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E

l arresto de Genaro García Luna por cargos de narcotráfico, realizado ayer por autoridades de Estados Unidos, en ese territorio, da actualidad a los innumerables señalamientos que advirtieron que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el detenido fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y era operador central de la guerra contra la delincuencia, se protegió al cártel de Sinaloa desde los niveles de gobierno más altos; que se hundió a México en un baño de sangre sin un propósito claro –o sin que el objetivo real coincidiera con el que se esgrimía desde Los Pinos– y que la corrupción de los altos mandos hacía inútiles los mortíferos empeños del poder público contra sectores de la criminalidad organizada.

Investigadores, periodistas y activistas documentaron durante años los nexos de quien Calderón consideraba un funcionario sin mácula con el grupo delictivo mencionado, y varios antiguos cabecillas del trasiego de estupefacientes afirmaron en sus testimonios que García Luna había recibido durante su gestión millones de dólares a cambio de dar protección a criminales.

Ante la abundancia de tales informaciones, resulta obligado preguntarse por qúe Calderón se empecinó en defender a capa y espada a su colaborador, y ni siquiera consideró someterlo a investigación tras la detención de varios de los principales funcionarios de la desaparecida SSP, ni ante actos de corrupción tan evidentes como la adquisición masiva de los tristemente célebres detectores moleculares.

La detención de García Luna debe llevar también a revisar su trayectoria como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, en cuyas postrimerías llevó a cabo el montaje televisivo de la detención de los supuestos secuestradores Florence Cassez e Israel Vallarta.

Pero, sobre todo, debe reflexionarse sobre la extraña y contradictoria relación del ex secretario de Seguridad Pública con las autoridades de Estados Unidos, las cuales con certeza desconfiaban de él, como está ampliamente documentado en los despachos diplomáticos enviados por la embajada de ese país al Departamento de Estado, que fueron entregados a La Jornada por WikiLeaks y difundidos en estas páginas en el curso de 2011.

Más aún, datos creíbles indican que el gobierno del país vecino tenía desde hace años un voluminoso expediente sobre actividades sospechosas del ahora acusado, en cuya gestión no sólo fueron asesinados decenas de miles de mexicanos –presuntos delincuentes, pero también soldados, marinos, policías y personas manifiestamente inocentes–, sino también agentes de corporaciones de Estados Unidos, como la DEA y la CIA, que operaban en México.

Por otra parte, García Luna fue la pieza fundamental en la aplicación en México de las devastadoras políticas diseñadas en Washington y delineadas en la Iniciativa Mérida; la obsecuencia del ex funcionario llegó al extremo de ofrecer toda la información de seguridad del país a quien entonces fungía de secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff; más aún, García Luna no movió un dedo cuando la oficina estadunidense de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) envió al cártel de Sinaloa cargamentos de fusiles de asalto de alto poder, en lo que, al margen de intenciones declaradas, contribuyó al fortalecimiento del poder de fuego de ese grupo delictivo. Lo cierto es que, pese a todo, García Luna vivió desde 2012 en la nación vecina, recibió el permiso para residir en ella, ostentó una riqueza difícilmente explicable y abrió un despacho de consultoría en asuntos de seguridad sin que nadie lo molestara.

Es deplorable, sin duda, que con frecuencia los episodios de corrupción y violencia delictiva que tienen lugar en México acaben siendo juzgados en tribunales estadunidenses, como ocurrió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, de quien había suficientes motivos para un juicio en instancias mexicanas pero fue extraditado al país vecino en enero de 2017 por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora resulta a todas luces necesario que la Fiscalía General de la República pida la entrega de García Luna para que sea procesado en nuestro país conforme a derecho. No debe permitirse que la soberanía judicial de México siga siendo anulada por casos como el que se comenta.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. a12

Arrepentido por no haberse preparado mejor, Andy Ruiz reconoció que deseó haber tomado más en serio lo hecho rumbo a la pelea con Anthony Joshua, periodo en el que, ha admitido desde que fue derrotado, comió de todo porque celebró en exceso.

El sábado anterior, Ruiz perdió los títulos de peso completo de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y Federación Mundial de Boxeo, al caer por aplastante decisión unánime con Anthony Joshua, luego de una preparación que dejó mucho qué desear para el Destroyer.

Tras reconocer que estaba fuera de forma y que entrenaba de ida y vuelta entre México y California, resaltó: Lo hice bastante bien, pero desearía haberlo tomado más serio, dijo en declaraciones a TMZ en el aeropuerto de Los Ángeles.

Luego de coronarse el pasado 1º de junio tras un sorpresivo nocáut en siete rounds sobre Joshua en Nueva York, el mexicano aseguró en diversas ocasiones que llegaría mejor a la revancha, pues podría hacer un campamento completo de tres meses, pero diversos compromisos y mucha diversión se lo impidieron, por lo que llegó con muchos kilos de más respecto de su pelea anterior y también sobre Joshua.

Celebré demasiado

Creo que comí todo, todo, por eso subí tanto peso. Me estaba divirtiendo demasiado, estaba celebrando demasiado. Simplemente estar con mis amigos y celebrar. Beber unas cuantas cervezas más de las que debería.

Aunque el ahora ex campeón busca una tercera pelea con el británico, posibilidad que quedó abierta, aunque se ve difícil de concretar, prometió una gran preparación y así recuperar los títulos.

Para la tercera pelea voy a dar todo lo que tengo, quiero esos cinturones de vuelta, concluyó el pugilista que sufrió en Arabia Saudita la segunda derrota de su carrera.

