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-Presuntamente involucrado Ejército, GN y AIC

- La Fiscalía estatal tardó 11 días en emitir la ficha de búsqueda; al siguiente día, la FGR atrajo el caso sin explicar la orden de cateo ni mostrar evidencia.

- El padre fue llevado sin imputación a la Fiscalía, retenido de 4 pm a 10:30 pm, mientras la motocicleta del adolescente era incautada por la Guardia Nacional.

- Bajo amparo en el Juzgado Noveno de Distrito, la familia exige nombres de los agentes, videos del C4, geolocalización del teléfono y pruebas de vida de José Juan.

- La jueza Karla Macías Lovera, conocida por sancionar al Ejército en casos de desaparición forzada, instruye a transparentar la intervención militar en domicilios.

Desde el 19 de junio de 2025 se desconoce el paradero de José Juan Arias Solís, un adolescente de 14 años, tras ser retenido por elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante un supuesto cateo en su domicilio de la colonia Ranchos Unidos, Valle de Santiago.

19 de junio, 11:30 a. m.: Detención del adolescente

José Juan regresaba en su motocicleta cuando observó la llegada de vehículos oficiales de la GN, el Ejército y la AIC. Testigos, incluido su padre desde la azotea, relatan que lo sometieron, golpearon y subieron junto con su moto a una camioneta con logos militares. Desde entonces no se sabe nada de él.

19 de junio, 4:00 p. m.: Presentación del padre

A media tarde llegó un supuesto agente del Ministerio Público. Conminaron al padre a acompañarlo a la Fiscalía General del Estado, donde permaneció detenido sin imputación hasta las 10:30 p. m., hora en que fue liberado sin información sobre su hijo.

30 de junio: Emisión de ficha de búsqueda

Once días después de la desaparición, la Fiscalía estatal activó la Alerta Amber y emitió la ficha de búsqueda del menor.

1 de julio: Atracción del caso a la FGR

Al día siguiente, la carpeta pasó a la Fiscalía General de la República en Irapuato para su investigación federal, sin que se hiciera pública la justificación legal del cateo ni la existencia de una carpeta estatal previa.

La familia, asesorada por el abogado José Luis Miranda Barrientos, presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, bajo la ponencia de la jueza Karla Macías Lovera. Con este recurso exigen:

- Localización inmediata de José Juan.

- Nombres y matriculas de los agentes de GN, Ejército y AIC involucrados.

- Acceso a las grabaciones del C4 correspondientes al operativo.

- Datos de geolocalización del teléfono celular del menor al momento de su detención.

La jueza Macías Lovera ha llevado casos similares y ha sancionado al Ejército por desaparición forzada en Guanajuato, lo que otorga esperanza de un pronunciamiento contundente en este proceso.

- No existe registro oficial de la orden o carpeta que autorizara el cateo en el domicilio de Ranchos Unidos.

- La Fiscalía estatal no ha precisado el móvil ni presentado evidencia que vincule al menor con alguna investigación.

- De haberse detenido a un menor, la ley exige su remisión inmediata a una fiscalía especializada en justicia para adolescentes, requisito incumplido hasta ahora.

José Juan, estudiante de secundaria, colaboraba en el taller mecánico de su padre y en el comercio de su madre. Sus familiares insisten en que, aun ante sospechas infundadas, la autoridad está obligada a garantizar su integridad, informar su estado y presentar pruebas de vida o detención formal del adolescente.

La acusación a la GN, el Ejército y la AIC por desaparición forzada de un menor reúne elementos de posible abuso de autoridad, falta de transparencia en cateos y vacíos en la cadena penal de justicia para adolescentes. Este caso ha movilizado a colectivos de derechos humanos en Guanajuato y subraya la necesidad de reforzar los protocolos de actuación de las fuerzas federales y estatales en intervenciones domiciliarias. #MetroNewsMx