-Mauricio Trejo informó que solo cuatro víctimas siguen hospitalizadas tras el atentado en Malanquín; todas evolucionan favorablemente.
-El alcalde agradeció al obispo de Celaya por convocar una misa por la paz y por su cercanía con las familias afectadas por el ataque.
-Reconoció la labor del DIF y de Fabiola Correa por el acompañamiento directo a las víctimas y su seguimiento médico y emocional.
-Llamó a la unidad de San Miguel de Allende y condenó los intentos de división tras el atentado ocurrido en la fiesta religiosa.
-Agradeció al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste por el compromiso institucional en la investigación y atención del caso Malanquín.
SAN MIGUEL DE ALLENDE.- A través de un videocomunicado, el alcalde de este municipio, Mauricio Trejo Pureco emitió informe sobre la situación de las víctimas del atentado en la fiesta religiosa en El Malanquín y el agradecimiento al obispo de Celaya.
El mensaje
"San Miguel, muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien en estos momentos. Quiero darte los datos, los últimos datos que tenemos del suceso del domingo pasado en Infonavit Malanquín".
"Pero antes de eso quiero hacer un agradecimiento muy sentido, un agradecimiento de todo corazón al Monseñor Obispo de Celaya. Muchas gracias Monseñor por estar muy al pendiente de San Miguel de Allende, gracias por esa empatía que está mostrando usted por las familias de las víctimas del domingo pasado y muchas gracias por estar convocando a una misa este viernes a las 12.30 en la iglesia de Infonavit Malanquín".
"Gracias de verdad Monseñor Obispo por todo eso. Quiero dar las gracias también a todos los diferentes sectores de la sociedad que han estado muy al pendiente de la evolución de las víctimas de los sucesos del domingo pasado. Gracias a todos los diferentes sectores que han estado también mostrando su solidaridad a las diferentes instituciones que estamos trabajando fuerte para continuar y dar resultados pronto de todo esto que se suscitó".
"Gracias de verdad por esa solidaridad. Y quiero comentarles que de las 17 personas heridas que se estuvieron atendiendo en distintos hospitales, al día de hoy quedan únicamente cuatro personas ya. Cuatro personas que están evolucionando de manera muy pero muy satisfactoria. Con todos ellos seguimos en contacto como lo estuvimos con las víctimas que ya fueron dadas de alta a través de Fabiola Correa, a la cual le agradezco mucho".
"Fabi Correa, directora del DIF, muchas gracias por estar muy cercana a las familias de las víctimas. Así es de que el Monseñor Obispo de Celaya generando unidad entre todos los sanmiguelenses, entre todos nosotros, porque es como debemos estar siempre ante estos acontecimientos. Quienes traten de dividirnos y que se ve luego luego, yo quisiera decirles no lo hagan porque creo que no es correcto".
"Ahorita es momento de unidad y entre todos apoyarnos. Lo que concierne a mí, sigo muy pero muy de cerca con las distintas autoridades, con la federación, con el Estado, pero sobre todo con la Fiscalía del Estado. Agradecer al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, de verdad el compromiso de él y de todo su equipo para con San Miguel de Allende".
"Muchas gracias. Así es de que cuatro personas quedan hospitalizadas, todas evolucionando de manera positiva y seguiremos brindando todo el apoyo hasta que ya no lo requieran. Muchas gracias, San Miguel". #MetroNewsMx
-El 46.9% percibe corrupción en todos los niveles de gobierno.
-El 87% niega haber participado en actos de corrupción.
-El 36.8% ha experimentado corrupción algunas veces.
-Alrededor del 54.6% evita responder si ha participado en corrupción.
-Un 90.7% cree que combatir la corrupción es tarea ciudadana.
-Así mismo, el 59.3% exige proteger al denunciante como medida clave.
-Destaca el 61% señala que la impunidad es causa directa de corrupción.
-También un 62.6% condena el abuso de poder para beneficio personal.
-Se destaca que el 58.7% atribuye la corrupción a la falta de ética pública.
-El 60.7% exige vigilancia ciudadana sobre autoridades.
La corrupción en México, y particularmente en Guanajuato, no solo se percibe como un fenómeno extendido: se vive, se reconoce y se denuncia desde múltiples ángulos. A través de una serie de gráficas analizadas por el Comité de Participación Ciudadana, se revela una ciudadanía crítica, consciente y exigente frente a las causas, actores y mecanismos que perpetúan la corrupción en el ámbito público.
