a merced del hampa.
Mariana no murió solo por el golpe contra el pavimento; murió porque en el momento en que necesitó protección, el Estado no estaba. El hecho de que una madre de familia tuviera que perseguir a sus propios asaltantes es la prueba máxima del fracaso institucional.
La liberación de los culpables: un mensaje de sangre
Lo más alarmante del análisis es la liberación de los sujetos identificados. Con videos de alta resolución, placas registradas y una detención previa realizada por comerciantes, la liberación de los sospechosos sugiere algo más grave que la ineptitud: sugiere colusión.
Que el conductor y sus cómplices no hayan pisado una agencia ministerial tras provocar la muerte de una mujer es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. La Fiscalía y la Policía Municipal han enviado un mensaje claro a la delincuencia: en Silao, se puede matar frente a las cámaras y salir caminando por la puerta principal.
El luto de una ciudad bajo sospecha
Mientras José Manuel Montoya y sus hijos —incluyendo a una adolescente de quince años que vio morir a su madre— lloran entre flores, las oficinas de la alcaldesa Melanie y el fiscal Alatriste permanecen blindadas por el silencio. Este mutismo oficial no es prudencia jurídica, es cobardía administrativa. La justicia en Silao parece ser un privilegio de los victimarios, mientras que para las víctimas solo quedan las estadísticas "descartables".
Mariana Troncoso es hoy el rostro de una sociedad que ya no sabe quién la cuida. Si la evidencia contundente no basta para vincular a proceso a los responsables, entonces las instituciones han perdido su razón de ser.
Silao no necesita más comunicados vacíos; necesita que el peso de la ley caiga sobre quienes arrastraron a una mujer hasta la muerte y sobre aquellos funcionarios que, con su inacción, les abrieron la puerta de la libertad.
Mariana y el silencio que mata en Silao
Por Alfonso Machuca
Silao vive un momento oscuro que ninguna autoridad puede negar, porque la muerte de Mariana Troncoso exhibe una cadena de omisiones oficiales. No fue un accidente, fue una tragedia anunciada en una Central de Autobuses donde los robos por engaño florecen sin patrullas, cámaras vigilantes.
Mariana salió a retirar dinero para su negocio y terminó arrastrada por la desesperación ante la ausencia de policías que deberían proteger a familias. Ese vacío institucional obligó a una madre a correr tras un ladrón, porque en Silao la autoridad no corre por los ciudadanos.
Cuando el conductor aceleró y Mariana cayó al asfalto, la tragedia quedó grabada en video frente a cámaras y decenas de testigos. Cualquier sistema de justicia funcional habría actuado de inmediato, pero en Silao los implicados salieron libres como si la vida no importara.
Las placas del vehículo quedaron registradas, los rostros aparecen en grabaciones, los comerciantes retuvieron a los sujetos, y aun así nadie enfrenta cargos. Esa inacción no resulta un error administrativo, representa una decisión que permite a los responsables huir sin consecuencias frente a una ciudad entera.
La Fiscalía y la Policía Municipal enviaron un mensaje devastador: quien mata frente a cámaras puede marcharse sin siquiera pisar una agencia ministerial. José Manuel Montoya y sus dos hijos enfrentan ahora un duelo acompañado por la impotencia, porque la justicia nunca tocó la puerta de su casa.
Mientras ellos levantan un altar con flores y recuerdos, las oficinas públicas mantienen un silencio que duele más que cualquier herida física. Ese silencio oficial convierte a la impunidad en política pública, porque nadie explica por qué el conductor no compareció ni siquiera para rendir declaración.
Silao presume estrategias de seguridad, pero permite un mercado de delitos en su principal terminal de transporte, donde cientos de personas circulan cada día. Los comerciantes denuncian el mismo método de robo una y otra vez, sin que una patrulla establezca presencia preventiva que disuada a los delincuentes.
La falta de vigilancia crea un territorio fértil para bandas que operan con tranquilidad, porque saben que nadie los busca después del golpe. Mariana representaba miles de mujeres que trabajan, emprenden y sostienen hogares, pero el sistema la trató como una estadística descartable.
Su hija de quince años presenció la caída de su madre, una imagen que ningún expediente judicial podrá borrar ni reparar con discursos oficiales. Esa escena exige respuestas claras, nombres de responsables y procesos firmes, no comunicados vacíos ni promesas que se disuelven en burocracia.
La alcaldesa Melanie y el fiscal Alatriste, deben mirar a los ojos de esa familia y explicar por qué permitieron que los culpables escaparan ante evidencia contundente. No basta con condolencias ni homenajes póstumos, porque la justicia requiere acciones inmediatas que devuelvan dignidad a quienes perdieron todo.
Silao no puede acostumbrarse a que una mujer muera por una tarjeta de débito, mientras los criminales continúan sus vidas sin consecuencias. Cada día sin detenidos prolonga la agonía de José Manuel y sus hijos, porque la impunidad funciona como una segunda sentencia contra la familia.
La ciudad entera carga ahora con una pregunta incómoda: ¿Quién protege a los ciudadanos cuando la autoridad decide mirar hacia otro lado? Mariana merece justicia, pero Silao necesita algo más profundo, una sacudida que obligue a sus instituciones a cumplir con su razón de existir. #MetroNewsMx
-Mariana Troncoso fue arrollada en Silao tras intentar recuperar su tarjeta robada en un cajero de la Central de Autobuses.
-Pese a existir videos, placas y testigos presenciales, las autoridades no reportan ni un solo detenido por el homicidio.
-El sistema de justicia en Guanajuato vuelve a fallar: el conductor involucrado nunca fue presentado ante el Ministerio Público.
-Comerciantes de la Central de Autobuses denuncian que los robos con el mismo "modus operandi" son constantes y sin vigilancia.
-La familia de la víctima exige justicia ante un crimen que ocurrió a plena luz del día y frente a las cámaras de seguridad.
-Mariana, madre de dos adolescentes y emprendedora, falleció tras dos días de agonía por traumatismo craneoencefálico severo.
-La inacción policial en el lugar de los hechos permitió que los responsables escaparan, dejando a una familia en total desamparo.
-El caso de Mariana Troncoso desnuda la falta de prevención del delito en zonas de alta afluencia ciudadana en el municipio de Silao.
-José Manuel Montoya, viudo de la víctima, enfrenta un proceso legal sin respuestas, enfrentando a un sistema que ignora a las víctimas.
-La impunidad en Silao se convierte en cómplice: matar frente a una ciudad entera parece no tener consecuencias legales en 2026.
Silao es hoy el retrato de un Estado fallido, donde la vida de una mujer trabajadora vale menos que el saldo de una tarjeta de débito. El asesinato de Mariana Troncoso Montes no es un "lamentable accidente", es la confirmación de una tragedia sistémica: la muerte ocurre en la calle, pero la ejecución final se firma en las oficinas del Ministerio Público y en la negligencia de quienes juraron proteger a la ciudadanía.
Estamos ante un crimen de tres actos. El primero, la delincuencia desatada que opera con total comodidad en la Central de Autobuses de Silao, un espacio público donde el "robo por engaño" es el pan de cada día sin que una sola patrulla se asome. El segundo, la valentía desesperada de una madre que, ante la ausencia de autoridad, tiene que arriesgar su integridad para defender su patrimonio. El tercero, y el más putrefacto, es el silencio de la Fiscalía y de la Policía Municipal.
Es inaudito y criminal que, con videos de varios ángulos, placas de vehículos identificadas y un cerco ciudadano que retuvo a los implicados, no existan detenidos. ¿A dónde se fue el conductor? ¿Quién permitió que se marchara? ¿Cuánto cuesta el silencio de una autoridad en Silao?
