-¿Por qué el Municipio inició un juicio para adueñarse del pozo de San Agustín sin consultar primero a la comunidad indígena?
-¿Por qué la alcaldía usó de pretexto una techumbre deportiva para intentar escriturar a su favor el terreno del agua potable?
-¿Por qué la policía municipal requiere una marcha vecinal para ir a vigilar las zonas escolares plagadas de drogadicción?
-¿Por qué el Gobierno de Comonfort insiste en calificar de «desinformación» las quejas que nacen de su propia opacidad?
-¿Por qué esperaron a la protesta social para aceptar la renuncia del delegado rechazado por la asamblea comunitaria?
-¿Por qué el Ayuntamiento exige escritos burocráticos para tapar socavones pero acelera demandas para apropiarse de predios?
-¿Por qué el Municipio escrituró en silencio bienes comunitarios en el pasado, justificando hoy su despojo en el «bien mayor»?
El reciente choque institucional entre los habitantes de la comunidad indígena de San Agustín y las máximas autoridades del municipio de Comonfort —encabezadas por el presidente municipal Gilberto Zárate Nieves y la síndica Diana Arellano Díaz — no es un hecho aislado ni una simple discrepancia técnica sobre un predio. Es la manifestación sintomática de una forma de gobernar basada en la reactividad, la falta de consulta previa y la omisión sistemática de las necesidades operativas de la población hasta que el descontento escala a la movilización pública.
El análisis minucioso de la mesa de diálogo sostener entre los vecinos y el edil revela una dinámica preocupante: en Comonfort, las soluciones no llegan mediante la planeación ni la atención permanente, sino a través del reclamo airado, la exigencia en bloque y la exposición mediática de los problemas.
¿Certeza jurídica u opacidad administrativa?
El detonante del conflicto fue la detección, por propios medios de la comunidad, de un juicio de prescripción positiva impulsado por la Presidencia Municipal para adjudicarse el terreno donde se ubica el pozo de agua potable de San Agustín. La respuesta inicial del alcalde Zárate Nieves ante la alarma comunitaria fue el recurso retórico habitual: acusar la existencia de «desinformación» y asegurar que la administración no tiene intenciones de despojar a la localidad de su recurso hídrico.
Sin embargo, el argumento de la autoridad municipal hace agua al analizar el fondo del asunto. El Municipio justificó la acción legal bajo el pretexto de requerir «certeza jurídica» sobre el suelo para poder construir una techumbre en la cancha deportiva local. La interrogante que surge es inevitable: ¿por qué iniciar un proceso judicial de apropiación sin haber socializado previa y transparentemente el proyecto con la asamblea comunitaria?
La comunidad de San Agustín, amparada en su calidad de pueblo originario y en su derecho a la libre autonomía, evidenció que la administración operó a sus espaldas. No existió una asamblea de consulta ni una explicación formal sobre el alcance del juicio. Tuvo que ser la presión vecinal, enardecida por el temor legítimo a perder el control de su infraestructura hídrica, la que obligara al Gobierno Municipal a dar un paso atrás y prometer el desistimiento legal. Este patrón demuestra que, para la alcaldía, la consulta ciudadana no es un paso previo en la toma de decisiones, sino un trámite de contención al que acude únicamente cuando la protesta ya está en la calle.
El mito de la «mala información» y el teléfono descompuesto
Un punto recurrente en la narrativa institucional durante el encuentro fue la afirmación de que la ciudadanía actúa movida por «teléfonos descompuestos» o reportes erróneos. Sin embargo, fueron los propios vecinos quienes desarticularon este discurso al señalar que la desinformación nace en el propio Palacio Municipal.
El caso de la representación delegacional es ejemplar. El Ayuntamiento justificó su inacción en la falta de ratificación de renuncia del delegado saliente, a quien los propios pobladores acusan de haber gestionado obras a sus espaldas sin tomar en cuenta la voluntad comunitaria. Los ciudadanos cuestionaron con contundencia la lógica municipal: si el Gobierno sabe que existen mecanismos de autonomía indígena y que la asamblea determinó revocar al representante, ¿por qué esperar a que la tensión social desborde para coordinar la elección de una nueva representación?
La opacidad no es nueva en la relación con San Agustín. Durante la reunión, los vecinos sacaron a la luz antecedentes históricos que justifican su profunda desconfianza: la escrituración a favor del Municipio del terreno donde opera la Unidad de Rehabilitación del DIF desde 1997 (gestión de Alberto «Beto» Méndez). Ante el reclamo de que dicho espacio fue despojado del dominio comunitario sin consulta, la respuesta de la síndica Diana Arellano fue pedir tiempo para revisar los archivos históricos. La lección para los habitantes es clara: predio que el Municipio toca en silencio, predio que la comunidad pierde.
Seguridad y servicios: Compromisos al vapor al calor de la marcha
Si algo confirmó que al alcalde Gilberto Zárate «hay que hacerle manifestaciones para que se ponga las pilas», fue el desfile de compromisos inmediatos que asumió en cuanto los ciudadanos comenzaron a enlistar las carencias cotidianas de la zona:
-Inseguridad desbordada: Vecinos denunciaron que puntos estratégicos como el callejón de la calle 5 de Febrero, la intersección con 16 de Septiembre, la zona de las vías del tren y el puente peatonal de La Torrecita son focos rojos donde grupos de jóvenes consumen sustancias nocivas a plena luz del día, poniendo en riesgo a los estudiantes. ¿La respuesta del alcalde ante la queja formal en la mesa? Prometer atención patrullada «desde hoy mismo». Cabe preguntarse: si la policía municipal conocía estos puntos de riesgo, ¿por qué se requirió una protesta en la alcaldía para que se ordenara un patrullaje elemental?
-Deterioro de la infraestructura vial: La exigencia de bacheo y reparación en los caminos a Guadalupe, Soria, Netla, Delgado y los peligrosos hundimientos en la entrada del bordo de la mezquitera fue esquivada por la autoridad argumentando limitaciones presupuestales, competencias federales (caso del Ferrocarril) o la justificación de atender «obras fortuitas» colapsos imprevistos de drenaje que superan los 10 millones de pesos. Si bien la atención a emergencias sanitarias es prioritaria, la constante apelación a la falta de recursos contrasta con la falta de gestión preventiva.
-Falta de rigor técnico y gestión: Para justificar la lentitud en la atención de las solicitudes viales o de servicios, la autoridad exigió a los ciudadanos la entrega de escritos formalizados para «justificar el gasto». Resulta paradójico que el Municipio exija burocracia técnica a los vecinos para atender socavones o matorrales, pero proceda con celeridad judicial cuando se trata de entablar juicios sobre bienes comunitarios.
La autonomía indígena como contrapeso indispensable
El encuentro en Comonfort dejó al descubierto la fractura existente entre la administración municipal y las estructuras comunitarias originarias. Mientras el alcalde y la síndica intentaron matizar la protesta haciendo gala de la asignación del 50% complementario a los fondos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para obras de drenaje en la calle Jiménez, la comunidad dejó en claro que la dignidad y el respeto a la propiedad colectiva no están en venta ni se saldan con transferencias presupuestales.
La postura de los habitantes de San Agustín sienta un precedente fundamental para las 14 comunidades indígenas de Comonfort: la vigilancia ciudadana no es opcional. La retórica del «bien mayor» utilizada por el municipio para defender obras polémicas —como las descargas de drenaje que afectan el olor del río en las inmediaciones de Las Tropas y San Isidro La Luna— pierde toda legitimidad cuando se impone sin diálogo, sin estudios de impacto social transparentes y sin el consentimiento de los afectados.
El saldo de la jornada para el presidente municipal Gilberto Zárate Nieves es agridulce. Si bien logró desactivar un conflicto inminente firmando la promesa de desistimiento del juicio e instando a la elección de un nuevo delegado, la lectura política profunda es desfavorable para su gestión.
Comonfort no puede gobernarse bajo la dinámica del «bombero administrativo», acudiendo a apagar incendios solo cuando el humo llega a las puertas del Palacio Municipal. La ciudadanía de San Agustín demostró que la movilización organizada es, desafortunadamente, el único lenguaje que parece acelerar la agenda pública local. Si la administración municipal no cambia el rumbo hacia una política de transparencia proactiva, consulta previa y patrullaje preventivo permanente, las manifestaciones no serán la excepción en Comonfort, sino el único método ciudadano para lograr que las autoridades, efectivamente, se pongan a trabajar. #MetroNewsMx
-Al alcalde celayense se le olvidó la frase atribuida a Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz
-Juan Miguel Ramírez Sánchez confunde la naturaleza del pacto civil y arremete sin rigor legal contra el matrimonio eclesiástico.
-El mandatario evidencia su flaqueza discursiva cuandó imputó culpas de seguridad urbana a las autoridades eclesiásticas.
-Ramírez Sánchez, quien también se reconoce en favor del aborto, emite filípicas jacobinas desde estrados oficiales, vulnerando flagrantemente la neutralidad laica del Estado.
-Desatino histórico: el gobernante inventa un entorno de indigencia franciscana sobre Juárez que los archivos desmienten.
-Rigurosos datos notariales liquidan el mito de austeridad invocado por el edil: Juárez murió dejando una fortuna multifacética.
-El ejecutivo local quebranta la equidad de la Carta Magna al estigmatizar las convicciones íntimas de sus gobernados.
-Desplantes verbales del gobernante han propiciado un severo repudio en las plataformas digitales y minan su legitimidad.
-Mientras hostiliza a la fe, gobernantes de su propio cuño ideológico tejen alianzas institucionales de gran armonía con la Iglesia
-El gobernante incurre en contradicciones flagrantes en los medios, admitiendo ligerezas y desatinos en su retórica.
-Amnesia selectiva: el edil olvida que el nexo civil es un negocio bilateral jurídico que evade normar el lazo afectivo.
-La fiscalización ciudadana expone las continuas tergiversaciones y la impopularidad de una gestión municipal opaca.
-Amagos penales contra sacerdotes exhibieron desde diciembre de 2024 un talante intolerante que contraviene los tratados internacionales de Derechos Humanos
-Ofensivas discursivas desde tribunas públicas infringen la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y el debido laicismo.
-Falacias de tribuna: el edil ha difundido datos distorsionados sobre la Diócesis, fracturando de lleno la cohesión comunitaria
-Si Juan Miguel Ramírez Sánchez desea vivir en concubinato, amasiato o unión de convivencia, es su decisión, pero debe respetar el pensamiento de cada ciudadano en materia de religión y libertad.