La pregunta “¿En dónde percibe usted que existe corrupción?” arroja un dato contundente: el 46.9% de los encuestados considera que la corrupción está presente en todos los niveles institucionales. Las autoridades federales (27%), estatales (8.5%), municipales (7.7%) y los partidos políticos (8.1%) también son señalados como focos de corrupción, lo que confirma una percepción transversal del problema.
En contraste, cuando se pregunta “¿Ha participado en actos de corrupción?”, el 87% responde que no. Sin embargo, al indagar sobre la frecuencia de participación, el 54.6% evita contestar, lo que sugiere incomodidad, temor o reconocimiento implícito. Solo el 7.3% admite haber participado ocasionalmente, y un segmento mínimo lo hace con frecuencia.
La experiencia directa también es significativa. Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia ha experimentado actos de corrupción?”, el 36.8% responde que algunas veces, el 11.2% lo vive a diario, y el 30.6% no puede identificar cuántas veces ha enfrentado situaciones corruptas. Solo el 14.3% afirma nunca haberlo vivido. Estos datos revelan que la corrupción no solo se percibe: se experimenta de forma cotidiana y difusa.
Respecto a quién debe combatir la corrupción, la ciudadanía no duda: el presidente (97.1%), el gobernador (97.5%), los presidentes municipales (97.8%) y otros actores institucionales deben asumir la responsabilidad. Además, el 95.4% considera que también deben participar la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, los académicos y los propios ciudadanos.
En ese sentido, el 90.7% se reconoce personalmente como responsable en el combate a la corrupción. La ciudadanía exige corresponsabilidad, vigilancia y participación activa. Las empresas (89%), los medios (85.1%), los académicos (79.5%) y el Comité de Participación Ciudadana (90.3%) también son vistos como actores clave.
Las acciones concretas también son respaldadas. El 61.9% está totalmente de acuerdo con que se debe sancionar al corruptor, mientras que el 58% considera indispensable motivar la denuncia. El 59.3% exige proteger al denunciante, y el 59.8% cree que se deben difundir los canales de denuncia. Además, el 58% respalda la creación de canales de denuncia anónima, y el 60.7% exige vigilancia ciudadana sobre el actuar de la autoridad.
En cuanto a las causas de la corrupción, la ciudadanía identifica múltiples factores. El 48.5% considera que los intereses personales son la causa principal, mientras que el 39.6% señala los intereses políticos. El 58.7% atribuye el problema a la falta de ética, y el 61% a la ausencia de sanciones contra servidores públicos corruptos. Finalmente, el 62.6% condena que un servidor público se aproveche de su poder para obtener beneficios personales.
Las conclusiones
Estos datos configuran una narrativa clara: la corrupción no es solo un problema institucional, sino una falla ética, cultural y estructural que exige respuestas integrales. La ciudadanía no solo identifica el problema, sino que propone soluciones: sanciones efectivas, educación en valores, protección al denunciante, canales accesibles y vigilancia activa.
La exigencia es contundente: basta de simulaciones. La lucha contra la corrupción debe ser corresponsable, transparente y sostenida. La legitimidad institucional depende de su capacidad para responder a esta demanda ciudadana con acciones concretas, verificables y transformadoras. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
-Fiscalización agarra parejo: sean periodistas, protectores de animales junto con sus perros y gatos
-Lamentable el discurso del alcalde y su jerarquización ante los problemas
-Los problemas no se resuelven con disculpas, sino con acciones concretas
El comportamiento de la Dirección de Fiscalización, las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y el trato institucional hacia los periodistas genera la necesidad de analizar la "pérdida de brújula" en muchos sentidos de parte de la presente administración.
El análisis del comportamiento de la Dirección de Fiscalización
En el caso del Kiosco de Adopciones CREA Celaya (https://www.metronewsmx.com/2025/08/alcalde-reprueba-trato-rescatistas-de.html), un inspector de Fiscalización comparó la labor altruista de rescatistas con un tianguis, lo que generó indignación pública. Aunque el alcalde emitió un comunicado de reproche, el incidente revela una falta de sensibilidad institucional hacia causas sociales.
Más grave aún, el director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, fue señalado por la PRODHEG (https://www.metronewsmx.com/2025/08/violaron-derechos-humanos-de-9.html) como responsable de violar los derechos humanos de nueve periodistas al impedirles el acceso a una rueda de prensa. La resolución oficial exige medidas de reparación y capacitación, lo que confirma una conducta autoritaria y arbitraria.
Fiscalización muestra patrones de actuación que vulneran derechos fundamentales, tanto de activistas como de comunicadores, y opera sin protocolos claros ni respeto por la legalidad. Sin embargo, esto no es de ahora. esta dependencia siempre ha transmitido una imagen de abuso.
