Metro News Mx

-El Índice Global de Delincuencia Organizada (OC Index) cuenta con una vasta red de colaboradores, la cual ha crecido con cada edición.

-Según los informes más recientes (como el del 2023), el Índice es alimentado por el conocimiento especializado de más de 400 expertos de todo el mundo.

-La red incluye analistas y expertos nacionales. Recopilan y validan la información de campo para evaluar la criminalidad y la resiliencia en los 193 Estados miembros de la ONU que cubre el Índice.

-Observatorios regionales del GI-TOC, aportan evaluaciones y datos cualitativos continuos.

-Investigadores y la dirección son quienes integran el equipo central de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) que establece la metodología y coordina el proyecto a nivel global.

México sigue siendo un centro significativo de trata de personas, impulsado por las disparidades económicas, la violencia, la migración y la debilidad de los marcos institucionales. Los estados del sur, incluidos Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen la mayor prevalencia, donde las poblaciones indígenas son a menudo objeto de trabajo forzado en la agricultura, el servicio doméstico y la industria maquiladora (manufactura), que consiste en fábricas extranjeras que producen bienes a menudo para la exportación. El secuestro para trabajo forzado es un problema emergente.

La explotación sexual está muy extendida, particularmente en centros turísticos como Cancún, Los Cabos y Playa del Carmen, donde el turismo sexual impulsa la demanda. Las organizaciones criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, se han involucrado cada vez más en el mercado de la trata de personas. 

También han diversificado sus operaciones, prestando mayor atención a la explotación sexual en línea y la trata laboral, aunque la trata de personas sigue siendo una actividad secundaria. A pesar de un marco legal actualizado, la aplicación de la ley sigue siendo débil y solo un pequeño porcentaje de los casos llega a resolución judicial. El problema se ve exacerbado por los vínculos transnacionales, ya que migrantes del Sudeste Asiático, África y Centroamérica son objeto de trata a través de México hacia los Estados Unidos.

La posición geográfica de México lo convierte en un punto de tránsito crítico para el contrabando de personas (o tráfico de migrantes). Los migrantes de Centroamérica, África y Asia dependen de los contrabandistas para facilitar los cruces fronterizos, a menudo con gran riesgo personal. Las organizaciones criminales imponen cuotas territoriales a los contrabandistas y explotan a los migrantes vulnerables, obligándolos a realizar trabajos o actividades criminales a cambio de paso. 

El reciente endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. ha empujado a los migrantes a rutas más peligrosas, aumentando la dependencia de las redes de contrabando. Los puntos críticos de contrabando incluyen Tijuana, Sonora, Coahuila, Veracruz y Tamaulipas, donde autoridades corruptas facilitan los cruces. A pesar de los esfuerzos de aplicación de la ley, el contrabando de personas sigue siendo un mercado rentable y profundamente arraigado.

La extorsión es un delito generalizado en México, que afecta a empresas, agricultura, sindicatos y funcionarios públicos. El CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima dominan este mercado, pero grupos e individuos más pequeños también participan en la extorsión alegando falsamente afiliación a cárteles. 

Los sectores agrícolas, particularmente las industrias del aguacate y la pesca, se ven gravemente afectados. Los centros urbanos como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se enfrentan a una creciente extorsión digital y telefónica. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la denuncia es poco común debido al miedo a las represalias.

El comercio ilegal de armas en México es alimentado por armas introducidas de contrabando desde los EE. UU., con puntos de entrada clave en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Manzanillo. Los cárteles dependen de las armas de fuego para el control territorial, siendo las armas preferidas los rifles Barrett calibre .50 y los AK-47. La posesión de armas de fuego no registradas está muy extendida en México, con estimaciones que sugieren que más de 13 millones de dichas armas están en circulación. Los funcionarios corruptos facilitan el contrabando, y el personal de seguridad retirado a veces participa en el comercio. 