El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aprovechó la palestra para lanzar mensajes jacobinos en contra del "alto clero" y cuestionar el matrimonio religioso, poniendo encima de este al "matrimonio civil" que desde sus orígenes en México no es propiamente matrimonio sino un contrato de sociedad conyugal, contrato de convivencia; pacto de unión civil institucionalizada o negocio jurídico familiar bilateral.
Es importante señalar, que a diferencia del matrimonio religioso, en el derecho civil mexicano contemporáneo y en la legislación histórica que da origen al mal llamado matrimonio civil -las Leyes de Reforma invocadas por el alcalde- las leyes no hablan del "amor", -que es lo que hace la gran diferencia con respecto al matrimonio religioso- de manera explícita o literal, ya que el amor es un sentimiento subjetivo que escapa a la regulación jurídica.
En esta ocasión, el alcalde celayense, quien goza de una impopularidad creciente entre los celayenses (https://www.metronewsmx.com/2026/04/juan-miguel-ramirez-por-decima-vez.html ) hecho que también ha sido señalado por su propio hermano, el columnista José Luis Ramírez Sánchez (https://www.metronewsmx.com/2026/02/autoridad-municipal-de-celaya-ha.html ), precisó en este aniversario luctuoso de Juárez que "hoy todavía tenemos personas que creen que el casamiento religioso es más importante. Imagínense, en los años de 1850, 70, 90 y principios del siglo XX, la inmensa mayoría creía que su relación iba a ser por la iglesia”, contextualizó
También "resaltó que la mayoría de la población sabe que el casamiento religioso no tiene cuestiones civiles, no apoya en demandas, y por lo tanto, el casamiento civil es lo importante".
“Tenemos que recobrar las fortalezas, por ejemplo, en este caso municipales, porque sabemos que cuando no se recupera, cuando sabemos que, si se las dejan a otros, como el caso donde vivió Don Benito Juárez, la iglesia, pero principalmente el alto clero, y los grandes capitales, determinan todo”, precisó".
Lo que se le olvidó muy convenientemente al alcalde proabortista de Celaya
En este evento, Ramírez Sánchez, -quien también se ha reconocido públicamente a favor del aborto (https://www.metronewsmx.com/2025/05/califican-de-promotor-de-asesinato-de.html )- manejó una retórica hostil en actos oficiales violando la neutralidad del estado. El uso de una tribuna pública -como la conmemoración de Benito Juárez- para descalificar al "alto clero", demeritar el matrimonio religioso frente al civil y evidenciar como de atrasadas las creencias de la población.
Un gobernante municipal representa a la totalidad de los habitantes, no solo a su facción ideológica. Al usar discursos oficiales para atacar las convicciones religiosas de la mayoría de sus gobernados, el alcalde rompe el principio de neutralidad laica. No está educando en el civismo; está utilizando la historia de forma facciosa para justificar una animadversión personal o política hacia la jerarquía eclesiástica. Esto divide a la sociedad y estigmatiza a un sector por su fe.
Al analizar el conjunto de la información sobre temas religiosos en lo que va de la administración municipal, se evidencia que la postura de la Diócesis y la comunidad católica de Celaya no es de confrontación activa, sino de resistencia e inmunidad institucional. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/no-somos-los-que-prenden-los-cohetes.html )
La Iglesia no está exigiendo el retorno a los fueros del siglo XIX ni busca cogobernar el municipio; lo que ha exigido es el respeto al Estado de Derecho contemporáneo (https://www.guanajuatodesconocido.com/2026/04/el-reinado-de-jesus-no-proviene-de-este.html ). Cuando un alcalde amenaza con prisión, intenta invadir esferas fiscales federales, restringe tradiciones identitarias y utiliza el aparato discursivo del Estado para denostar a una institución, la respuesta de la Iglesia y sus fieles se configura como una defensa legítima basada en las leyes del siglo XXI.
Por lo tanto, la evidencia contextual e institucional apunta a que las acciones de la alcaldía han cruzado la frontera de la laicidad respetuosa para adentrarse en un anticlericalismo reactivo, donde se instrumentalizan las estructuras locales para presionar a un actor social con el que no se comparte afinidad ideológica.
Si el alcalde de Celaya desea vivir en concubinato, amasiato, Pacto de Solidaridad, Enlace Conyugal, Sociedad o Unión de Convivencia, u otro concepto, esa es una decisión propia y que se respeta; pero manifestar desdén por la decisión de otros de buscar el matrimonio religioso y muy específicamente denostar el matrimonio religioso católico, rebasa los límites que un muy amplio sector de la población puede tolerar. El alcalde ya ha sido advertido que debe dejar de estar mintiendo a la gente de Celaya sobre la Diócesis de Celaya (https://www.metronewsmx.com/2026/02/el-alcalde-de-celaya-debe-dejar-de.html )
Que normas Constitucionales violó el alcalde de Celaya a través de este discurso
Al utilizar actos oficiales y tribunas públicas para demeritar, denostar o restar importancia al matrimonio religioso, un presidente municipal en México—como es el caso de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya—incurre en la violación de diversas normativas constitucionales, reglamentarias y de responsabilidades administrativas, entre ellas al principio de laicidad y neutralidad del Estado -Artículos 40 y 130 de la Constitución-. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la República es laica. El principio de laicidad obliga a las autoridades a mantener una estricta neutralidad frente a todas las convicciones religiosas y seculares. Cuando un alcalde utiliza su investidura en un evento público para calificar de "atrasadas" las creencias de la población o demeritar un rito específico -como el matrimonio católico-, viola esta neutralidad. El Estado no debe promover, pero tampoco denigrar ni combatir ninguna manifestación de fe.
La actitud jacobina del alcalde de Celaya incurrió en la transgresión a la Libertad de Convicciones Éticas, de Conciencia y de Religión plasmadas en el Artículo 24 Constitucional. Este artículo de la Carta Magna garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, lo que incluye el derecho a participar en sus ceremonias y devociones.
Este derecho implica que los ciudadanos no deben ser señalados, estigmatizados ni censurados por la autoridad debido a sus elecciones espirituales. Al manifestar desdén por quienes priorizan el matrimonio religioso, la autoridad ejerce una presión discursiva que vulnera el clima de respeto e igualdad que el artículo 24 protege.
El alcalde, quien públicamente ha reconocido decir tonterías (https://www.metronewsmx.com/2026/04/juan-miguel-ramirez-sanchez-el-alcalde.html ) incurrió en infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta ley reglamentaria federal regula de manera estricta las relaciones entre las autoridades civiles y las instituciones religiosas. En el Artículo 25 establece que las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas ni adoptarán posturas de hostilidad o favoritismo. Al usar eventos cívicos para polemizar con el "alto clero" o emitir juicios de valor sobre los sacramentos de la Iglesia, la autoridad municipal interfiere en la esfera del culto público de forma hostil, rebasando los límites que esta ley le impone a los servidores públicos.
También se dio la violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos en México están obligados a conducirse bajo principios estrictos de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad e integridad. Un alcalde representa a la totalidad de los habitantes de su municipio, no solo a una facción ideológica o partidista. Al utilizar los recursos del Estado -el estrado, el tiempo oficial y la difusión gubernamental- para atacar las convicciones de la mayoría de sus gobernados, el funcionario actúa con parcialidad y desvía la finalidad de la tribuna pública, lo que puede ser considerado una falta administrativa por no conducirse con el debido respeto a la ciudadanía.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protege el debate público severo, también ha delimitado que los funcionarios públicos no gozan de la misma libertad de expresión que un ciudadano común cuando hablan en su carácter de autoridad. El discurso oficial de un gobernante tiene el peso del aparato del Estado; por lo tanto, sus expresiones no pueden ser utilizadas para estigmatizar, discriminar o incitar al descrédito de grupos sociales o instituciones civiles y religiosas legítimas, ya que esto fractura el tejido social y viola el principio de equidad y paz pública.
También incurrió en violaciones a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos
Al analizar las declaraciones y conductas del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez bajo el marco del derecho internacional, el discurso oficial que descalifica las convicciones de los ciudadanos o estigmatiza a un sector por su fe choca directamente con los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Una autoridad pública, al emitir descalificaciones institucionales desde el poder, vulnera, de este tratado internacional, el Artículo 18, que habla de la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."
Este artículo protege el derecho de los fieles a otorgarle el valor espiritual y moral que decidan a sus ritos, como el matrimonio religioso. Cuando un gobernante utiliza la tribuna pública para manifestar desdén, tachar de atrasadas estas decisiones o denostar públicamente una institución eclesiástica, ejerce una presión institucional y una censura moral que vulnera el derecho a la libre observancia y práctica colectiva de la fe sin interferencias hostiles del Estado.
En cuanto al Artículo 2, que marca el Principio de No Discriminación e Igualdad: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole..." Un alcalde representa y debe garantizar los derechos de la totalidad de sus gobernados. Al usar discursos oficiales para atacar las convicciones de la mayoría católica de su municipio y marcar una división ideológica, la autoridad rompe el principio de igualdad. El discurso faccioso segmenta a la población entre ciudadanos con "creencias correctas o modernas" y ciudadanos con "creencias atrasadas", promoviendo un trato institucional desigual basado en criterios religiosos.
Siguiendo en el análisis de las palabras de Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien en alguna ocasión dijo que "a veces puedo decir una cosa que no quiero decir" (https://www.metronewsmx.com/2025/07/que-siempre-no-alcalde-de-celaya-no.html ) violó el Artículo 7 que habla del Derecho a la Igual Protección de la Ley contra la Provocación a la Discriminación. "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación." El uso sistemático del aparato discursivo del Estado para emitir declaraciones falsas, amagar con prisión a ministros de culto por actos de terceros, o ligar la fe a discursos de sospecha ("alto clero y grandes capitales"), no constituye un ejercicio de laicidad técnica. Al contrario, se configura como una provocación a la hostilidad y al descrédito social de un grupo específico. La DUDH obliga a los gobernantes a proteger a los ciudadanos de la intolerancia, no a generarla desde el poder.
Por último, el Artículo 12, que habla de la Protección al Honor y a la Reputación: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques." Las acusaciones públicas infundadas y las manipulaciones mediáticas dirigidas a denostar la reputación de la Diócesis, los sacerdotes y sus comunidades representan un ataque directo a la honra institucional de este sector. La investidura pública no otorga licencia para vulnerar el prestigio social de las organizaciones civiles o religiosas legítimas.
