Metro News Mx

-México, el único país donde creen que los políticos corruptos se vuelven honestos al cambiar de partido

-Años de narrativa oficial construyeron al "PRIAN" como el símbolo absoluto de la corrupción neoliberal y el viejo régimen que debía ser desterrado al basurero de la historia.

-El éxodo masivo de gobernadores, legisladores y cuadros formados en las filas del tricolor y el blanquiazul hacia el movimiento oficial exhibe una profunda contradicción estructural.

-Lejos de erradicar los vicios del pasado, la estructura gobernante ha operado una gigantesca planta de reciclaje político que purifica currículums a cambio de lealtades pragmáticas.

La política contemporánea en México vive habitada por una paradoja semántica y conceptual tan evidente que roza el absurdo. Durante años, el eje discursivo de la autodenominada Cuarta Transformación se estructuró sobre un antagonismo moral fundacional: de un lado, los artífices del cambio verdadero; del otro, el "PRIAN", una contracción política convertida en estigmatización que aglutinaba los peores excesos de 36 años de neoliberalismo, corrupción y saqueo institucional. Sin embargo, cuando se contrasta la pureza ideológica del relato con la anatomía real de quienes detentan el poder, surge una interrogante inevitable que desarma el discurso oficial: ¿cuánto de ese viejo régimen sobrevive, se recicla y opera hoy en el corazón mismo del obradorismo?

El análisis acucioso de las trayectorias revela que el prianismo no es un accidente exógeno que penetró recientemente en las estructuras de Morena, sino el cimiento histórico sobre el cual se edificó gran parte de su arquitectura política. La revisión documental expone sin eufemismos que el propio fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, inició su formación partidista en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigiendo el comité estatal en Tabasco en la década de los ochenta.

A él se suman figuras de peso específico decisivo en el actual ejercicio del poder: Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en los años más duros del régimen salinista y hoy pilar energético del Estado al frente de la Comisión Federal de Electricidad; Ricardo Monreal y Adán Augusto López, con dilatadas carreras legislativas y ejecutivas bajo las siglas tricolores; así como Marcelo Ebrard e Ignacio Mier, este último responsable incluso de convalidar el rescate financiero del Fobaproa desde la trinchera priista.

Esta génesis compartida demuestra que una fracción sustancial de quienes llegaron para demoler el viejo sistema aprendieron los códigos, las tácticas y el ejercicio del poder precisamente en sus aulas. No se trató de una demolición aséptica, sino de una compleja metamorfosis donde el pasado partidista se desvanece de forma selectiva en función de la conveniencia coyuntural.

El fenómeno, empero, no se limita a los fundadores históricos. Con la llegada al poder formal, las puertas de la transformación se abrieron de par en par al arribo de cuadros recién desprendidos de la oposición tradicional. Casos emblemáticos como el de Alejandra del Moral —exdirigente mexiquense y abanderada del bloque opositor en 2023—, el exgobernador Eruviel Ávila, o los polémicos movimientos de legisladores como Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado, ilustran una realidad innegable: el pragmatismo pragmático aplastó a la ortodoxia ideológica. Cuando los números legislativos apremian para alcanzar mayorías calificadas o consolidar hegemonías territoriales, el origen tricolor o blanquiazul deja de ser un estigma moral para convertirse en un activo transaccional.

Las cifras dimensionan la magnitud de este trasvase silencioso. Más allá de los 150 grandes operadores y figuras nacionales que acaparan los titulares, los registros apuntan a que entre 600,000 y 800,000 ciudadanos con militancia previa en el PRI, el PAN y el PRD han migrado e incorporado a las bases de Morena. Solo el éxodo desde el tricolor aportó cerca de medio millón de operadores territoriales, sindicales y campesinos que otrora sostuvieron la maquinaria electoral del viejo régimen. La desaparición del PRD y la reconfiguración de los bastiones locales terminaron por consolidar un trasvase masivo que modificó de raíz el equilibrio político nacional, vaciando a la oposición de estructuras y rellenando al oficialismo con los mismos operadores de siempre.

La cristalización de este proceso encuentra su escaparate más visible en el servicio diplomático y la representación exterior. Nombres como los de los exgobernadores priistas Omar Fayad (Noruega), Quirino Ordaz (España), Claudia Pavlovich (Barcelona) y Carlos Miguel Aysa (República Dominicana), sumados a los perfiles de Alfonso Durazo y Esteban Moctezuma —con trayectorias que pendulan con naturalidad entre el PRI y el PAN—, confirman que el sistema de incentivos político-electorales funciona como una efectiva planta de reciclaje.

El punto final es lapidario y carente de ambages: Morena no destruyó el cascajo de la política mexicana; lo rediseñó, lo reubicó y le garantizó estabilidad laboral y diplomática. En la geografía del poder actual, el pecado original de pertenecer al PRIAN fenece en el instante preciso en que el político cruza la aduana de la lealtad pragmática. Así, el antiguo basurero de la historia se convirtió, sin proponérselo teóricamente pero ejecutándoselo con precisión quirúrgica, en la más eficaz bolsa de trabajo del régimen.

El PRIAN, el PRIAN por aquí, el PRIAN por allá. Durante años, Morena nos dijo que ahí estaba el cascajo de la política mexicana: los mismos de siempre, los del viejo régimen, los que había que mandar al basurero de la historia. Pero algo raro ocurrió: en lugar de tirar el cascajo, Morena empezó a llevárselo a su casa. Expriistas, expanistas, gobernadores, senadores, diputados, y espérese, porque algunos de los personajes más poderosos de la Cuarta Transformación salieron precisamente del PRI que hoy desprecian. Así que hoy vamos a hacer un inventario: ¿cuánto cascajo del PRIAN terminó dentro de Morena? Porque a este paso, cuando vuelvan a gritar "¡PRIAN!", van a tener que voltear primero a ver quién está sentado a su lado.

Antes de contar cuánto cascajo terminó dentro de Morena, hay que recordar por qué esta historia resulta tan divertida. Durante años nos dijeron que el cascajo estaba precisamente del otro lado: el PRIAN. La palabra se convirtió en una de las favoritas del obradorismo. La contracción de PRI y PAN terminó funcionando como mucho más que un apodo; servía para identificar al adversario, asociarlo con corrupción, privilegios, neoliberalismo y el llamado viejo régimen. Y no desapareció con López Obrador; todavía en junio del 2026, Claudia Sheinbaum decía desde Palacio Nacional que el PRI y el PAN eran lo mismo, y volvía a llamarlos el PRIAN, vinculándolo con 36 años de gobiernos que desde la narrativa oficial representaron corrupción y los intereses de los ricos.

Perfecto, entonces ya entendimos la clasificación: ellos son los malos y Morena son los buenos, ¿cierto? Bueno, pues aquí es donde comienza el problema, porque cuando empezamos a buscar el origen de algunos de los políticos que construyeron la llamada 4T, resulta que el cascajo estaba desde los cimientos. Y podemos empezar por el fundador: Andrés Manuel López Obrador inició su trayectoria política dentro del PRI, participó en la campaña del priista Enrique González Pedrero para la gubernatura de Tabasco y, en enero de 1983, fue elegido presidente del Comité Directivo del PRI en Tabasco. Documentos de la época incluso registran reuniones encabezadas por López Obrador en su calidad de dirigente estatal priista de Tabasco. Eso ocurrió hace más de cuatro décadas, y López Obrador rompió posteriormente con el partido. El punto no es esconder su evolución política; el punto es exactamente al contrario: si haber pertenecido al PRI convierte automáticamente a alguien en representante del viejo régimen, Morena tendrá serios problemas explicando su propia definición, porque López Obrador es apenas el primero.

Vamos a ver que el prianismo es el cimiento de Morena. Abramos la bodega de cascajo, porque López Obrador no llegó solo. Empecemos con Manuel Bartlett Díaz, y aquí no estamos hablando de alguien que pasó por una oficina del PRI unos cuantos meses. El Sistema de Información Legislativa de Gobernación documenta que Bartlett fue secretario de Gobernación de 1982 a 1988, secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla; es decir, estuvo en las primeras filas de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, y siempre anduvo con el PRI. Caray, si eso no era pertenecer al viejo régimen, entonces habría que preguntarle a Morena exactamente qué tan viejo tenía que ser el régimen. López Obrador lo convirtió a Bartlett en una de las figuras centrales de su proyecto energético al colocarlo al frente de la CFE durante su sexenio.