A pesar de las recientes acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses, el tráfico de armas continúa impulsando la violencia en México, contribuyendo a altas tasas de homicidio. Además, el mercado del tráfico de armas está estrechamente conectado con las redes de narcotráfico y los grupos criminales dedicados a la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el robo a mano armada. Los grupos criminales emplean técnicas altamente especializadas para el contrabando de armas a través de la frontera, siendo las redes de narcotráfico sus principales clientes. Estos grupos también utilizan movimientos de 'comercio de hormigas' (o 'tráfico hormiga'), introduciendo armas de contrabando a pequeña escala para evitar la detección.

Los bienes falsificados representan un mercado ilícito significativo, con grupos del crimen organizado y funcionarios aduaneros corruptos que facilitan su entrada. Los productos falsificados de alta demanda incluyen tabaco, alcohol, ropa y productos farmacéuticos. Tepito en la Ciudad de México y mercados en Jalisco y Monterrey sirven como centros clave de distribución. La industria de bienes falsificados genera miles de millones en ingresos, lo que contribuye a expandir el poder de los cárteles y está estrechamente vinculada al lavado de dinero. 

Este mercado es impulsado por la demanda local, con una parte considerable de la población comprando productos falsificados como calzado, ropa y medicinas. El contrabando de productos sujetos a impuestos especiales, particularmente tabaco y alcohol, está bien establecido, con grupos de crimen organizado que operan independientemente de los intermediarios financieros. Las zonas de libre comercio y la corrupción facilitan este mercado. El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales sigue siendo una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales, particularmente a lo largo de la frontera sur.

La tala ilegal en México es impulsada por grupos del crimen organizado que controlan tierras comunales y extorsionan a las comunidades forestales. Estos grupos, incluidos los cárteles de la droga, explotan el comercio de madera para financiar operaciones y lavar dinero, dirigiéndose a especies valiosas. Regiones como la Sierra Madre han visto un control criminal expandido sobre actividades tanto legales como ilegales, exacerbando los desafíos ambientales y de gobernanza. 

La madera de alto valor, incluyendo el palo de rosa y la caoba, es traficada para la exportación. México sirve como país de origen y tránsito para productos de flora regionales, con tráfico significativo hacia China y los EE. UU. El aumento en la demanda de aguacate ha exacerbado la deforestación, con cárteles convirtiendo bosques en plantaciones. La débil aplicación de la ley institucional y la corrupción obstaculizan los esfuerzos para combatir la tala ilegal.

El mercado de tráfico de fauna se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados ilegales más robustos a nivel mundial, con México jugando un papel fundamental debido a su vasta biodiversidad, ubicación geográfica estratégica y canales de comunicación accesibles con varios países. Además, el tráfico de especies silvestres, particularmente jaguares, loros, reptiles y pepinos de mar de México a China, es un mercado significativo y en crecimiento, que exacerba las amenazas a la biodiversidad mexicana. Grupos de crimen organizado, actores estatales y civiles están fuertemente involucrados en las redes de tráfico de animales. 

Estas redes son responsables de la extracción, distribución y venta de especies exóticas, llevando a algunas de ellas al borde de la extinción. Funcionarios corruptos emiten documentación fraudulenta para facilitar el comercio. El uso de redes sociales ha expandido el acceso a los mercados ilegales de vida silvestre, mientras que las incautaciones siguen siendo mínimas. Los cárteles han incursionado cada vez más en el comercio de vida silvestre, utilizándolo para el lavado de dinero y como símbolos de estatus.

El tráfico ilegal de gasolina y diésel se ha convertido en un problema grave en México. El robo de combustible, conocido como huachicol, es una importante empresa criminal, con grupos criminales que perforan oleoductos y secuestran cargamentos de combustible. A pesar de las medidas enérgicas, el robo de combustible le cuesta a México miles de millones anualmente. El comercio ilegal de combustible también ha provocado un aumento de la violencia, particularmente en estados como Guanajuato y Puebla. La minería ilegal de oro y mercurio son actividades criminales significativas, con grupos criminales que extorsionan las operaciones mineras y participan en exportaciones ilícitas. 

La participación del crimen organizado en la minería y el robo de combustible desestabiliza aún más las economías locales. Los cárteles de la droga han ganado un papel principal dentro del mercado de delitos de recursos no renovables, tomando el control de pandillas involucradas en el robo de combustible o incursionando en el sector minero mediante el cobro de cuotas, obligando a las empresas a utilizar sus servicios o explotando minas directamente. La región de la Sierra Gorda depende en gran medida de la minería de mercurio a pesar de las preocupaciones ambientales, y es poco probable que los planes para eliminarla gradualmente para 2032 bajo la Convención de Minamata pongan fin a la actividad ilegal.