Las declaraciones del alcalde
En su comunicado sobre los rescatistas, el alcalde adopta un tono conciliador y promete medidas correctivas.
Sin embargo, en el contexto de la prensa, sus declaraciones son contradictorias y preocupantes. En “El alcalde de Celaya, sus paleros y los periodistas” (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-sus-paleros-y-los.html), minimiza los hechos, se refiere a los periodistas como “chismosos” y justifica el financiamiento a generadores de contenido que descalifican a la prensa.
La frase “a los periodistas se les da dinero para que sobrevivan” revela una visión utilitaria y subordinada del periodismo, incompatible con una democracia saludable.
El alcalde exhibe una narrativa ambigua: por un lado, se muestra conciliador ante la opinión pública; por otro, deslegitima el trabajo periodístico y normaliza prácticas de exclusión informativa.
La presencia de “paleros” o generadores de contenido financiados por el municipio para intervenir en ruedas de prensa sugiere una estrategia de control narrativo y desinformación.
Existe una cultura institucional de exclusión y desprecio hacia el periodismo crítico, que se traduce en censura estructural, deslegitimación pública y violaciones documentadas a derechos fundamentales.
La síntesis general del tema
El gobierno municipal de Celaya, bajo la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez, enfrenta una crisis de legitimidad institucional en tres frentes:
-Fiscalización actúa sin protocolos ni respeto por derechos humanos.
-El alcalde emite mensajes contradictorios que oscilan entre el reproche simbólico y la descalificación activa.
-El trato a la prensa revela una estrategia de control informativo que vulnera principios democráticos. #MetroNewsMx
-El Gobierno de Celaya lamenta el actuar de un inspector de Fiscalización que comparó el Kiosco de Adopciones con un tianguis en la Alameda Hidalgo.
-Se iniciará investigación interna y se capacitará al personal para garantizar respeto a labores altruistas en favor del bienestar animal.
A través de un comunicado el alcalde de Celaya mostró su preocupación por el trato que personal de fiscalización dio a ciudadanos que se dedican a adopciones animales.
El texto del comunicado señala textualmente:
"A la opinión pública, organizaciones protectoras de los derechos animales, rescatistas independientes, organizadores y voluntarios del Kiosco de Adopciones CREA Celaya":
"Por medio del presente comunicado, el Gobierno Municipal lamenta y reprocha el actuar de un inspector de la Dirección de Fiscalización que el pasado fin de semana advirtió que no podían permanecer en la Alameda, al comparar la actividad altruista que realiza en beneficio del bienestar animal, con un tianguis".
"Ante la incómoda situación que esta acción propició, se informa que hemos tomado las siguientes medidas":
"• Se realizará una investigación al interior de la dependencia para identificar al servidor público que actuó en ese sentido y se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan, en el caso".
"• Se capacitará a todo el personal de la Dirección de Fiscalización sobre las actividades que organizaciones civiles y defensores de los derechos realizan, sin ánimo de lucro".
"• Se garantiza la plena y genuina labor del Kiosco de Adopciones CREA Celaya que se organiza domingo a domingo en la Alameda Hidalgo de nuestro municipio".
"En el Gobierno de la Esperanza nos mantenemos abiertos al diálogo permanente, confiamos en que esta penosa situación no se repita y reiteramos nuestro compromiso con las causas sociales que procuran el bienestar integral de los celayenses, incluyendo la protección de los animales".
-Se habían anunciado dos manifestaciones de alumnos inconformes del TecNM y no se dio una sola
-Se descubrió que movilización era una estrategia de presión tal y como se observó en el uso del ChatGPT para organizarla
-Se emitió comunicado oficial para señalar las estrategias de solución ante problemas reales detectados por autoridades y consejo estudiantil
A través de un comunicado del TecNM de Celaya, se dio respuesta a la comunidad estudiantil sobre situaciones detectadas en materia de cargas de materia. El anunció se efectuó en rueda de prensa con el subdirector administrativo, Teodoro Villalobos, en la sala de prensa del plantel.
El texto del comunicado señala lo siguiente:
COMUNICADO OFICIAL
Comunidad Estudiantil:
Atendiendo la solicitud del H. Consejo Estudiantil respecto al proceso de inscripciones se informa lo siguiente:
- Se está trabajando de manera prioritaria para atender todas las aclaraciones generadas en el sistema de inscripciones y las solicitudes recibidas a través del formulario del H. Consejo Estudiantil.
- Se aprobaron todas las solicitudes de prórroga de pago para brindar flexibilidad a los estudiantes durante este período de ajustes.
- Se está evaluando la posibilidad de abrir grupos adicionales con base en la demanda registrada en el proceso de aclaraciones y las solicitudes recibidas mediante formulario.