La muerte de Mariana frente a su hija de 15 años es un grito de auxilio que Silao no quiere escuchar. Mientras la familia llora a una madre, basquetbolista y emprendedora, las autoridades estatales y municipales se lavan las manos, apostando al olvido para que la impunidad termine de enterrar el caso.
El encuentro con José Manuel Montoya Ramírez
El silencio respetuoso es lo único que le pasa por la mente al periodista al ver la escena. La imagen de lo que se ve en la casa de la familia Montoya Troncoso es el testimonio visual de una tragedia que la frialdad de las cifras oficiales jamás podrá contener. En ella, el dolor no es un concepto, es un peso físico que parece doblar el cuerpo de José Manuel Montoya Ramírez.
El espacio está saturado de una ausencia que grita. En el centro, el retrato de Mariana Troncoso Montes, joven, llena de vida, flanqueada por una camiseta de basquetbol con el número 19. Ese uniforme, que antes representaba dinamismo y salud en las canchas con el equipo Zitnácua, hoy cuelga inerte como una reliquia de lo que la delincuencia arrebató en un segundo de violencia. Las flores acumuladas no son solo un tributo; son el muro de contención ante un vacío que nadie puede llenar.
La postura de José Manuel lo dice todo. No hay lágrimas explosivas en este instante, hay algo mucho más aterrador: la claudicación del espíritu ante una realidad que no tiene lógica.
Sus ojos no ven las flores ni el altar; están fijos en un punto de dolor interno, reviviendo quizá las últimas palabras que Mariana pronunció al llegar consciente al hospital tras ser arrollada por un vehículo que huía.
Sus manos se aprietan con fuerza, un gesto instintivo de quien intenta sostener los restos de una familia que ha quedado huérfana de madre. Es la imagen de la impotencia de un padre que ahora debe explicar a sus hijos de 15 y 17 años por qué quienes mataron a su madre siguen libres a pesar de las pruebas en video.
La habitación se siente asfixiante. La cruz de cal en el suelo azul marca el punto final de una vida, pero para José Manuel, es el inicio de un calvario donde el enemigo no es solo el ladrón, sino un sistema que permite que los responsables se evaporen a pesar de haber placas identificadas y testigos presenciales.
Lo que más lastima de la escena en la casa de José es la soledad del duelo frente a la indiferencia del Estado. Mientras José Manuel se hunde en su silla, el sistema que debió procurar justicia se convierte en cómplice por omisión.
La escena plasma la derrota de un ciudadano frente a la impunidad institucional; es el rostro de un hombre que sabe que en Silao, la vida de una madre de familia fue canjeada por una tarjeta de débito y el silencio de las autoridades.
Es una imagen que denuncia. Mariana no murió solo en el pavimento de la Central de Autobuses; muere cada día que la justicia decide no llegar a esa casa. #MetroNewsMx
La Saga/Adela Micha/Redacción Editorial Metro News
-Claudia Sheinbaum enfrenta su mayor crisis diplomática ante la creciente presión intervencionista de Donald Trump este 2026.
-La detención de Nicolás Maduro cambió las reglas del juego geopolítico, dejando a México en una posición vulnerable y expuesta.
-Mientras Sheinbaum busca prudencia, López Obrador incendia la relación con Washington al defender públicamente la soberanía de Maduro.
-Donald Trump insiste en catalogar a los carteles mexicanos como terroristas, abriendo la puerta legal a operativos en nuestro país.
-México aparece mencionado más de 20 veces en la acusación por narcoterrorismo contra Maduro, lo que genera alarma en la Casa Blanca.
-La presidenta Sheinbaum intentó calmar las aguas mediante una llamada directa con Trump, pero la tensión militar sigue sobre la mesa.
-La renegociación del T-MEC se complica mientras Estados Unidos endurece su postura frente a la influencia del narco en el gobierno.
-El embajador Ronald Johnson intenta destensar la crisis, pero los testimonios de capos en cortes de EE. UU. mantienen la ansiedad.
-Expertos señalan que el término taco (Trump siempre se raja) ya no aplica tras ver la determinación mostrada en el caso Venezuela.
-La administración de Sheinbaum se ve obligada a blindar la Constitución contra el intervencionismo ante las amenazas de Washington.
La detención de Nicolás Maduro no solo sacudió a Venezuela, sino que detonó una crisis de realidad en Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum se encuentra hoy atrapada en un peligroso juego de espejos, tratando de sostener un discurso de soberanía nacional mientras la sombra de Donald Trump se proyecta con una fuerza intervencionista sin precedentes. La frase México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos cobra un sentido casi profético en un 2026 donde las reglas de la diplomacia han sido sustituidas por la presión directa y las amenazas de operativos militares en suelo mexicano.
El escenario es crítico. Por un lado, la presidenta intenta mantener la compostura diplomática y el control de su gabinete para no provocar al gigante del norte; por el otro, el expresidente López Obrador lanza gasolina al fuego desde sus redes sociales, defendiendo dictaduras y dinamitando la estrategia de contención de su sucesora. Esta falta de cohesión interna es el flanco más débil de México frente a un Trump que no parece dispuesto a aceptar más evasivas, especialmente cuando el nombre de nuestro país aparece vinculado al narcoterrorismo en los expedientes judiciales de Washington.
La soberanía no se defiende solo con párrafos constitucionales si en la práctica el crimen organizado dicta la agenda en regiones enteras. Con la renegociación del T-MEC a la vuelta de la esquina y los capos de la droga cantando en las cortes estadounidenses, el margen de maniobra de Sheinbaum se reduce a cero. La detención de Maduro fue el aviso; el objetivo real podría ser México. Adela Micha lo dice sin filtros: lidiar con Trump es un desafío que tiene al país en vilo y la situación para la presidenta y para la nación, sencillamente, "está cabrón", dijo.
La transcripción de la editorial de Adela Micha
Adela Micha:
México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pocas veces en la historia reciente había sido tan acertada esta frase pero habría que reformularla México tan lejos de Dios tan cerca de Donald Trump. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum de alguna manera está entre la espada y la pared. De un lado el discurso de la soberanía nacional el apoyo de Morena y sus simpatizantes a gobiernos supuestamente de izquierda como los de Cuba y Venezuela. La buena relación que la presidenta parece tener con la Casa Blanca y la colaboración que presume tener en materia de seguridad con Estados Unidos. Y del otro lado un Donald Trump que insiste en intervenir en México que ha repetido muchas veces que nuestro país está gobernado por los carteles y que no deja de hablar de narcoterrorismo. Una clase política la de Estados Unidos que ve con pésimos ojos que México jamás haya condenado la dictadura en Venezuela o que sigamos enviando petróleo a Cuba una renegociación del TEMEC que se antoja cada vez más compleja.
Hay algunos analistas que sostienen que el mundo y la geopolítica global cambiaron con la detención de Nicolás Maduro. No lo sabemos puede ser pero de lo que no hay duda es que cambiaron las reglas del juego para la presidenta Sheinbaum y para México en general. Hasta ahora nadie creía realmente en las pretensiones intervencionistas de Donald Trump. Inclusive circulaba en Estados Unidos ¿se acuerdan? de la expresión taco que significa Trump always chickens out.
Es decir Trump siempre se termina rajando. Pero después de lo que vimos en Venezuela tenemos que empezar a creer en sus advertencias. Esto preocupa en Palacio Nacional dicen que está preocupando de hecho muchísimo. Trump ha amenazado ya varias veces con hacer operativos de seguridad en territorio mexicano. En los últimos días varios medios de comunicación con acceso al círculo cercano de la presidenta han dado a conocer que después del arresto de Maduro y de las declaraciones del presidente Trump hubo preocupación real en Palacio Nacional y por lo tanto se puso en marcha un cambio de estrategia y una de las primeras cosas que dicen habría hecho la presidenta fue instruir a su gabinete y a los morenistas más destacados para que no hicieran ninguna declaración inapropiada que pudiera hacer enojar al presidente Trump y complicar más aún las cosas con Washington. La cancillería y la propia presidenta fueron muy cuidadosas en seleccionar el tono de su respuesta. Claro que el golpe siempre viene desde dentro porque la presidenta no esperaba que fuera el expresidente López Obrador quien publicara un mensaje en sus redes sociales manifestándose en contra del arresto de Maduro describiéndolo como un prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela.
Esto esto solamente sirvió para echarle gasolina al incendio. Ahora sí que con todo respeto expresidente pero no nos ayude compadre. Sobre todo porque debe recordarse que en la acusación contra Nicolás Maduro de narcoterrorista México aparece mencionado dicen que más de 20 veces como uno de los lugares estratégicos para la distribución de drogas y los movimientos de dinero. El periódico estadounidense el New York Times publicó que según varios funcionarios de alto nivel el arresto de Maduro hizo comprender a la presidenta Sheinbaum que las amenazas de Trump debían tomarse en serio y que por decirlo de algún modo México México está en la mira de la Casa Blanca. En la mañanera del pueblo de ayer la propia presidenta Sheinbaum habló de su preocupación ante las declaraciones cada vez más intervencionistas de Washington y reconoció que esto fue lo que la llevó a buscar una llamada que tuvo lugar el día de ayer con el presidente Trump. Y entre los temas que se tocaron por supuesto estuvo Venezuela y la insistencia de Estados Unidos de hacer operativos en nuestro país. Esto fue lo que dijo sobre el tema la presidenta.
Claudia Sheinbaum:
Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública que nosotros tenemos una Constitución que estamos en contra de las intervenciones militares. Eh incluso dijo bueno entiendo que esa es su Constitución. Y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela y ayer también y tampoco insistió más bien fue en el tono de si ustedes quieren que los ayudemos a eh más en con nuestras fuerzas en México le dije bueno eso no ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías.
Adela Micha:
Y por si esto fuera poco de manera más abierta la presidenta Sheinbaum reconoció que al catalogar a los carteles como organizaciones terroristas Estados Unidos le abrió la puerta a una intervención y habló de lo que ha hecho para evitar que esto ocurra.
Claudia Sheinbaum:
Y tampoco estamos de acuerdo con que el que Estados Unidos le llame terrorismo implique pues una intervención en nuestro país. Tan lo dejamos claro que cambiamos la Constitución o agregamos a la Constitución un párrafo donde quedara claro que el pueblo de México estaba en contra de cualquier intervencionismo en ese momento cuando declararon a las organizaciones de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas. Y yo siempre lo he planteado no estamos de acuerdo eh en muchos temas con el gobierno del presidente Trump pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser.
Adela Micha:
Hasta ahora la presidenta ha conseguido lo ha hecho bien esquivar los golpes. Así que ayer para calmar un poco los ánimos y destensar el asunto el embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que este último año se vivió la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas entre México y Estados Unidos. Y esta declaración sirve sirve después de varios días de ansiedad digamos de inquietud.
Pero el problema no solamente es la coyuntura de Venezuela insisto viene la renegociación del TEMEC es la presencia del crimen organizado en el gobierno de México. Son las declaraciones que los capos de la droga están haciendo ante las cortes estadounidenses. Y es el hecho de que la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump pues tienen visiones muy distintas. Hasta ahora se ha logrado evitar confrontación pero eso puede cambiar.
Ahora que Estados Unidos decidió meterse ya de lleno en América Latina. No hay nadie en el mundo me atrevo a decir que sepa bien a bien cómo lidiar con Donald Trump. A nosotros nos ha tocado estar a su lado y discúlpenme que lo diga así pero está cabrón, está cabrón para México y (para nuestra) presidenta. #MetroNewsMx
-Funcionarios de Celaya carecen de facultades legales para asistir al FITUR en Madrid; la ley limita sus funciones a nivel local.
-Regidora Isabel Herrejón, señala su postura sobre esta situación.
-En 2022, los panistas echaron marcha atrás ante la inconformidad ciudadana por un caso semejante
-En 2025, diputado morenista cuestionó a alcaldesa panista por el mismo hecho.
-Ahora, en 2026 Morena repite los mismos errores que criticó a los panistas en 2025, violentando sus propios principios de austeridad.
-A pesar del mensaje de Sheinbaum de 10 de abril de 2025, leído por Luisa María Alcalde invitando a evitar "parafernalia del poder", imitar a Noroña está de moda
-El secretario del Ayuntamiento debe garantizar la operatividad interna en Celaya, no realizar viajes de promoción turística.
-Regidores desvirtúan su figura de fiscalizadores al viajar a España con los mismos directores que deben supervisar.
-La ausencia de Daniel Nieto, en el municipio, como secretario del Cabildo, pone en riesgo la gobernabilidad y la fe pública de los actos del Ayuntamiento.
-El alcalde de Celaya evidencia desconocimiento de la ley al enviar perfiles políticos a un evento técnico internacional.
-El bolsillo de los ciudadanos termina pagando los paseos de funcionarios que acomodan las leyes según sus propios intereses.
-No existe un impuesto hotelero federal que reembolse viajes a municipios; la explicación del alcalde carece de sustento real.
-Los fondos de promoción turística estatal prohíben pagar viáticos a funcionarios sin facultades técnicas en la materia.
-Usar dinero municipal para luego recuperarlo de fondos externos es una operación financiera irregular y engañosa.
-El esquema de reembolso es una simulación para evadir la fiscalización inmediata y ocultar el gasto real del erario público.
-La asistencia del secretario y regidores al FITUR no aporta valor técnico y sugiere un beneficio personal con dinero oficial.
-El municipio de Celaya ignora la racionalidad del gasto al financiar viajes internacionales en lugar de atender la ciudad.
-La Ley de Responsabilidades exige eficiencia en la delegación de funciones; enviar políticos al FITUR es un error grave y tiradero de dinero.
-La administración municipal falla en ética y técnica al priorizar viajes sobre las obligaciones legales de sus funcionarios.
Ni el secretario del Ayuntamiento de Celaya, Daniel Nieto, ni el regidor Adrián Guerrero Caracheo están facultados por la ley para acudir al FITUR en Madrid, España debido a que sus obligaciones y funciones, definidas por la Ley para el Gobierno y Coordinación del estado les imposibilita una salida internacional y menos para temas de gestión turística.
Y lo que resulta más incongruente, si no ridículo o irrisorio, es el hecho de que precisamente en estas mismas fechas, el 23 de enero de 2025, el entonces presidente de la comisión de asuntos municipales del Congreso del Estado, el morenista Ernesto Millán Soberanes cuestionó el viaje que funcionarios municipales de Guanajuato capital, encabezados por la alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, de extracción panista, que realizarían por la capital de España, en Madrid. (https://expresatv.com.mx/guanajuato/2025/cuestiona-diputado-viaje-de-funcionarios-a-espana/ ).
Sin embargo, lo que se observó después fue una actitud de importar poco el mensaje y de contradecir en los hechos a la titular del Ejecutivo Federal y empezar todos a imitar la "austeridad republicana" del senador Noroña.