México sigue siendo un proveedor principal de heroína para los EE. UU., con el Cártel de Sinaloa dominando el mercado. El cultivo de amapola ha disminuido debido al aumento de opioides sintéticos como el fentanilo, pero la heroína sigue siendo un componente significativo del comercio de drogas. 

La destrucción de campos de amapola y las incautaciones por parte de las fuerzas del orden tienen un impacto limitado. Sin embargo, a pesar de la mayor aplicación de la ley, el tráfico de heroína persiste, y los contrabandistas se adaptan a los controles fronterizos más estrictos utilizando métodos de transporte ocultos y rutas de contrabando alternativas.

La cocaína sigue siendo un comercio lucrativo para los cárteles mexicanos, sirviendo principalmente como una ruta de tránsito para la cocaína colombiana y ecuatoriana con destino a los EE. UU. El CJNG y el Cártel de Sinaloa controlan las principales redes de distribución. El aumento del cultivo de coca en Guerrero y Michoacán sugiere que México está emergiendo como un productor menor. 

Los altos niveles de corrupción facilitan el contrabando de cocaína. Las operaciones de tráfico de cocaína implican técnicas de contrabando sofisticadas, incluidos compartimentos ocultos en vehículos y el uso de rutas marítimas. En general, el impacto del comercio de cocaína dentro de México es significativo, alimentando la corrupción, la violencia y el crimen, y contribuyendo a miles de homicidios anualmente.

México tiene una larga historia de producción de cannabis, pero la legalización en los EE. UU. ha reducido su rentabilidad. Los grupos del crimen organizado continúan controlando el cultivo y la distribución, particularmente en las zonas rurales, aunque la demanda se ha desplazado hacia las drogas sintéticas. El cannabis sigue siendo un producto básico del mercado doméstico, y las reformas legales impactan la estructura del comercio ilícito.

La producción de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina y fentanilo, sigue siendo extremadamente generalizada. México es un proveedor líder de fentanilo para los EE. UU., con laboratorios clandestinos que producen grandes cantidades. Los cárteles obtienen precursores químicos de China e India. 

La rentabilidad de las drogas sintéticas supera la de los narcóticos tradicionales, y las incautaciones han aumentado, aunque la producción sigue siendo alta. La producción de fentanilo y metanfetamina a menudo se lleva a cabo en laboratorios rurales remotos, donde las autoridades enfrentan desafíos en la detección y el desmantelamiento. El impacto ambiental de la producción de drogas sintéticas es grave, con desechos químicos que contaminan la tierra y las fuentes de agua. Los cárteles refinan continuamente las técnicas de producción, haciendo que las drogas sintéticas sean cada vez más potentes y adictivas, exacerbando el impacto social del abuso de drogas en México y EE. UU.

El cibercrimen está en aumento en México, siendo los ataques de *ransomware* una forma prevalente de delito. Las organizaciones criminales explotan las plataformas digitales para irrumpir en los sistemas de seguridad y robar datos sensibles. Varios actores están involucrados en la ejecución de delitos ciberdependientes en México, incluidos *hackers* individuales y ciberdelincuentes con conocimientos informáticos especializados, así como grupos del crimen organizado que aprovechan la tecnología para actividades ilícitas. 

Se han llevado a cabo investigaciones sobre ciberdelitos, incluidos ciberataques, con la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México teniendo la mayor incidencia. Los delitos ciberdependientes como el *hacking* y los ataques de *malware* impactan significativamente los mercados financieros, causando pérdidas financieras, filtraciones de datos y disrupciones económicas. También ocurren interrupciones operativas debido a estos ciberataques, afectando temporalmente las actividades de bancos e instituciones del sector público. 

Las criptomonedas son ampliamente utilizadas para ocultar transacciones ilícitas. Un grupo notable involucrado en estas actividades son los ciberburreros, principalmente jóvenes reclutados por el crimen organizado para adquirir criptomonedas masivamente. Las capacidades de las fuerzas del orden siguen siendo limitadas y la subestimación del cibercrimen es común.