En el derecho internacional, los derechos humanos están diseñados principalmente para limitar el poder del Estado frente a los ciudadanos. Cuando una autoridad municipal rompe su deber de neutralidad y utiliza su posición para descalificar la fe o las instituciones que los ciudadanos eligen de manera voluntaria, transgrede el espíritu de convivencia armónica y libertad ideológica que la Declaración Universal busca salvaguardar.
Los antecedentes anticlericales del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez
En diciembre de 2024, a más de dos meses de haber tomado posesión, Ramírez Sánchez hace su primer mención sobre la Iglesia católica tras un accidente de un incendio en el parque Morelos, en un hecho en el que nada tuvo que ver ni feligresía católica ni sacerdotes. (https://www.metronewsmx.com/2024/12/tendriamos-que-meter-la-carcel-los.html )
Una festividad religiosa popular y las comisiones organizadoras de los barrios (muchas veces compuestas por laicos independientes del control directo del párroco) no operan bajo el mandato jurídico de la Iglesia Católica.
Ni tardo ni perezoso el alcalde responde: “Lo que pasa es que a veces yo no sé si por la premura del tiempo, por ejemplo, ya estoy bien presionado, me están esperando para la reunión del gabinete, a veces puedo decir una cosa que no quiero decir. Por ejemplo, yo lo que quiero decir es que nosotros no vamos a apresar a ningún sacerdote ni a ningún feligrés..." (https://www.metronewsmx.com/2025/07/que-siempre-no-alcalde-de-celaya-no.html )
Sin embargo, en enero de 2018, el alcalde usa los medios para mentir y de paso manipular un hecho, en franco ataque a la Diócesis de Celaya, tras una cena a la que fue invitado al templo de Tierras Negras, con la presencia del Obispo de celaya, Mons. víctor Alejandro Aguilar ledesma.Les declara a los medios una mentira de un supuesto hecho pirotécnico acaecido en la "casa parroquial", cuando el suceso fue en la calle y lanza una soberbia frase: "¿Cómo voy a pelear yo con ellos? La cuestión está en que es una cuestión de conciencia". (https://www.metronewsmx.com/2026/01/redaccion-editorial-el-alcalde-de.html )
En análisis del conjunto de la información, se evidencia que la actitud del alcalde es facciosa y anticlerical mientras que la postura de la Diócesis y la comunidad católica de Celaya no ha sido de confrontación activa, sino de resistencia e inmunidad institucional.
La postura de las autoridades eclesiásticas no ha sido, en base a la información disponible, de exigir el retorno a los fueros del siglo XIX ni busca cogobernar el municipio; lo que exige es el respeto al Estado de Derecho contemporáneo. Cuando un alcalde amenaza con prisión, intenta invadir esferas fiscales federales, restringe tradiciones identitarias y utiliza el aparato discursivo del Estado para denostar a una institución, la respuesta de la Iglesia y sus fieles se configura como una defensa legítima basada en las leyes del siglo XXI.
Por lo tanto, la evidencia contextual e institucional apunta a que las acciones de la alcaldía han cruzado la frontera de la laicidad respetuosa para adentrarse en un anticlericalismo reactivo, donde se instrumentalizan las estructuras locales para presionar a un actor social con el que no se comparte afinidad ideológica y quizá, emplearlo como medio de distracción para llamar la atención y aparecer en las portadas de los medios, en un tema que más que aplauso, incrementa el repudio abierto en las redes sociales para con él, a su gabinete y a todos los que le rodean.
La Iglesia Católica se situó legítimamente como la parte agredida porque la narrativa oficial pretendió trasladarle la obligación de ser el "árbitro o policía" de las conductas ciudadanas en las calles, una facultad que la ley le reserva de forma exclusiva al Ayuntamiento. Su discurso, lejos de resolver un problema técnico de protección civil, politizó la seguridad y usó la tribuna para amagar a un sector específico de la sociedad celayense.
Juárez ni pobre ni humilde: 14 años y medio como presidente de la república
Juárez ni murió pobre ni en la humildad franciscana. En la nota del medio local "el presidente municipal Juan Manuel Ramírez Sánchez evocó la humildad y modestia con que vivió, incluso, resaltó el espíritu de solidaridad de su gabinete que trabajaba a su lado sin cobrar salario alguno, sino por vocación de servició a la nación".
De entrada, Benito Juárez García ocupó la presidencia de la República Mexicana durante poco más de 14 años. Un primer periodo (interino y constitucional): Del 15 de enero de 1858 al 8 de mayo de 1861 (interino), y del 9 de mayo de 1861 al 30 de noviembre de 1865 (constitucional). Luego, un segundo periodo, del 1 de diciembre de 1865 al 30 de noviembre de 1867. Luego, un tercer periodo, del 1 de diciembre de 1867 al 30 de noviembre de 1871. y luego, un cuarto periodo, del 1 de diciembre de 1871 hasta su fallecimiento el 18 de julio de 1872. En total, sumando los periodos interino, constitucional y las reelecciones, Benito Juárez se mantuvo como presidente por 14 años, 6 meses y 3 días.
En el tema de la pobreza, es importante aclarar que esto es falso. (https://letraslibres.com/historia/juarez-no-era-austero/ ) Es un hecho histórico documentado que Benito Juárez García no murió en la pobreza extrema ni vivió sus últimos años en la austeridad franciscana que a menudo retrata la narrativa oficial. Si bien tuvo orígenes muy humildes y pasó periodos de carestía (como durante su exilio en Nueva Orleans), al momento de su fallecimiento en 1872, como presidente en funciones, poseía un patrimonio considerable para la época.
Esta información proviene de fuentes primarias, específicamente del inventario de bienes realizado tras su muerte para la repartición de la herencia entre sus hijos, dado que no dejó testamento. El encargado de este avalúo fue el notario Ángel Villela, y el documento original reposa en el Acervo Histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México.
El Patrimonio de Benito Juárez al Morir (1872). Según las investigaciones históricas que citan dicho inventario notarial (fechado en mayo de 1873), el total del patrimonio de Juárez se tasó en $151,233.81 pesos de la época. Para entender la magnitud, algunos historiadores han realizado conversiones para estimar su valor actual, calculando que equivaldría a aproximadamente $64 millones de pesos mexicanos contemporáneos (o unos $3.2 millones de dólares actuales).
A continuación, se detalla cómo estaba constituida esta fortuna:
-Propiedades Inmobiliarias ($95,366.62 pesos)
Representaba la mayor parte de su riqueza. El inventario registró varias casas, principalmente en la Ciudad de México y una en Oaxaca:
-Casa No. 4 en el Portal de Mercaderes (hoy Zócalo de la CDMX): Valuada en $29,827.67 pesos.
-Casa No. 3 en la calle de San Francisco (hoy Madero, CDMX): Valuada en $33,235.82 pesos.
-Casa No. 18 en la calle de Tiburcio (hoy República de Uruguay, CDMX): Valuada en $28,754.00 pesos.
-Casa en Oaxaca, calle del Coronel: Valuada en $3,566.46 pesos.
-Acciones y Minas ($4,770.00 pesos)
Como se señala en la pregunta, Juárez poseía inversiones en empresas clave de la época, incluyendo la infraestructura ferroviaria que su propio gobierno impulsó. El inventario menciona: El valor registrado para este rubro fue de $4,770 pesos. Es importante notar que aunque la línea completa México-Veracruz se inauguró meses después de su muerte, Juárez ya tenía participación financiera en la empresa concesionaria.
-Bienes Muebles y Otros ($51,097.19 pesos)
Esta categoría incluía:
-Efectivo y créditos a su favor: La mayor parte del remanente estaba en dinero líquido o deudas que le debían.
-Muebles y menaje de casa: Valuados en $4,153.25 pesos.
-Vehículo: Una calesa usada y un tronco de mulas (valuados en $500 pesos).
-Alhajas: Tasadas en $562.00 pesos.
-Libros: Su biblioteca personal se tasó en $922.53 pesos.
Lo que dijo en su cápsula de video de menos de dos minutos
Liliana García:
¿Sabías que una sola decisión del Ayuntamiento puede afectar el futuro de Comonfort? Hoy como ciudadana y con este gran amor que le tengo a nuestro municipio, no me quiero quedar callada. He seguido con atención lo que está sucediendo dentro del Ayuntamiento. Y más allá de las diferencias políticas, lo que me preocupa es el rumbo de nuestro municipio. Comonfort ha trabajado fuertemente para la consolidación como Pueblo Mágico, impulsar el turismo, promover nuestra gastronomía, apoyar a los artesanos y sobre todo buscar oportunidades para nuestra gente; estos esfuerzos no pueden detenerse.
Quiero invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el alcance de las decisiones que hoy se están tomando. Cuando se limitan las facultades para la firma de contratos y convenios existe el riesgo de que procesos administrativos puedan verse más lentos y que proyectos, programas y gestiones importantes para Comonfort puedan retrasarse. Por eso expreso mi respaldo al presidente municipal Gilberto Zárate, porque creo que hoy nuestro municipio necesita estabilidad, diálogo y liderazgo para continuar con las gestiones y oportunidades para nuestra gente. También hago un llamado a los y las integrantes del Ayuntamiento para que, por encima de cualquier diferencia política, pongamos primero a Comonfort. La ciudadanía espera acuerdos, trabajo y resultados, porque cuando Comonfort avanza, avanzamos todas y todos.
El análisis del hecho, lo que dijo las reacciones que provocó
La interacción en su cuenta en la cuenta personal -que a su vez es utilizada para promover las acciones de Turismo Municipal de Comonfort de la funcionaria- reveló un fenómeno de polarización digital que, lejos de consolidar su imagen como figura conciliadora, ha expuesto la fragilidad de su discurso y el desgaste de la administración pública a la que representa. La estrategia de la subdirectora de Turismo, quien esperaba quizá proyectar estabilidad y liderazgo, generó el efecto contrario.
-Desnudez política: En lugar de ser un espacio de apoyo unánime, su cuenta se convirtió en una espacio que dio oportunidad para que la ciudadanía cuestionara las prioridades de gasto (turismo vs. servicios básicos).
-Desprestigio por asociación: Al intentar defender al alcalde Gilberto Zárate, la funcionaria ha quedado expuesta a las críticas directas sobre la falta de transparencia, el autoritarismo percibido y el caos administrativo que se vive en el Cabildo.
-El "tiro por la culata": El post, en lugar de cerrar filas, permitió que voces críticas documentaran públicamente el descontento, evidenciando que el mensaje oficial ya no convence, sino que provoca rechazo.
