Redacción
-Líder campesino denuncia decomisos ilegales de vehículos por parte de la Guardia Nacional en Guanajuato.
-Unión Campesina Democrática anuncia clausura simbólica de oficinas de la Guardia Nacional en Celaya.
-Vehículos sin responsabilidad en accidentes siguen retenidos pese a oficio de liberación del Ministerio Público.
-Guardia Nacional ignora que Guanajuato no tiene marco legal para regularizar autos extranjeros.
-Francisco Escobar denuncia extorsión a conductores en retenes mixtos con tránsito municipal.
-Manifestación del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo incluirá denuncia por corrupción institucional.
-Ciudadanos exigen que la Guardia Nacional se deslinde de elementos corruptos en operativos locales.
-“Queremos seguir confiando en la Guardia Nacional, por eso denunciamos”, afirma Escobar Osornio.
En entrevista exclusiva, el líder estatal de la Unión Campesina Democrática, Francisco Escobar Osornio, anunció una movilización ciudadana contra la Guardia Nacional en Celaya, tras lo que calificó como “decomisos ilegales, corrupción y abuso de autoridad” por parte de elementos del destacamento Caminos.
La acción, programada para este martes 19 de agosto de 2025 a las 10 de la mañana, consistirá en una clausura simbólica de las oficinas de la Guardia Nacional ubicadas en Avenida Tecnológico, casi en la subida a la autopista. El motivo: la negativa de la corporación a devolver dos vehículos pertenecientes a agremiados de la organización campesina, pese a que ambos cuentan con oficio de liberación emitido por el Ministerio Público.
“Uno de los vehículos fue chocado mientras estaba estacionado, y aún así lo infraccionaron. El compañero pagó la multa, y el Ministerio Público deslindó responsabilidades. Pero la Guardia Nacional se niega a devolverlo, con argumentos legaloides”, denunció Escobar.
El líder campesino explicó que Guanajuato no está incluido entre los 16 estados del país donde se pueden regularizar vehículos extranjeros, lo cual imposibilita cumplir con el requisito que exige la Guardia Nacional para liberar las unidades. “Ellos lo saben perfectamente. No hay instrumento jurídico que lo permita en el estado”, afirmó.
Los vehículos, detenidos en San Miguel de Allende, llevan más de uno y dos meses retenidos respectivamente. Escobar acudió personalmente al destacamento para buscar una solución, pero el mando local respondió que pondría los vehículos a disposición de la autoridad hacendaria. “Si esa era la intención, debieron hacerlo desde el inicio, no dos meses después”, señaló.
Ante la falta de respuesta institucional, la Unión Campesina Democrática decidió iniciar actividades de resistencia. “Si hay diálogo, lo atenderemos. Si no, seguiremos con acciones que culminarán en la manifestación del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo”, adelantó Escobar.
Durante la entrevista, el dirigente también denunció casos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal en retenes donde participan miembros de la Guardia Nacional. “No sé si la Guardia no se da cuenta, pero deberían detener a esas malas autoridades que extorsionan a ciudadanos”, dijo.
Escobar subrayó que, según encuestas, el 76.6% de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la Guardia Nacional. “Yo me ubico entre ellos. Quiero seguir confiando en la institución, por eso denunciamos la corrupción. No podemos permitir que malos elementos la desacrediten”, afirmó.
Hizo un llamado a la corporación para que se deslinde públicamente de los actos de corrupción cometidos por elementos municipales en operativos conjuntos. “Mañana vamos a plantear todo esto directamente a la Guardia Nacional. Esperamos que nos escuchen”, dijo.
Durante la entrevista con Escobar, se abordaron casos documentados en video donde miembros de la Guardia Nacional fueron captados robando dinero de cajas registradoras en León, así como testimonios de ciudadanos que temen denunciar por represalias. Se ha denunciado a Guardias Nacionales huachicoleros -caso Apaseo el Alto-, y otros que se embolsan dinero -Caso tienda y caja registradora en León-. La gente no denuncia por miedo a ser golpeada o perseguida, se reconoció
Escobar confirmó que ha recibido testimonios de víctimas que prefieren mantenerse en el anonimato. “No podemos aspirar a ser un país de leyes si quienes deben garantizar la seguridad actúan al margen de ella”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos fue la actuación de la Guardia Nacional como si fueran agentes fiscales o de tránsito, sin contar con facultades legales para ello. “El secuestro de vehículos extranjeros solo puede hacerse con base en ordenamientos fiscales federales. Si no hay orden de verificación ni procedimiento aduanero, están actuando fuera de la ley”, explicó Escobar.
El líder campesino detalló que el procedimiento legal exige una orden de verificación, embargo precautorio y un plazo de diez días para acreditar la legal estancia del vehículo. “Nada de eso se ha respetado. Están actuando por encima de la ley”, denunció.
Además, se evidenció la contradicción en las instrucciones que reciben los elementos. Para unas cosas sí tienen instrucciones, para otras no. ¿Cómo es posible?, se le cuestionó.
Escobar puso sobre la mesa el problema estructural: más de 80 mil vehículos circulan irregularmente en Guanajuato, sin posibilidad de regularización, ya que el decreto federal vigente en 16 estados no se aplica en la entidad. “Estos dos vehículos retenidos son solo una muestra. La solución de fondo es aplicar el decreto también en Guanajuato”, sostuvo.
Ante esta situación, la UCD ha solicitado formalmente una audiencia con la gobernadora del estado. “Confiamos en su sensibilidad. Regularizar vehículos no solo da certeza jurídica, también mejora la recaudación y permite invertir en vialidades”, explicó Escobar.
La entrevista concluyó con un llamado al respeto, al diálogo y a la acción institucional.
Análisis crítico de la percepción ciudadana sobre la Guardia Nacional - Alta confianza ciudadana: ¿legitimidad o expectativa?
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la Guardia Nacional registra un nivel de confianza del 80.6% entre la población adulta mexicana:
Este dato ubica a la Guardia Nacional como la tercera institución más confiable, solo detrás de la Secretaría de Marina (89.3%) y el Ejército (86.7%). La legitimidad institucional parece consolidada en términos de percepción pública, lo que podría explicarse por su asociación con las Fuerzas Armadas, tradicionalmente bien valoradas en México.
Sin embargo, esta confianza no necesariamente refleja una evaluación crítica de su desempeño operativo, sino una expectativa ciudadana de orden y seguridad en un contexto de violencia estructural.
Desempeño operativo: caída en la percepción
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2025 muestra que la percepción del desempeño de la Guardia Nacional es del 72.5%, por debajo de otras fuerzas como la Marina (87.5%) y el Ejército (83.1%):
Este descenso en la percepción de desempeño sugiere una brecha entre la confianza institucional y la evaluación ciudadana de sus acciones concretas. Es decir, aunque la Guardia Nacional goza de legitimidad simbólica, su eficacia operativa está siendo cuestionada en el terreno.
Corrupción: percepción moderada pero significativa
La ENVIPE también revela que el 30.6% de los ciudadanos considera a la Guardia Nacional como una institución corrupta:
Aunque esta cifra es menor que la percepción de corrupción en policías municipales (72%) o jueces (64.6%), sigue siendo preocupante. El hecho de que casi un tercio de la población perciba corrupción en una institución militarizada y de reciente creación pone en duda su capacidad para mantenerse ajena a las prácticas que históricamente han afectado a cuerpos civiles de seguridad.
Contradicciones estructurales: confianza vs. legalidad
El análisis de los datos revela una paradoja: mientras la Guardia Nacional goza de alta confianza, también enfrenta señalamientos por abuso de autoridad, extorsión y actuaciones fuera del marco legal, como se señala en las declaraciones de Escobar Osornio.
La percepción positiva podría estar sostenida por la narrativa oficial y el respaldo militar, pero los datos sobre desempeño y corrupción indican que hay una erosión progresiva de esa legitimidad, especialmente en contextos locales como Guanajuato, donde se han denunciado decomisos ilegales y falta de apego a la ley aduanera.
Conclusión: legitimidad simbólica en tensión con la realidad operativa
Los datos duros muestran que la Guardia Nacional mantiene una imagen institucional fuerte ante la ciudadanía, pero enfrenta desafíos serios en su desempeño operativo y en la percepción de corrupción. Esta dualidad plantea una tensión entre la legitimidad simbólica y la legalidad práctica.
La confianza ciudadana no debe confundirse con aprobación incondicional. Más bien, representa una expectativa que puede volverse frágil si no se corrigen las prácticas denunciadas y se fortalece el apego a la ley. #MetroNewsMx
Publicar un comentario