El mercado de delitos financieros en México está altamente consolidado, representando una amenaza significativa para organizaciones, gobiernos e individuos. Estos delitos, incluido el fraude y la evasión fiscal, están profundamente arraigados en la economía de México, facilitados por funcionarios corruptos e instituciones financieras. Grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima, están fuertemente involucrados en estas actividades. 

Sin embargo, diversos actores, como funcionarios gubernamentales corruptos, empresarios y organizaciones del sector privado, explotan sus posiciones para cometer fraude y otros delitos financieros. Estafadores y criminales comunes participan en esquemas como estafas de cobro de deudas, esquemas Ponzi y premios falsos. La unidad de inteligencia financiera ha intensificado los esfuerzos para rastrear transacciones ilícitas, pero la aplicación de la ley sigue siendo inconsistente. Los cárteles utilizan bienes raíces, empresas fachada y lavado basado en el comercio para legitimar ganancias. El fraude aduanero y la evasión fiscal contribuyen aún más al panorama de los delitos financieros.

El panorama criminal de México está dominado por poderosos grupos de estilo mafia, principalmente cárteles de la droga que han evolucionado hacia organizaciones criminales multifacéticas. El Cártel de Sinaloa y el CJNG ejercen influencia a nivel nacional, participando en narcotráfico, extorsión, trata de personas, venta ilegal de combustible y robo. 

Estos grupos mantienen estructuras jerárquicas con distintas facciones de liderazgo, incluido el mando centralizado del CJNG bajo Nemesio Oseguera Cervantes y los bloques de poder descentralizados del Cártel de Sinaloa. Arrestos recientes, como la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024, han desencadenado violentas luchas de poder dentro del Cártel de Sinaloa. De manera similar, el Cártel del Golfo ha expandido sus operaciones a aguas estadounidenses, participando en narcotráfico, contrabando de personas y pesca ilegal. 

La extorsión es desenfrenada, afectando al menos a 30 de los 32 estados de México. Símbolos de la narco-cultura, como uniformes tácticos y propaganda en redes sociales, refuerzan la identidad e influencia de estos grupos. Los cárteles emplean una vasta fuerza laboral, comparable a las corporaciones más grandes de México, lo que subraya su profunda presencia social. Además, el control de los cárteles sobre ciertas prisiones subraya su extenso alcance dentro del aparato estatal.

Más allá de los cárteles jerárquicos, México alberga redes criminales flexibles que operan principalmente en delitos financieros, como el lavado de dinero y el desfalco. Estas redes a menudo implican la colusión entre actores del sector privado y funcionarios gubernamentales. Casos notables incluyen el escándalo de la "Estafa Maestra", que expuso la corrupción sistémica a través de contratos gubernamentales fraudulentos. 

Estas redes criminales operan principalmente en los principales centros urbanos como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, centrándose en delitos de cuello blanco en lugar de actividades violentas. No obstante, su impacto económico es sustancial, erosionando la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales.

La corrupción dentro del gobierno de México facilita el afianzamiento del crimen organizado. Los gobiernos municipales, con recursos y capacidades limitadas, son particularmente susceptibles a la infiltración criminal. Muchas agencias de aplicación de la ley en México están infiltradas por el crimen organizado, lo que dificulta la lucha contra la influencia de los cárteles. La corrupción en varios niveles de gobierno ha permitido a los cárteles operar con relativa impunidad, a menudo recibiendo protección o incluso asistencia directa. 

A nivel estatal, gobernadores de regiones como Tamaulipas y Sinaloa han enfrentado acusaciones de vínculos con cárteles. A nivel federal, casos de alto perfil como la condena de Genaro García Luna por coludirse con el Cártel de Sinaloa ilustran la corrupción sistémica. Los delitos financieros dentro de la administración pública siguen siendo un problema significativo. 

El escándalo SEGALMEX, que involucra miles de millones de pesos en transacciones irregulares, subraya la omnipresencia del fraude dentro de las instituciones estatales. Filtraciones como los Papeles de Panamá también han revelado una evasión fiscal generalizada por parte de las élites mexicanas, destacando aún más las líneas borrosas entre la gobernanza legítima y la actividad criminal.