- Se realizará ajuste a carga académica, compactando los horarios en medida de lo posible, por lo que solicitamos mantenerse atentos a los cambios que se registren en el sistema de inscripciones.
- Del 18 al 22 de agosto se seguirán realizando ajustes en las cargas académicas.
Para dudas específicas, favor de enviar un correo electrónico a tu coordinador de carrera.
Se reitera el compromiso institucional de resolver esta situación de la manera más eficiente posible, priorizando el bienestar académico de todos nuestros estudiantes.
Agradecemos su paciencia y comprensión durante este proceso. #MetroNewsMx
-Líder campesino denuncia decomisos ilegales de vehículos por parte de la Guardia Nacional en Guanajuato.
-Unión Campesina Democrática anuncia clausura simbólica de oficinas de la Guardia Nacional en Celaya.
-Vehículos sin responsabilidad en accidentes siguen retenidos pese a oficio de liberación del Ministerio Público.
-Guardia Nacional ignora que Guanajuato no tiene marco legal para regularizar autos extranjeros.
-Francisco Escobar denuncia extorsión a conductores en retenes mixtos con tránsito municipal.
-Manifestación del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo incluirá denuncia por corrupción institucional.
-Ciudadanos exigen que la Guardia Nacional se deslinde de elementos corruptos en operativos locales.
-“Queremos seguir confiando en la Guardia Nacional, por eso denunciamos”, afirma Escobar Osornio.
En entrevista exclusiva, el líder estatal de la Unión Campesina Democrática, Francisco Escobar Osornio, anunció una movilización ciudadana contra la Guardia Nacional en Celaya, tras lo que calificó como “decomisos ilegales, corrupción y abuso de autoridad” por parte de elementos del destacamento Caminos.
La acción, programada para este martes 19 de agosto de 2025 a las 10 de la mañana, consistirá en una clausura simbólica de las oficinas de la Guardia Nacional ubicadas en Avenida Tecnológico, casi en la subida a la autopista. El motivo: la negativa de la corporación a devolver dos vehículos pertenecientes a agremiados de la organización campesina, pese a que ambos cuentan con oficio de liberación emitido por el Ministerio Público.
“Uno de los vehículos fue chocado mientras estaba estacionado, y aún así lo infraccionaron. El compañero pagó la multa, y el Ministerio Público deslindó responsabilidades. Pero la Guardia Nacional se niega a devolverlo, con argumentos legaloides”, denunció Escobar.
El líder campesino explicó que Guanajuato no está incluido entre los 16 estados del país donde se pueden regularizar vehículos extranjeros, lo cual imposibilita cumplir con el requisito que exige la Guardia Nacional para liberar las unidades. “Ellos lo saben perfectamente. No hay instrumento jurídico que lo permita en el estado”, afirmó.
Los vehículos, detenidos en San Miguel de Allende, llevan más de uno y dos meses retenidos respectivamente. Escobar acudió personalmente al destacamento para buscar una solución, pero el mando local respondió que pondría los vehículos a disposición de la autoridad hacendaria. “Si esa era la intención, debieron hacerlo desde el inicio, no dos meses después”, señaló.
Ante la falta de respuesta institucional, la Unión Campesina Democrática decidió iniciar actividades de resistencia. “Si hay diálogo, lo atenderemos. Si no, seguiremos con acciones que culminarán en la manifestación del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo”, adelantó Escobar.
Durante la entrevista, el dirigente también denunció casos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal en retenes donde participan miembros de la Guardia Nacional. “No sé si la Guardia no se da cuenta, pero deberían detener a esas malas autoridades que extorsionan a ciudadanos”, dijo.
Escobar subrayó que, según encuestas, el 76.6% de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la Guardia Nacional. “Yo me ubico entre ellos. Quiero seguir confiando en la institución, por eso denunciamos la corrupción. No podemos permitir que malos elementos la desacrediten”, afirmó.
Hizo un llamado a la corporación para que se deslinde públicamente de los actos de corrupción cometidos por elementos municipales en operativos conjuntos. “Mañana vamos a plantear todo esto directamente a la Guardia Nacional. Esperamos que nos escuchen”, dijo.
Durante la entrevista con Escobar, se abordaron casos documentados en video donde miembros de la Guardia Nacional fueron captados robando dinero de cajas registradoras en León, así como testimonios de ciudadanos que temen denunciar por represalias. Se ha denunciado a Guardias Nacionales huachicoleros -caso Apaseo el Alto-, y otros que se embolsan dinero -Caso tienda y caja registradora en León-. La gente no denuncia por miedo a ser golpeada o perseguida, se reconoció
Escobar confirmó que ha recibido testimonios de víctimas que prefieren mantenerse en el anonimato. “No podemos aspirar a ser un país de leyes si quienes deben garantizar la seguridad actúan al margen de ella”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos fue la actuación de la Guardia Nacional como si fueran agentes fiscales o de tránsito, sin contar con facultades legales para ello. “El secuestro de vehículos extranjeros solo puede hacerse con base en ordenamientos fiscales federales. Si no hay orden de verificación ni procedimiento aduanero, están actuando fuera de la ley”, explicó Escobar.
El líder campesino detalló que el procedimiento legal exige una orden de verificación, embargo precautorio y un plazo de diez días para acreditar la legal estancia del vehículo. “Nada de eso se ha respetado. Están actuando por encima de la ley”, denunció.
Además, se evidenció la contradicción en las instrucciones que reciben los elementos. Para unas cosas sí tienen instrucciones, para otras no. ¿Cómo es posible?, se le cuestionó.
Escobar puso sobre la mesa el problema estructural: más de 80 mil vehículos circulan irregularmente en Guanajuato, sin posibilidad de regularización, ya que el decreto federal vigente en 16 estados no se aplica en la entidad. “Estos dos vehículos retenidos son solo una muestra. La solución de fondo es aplicar el decreto también en Guanajuato”, sostuvo.
Ante esta situación, la UCD ha solicitado formalmente una audiencia con la gobernadora del estado. “Confiamos en su sensibilidad. Regularizar vehículos no solo da certeza jurídica, también mejora la recaudación y permite invertir en vialidades”, explicó Escobar.
La entrevista concluyó con un llamado al respeto, al diálogo y a la acción institucional.
Análisis crítico de la percepción ciudadana sobre la Guardia Nacional - Alta confianza ciudadana: ¿legitimidad o expectativa?
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la Guardia Nacional registra un nivel de confianza del 80.6% entre la población adulta mexicana:
Este dato ubica a la Guardia Nacional como la tercera institución más confiable, solo detrás de la Secretaría de Marina (89.3%) y el Ejército (86.7%). La legitimidad institucional parece consolidada en términos de percepción pública, lo que podría explicarse por su asociación con las Fuerzas Armadas, tradicionalmente bien valoradas en México.
Sin embargo, esta confianza no necesariamente refleja una evaluación crítica de su desempeño operativo, sino una expectativa ciudadana de orden y seguridad en un contexto de violencia estructural.
Desempeño operativo: caída en la percepción
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2025 muestra que la percepción del desempeño de la Guardia Nacional es del 72.5%, por debajo de otras fuerzas como la Marina (87.5%) y el Ejército (83.1%):
Este descenso en la percepción de desempeño sugiere una brecha entre la confianza institucional y la evaluación ciudadana de sus acciones concretas. Es decir, aunque la Guardia Nacional goza de legitimidad simbólica, su eficacia operativa está siendo cuestionada en el terreno.
Corrupción: percepción moderada pero significativa
La ENVIPE también revela que el 30.6% de los ciudadanos considera a la Guardia Nacional como una institución corrupta:
Aunque esta cifra es menor que la percepción de corrupción en policías municipales (72%) o jueces (64.6%), sigue siendo preocupante. El hecho de que casi un tercio de la población perciba corrupción en una institución militarizada y de reciente creación pone en duda su capacidad para mantenerse ajena a las prácticas que históricamente han afectado a cuerpos civiles de seguridad.
Contradicciones estructurales: confianza vs. legalidad
El análisis de los datos revela una paradoja: mientras la Guardia Nacional goza de alta confianza, también enfrenta señalamientos por abuso de autoridad, extorsión y actuaciones fuera del marco legal, como se señala en las declaraciones de Escobar Osornio.
La percepción positiva podría estar sostenida por la narrativa oficial y el respaldo militar, pero los datos sobre desempeño y corrupción indican que hay una erosión progresiva de esa legitimidad, especialmente en contextos locales como Guanajuato, donde se han denunciado decomisos ilegales y falta de apego a la ley aduanera.
Conclusión: legitimidad simbólica en tensión con la realidad operativa
Los datos duros muestran que la Guardia Nacional mantiene una imagen institucional fuerte ante la ciudadanía, pero enfrenta desafíos serios en su desempeño operativo y en la percepción de corrupción. Esta dualidad plantea una tensión entre la legitimidad simbólica y la legalidad práctica.
La confianza ciudadana no debe confundirse con aprobación incondicional. Más bien, representa una expectativa que puede volverse frágil si no se corrigen las prácticas denunciadas y se fortalece el apego a la ley. #MetroNewsMx