En tanto, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, consideró en esta ciudad que Andy Ruiz “fue víctima de las circunstancias y está en él regresar a la élite del pugilismo o sólo vivir del recuerdo. Dio una sorpresa con repercusión mundial en junio y lamentablemente no pudo llevar a cabo una preparación adecuada, digna, respetuosa del deporte y de él mismo en esta revancha, y el resultado fue evidente, anotó el dirigente.

(Con información de Notimex)

E

l jueves pasado La Jornada publicó que un comando, aparentemente del cártel de Santa Rosa de Lima, entró por la fuerza al Centro de Rehabilitación de Adictos Dios es Nuestro Salvador, en la ciudad de Irapuato, y raptó a 26 jóvenes, aparentemente con la finalidad de reclutarlos. Afortunada­mente, al par de días apareció otra no­ticia que informó que las fuerzas de seguridad de Guanajuato habían logrado liberar al menos a 13. Aunque se mostraron renuentes a denunciar los motivos del rapto, aparentemente los adictos fueron raptados para identificar puntos de venta de droga en la ciudad. Por otra parte, la noticia no dejó en claro cuántos de entre los plagiados siguen cautivos.

El tema de los centros de rehabilitación de adictos –conocidos como anexos– no ha recibido la atención que merece. Se sabe relativamente poco sobre ellos (cuántos son, dónde están, cómo y bajo qué condiciones operan). Así, una nota reciente de El Informador alerta que en Jalisco sólo 10 por ciento de los anexos están certificados. Tampoco es fácil darse idea exacta del número, ubicación y situación de estos establecimientos a escala nacional. Se trata, en todo caso, de una institución que ha florecido en toda América Latina.

Los anexos usualmente son organizados por un ex adicto, que salió de su afición mediante una conversión religiosa. Aparentemente, la mayoría de estos sitios son manejados por pastores evangélicos, pero los centros de rehabilitación de adictos son, además, lugares de encierro. Allí se busca rescatar a los dependientes ya incontrolables, cuyos parientes temen por sus vidas. Usualmente, entran ahí obligados –muchas veces raptados y encerrados por la fuerza– por familiares en coordinación con los dueños del anexo. Adentro, los usuarios ya no pueden salir hasta que sus parientes van por ellos, o si no hasta que el dueño del lugar lo disponga. En otras partes, los adictos están presos. Muy frecuentemente viven en condiciones de hacinamiento, a veces con castigos físicos impuestos a quienes se porten mal. Y siempre con un régimen intenso de oración y de confesiones públicas.

El antropólogo Kevin O’Neill publicó recientemente una notable etnografía de los anexos en la Ciudad de Guatemala con el título Hunted: Predation and Pentecostalism in Guatemala (University of Chicago Press, 2019). Hasta donde sé, se trata del estudio cualitativo más completo que se haya escrito sobre el tema. Como sistema de curación, la técnica del cautiverio y sometimiento del adicto a una disciplina de oraciones y de rutinas laborales implacables no funciona. Es decir, la mayor parte de los encerrados en los anexos no se cura y vuelven pronto a la droga o al alcohol cuando salen del establecimiento. Frecuentemente, además, con grandes dosis de culpa y autocastigo. El antropólogo describe también cómo los adictos se van volviendo dependientes del cautiverio, ya que piensan que sólo presos consiguen dejar de consumir drogas.

Aun así, O’Neill tampoco piensa que la institución sea un simple fracaso, ya que los anexos sacan de las calles a personas cuyas vidas estarían de otra manera en peligro inminente y los mete en instituciones de encierro en las que –a diferencia de las cárceles– al menos no consumirán droga durante el cautiverio. En otras palabras, los anexos pueden ser entendidos como cárceles privadas, manejadas usualmente por pastores evangélicos, donde se encierra a adictos por periodos indefinidos, muy frecuentemente contra su propia voluntad y sin apelación posible de su parte.

A veces estas instituciones han sido utilizadas activamente por el crimen organizado. Así, tanto La familia michoacana como Los caballeros templarios financiaban redes propias de anexos, que utilizaban luego para reclutar soldados. Por otra parte, hace unos 10 años en Ciudad Juárez un grupo armado asesinó a 18 jóvenes en un centro de rehabilitación, aunque nunca quedó muy claro exactamente por qué. Y ahora está la noticia de Irapuato, donde aparentemente raptaron a adictos para identificar expendios, presumiblemente para controlar la venta al menudeo de la droga.

Aunque se trate, al final, de noticias dispersas, me parece que los centros de rehabilitación de adictos merecen una atención pública más seria y sostenida de la que han recibido; en primer lugar, porque habla de la falta de recursos públicos destinados al tratamiento médico y sicológico de las adicciones. Además, el tema revela que existe un sistema carcelario paralelo a las cárceles conocidas, operado de manera privada, que funciona sobre todo para sacar a los adictos de las calles y someterlos a una cura religiosa que, las más de las veces, no funciona. Además, los centros de rehabilitación abren una pequeña ventana a la relación complicada que opera entre el narcotráfico y sus adictos que son usados cruelmente, sea como carne de cañón o como informantes cautivos.

Nuestra sociedad desprecia injustamente a los adictos y duramente los increpa por su condición. Esta actitud ha abonado en la invisibilidad de los centros de rehabilitación y en la condonación tácita de un sistema de cautiverio desesperado e inapelable.