Vistas las cosas así, da la impresión que cada quien acomoda la ley a su gusto y manera, y al final, el bolsillo de los contribuyentes es quien paga los paseos de los funcionarios.
¿Por qué el secretario del Ayuntamiento no puede ni debe ir en el "Viaje a España"?
Las leyes en el estado de Guanajuato son claras. No puede ni deber ir, primero, porque el secretario del Ayuntamiento es el custodio de la operatividad interna.
Según el Artículo 128 de la Ley para el Gobierno y Coordinación del Estado y los Municipios, y el Artículo 10 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, el Secretario tiene funciones que exigen su presencia constante en el municipio.
El secretario del Ayuntamiento es quien debe estar al pendiente de la gobernabilidad y fe pública. Es el responsable de dar fe de los actos del Ayuntamiento, levantar las actas de cabildo y coordinar la política interna. Su ausencia para un viaje de promoción turística -materia que no es de su competencia técnica- pone en riesgo la continuidad administrativa.
También es responsable de la vigilancia de acuerdos. Su función principal es "hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento". No tiene atribuciones de representación diplomática o comercial en el extranjero, a menos que exista un convenio específico de hermanamiento que justifique su presencia técnica, lo cual no aplica en una feria de comercialización turística como FITUR y menos en Madrid.
¿Por que el regidor, el que sea, no puede ni debe ir al viaje a España?
Los regidores tiene como función la vigilancia, y no la ejecución de acciones. Los regidores forman parte del cuerpo colegiado y sus facultades están dictadas por el Artículo 70 de la citada Ley.
Su función y para lo que el pueblo los eligió y además les paga es por la vigilancia de sus comisiones asignadas. Su tarea es supervisar que las direcciones -como la de Turismo- funcionen correctamente. Acudir a un viaje junto al director que deben supervisar crea un conflicto de intereses y desvirtúa su figura como "fiscalizadores" del gasto.
Tienen la obligación de asistencia a sesiones. La ley les obliga a asistir puntualmente a las sesiones de cabildo y de comisiones. Un viaje a España implica abandonar estas responsabilidades de representación ciudadana inmediata en Celaya.
Si se considera que el FITUR en España será del 21 al 25 de enero, podría pensarse que la salida y preparativos de los "insignes viajeros" iniciará desde el 17 o 18 de enero; si es así, los días 19, 20 y 21 de enero, se realizarán Comisiones por parte de los regidores y, por ende, alguien que como regidor debería estar por obligación y en función en esos momentos en Celaya, se ausentará para cumplir un papel en el que no es su función.... a menos que quieran sesionar a distancia, emulando a Cuauhtémoc Blanco, mientras jugaba padel y simultáneamente pasaba lista de presente en la Cámara de Diputados.
Ninguno de los dos que se "apuntan" o "apuntaron" al viaje tienen el perfil técnico ni la función que les corresponde. El alcalde comete un error al enviar -o enviarse ellos solos- al secretario del Ayuntamiento o a un regidor a una feria internacional de turismo cuando existe un director de Turismo presuntamente profesional, lo que se traduce en una "asignación indebida de funciones".
Se genera además un descuido de funciones. El hecho de que funcionarios de alto nivel abandonen sus despachos para realizar actividades de promoción comercial -para las cuales no fueron contratados, sea por el municipio o por el mismo pueblo ni tienen experiencia técnica- constituye un descuido de las obligaciones legales que les impone el cargo para el que fueron electos o nombrados.
El alcalde de Celaya evidencia desconocimiento de la ley
No es válido bajo el principio de racionalidad del gasto público -que en el estado de Guanajuato se define como como la obligación de ejercer los recursos de manera eficiente, necesaria y transparente, evitando gastos superfluos y asegurando que cada erogación cumpla con los objetivos institucionales y sociales- que un Secretario del Ayuntamiento acuda a FITUR en representación del alcalde.
Su ausencia descuida la atención ciudadana y la coordinación de las dependencias en Celaya. Legalmente, el representante idóneo es el director del Consejo de Turismo, pues es quien tiene la atribución legal de ejecutar la política pública en esa materia. Cualquier otra asistencia sin justificación técnica robusta es un viaje de carácter personal financiado indebidamente con la expectativa de un reembolso público. (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2026/jan/08/celaya-enviara-comitiva-a-fitur-espana-gastos-seran-reembolsados-147733.HTML )
El tema del reembolso y lo que parece una salida o ¿mentira? del alcalde para calmar la avalancha mediática
Desde una perspectiva estrictamente legal y administrativa en el estado de Guanajuato, la explicación del presidente municipal presenta serias inconsistencias técnicas y operativas. Textualmente, el Periódico Correo señaló que "El presidente municipal explicó que, aunque inicialmente se utilizará una partida del presupuesto público para solventar los gastos del viaje, estos deberán ser comprobados y posteriormente reembolsados por la Secretaría de Turismo federal, a través del fondo que se integra con el impuesto hotelero." (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2026/jan/08/celaya-enviara-comitiva-a-fitur-espana-gastos-seran-reembolsados-147733.HTML )
Si el alcalde no se refiere al Impuesto sobre Hospedaje -que es estatal-, podría estar intentando vincular el viaje a un esquema de financiamiento que suena lógico en el discurso, pero que legalmente es un laberinto de imprecisiones y -esperando, estar equivocados- otra vez las mentiras.
Primero: ¿Está hablando del COFOTUR, que es un fondo estatal? Si es así, lo más probable es que el alcalde se refiera al Fondo para la Promoción Turística del Estado de Guanajuato -COFOTUR-. Este fondo se nutre del impuesto que los hoteles de Celaya recaudan.
Celaya aporta cerca de 18 millones de pesos anuales a este fondo estatal y, para 2026, el municipio solicitó el retorno de 5 millones para promoción. Pero...
La falla en la lógica: Estos fondos son para proyectos de promoción -campañas, stands, eventos-, no para "reembolsar" viáticos personales de funcionarios que decidieron pagar su viaje por adelantado. La ley estatal prohíbe que el dinero de promoción turística se use para cubrir gastos de representación de funcionarios que no tienen facultades técnicas en la materia.
Segundo: ¿Existe un "Impuesto Hotelero" Federal? La respuesta es No. A nivel federal no existe un "impuesto hotelero" que la Secretaría de Turismo (SECTUR) administre para devolver dinero a los municipios.
Lo que sí existe, es el hecho de que SECTUR Federal maneja presupuestos para ferias como FITUR donde México es país socio. Sin embargo, ese dinero se usa para pagar el pabellón de México y la logística general, no para depositarle a la tesorería de Celaya lo que se gastarán el secretario del Ayuntamiento o los regidores.
La posible "confusión" es que el alcalde podría estar "mezclando" el hecho de que México es socio en la feria con una supuesta obligación federal de pagar los gastos, lo cual no tiene sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La trampa del "Fondo de Promoción" como garantía
Si el alcalde argumenta que el dinero saldrá de una partida municipal y luego se recuperará de un fondo hotelero, está incurriendo en una operación financiera irregular, entonces habría que recordar que el dinero público no es "restituible" entre órdenes de gobierno así como así.
Si el municipio gasta de su partida de "Viáticos", el dinero sale del patrimonio municipal. Si después entra dinero de un fondo estatal o federal, eso cuenta como un nuevo ingreso, pero no anula el hecho de que el gasto original debe estar justificado por la función del empleado.
Para el caso del secretario y los regidores, ningún fondo de promoción turística -ni estatal ni mucho menos federal- tiene entre sus reglas de operación el pago de viajes a secretarios de Ayuntamiento. Estos fondos son auditables y están diseñados para técnicos y directores de área, no para figuras políticas de administración interna.
Tercero: ¿El alcalde se refería a una "Licitación de Promoción"?
Recientemente, SECTUR Federal lanzó licitaciones para la operatividad de FITUR 2026. Es posible que el alcalde esté asumiendo que "dentro de esos contratos" se incluye el hospedaje de las comitivas. Pero, legalmente, los contratos federales no pueden cubrir gastos de funcionarios municipales; eso sería desvío de recursos federales.
Ante la "lógica del alcalde", la explicación de Juan Miguel Ramírez Sánchez parece una "carambola de tres bandas" para evitar el costo político. Si usa dinero municipal, está violando la austeridad. Si dice que los funcionarios lo pagan, entonces es simulación y la última "banda" es que si dice que un "fondo hotelero federal" lo devolverá, pues es un fondo que no existe como tal para reembolsos.
En resumen, no existe un mecanismo legal automático donde la Federación le regrese a un municipio el dinero gastado en boletos de avión para regidores. Si el dinero sale del erario de Celaya el día de hoy, es un gasto público ejecutado, y si los perfiles de los que viajan no son los adecuados -como el secretario del Ayuntamiento-, se mantiene la observación de falta de responsabilidad administrativa.
Los panistas quisieron hacer lo mismo en 2022 y tuvieron que echar marcha atrás: ahora Morena trata de hacerlo y se justifica sin importar violar normas
La comitiva original incluía a cuatro regidores y al Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricárdez Godoy. En aquel momento la controversia se centró en el origen de los recursos. Ricárdez Godoy declaró que buscaría financiamiento privado y créditos personales ante la falta de presupuesto en su área.
Por otro lado, la presión social y mediática sobre el uso del erario para los regidores fue tal que estos terminaron cancelando su participación o asegurando que costearían sus propios gastos, evitando así un impacto directo a las finanzas municipales ante la falta de justificación técnica sólida.
En enero de 2026 la situación se repite con la participación de Celaya en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. La comitiva confirmada incluye al Director de Turismo, Carlos Olvera, al Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, y al Regidor Adrián Guerrero Caracheo. La Directora de Desarrollo Económico, Analí Rocha, desistió de asistir. La regidora de oposición Ma. Isabel Herrejón ha denunciado públicamente que el mecanismo financiero utilizado es un préstamo inicial por parte de los funcionarios con la promesa de un reembolso posterior con recursos públicos. Herrejón señala la falta de perfil técnico del Secretario del Ayuntamiento para un evento de promoción turística y cuestiona la violación al principio de austeridad promovido por la actual administración de Morena.
El análisis de ambos momentos revela una evolución preocupante en la gestión de la transparencia. En 2022 la administración cedió ante la opinión pública cancelando el viaje o eliminando el cargo al erario de forma directa. En contraste, el escenario de 2026 presenta una estrategia financiera más ambigua: el esquema de reembolso. Este mecanismo permite al gobierno declarar inicialmente que no se está gastando dinero público, aunque el impacto final en el presupuesto sea el mismo.
Existe una clara contradicción entre el discurso de austeridad y la inclusión de figuras políticas como el Secretario del Ayuntamiento en eventos especializados donde su presencia no aporta un valor técnico justificado. Mientras que en 2022 la presión social logró detener el gasto, en 2026 se observa una resistencia institucional a transparentar los mecanismos de devolución de dinero y la pertinencia de los perfiles.
El final del análisis
La primera conclusión es que el concepto de austeridad en la administración actual se ha convertido en una herramienta narrativa más que en una práctica administrativa real. El uso de reembolsos es una simulación que busca evadir la fiscalización inmediata pero que termina afectando las finanzas de Celaya por igual.
En segundo lugar la falta de una agenda técnica clara para el Secretario del Ayuntamiento y el regidor Guerrero Caracheo en España sugiere que el viaje tiene tintes de beneficio político o personal más que institucional. La promoción turística debe ser ejecutada por especialistas para garantizar el retorno de inversión para el municipio.
Finalmente se concluye que la vigilancia de la oposición, de los medios de comunicación y de la ciudadanía es el único freno real ante estas prácticas. La congruencia exigida por la regidora Herrejón pone de manifiesto que el gobierno municipal ha fallado en establecer criterios éticos y técnicos para el uso de recursos en viajes internacionales, repitiendo e incluso sofisticando los errores señalados hace cuatro años.
Herrejón señaló, en entrevista a Metro News que "como regidora del PAN, de oposición, y en ejercicio de mi responsabilidad de vigilancia y representación ciudadana, como vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo manifiesto mi postura respecto a la participación de una comitiva del Gobierno Municipal de Celaya en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse en Madrid, España".
"La FITUR es un evento estrictamente especializado en la promoción turística, por lo que la representación del municipio debería recaer únicamente en el director del Consejo de Turismo, quien cuenta con las atribuciones, el perfil técnico y la responsabilidad directa para cumplir con los objetivos del evento y dar seguimiento a los acuerdos que de éste se deriven".
"La asistencia de otros funcionarios municipales no resulta necesaria ni justificable como es el caso del Secretario del Ayuntamiento, y de subida otros, toda vez que sus funciones no están directamente vinculadas con la promoción turística, ni su presencia representa un valor agregado para el cumplimiento de la agenda del municipio en dicho encuentro internacional".
"Asimismo, es válido y necesario cuestionar dónde queda el principio de austeridad que Morena ha señalado reiteradamente como eje de su actuación en el servicio público. Aunque se ha informado que los gastos serán cubiertos inicialmente por los propios funcionarios, existe el compromiso de reembolso con recursos públicos, lo que finalmente representa un impacto al erario municipal".
"La ciudadanía exige congruencia entre el discurso y los hechos. La austeridad no debe limitarse a una narrativa política, sino reflejarse en decisiones responsables, eficientes y enfocadas en el interés público".
"Desde la oposición seguiremos señalando y vigilando cualquier acción que implique un uso innecesario de recursos públicos, siempre con el objetivo de que Celaya cuente con un gobierno transparente, congruente y cercano a la gente", finalizó.
El uso de recursos públicos bajo el esquema de "préstamos" o "reembolsos" para viajes de funcionarios en Guanajuato camina por una delgada línea entre la normativa administrativa y posibles faltas graves. #MetroNewsMx
-Administración de Gilberto Zárate entrega 4.5 mdp a Faustino Reséndiz, excandidato de Morena, bajo un velo de dudas financieras.
-La Tesorería de Comonfort confirma gasto de 4.5 millones en la Feria de los Remedios 2025; el beneficiario es un allegado al partido.
-Fraccionamiento de facturas en Comonfort sugiere estrategia ilegal para evitar licitación pública por 4.5 millones de pesos.
-Faustino Reséndiz Acosta, alias El Chicano, recibe contrato millonario en Comonfort pese a historial de corrupción y acoso sexual.
-Gobierno de Comonfort privilegia a contratista foráneo de Morena mientras desplaza al comercio local de sus áreas de trabajo.
-El millonario contrato de la Feria de los Remedios carece de licitación, violando la Ley de Contrataciones Públicas del Estado.
-Raúl García Morales, director de Turismo, avala pagos millonarios a foráneos pero asfixia económicamente a mercaderes nativos.
-Nepotismo y favoritismo político marcan la gestión de Gilberto Zárate en Comonfort con la entrega de 4.5 mdp a un solo hombre.
-Facturas por juegos mecánicos en Comonfort revelan un presunto festín de opacidad que beneficia a la camarilla de morenista de San Luis de la Paz.
-La probable justificación exclusividad en juegos mecánicos para evitar licitar 4.5 mdp es un insulto a la inteligencia y a la legalidad estatal.
-La sombra del acoso y el desvío de recursos persigue a Faustino Reséndiz, el contratista favorito de la actual era en Comonfort.
-El director de Turismo aplica una doble vara: rigor extremo para el comerciante honesto de casa y alfombra roja para el comerciante foráneo aliado político.
-La administración de Zárate enfrenta críticas por convertir el presupuesto público en una caja chica para el morenismo regional.
La administración municipal de Gilberto Zárate beneficio con 4.5 millones de pesos como "contrato para espectáculos y juegos mecánicos" a Faustino Reséndiz Acosta, excandidato a regidor morenista de San Luis de la Paz, quien además fue funcionario ludovicense en el pasado y cuenta con toda una serie de antecedentes no muy claros consignados por diversas informaciones de medios digitales. Se evidencia así que Gilberto Zárate beneficia con contratos a gente a fin a su partido... de otros municipios.
A través del Sistema de Transparencia, en copias facsimilares -en poder de Metro News- de los documentos oficiales se hace constar a través del oficio de Tesorería Municipal de Comonfort No. TES-2026-0014, de fecha 8 de enero de 2026, enviado a C. Liliana Hurtado Pérez, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Comonfort "que suscribe, C.P. Araceli Álvarez Pescador, Tesorera Municipal de Comonfort, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción XVII y 131 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, le envío un cordial saludo y le expongo lo siguiente", señala el documento.
"Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al oficio UTAIP/1796/2025, mismo que hace referencia a la solicitud con número de folio 1101957000572125 realizada ante la Plataforma Nacional de Transparencia, para lo cual informo lo siguiente:
Presupuesto ejercido para presentaciones artísticas, así como juegos mecánicos de la Feria de los Remedios 2025: $4,500,000.00
Se anexa al presente las facturas correspondientes.
Sin otro particular, agradezco de antemano por su atención al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o aclaración.
ATENTAMENTE
“Gobierno de Comonfort, Moderno, Igualitario e Inclusivo”
Comonfort, Gto a 08 de enero del 2026
C.P. Araceli Álvarez Pescador
Tesorera Municipal"
Entre los probables motivos por los cuales se solicitó esta información, se cuentan el de fiscalizar el uso de los recursos. En este caso particular, un ciudadano o entidad quería saber exactamente cuánto costaron las atracciones y artistas de la "Feria de los Remedios 2025" y porque este tipo de trámites son la herramienta principal para que la sociedad civil detecte posibles sobrecostos o desvíos de recursos en eventos públicos.
Las facturas de lo pagado por el Municipio de Comonfort a Reséndiz Acosta
Basado en los documentos analizados, se confirma que ambos son comprobantes fiscales digitales (facturas) que pertenecen al Municipio de Comonfort, Guanajuato, como receptor, y a Faustino Reséndiz Acosta, como emisor y prestador de servicios.
El concepto común que une a estos documentos es la contratación de servicios integrales para la Feria de los Remedios 2025. Estos servicios incluyen la organización de presentaciones artísticas para el Teatro del Pueblo y la instalación y operación de 15 juegos mecánicos dirigidos a niños y adultos, tal como se detalla en la descripción del gasto de las facturas.
En cuanto a los montos y fechas de expedición, la información se precisa que la primera factura, con folio 113, fue expedida el 10 de octubre de 2025 por un importe total de 1,000,000.01 pesos. Posteriormente, se emitió la factura con folio 126 el 28 de noviembre de 2025, la cual ampara un monto de 1,750,000.00 pesos.
Finalmente, el 18 de diciembre de 2025 se expidió la factura con folio 140 por un valor de 1,750,000.00 pesos; esta última pieza documental especifica que se trata de una sustitución de los comprobantes fiscales emitidos previamente. En conjunto, estos documentos respaldan el presupuesto total de 4,500,000.00 pesos ejercido para dicho evento. Esta contiene extrañamente el sello de la Secretaría de Turismo del municipio de Cortazar, a cuyo cargo se encuentra Raúl García Morales.
La nota ponía al descubierto una práctica sistémica de encubrimiento y desamparo institucional. En el centro de la controversia se encontraba Faustino Reséndiz Acosta, director de Servicios Municipales de San Luis de la Paz, quien enfrentó señalamientos directos por acoso sexual y actos de corrupción administrativa.
El caso de Reséndiz Acosta fue ejemplificado como un caso de inversión de la justicia. Mientras el funcionario permanecía en su cargo, la víctima, una ex secretaria del departamento, perdió su fuente de ingresos tras negarse a intercambiar favores sexuales por la continuidad de su contrato, según se plasmaba en la información.
A esta gravedad se sumó la denuncia de desvío de recursos públicos, mediante el cobro de al menos tres facturas por renta de equipo de sonido a nombre de su cónyuge, con montos que superaban los 30 mil pesos.
Lo que resultó inadmisible en su momento, fue el hecho de que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz gestionó estas faltas bajo el velo de la secrecía. Al tratar estos asuntos en sesiones privadas y evitar el pronunciamiento público, las autoridades municipales no solo ignoraron protocolos básicos de atención a la violencia contra las mujeres, sino que perpetuaron una cultura de impunidad.
La impunidad política y voracidad de Faustino Reséndiz "El Chicano" y el morenismo ludovicense: Periódico Correo
Sin embargo, el caso que mayor indignación despierta en el relato de Velázquez es el de Faustino Reséndiz Acosta, conocido como Chicano. La columna detalla que Reséndiz, quien ocupa la segunda posición de la planilla, fue destituido en la administración 2015-2018 por diversas irregularidades. Además, se le vincula con los oscuros manejos de la Feria Regional 2019, donde se documentó la adjudicación directa, sin licitación, de un contrato por 5.5 millones de pesos.
Bajo el título "Morena San Luis: radiografía de una camarilla voraz", el autor expone con firmeza cómo, mientras el discurso presidencial alude a un país utópico, a ras de tierra los protegidos del poder reproducen las prácticas mafiosas que juraron combatir. Velázquez señala directamente a las hermanas Arisbeth y Aidaveth García Monjaraz como las artífices de una planilla que no busca la alcaldía, sino consolidarse como un brazo del grupo de poder encabezado por el alcalde con licencia Gerardo Sánchez.
El análisis editorial del texto destaca un cinismo sin límites en la conformación de la planilla rojo marrón. Aidaveth García, en una maniobra de sobrevivencia política, se registró simultáneamente como candidata a la alcaldía y como primera regidora, asegurando su permanencia en la nómina pública.
La profundidad de la red de intereses familiares descrita por Velázquez es alarmante. Faustino Reséndiz no solo ostenta una posición privilegiada, sino que logró incluir a dos de sus hijos en la misma planilla. Esta tendencia patrimonialista se repite con las hermanas García Monjaraz: Aidaveth lleva como suplente a su cuñada, Susana Jazmín Carranza, y en la sexta posición a su esposo, René Rangel. El texto revela una jugada maestra de simulación económica: Rangel sustituye actualmente a su esposa en el cabildo para que ella haga campaña, garantizando que los 42 mil pesos de salario mensual del regidor permanezcan intactos en el presupuesto familiar.
Finalmente, el periodista Eliazar Velázquez subraya la incongruencia total de Morena frente a la prédica oficial de no utilizar estructuras de gobierno para fines electorales. La planilla incluyó a Servidores de la Nación en activo, como Andrea Frías y Marlén Reséndiz, evidenciando que el partido en San Luis de la Paz se ha convertido en un instrumento de una camarilla voraz. El análisis concluye que esta red, que cruza intereses con el PRI y el PAN, solo busca preservar un asiento en la mesa del erario público, operando bajo un camuflaje partidista que traiciona los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
Posibles irregularidades que podrían ser detectadas y sancionadas al municipio, a Turismo y a quien aprobó la contratación
De acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y las disposiciones aplicables a los municipios para el ejercicio fiscal 2025-2026, un contrato de 4.5 millones de pesos por servicios de espectáculos y diversiones sí debe someterse a un procedimiento de Licitación Pública, salvo que se acredite formalmente una excepción legal específica.
Según los montos máximos aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente -Año 2025-, basados en la Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2025 (https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3604/LPGE_2025.pdf )- y específicamente en el Artículo 73 -ubicado en la página 23 del Periódico Oficial del Estado- cita que "para efectos de lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, los montos máximos de las adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con bienes muebles o inmuebles, para los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, así como para las dependencias y entidades, durante el año 2025, serán", por lo que toca "en el procedimiento de adjudicación directa el monto es de $0.01 hasta $300,000.00".
"En la adjudicación directa, con cotización de tres proveedores el monto es de $300,000.01 hasta $2,000,000.00; en la licitación restringida el monto es de $2,000,000.01 hasta $3,000,000.00; y en la licitación pública el monto es de $3,000,000.01 en adelante. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Al ser un monto de $4,500,000.00, la regla general es la licitación abierta para garantizar las mejores condiciones de precio y calidad.
Una excepción: "Servicios Artísticos", ante la posibilidad de una adjudicación directa.
Existe una vía legal que los municipios suelen utilizar para este tipo de eventos, la cual permite evitar la licitación a pesar del monto y se fundamenta en el Artículo 73 y es en el supuesto de que cuando se trate de la contratación de servicios de carácter artístico, cultural o especializado, donde el contrato solo pueda celebrarse con una persona determinada por poseer la titularidad de derechos exclusivos (ej. un artista específico o una empresa que maneje su exclusividad) y el requisito es, para que sea legal, el Comité de Adquisiciones debe emitir un dictamen que justifique que no hay otro proveedor que pueda ofrecer exactamente el mismo servicio artístico.
En el caso de los pasos del procedimiento legal, es decir, que es necesaria la licitación pública porque no hay la exclusividad artística, los pasos según el Reglamento Municipal son, primero, la suficiencia presupuestal donde la Tesorería debe certificar que existen los 4.5 millones antes de iniciar (Art. 32 Reglamento de Adquisiciones).
Segundo, hacer una convocatoria pública, es decir, publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, invitando a cualquier interesado (Art. 51 LCPEG).
Tercero, una junta de aclaraciones, que es la reunión con los interesados para resolver dudas sobre las bases (servicios de juegos, audio, seguridad, etc.). La apertura de propuestas y la evaluación técnica y económica de los licitantes.
Quinto, la emisión del fallo, donde el Comité de Adquisiciones adjudica el contrato a quien ofrezca la solvencia necesaria y el mejor precio y, sexto, la formalización del Contrato, es decir, la firma del documento por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero (Art. 77 Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios).
El punto que salta y que pone duda la transparencia a lo que hizo la autoridad municipal
Existe lo que se llama Prohibición de Fraccionamiento. Es importante destacar que el Artículo 46 de la Ley de Contrataciones prohíbe explícitamente fraccionar los montos -por ejemplo, hacer 3 facturas de 1.5 millones cada una para evitar la licitación-. Si el objeto es el mismo (la Feria de los Remedios), se debe sumar el total para determinar el procedimiento.
En las facturas analizadas previamente, se observa que el monto total de $4,500,000.00 se cubrió mediante la suma de varios pagos al mismo proveedor. Si no existe un dictamen de exclusividad artística debidamente justificado en el expediente, la falta de una licitación pública podría ser señalada como una irregularidad por la Auditoría Superior del Estado (ASEG).
De acuerdo con la normatividad del estado de Guanajuato, particularmente la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato (anteriormente Ley Orgánica Municipal) y los reglamentos locales, una Dirección de Turismo no tiene la facultad autónoma para aprobar ni contratar directamente eventos artísticos o juegos mecánicos.
El negocio morenista: Comonfort y el millonario festín de la opacidad
La administración de Comonfort 2024-2027 parece haber encontrado en la Feria de los Remedios 2025 el escenario perfecto para un ensayo de irregularidades administrativas que huelen a favoritismo político y desprecio por lo local. El análisis de la respuesta a la solicitud de transparencia 110195700057225 y las facturas que la respaldan revela una trama donde los números no cuadran con la lógica de la austeridad ni con la legalidad vigente.
El primer punto de quiebre es el monto: 4,500,000.00 pesos. Para un municipio con las carencias de Comonfort, destinar cuatro millones y medio de pesos en un contrato asignado a una sola persona, Faustino Reséndiz Acosta, resulta no solo excesivo, sino sospechoso. La contradicción brinca a la vista cuando se analiza el mecanismo de pago. El uso de tres facturas distintas (folios 113, 126 y 140) emitidas en meses consecutivos sugiere una estrategia de fraccionamiento de gasto, una práctica prohibida por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato cuando el objeto del contrato es único. ¿Por qué no licitar una cifra que supera con creces los límites de la adjudicación directa? La respuesta parece hallarse en las conexiones políticas y no en la eficiencia administrativa.
Faustino Reséndiz Acosta no es un nombre nuevo en el mundo del espectáculo oficialista. Sus antecedentes como contratista de artistas y juegos mecánicos lo vinculan estrechamente con estructuras de poder morenistas, operando como un puente para movilizar grandes sumas de dinero público bajo el manto de la "cultura y el entretenimiento". Las acusaciones en su contra por presuntos sobrecostos y falta de transparencia en otros municipios resuenan hoy en Comonfort. Resulta insultante que se pretenda alegar una "exclusividad" en juegos mecánicos para evitar la licitación; los carruseles y las ruedas de la fortuna no tienen derechos de autor, son servicios genéricos que debieron someterse a concurso para asegurar el mejor precio para el pueblo.
Aquí es donde la figura del Director de Turismo, Raúl García Morales, se vuelve central y contradictoria. Es este funcionario quien estampa su firma y sello de visto bueno para validar el pago millonario a un foráneo conectado al partido en el poder, mientras mantiene una política de mano dura y desplazamiento contra el comercio nativo de Comonfort.
Resulta ilógico y moralmente cuestionable que el mismo director que utiliza los más variados argumentos técnicos para desalojar a los comerciantes locales de sus espacios tradicionales, sea tan complaciente y expedito al autorizar facturas de 1.7 millones de pesos a un proveedor externo.
La conexión es amarga: mientras al comerciante de Comonfort se le niega el derecho al trabajo con el pretexto del orden o la imagen urbana, al proveedor foráneo se le extienda una alfombra roja de billetes. Este contraste no es casualidad, es síntoma de una administración que parece priorizar el pago de favores políticos sobre el bienestar de sus propios ciudadanos. A esto se suman los graves señalamientos de nepotismo que pesan sobre García Morales, el alcalde y otros altos mandos ( https://www.metronewsmx.com/2025/03/exhibe-prensa-estatal-gilberto-zarate.html ) y el gasto excesivo que representará "El Viaje a España" (https://www.metronewsmx.com/2026/01/gilberto-zarate-y-el-viaje-espana.html ). Cuando el gobierno se convierte en una agencia de colocación para familiares y amigos, la transparencia es la primera víctima.
La inversión de 4.5 millones de pesos en una feria, operada por un personaje con los antecedentes de Reséndiz Acosta y validada por una dirección de turismo señalada por nepotismo y hostilidad al comercio local, permite inferir que la Feria de los Remedios no fue una celebración para el pueblo, sino un mecanismo de extracción de recursos públicos.
Los delitos en que se está incurriendo en este caso
Cuando el fraccionamiento de facturas y la omisión de una licitación pública se realizan con el fin de beneficiar a un tercero o desviar recursos, la conducta deja de ser una falta administrativa para entrar en el ámbito del Código Penal del Estado de Guanajuato.
De acuerdo con la normativa vigente, los delitos en los que incurrirían los servidores públicos involucrados son varios.
Ejercicio Indebido de Funciones
Este delito se configura cuando un servidor público realiza actos que no le corresponden o utiliza su cargo para otorgar contratos de manera ilegal. Al ignorar los topes de la Ley de Contrataciones Públicas y simular procesos de adjudicación directa mediante el fraccionamiento, el funcionario está ejerciendo atribuciones fuera del marco legal.
Uso ilícito de atribuciones y facultades
Es el tipo penal más específico para estos casos. Se comete cuando el servidor público otorga adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o servicios con recursos públicos, sabiendo que no se cumplen los requisitos legales (como la licitación pública). El fraccionamiento de facturas para evadir la ley es una prueba directa de la intención de burlar los controles de transparencia.
Peculado
Si se demuestra que el fraccionamiento se utilizó para pagar un sobreprecio o que el servicio de la feria no se entregó proporcionalmente al pago de 4.5 millones de pesos, se incurre en peculado. Este delito castiga a quien dispone de dinero público para fines propios o de terceros, causando un perjuicio al erario municipal.
Abuso de autoridad
Al obligar a las áreas de Tesorería o Compras a procesar facturas divididas para un mismo concepto con el fin de ocultar una contratación mayor, los superiores jerárquicos incurren en abuso de autoridad, al dar órdenes que contravienen las leyes estatales de presupuesto y gasto público.
La responsabilidad solidaria es otro aspecto. En estos casos, la responsabilidad penal no solo recae en quien firma el contrato -como el alcalde o el tesorero-, sino también en los integrantes del Comité de Adquisiciones que autorizaron la excepción a la licitación sin el dictamen técnico que exige la ley.
Son delitos que se persiguen de oficio
En el estado de Guanajuato, los delitos cometidos por servidores públicos que afectan el patrimonio del Estado o de los municipios se persiguen de oficio.
Esto significa que la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene la obligación de investigar estos hechos en cuanto tenga conocimiento de ellos, sin necesidad de que la parte afectada -en este caso el municipio, que es el "agredido" en su presupuesto- presente una querella.
Razones por las que se persiguen de oficio
Los motivos son claros, y es el interés público. Al tratarse de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos, la ley considera que el daño no es solo a la institución, sino a la sociedad en general.
El impedimento de perdonar, ya que a diferencia de delitos menores -como un daño a propiedad ajena por accidente-, en los delitos de corrupción no existe el perdón de la parte ofendida. Si un nuevo gobierno municipal entrara e intentara "perdonar" a la administración anterior por el fraccionamiento de los 4.5 millones de pesos, la Fiscalía debe continuar con el proceso penal de todas formas.
Así mismo, existe la obligación de denunciar. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier servidor público que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable comisión de un delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente. Si no lo hace, podría incurrir también en el delito de encubrimiento.
A quién le toca dar aviso
Dado que se persigue de oficio, la investigación puede iniciarse por la denuncia ciudadana. Cualquier persona puede acudir a la Fiscalía y presentar las pruebas -como las facturas fraccionadas y el contrato- para que se inicie la carpeta.
También puede ser Auditoría Superior del Estado (ASEG) ya que es órgano que comúnmente detecta estas irregularidades y turna los expedientes a la Fiscalía.
La noticia criminal es otro conducto, ya que si un medio de comunicación publica expone pruebas contundentes de un presunto delito, la Fiscalía tiene la facultad de abrir una investigación por cuenta propia bajo el concepto de "noticia criminal".
En el caso de Comonfort, al estar documentado el rebase de los topes de licitación del Artículo 73 y el posible fraccionamiento de facturas, la Fiscalía de Combate a la Corrupción cuenta con elementos suficientes para actuar de manera autónoma.
Las sanciones que corresponden a estos delitos y las medidas cautelares
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, las sanciones para los delitos relacionados con la corrupción y el mal manejo de recursos públicos son severas y han sido endurecidas para combatir la impunidad.
Para el uso ilícito de atribuciones y facultades, este es el delito central cuando se fraccionan facturas para evitar licitaciones. Las penas van de 2 a 12 años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Además, se impone la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En lo que es peculado, si el monto del perjuicio excede de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -como en un caso de 4.5 millones de pesos-, la pena es de 2 a 15 años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. También conlleva la destitución e inhabilitación definitiva para el servicio público si el monto es cuantioso.
Por lo que toca a ejercicio indebido de funciones y Abuso de autoridad, este delito suele castigarse con penas que oscilan entre 1 a 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño al erario o de la afectación a los derechos de terceros, sumado a la inhabilitación correspondiente.
Bajo el sistema penal actual en México (Sistema Penal Acusatorio), se llegan a aplicar las llamadas medidas cautelares. Sobre la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, se debe considerar la posibilidad de prisión Preventiva Justificada y aunque estos delitos no forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa (automática) del artículo 19 constitucional, la Fiscalía puede solicitar al juez la prisión preventiva justificada. Esto ocurre si el juez considera que existe riesgo de fuga, que el imputado puede ocultar o destruir pruebas -como los contratos o facturas de la feria- o que puede intimidar a testigos.
Por lo que toca a la reparación del daño, en delitos patrimoniales contra el erario, difícilmente se concede la libertad o una salida alterna si no se garantiza primero la reparación total del daño -en este caso, la devolución o comprobación legítima de los 4.5 millones de pesos-.
En lo que son los delitos graves, si la investigación arroja que el fraccionamiento de facturas se hizo mediante una red de funcionarios y proveedores para lavar dinero, podría reclasificarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual complica drásticamente la posibilidad de llevar el proceso en libertad.
En resumen, aunque no tienen prohibida la libertad por ley de forma automática, la naturaleza del cargo y el riesgo de que el funcionario manipule la información contable del municipio suelen ser argumentos suficientes para que el juez dicte prisión durante el proceso.
El mensaje para la gente de Comonfort es claro: para el amigo foráneo y poderoso, el presupuesto total; para el comerciante local que solo pide trabajar, el desalojo y el rigor de la ley que para otros es inexistente. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
Fuentes y fundamentos legales
A continuación, presento los fundamentos legales del Estado de Guanajuato y la normativa nacional que sustentan los puntos de tu texto, organizados por materia y con los enlaces directos a los documentos oficiales del Congreso del Estado y la Federación.
Delitos de Corrupción (Código Penal del Estado de Guanajuato)
-Ejercicio Indebido de Funciones: Fundamentado en el Artículo 247.
-Abuso de Autoridad: Fundamentado en el Artículo 248.
-Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades: Fundamentado en el Artículo 251 (Delito específico para contrataciones ilegales y fraccionamiento).
-Peculado: Fundamentado en el Artículo 253 (Sanciones basadas en el valor de la UMA).
-Persecución de Oficio: Fundamentado en el Artículo 246 (Establece que los delitos contra la administración pública se persiguen de oficio).
-Montos Máximos 2025 (Artículo 73): Fundamentado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2025.
