Metro News Mx

-Empresarios y sociedad civil entregan a Metro News amplio documento firmado, dirigido a autoridades de Comunicaciones y a la gobernadora del estado, exponiendo realidades y omisiones no consideradas en el proyecto de la obra

-Los líderes empresariales y la sociedad civil respaldan la obra, pero se necesita acercamiento con todos los sectores -federación, estado, municipio y sociedad civil- para conocer con profundidad el anteproyecto

-Advierten que el anteproyecto anula una inversión histórica de más de diez mil millones de pesos para liberar la ciudad de las vías férreas.

-El trazo propuesto desestima la presencia de fallas geológicas activas en el subsuelo, comprometiendo soluciones como los falsos túneles.

-Colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita y San Antonio serán fragmentadas físicamente por muros y rampas de confinamiento.

-La insuficiencia del derecho de vía, que debe ser de treinta metros, implicaría la expropiación y derrumbe de viviendas y negocios.

-El diseño ferroviario en el Eje Colosio afectaría la prolongación de la Avenida Irrigación, crucial conexión con Apaseo el Grande.

-Se reclama el acceso a estudios y planos técnicos del proyecto, amparándose en el Artículo 6º Constitucional.

-El confinamiento viola el derecho a la ciudad y la Ley General de Movilidad al causar un retroceso en la conectividad.

-La propuesta es abrir una mesa de trabajo para adoptar alternativas elevadas, y el documento está enviado a Andrés Lajous Loaeza (del ARTF) y Jesús Antonio Esteva Medina (de SICT) para una revisión inmediata del proyecto.

La ciudad de Celaya ha lanzado un grito de alerta técnica, social y jurídica ante el Gobierno Federal. El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., junto con veinte líderes de colegios de profesionistas y cámaras, ha formalizado la necesidad de un análisis al anteproyecto del Tren de Pasajeros México-Guadalajara en su sección urbana, dirigiendo su misiva a Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

El punto medular del reclamo es contundente: la ruta propuesta representa un retroceso catastrófico que anula décadas de planeación y una inversión pública de más de 10,000 millones de pesos, destinada justamente a desahogar el centro urbano del tráfico ferroviario.

La misiva, fechada en Celaya, Guanajuato, el 7 de noviembre del 2025, es clara al detallar las afectaciones. El trazo, que contempla tramos a nivel, falsos túneles y viaductos, no considera abiertamente la lógica que impulsó obras estratégicas como el libramiento ferroviario de Celaya, con una inversión superior a 6,000 millones de pesos. 

Así mismo, el puente vehicular de Avenida Irrigación, con más de 266 millones de pesos. El puente vehicular de Melchor Ortega (Anenecuilco). El paso deprimido en Gaspar de Almanza y el puente del Bulevar Adolfo López Mateos y Dos de Abril.

El sector productivo sostiene que el anteproyecto generará una fractura social y urbana. Se prevé que colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita, Alameda, Bosques de la Alameda, La Favorita y San Antonio queden físicamente divididas. Además, cruces viales esenciales como Anenecuilco serían eliminados, mientras que calles como Insurgentes, Albino García y Quintana Roo serían bloqueadas por rampas de hasta 1.5 kilómetros necesarias para el sistema.

El análisis del CCE no se queda en lo social, sino que exhibe serias situaciones técnicas tales como el hecho de que la traza atraviesa zonas con fallas geológicas activas que han generado desniveles de hasta tres metros, haciendo inviables y poco adaptables las soluciones estructuralmente rígidas como los falsos túneles.

También se advierte sobre el problema técnico grave en el Eje Luis Donaldo Colosio, donde la pendiente requerida compromete la funcionalidad de la prolongación de la Avenida Irrigación, un proyecto de escala metropolitana clave para la conexión con Apaseo el Grande. En la colonia Las Américas, el derecho de vía disponible es insuficiente, ya que la normativa (Artículo 29 del Reglamento del Servicio Ferroviario y NOM-003-ARTF-2023) exige un mínimo de treinta metros para una vía Clase 5 que soporta velocidades superiores a 120 kilómetros por hora. Esto desembocaría en la expropiación y demolición de múltiples viviendas y negocios.

El proyecto no está coordinado con el tren urbano municipal, que ya cuenta con estudios de factibilidad, lo que diluye el esfuerzo económico y técnico.

Jurídicamente, la petición se refuerza citando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 8º y 6º) y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, exigiendo transparencia, acceso a la documentación técnica y el respeto al derecho de participación pública en la planeación.

El documento concluye con una propuesta concreta para revertir el daño potencial, solicitando la instalación de una mesa de trabajo para identificar conjuntamente las alternativas técnicas más viables, dada la ventana de oportunidad de que el proyecto ejecutivo aún se encuentra en elaboración.

Además, ponen como ejemplo la solución constructiva del Tren Interurbano México-Toluca, cuyo trazo elevado evitó la segregación y el confinamiento, demostrando que la ingeniería puede y debe adaptarse al tejido urbano. La solicitud es también un compromiso: el sector productivo ofrece su participación en el análisis, socialización y acompañamiento para consolidar a Celaya como un Polo de Desarrollo para el Bienestar y la puerta logística del país, pero señala que la obra respete los principios de equidad territorial y no regresividad urbana.

El oficio fue enviado con copia a la gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo; a la Delegada de la SICT en la entidad, Maestra Irma Leticia González Sánchez, y al Presidente Municipal, Maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, urgiendo una intervención inmediata antes de que se consume un error de diseño que costará a Celaya su cohesión social.

El documento se dirige de forma principal a las autoridades federales con competencia directa sobre la infraestructura ferroviaria tales como Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

Además, se dirige en atención, para conocimiento y coordinación, a la Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora constitucional del Estado de Guanajuato. Mtra. Irma Leticia González Sánchez, delegada de la SICT en el Estado de Guanajuato. Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal.

El oficio es firmado por el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., y avalado por los líderes de veinte organismos asociados, lo que demuestra un amplio respaldo del sector productivo, técnico y social, integrado por el Arq. Emmanuel Maldonado Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos; Ing. Juan Daniel Prieto Delgado, presidente del Colegio de Ingenieros. Ing. Óscar Antonio Almanza Vega, vicepresidente de la CMIC. Mtro. José Luis Andrade Rodríguez, presidente de Coparmex. Lic. Agripina Hernández Hernández, presidenta de Amexme. Ing. Luis Guillermo Morales Oliveros, presidente de la Asociación del Empresariado Celayense. Lic. Fausto Carlo Ramos Horta, presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial. Lic. Fernado Ibarra Jiménez, presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande.

También por el CP Enrique Martín Martín Bejarano Ferreyra, presidente de Canacintra. Ing. Ma. Eugenia Márquez Gamboa, presidenta de Canirac. Gerardo Arredondo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya. Lic. José Francisco Rosete Núñez, presidente del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya.

CP Gustavo Barrón Hernández, presidente de Desarrolladores Inmobiliarios. Ing. Luis Fernando Nieto Herrera, presidente del Observatorio Ciudadano de Celaya. Lic. Georgina Yamina Salgado Salgado, presidenta de Ampi.

Se cuentan además la Mtra. Jaqueline Rodríguez Paredes, presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas. Lic. Ranulfo Corona Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteleros. Lic. Armando Sojo Arroyo, vicepresidente del Comité Ejecutivo CCE. Lic. Carlos Armando Lara Acosta, presidente de Círculo de Empresarios. CP Lic. Ernesto Ledesma Orozco, presidente del Frente Cívico Proconclusión del Libramiento de Celaya. Arq. Ismael Pérez Ordaz, presidente del Consejo Consultivo CCE y el Mtro. Jorge Luis Gámez Campos, presidente del Comité Ejecutivo del CCE.

El documento tiene fecha del 7 de noviembre del 2025, en Celaya y se trata del oficio 0010/2025.

Celaya, Guanajuato, a 7 de noviembre del 2025

Número de Oficio: 0010/2025

Asunto: Solicitud

Andrés Lajous Loaeza

Director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario

Jesús Antonio Esteva Medina

Titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

Presentes

En Atención a:

Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo

Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato

Mtra. Irma Leticia González Sánchez

Delegada de la SICT en el Estado de Guanajuato

Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez

Presidente Municipal

El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C., atendiendo las inquietudes de organismos asociados del sector Construcción y en conjunto con representantes de la sociedad civil organizada, nos dirigimos a ustedes con respeto y responsabilidad institucional para plantear consideraciones técnicas, sociales, urbanas y jurídicas en torno al proyecto ferroviario "Tren de Pasajeros México-Guadalajara", en su tramo correspondiente al paso por la ciudad de Celaya, Guanajuato. Valoramos el propósito del proyecto de mejorar la movilidad nacional, optimizar el transporte interurbano y ofrecer una alternativa sustentable al desplazamiento masivo. Respaldamos firmemente el plan estratégico del Plan Nacional de Infraestructura Ferroviaria impulsado por el Gobierno de México, y celebramos que nuestro municipio sea beneficiado directo de esta política nacional.

Sin embargo, tratándose de una infraestructura de alto impacto territorial, en un municipio en el que diariamente confluyen cerca de un millón de personas, y debido a la falta de información y/o socialización del anteproyecto existente que únicamente conoce la sociedad celayense a través de trascendidos en medios de comunicación por parte de nuestras autoridades municipales, consideramos indispensable manifestar algunas preocupaciones respecto de las condiciones de ejecución a la luz del contexto urbano, técnico y social de nuestro municipio, buscando no solo la viabilidad estructural de la obra, sino su plena compatibilidad con los procesos de planeación urbana sostenible y equitativa.

Celaya ha vivido durante décadas una relación compleja con el ferrocarril. Por más de veinticinco años, autoridades de todos los niveles en conjunto con la sociedad civil organizada han buscado reducir los impactos negativos del cruce del tren por el centro urbano. Fruto de esta visión han sido diversas obras estratégicas para canalizar el tránsito ferroviario fuera de la ciudad y mejorar la movilidad local. Destacan el Libramiento Ferroviario de Celaya, obra con una inversión acumulada superior a los 6,000 millones de pesos; el Puente Vehicular de Avenida Irrigación, con más de 266 millones de pesos; el Puente vehicular de Melchor Ortega (Anenecuilco); el paso deprimido ubicado en la calle Gaspar de Almanza, así como el Puente de Bulevar Adolfo López Mateos y Dos de Abril y otras vialidades estratégicas. En total, se estima que la inversión pública acumulada supera los 10,000 millones de pesos. Todas estas acciones responden a una lógica de planeación integral del territorio y de apuesta por una movilidad ordenada, resiliente y sustentable.

En este contexto, resulta preocupante que el anteproyecto del tren de pasajeros retome un paso por el corazón de la ciudad incluyendo tramos a nivel confinados, túneles falsos y viaductos que implicarían afectaciones considerables en términos de fragmentación urbana, pérdida de continuidad vial, segmentación social y ocupación de espacio público estratégico. Colonias como Cuauhtémoc, Santa Teresita, Alameda, Bosques de la Alameda, La Favorita y San Antonio quedarían físicamente divididas; cruces existentes como Arrecife o Anenecuilco serían eliminados, y múltiples calles —Insurgentes, Albino García, Quintana Roo, entre otras— bloqueadas por rampas de hasta 1.5 km de longitud, necesarias para cumplir con la pendiente normativa del sistema ferroviario.

Desde el punto de vista técnico, nos preocupa la presencia de fallas geológicas activas a lo largo del trazo propuesto, con desniveles de hasta tres metros. Las soluciones de falso túnel, en este contexto, resultarían estructuralmente rígidas y poco adaptables, volviéndose vulnerables a mediano y largo plazo. A esto se suma la existencia de una infraestructura subterránea compleja, que incluye redes de drenaje, fibra óptica, líneas de gas y agua potable, cuya reubicación implicaría costos elevados, tiempos inciertos y riesgos no evaluados.

Asimismo, se ha identificado un problema técnico grave en la intersección del trazo ferroviario con el Eje Luis Donaldo Colosio, ya que la pendiente necesaria para el paso a desnivel sobre el eje vial (que por trascendidos se ha informado que existiría) sobrepasa el cruce con la Avenida Irrigación, impidiendo una conexión directa entre ambas arterias. Este conflicto no solo implica una afectación vial local, sino que compromete un proyecto estratégico de escala metropolitana: la prolongación de la Avenida Irrigación como bulevar de conexión directa con Apaseo el Grande, cuya funcionalidad quedaría anulada de concretarse el trazo actual sin ajustes.

Por otro lado, se ha detectado que el derecho de vía disponible en la zona de la colonia Las Américas es insuficiente para albergar una infraestructura ferroviaria de grado 5, que requiere al menos 30 metros de ancho de sección. Esta especificación se encuentra normada en el artículo 29 del Reglamento del Servicio Ferroviario, el cual establece que, tratándose de vías férreas a nivel y de doble sentido, el derecho de vía mínimo será de 30 metros. Asimismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ARTF-2023, relativa al Sistema Ferroviario-Seguridad-Clasificación y especificaciones de vía, determina que para operar trenes de pasajeros a velocidades mayores a $120\text{ km/h}$ como es el caso del Tren México-Guadalajara, se requiere una vía clase 5, que a su vez implica condiciones de alineamiento, pendientes, radios de curvatura y secciones transversales compatibles con este tipo de infraestructura. La consecuencia inmediata de continuar con este trazo sería la expropiación y demolición de múltiples viviendas y negocios, afectando el entorno urbano consolidado y vulnerando el derecho a la vivienda y al desplazamiento digno de decenas de familias. Esto representa no solo una afectación material, sino también una carga emocional y social profunda, que debe evitarse por todos los medios disponibles mediante alternativas técnicas más respetuosas del tejido urbano.

El proyecto tampoco ha sido coordinado con los planes municipales vigentes, como el tren urbano municipal propuesto desde la administración local, para el cual ya existen estudios de factibilidad e impacto urbano realizado por la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato. Superponer ambos sistemas sin coordinación ni diseño compartido compromete la eficiencia de ambas iniciativas y diluye el esfuerzo técnico, económico y social acumulado.

Aún más preocupante es el impacto urbano y social de este anteproyecto. La configuración actual generaría confinamiento y segmentación de sectores urbanos completos, contraviniendo los principios de cohesión social y equidad territorial. El confinamiento mediante bardas o muros perimetrales implica la ruptura de dinámicas comunitarias, pérdida de acceso a servicios, aumento de los tiempos de traslado, deterioro del espacio público y la generación de nuevas brechas sociales entre zonas "a cada lado de la vía". Esta fragmentación urbana no solo puede representar un error técnico, sino una contravención al principio de no regresividad urbana, derivado del derecho a la ciudad, que prohíbe que una obra pública implique retrocesos en materia de conectividad, cohesión social, movilidad sostenible o acceso equitativo al territorio.

Existen ejemplos recientes en el país que demuestran que sí es posible integrar un proyecto ferroviario moderno dentro del entorno urbano, sin romper el tejido social ni confinar comunidades, siempre que se privilegie un diseño responsable. Tal es el caso del Tren Interurbano México-Toluca, cuyo trazo elevado permitió conservar la continuidad vial, la funcionalidad urbana y la integración del sistema de transporte con la ciudad existente, sin recurrir a tramos a nivel ni a falsos túneles con muros de confinamiento. Este tipo de soluciones demuestra que la ingeniería puede y debe adaptarse al entorno urbano, sin imponer modelos que generen segregación o deterioro urbano, particularmente en contextos consolidados como el de Celaya.

Frente a este panorama, y conforme a nuestro marco jurídico vigente, sostenemos que la solicitud que aquí se presenta no solo es legítima desde lo técnico y urbano, sino jurídicamente procedente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8º, reconoce el derecho de petición, que nos faculta como ciudadanos organizados a presentar respetuosamente esta solicitud, con el deber de la autoridad de responderla de manera fundada y motivada. A su vez, el artículo 6º garantiza el derecho de acceso a la información pública, por lo que solicitamos el acceso a estudios, planos y documentación técnica del proyecto.

En materia de planeación, los artículos 25 y 26 constitucionales exigen una planeación democrática, sustentable y con participación social, obligación también desarrollada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece en sus artículos 4º, 5º y 7º los principios de coordinación entre órdenes de gobierno, participación ciudadana y equidad territorial. A su vez, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que toda obra de transporte debe priorizar seguridad, inclusión, eficiencia, accesibilidad universal y sostenibilidad. A nivel internacional, México ha ratificado tratados que fortalecen esta postura, como el Acuerdo de Escazú (2021), que garantiza el derecho a la participación pública en decisiones que afecten al territorio y al medio ambiente, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos que los afectan. Estos instrumentos internacionales vinculan legalmente al Estado mexicano y obligan a aplicar principios de transparencia, participación y justicia territorial.

Frente a este marco jurídico, se han realizado ya gestiones institucionales con carácter formal. Este documento se presenta como alcance al oficio 004/2025, dirigido a la administración pública municipal, mediante el cual se propuso la instalación de una mesa de trabajo para conocer los alcances del proyecto ferroviario en su paso por el municipio. Esta solicitud es plenamente procedente y viable, ya que el proyecto ejecutivo se encuentra aún en proceso de elaboración, según consta en la información pública del procedimiento de contratación, lo cual abre una ventana legítima y oportuna para revisar criterios técnicos, de diseño urbano y de integración territorial. Con ello, se busca establecer un canal de coordinación efectiva que permita identificar de manera conjunta las alternativas técnicas más viables, y, sobre todo, sumar las capacidades del sector técnico, productivo y social de Celaya a la consolidación de una infraestructura ferroviaria moderna, funcional y plenamente integrada a la ciudad.

En este sentido, manifestamos también nuestra disposición no solo a participar en el análisis técnico del proyecto, sino a colaborar activamente en su socialización y acompañamiento territorial. Creemos firmemente que este tren puede convertirse en una oportunidad para consolidar a Celaya como una ciudad moderna, pujante y articulada a los grandes proyectos nacionales de transformación territorial. Actualmente, Celaya forma parte de un Polo de Desarrollo para el Bienestar, impulsado por la Secretaría de Economía, lo cual refuerza su carácter estratégico como nodo logístico, industrial y de innovación dentro de la región Laja-Bajío. Este estatus exige infraestructura urbana adecuada, moderna y funcional, que facilite la movilidad, fortalezca la conectividad y garantice condiciones propicias para atraer inversiones, generar empleos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La consolidación de la puerta logística del país requiere soluciones integradas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Nuestro interés de participar nace del compromiso permanente por construir puentes de colaboración entre sociedad y gobierno, en beneficio del territorio, su gente y su futuro.

Atentamente

Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, A.C.

Arq. Emmanuel Maldonado Martínez

Presidente del Colegio de Arquitectos

Ing. Juan Daniel Prieto Delgado

Presidente del Colegio de Ingenieros

P.A. Ing. Óscar Antonio Almanza Vega

Vicepresidente de la CMIC

Mtro. José Luis Andrade Rodríguez

Presidente de Coparmex

Lic. Agripina Hernández Hernández

Presidenta de Amexme

Ing. Luis Guillermo Morales Oliveros

Presidente de la Asociación del Empresariado Celayense

Lic. Fausto Carlo Ramos Horta

Presidente de la Asociación de Empresarios de Ciudad Industrial

Lic. Fernado Ibarra Jiménez

Presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande

C.P. Enrique Martín Martín Bejarano Ferreyra

Presidente de Canacintra

Ing. Ma. Eugenia Márquez Gamboa

Presidenta de Canirac

C.P. Gerardo Arredondo

Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Celaya

Lic. José Francisco Rosete Núñez

Presidente del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya

C.P. Gustavo Barrón Hernández

Presidente de Desarrolladores Inmobiliarios

Ing. Luis Fernando Nieto Herrera

Presidente del Observatorio Ciudadano de Celaya

Lic. Georgina Yamina Salgado Salgado

Presidenta de Ampi

Mtra. Jaqueline Rodríguez Paredes

Presidenta de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas

Lic. Ranulfo Corona Álvarez

Presidente de la Asociación de Hoteleros

Lic. Armando Sojo Arroyo

Vicepresidente del Comité Ejecutivo CCE

Lic. Carlos Armando Lara Acosta

Presidente de Círculo de Empresarios

C.P. Lic. Ernesto Ledesma Orozco

Presidente del Frente Cívico Proconclusión del Libramiento de Celaya

Arq. Ismael Pérez Ordaz

Presidente del Consejo Consultivo CCE

Mtro. Jorge Luis Gámez Campos

Presidente del Comité Ejecutivo del CCE