Vamos con el ajonjolí de todos los moles: Ricardo Monreal. Su carrera política comenzó también en el PRI; fue diputado federal, senador suplente y nuevamente diputado federal antes de romper con el partido en 1998, cuando buscaba la candidatura al gobierno de Zacatecas. Después se fue al PRD, a Movimiento Ciudadano, luego a Morena, donde llegó a convertirse en uno de los operadores legislativos más importantes del obradorismo. El propio Senado registra su larga trayectoria parlamentaria y su incorporación a Morena en 2015. Otro cascajo recuperado, aunque este venía con doctorado, experiencia legislativa y varias remodelaciones partidistas encima.

Y ahora el ajonjolí de todos los males: Adán Augusto. También del PRI, Adán fue secretario general del PRI en Tabasco, permaneció vinculado al partido hasta 2001 e incluso participó en procesos políticos internos priistas antes de incorporarse al PRD. Se documentó que comenzó joven en el PRI y, en el año 2000, coordinó la campaña del priista Manuel Andrade por la gubernatura de Tabasco. Después pasó al PRD, luego a Morena, la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación y el Senado, ya con Morena. Entonces, haga usted la cuenta: López Obrador, Bartlett, Monreal, Adán Augusto, y todavía no terminamos. Marcelo Ebrard, otro personajito que hasta apoyó el Fobaproa. Marcelo Ebrard también comenzó su carrera política dentro del PRI, ligado al equipo de Manuel Camacho Solís, y renunció al partido en octubre de 1995.

E Ignacio Mier tuvo todavía más kilometraje tricolor: fue diputado local, federal, ocupó responsabilidades dentro de la estructura priista poblana y llegó a presidir el Comité Estatal del PRI en 1996 antes de terminar en Morena. Él, como priista, aprobó el Fobaproa. Morena construyó buena parte de su identidad política diciendo que venía a sustituir al viejo régimen, pero cuando uno revisa el currículum de varios de sus personajes históricos encuentra algo fascinante: una parte de quienes llegaron para combatir al viejo PRI aprendieron a hacer política precisamente en el viejo PRI. Porque a estas alturas ya tenemos tanto cascajo que esto dejó de parecer demolición; parece remodelación.

Y hasta ahora podríamos concederle algo a ellos —a Bartlett, a Monreal, a Adán Augusto, a Ebrard—: abandonaron el PRI hace muchos años, algunos incluso décadas antes de que Morena existiera. Pero ocurrió algo extraordinario: otra vez, Morena llegó al poder prometiendo acabar con el viejo régimen y empezó a recibir políticos que acababan de salir de él. Ya no hablamos del cascajo de los cimientos; hablamos del cascajo recién llegado.

Un ejemplo perfecto es Alejandra del Moral. La valiente fue presidenta del PRI en el Estado de México, funcionaria y diputada priista, y todavía en 2023 candidata de la alianza del PRI, PAN y PRD para gobernar el estado frente a Delfina Gómez. Es decir, no estamos hablando de una priista de juventud; era la candidata del mismísimo PRIAN que Morena desea combatir. ¿Qué pasó el 27 de mayo del 2024? Después de 20 años en el PRI, Del Moral renunció y ese mismo día apareció junto a Claudia Sheinbaum anunciando su adhesión a su proyecto presidencial. Importante entonces: ambas aclararon que Del Moral no se afiliaba a Morena y que no le habían ofrecido ningún cargo. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¡Qué capacidad de rehabilitación! En 2023 era representante del viejo régimen; dos meses después, aliada de la transformación.

Vamos con dos más: Eruviel Ávila y Nubia Mayorga. En julio de 2023, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga renunciaron al PRI junto con Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. No eran militantes desconocidos; llevaban décadas en el tricolor. Ellos dos se fueron al Verde, comparsa de Morena. Eruviel ha sido gobernador priista del Estado de México, y Mayorga desarrolló buena parte de su carrera política bajo esas siglas. Porque el cascajo también se clasifica: tenemos cascajo Morena, cascajo Verde, cascajo aliado; pero cuando llega la votación, todos terminan levantando la mano en el mismo edificio.

Y entonces apareció un caso todavía más espectacular: Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN. Miguel Ángel Yunes Márquez llegó al Senado por el PAN en 2024. Morena necesitaba un voto para alcanzar la mayoría calificada con la que aprobaría la reforma judicial. Yunes votó con Morena; su voto resultó decisivo. El PAN anunció su expulsión, y meses después, en febrero de 2025, Yunes apareció acompañado por Adán Augusto López para solicitar su afiliación a Morena. El propio Adán Augusto reconoció públicamente la importancia de aquel voto para alcanzar la mayoría calificada dentro de Morena. Hubo resistencias, entre ellas la de Citlalli Hernández y legisladores veracruzanos, y finalmente Yunes retiró su solicitud; la Comisión de Honestidad y Justicia del partido determinó no admitirla por cuestiones relacionadas con su militancia registrada. Aún así, Yunes anunció que permanecería dentro del grupo parlamentario de Morena. Y entonces el problema ya no es simplemente que algunos fundadores de Morena hayan tenido pasado priista; el fenómeno continuó después de que Morena llegó al poder. Y aquí aparece nuestra palabra favorita del video: cascajo.

Vamos ahora a ponerle números a lo importante: ¿cuántos prianistas terminaron realmente en Morena? ¿Cuántos están allí adentro? El "chapulineo" político no ocurre únicamente entre gobernadores, senadores, figuras nacionales, que son 150; también se estaría produciendo desde las bases partidistas. De acuerdo con los datos, entre 600,000 y 800,000 ciudadanos anteriormente afiliados al PRI, PAN y PRD habrían dado de baja esos registros para incorporarse formalmente a Morena, contribuyendo al debilitamiento territorial de la oposición y al crecimiento del partido oficial. Es decir, casi un millón de prianistas están en Morena. El mayor trasvase provendría del PRI, con alrededor de 500,000 antiguos militantes, muchos vinculados históricamente con estructuras territoriales, sindicales, campesinas y populares. El fenómeno tiene características diferentes según cada partido: la desaparición nacional del PRD habría dejado estructuras y militantes disponibles en antiguos bastiones como Ciudad de México, Michoacán, Tabasco y Estado de México; muchos de ellos terminaron en Morena. En el PAN, en cambio, la migración sería proporcionalmente menor debido a una identidad ideológica más diferenciada, aunque tendría un impacto relevante, porque su padrón ronda apenas los 275,000 afiliados.

Así, mientras los grandes chapulines acaparan titulares, el cambio más profundo estaría ocurriendo abajo: miles de antiguos militantes opositores cambiando de camiseta y modificando desde las estructuras locales el equilibrio político del país. Mientras Morena crecía, comenzaban a aparecer en su órbita nombres con pasado tricolor, azul o amarillo, y de prácticamente todos los colores disponibles. Así que el problema ya no es encontrar un expriista dentro de Morena; el problema empieza a ser encontrar una zona VIP donde no haya pasado alguno.

Y ahí está la verdadera contradicción que estamos documentando en este video: ¿por qué seguir utilizando "PRIAN" como pecado de origen para descalificar al adversario si el pasado priista o panista deja misteriosamente de importar cuando el político cruza a tu lado? Nombres hay muchos, y tienen trabajo; ahí le va:

-Omar Fayad: exgobernador de Hidalgo del PRI, actual embajador de México en Noruega.

-Quirino Ordaz: exgobernador de Sinaloa por el PRI, actualmente embajador de Morena en España.

-Claudia Pavlovich Arellano: exgobernadora de Sonora por el PRI, actual cónsul de México en Barcelona.

-Carlos Miguel Aysa González: exgobernador de Campeche por el PRI, actual embajador de México en la República Dominicana.

-Alfonso Durazo Montaño: del PRI y del PAN, gobernador de Sonora actualmente y presidente del Consejo Nacional de Morena. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio del PRI y luego secretario particular de Vicente Fox por el PAN.

-Esteban Moctezuma Barragán: del PRI, actual embajador de México en Estados Unidos; fue secretario de Gobernación y Desarrollo Social con el PRI.

-Cynthia López Castro: del PRI, senadora por Morena. Renunció a la bancada del PRI tras fuertes fricciones con su dirigencia nacional y se integró al bloque guinda.

-Alejandro Murat Hinojosa: exgobernador de Oaxaca por el PRI, ahora senador por Morena. Dejó al PRI para sumarse de lleno al proyecto de la 4T.

Y hay muchísimísimos más, estos son algunos; vaya, hasta Félix Salgado Macedonio también estuvo en el PRI.

Morena pasó años prometiendo mandar al PRIAN al basurero de la historia, pero terminó convirtiendo el basurero en bolsa de trabajo. Expriistas, expanistas, exgobernadores, senadores, operadores y hasta antiguos adversarios descubrieron una extraordinaria planta de reciclaje político: entras como cascajo del viejo régimen y, después de cruzar la puerta correcta, sales convertido en un verdadero cuadro de la Cuarta Transformación. Porque aquí el problema nunca fue de qué partido venías; aparentemente, el pecado consiste en seguir ahí. Si brincas a tiempo, si eres un buen chapulín, hasta el currículum te lava Morena.

Así que la próxima vez que desde Morena griten "¡El PRIAN!", sería prudente que primero se pasaran lista, no vaya a ser que Bartlett levante la mano, Monreal pregunte si le hablan a él, Adán Augusto voltee discretamente, Durazo recuerde sus vidas anteriores y algún gobernador priista conteste desde una embajada. Al final, Morena no acabó con el cascajo: lo recogió, lo acomodó, le consiguió puesto y, en algunos casos, hasta le dio representación diplomática. El PRIAN también está en el extranjero.

Por eso quizá habría que actualizar el famoso grito de "Fuera el PRIAN" a: "Fuera el PRIAN... salvo que quiera trabajar con nosotros en Morena". Y eso es el verdadero cascajo del bienestar. #MetroNewsMx

-La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó una anomalía financiera por más de 39 millones de pesos destinados a la actualización tecnológica del sistema de emergencias 911, canalizados indebidamente a una asociación civil de bomberos durante el mandato de la exalcaldesa Cindy Arvizu.

-El entramado administrativo del proyecto revela reuniones previas entre líderes de la sociedad civil, la entonces munícipe y su secretario de Seguridad Pública, configurando un esquema donde se marginó la planeación y presupuestación municipal exigida por la ley para la seguridad pública.

-La opacidad documental se profundiza tras el hallazgo de un contrato con la empresa proveedora que no aparece en los archivos de las dependencias estatales ni municipales consultadas, manteniendo el millonario caso bajo litigio en tribunales federales sin una resolución firme.

El manejo de los recursos públicos en el estado de Guanajuato enfrenta un escrutinio severo cuando las decisiones administrativas se alejan de la legalidad y del sentido común normativo. Un claro reflejo de esta vulnerabilidad institucional se documenta en el Informe de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con fecha del 20 de mayo de 2025, derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2024 practicada al Poder Ejecutivo a través del FIDESSEG. En dicho documento, la Observación Núm. 013 pone bajo la lupa una posible irregularidad por la suma exacta de 39 millones 016 mil 333 pesos, etiquetada bajo el proyecto denominado “Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911 de San José Iturbide, Guanajuato”.

La información dada a conocer por el Periódico Correo en su sección Opinión, escrita por el columnista Eliazar Velázquez Benavidez (https://periodicocorreo.com.mx/opinion/2026/aug/23/san-jose-iturbide-la-ruta-de-39-millones-para-el-911-bajo-observacion-de-la-aseg-164978.html ) pone en evidencia otra presunta "hazaña" con danza de millones de pesos de la administración de Cindy Arvizu y que se suma a la no acreditación de 9.4 millones de pesos de recursos federales que están siendo revisados por la Auditoría Superior de la Federación, tal y como lo dio a conocer Metro News el 23 de marzo de 2026. (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html 

)

De acuerdo con el dictamen técnico del órgano fiscalizador, los millonarios recursos fueron autorizados y entregados a los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, Gto., A.C., incurriendo flagrantemente en una contravención a las disposiciones que regulan la evaluación y selección de proyectos del fideicomiso. La ASEG subraya un principio elemental de la administración pública: por norma constitucional y legal, los proyectos vinculados a la seguridad pública corresponden estrictamente a la planeación, presupuestación y ejecución de los gobiernos municipales.

Canalizar fondos públicos de esta magnitud a una asociación civil que carecía de atribuciones legales para asumir funciones de seguridad pública no solo representa una falla en la supervisión financiera, sino una distorsión de las responsabilidades de Estado. Ante esta anomalía, la ASEG determinó una consecuencia directa e inapelable en el ámbito administrativo: el reintegro en especie de los recursos observados. Lejos de ser un trámite menor, la ruta crítica de este desvío expone un entramado que comenzó a tejerse mucho antes de la validación formal de los apoyos.

La secuencia pública de los hechos permite reconstruir cómo se gestó la operación durante la administración encabezada entonces por la exalcaldesa Cindy Arvizu. El 28 de octubre de 2023, Juan Carlos Usabiaga —entonces presidente de Actuando por Guanajuato, A.C., instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos del FIDESSEG en materia de seguridad— difundió en redes sociales una visita clave al municipio. En ese encuentro participaron directamente Cindy Arvizu y Edgar Martínez Méndez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal, con el propósito declarado de afinar los detalles del proyecto de modernización del C4 local.

Este antecedente demuestra que las conversaciones y el diseño operativo se realizaron al margen de los procedimientos normativos regulares. Posteriormente, el 26 de enero de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la convocatoria formal para acceder a los apoyos del fideicomiso. Acelerando los procesos, el 22 de marzo de 2024 el Comité Técnico aprobó el proyecto mediante el acuerdo CTFIDESSEG 27/20.03.2024.

El 24 de abril de 2024 se formalizó la firma del convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, A.C., representados por Manuel Martínez Gutiérrez. El acuerdo económico también fue validado por Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda, director de FIDESSEG, y Mauricio Usabiaga del Moral, en representación de “La Fundación”. El convenio estipulaba la entrega del recurso en tres exhibiciones, obligando a la asociación civil a emitir los recibos y comprobaciones fiscales del equipamiento.

Aunque los bomberos fungieron formalmente como beneficiarios nominales, la participación de los funcionarios de la administración de Cindy Arvizu fue determinante. Edgar Martínez Méndez, secretario de Seguridad Pública en ese periodo, reconoció públicamente antes de la firma del convenio el destino del dinero: un 60 o 70 por ciento para tecnología y un 30 por ciento para obra civil y mano de obra a cargo del proveedor. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2024, al ser nombrado comisario de la Región 3 por el Gobierno Estatal, su ficha oficial de logros presumió precisamente la “elaboración del proyecto de actualización del sistema de emergencias 911”.

El galimatías administrativo se complica aún más en el terreno documental y jurídico. En la página 197 del expediente de la ASEG se consigna que, el 12 de marzo de 2025, el tesorero municipal entregó mediante el oficio TM-0231/2025 el “Contrato de compra del 09 de mayo de 2024 celebrado con la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.”. Sin embargo, al solicitarse una copia de dicho contrato a las áreas competentes del gobierno local, las respuestas evidenciaron un vacío de rendición de cuentas: el tesorero actual informó que no contaba con la información; Seguridad Pública, a través del capitán Presbítero Ávila Rivera, respondió que el asunto no correspondía a sus atribuciones; y la oficina del 911 hizo lo propio deslindándose de su resguardo.

La Secretaría del Nuevo Comienzo (antes SEDESHU) tampoco localizó el documento en sus archivos, argumentando que se trató de un trato entre particulares y la organización ejecutora, sin su intervención directa como contratantes.

Al cierre de este análisis, el millonario caso no cuenta con una resolución firme y definitiva. La secretaria María Luisa Herrera Aguirre confirmó que el procedimiento de fiscalización se encuentra atado a diversos juicios de amparo promovidos ante órganos jurisdiccionales federales, cuya tramitación motivó la reposición de actuaciones en el proceso de auditoría de la ASEG.

La administración municipal actual, encabezada por el alcalde Manuel Montes de la Vega —quien recibió en noviembre de 2024 a los representantes de Actuando por Guanajuato cuando el proyecto ya estaba en marcha—, ha heredado un severo problema financiero y legal fraguado en el trienio de Cindy Arvizu. Los 39 millones de pesos del erario estatal y social continúan bajo la sombra de la sospecha, atrapados en un laberinto de amparos federales, opacidad contractual y una evidente simulación de responsabilidades institucionales que agravan la confianza ciudadana en el manejo de los fondos públicos en Guanajuato. #MetroNewsMx

-La falta de socialización institucional por parte del gobierno municipal y federal expone una deliberada marginación de los ciudadanos y regidores en decisiones clave de infraestructura, en el casod el tren de pasajeros

-El ocultamiento de los procesos de impacto ambiental evidencia una práctica sistemática de simulación democrática que vulnera los derechos de información y participación comunitaria.

-La apropiación política de proyectos federales por parte de la administración local contrasta con el rechazo generalizado de sectores empresariales y sociales excluidos del debate.

La entrevista a la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, expone que el desarrollo de infraestructura ferroviaria en el bajío mexicano ha sido históricamente un eje detonante de progreso, pero también un foco de profundas tensiones socioambientales. En el caso específico de Celaya, la modernización de las vías de comunicación y el paso del tren no pueden concebirse como ocurrencias administrativas o trofeos políticos individuales. 

Sin embargo, la actual administración municipal ha optado por un ejercicio de opacidad institucional que distorsiona el marco legal vigente. La legislación ambiental mexicana, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece con

precisión quirúrgica que cualquier obra de gran envergadura sujeta a evaluación de impacto ambiental requiere mecanismos reales y transparentes de participación ciudadana, incluyendo consultas públicas debidamente difundidas. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/semarnat-valida-que-el-proyecto-del.html )

Lejos de cumplir con este mandato republicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), ha validado un proceso administrativo plagado de vacíos. La pretendida consulta pública sobre el proyecto ferroviario se consumó en la opacidad total, ventilándose en un aparente cumplimiento burocrático de plazos y gacetas inalcanzables para la ciudadanía común. Afirmar que se cumplió con la difusión pública cuando ni los propios integrantes del Cabildo municipal —órgano colegiado constitucional de gobierno— ni los organismos cúpula del sector empresarial tuvieron

conocimiento oportuno, transforma el procedimiento en una simulación de proporciones alarmantes.

La gravedad de esta omisión institucional no recae únicamente en una falla de comunicación, sino en la violación sistemática de las atribuciones de los regidores que integran el Ayuntamiento. La regidora María Isabel Herrejón ha documentado y denunciado con firmeza

jurídica y política la marginación a la que ha sido sometida la oposición y el cuerpo edilicio en su conjunto. En ningún momento de la gestión de este proyecto se convocó a reuniones de Cabildo, mesas de trabajo o comisiones para socializar los alcances, afectaciones y medidas de mitigación de la obra federal.

"A nosotros cuatro nunca se nos informó, nunca se nos hizo una reunión ni por cortesía política... a la pregunta que tú me hiciste, pues, efectivamente, nunca se hizo ninguna consulta, no se publicó por todos los conductos... es una burla, una simulación que raya en la mentira

institucional frente a los 680,000 habitantes de Celaya," precisó la regidora María Isabel Herrejón.

Esta dinámica de exclusión evidencia una preocupante subordinación de los órganos colegiados a la voluntad unipersonal del alcalde, quien utiliza una mayoría calificada artificial para prescindir del debate democrático. El Reglamento Orgánico Municipal no es un ornamento

jurídico; es la directriz que obliga al ejecutivo local a rendir cuentas y transparentar acciones de alto impacto comunitario. Al ignorar al Ayuntamiento, el alcalde no solo vulnera la legalidad interna, sino que traiciona la representación popular que depositó su confianza en las urnas, convirtiendo el ejercicio gubernamental en un monólogo autoritario.

Las repercusiones de una obra de infraestructura de esta magnitud sobre el tejido social, la movilidad urbana y la ecología de Celaya son inconmensurables. Una intervención urbana que atraviesa el corazón del municipio exige estudios profundos de mitigación que garanticen la

seguridad y calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, al despojar a la ciudadanía de su derecho elemental a opinar y conocer los dictámenes, la autoridad municipal fomenta un clima de incertidumbre y rechazo justificado.

El deslinde institucional no se limita al cuerpo edilicio de oposición; organismos fundamentales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han manifestado un desconocimiento absoluto de las convocatorias y procedimientos de consulta pregonados por el gobierno municipal. Si los colegios de arquitectos, ingenieros y los sectores productivos organizados —pilares del desarrollo económico local— fueron marginados de la discusión, resulta imperativo preguntar a quiénes sirvió realmente este proceso de simulación. La pretensión del alcalde de adjudicarse méritos sobre una obra que pertenece estrictamente al ámbito federal contrasta dramáticamente con su incapacidad para gestionar con transparencia y cara a la ciudadanía.

La simulación de consultas públicas en Celaya no es un error administrativo menor; constituye una grave afectación al estado de derecho y a la democracia participativa. Llamar las cosas por su nombre implica reconocer que la opacidad y la mentira oficial están sustituyendo a la gobernanza responsable. 

Las autoridades federales y municipales están obligadas a rectificar el rumbo, abandonar el triunfalismo infundado y abrir canales reales

de información y mitigación ambiental. Celaya y sus 680,000 habitantes no merecen gobernantes que utilicen la simulación como divisa política ni cabildos reducidos a la complacencia sumisa. La exigencia de transparencia y legalidad sigue siendo el único camino firme hacia la justicia comunitaria.

Pues está la línea telefónica, como siempre en estas entrevistas que realizamos de esta manera. Está mi buena amiga, la regidora María Isabel Herrejón, quien es miembro del cabildo de Celaya y hay una pregunta, bueno, van a salir varias, pero hay una pregunta medular en este tema del tren, tan ido y tan llevado y tan comentado, pero está pareciendo un nuevo punto que parece que no lo habían revisado, no lo habían analizado. Y es el hecho de que pareciera que Semarnat, y lo digo en base a documentos que obran en mi poder, un oficio que tú lo vas a ver ya publicado, simula lo que parece ser una consulta pública, porque dice que ya hubo consulta, que faltan dos días para que se termine y todo el mundo voltea así a decirse, "Ah, caray, ¿cuál consulta?" Y luego, el gobierno municipal, que al parecer dice que sí hubo consulta, tú ya me dirás si es cierto o no lo que estoy diciendo, pareciera que fue omiso para hacerla pública. Gracias, Isabelita. ¿Qué me puedes decir sobre este tema?

Muchísimas gracias por esta entrevista, Eugenio. Como siempre es un honor para mí estar aquí contigo, con una persona que tiene mucha experiencia. Sin embargo, voy a mencionar lo que me compete a mí como Partido Acción Nacional, que somos cuatro integrantes mismos que, por lo menos a nosotros como integrantes del Ayuntamiento, nunca, nunca se nos informó, nunca se nos hizo una reunión ni por cortesía política, como se le puede llamar, como integrantes del Ayuntamiento que somos un órgano colegiado que participamos en una toma de decisiones. A nosotros cuatro, no sé a los otros regidores si se les haya considerado o no, pero a nosotros nunca se nos informó sobre esta situación. Solamente nos hemos enterado a través de medios de comunicación, a través de ciudadanos que nosotros sí estamos en escucha de ellos. 

Y a la pregunta que tú me hiciste, pues, efectivamente, nunca se hizo ninguna consulta, no se publicó por todos los conductos, no tuvo la cercanía el alcalde, y lo digo con letras mayúsculas, nuestro presi... bueno, el presidente municipal de las personas que votaron a favor de él. Realmente es una falta de respeto. Estamos todos indispuestos porque realmente el alcalde nunca socializó este tema con las personas que son 680,000 habitantes de Celaya. No sé cómo se atreve a decir que hubo una participación cuando nunca, ni con nosotros como Ayuntamiento, nunca se nos consideró. También para una consulta, pues sabemos muy bien que se requiere una convocatoria y esa convocatoria, pues realmente tampoco no la hizo llegar a todos los conductos, a toda la rama empresarial, y ya déjate a los empresarios, Eugenio, a los ciudadanos, a los que se preocupan por nuestra querida ciudad Celaya, porque una consulta, pues sabemos que este proyecto, pues sí, va adelante porque sabemos que es federal, eso nos queda clarísimo, ¿sí? Sin embargo, la Federación ya lo tiene bien definido, pero lo que queremos nosotros, como ciudadanos y yo como integrante del Ayuntamiento, es que se nos informe y se puntualice de qué forma van a estar mitigando estos impactos de esta obra, porque no es una obra mínima, es una obra que sabemos que es Federación y que no puede mandarse él solo, Eugenio. Son impactos ambientales, de movilidad y debemos de tener conocimiento de estas obras de infraestructura.

Te interrumpo, Isabel. ¿Tú ya has llegado a detectar que el presidente municipal comenta o alguien de su gente de que ya se hizo la consulta, de que sí hay una consulta? ¿Tú ya los has llegado a escuchar?

Regidora María Isabel Herrejón: 

Él hasta en ruedas de prensa, en sus ruedas de prensa, él es su razón de ser nada más. No sé si su fracción Morena, y lo digo, su fracción Morena, tenga conocimiento o no de que realmente son corderitos, se puede decir, de todo lo que dice el alcalde.

¿Por qué te pregunto esto? Porque, mira, precisamente el 10 de marzo de 2025, una compañera tuya del cabildo, la doctora Cristina González Muñoz, que firma aquí, dice "Titular de la Regiduría Celaya Sustentable", ¿sí? Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, junto con el ingeniero Jorge Enrique Velázquez Centeno, enviaron un oficio con copia a varias instancias, está Claudia Sheinbaum, están varios funcionarios, está la gobernadora y está el mismo presidente municipal. Entonces, si yo te pregunto, ¿en alguna sesión de Ayuntamiento, como asunto general, les dijo o comentó a los miembros del cabildo que se estaba preparando una consulta por parte del gobierno federal y que se iba a apoyar para este tema del tren?

Regidora María Isabel Herrejón: 

En ningún momento, ni en sesión, ni en ningún precabildo, ni por cortesía, nunca hubo tal reunión. No sabíamos de, no yo, por lo menos, y toda la fracción Acción Nacional no teníamos conocimiento de ese oficio que existiera, que fuera enviado y, por lo tanto, sí te puedo decir que no se hizo la consulta ni con nosotros, ni hubo participación y todo es una mentira, porque el alcalde nunca nos ha considerado, ni a nosotros como Ayuntamiento, como órgano colegiado, porque yo creo que ellos ya tienen la mayoría calificada, ¿estás de acuerdo? Y, por lo tanto, pues no nos consideran, pero, sin embargo, existe una ley y hay un reglamento en donde es un órgano colegiado y nos debió de anunciar a través de ese oficio que existía o que existe todavía y que no lo hizo, ni lo mencionó. Entonces, por lo tanto, te digo, Eugenio, todo es mentira, no hubo ninguna convocatoria, no teníamos conocimiento y, más que nada, ni socializó este tema tan importante con la ciudadanía.

A ver, ahora, estamos hablando de lo que en un momento dado, pues como presidente municipal, miembro de un cabildo, porque es el presidente, sí, pero es un integrante más del cabildo. Les notificó de que ya estaba, que en un momento dado el gobierno federal dijo, "Bueno, esto le toca al Gobierno Federal, miren, aquí está la convocatoria y la vamos a difundir". ¿Tú tuviste conocimiento o tuviste a la mano a la vista la convocatoria del Gobierno Federal o llegaste a ver en redes sociales, en algún periódico, no sé, la publicación de esta convocatoria?

No, no. La verdad es triste, triste decirlo, pero nunca nos llegó ningún tipo de información ni tampoco fue mencionado a través de una convocatoria y entonces lo que yo solicito es que se nos puntualice, que se nos informe de qué forma van a estar mitigando estos impactos de estas obras. Bueno, ya lo tiene, ¿no? Pero entonces lo que queremos es que se nos informe, que se socialice.

¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, mira, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Julio César García Vergara, le responde a la regidora y a Velázquez con un oficio de fecha 16 de julio de 2025, dos días antes de que termine la dichosa consulta. Y es que aquí en su oficio habla del mecanismo de participación ciudadana en su modalidad de consulta pública y dice lo siguiente, dice que "la secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su gaceta ecológica, asimismo el promovente deberá publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha que se presente la manifestación de impacto ambiental a la secretaría. Tal determinación se cumplió con la publicación del proyecto en la gaceta ecológica número DGIRA/025/25, mientras que la obligación del promovente de publicar a su costa un extracto del proyecto se realizó en tiempo y forma mediante el escrito de fecha 9 de junio de 2025". Aunque aquí no dice en qué medio de comunicación se publicó.

Exacto. La pregunta es, aquí la respuesta es que nos dijeran, o más bien la pregunta al alcalde es que nos dijera qué medio de comunicación se publicó, porque realmente los ciudadanos tenemos, y yo también como ciudadana celayense y como regidora del Ayuntamiento, tenemos un desconocimiento, entonces nunca se nos informó como tal cosa, ¿no?

Tú eres abogada y sabes bien de la terminología legal, pero ante esto que me estás mesurando y lo que te acabo de mencionar de este documento que todo el mundo va a haber publicado, mi pregunta sería, ¿estaríamos posiblemente o presuntamente en un escenario de una simulación de consulta pública?

No, ya no. No, ni una simulación. No es una simulación esto. O sea, esto es una burla.

Te digo simulación porque aquí está dando por hecho, aquí está dando por hecho el señor director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Julio César García Vergara, está dando por hecho en su documento que sí hubo consulta y hasta ya se publicaron los resultados. Entonces, si él dice eso, pero tú me estás diciendo que no hubo consulta, pues entonces, por eso, por eso reitero, estamos hablando de una simulación de consulta, porque no existe tal.

Es que una simulación es una representación o una imitación de una situación de un sistema o un proceso real. Algo que realmente, pues ni eso existe, ¿sí me entiendes? Eso fue omiso, fue omiso el alcalde, así, directamente fue omiso el alcalde y ahora la pregunta es, ¿por qué el alcalde está mintiendo a la ciudadanía cuando realmente nunca se hizo tal convocatoria y no hubo un conocimiento como tal?

Porque me llama la atención que en estas actividades de informes que andan haciendo las comunidades del presidente municipal, pues una de las cosas que dice es que yo les traje el tren, algo así más o menos por ahí, por el estilo va, ¿no? Este, no sé si tú corrobore lo que yo estoy diciendo, de que así se ha expresado, ¿verdad? De que yo traje el tren y esto, o sea, cuando realmente es una obra federal. Pero al tener este tipo de situación y además, uno, y eso también lo vas a haber publicado, porque ya tenemos la información, le preguntas al Consejo Coordinador Empresarial y responde exactamente el mismo no que tú. Es decir, a nosotros tampoco se nos avisó. ¡Ah, caray! Entonces, ¿a quién le avisaron? Digo, porque el Consejo Coordinador Empresarial tiene colegios, tiene el colegio de arquitectos, tiene el colegio de ingenieros y si entonces estos órganos de consulta profesional, constitucionales, tampoco les avisaron, pues entonces ¿a quién le preguntaron?

Regidora María Isabel Herrejón: 

Sí, y realmente el alcalde no tiene que decir absolutamente nada de eso. Tú tienes toda la razón, porque realmente esto del razonamiento del tren, pues lo tiene definido la Federación, lo has dicho, es la Federación. Entonces también él se está tomando una atribución que no le compete a él directamente. Simplemente tenía Pues no es una gestión de él, esto no es una gestión, es un plan que ya tenía el gobierno federal para hacer el tren y el tren va porque va, pero no es porque dijéramos, "¿Sabes qué? Pues fui con el gobierno federal y les dije, oigan, pasen por Celaya, ¿no? O necesitamos un tren, necesitamos un tren". No, no, eso nunca ni la anterior administración ni esta.

Así es, así es, Eugenio. Así las cosas tristemente, que vivimos de una mentira del alcalde y así para terminar te digo que sí, nunca hubo una convocatoria, nunca hubo una participación ciudadana, nunca se les consideró a los ciudadanos celayenses y a nosotros como oposición, que somos cuatro, realmente, y lo digo cuatro, porque tú lo has visto que ya no hay fuerza política distinta porque lo tienen ellos, sin embargo, es un es una falta de respeto hacia nosotros como órgano colegiado y hacia los ciudadanos celayenses, porque el alcalde no se conduce con la verdad.

Bueno, pues te agradezco y vamos a seguir investigando, porque la verdad es que pues este este tema de la simulación que hemos hemos analizado así y que tú dices ni a simulación llega porque ni siquiera hicieron, la simulación hicieron, este, pues vamos a ver en qué acaba. Gracias, Isabel, un gusto como siempre.

Regidora María Isabel Herrejón: 

Muchas gracias a ti y ahí estamos en contacto, Eugenio. Un gustazo saber de ti. #MetroNewsMx

-El Consejo de Turismo de Celaya enfrenta una crisis de transparencia ante la gestión de Carlos Ricardo Olvera Ávila.

-La opacidad en la contratación de servicios audiovisuales y la presunta desviación de recursos públicos para fines partidistas exhiben una red de complicidades que exigen una auditoría urgente a la administración local.

-La figura del servidor público como gestor de intereses privados: cuando la política se convierte en un mecanismo de enriquecimiento personal a costa del presupuesto municipal.

En el entramado de la administración pública, la línea que separa el servicio a la ciudadanía del beneficio personal suele ser, para algunos, apenas una sugerencia. El caso de Carlos Ricardo Olvera Ávila, actual director del Consejo de Turismo de Celaya, no solo pone en entredicho la ética de su gestión, sino que revela una estructura operativa que, bajo el amparo del cargo público, presuntamente favorece redes de proveedores a cambio de beneficios que trascienden lo institucional. La columna "La reunión de Empresarios para encumbrar al esquirol de Trejo y Olvera facturando audiovisuales con el Pollo", escrita por Miguel Arcángel en News San Miguel" (disponible en https://newssanmiguel.online/columna-la-reunion-de-empresarios-para-encumbrar-al-esquirol-de-trejo-y-olvera-facturando-audiovisuales-con-el-pollo/), expone una narrativa de desvergüenza presupuestal que merece un análisis pormenorizado.

La gestión de Olvera Ávila en Celaya ha sido señalada por lo que analistas describen como una serie de licitaciones "maquilladas", donde la contratación de servicios para festivales locales —como el de la Cerveza, el de la Cajeta y "De Pueblo a Pueblo"— parece responder más a lealtades personales que a criterios de eficiencia o calidad. La columna de Miguel Arcángel destaca la recurrente vinculación contractual con Eduardo Antonino Díaz Aguilar, alias “El Pollo”, un empresario audiovisual cuyas facturaciones han levantado sospechas debido a la opacidad en el manejo de los montos y la aparente desproporción entre el servicio entregado y el costo al erario.

Este modus operandi no es nuevo, según los registros periodísticos. El historial de Olvera, que incluye su paso por la Profeco en Aguascalientes, está marcado por denuncias sobre conductas inapropiadas que hoy parecen replicarse en la ciudad cajetera. La integración de estos perfiles al equipo del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha generado un costo político evidente, situando a la actual administración bajo una lupa ciudadana que demanda explicaciones sobre la aplicación de los recursos turísticos.

El punto crítico de este análisis reside en la posible utilización de fondos públicos de Celaya para financiar agendas políticas ajenas. Según lo expuesto en News San Miguel, la logística audiovisual de un evento encabezado por el diputado morenista Ricardo Ferro en San Miguel de Allende habría sido sufragada, presuntamente, por la "caja chica" del Consejo de Turismo de Celaya. Si se confirma que el erario celayense financió un acto partidista en otro municipio, estaríamos ante una violación flagrante a la normativa de gasto público y transparencia.

La calidad técnica del evento —descrita como deficiente por el columnista Miguel Arcángel— es lo de menos frente a la gravedad institucional de usar una plataforma turística como vehículo de promoción para un aspirante a una candidatura municipal. Este "padrinazgo" logístico es el símbolo de una política de utilería, donde el encuadre fotográfico se cuida más que el destino de los impuestos de los ciudadanos.

El enriquecimiento y el estilo de vida que ostenta el funcionario —vinculado por voces locales a residencias en zonas de alta plusvalía como Zirándaro— contrastan con la realidad de un servicio público que, lejos de ser austero, parece ser el motor de prosperidad de un círculo íntimo. El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez tiene ante sí una encrucijada: o permite que estas prácticas continúen, erosionando aún más la credibilidad de su gobierno, o emprende una fiscalización exhaustiva sobre cada factura y contrato de su director de Turismo.

La evidencia, plasmada en los reportes de News San Miguel, no es una simple anécdota, sino un síntoma de un mal estructural: la captura de las instituciones por parte de élites que confunden lo público con lo privado. La ciudadanía de Celaya merece una administración que no solo rinda cuentas, sino que actúe bajo los principios de legalidad y probidad. En el archivo fotográfico y documental de la política guanajuatense, la verdad termina por emerger, y en este caso, las facturas —al igual que las máscaras que caen ante el lente indiscreto— tarde o temprano, terminan por hablar. #MetroNewsMx 

-La administración de Gilberto Zárate en Comonfort ha degenerado en un circo de violencia institucional, donde la incapacidad para gobernar se sustituye con enfrentamientos físicos que degradan la investidura pública y el respeto debido a la ciudadanía que exige orden.

-El desmoronamiento del gabinete municipal no es casual, sino una estampa clara de la huida de funcionarios ante la incompetencia sistémica, el nepotismo descarado y la total ausencia de un liderazgo capaz de sostener el proyecto político que alguna vez prometieron.

-La parálisis administrativa, confirmada por la pérdida de facultades del alcalde frente a sus regidores, proyecta un daño irreparable para MORENA en la región, cediendo terreno electoral ante la evidente podredumbre de una gestión que prefiere las peleas a las obras.

Comonfort ha dejado de ser un municipio para convertirse en un experimento fallido de ingobernabilidad. Lo que se vendió como una promesa de transformación social se ha metamorfoseado, en tiempo récord, en una tragicomedia donde la gestión pública no se mide por resultados ni indicadores de desarrollo, sino por la frecuencia de las mentadas de madre y la capacidad de los funcionarios para dirimir diferencias a puñetazos. El caso del director de Obra Pública, Ignacio Laguna Martínez, arremetiendo a golpes contra un regidor en plena función, no es un hecho aislado; es el síntoma final de una metástasis administrativa donde la ética ha sido erradicada.

El contexto histórico de este desastre tiene nombre y apellido: Gilberto Zárate Nieves. Su llegada al poder fue el preludio de un "alcalde florero", una figura ornamental que, lejos de ejercer la autoridad, ha visto cómo su administración se desintegra ante la mirada atónita de una población que hoy se siente defraudada. La reciente estampida de funcionarios de primer nivel —Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Pueblos Indígenas— no representa solo una crisis de gabinete, sino un diagnóstico lapidario: quienes tenían algo de prudencia abandonaron el barco antes de que el naufragio arrastrara consigo su prestigio profesional.

La administración pública en Comonfort hoy apesta a nepotismo. Cuando el "club de amigos" sustituye a los servidores públicos competentes, la eficiencia es la primera víctima. La nómina municipal se ha transformado en una caja chica para el usufructo familiar, mientras que la falta de probidad alcanza niveles alarmantes. La denuncia de la empresaria Ingrid Garcés por el fraude del programa "Fogones MX" no es un dato menor; es la prueba irrefutable de que, en este gobierno, la palabra vale menos que el plástico.

Este escenario no es nuevo. Desde el inicio, la administración ha sido un ring de boxeo. Las peleas entre la maestra María de Jesús de la Cruz Olalde y los regidores oficialistas no fueron más que el anuncio de lo que vendría: una fractura total del cuerpo de gobierno. Que los regidores —incluso aquellos que deberían sostener la estructura— hayan tenido que despojar al alcalde de su facultad de firmar convenios es la humillación final: Comonfort tiene un presidente municipal incapaz de ostentar la mínima función básica de su cargo.

El impacto comunitario es devastador. La política, diseñada para construir soluciones, ha sido reducida a un campo de batalla de tribus internas. MORENA, el partido que sustenta esta administración, está sufriendo un proceso de demolición técnica perfecta. Años de trabajo territorial han sido pulverizados por la incompetencia y la soberbia de una dirigencia que no supo estar a la altura. El tufo a ineptitud que emana del palacio municipal no solo castiga a la marca guinda en el corto plazo; condena al municipio a años de estancamiento y prepara el terreno para un inevitable retorno de las fuerzas políticas que el electorado intentó, fallidamente, desplazar.

En conclusión, lo que hoy vive Comonfort es la exhibición más cruda de lo que sucede cuando el poder cae en manos de quien no sabe qué hacer con él. La inhabilitación inmediata de los funcionarios violentos y una auditoría profunda a la gestión de Zárate no son solo exigencias legales, sino una necesidad ética para intentar salvar lo que queda del tejido institucional de un municipio que, a este paso, quedará en ruinas. Comonfort merece más que un circo; merece un gobierno.

Si la ingobernabilidad cotizara en la bolsa de valores, Comonfort sería hoy una potencia financiera. Lo que arrancó como una promesa de cambio para la ciudadanía se transformó, a ritmo récord, en una tragicomedia donde la diplomacia se mide a mentadas de madre, la gestión pública a puñetazos y la estrategia política en ver quién alcanza a saltar primero del barco antes de que termine de hundirse.

Para entender cómo Gilberto Zárate Nieves convirtió al municipio en un circo sin carpa, no hay que mirar al pasado: basta con presenciar el desenlace violento de su administración, donde las piñas reemplazaron a los acuerdos.

El último hito de esta "transformación" lo protagonizó el director de Obra Pública, Ignacio Laguna Martínez, quien decidió arreglar sus diferencias con el regidor morenista Luis Mexicano a los golpes. Un episodio digno de cantina que en cualquier municipio medianamente serio exigiría la destitución e inhabilitación inmediata vía Contraloría por falta de probidad. Claro que, si la Contralora decide hacerse de la vista gorda para cuidar al jefe, el archivo deberá abrirse por encubrimiento.

Al ver que el edificio municipal se cae a pedazos, los funcionarios con un gramo de prudencia prefirieron huir. Las renuncias del Lic. Martín Jaramillo (Seguridad Pública), Eloísa del Bosque (Desarrollo Económico), el profesor Abraham (Pueblos Indígenas) y la inminente salida del profesor Moisés Ramírez Maldonado no son casualidad: son la estampida de quienes se niegan a quemarse con la incompetencia de Zárate. Si tiene plumas, grazna y arruina la administración, no hay duda de quién es el pato.

Mientras el gabinete se desintegra, la nómina sirve de banquetazo familiar para el director Raúl García y su hija Liliana, todavía subdirectora de Turismo y quien está bajo la lupa de la Contraloría Municipal tras reciente denuncia en su contra. Pero el descaro no para ahí: la denuncia formal de la empresaria Ingrid Garcés a la actual subdirectora de Turismo, lleva un mensaje para un grupo denominado "Fogones MX" al cual se alió la misma funcionaria,  y donde ese grupo y la subdirectora de Turismo no se comportaron con la seriedad y el profesionalismo para con la empresaria, dejando expuesto al alcalde como un personaje de palabra de plastilina, ya que había anunciando el despido de la funcionaria a la empresaria. Al final, pareciera que Comonfort le sirvió de "trampolín" y "caja chica" a alguien para financiarlo, porque antes de llegar al municipio, se encontraba -o encuentra- ahogado en las deudas. 

Las peleas no son nuevas; nacieron el día uno. El bochornoso ring entre la maestra María de Jesús de la Cruz Olalde y los regidores oficialistas —con mentadas de madre de ida y vuelta que aún arrastran procesos legales— solo fue el aviso. Hartos del desgobierno, los regidores José Luis Mexicano, María Dolores Rodríguez, Andaruby Guerrero y la síndico Diana Rejón terminaron despojando a Zárate de su facultad para firmar convenios. En resumen: Comonfort pagó por un presidente municipal y terminó con una figura de adorno que ni para firmar sirve.

El verdadero logro histórico de Gilberto Zárate no será ninguna obra pública, sino su envidiable capacidad de demolición partidista. En tiempo récord logró pulverizar años de trabajo de MORENA en el municipio, dejando un partido dividido en tribus enemigas y a una militancia avergonzada que ya huye hacia otros horizontes.

El tufo a ineptitud que emana del palacio municipal promete castigar a la marca guinda no solo en el corto plazo, sino por varias elecciones más. Mientras la gente en la calle no oculta su arrepentimiento, en el PAN ya preparan las copas para brindar por el retorno, al tiempo que el Partido Verde y Movimiento Ciudadano se disputan las sobras de lo que Zárate dejó en ruinas. #MetroNewsMx #ElChamacuarense

-Medios de comunicación estatal y extranjero dieron a conocer dos posibles casos de corrupción en que se vio involucrada Irma Leticia González

La reciente entrevista realizada por un medio digital irapuatense, republicado en la fanpage de Irma Leticia González, actual titular del centro SICT en el estado de Guanajuato, evidencia lo que parece ser una estrategia muy armada para lo que sería el estarse recargando en el presupuesto federal para enviar mensajes a los irapuatenses de que ella sigue sirviendo a Irapuato, con miras a una posible candidatura a alcaldesa de Irapuato, a través de su partido Morena, ante un escenario que ya vivió en la pasada contienda electoral y que finalmente perdió.

González, quien no es prianista, sino "primorista" (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/se-oye-mucho-mejor-primor-que-prian-yeidckol/ ), tiene antecedentes de haber sido diputada local por el PRI y luego, tras salirse de este instituto político por sentirse agredida, nuevamente diputada local pro ahora por Morena, aprovecha la presencia en medios para hacerse notar, todo desde Irapuato.

En una entrevista concedida al medio digital Contacto Noticias, a través de su canal de YouTube y en la sección "Cuarto Poder", episodio 60, la actual funcionaria de la SICT expresa lo siguiente:

Entrevistador: 

Qué interesante. Y otra, si me permite, también una parte de su historia: fue candidata en el 2024 a la presidencia municipal de Irapuato. No le favoreció el resultado, pero ¿qué podría compartir con nuestro auditorio respecto a los aprendizajes, qué significó para usted esa contienda y qué se lleva de la participación y por qué no, también, del resultado?

Yo disfruté mucho de verdad esta contienda, esta participación. Yo creo que ha sido una de mis mayores satisfacciones en mi vida política porque yo he acompañado en muchas campañas desde que yo inicié, pues acompañaba a mi esposo en las campañas de hace mucho tiempo, veía todas las injusticias y veía todas las necesidades, así de que he vivido muchas campañas y nunca había vivido una campaña como la que me tocó a mí. La gente me abrazaba y lloraba, yo iba a una colonia o calle y se abrían las puertas sin que las tocara y la gente salía. 

Entonces fue una campaña de verdad que la sentí que fue de corazón y que estoy segura que difícilmente se va a vivir cualquier candidato o candidata que la tenga, porque yo sentía la ciudadanía con esperanza de un cambio, o sea estaba muy dolida, y yo así lo sentí. Entonces yo la disfruté mucho porque yo veía la respuesta de la gente, incluso vino gente de México y decía "Es que yo nunca había visto eso, es que de verdad la gente... me hubo una familia que los tres miembros que salieron lloraron cuando me abrazaron cuando me vieron". Entonces esa satisfacción, de verdad, independientemente de que haya ganado o no haya ganado, yo gané, yo gané la voluntad y la confianza de la gente. Entonces los resultados pues no siempre se dan, pero yo ese mismo día dormí tranquila porque hice lo que tenía que hacer. Fue una de mis mejores experiencias de mi vida.

Perdón, yo creo que también políticamente hubo aprendizajes del propio partido, porque las candidaturas a presidencia municipal fueron las únicas que no fueron en alianza, en este caso Morena con Verde y con PT, y ahí estuvo la diferencia, ¿no? 

Y ahí estuvo, porque me anularon más de 9,000 votos. Entonces se gana con 10,000 votos y nada más de nulos fueron cerca de los 10,000, sin pensar pues en todo el mapacheo y todo lo que conocemos en las campañas, compras de votos, etcétera. Yo la verdad es de que el presupuesto que traía era imposible que se compraran votos ni nada, fue una campaña que realmente el voto fue legítimo y pues por eso con eso me quedo, porque es difícil obtener el voto y la voluntad de muchos, independientemente del partido en el que uno milita.

Y ante esa cercanía, ¿no queda todavía ver esquinita de otra vez? Esos ojos brillaron, ¿eh? Esos ojitos brillaron. Sobre todo te voy a decir, hay una situación, nosotros dentro de un apartado que tenemos en Contacto Noticias son una encuestadora y sí detectamos que te favorece con un alto rango, del más del 30% en contra de un 18 o 19 de Pepe Aguirre y mucho menor del diputado Sotomayor, de pues ya está muy a la baja. Pero sí cuando le preguntaban a la gente en la encuestadora, pues sí tu nombre salía a relucir, digo que es parte de lo que nos estás platicando, que en la campaña estuviste platicando con la gente y eso que en tu corazón se alberga una emoción, ¿no?

Sí, lo que pasa es de que todo eso se construye y pues yo no hice trabajo de campaña prácticamente, el trabajo lo hice antes de la campaña porque siempre desde que entré pues fui, soy muy cercana a la gente y fue la cercanía y el trabajo que todavía hago. Es más, desde que inicié yo en la política tengo casa de gestión y todavía no la quito, todavía la atiendo los fines de semana, entonces yo como casa de gestión de ciudadana común y corriente que pues yo les puedo facilitar trámites o les puedo apoyar. Y los apoyos que inicié como regidora todavía los conservo, que es apoyo en los lentes, examen de la vista, asesoría jurídica y atención a dependencias.

 

El 8 de febrero de 2026, Cadena Noticias publicó una primera columna (https://cadena8noticias.com/la-matraca-irma-leticia-paso-a-paso-cadena-8-noticias/ ) señalando que el ascenso de Dra. Irma Leticia González Sánchez, actual titular del Centro SICT en Guanajuato, refleja lo que busca ser una consolidación estratégica que trasciende la gestión técnica, posicionándola como una pieza fundamental para las aspiraciones de Morena en el Bajío rumbo a los comicios de 2027.

Más allá de su formación en Derecho y Administración Pública, su paso por el Congreso estatal y su actual rol en infraestructura federal le han otorgado un "derecho de picaporte" con alcaldes y grupos empresariales, factor que la perfila con la proyección necesaria para liderar nuevos proyectos electorales en Irapuato.

Se revela una dinámica donde la visibilidad política y la ejecución de proyectos estatales se entrelazan, sugiriendo que, dependiendo de los acuerdos en la cúpula partidista y las definiciones de género, su ruta podría escalar desde la alcaldía hacia metas de mayor envergadura política.

Luego, una segunda columna de opinión "La locomotora política de Irma Leticia y el boleto hacia el 2027", publicada por el Mtro. Manuel Delgado en Cadena 8 Noticias el 31 de julio de 2026 (https://cadena8noticias.com/la-locomotora-politica-de-irma-leticia-y-el-boleto-hacia-el-2027-tarjeta-postal-columna-politica/ ), analiza la posición de Irma Leticia González Sánchez de cara al proceso electoral de 2027.

Se exhibe que a través del texto que, desde su cargo como directora General del Centro SICT en Guanajuato, Irma Leticia no solo está trabajando en infraestructura federal, sino que está "pavimentando" activamente su camino hacia la alcaldía de Irapuato en 2027. A diferencia de otros aspirantes internos en Morena que, según el autor, esperan la inercia de la marca partidista o apenas comienzan su labor, González Sánchez es retratada como alguien que ya tiene el control de la "locomotora" debido a su trayectoria pública y su nivel de conocimiento ciudadano.

Se destaca que su representatividad social y su trabajo en terreno actúan como una maquinaria política sólida y difícil de descarrilar para sus competidores internos, mencionando explícitamente a Pepe Aguirre como otro aspirante activo en este escenario. La columna señala que, aunque ella muestra disposición para avanzar, el resultado final dependerá de variables como el género asignado a la candidatura en Irapuato y los acuerdos internos en la cúpula de Morena.

En conclusión, la publicación sugiere que González Sánchez mantiene una ventaja estratégica en la contienda interna gracias a su gestión operativa y su cercanía con la ciudadanía, posicionándose como una figura central en la política irapuatense para los próximos comicios.

Es evidente que el posicionamiento de Irma Leticia González Sánchez, actual titular del Centro SICT Guanajuato, presenta elementos que sugieren una estrategia de mantenimiento de presencia política en Irapuato con miras a una futura contienda. Al analizar su actividad reciente como funcionaria federal, se observa cómo utiliza su gestión para mantenerse vigente ante la ciudadanía irapuatense, bajo una narrativa de "resultados" que contrasta con la administración municipal actual.

El 23 de junio, un tercer artículo, en Contacto Noticias, la presenta reunida con los grupos masónicos en Celaya, en su calidad de funcionaria SCT para participar como oradora en el evento, junto con el diputado federal Ernesto Prieto y el alcalde de Celaya, juan Miguel Ramírez Sánchez. (https://contactonoticias.com.mx/index.php/irma-leticia-gonzalez-destaca-en-celaya-el-legado-de-ignacio-ramirez-durante-aniversario-de-la-masoneria-moderna/ )

Un cuarto artículo, también de Contacto Noticias, en su columna de opinión, la presenta como la candidata para ser la próxima alcaldesa de Irapuato y que ella sería la mejor opción, según la columna. (https://contactonoticias.com.mx/index.php/irapuato-irma-leticia-encabeza-preferencias-voto/ ) 

La estrategia de comunicación digital de la Mtra. Irma Leticia González Sánchez, al mezclar su investidura como Directora General del Centro SICT en Guanajuato con su perfil personal y su trayectoria política previa, es un caso de estudio sobre la delgada línea entre la difusión de obra pública y la promoción personalizada además de detectarse una sutil, para unos, o evidente, para otros, actitud de clientelismo político, donde la funcionaria hace ver a la población que las obras parecieran ser gracias a la presidenta de la república y no a los impuestos de los ciudadanos, tal y como lo hace y sucede con Mario Delgado, titular de la SEP y la beca Rita Cetina.

De hecho, los reels que publica de enero a la fecha parecieran centrarse en 5 lugares específicos: Irapuato, Celaya, Tarimoro, Salvatierra y Pénjamo así como algunos momentos en San Luis de la Paz. El resto al parecer no está recibiendo el mismo tratamiento, generándose quejas ciudadanas que son visibles en sus propias redes sociales o, en algunos casos, directamente por los mismos alcaldes, como sucedió y sucede curiosamente como lo son las alcaldías de Villagrán, Irapuato y San José de Iturbide.

Los citados municipios, gobernados por Morena, se presentan algunas acciones que de hecho no son solamente bacheos, sino entrega de materiales reciclados para pavimentar calles. Lo interesante del caso es que todos estos alcaldes, incluida ella, están fuertemente ligados al senador Ricardo Sheffield, precisamente por haber sido funcionaria en PROFECO, cuando el ahora senador ocupó la titularidad de esa dependencia (https://lasillarota.com/guanajuato/2022/6/12/los-31-amigos-cuates-de-sheffield-que-tiene-chamba-en-la-profeco-296683.html )

Se da un caso de respuesta a un comentario, donde ella misma señala que SICT no tiene injerencia o atención en el ámbito municipal, aunque los reels de Tarimoro y Pénjamo demuestran otra cosa. 

Resultaría jurídicamente y políticamente inverosímil que una funcionaria con la trayectoria pueda argumentar ignorancia sobre las normativas de comunicación social y promoción personalizada. González Sánchez no es una funcionaria novata; fue diputada local en dos ocasiones por partidos distintos (PRI y Morena).

Cuenta con una Maestría en Administración Pública y es Licenciada en Derecho. Esta formación académica implica, por definición, un conocimiento profundo de la estructura del Estado, las responsabilidades de los servidores públicos y el marco legal que regula el uso de recursos y logotipos institucionales. Ha presidido el Congreso del Estado de Guanajuato y ha ocupado cargos nacionales en PROFECO y organismos legislativos. Haber ocupado posiciones de alta responsabilidad le exige un estándar de conocimiento legal mucho más alto que al promedio de los ciudadanos.

El uso de redes sociales personales para difundir obra pública mezclada con contenido partidista y personal puede contravenir diversos preceptos legales, principalmente los consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Comunicación Social:

-Artículo 134 Constitucional (Séptimo párrafo):  Establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundida por los poderes públicos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Al mezclar su imagen personal con la difusión de obras de la SICT, podría estar utilizando recursos públicos (la estructura y personal de la SICT que genera el contenido) para construir su imagen de cara a futuras aspiraciones electorales.

Si la funcionaria utiliza tiempo de trabajo, equipo, personal o logotipos institucionales para promover su figura (incluso si lo hace bajo el pretexto de ser una "irapuatense comprometida"), podría incurrir en un desvío de recursos públicos hacia un fin privado o partidista. Aunque el proceso electoral no esté en curso, la constante construcción de una imagen de "candidata eterna" mediante el uso de logotipos gubernamentales puede configurar actos anticipados de promoción, afectando la equidad cuando el proceso comience formalmente.

La funcionaria está ejecutando una estrategia de "Omnipresencia Institucional". Al fusionar su perfil, busca transmitir tres mensajes específicos:

-El "Puente" de Gobierno: Quiere que la ciudadanía vea en ella la única vía de comunicación real entre la Federación y Irapuato. Al aparecer con logotipos oficiales y, acto seguido, con contenido personal o partidista, "contamina" la institucionalidad de la SICT con su marca personal.

-Validación mediante el "Efecto Halo": Al mostrar videos junto a figuras nacionales como Claudia Sheinbaum, busca transferir la legitimidad y el poder de la estructura federal hacia su persona, intentando que el electorado la perciba como la "candidata oficial" o la más conectada con el gobierno central.

-La "Gestora Incansable": Sus reels y publicaciones personales no son aleatorios; buscan presentarla como una mujer que, desde la federación, sigue "resolviendo" problemas específicos de Irapuato, manteniendo así vigente la expectativa de su candidatura para 2027 sin haber dejado nunca la narrativa de campaña.

La funcionaria está caminando sobre una cuerda floja legal. El argumento de "no sabía" es insostenible dada su probada experiencia legislativa y jurídica. Lo que se observa es una instrumentalización del cargo federal para mantener viva una marca política, aprovechando la ambigüedad que aún existe en la regulación de las redes sociales privadas de los servidores públicos. 

Al mezclar el logo de una Secretaría de Estado con fotos personales y recuerdos de campañas pasadas, se borra el límite entre el servidor público que sirve a todos y la política que busca convencer a algunos, lo cual es una clara señal de una campaña que nunca terminó o para ella no ha terminado.

Este cruce de información muestra cómo el perfil de gestión administrativa que proyecta desde la SICT se entrelaza con el mantenimiento de su estructura de contacto ciudadano, elementos que son componentes fundamentales en una narrativa orientada a sostener su relevancia política y electoral en la región de cara a futuros procesos electorales. #MetroNewsMx