Aunque el crimen organizado de México es principalmente doméstico, los actores extranjeros han comenzado a establecer redes criminales. Grupos colombianos operan en las principales ciudades, participando en robos a casas y fraude. La diáspora china ha sido vinculada a delitos financieros, particularmente esquemas de préstamos predatorios a través de aplicaciones de *smartphone*. 

Además, operativos chinos han sido implicados en el tráfico de vejiga natatoria de totoaba, un lucrativo comercio de vida silvestre en el mercado negro conectado con el Cártel de Sinaloa. Organizaciones criminales transnacionales como la Mara Salvatrucha (MS-13) han intentado penetrar en México, pero siguen siendo marginales. Mientras tanto, grupos criminales internacionales, incluidas redes de contrabando de habla rusa, se han vuelto activas a lo largo de la frontera entre México y EE. UU., impulsadas por el aumento de los flujos migratorios desde regiones como Rusia y Asia Central.

El sector privado de México desempeña un papel complejo en el crimen organizado, particularmente en delitos financieros y extracción ilícita de recursos. Investigaciones, como las de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, han expuesto a prominentes empresarios mexicanos involucrados en el lavado de dinero a través de paraísos fiscales offshore. 

El sector minero, en particular, está profundamente entrelazado con el crimen organizado. Cárteles, incluidos Los Zetas y los Caballeros Templarios, extorsionan a las empresas mineras y, en algunos casos, controlan directamente las operaciones mineras. Durante la administración del presidente López Obrador, los escándalos de corrupción vinculados a figuras de alto perfil, incluido su hijo, han generado preocupación por la colusión entre empresas y gobierno. 

A pesar de estas revelaciones, se han tomado pocas acciones legales contra las élites empresariales. Las empresas mineras a menudo admiten cooperar con grupos criminales por seguridad operativa, lo que ilustra aún más la normalización de la influencia de los cárteles en los sectores económicos de México.

El panorama político de México sigue fuertemente influenciado por el crimen organizado, con grupos criminales que ejercen un control significativo sobre las instituciones políticas. Aunque el gobierno ha adoptado una postura pública firme contra el crimen organizado, incluidas operaciones e intervenciones militares en curso, persisten los desafíos. 

La creciente militarización de la seguridad pública, particularmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha visto al ejército asumir un papel dominante en la aplicación de la ley, suscitando preocupación por los abusos de los derechos humanos y la gobernanza democrática. Los partidos de oposición destacan la necesidad de políticas más allá de la confrontación directa, abogando por soluciones a largo plazo para abordar las causas fundamentales. 

Sin embargo, el crimen organizado continúa influyendo en las elecciones a través de la intimidación a votantes, el financiamiento de campañas y la violencia contra figuras políticas. La fragilidad de las instituciones democráticas es evidente en casos de corrupción de alto nivel, como el caso Ayotzinapa y la condena de exfuncionarios por afiliaciones a cárteles.

A pesar de los esfuerzos para combatir la corrupción, incluida la existencia del sistema nacional anticorrupción, México sigue luchando contra la impunidad generalizada y la falta de transparencia. El sistema nacional anticorrupción ha enfrentado resistencia política y falta de financiación, socavando su eficacia. 

El periodismo de investigación y la sociedad civil desempeñan funciones clave en la exposición de la corrupción, pero los periodistas y activistas enfrentan amenazas, y México se encuentra entre los países más peligrosos para la prensa. La opacidad gubernamental sigue siendo un problema importante, ejemplificado por la retención de información pública bajo el pretexto de la seguridad nacional. 

Mecanismos como CompraNet proporcionan cierta transparencia en la contratación pública, pero la corrupción persiste en los procesos de licitación. La disolución de agencias de supervisión autónomas amenaza con mayores retrocesos en la rendición de cuentas. Aunque las organizaciones internacionales ofrecen recomendaciones para mejorar la gobernanza, el cumplimiento sigue siendo débil.