El discurso de la funcionaria se basó en eufemismos
-Neutralización de la crisis: Al pedir "respeto" y hablar de "futuro", intenta minimizar la crisis institucional —la revocación de poderes al alcalde— como si fuera solo un problema de "diferencias políticas" y no un colapso de gobernabilidad.
El intento de la funcionaria por controlar la narrativa digital fracasó al exponer la incapacidad de la administración para gestionar una crisis que ya no es solo política, sino social. Lejos de fortalecer su imagen, el video y la posterior interacción han servido como un altavoz para las quejas contenidas de la población, demostrando que la ciudadanía percibe la "defensa de Comonfort" como una defensa de intereses particulares y familiares, no de bienestar común. La funcionaria ha quedado atrapada en su propio mensaje, confirmando que la opacidad administrativa ya no encuentra eco en una sociedad que exige resultados tangibles por encima de discursos institucionales.
El análisis del comportamiento de la funcionaria pública en cuestión, considerando el contexto de la Dirección de Turismo de Comonfort, permite identificar una serie de posibles faltas administrativas y éticas, agravadas por los antecedentes documentados de la administración municipal actual. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/gilberto-zarate-y-el-viaje-espana.html )
-Nepotismo y conflicto de interés: El hecho de que la subdirectora de Turismo sea hija del director de la misma área constituye un señalamiento directo de nepotismo, práctica prohibida por la normativa de responsabilidades administrativas. Esta relación jerárquica y familiar compromete la objetividad, la transparencia y la legalidad en la toma de decisiones dentro de la dependencia. (https://www.metronewsmx.com/2025/03/exhibe-prensa-estatal-gilberto-zarate.html )
-Uso indebido de recursos públicos (Imagen Institucional): El empleo de una cuenta personal de Facebook para difundir acciones de gobierno, -transmitiendo presuntamente desde las mismas oficinas de Turismo, si bien es una práctica común-, se vuelve irregular cuando se utiliza para validar o encubrir actuaciones que han sido cuestionadas por la prensa. Existe una línea delgada donde la comunicación oficial se convierte en propaganda personal o defensa de intereses particulares, lo cual contraviene los principios de austeridad y ética en el servicio público.
-Responsabilidad administrativa por omisión o acción: Si la funcionaria utiliza su plataforma para promover actos que están bajo escrutinio por posibles delitos —como la fragmentación de facturas reportada en eventos como la Feria de los Remedios—, podría incurrir en complicidad o en una falta grave por omisión al no denunciar o al validar procedimientos irregulares.
La situación de la funcionaria no es un hecho aislado, sino que se inserta en una narrativa de crisis administrativa documentada:
-Finanzas y Transparencia: La prensa ha reportado casos graves como la fragmentación de facturas para evadir procesos de licitación en eventos masivos (Feria de los Remedios) y contratos millonarios que han generado sospechas sobre el manejo de recursos públicos. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/contrato-de-45-mdp-morenista-sacude.html )
-Cuestionamientos Institucionales: La administración municipal ha enfrentado tensiones internas severas, evidenciadas por la reciente revocación de poderes al alcalde Gilberto Zárate por parte del Ayuntamiento, lo cual denota una falta de gobernabilidad y legalidad en el ejercicio del mando.
-Descontento Social: Los comentarios de la ciudadanía tras el primer informe de gobierno en 2025 reflejan una percepción negativa sobre la gestión, centrada en la falta de resultados, la opacidad y la persistencia de prácticas de nepotismo que la prensa estatal ha exhibido constantemente.
El uso de redes sociales por parte de servidores públicos para difundir su labor está sujeto a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que exige transparencia, honradez y legalidad. Al ser señalada por nepotismo y al formar parte de una estructura administrativa que ha sido cuestionada por irregularidades financieras -viajes, contratos, facturación-, la funcionaria se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad legal y ética.
El hecho de que la prensa haya documentado estos temas implica que cualquier comunicación emitida por funcionarios inmersos en dichos señalamientos es observada por la opinión pública como un intento de legitimación, lo cual, lejos de fortalecer su imagen, profundiza la crisis de confianza en la administración de Comonfort. #MetroNewsMx
El deporte en Celaya no solo padece la falta de infraestructura o presupuesto; padece, sobre todo, la metástasis del amiguismo y la simulación administrativa. Lo que ocurre en el Sistema de Cultura Física y Deporte (SIDEC) es el vivo retrato de una administración municipal que prioriza los compromisos de funcionarios, los trueques de pasillo y los caprichos políticos por encima del perfil técnico y profesional que la ciudadanía exige.
La fanpage Facebook "Fans de Serpientes y Escaleras" exhibió en su columna la situación de una persona que registra la cuenta con el nombre "Fer Alcocer" cuyo nombre coincide con el de una empleada de SIDEC que se supondría, en los horarios y fechas que se marcan ahí, debería estar atendiendo el área de Comunicación, pero a lo que verdaderamente se dedica -cobrando del erario municipal, es decir, de los impuestos de los celayenses- es a promover su changarro de prendas femeninas, labor propia de una "Nenis".
El desmantelamiento institucional no comenzó ayer. La salida obligada del exárbitro internacional FIFA, Germán Arredondo, operada directamente desde la oficina del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez (https://www.metronewsmx.com/2026/04/german-arredondo-el-que-pita-nunca-le.html ) para imponer al impreparado Xermán Vázquez Alba (https://www.metronewsmx.com/2026/04/rechazo-de-celayenses-xerman-vazquez.html ), dejó en claro la tónica de este gobierno: el mérito estorba, la obediencia ciega y el amiguismo se premian. Bajo esa misma lógica de desprecio por la profesionalización se entiende la crisis que hoy paraliza el área de Comunicación Social del organismo.
La ausencia forzada del titular oficial de la prensa institucional, provocada por un accidente, desnudó una penosa realidad: la dependencia quedó en manos de "Fer Alcocer". Con cero conocimientos en materia fotográfica, redacción, estrategia de medios o trato a la prensa, la encargada ha convertido la oficina pública en un búnker de apatía. El trabajo de difusión es invisible, inexistente. Sin embargo, el colmillo político y el instinto de supervivencia de Alcocer parecen estar mucho más desarrollados que sus capacidades de comunicación social.
Para subsanar su absoluta falta de oficio periodístico, la funcionaria habría desplegado una estrategia de relaciones públicas basada en el comercio informal y el cabildeo de guardarropa.
El rumor en los pasillos del poder es ensordecedor: cobijada bajo el manto protector de funcionarios directivos del Parque Xochipilli, Alcocer se desplazaría inmune -e impune- en la nómina. Pero el blindaje no termina ahí. Con una audacia digna de mejor causa, el rumor suma que estaría persuadiendo a dos integrantes del Cabildo con posibles descuentos preferenciales en prendas de vestir femeninas, un intercambio de favores que reduciría la alta responsabilidad de la comunicación gubernamental a un tianguis de influencias y rebajas de ropa en línea dentro del horario laboral.
Mientras la dependencia se muestra rebasada, y evidenciando una alarmante situación que raya en el descaro, además de generar situaciones para que no se puedan sacudir a la que llaman la presunta "Nenis Aviadora" y el lastre de las imposiciones, el SIDEC se hunde en la falta de difusión mediática. No se trata de un ataque a la institución deportiva, sino de una exigencia a la rendición de cuentas. Si para la encargada de comunicación resultaría más cómodo cobrar como "aviadora" y transmitir ventas en vivo de 8 a.m. a 4 p.m., el municipio debería liberarla de la carga burocrática para que emprenda de tiempo completo.
Celaya no está para subsidiar pasatiempos ni para tolerar que la nómina pública sea el fondo de inversión de las protecciones por diversos motivos de algún funcionario. #MetroNewsMx
-El 61.5% de los mexicanos se siente inseguro, revelan datos del INEGI; la crisis institucional frena cualquier avance real.
-Desaparecer policías locales es un atajo simplista que ignora la profunda complejidad del tejido delictivo en todo el país.
-Más de 500 policías asesinados entre finales de 2024 y 2026 exponen la vulnerabilidad extrema de las fuerzas municipales hoy.
-El mando único centralizado no garantiza seguridad; existe el riesgo de crear un monopolio de fuerza más difícil de auditar.
-Irapuato destaca negativamente con una percepción de inseguridad del 92.1%, superando drásticamente el promedio nacional hoy.
-David Saucedo advierte: las policías municipales no son una muralla, sino un blanco estratégico para el crimen organizado.
-La violencia en México ha derivado en actos de narcoterrorismo, buscando mandar mensajes públicos de control y dominio total.
-La seguridad requiere una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia, más allá de una simple reforma legal.
-El gobernador de Michoacán reactiva el debate sobre desaparecer policías municipales ante la infiltración del narco en la zona.
-Investigaciones confirman colusión de mandos policiales con el CJNG en diversos municipios michoacanos durante este año 2026.
La reciente discusión sobre la posible desaparición de las policías municipales en México ha sido reactivada principalmente por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en julio de 2026.
El planteamiento surge tras una serie de incidentes críticos de seguridad en municipios michoacanos -específicamente Zacapu, Coeneo y Ecuandureo-, donde investigaciones oficiales han señalado la presunta colusión de mandos y elementos policiales locales con grupos del crimen organizado, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Puntos clave del debate actual sobre desaparecer a las policías municipales
El gobernador Ramírez Bedolla ha sugerido que, ante la fuerza y despliegue territorial que posee actualmente la Guardia Nacional, sería "factible" que esta institución asumiera las funciones de policía nacional, eliminando las corporaciones municipales. El debate se intensificó tras el asesinato de cinco policías estatales en Nahuatzen en junio de 2026, evento por el cual fueron detenidos el director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu.
Este no es un tema nuevo en la agenda política mexicana; se trata de un debate recurrente que ha surgido en años anteriores, siendo uno de los casos más recordados el impulso que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto tras la crisis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, cuando se propuso la creación de "policías únicas" estatales. Aunque el tema ha vuelto a la mesa de discusión por la coyuntura en Michoacán, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, desde finales de 2024, ha mantenido una línea de trabajo enfocada en el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades policiales a nivel regional y local, en lugar de su extinción.
El debate pone de relieve la tensión persistente entre la necesidad de profesionalizar a las policías locales —que a menudo enfrentan carencias de equipamiento y capacitación— y la preocupación constante por su vulnerabilidad ante la infiltración delictiva.
La eliminación de los elementos policiacos de los municipios
La crisis de seguridad pública en México ha alcanzado niveles de fatiga institucional donde el debate sobre la desaparición de las policías municipales se presenta como un atajo simplista. Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al primer trimestre de 2026, revelan que el 61.5 % de la población adulta en áreas urbanas se siente insegura en su ciudad, una cifra que ilustra un fracaso sistémico. La tentación de eliminar el escalón municipal para centralizar el mando es, en el mejor de los casos, una ilusión de control que ignora la complejidad del tejido delictivo.
El debate sobre la eficacia policial se ha estancado en una dicotomía estéril entre el mando único y el modelo tradicional. Mientras se discute la desaparición de corporaciones locales, se omite que al menos 516 municipios en el país carecen de policía, y en aquellos donde sí existe, el déficit de equipamiento es dramático: solo el 32 % de los agentes posee chalecos antibalas y apenas el 24 % dispone de armas de fuego. La infiltración del crimen organizado no es una falla exclusiva de las policías municipales, sino una consecuencia de la debilidad del Estado en su conjunto para ofrecer condiciones mínimas de operación y vida a sus agentes, cuya mortalidad ha superado los 500 efectivos asesinados entre finales de 2024 y principios de 2026.
Sustituir la policía municipal por un mando centralizado, sin haber resuelto las fallas en el sistema de procuración de justicia y los controles de confianza, corre el riesgo de crear un monopolio de fuerza vulnerable a una infiltración mayor y más difícil de auditar. El problema no reside únicamente en el nivel administrativo del cuerpo de seguridad, sino en la ausencia de una doctrina policial profesional, programas de desarrollo humano y servicios de carrera sólidos que blinden a los elementos frente a las presiones predatorias del narcotráfico. La seguridad requiere más que una reestructuración orgánica; exige una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia.
¿Eliminar las corporaciones policiacas municipales erradicará la corrupción?
La idea de que desaparecer las policías municipales erradicará la corrupción es una falacia que ignora la naturaleza predatoria de los grupos criminales. Estos grupos, conscientes del impacto mediático y estratégico que generan, han convertido a las corporaciones locales en su primer objetivo de captura. Al poseer facultades de detención, sistemas de videovigilancia y armamento, el policía municipal, mal equipado y peor pagado, se convierte en un botín político para los cárteles. Sin embargo, trasladar estas facultades a un mando único o estatal no garantiza la inmunidad; solo traslada el epicentro de la corrupción a una escala donde, de ser corrompida la cabeza del mando, la vulnerabilidad del territorio se multiplica.
La evidencia internacional y las experiencias locales, como el caso de estados que han mantenido modelos tradicionales con éxito verificable, sugieren que la seguridad es un proceso de proximidad. En comunidades donde existe una policía con vocación comunitaria y una relación directa con el ciudadano, la incidencia delictiva encuentra mayores obstáculos. El problema actual es que el "municipio" ha sido abandonado a su suerte: sin recursos, sin equipo y sin respaldo institucional, lo que ha generado un vaciamiento de las instituciones formales.
Concluir que la solución definitiva es la eliminación del orden municipal es omitir que el Estado democrático requiere contrapesos. El desafío de México no es puramente logístico, sino profundamente institucional. La desaparición de las policías locales no vendría a ser una "solución final", sino una abdicación más de la responsabilidad democrática local en favor de una centralización que, hasta hoy, no ha demostrado ser más eficiente ni menos vulnerable a los intereses de quienes, en la sombra, intentan controlar la vida pública.
61% de los mexicanos se siente inseguro
El análisis que se presenta a continuación se basa estrictamente en el contenido de las páginas 1 a 9 del reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo de 2026, enfocado en el contexto de las ciudades del estado de Guanajuato y sus indicadores comparativos.
Análisis Situacional: Percepción de inseguridad en Guanajuato
El reporte de la ENSU, publicado el 24 de abril de 2026 con datos correspondientes al primer trimestre de 2026, ofrece una radiografía crítica de la percepción de inseguridad en las áreas urbanas del país. A nivel nacional, el 61.5 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante marzo de 2026, registrando una reducción estadísticamente significativa frente al 63.8 % reportado en diciembre de 2025.
Situación específica en Guanajuato: León, Guanajuato e Irapuato
En el estado de Guanajuato, las ciudades monitoreadas -que omiten, por razones desconocidas a Celaya y Salamanca- presentan disparidades significativas en su percepción de seguridad. Es fundamental destacar los siguientes datos:
-León: Muestra una percepción de inseguridad del 76.2 % en marzo de 2026, una cifra prácticamente estable comparada con el 76.0 % de diciembre de 2025. Al contrastar con marzo de 2025 (79.0 %), se observa una ligera tendencia a la baja, aunque sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa.
-Guanajuato (ciudad): Reportó un 73.1 % de percepción de inseguridad en marzo de 2026, aumentando respecto al 68.7 % de diciembre de 2025. En comparación anual, la cifra es superior al 71.2 % registrado en marzo de 2025.
-Irapuato: Destaca negativamente como una de las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad, alcanzando un 92.1 % en marzo de 2026. Este dato marca un incremento preocupante frente al 87.3 % de diciembre de 2025 y al 88.4 % de marzo de 2025, reafirmando una tendencia al alza en la percepción de riesgo por parte de sus habitantes.
Al analizar la posición de las ciudades guanajuatenses dentro del espectro nacional, Irapuato se sitúa entre las ciudades con la mayor percepción de inseguridad del país (92.1 %), superando a ciudades como Guadalajara (90.2 %). Esta cifra es drásticamente superior al promedio nacional de 61.5 %.
La disparidad es notable si se compara, por ejemplo, con San Pedro Garza García, que reportó apenas un 4.4 % de inseguridad, evidenciando las brechas de percepción según la ubicación geográfica y el contexto local de cada área urbana.
El diseño de la ENSU es probabilístico y de tres etapas, con una muestra de 27,300 viviendas a nivel nacional. Los datos revelan una brecha constante en la percepción según el sexo de los encuestados. En marzo de 2026, a nivel nacional, el 67.2 % de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, frente al 54.6 % de los hombres. Esta tendencia se mantiene constante en las mediciones desde 2023, donde la percepción femenina de inseguridad supera sistemáticamente a la masculina, reflejando una vulnerabilidad diferenciada ante el entorno urbano. Es de considerar también que en México los censos muestran mayor cantidad de mujeres que de hombres.
De acuerdo con el apartado de "Percepción de inseguridad por espacio físico específico", la población identifica claramente los lugares donde se siente más vulnerable. A nivel nacional, el orden de mayor inseguridad es el siguiente:
1. Cajeros automáticos en vía pública: 70.6 %.
2. Calle: 65.3 %.
3. Transporte público: 64.1 %.
4. Carretera: 60.1 %.
Las mujeres reportan niveles significativamente más altos de temor en todos estos espacios; por ejemplo, el 77.0 % de las mujeres se siente insegura en cajeros automáticos, en contraste con el 63.5 % de los hombres. En la calle, la cifra es de 70.7 % para mujeres frente a 58.7 % para hombres.
La expectativa social sobre la seguridad pública ofrece un ángulo sobre la confianza ciudadana hacia el futuro inmediato. En marzo de 2026, el 30.1 % de la población nacional consideró que la situación de inseguridad seguirá "igual de mal" en los próximos 12 meses, una disminución respecto al 33.7 % registrado en diciembre de 2025. Sin embargo, preocupa que un 27.1 % opine que la situación "empeorará", un aumento significativo frente al 25.6 % del trimestre previo. Este pesimismo estructural sobre las condiciones de seguridad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en la percepción actual, una parte sustancial de la ciudadanía no visualiza una mejora sustancial a corto plazo.
El estado de Guanajuato, representado por León, la capital y Irapuato, se mantiene bajo una presión persistente en cuanto a seguridad pública, destacando el caso de Irapuato como un foco de alta alerta social. Mientras que algunas áreas del país muestran reducciones estadísticamente significativas en su percepción de inseguridad, ciudades guanajuatenses enfrentan retos específicos donde la tendencia no ha sido favorable o se ha mantenido en niveles críticos. La combinación de una percepción de inseguridad por encima del promedio nacional y la vulnerabilidad reportada en espacios cotidianos como calles y cajeros, subraya la necesidad de revisar las políticas de prevención local y el impacto de las estrategias gubernamentales en la tranquilidad ciudadana.
Policías municipales no son una muralla para la delincuencia organizada: David Saucedo
El 25 de noviembre de 2024, en una entrevista realizada en CNN por Carmen Aristegui a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, se abordó la crisis de violencia en Tabasco y su conexión con un patrón nacional de disputa criminal. Saucedo señala que, aunque las autoridades han mostrado resistencia para reconocer la profundidad del conflicto, la violencia actual obedece a una guerra entre cárteles —específicamente células del Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa— por el control territorial y de los puntos de venta de drogas.
Carmen Aristegui Flores:
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha dicho que este brote de violencia registrado en Tabasco obedece a la disputa de dos grupos del crimen organizado que mantienen para controlar la venta de drogas, que tiene que ver con las adicciones, un tema que antes no teníamos en el estado. ¿Qué te dice esta declaración, David Saucedo?
David Saucedo Torres:
Está diciendo estamos sorprendidos porque esto no ocurría en Tabasco y es de reciente llegada a nuestra entidad, dice el gobernador. El consumo de drogas ilícitas en Tabasco más bien se incrementó desde hace cuando menos unos cinco o seis años aproximadamente, pero en efecto, la disputa criminal por el control de la plaza más bien es reciente, quizá tenga lo más dos años y medio aproximadamente. No es que no hubiera consumo de drogas en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Campeche, que son, habían sido estados que durante algún tiempo habían tenido periodos largos de paz y estabilidad, más bien había un solo grupo criminal que tenía el control de la actividad delictiva. Cuando llegan dos o más grupos a disputar la actividad criminal, se generan las guerras de cárteles. Ha habido una resistencia por parte de las autoridades estatales y federales para reconocer la existencia de grupos del crimen organizado, grupos de macrocriminalidad, sobre todo porque Tabasco es la capital sentimental de la 4T, es el estado del que es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que vemos en estas regiones del sureste son enfrentamientos entre las mafias locales, que son auténticas guerras civiles por el control de la actividad criminal, en donde están por un lado las células del Cártel Jalisco, las células locales, y en el caso de Tabasco lo que no comentó el gobernador en esta conferencia de prensa, fue que además están apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, eso no lo mencionó.
Carmen Aristegui Flores:
Efectivamente, y bueno pues, ¿hay alguna conexión, te pregunto, de lo que ocurrió en Tabasco este fin de semana con lo que ocurrió hace unos días en Querétaro, donde también personas armadas acribillaron a jóvenes que estaban en ese bar?
David Saucedo Torres:
Bueno, esto último lo veo posible pero improbable. Definitivamente hay un patrón de conducta, lo que vemos es que los grupos del crimen organizado utilizan los centros de sano esparcimiento, restaurantes, bares, cantinas, con el objeto de comercializar en ellos drogas ilícitas. Por supuesto que hay una disputa de los grupos del crimen organizado por el control de los puntos de venta y en este sentido, los puntos de venta se invierten también en escenarios de conflicto en donde los grupos del crimen organizado tratan de comercializar sus productos y erradicar la venta de drogas de la competencia. Por un lado, pero por el otro, los grupos criminales que son muy conscientes del daño que generan y el impacto mediático que producen con estas balaceras, están incurriendo de manera sistemática en la realización de actos de narcoterrorismo. Entiendo perfectamente la resistencia del Gobierno Federal a caracterizar estos eventos como de narcoterrorismo, porque tienen miedo de que se activen los mecanismos de intervención que hay en los Estados Unidos para enfrentar a los grupos del terrorismo internacional. Sin embargo, todos estos eventos no solo son con el objeto de calentar la plaza o de asesinar a un líder criminal o tratar de imponer la comercialización de drogas propias en un espacio en donde se venden drogas de la competencia, también tienen el objeto de mandar un mensaje muy público a las autoridades, a los comensales, para que resistan de estar en ciertos espacios públicos, sabiendo de que pueden ser blanco del crimen organizado. Estamos hablando de que una parte importante de la criminalidad en México en los últimos años se ha centrado básicamente en los municipios de México, hay una lista, no tengo el dato porque es un dato incluso que ni siquiera es único, hay varias versiones de cuántos presidentes municipales han sido asesinados o perseguidos o impedidos a seguir gobernando en los últimos, ¿Qué te gusta?, siete años, ocho años, tú me dirás.
Carmen Aristegui Flores:
Así es.
David Saucedo Torres:
Eso se deriva del esquema que tenemos en México, se copió el esquema de seguridad pública de los Estados Unidos, en donde los municipios tienen facultades en materia de seguridad pública. En América Latina la experiencia es diferente, hay ya sea policías regionales o incluso nacionales. Si lo entiendo bien, a la larga lo que se busca por parte del Gobierno Federal es conformar una única policía nacional, que en este caso sería la Guardia Nacional, que tendría atribuciones en materia de seguridad. Pero en tanto que los municipios tengan constitucionalmente estas facultades, cuentan con un estado de fuerza, directores de policía, patrullas, elementos armados, y se convierten no en una muralla que impida la labor del narcotráfico, sino en un objeto, en un blanco del crimen organizado, porque dependiendo del municipio, hay municipios que tienen cinco, diez, pero también hay municipios que tienen más de quinientos elementos de seguridad pública. Se convierten en un botín para los cárteles; las policías municipales, ya sean grandes o pequeñas, tienen facultades para realizar detenciones, cuentan con sistemas de videovigilancia, elementos armados, pueden hacer retenes, y estas facultades son muy valiosas para los integrantes del crimen organizado que quieren tener el dominio territorial de alguna región del estado que están invadiendo o del cual ya tienen un control desde hace tiempo. En mi opinión, lo que se tiene que hacer ya desde hace tiempo es retirarle a los municipios estas facultades de seguridad pública, porque es imposible tener corporaciones de seguridad con estas características que sean eficientes, eficaces, que puedan combatir al crimen organizado. Definitivamente no las tienen, habría que evolucionar a mandos únicos estatales o bien al mando único nacional que se intenta con la Guardia Nacional.
-Carlos Navarrete aseguró en 2023 que López Obrador es un hombre enfermo de poder que ha destruido los equilibrios de la Constitución.
-El exsenador advertía que no se quería una presidenta pelele que reciba instrucciones desde Chiapas tras terminar el sexenio.
-En 2026, al final las palabras del exsenador de la república se convirtieron en una profecía maldita
-Navarrete calificaba al régimen lopezobradorista como una larga noche de seis años que debía terminar mediante una votación masiva en 2024.
-El crimen organizado manda en Chiapas por encima del gobernador y los zapatistas según denunció Navarrete Ruiz en 2023.
La trayectoria política de Carlos Navarrete, desde sus reflexiones en la entrevista con Eugenio Amézquita en diciembre de 2023 -publicada por Metro News en marzo de 2024- hasta su reciente y demoledor análisis con Carmen Aristegui en julio de 2026, no representa una simple evolución de opinión, sino la crónica documentada del colapso de un proyecto político que prometió transformación y entregó una crisis estructural.
El círculo vicioso: Del engaño al pacto de impunidad
En 2023, Navarrete advertía sobre un Andrés Manuel López Obrador "enfermo de poder" y la urgencia de evitar una "presidencia pelele". Hoy, la realidad ha superado esa advertencia: el país no solo enfrenta la sombra de un maximato, sino la metástasis de un régimen que normalizó el uso de recursos ilícitos —el huachicol fiscal y criminal— como aceite de su maquinaria electoral.
La conexión entre ambas intervenciones es ineludible: lo que Navarrete calificaba hace dos años como una "enfermedad de poder" se ha consolidado en 2026 como una red transnacional de intereses. La acusación directa contra Mario Delgado, actual secretario de Educación, de haber operado el trasiego de dinero criminal hacia campañas estatales, confirma la tesis de que la "transformación" no buscaba reformar el Estado, sino capturarlo a través de un pacto de impunidad que protege a los operadores del pasado para sostener el control del presente.
La parálisis ante el abismo
El análisis comparativo es desolador. Mientras que el general Lázaro Cárdenas entendió en 1936 que la soberanía del mandato presidencial exigía el exilio político de su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra atada a un cordón umbilical que le impide ejercer la autoridad mínima necesaria para frenar el desfalco nacional.
La negativa del gabinete actual a debatir el desfalco de 80 millones de barriles de petróleo, exhibido con rigor técnico por el Dr. Francisco Barnés de Castro, es la prueba de que el gobierno no busca la verdad, sino la ocultación.
Navarrete subraya con crudeza que la pasividad ante la presión de Estados Unidos —que ya tiene los expedientes financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el trasiego de combustibles— no es una postura de dignidad soberana, sino una negligencia que expone al territorio nacional a una intervención de facto.
México, un país en estado de choque
La radiografía es clara: el gobierno ha renunciado a la rendición de cuentas para proteger un "pacto de impunidad" que involucra desde el control de las aduanas y el trasiego de hidrocarburos, hasta la estructura misma de la Secretaría de Educación Pública.
Lo que en 2024 Navarrete temía como una posibilidad —la pérdida del equilibrio constitucional— es hoy la realidad cotidiana. La "larga noche" de la que hablaba hace dos años no solo no ha terminado, sino que se ha oscurecido con la sombra de una intervención extranjera que, de concretarse, no será producto de la casualidad, sino del vacío de poder y la complicidad de quienes, teniendo en sus manos las riendas del Estado, decidieron subordinar la nación a la protección de sus propios operadores.
México no solo está "agarrado con alfileres", como decía Navarrete; hoy, ante la parálisis de una presidencia que no logra gobernarse a sí misma, el país se desliza peligrosamente hacia una crisis de soberanía cuyas consecuencias apenas estamos empezando a dimensionar.
La transcripción de la entrevista a Carlos Navarrete por el periodista Eugenio Amézquita Velasco, en diciembre de 2023
Eugenio Amézquita Velasco:
Carlos, estamos a unos meses, menos de un año creo, de elecciones aquí en México, y algunos mexicanos se sienten atemorizados; tienen miedo de que volvamos a seis años de lo mismo con una imposición que parece acabar con lo que tú dijiste: un esfuerzo de décadas de grupos de oposición para lograr un México mejor. ¿Qué hay que hacer para que no se nos vuelva a repetir este tipo de situaciones? ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? ¿Qué tiene que ser México?
Carlos Navarrete Ruiz:
Mira, Eugenio, hace rato, antes de la entrevista, platicábamos tú y yo que hace ocho años dejé la actividad partidaria. Organicé mi despacho, empecé a trabajar con el sector privado y he hecho muchas cosas en estos ocho años. Había pensado no regresar a la actividad política; la partidaria la tengo cancelada, ya no tengo ningún deseo de participar con ningún partido político y he declinado amablemente todas las invitaciones que me han hecho diciendo: "Yo ya fui, yo ya ejercí responsabilidades, ya di lo mejor de mí, le di 40 años de mi vida a la actividad política y partidaria".
Creo que es momento de que otras generaciones irrumpan en esto. Pero viendo lo que está pasando en estos últimos cinco años —por cierto, del 2015 al 2018 yo trabajé en mi despacho, no participé en política ni en la campaña del 2018—, no tenía esperanzas de que las cosas mejoraran con la llegada de López Obrador a la presidencia, pero visto lo que ha pasado en el país con este gobierno, me he sentido en la obligación moral, personal, de conciencia, de que, de alguna manera, si yo ayudé a que Andrés Manuel fuera presidente, ayudé a construirlo...
Eugenio Amézquita Velasco:
Entonces, estás reconociendo que tú también, al igual que muchos, eres uno de los que engañó.
Carlos Navarrete Ruiz:
No lo considero un engaño, porque no me prometió algo que me haya incumplido; simplemente cambió y afloró el verdadero López Obrador, el que no conocíamos. El que yo conocí no era este; el que yo conocí escuchaba, rectificaba, trabajaba, no permitía actos de corrupción. Este hombre es otro, es un hombre enfermo de poder y que hace daño, incluso sin proponerse, pero hace daño. Y el mayor daño es la destrucción de los equilibrios constitucionales en México. Hay tres poderes: el Poder Ejecutivo, que es el presidente; el Poder Legislativo, que son las dos cámaras; y el Poder Judicial, que representa la Suprema Corte. Esos tres poderes se equilibran entre sí, y cuando el Ejecutivo se extralimita, el Congreso y la Corte lo limitan para que no se vaya más allá de lo que dice la Constitución. Este hombre no respeta ni la Constitución, ni al Poder Judicial, ni al Congreso, ni las leyes, ni nada; es como dice el corrido de José Alfredo Jiménez: "hijo de mucho poder, acostumbrado a mandar". Ese es Andrés.
Eugenio Amézquita Velasco:
Regresamos, entonces, al qué hacer. ¿Qué hacemos?
Carlos Navarrete Ruiz:
Impedir que la concentración de poder siga acumulándose en una sola persona, recuperar una presidencia de la República equilibrada, que gobierne para todos, que dialogue con todos y que convoque a todos a sacar adelante al país. No nada más a los que lo apoyaron; a todos, porque todos somos necesarios.
Segundo: disputar la presidencia de la República, porque hay mucho voto inconforme que no se expresa ni en las encuestas, ni en las calles, ni en ninguna otra forma, pero que está preocupada por el país porque ve el sistema de salud destruido, porque ve el autoritarismo del presidente, porque perdió familia por el sistema de salud deficiente, porque sale a la calle con la preocupación de que no le va a tocar una balacera y quede muerto ahí, o que sus hijos no regresen en la noche después de ir a la disco. Hay muchas familias que dicen: "No estamos bien". Este hombre está enloquecido, enloquecido políticamente por esta enfermedad de poder, y esa se va a expresar en las urnas.
Pero hay que darles un motivo, hay que darles una candidatura; por eso he decidido participar en la campaña presidencial del 2024 apoyando a Xóchitl, para que Xóchitl encabece un gobierno plural, diverso, de unidad nacional, que convoque a todos los sectores; que siga atendiendo a los pobres, sí, pero sin condicionar los apoyos; que siga habiendo libertades, que siga el sistema constitucional de equilibrio de poderes y que convoque a todos a meter el hombro para que saquemos al país adelante. Porque el país no va bien, está agarrado con alfileres; lo estamos sintiendo y resintiendo todos.
Y que termine esta larga noche de seis años de López Obrador; muchos lo recordarán bien, muchos lo recordaremos mal, pero que termine. Que no haya maximato, que no haya poder tras el trono, que no haya quien esté en Palacio Nacional despachando y que quien esté mandando, esté en Chiapas mandando instrucciones. No queremos una presidenta pelele.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Quién manda en Chiapas ahorita?
Carlos Navarrete Ruiz:
Empieza a mandar el crimen organizado, por encima de los zapatistas y por encima del gobernador. Están diciendo los zapatistas que el crimen organizado está tomando territorios chiapanecos para controlar la migración, el gran negocio de la migración. Por lo tanto, en el terreno nacional, Eugenio, participar: quienes son militantes de los partidos, que lo hagan con su partido respectivo; quienes no estamos en los partidos, desde la sociedad civil, que voten, pero que participen. Primero, como puedan hacerlo, y que voten el día de la elección.
A fuerza de votos se puede derrotar toda la estrategia gubernamental. Aunque parezca invencible, es derrotable con el 70 por ciento de la gente en las urnas en 2024. No va a bastar todo lo que tienen ellos, ni recursos, ni aliados, ni presiones, para detener la avalancha de votos que haga una transformación, pero que no sea una transformación ni de un partido, ni de una mujer, ni de una sola persona, sino del conjunto de la sociedad.
Eugenio Amézquita Velasco:
Ya nos dieron el remedio y el trapito. Creo que tú más o menos estás diciendo, como dicen en las posadas: "tu tiempo se acabó". Se acabó, seis años y se acabó. Eso debemos lograr. Me despido con Carlos Navarrete Ruiz.
-En Celaya, "observé el derroche que había y conozco los personajes locales vinculados a este trasiego de recursos y la relación con Mario Delgado como presidente nacional de Morena y la vinculación con personajes que ahora están en la mira de la investigación norteamericana"
-Carlos Navarrete revelaría: ¿Mario Delgado, actual titular de la SEP, habría operado el financiamiento ilícito en campañas de 2021 en Guanajuato?
-"Presidencia bicéfala”: Navarrete compara el gobierno de Sheinbaum con el Maximato; asegura que el expresidente la frena.
-EE. UU. perfila golpe al gobierno de Sheinbaum: Navarrete advierte que trasiego de huachicol detonará crisis inevitable.
-Escándalo en Pemex: Desaparecen 80 millones de barriles. Gobierno se niega a rendir cuentas ante cifras oficiales de desfalco.
-Navarrete acusa un “pacto de impunidad” en Morena: Protegen a operadores clave pese a señalamientos directos de Estados Unidos.
-El huachicol, un negocio multinacional: Cartel Jalisco y funcionarios involucrados en trasiego de 7,000 mdd, revela el Tesoro.
-¿Señales de intervención? Navarrete no descarta extracciones forzadas de personajes ligados al narco por parte de agencias de EE. UU.
-La 4T, atrapada: Navarrete afirma que funcionarios y legisladores viven bajo una “psicosis” ante el alud de información de EE. UU.
-AMLO cruzó la “línea maldita”: Según Navarrete, el expresidente permitió el saqueo de Pemex a cambio de impunidad política.
-Sheinbaum, rehén de su gabinete: La presidenta no logra romper con los operadores de la corrupción heredada por López Obrador.
La reciente radiografía política trazada por Carlos Navarrete, exlíder del PRD y del Senado, no constituye una simple opinión coyuntural, sino el diagnóstico de una metástasis institucional que amenaza con desmantelar los cimientos del Estado mexicano. El documento del Departamento del Tesoro, que señala la existencia de 7,000 millones de dólares en actividades sospechosas vinculadas al trasiego ilícito de combustible —el llamado huachicol—, es la punta de un iceberg que involucra a cárteles, figuras del gabinete actual y la complicidad de un sistema que, bajo la máscara de la “transformación”, ha normalizado la delincuencia como método de financiamiento político.
El Maximato del siglo XXI: La parálisis de Sheinbaum
Navarrete establece una analogía histórica tan inevitable como dolorosa: el Maximato. Al comparar la actual administración con la era de Plutarco Elías Calles, la conclusión es tajante: la presidenta Claudia Sheinbaum padece una presidencia bicéfala. Mientras que el general Lázaro Cárdenas logró, mediante una estrategia de ruptura institucional y consolidación de poder, desterrar la sombra de Calles para instaurar su propio mandato, Sheinbaum se muestra cautiva.
En el actual escenario político mexicano, diversos analistas han trazado paralelismos históricos entre la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el periodo del Maximato de la década de 1930. Esta comparación pone de relieve diferencias fundamentales en el ejercicio del poder y la consolidación de la autonomía presidencial.
En el caso del general Lázaro Cárdenas, su administración en 1936 se distinguió por una ruptura total con la figura del "Jefe Máximo", Plutarco Elías Calles. Esta transición incluyó una purga sistemática de los elementos callistas dentro del gabinete, lo que permitió a Cárdenas consolidar las bases del presidencialismo moderno. En contraste, la actual administración de Claudia Sheinbaum mantiene una continuidad umbilical con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado una estructura de mando que, según observadores, opera con una dualidad de influencias.
Mientras que Cárdenas logró asegurar el control absoluto sobre las decisiones del Estado mediante el desmantelamiento de las redes de poder anteriores, la presidenta Sheinbaum enfrenta un panorama distinto al mantener en posiciones clave a figuras vinculadas con la administración anterior, entre las que destacan el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y Manuel Bartlett. Esta permanencia de funcionarios, a pesar de diversos señalamientos y críticas públicas, es interpretada por críticos como una forma de protección institucional.
Como resultado de esta dinámica, la administración actual enfrenta retos significativos derivados tanto de presiones externas, como los informes financieros provenientes de Estados Unidos, como de tensiones internas en el partido gobernante. La diferencia de estrategias entre ambas épocas es marcada: mientras que Cárdenas logró estabilizar su mandato a través de la singularidad del mando, la actual administración muestra, según las evaluaciones, una parálisis ante las presiones que condicionan su capacidad de acción y toma de decisiones.
Cárdenas resultó, en retrospectiva, un estratega más astuto, capaz de leer que la supervivencia del régimen dependía de la singularidad del mando. La actual presidenta, en cambio, parece atrapada en una dialéctica de avance y retroceso, ejemplificada por su gestión ante la CNTE y su incapacidad para desvincularse de la herencia maldita del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Los operadores en la sombra: La observación que evidencia a Mario Delgado
La crítica de Navarrete adquiere un tono fuerte en lo que señalaría directamente a Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, como el operador principal del trasiego de recursos ilícitos hacia campañas electorales. El testimonio de Navarrete —basado en la observación directa durante las elecciones de 2021 en Guanajuato— sugiere una red de corrupción sistémica donde el dinero criminal no solo fluye, sino que es administrado por la alta burocracia partidista.
-La complacencia institucional: Se documenta el derroche de recursos en campañas bajo la mirada omisa del INE.
-El vínculo con el crimen: La relación entre la dirigencia nacional de Morena y personajes bajo la lupa de la justicia estadounidense.
-La impunidad vigente: La permanencia de figuras señaladas en cargos públicos, lo que Navarrete interpreta como un "pacto de impunidad".
El abismo energético: Los 80 millones de barriles fantasma
La profundidad de esta crisis se completa con los hallazgos del Dr. Francisco Barnés de Castro. La desaparición de 80 millones de barriles de petróleo, registrados en informes financieros oficiales pero ausentes de la realidad logística de Pemex, revela un desfalco a la nación que supera cualquier análisis simplista. La negativa del gobierno a debatir estas cifras —descalificando al medio y al especialista como "mentirosos"— es la prueba definitiva de una administración que ha renunciado a la rendición de cuentas.
Se está ante un escenario donde la soberanía nacional es sacrificada en el altar de la protección de intereses faccionales. La advertencia de Navarrete es clara: Estados Unidos posee la información para detonar una crisis política de magnitudes impredecibles. Si la presidenta Sheinbaum no toma la decisión de Estado de romper con el pacto de impunidad, la historia será implacable. La omisión, el "dejar pasar" y el silencio no son estrategias de gobernanza, son los precursores de una intervención que, de ocurrir, no será producto de la "grosería" extranjera, sino de la propia negligencia y complicidad de un régimen que prefirió proteger a sus operadores antes que defender el territorio nacional.
La transcripción de la entrevista Carlos Navarrete con Carmen Aristegui
Carmen Aristegui:
Carlos Navarrete, expresidente del PRD y expresidente del Senado de la República, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. Hemos escuchado al Dr. Buscaglia en su análisis puntual del documento del Departamento del Tesoro, que ha sido motivo de análisis, discusión y polémica, y la respuesta que ha dado el régimen para desestimar los señalamientos sobre alertas financieras en relación con nueve empresas y dos ciudadanos mexicanos. Me detengo en su señalamiento respecto al financiamiento con dinero ilegal de campañas políticas y medios de comunicación, sin decir quiénes ni cómo. ¿Qué te dice todo esto? Decía yo hace un momento que tú eres un político que ha sido muy directo al exponer públicamente prácticas de las cuales tú formaste parte como expresidente del PRD. ¿Qué valoración haces del asunto?
Carlos Navarrete:
Mira, Carmen, estamos frente a una realidad brutal que le está estallando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cara. Estamos frente a las consecuencias de una herencia maldita del sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que la presidenta tiene en sus manos, entre la espada y la pared, sin poder resolver el tema que se le viene encima. Esta información de Estados Unidos va hilando puntada a puntada elementos e indicios que en México son de sobra conocidos tanto en la oposición como dentro del gobierno. Tengo la absoluta seguridad de que dentro del gobierno hay funcionarios, militantes de Morena y legisladores que están perfectamente conscientes de que lo que viene es una situación que nadie podía imaginar hace unos años. Las prácticas que Andrés Manuel impulsó, permitió y cobijó durante su gobierno están ahora a la luz pública y le están provocando una consecuencia terrible para el país y una situación muy complicada para la presidenta.
Carmen Aristegui:
¿Qué escenarios ves? Se ve el panorama complicado, pero ¿qué escenarios estás viendo en general y respecto a la respuesta de la presidenta que hoy conocemos, pero que eventualmente puede variar?
Carlos Navarrete:
Empiezo por esto último. Veo, y lo lamento muchísimo como mexicano, una presidencia bicéfala. Hace poco platicaba con amigos cuánto había tardado el general Cárdenas en deshacerse del maximato callista. Guardadas las proporciones históricas, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha tenido condiciones de construir su propia fortaleza en las cámaras del Congreso, con los gobernadores, en Morena ni en el gabinete. Pasan los meses y la presidenta sigue atrapada en decisiones que a veces intenta tomar, pero que las condiciones políticas y la presencia del expresidente la frenan permanentemente.
Pero el tema que Buscaglia analizó tiene que ver con la presión norteamericana. Debo decirte, Carmen, que a mí no me gusta la injerencia norteamericana en México. No soy de los que aplauden las actuaciones de Trump ni le prendo veladoras al gobierno norteamericano. Conozco la historia y sé lo que ha sucedido cuando intervienen en México; me niego a aceptar que cualquier cambio pueda derivarse de una intromisión grosera, abrupta y brutal del gobierno norteamericano.
Pero tampoco puedo ignorar que las presiones se derivan de información precisa que tienen ahora más que nunca. Los norteamericanos están armando un paquete informativo de tales proporciones que lo van a detonar poco a poco, o de manera brutal, cuando les convenga. Sin duda alguna, creo que la presidenta está en una situación tan complicada que tendrá que llegar el momento, no sé cuándo, en que tenga que tomar una decisión: o defiende al país, o defiende su gobierno, o protege en este pacto de impunidad a quienes ella sabe perfectamente que están en su gabinete, en las cámaras del Congreso y en su movimiento. Espero, optimista que soy, que tarde o temprano la presidenta lo hará.
Carmen Aristegui:
¿Una intervención que no puede frenar es lo que dijiste y que ella en algún punto tendrá que hacer qué?
Carlos Navarrete:
Mira, hago un poco de historia reciente. La intervención norteamericana en México es una historia larga. No dudo absolutamente ni un momento que una intervención para extraer personajes señalados por la justicia norteamericana es totalmente posible. No la deseo, sería muy grave, pero a eso expone al país la presidenta al no tomar decisiones. ¿Qué está esperando para acordar con Estados Unidos la entrega de los que faltan? ¿Qué tamaño es la presión que tiene encima para que no tome esta decisión que en cualquier momento cualquier presidente debiera tomar? Si no ocurre, no descarto que en cualquier noche te despiertes y amanezcas con la noticia de que hubo una extracción de los implicados. No creo que sea inviable, es capaz de eso y más.
Carmen Aristegui:
Supongamos, Carlos Navarrete, que una cosa así suceda. ¿Tú crees que haga eso con México, con su socio?
Carlos Navarrete:
Sí. Y la respuesta la adelanto: ¿Qué haría el gobierno de México además de protestar y mandar una nota diplomática? Ya lo ha hecho Estados Unidos en el pasado, lo sabes tú y lo sé yo. ¿Te acuerdas de Álvarez Machain en Jalisco? Lo sacaron. En mayo, ¿qué ocurrió? Se la pasó Andrés Manuel dos años diciendo que querían que les informen, y terminó su sexenio y Estados Unidos no le informó nada. Con ese antecedente, insisto, estoy preocupado porque no descarto que en los próximos meses decidan dar un paso muy peligroso para nuestro país. No eximo a la presidenta y a su gobierno de la responsabilidad de que puedan terminar siendo corresponsables de una acción de esa naturaleza por no tomar una decisión de Estado en protección del territorio mexicano y de la nacionalidad.
Carmen Aristegui:
Ricardo Monreal, legislador de Morena, sobre el tema dijo que es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral, utilice a México con señalamientos de este tipo y que deben presentarse las pruebas. Carlos Navarrete, ¿qué dices?
Carlos Navarrete:
Ricardo Monreal sabe muy bien, se lo puedo decir aquí en tu programa, que él es de los hombres más informados en el Congreso Mexicano. Este discurso que da ahorita es un discurso que se apega al de la presidenta, pero él sabe perfectamente que es totalmente posible una acción norteamericana y minimizarlo no es la mejor solución. Públicamente lo minimizan, pero todos los elementos que se están configurando muestran que están preparando una decisión drástica para México. Quien está propiciando que eso ocurra es quien minimiza el tema y dice que no pasa nada. Eso no arregla nada, lo empeoran. Ya se venció el plazo para la extradición. ¿Qué están esperando? Solo me lo explico porque las presiones del sector muy leal a Andrés Manuel en el movimiento de la 4T, en el Congreso y los gobernadores, es muy fuerte. La presidenta sigue dudando; a veces la veo dando un pequeño paso hacia adelante y al otro día regresando a la posición original.
Carmen Aristegui:
Carlos Navarrete, déjame recuperar algunos fragmentos del documento del Departamento del Tesoro. Se ha planteado de parte de la presidenta y de Monreal el tema de las pruebas. ¿Qué elementos tiene el Departamento del Tesoro para afirmar cosas que son gravísimas para el sistema político mexicano? Me quiero detener en puntos como que, en los últimos dos años, la OFAC ha tomado una serie de medidas dirigidas a la participación de los cárteles en la práctica ilícita del huachicol. El tema del huachicol es un asunto de las dimensiones más grandes de corrupción en México. El tesoro detalla 7,000 millones de dólares en actividad sospechosa enviada principalmente entre Estados Unidos y México, involucrando a cárteles como el Jalisco Nueva Generación. ¿Qué piensas de esto?
Carlos Navarrete:
Déjame partir de un punto de referencia: 2017, Convención de los Banqueros en Acapulco. El precandidato Andrés Manuel López Obrador lanzó la propuesta de la amnistía a las bandas delincuenciales. Después, en algún momento de su sexenio, no sé quién diablos lo convenció, aceptó pasar la línea maldita, esa que todos los políticos sabemos que no tiene retorno. Él la traspasó y permitió un esquema de proporciones inconmensurables.
7,000 millones de dólares de trasiego de combustible en la frontera requieren una operación de gobierno muy grande. No son pipas, son barcos cargados; interviene el SAT, aduanas, la Guardia Nacional, el ejército, gobernadores y mucha gente para que eso ocurra. ¿Cómo es posible que se haya distribuido y vendido ilegalmente ese combustible sin pagar impuestos y extrayendo recursos? Andrés sabía, lo permitió, no lo frenó, y hoy están las consecuencias. Esto tiene muy nerviosos a muchos integrantes del gobierno. Todavía cuento con la amistad de algunos viejos camaradas y funcionarios, y los observo estresados con enorme preocupación. La pregunta que surge entre ellos es por qué la presidenta no toma la decisión. Hay una psicosis en el gobierno de que el golpe sea una catástrofe. Lo que acabas de leer es un apretón de tuercas más de este fenómeno que va a explotar en las manos de la presidenta si no toma medidas a tiempo.
Carmen Aristegui:
Es sumamente grave. Quisiera agregar un elemento que hemos mostrado con el Dr. Francisco Barnés de Castro: 80 millones de barriles que han desaparecido, registrados como producidos en informes financieros de Pemex y Energía, pero sin registro de qué pasó con ellos. Ante el huachicol y el modus operandi del que habla el tesoro, ¿quién tiene Pemex, quién tiene energía? El gobierno mismo. Hemos invitado al gobierno a debatir y explicar estas cifras, pero en vez de eso, desacreditan a los medios. ¿Qué me dices de esta negativa a rendir cuentas?
Carlos Navarrete:
Todos los voceros del gobierno, empezando por la presidenta, se niegan a dar la menor credibilidad a datos duros porque saben lo que está detrás. No se atreven a confrontar a los críticos porque saben que no tienen argumentos. Hace rato dije que no me imaginaba quién podía haber convencido al presidente López Obrador de permitir este saqueo, pero ahora recuerdo que hay un personaje en el gabinete que era el dirigente de Morena, y hay indicios y documentos norteamericanos que lo ubican como uno de los operadores, si no es que el operador principal, del trasiego de estos recursos ilícitos a las campañas electorales: Mario Delgado, el actual secretario de Educación Pública. Operó, impulsó y entregó recursos a candidatos a gobernador en diversas entidades, y sin embargo, por razones absolutamente increíbles, se mantiene en el gobierno, como otros, como Manuel Bartlett, protegido por el gobierno frente a señalamientos, como si calcularan que esto es un tema pasajero.
Carmen Aristegui:
Perdón que te interrumpa, ¿por qué puedes afirmar tan categóricamente una situación tan grave como esta adjudicándosela a un secretario de Estado? ¿Con qué elementos?
Carlos Navarrete:
A ver, pruebas documentales no tengo porque no tuve acceso a esos movimientos. Solamente te digo que en las campañas electorales del 21 hubo un derroche de proporciones mayúsculas que observé con la complacencia del INE. Hablo de un lugar que ahora conozco muy bien, Celaya, en Guanajuato. Observé el derroche que había y conozco los personajes locales vinculados a este trasiego de recursos y la relación con Mario Delgado como presidente nacional de Morena y la vinculación con personajes que ahora están en la mira de la investigación norteamericana. Simplemente digo: tarde o temprano llegará el momento en que todo se descubra, y cuando eso ocurra, el nombre de Mario estará ahí presente, sin duda alguna. Te lo puedo asegurar.
Carmen Aristegui:
Seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí.