México es signatario de múltiples acuerdos internacionales contra el crimen organizado, incluida la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los tratados de extradición, particularmente con los EE. UU., han llevado a la transferencia de criminales de alto perfil. Además, México colabora con contrapartes regionales, especialmente con los EE. UU. en el contrabando de personas y el narcotráfico a través de diversas iniciativas, incluidas asociaciones de aplicación de la ley, intercambio de información y grupos de trabajo conjuntos. 

Sin embargo, persisten los desafíos en la implementación y la coordinación, como se ve en casos en los que México no fue informado sobre acciones importantes de aplicación de la ley, como la captura de líderes de cárteles en el extranjero. La lucha contra el tráfico de fentanilo sigue siendo una prioridad en las relaciones entre EE. UU. y México, y ambos países están intensificando los esfuerzos de aplicación. La demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses también refleja preocupaciones regionales sobre el tráfico de armas.

México cuenta con un amplio marco legal que aborda el crimen organizado, incluida una ley federal contra la delincuencia organizada. Reformas recientes han ampliado las protecciones contra la explotación laboral y la trata de personas. Sin embargo, la aplicación de la ley sigue siendo un desafío debido a la corrupción sistémica y las ineficiencias dentro del poder judicial. 

El gobierno ha tomado medidas para fortalecer las regulaciones aduaneras, pero el crimen organizado sigue explotando las debilidades en la aplicación. La legislación sobre cibercrimen sigue siendo fragmentada, y México aún tiene que adoptar la Convención de Budapest sobre el Cibercrimen, lo que limita la cooperación internacional en esta área. La aplicación de la ley de propiedad intelectual es otro punto débil, con altas tasas de falsificación y piratería.

El poder judicial de México incluye unidades especializadas dedicadas al procesamiento del crimen organizado, sin embargo, el sistema enfrenta serios desafíos debido a la corrupción, la ineficiencia y la influencia política. La fiscalía especializada contra la delincuencia organizada lidera las investigaciones sobre redes criminales, pero su eficacia se ve obstaculizada por la falta de recursos y la impunidad generalizada. El presupuesto del poder judicial se ha reducido significativamente, limitando su capacidad para abordar el crimen organizado de manera efectiva. La reforma judicial que permite la elección de jueces ha suscitado preocupaciones sobre la posible influencia de los cárteles.

La corrupción y el soborno dentro de las prisiones siguen estando generalizados, y las organizaciones criminales mantienen influencia dentro de las instalaciones. Aunque algunas prisiones han logrado la acreditación bajo estándares internacionales, las condiciones siguen siendo nefastas, con el hacinamiento, la corrupción y la influencia de los cárteles socavando los esfuerzos de rehabilitación. Los grupos del crimen organizado mantienen el control sobre varios penitenciarios, utilizándolos como bases operativas.

Las agencias de aplicación de la ley de México incluyen unidades especializadas dirigidas al crimen organizado, pero su eficacia se ve obstaculizada por la corrupción y la supervisión inadecuada. Aunque la participación militar en la aplicación de la ley se ha expandido, la confianza pública en la policía sigue siendo baja debido a las acusaciones de abuso y colusión criminal. 

En particular, la Guardia Nacional, creada para abordar los desafíos de seguridad, ha visto una mayor militarización, suscitando preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Los programas de intercambio de inteligencia con socios internacionales, particularmente EE. UU., han mejorado los esfuerzos de aplicación transfronteriza, pero persisten lagunas significativas. Las iniciativas de policía comunitaria han mostrado cierto éxito en algunas regiones, pero su escalabilidad es incierta.

Las fronteras de México siguen siendo altamente vulnerables al crimen organizado, siendo el narcotráfico, el contrabando de personas y el tráfico de armas desafíos persistentes. La frontera entre EE. UU. y México es un punto focal importante para los esfuerzos de interdicción de drogas, mientras que la frontera sur sigue siendo porosa, facilitando la migración irregular y el comercio ilícito. La corrupción aduanera exacerba aún más los riesgos de seguridad. 

Los puertos marítimos, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico, se han convertido en centros clave de tráfico para los precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Incautaciones recientes indican una escalada en las actividades de los cárteles en estas regiones. El descubrimiento de túneles de contrabando y el uso de drones para el tráfico transfronterizo resaltan las tácticas en evolución de las organizaciones criminales.

El marco mexicano contra el lavado de dinero incluye regulaciones financieras rigurosas y la participación en organismos de supervisión internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, su cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero sigue siendo inconsistente. La unidad de inteligencia financiera desempeña un papel crucial en el rastreo de flujos financieros ilícitos, pero la corrupción y la falta de aplicación debilitan su impacto. 

Aunque México ha evitado la clasificación de alto riesgo del GAFI, EE. UU. sigue identificando a México como una preocupación principal para el lavado de dinero, particularmente debido a sus vínculos con los cárteles de la droga. Las reformas legislativas han fortalecido la supervisión financiera, pero los flujos financieros ilícitos siguen siendo significativos.

El entorno regulatorio económico presenta tanto oportunidades como riesgos para las empresas legales. La corrupción y la infiltración del crimen organizado en industrias como la minería, la agricultura y el transporte distorsionan la dinámica del mercado. Los cárteles ejercen control sobre ciertas cadenas de suministro, imponiendo impuestos no oficiales y extorsionando a las empresas. Los esfuerzos para promover la transparencia regulatoria se han visto socavados por el favoritismo político y la débil aplicación institucional. 

A pesar de estos desafíos, México ha emprendido iniciativas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de reformas regulatorias y programas de estímulo económico. Sin embargo, la infiltración de actores criminales en los mercados legales sigue planteando obstáculos significativos a la estabilidad económica. Además, los altos niveles de desconfianza en el sector público, alimentados por la corrupción y la impunidad, llevan a muchos mexicanos a evadir impuestos y operar en el sector informal.

México carece de una estrategia institucional integral para la protección de víctimas y testigos. La ley general de víctimas exige apoyo estatal, sin embargo, la implementación es débil debido a la financiación insuficiente y la voluntad política. Los programas diseñados para proteger a las personas involucradas en procedimientos penales enfrentan restricciones presupuestarias e ineficiencias operativas. 

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la prestación de asistencia legal y psicológica. Los programas de protección de testigos enfrentan desafíos significativos, y muchos testigos son dados de baja debido a restricciones de recursos o preocupaciones de seguridad.

Los esfuerzos de prevención se han centrado en abordar las causas fundamentales del crimen organizado, como la pobreza y la falta de oportunidades. La estrategia nacional de seguridad pública enfatiza la prevención, pero los resultados han sido limitados. Aunque se han realizado algunos esfuerzos para abordar la trata de personas y los delitos ambientales, persisten las lagunas en la aplicación. 

Las estrategias policiales militarizadas han provocado violaciones de los derechos humanos, socavando la confianza pública. Las iniciativas de policía comunitaria han surgido como una alternativa, sin embargo, a menudo operan fuera de los marcos legales formales. Los programas de bienestar gubernamentales tienen como objetivo prevenir el reclutamiento de jóvenes vulnerables por parte de los cárteles, sin embargo, su eficacia sigue siendo incierta.

Los actores no estatales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas de investigación, desempeñan un papel crucial en la documentación del crimen organizado y la promoción de reformas políticas. Sin embargo, enfrentan crecientes restricciones gubernamentales y amenazas a la seguridad. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas, con ataques frecuentes contra profesionales de los medios. 

Funcionarios gubernamentales han sido implicados en casi la mitad de los casos reportados de violencia contra periodistas, destacando los riesgos que enfrentan quienes informan sobre corrupción y crimen. A pesar de estos desafíos, las organizaciones de la sociedad civil continúan presionando por una mayor transparencia y rendición de cuentas. Los defensores de los derechos humanos y los movimientos de base siguen activos, aunque con frecuencia encuentran resistencia gubernamental y amenazas de grupos criminales. La relación del gobierno con las ONG es a menudo antagónica, con esfuerzos recientes para restringir la financiación y limitar su alcance operativo. Los ataques contra periodistas, activistas y candidatos políticos también son un problema crítico, y los mecanismos formales de protección a menudo no logran prevenir la violencia. No obstante, la nueva administración parece ser menos confrontacional con los actores no estatales que su predecesora. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido