Metro News Mx

-Sheinbaum recriminó al gobernador Kuri por invitar al embajador de EE. UU. a una academia policial sin avisar a la Federación.

-La presidenta aseguró que el gobierno estatal actuó en solitario y sin el conocimiento del gabinete de seguridad federal.

-Fotografías y documentos revelaron que altos funcionarios de la FGR, el Ejército y la Guardia Nacional sí asistieron.

-El gobierno de Querétaro informó formalmente a la SRE sobre la visita diplomática mediante un oficio enviado con días. 

-La Cancillería emitió un comunicado oficial confirmando la recepción del oficio, contradiciendo el discurso matutino

-El documento estatal precisaba que la interacción tendría efectos estrictamente protocolarios sin cooperación directa. 

-El reclamo público de la mandataria dejó al descubierto una grave ruptura de comunicación con las propias dependencias.

-El gobierno federal suavizó el tono del diferendo, ofreciendo un acompañamiento institucional de coordinación mutua. 

-El episodio evidenció cómo la narrativa de confrontación ideológica choca frontalmente con la realidad institucional. 

-El supuesto agravio presidencial derivó en un costoso retroceso ante la contundencia de las pruebas documentales.

La política exterior y la narrativa de confrontación del Estado mexicano sufrieron un nuevo tropiezo que desnuda las costuras de la improvisación gubernamental. El episodio protagonizado en torno a la colocación de la primera piedra de una academia internacional de policía en Querétaro sintetiza a la perfección los riesgos de gobernar a golpe de ocurrencias ideológicas, desconectadas de la realidad institucional y de la propia administración federal.

Todo comenzó como parte de un libreto previsible y dictado desde la retórica de confrontación heredada. Ante las tensiones bilaterales y los reclamos por la relación con Estados Unidos —nutridos por los señalamientos de la nueva literatura política obradorista sobre visores y diplomáticos—, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por lanzarse públicamente contra el gobernador panista Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson.

Desde el atril de la conferencia matutina, la mandataria reprochó con tono de agravio institucional que el mandatario estatal hubiera invitado al diplomático extranjero a un evento de capacitación policial sin la venia explícita del gabinete de seguridad federal ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La instrucción era clara: exhibir, cuestionar la lealtad institucional y exigir explicaciones públicas bajo el argumento de que se vulneraba la soberanía nacional. Sin embargo, el libreto se derrumbó ante la contundencia de los hechos.

El gran yerro del Ejecutivo federal no fue solo político, sino de extrema torpeza informativa. La narrativa de que el gobierno local actuó "por la libre" y a espaldas de la federación se pulverizó en cuestión de horas al revelarse dos evidencias irrefutables:

La presencia federal en el presídium: Lejos de ser un acto aislado o clandestino, en el templete oficial estuvieron presentes tres altos representantes del propio gobierno federal: el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, Javier Rodríguez; el general brigadier y comandante de la Séptima Zona Militar, Aldo Gómez; y el capitán primero David Baladés, en representación de la Guardia Nacional.

El aviso formal en tiempo y forma: Salió a la luz el oficio fechado el 23 de septiembre y recibido formalmente por la Cancillería el 25 de septiembre —es decir, siete días antes de la visita—. En dicho documento, el gobierno de Mauricio Kuri notificó puntualmente sobre la reunión, aclarando por escrito que la interacción tendría efectos protocolarios y no implicaba mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

La pregunta que surge es inevitable: ¿Cómo es posible que la titular del Poder Ejecutivo federal lance un extrañamiento internacional y cuestione a un gobernador basándose en premisas falsas? La respuesta apunta a un grave cortocircuito operativo: o la información fue deliberadamente sesgada para alimentar el berrinche político, o las dependencias federales (Ejército, FGR, Guardia Nacional) operan en absoluta desconexión con el primer círculo de la Presidencia.

Ante el ridículo institucional y la imposibilidad de sostener la narrativa de la "conspiración silenciosa", la maquinaria gubernamental debió dar marcha atrás de manera estrepitosa.

Horas después del discurso matutino, la SRE emitió un comunicado oficial de cuatro puntos que contrastaba radicalmente con el tono beligerante de la presidenta. En dicho posicionamiento, la Cancillería reconoció implícitamente lo que horas antes se negaba: confirmó la recepción oportuna del oficio de aviso del gobierno queretano y suavizó el diferendo al ofrecer, por instrucción presidencial, un acompañamiento institucional mediante el diálogo directo con el gobernador Kuri. El gobierno federal tuvo que "bajarle dos rayitas" a su propia crisis fabricada.

Más allá de la anécdota, el choque entre el discurso de Palacio Nacional y la realidad administrativa revela fallas estructurales profundas en el actual régimen:

-La subordinación de los hechos al relato político: Se prioriza el ataque discursivo y la polarización (etiquetar de sospechoso cualquier acercamiento con autoridades de Estados Unidos) por encima de la verificación básica de los datos. La improvisación sustituye a la inteligencia diplomática.

-La disociación del aparato de seguridad: Resulta paradójico —y alarmante— que el Ejército, la Guardia Nacional y la FGR asistan institucionalmente a un evento de carácter oficial y que la Presidencia de la República ignore por completo su presencia, utilizándolos involuntariamente como munición para un ataque político infundado.

-El desgaste de la figura presidencial: Exponer a la titular del Ejecutivo a emitir juicios erróneos y demandas de explicación que caen por su propio peso debilita la investidura presidencial y convierte la máxima tribuna del país en un espacio de desinformación institucional.

El episodio de Querétaro no es un simple malentendido burocrático; es la radiografía de un poder centralizado que padece de miopía informativa, donde el afán de confrontación ideológica termina devorando la congruencia del Estado y dejando en evidencia que la izquierda en el poder muchas veces combate fantasmas creados por su propia desorganización interna.

Es que de pronto son tan obvios.

El sábado aparece un fragmento del nuevo libro de López Obrador en el que ataca al embajador de Estados Unidos porque Estados Unidos le quitó la visa a su hijo Andy.

Y hoy, dos días después, la presidenta Sheinbaum se lanza contra el embajador de Estados Unidos y termina quedando en ridículo la presidenta porque resultó que sus reclamos no tenían fundamento y hay fotos y documentos que lo prueban.

Penoso, penoso lo de la presidenta, otra vez pifió la presidenta.

Ahí le va.

El nuevo libro de López Obrador se llama Pueblo.

El sábado circuló en el medio de comunicación obradorista, sin embargo, un fragmento en el que López Obrador califica como un acto canallesco el retiro de la visa de su hijo Andy.

Señala como responsable al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, y también critica al actual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien llama prepotente policía entrometido.

Bueno, pues en la mañanera le preguntaron a la presidenta qué opinaba de esto.

¿Y qué hizo la presidenta?

Arremetió contra el embajador de Estados Unidos, o sea, la política exterior también dictada desde Palenque.

Y como arremetió contra el embajador de Estados Unidos, lo acusó de no haberle avisado al gobierno federal que iba a ir a un acto a Querétaro con el gobernador, que es del PAN, Mauricio Kuri, para colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.

Como presidenta tengo que tener una opinión diplomática siempre.

Les voy a dar un caso que me llama la atención y es importante que se conozca.

En el estado de Querétaro, el gobernador invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una academia internacional de capacitación de policía.

No invitaron a la defensa, no invitaron al gabinete de seguridad federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entonces, hasta ahora nosotros hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos.

Pues, ¿cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano y no con el gabinete de seguridad federal?

Porque además se ha apoyado en todo al gobernador, no hay mala relación con él.

Espérese, no terminó ahí el berrinche por la colocación de la primera piedra.

O sea, hay gobernadores de Morena metidos con el narco y no se indigna la presidenta.

Ah, pero no vaya a ser que un gobernador de oposición invita al embajador de Estados Unidos a poner una primera piedra de un instituto de policía.

Bueno, la presidenta llamó a cuentas al gobernador, llamó a cuentas al embajador de Estados Unidos.

Y en eso le preguntan a la presidenta: "Oiga, pero ¿eso es delito?", y dice la presidenta: "No".

Entonces no creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo.

Tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del gobierno de México y, particularmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También el embajador, a los dos.

¿Por qué no?

El embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y ya que estábamos en el reclamo internacional, resulta que todo fue una pifia de la presidenta.

Sí invitaron al gobierno federal y ahí estuvieron representantes del gobierno federal.

Mire, así se veía el templete y no había uno, no había dos, había tres funcionarios del gobierno federal.

De izquierda a derecha vemos primero al delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro, Javier Rodríguez, en el estrado.

Después, en medio, estuvo sentado el general brigadier comandante de la Séptima Zona Militar, la de Querétaro, Aldo Gómez, o sea, el representante del ejército en Querétaro.

Y casi hasta el final del estrado aparece el capitán primero David Baladés en representación del general de la Guardia Nacional, Ricardo Melendres.

No solo eso, también comenzó a circular el documento en el que el gobernador panista Mauricio Kuri le informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se iba a reunir con el embajador para abordar distintos temas.

Está fechado el 23 de septiembre y fue recibido en la cancillería el 25 de septiembre, o sea, siete días antes de la visita del embajador a Querétaro.

Allí puso textual: "La interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia".

Pues, ¿por qué la presidenta estaba tan mal informada?

¿Le pasaron mal la información o ni siquiera revisó bien los datos antes de hacer sus comentarios en la mañanera?

Y se siguió, porque la orden de Palenque era atacar al embajador.

Porque no fue cualquier pifia, eh.

Se puso a pedirle explicaciones al embajador de Estados Unidos en un momento en que la relación está tensa.

¿Qué va a hacer ahora la presidenta?

¿Acusar de traición a la patria al general del ejército y al capitán de la Guardia Nacional que estuvieron ahí o al delegado de la fiscalía?

¿A poco ahora nos van a salir con que estos tres funcionarios no avisaron a nadie que iban a ir a un acto organizado por el gobernador de Querétaro, panista, donde el principal invitado era el embajador de Estados Unidos?

¿O será que en el fondo hay de gobernadores a gobernadores y algunos de Morena no quieren estar ni cerca del embajador, no les vaya a quitar la visa?

Reconozco al gobernador Kuri, un amigo mío y a su equipo en total.

Y creo que Querétaro es un ejemplo de lo que podemos hacer si solamente trabajamos juntos para la formación especializada de policías de México y también de otros países.

Aquí van a poder entrenarse ante situaciones cercanas a las que enfrentan diariamente, que se desarrollan nuevas capacidades, se mejoran sus técnicas y aprenden de la experiencia de otras corporaciones.

Hace unos minutos la Cancillería mexicana ya respondió a las evidencias que se fueron presentando de que el gobierno de Querétaro no actuó solo y por sus pistolas invitó al embajador de Estados Unidos a poner la primera piedra de una academia policial.

Ya ve que en el templete había dos elementos del ejército mexicano, incluyendo el jefe de la zona militar ahí en Querétaro.

Estaba también el representante en Querétaro de la Fiscalía General de la República y, bueno, también apareció la carta en donde el gobierno de Querétaro le informaba a la Cancillería de la reunión del gobernador con el embajador.

Bueno, pues ya el tono de la Cancillería es muy diferente al tono de la mañanera de la presidenta Sheinbaum; el gobierno ya le bajó.

Acaba de sacar un comunicado de cuatro puntos que dice textualmente lo siguiente.

"Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional; la Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones".

"Segundo: el 25 de septiembre la Cancillería recibió un oficio del gobierno del estado de Querétaro que informaba sobre la visita del embajador de Estados Unidos, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar diversos temas de interés común.

En dicho oficio se precisaba que la visita no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

Tercero: la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante esa visita, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo ante el órgano que decían, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad".

"Por instrucción de la presidenta Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones en un ánimo de coordinación institucional.

Cuarto: México y Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación.

Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del gobierno de México en coordinación con las entidades federativas". #MetroNewsMx #Latinus

La revelación de la problemática que envuelve a los productores agrícolas de la región de Abasolo, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo e Irapuato —en particular con el centro de acopio Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL— destapa una cloaca añeja y dolorosa: el abandono, la indefensión y el sistemático abuso al que se enfrenta el eslabón más importante y frágil de la cadena agroalimentaria. 

A través de la reveladora entrevista sostenida entre Metro News y el subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Campo (SECAM), Alberto Vargas Franco, se dibuja un panorama sombrío donde las promesas institucionales chocan contra la opacidad, el coyotaje y la retención injustificada de recursos que debieron aliviar la economía de las familias campesinas.

Sostener que el caso presenta indicios graves de irregularidades no es una exageración sensacionalista, sino la cruda deducción lógica ante hechos insostenibles. Tras meses de haber entregado sus cosechas correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2025, los campesinos enfrentan una profunda zozobra económica.

El tiempo transcurrido opera como el testigo mudo de una simulación: acuerdos incumplidos, representantes de centros de acopio que brillan por su ausencia en las mesas de conciliación pactadas —como ocurrió cuando la contraparte evadió presentarse con excusas endebles— y productores sumidos en deudas agobiantes, con padres enfermos y la imposibilidad material de avituallarse para los siguientes ciclos agrícolas. 

Cuando la retención de pagos por el producto del sudor campesino se prolonga artificialmente mientras operan presuntamente otros ciclos comerciales de contado (como el sorgo), la presunción de irregularidades graves deja de ser una sospecha para convertirse en una agresión directa contra la supervivencia humana.

Desde la perspectiva de la Secretaría del Campo, se intenta trazar una línea divisoria técnica y administrativa: por un lado, el adeudo comercial entre particulares (el centro de acopio y los productores por la venta de maíz); por el otro, el subsidio gubernamental autorizado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo —de 150 pesos por tonelada, ascendiendo a más de 1.5 millones de pesos para este centro—, el cual, según la dependencia, responde a reglas y ejercicios presupuestales formalizados posteriormente y con vigencia extendida hasta el cierre de año.

Sin embargo, no existe justificación moral ni operativa válida para que este engranaje burocrático sirva de coartada a la impunidad. Aunque administrativamente los tiempos del subsidio y los de la cosecha no coincidan cronológicamente en el papel, en la realidad social y económica del campo forman parte de un mismo ecosistema de apoyo. 

Permitir que los centros de acopio funcionen como cajas de resonancia donde se manosean los recursos públicos y se "jinetean" los recursos públicos, además de querer castigar el bolsillo del productor con "gastos administrativos" o retenciones injustificadas es muestra de una grave falla de supervisión. Si el gobierno aporta recursos públicos para fortalecer al productor frente al intermediarismo, tolerar que esos recursos o los pagos de las cosechas queden atrapados en manos de particulares podría ser, cuando menos, una complicidad por omisión institucional.

Ante los hechos expuestos y de acuerdo con el marco punitivo vigente en el estado, organizaciones y asesores jurídicos señalan que la conducta de los administradores de la comercializadora amerita ser investigada a fondo por la fiscalía bajo diversas figuras del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Primero, el Abuso de Confianza (Artículo 198). Se configura cuando, con perjuicio de tercero, se retiene una cosa mueble o recursos de los cuales solo se transfirió la tenencia y no el dominio. Los productores entregaron su grano confiando en la custodia y pago del centro de acopio; retener el numerario o el valor de la cosecha vulnera presuntamente el patrimonio ajeno.

Segundo, la Administración Fraudulenta (Artículo 203): Establece sanciones equivalentes al delito de robo cuando quien tiene a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos realiza a sabiendas actos que perjudican el patrimonio del titular buscando un beneficio propio o de un tercero. Los centros de acopio operan como administradores de la confianza y el producto de los agricultores; desviar esos flujos financieros para fines ajenos encuadra en los supuestos que la autoridad está obligada a indagar.

El tercer aspecto, el Peculado y Desvío de Recursos Públicos (Artículo 248): Si bien el recurso proviene de un subsidio estatal destinado a los campesinos a través de un convenio, la retención indebida, el desvío de su destino final o su utilización para fines distintos a los legalmente establecidos por parte de los intermediarios constituye una hipótesis de peculado que obliga a la intervención directa de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, entre otros, el Fraude Genérico (Artículo 201): Obtener un lucro indebido mediante el engaño o el aprovechamiento del error (simular capacidad de pago, captar cosechas sin solvencia real) en perjuicio de los agricultores.

El agravio a los campesinos de Guanajuato no es un fenómeno aislado; es la crónica de una marginación estructural. El campo mexicano y guanajuatense ha cargado durante décadas con el peso del "coyotaje", de intermediarios parásitos que se enriquecen a la sombra del esfuerzo campesino mientras el productor absorbe todos los riesgos climáticos, financieros y operativos.

Ver a padres de familia endeudados, rozando la desesperación extrema al grado de advertir con tomar instalaciones por la falta absoluta de respuestas, refleja un daño social incalculable. No se trata únicamente de cifras económicas o de más de un millón y medio de pesos en el aire; se trata de dignidad humana quebrantada, de familias que pierden su patrimonio y de la destrucción del tejido social en comunidades rurales donde la tierra debería ser fuente de vida y prosperidad, no de miseria y litigios interminables.

El posicionamiento de la Secretaría del Campo al comprometerse a dar acompañamiento jurídico y exigir una respuesta límite al centro de acopio es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una denuncia penal firme ante la Fiscalía. El gobierno estatal no puede permitirse el lujo de que se dude de su probidad ni de que redes de intermediarios "le vean la cara" a la administración pública y a los campesinos.

La ley debe aplicarse con todo su rigor: caiga quien caiga, el patrimonio de quienes garantizan la soberanía alimentaria del estado no puede ser moneda de cambio de la impunidad y la corrupción. El campo guanajuatense exige justicia, no discursos; resultados legales, no solo mesas de conciliación estériles.

El objetivo principal de un subsidio extraordinario —como el apoyo de 150 pesos por tonelada impulsado por el Gobierno del Estado— es inyectar liquidez y alivio directo a la economía de los agricultores en momentos de vulnerabilidad. Cuando los centros de acopio o intermediarios retrasan los pagos, condicionan los flujos o entrampan los recursos, la intención social original del Ejecutivo se desvía. Para el ciudadano y el campesino, el beneficio gubernamental pierde su efectividad práctica, lo que genera una brecha entre lo que el gobierno proyecta como ayuda y lo que el ciudadano percibe en su bolsillo.

Aunque la Secretaría del Campo (a través de funcionarios como Alberto Vargas Franco) argumenta una defensa técnica y administrativa —señalando que se trata de recursos con vigencia legal y presupuestal definida (ejercicio 2026) y que los adeudos por la venta de maíz corresponden a un acuerdo comercial entre particulares—, la realidad política no opera con calendarios burocráticos.

Cuando un sector estratégico como el campo sufre una crisis de liquidez y los beneficiarios no ven reflejado el apoyo prometido debido a la opacidad de los intermediarios, se genera una erosión en la confianza institucional. En la percepción pública, se interpreta como una falla en la capacidad de supervisión del Estado para garantizar que los recursos públicos cumplan su cometido sin filtros nocivos.

El caso expone una debilidad estructural recurrente en las políticas de apoyo al campo: la dependencia de centros de acopio y figuras intermediarias que, en ocasiones, priorizan intereses comerciales o particulares por encima del fin social del subsidio. Como se discutió en la entrevista con Metro News, esto coloca a la administración estatal en una posición incómoda, obligándola a pasar de la planeación de apoyos a la gestión de conflictos y a la advertencia de acciones jurídicas coactivas (como el plazo fijado al 15 de octubre).

Más allá de calificarlo como una burla directa a la figura de la gobernadora, el fenómeno evidencia una falla en los mecanismos de blindaje y supervisión de los programas sociales. Si los apoyos institucionales terminan atrapados en las deudas y problemas financieros de los centros de acopio privados, la administración estatal enfrenta un doble daño: el colapso económico de los campesinos y el desgaste político de ver diluidos los beneficios de sus propias políticas públicas en manos de intermediarios ineficientes o abusivos. #MetroNewsMx

-Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática

-El análisis a los comentarios en el post de Proceso revela un tajante 95.45% de rechazo ciudadano ante el estandarte con la efigie de la presidenta Sheinbaum

-El 31.82% de las opiniones acusan servilismo y lambisconería, señalando que los legisladores actúan por el hueso y las croquetas.

-Un 40.91% de los usuarios recurre a la descalificación directa e insultos contra la clase política por este acto de sumisión.

-La sátira y el humor negro representan el 16.67% de las reacciones, usando memes y burlas sobre altares para ridiculizar el hecho.

-El 6.06% exige destitución y denuncia la pérdida de poderes, evidenciando el total sometimiento del Congreso al Ejecutivo.

-El diputado petista José Antonio López Ruiz usó la comparecencia de Hacienda para desplegar un costoso estandarte con Sheinbaum.

-Cánticos como ¡Es un honor estar con Claudia hoy! y su apoyo incondicional eclipsaron el debate técnico económico en San Lázaro.

-La ciudadanía concluye que la actuación parlamentaria prioriza el beneficio utilitario personal sobre la dignidad institucional.

La nota publicada por la Revista Proceso donde se muestra cómo una comparecencia institucional —la del secretario de Hacienda, Édgar Amador— se transforma rápidamente en un escenario para la exaltación partidista plasma como el diputado José Antonio López Ruiz (https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/9/30/diputado-del-pt-despliega-estandarte-con-imagen-de-sheinbaum-durante-comparecencia-de-shcp-video-380949.html ) utiliza datos económicos para contraponer el modelo actual con el neoliberal de la década de 1990, un recurso discursivo habitual para validar los logros sociales de la administración. Sin embargo, el fondo técnico queda completamente opacado por la ejecución simbólica y el despliegue de lealtad.

El culto a la personalidad: El uso de un estandarte con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la Cámara de Diputados evoca una iconografía cuasirreligiosa, trasladando la devoción política al centro del debate parlamentario.

Pérdida de contrapesos: Cánticos como "¡Es un honor estar con Claudia hoy!" y la declaración de un apoyo "incondicional" desdibujan el rol del Congreso como un poder autónomo encargado de fiscalizar y debatir con el Ejecutivo, reduciéndolo a un órgano de aclamación.

En su intervención, López Ruiz centró sus argumentos en defender las cifras oficiales de la actual administración y contraponerlas con el modelo neoliberal de la década de 1990. Dirigiéndose directamente al secretario Amador, a quien calificó de amigo de México y cuya designación consideró la mejor decisión del país respaldando las palabras del líder petista Alberto Anaya, el diputado lanzó críticas severas contra el ex titular de la dependencia, Guillermo Ortiz Martínez. En su discurso señaló que bajo su gestión, entre 1994 y 1997, la pobreza patrimonial escaló del 52.3% al 63.7%, mientras la inflación devoró el 51.97% en tan solo un año. En contraste, presumió los datos del modelo económico oficial, destacando que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, lo que representa una reducción histórica de 12.3 puntos porcentuales, aunado a la recuperación del salario mínimo real y la premisa de buscar un bienestar compartido.

Sin embargo, el impacto de esta puesta en escena legislativa en el entorno digital contrastó de manera radical con el tono triunfalista de la tribuna. Un análisis estadístico y cualitativo de las reacciones y comentarios vertidos en la publicación de la revista Proceso —medio donde se originó la cobertura— revela un rechazo ciudadano masivo, vertical y contundente hacia la actuación del legislador. Del total de 73 interacciones registradas, que incluyeron siete reacciones vacías, el corpus de 66 comentarios válidos con una longitud promedio de casi once palabras permitió cuantificar el pulso social con absoluta precisión.

Los datos arrojan que el 95.45%, equivalente a 63 comentarios, manifestaron un tono categóricamente crítico, negativo o de abierto desprecio hacia la conducta del diputado, mientras que apenas un escaso 4.55%, representado por tres comentarios, mostró respaldo o defensas de carácter oficialista. Al profundizar en la naturaleza de las críticas ciudadanas, el 40.91% de las opiniones se concentraron en la descalificación generalizada y el uso de insultos directos contra la clase política. 

De manera muy cercana, el 31.82% de las intervenciones se articularon en torno a la crítica severa al servilismo y la llamada "lambisconería", utilizando expresiones utilitarias y recurrentes como "el hueso", "tragar", "croquetas" o referencias a sueldos e impuestos para argumentar que el acto responde a beneficios económicos personales y oportunismo político antes que a una convicción ideológica genuina.

Asimismo, la sátira, el humor negro y los memes ocuparon el 16.67% de las interacciones, destacando el uso masivo de risas digitalizadas y paralelismos irónicos con altares religiosos y la iconografía mostrada en el recinto, en tanto que el 6.06% restante abordó una crítica de carácter estrictamente institucional y político, denunciando la pérdida de la división de poderes, el sometimiento del Congreso y exigiendo de manera directa la destitución y renuncia de los funcionarios involucrados.

Las conclusiones de este análisis periodístico evidencian una profunda y preocupante brecha entre la clase política y la sociedad. Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática. La alta frecuencia de términos punitivos y el uso de la burla como válvula de escape demuestran que la opinión pública rechaza enérgicamente la sumisión institucional, percibiendo el desempeño parlamentario no como un ejercicio de representación republicana, sino como una transacción utilitaria donde la dignidad del Poder Legislativo se subordina a los intereses de poder. #MetroNewsMx

- Celaya crea su constructora municipal convirtiendo al gobierno en juez y parte de la obra pública.

-La constructora estatal no resuelve la extorsión ni la inseguridad que ahuyentó a los privados.

-La historia demuestra que el "Estado empresario" genera ineficiencia y mercados distorsionados.

-Las empresas gubernamentales terminan siendo deficitarias y succionando subsidios del erario.

-Maquinaria pesada y nóminas permanentes crean pasivos laborales insostenibles para municipios.

-Las paramunicipales operan frecuentemente como zonas grises de opacidad financiera.

-Las contralorías municipales carecen de autonomía real para auditar a estas empresas.

-La "urgencia" justifica adjudicaciones directas exprés, eludiendo licitaciones públicas.

-Estas estructuras suelen usarse como botín burocrático y para pagar favores políticos.

-El proyecto deja una pesada herencia de déficit operativo y deudas al próximo gobierno.

-Anunciarla a 374 días de concluir la administración sabe a pragmatismo electorero.

-Exponer a empleados municipales a zonas de alto riesgo equivale a ignorar la violencia.

-Es una tirita temporal sobre una hemorragia estructural y de seguridad profunda.

-Busca un golpe de efecto político inmediato antes de iniciar el proceso sucesor.

-El desfogue presupuestal de cierre evoca directamente el fantasma del "Año de Hidalgo".

La decisión del gobierno municipal de Celaya de crear su propia empresa constructora —denominada en el debate público local como la "Constructora de la Esperanza" (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/celaya-propone-constructora-municipal-para-concluir-obras-publicas-detenidas-28930286 )— para encargarse de obras menores como bacheo, techumbres, bardas escolares o reparaciones menores que las empresas privadas rechazan o encarecen, (http://articulo7.net/noticias/celaya/celaya-tendra-la-constructora-de-la-esperanza/ ) es una medida que plantea un dilema profundo entre la pragmática local y las lecciones de la macroeconomía y la historia política mexicana.

Anunciar una constructora municipal responde, según las autoridades locales, a un problema operativo real: la reticencia de los contratistas privados a participar en obras de bajo presupuesto debido a los márgenes de ganancia reducidos, sumado a los complejos retos de seguridad, extorsiones y retrasos que han afectado históricamente la obra pública en la región.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y de gobernanza, esta decisión representa un giro hacia el estatismo local. En lugar de mejorar los incentivos o flexibilizar los procesos de licitación para atraer al sector privado, el municipio decide convertirse en juez y parte: la misma autoridad que planea, financia y supervisa la obra, ahora pretende ejecutarla directamente.

La experiencia histórica de México con el modelo del "Estado empresario" —especialmente visible durante gran parte del siglo XX y en diversas etapas de la administración pública— muestra un patrón recurrente de ineficiencia.

Primero, la distorsión del mercado. Cuando el Estado compite o suple al mercado en áreas que corresponden a la iniciativa privada, suele desplazar la inversión formal y generar fricciones con cámaras empresariales, como ya lo ha advertido el Consejo Coordinador Empresarial en Celaya (https://informadordelbajio.com/cce-advierte-impacto-a-constructoras-por-proyecto-de-empresa-municipal/ ).

Segundo, la inviabilidad financiera a largo plazo. Las empresas gubernamentales tienden a volverse deficitarias porque sus estructuras no responden a la lógica de la oferta, la demanda y la competitividad, sino a presiones políticas y presupuestales. Lo que comienza como un "ahorro" en obras pequeñas frecuentemente termina absorbiendo subsidios constantes del erario para subsistir.

Tercero, la obsolescencia y los costos ocultos. El mantenimiento de maquinaria pesada, la compra de insumos, el pago de nóminas permanentes y las pensiones generan pasivos laborales y operativos que los municipios rara vez pueden sostener de manera eficiente a lo largo de los trienios.

El escepticismo encuentra un sólido respaldo en la realidad política del país. La historia de México demuestra que, con demasiada frecuencia, las figuras jurídicas de empresas paramunicipales, organismos descentralizados o constructoras estatales se convierten en zonas grises de opacidad más que en modelos de autosustentabilidad. 

Las razones principales son estructurales y entre ellas se encuentra la debilidad en la fiscalización ya que a nivel municipal, los órganos internos de control -contralorías- suelen carecer de la autonomía técnica y política real para auditar con rigor a una empresa operada por la misma administración en turno.

Además, se presenta la elusión de licitaciones públicas, porque al justificar la creación de la constructora bajo el argumento de la "urgencia", la "necesidad social" o el "ahorro", se corre el riesgo de adjudicar de manera directa la compra de materiales, la renta de maquinaria y la contratación de personal, eliminando los mecanismos de transparencia que frenan la malversación de fondos.

El otro aspecto es el clientelismo político y sindicatos, esto porque estas estructuras frecuentemente terminan sobredimensionadas en sus nóminas, utilizadas para pagar favores políticos o incorporar bases corporativas, convirtiendo un proyecto técnico en un botín burocrático.

Si bien la intención declarada del municipio es resolver un cuello de botella logístico y social, la historia sugiere que la probabilidad de que se convierta en un foco de ineficiencia y corrupción es considerablemente alta si no se establecen contrapesos estrictos, auditorías ciudadanas independientes y candados legales muy claros.

A este anuncio, del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, colocado a 374 días de que termine su criticado gobierno, en la recta final de la administración municipal, le impregna un sabor muy particular en la política mexicana. Sabe a una mezcla de pragmatismo electoral de última hora y a una "herencia pesada" para el siguiente gobierno.

Crear una estructura orgánica nueva, adquirir maquinaria, comprometer presupuestos y eventualmente absorber una nómina cautiva a pocos meses de entregar el poder funciona como un ancla administrativa. 

Si la "Constructora de la Esperanza" no logra ser autosuficiente de la noche a la mañana, el déficit operativo, los pasivos laborales y el mantenimiento de equipo pesado se convierten automáticamente en un "regalo envenenado" o un problema financiero crónico que heredará la siguiente administración, sea del signo político que sea.

Históricamente, en el servicio público mexicano, los últimos meses de los gobiernos municipales son los periodos donde más se acelera el gasto bajo el argumento de la "urgencia" por terminar proyectos pendientes o atender demandas sociales acumuladas. La prisa es enemiga de la fiscalización: bajo la justificación de que "las constructoras privadas no quieren hacer obras chicas", un cierre de administración con una constructora propia abre una puerta sumamente ancha para la adjudicación directa exprés en compras de materiales, arrendamiento de maquinaria y contratación de personal, eludiendo los filtros rigurosos de transparencia.

Si el rechazo de los contratistas a hacer obras pequeñas en Celaya está profundamente ligado a factores de inseguridad, extorsión y costos operativos de riesgo, crear una empresa municipal no elimina esas causas raíz; solo cambia de actor el riesgo. Mandar a trabajadores del municipio a pavimentar, bachear o levantar bardas en zonas complejas sin resolver el entorno de seguridad no hace el problema más seguro, solo expone al erario y a empleados municipales a las mismas presiones que ahuyentaron a la iniciativa privada.

A menos de un año de que concluya el trienio, los gobiernos buscan desesperadamente obras tangibles, visibles y de impacto inmediato que se puedan inaugurar y presumir en los informes de gobierno o en la memoria colectiva antes de que inicie el proceso electoral sucesor. Una constructora propia promete inmediatez: presumir que "el municipio ahora sí resuelve" lo que otros ignoraron. Sin embargo, la política pública seria no se construye con soluciones exprés diseñadas para el lucimiento del tramo final, sino con planeación transexenal.

El anuncio sabe a una tirita temporal colocada sobre una hemorragia estructural, ejecutada en el momento políticamente más apremiante para la administración, donde el riesgo de que los costos reales los pague la ciudadanía a largo plazo supera por mucho los beneficios de la bandera inaugural.

En el imaginario y la picaresca política de México, la mención del "Año de Hidalgo" evoca de inmediato esa célebre y cínica máxima popular que alude al desfogue presupuestal y a la tentación de maximizar recursos antes de dejar el cargo.

Cuando un proyecto de la magnitud de crear una empresa paramunicipal —con compra de maquinaria, asignación de presupuestos para materiales y reestructuración operativa— surge o se acelera en la recta final de una administración, es completamente natural que la ciudadanía y los analistas sospechen de la sombra de este fenómeno.

Fundar una constructora desde cero no es un trámite menor: requiere adquirir maquinaria pesada, vehículos utilitarios, herramientas, inventarios de materia prima y contratar personal. En el tramo final de los gobiernos, la justificación de la "urgencia" y la "necesidad operativa inmediata" suele utilizarse para evadir las licitaciones públicas abiertas y transparentes, recurriendo masivamente a las adjudicaciones directas con proveedores de confianza, amigos o recién estrenados socios comerciales.

Ante la presión de cerrar el ejercicio fiscal y entregar la administración, existe el riesgo de que los recursos públicos (ya sea del municipio o fondos concurrentes) se liberen a marchas forzadas para capitalizar la nueva empresa. Un flujo fuerte de dinero movido deprisa y con poca planeación estructural es el caldo de cultivo ideal para que se diluya la rendición de cuentas, pues las contralorías internas rara vez alcanzan a auditar con profundidad la compra de activos antes de que cambie el cabildo.

Las figuras jurídicas descentralizadas o las empresas de participación municipal a menudo operan bajo regímenes administrativos más laxos que una Dirección General de Obras Públicas tradicional. Esto puede prestarse para que se firmen contratos multianuales, arrendamientos de equipo inflados o compras de inventario cuyos costos reales queden sepultados bajo el argumento de la autonomía técnica de la nueva empresa, dificultando que el siguiente gobierno o los ciudadanos accedan a los contratos originales.

Si bien las autoridades locales defienden la medida bajo el argumento técnico de resolver el bacheo y las obras menores que el sector privado rechaza, el "timing" político es lapidario. Anunciar una reingeniería institucional de este calado en la etapa de salida de un trienio siembra una desconfianza legítima.

Más que una solución de fondo al problema de la construcción, para muchos ciudadanos y sectores productivos sabe precisamente a una jugada adelantada de cierre de ciclo donde el riesgo de opacidad financiera eclipsa cualquier beneficio social. #MetroNewsMx

El ostentoso operativo de seguridad desplegado en San José Iturbide, Guanajuato, presentado inicialmente con bombo y platillo como un "megadecomiso histórico" de combustible por la Fiscalía General de la República y el secretario de seguridad Omar García Harfuch, ha derivado en un bochornoso ridículo político. La supuesta red clandestina de extracción de hidrocarburos resultó ser, en realidad, una central privada de almacenamiento y distribución con plena legalidad, permisos federales, estatales y municipales vigentes, y una trazabilidad documental impecable que abastece a empresas transnacionales como Exxon y al propio Pemex.

Este tropiezo no solo exhibe una grave falla operativa e investigativa, sino que expone cómo las altas esferas del poder, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum —quien dio por buena la información durante su conferencia mañanera en Irapuato—, fueron alimentadas con un expediente falso. Lejos de consolidar un golpe maestro contra la delincuencia, el episodio refleja una presunta emboscada o "cuatro" diseñado por detractores políticos dentro de la propia administración federal para minar la imagen y el liderazgo puntero de García Harfuch en la carrera sucesoria hacia la Presidencia de la República.

El constante protagonismo mediático y el respaldo que Omar García Harfuch cosecha entre empresarios, sectores medios y agencias internacionales lo han convertido en el blanco principal de las pugnas internas por la sucesión presidencial.

Analistas en seguridad apuntan a que operadores políticos de alto nivel dentro del propio gobierno —específicamente perfiles con experiencia en regiones como Chiapas y Tabasco— poseen la audacia e inteligencia para orquestar montajes documentales de esta magnitud.

La fabricación de expedientes falsos evidencia que la lucha adelantada por el poder utiliza los aparatos de procuración de justicia como instrumentos de desgaste y fuego amigo institucional.

A dos años del estallido de la guerra intestina en Sinaloa, la percepción ciudadana en Culiacán y Mazatlán contrasta diametralmente con la narrativa oficial federal sobre una supuesta disminución de homicidios y delitos.

El gobierno federal enfrenta una doble presión: la estrategia de presión externa implementada por Donald Trump y la urgencia de blindar su capital político de cara a las elecciones intermedias de 2027.

Ante el riesgo de eventos de alto impacto y la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales, la administración recurre a tácticas de comunicación inspiradas en el salinismo para maquillar la realidad mediante golpes de imagen.

La gira presidencial en Guanajuato marcó un contraste absoluto con el castigo presupuestario del sexenio pasado, introduciendo proyectos de infraestructura de alto calado como el acueducto para León y el tren interurbano.

La llegada de Gerardo Vázquez Salas a la fiscalía estatal actúa como un puente bisagra eficaz para coordinar la procuración de justicia local con los intereses de la federación.

Pese a tensiones aisladas y protestas sociales por obras hidráulicas en municipios como Acámbaro, las encuestas muestran que la gobernadora Libia Dennise mantiene altos niveles de aprobación, superando incluso la popularidad de la mandataria federal en la entidad.

Los cárteles del narcotráfico (Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana) operan como corporaciones macrocriminales dotadas de redes financieras, contables y de una infraestructura hospitalaria propia con quirófanos y bancos de sangre.

Ante la imposibilidad de activar sin riesgos el "código plata" en clínicas regulares o para evitar que sicarios heridos sean rematados por rivales, las organizaciones criminales coaptan centros médicos bajo amenazas o financian hospitales privados exclusivos.

Este fenómeno empresarial delictivo evoca antecedentes históricos como el caso de Amado Carrillo Fuentes, reflejando el profundo nivel de penetración logística y de impunidad con el que opera la delincuencia organizada.

De cara a los comicios de 2027, el mayor riesgo institucional en el Bajío radica en la narcopolítica, destacando la presencia estimada de al menos ocho alcaldes en Guanajuato presuntamente vinculados a grupos criminales.

El crimen organizado busca infiltrar las estructuras municipales financiando campañas de candidatos de todo el espectro partidista (PAN, Morena, PRI, MC, Verde), ya que los cárteles operan bajo intereses económicos y de control territorial.

Urge la ejecución de un "Operativo Enjambre" coordinado entre la Federación y el estado —replicando los modelos aplicados en Puebla y el Estado de México— para desarticular redes de protección político-policial y evitar que Guanajuato repita la trágica historia de gobernanza criminal vivida en Sinaloa.

 #MetroNewsMx

-El municipio emitió un boletín donde se narra una historia de situaciones que involucran a exalcaldes de este municipio y el manejo opaco, al margen de la ley para reacomodar permisos y la violación de la ley

-De hecho, la obra inició sin permisos de construcción y fueron multados; extraoficialmente, Cindy Arvizu habría aprobados la expansión de las instalaciones

-Municipio de San José Iturbide respalda el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en La Fragua. 

-Alcalde Edgar Montes reprocha que la planta operaba sin protocolos de protección civil, un riesgo latente.

-El gobierno municipal exige investigar y castigar cualquier acto de corrupción ligado a la instalación de la planta.

-Historial irregular: En 2017 la empresa fue multada por iniciar obras sin permisos antes de ampliar su capacidad.

-Pobladores de La Fragua crearon el Movimiento de Comunidades Unidas en 2019 ante los graves riesgos e invasiones.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- La línea que separa el desarrollo industrial regulado del riesgo latente —y de las posibles redes de opacidad— suele ser peligrosamente delgada en el corredor del Bajío. El operativo implementado este día por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en estrecha coordinación con fuerzas federales, sobre la planta de almacenamiento de hidrocarburos en la comunidad La Fragua, no es un hecho aislado; es el punto de choque entre el pasado de omisiones burocráticas y la cruda realidad de un municipio que lleva años cargando con los riesgos de la infraestructura energética pesada.

El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de gran capacidad y unidades de carga en un predio de esta magnitud obliga a hacer una pausa crítica y a revisar con lupa el historial administrativo que permitió la instalación de este complejo industrial.

Resulta inevitable contrastar el despliegue táctico, los cateos y la presencia ministerial de hoy con las crónicas de diciembre de 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, el secretario de Energía federal Pedro Joaquín Coldwell y el alcalde en turno, José César Rodríguez Zarazúa, inauguraban con bombo y platillo este mismo centro logístico. En aquel entonces, operado bajo alianzas corporativas de alto nivel (ExxonMobil, Orsan y Gas Natural del Noreste), se prometía modernidad, inversión y detonación económica.

Sin embargo, detrás de los discursos oficiales de la época, la realidad local era otra. El expediente de la planta exhibe una génesis accidentada: multas iniciales de más de 150 mil pesos en 2017 por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con los permisos de uso de suelo, seguidas de una vorágine de autorizaciones en cabildos sucesivos que elevaron la capacidad de almacenamiento autorizada a casi 100 millones de litros (97.7 millones) en febrero de 2018.

¿Cómo se gestó un crecimiento tan acelerado de infraestructura de alto riesgo en una zona rural? La respuesta parece diluirse en el tiempo entre donativos condicionados —como el famoso millón de pesos aceptado en 2017 para comprar un camión recolector de basura— y la venia sistemática de administraciones municipales que prefirieron apostar por la complacencia antes que por el ordenamiento territorial estricto.

Mientras los corporativos celebraban la llegada de ferrotanques con combustible importado en 2019, la sociedad civil organizada —a través del Movimiento de Comunidades Unidas en La Fragua— alzaba la voz para denunciar afectaciones a la vida cotidiana, riesgos inminentes para planteles escolares cercanos, olores penetrantes y la vulneración de sus tradiciones.

Las recientes declaraciones del actual alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, ponen el dedo en la llaga al reconocer una verdad que las administraciones pasadas intentaron minimizar: la empresa nunca contó con protocolos reales de protección civil ni de vinculación comunitaria. Las instalaciones industriales de esta envergadura son "peligrosas per se*, y dejar a los habitantes a merced de una contingencia sin planes de evacuación ni capacitación adecuada representa una irresponsabilidad institucional imperdonable.

El posicionamiento del gobierno municipal actual al respaldar las inspecciones actuales y exigir que cualquier acto de corrupción del pasado sea investigado y condenado, marca un contraste necesario, pero también deja una interrogante abierta: ¿cuántas otras instalaciones operan en el estado bajo la complacencia de permisos exprés y supervisiones laxas?

El operativo de este 17 de septiembre en San José Iturbide no debe verse únicamente como un golpe táctico contra el mercado negro de combustibles, sino como una llamada de atención estructural. La fiscalización exhaustiva que hoy realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia, legalidad y volúmenes exactos del producto almacenado pondrá a prueba la solidez del sistema de procuración de justicia para distinguir entre la operación corporativa formal y los resquicios donde la ilegalidad y la simulación encuentran refugio.

La paz en Guanajuato no se construye únicamente con patrullajes carreteros o aseguramientos espectaculares, sino erradicando la impunidad corporativa y cerrándole el paso a la corrupción que permite que complejos de almacenamiento masivo operen de espaldas a la seguridad de sus comunidades.

Como bien señala el llamado del alcalde Montes de la Vega, la denuncia ciudadana y la vigilancia comunitaria son vitales, pero la carga principal recae en un Estado que debe garantizar que la infraestructura energética del país sirva para el desarrollo nacional, y no para convertir a los municipios en rehenes de riesgos industriales descontrolados.

Sobre si la pasada administración, que encabezó Cindy Arvizu, está involucrada en el tema, extraoficialmente trascendió que su administración otorgó permisos de ampliación.

-Refrenda Gobierno de San José de Iturbide compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad tras operativo e inspección a planta de almacenamiento de combustible

-El alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, la transparencia operativa de las empresas y el estricto cumplimiento normativo para proteger a las familias iturbidenses.

-La administración municipal respalda las acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal y autoridades federales para garantizar la tranquilidad en el municipio.

-Ante la falta de protocolos de emergencia y vinculación comunitaria identificados previamente en la zona, el Gobierno Municipal mantendrá atención directa a la ciudadanía.

Respecto a las acciones ejecutadas el día de hoy por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato en coordinación con autoridades federales -quienes llevaron a cabo un cateo e inspección en un inmueble de almacenamiento de combustible asegurando aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y contenedores-, el Gobierno Municipal de San José de Iturbide expresa su total respaldo a las labores de fiscalización, combate a la irregularidad y construcción de paz de los tres órdenes de gobierno.

El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales correspondientes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.

En relación con el historial operativo y los antecedentes administrativos de la instalación ubicada en las inmediaciones de la comunidad de La Fragua -asentada previamente bajo esquemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos-, el Gobierno Municipal aclara que el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega ha mantenido un diagnóstico constante sobre las inquietudes legítimas manifestadas por la población.

En un recorrido y diálogo directo con los habitantes realizado en febrero pasado, el Presidente Municipal externó de manera tajante su preocupación por la falta de protocolos de protección civil e integración social por parte de la empresa:

"Lo que me mencionaron, que también me llamó mucho la atención, es que nunca ha habido un protocolo de atención en el caso de algún tipo de emergencia... Llegó la empresa y no solamente irrumpe con una nueva forma de aculturización, sino también los pone en una situación de emergencia", señaló en su momento el munícipe iturbidense.

El alcalde subrayó que las instalaciones industriales y de manejo de combustibles conllevan un riesgo inherente ("es peligroso per se") y reprochó que la empresa no contara con capacitaciones puntuales sobre cómo actuar ante un eventual accidente o contingencia, afectando incluso las dinámicas y tradiciones de la comunidad. Asimismo, se pronunció porque  cualquier acto de corrupción que haya servido para la instalación irregular de cualquier empresa debe ser investigado y condenado puntualmente. 

El Dr. Manuel Montes enfatizó que la tranquilidad y el bienestar del municipio exigen reglas claras, la presencia constante de la autoridad y una ciudadanía participativa:

"¿Qué es lo que hay que hacer? Estar unidos, estar observando y denunciar. Esto es muy importante, es un elemento para construir la paz. Mientras que la autoridad esté atenta, las cosas van a estar tranquilas... Por eso yo estoy atento, ando caminando las comunidades y recorriendo el municipio porque me quiero enterar realmente de qué es lo que está ocurriendo", aseveró el edil.

Como parte de la transparencia informativa sobre el predio e instalaciones sujetas a inspección en la comunidad de La Fragua, se detalla la cronología de notas y acuerdos administrativos registrados precedentemente:

Durante el gobierno municipal de 2012-2015, encabezado por Filiberto López Plaza, se autorizó la instalación de la empresa SIM. Sin embargo, en el gobierno 2015-2018, específicamente en 2017 se recibió una multa municipal por iniciar obras sin permiso y primera autorización de factibilidad:

El Ayuntamiento, encabezado por César Rodríguez Zarazúa, autorizó el cambio de propietario a favor de la empresa Gas Natural del Noroeste y la ampliación de uso de suelo a Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos. Se documentó una multa de 150 mil 980 pesos impuesta a la compañía por comenzar a construir tanques de almacenamiento sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En esa etapa se dictaminó la factibilidad para cuatro tanques con capacidad conjunta de poco más de 38 millones de litros de combustible. 

Los integrantes del Ayuntamiento aceptaron en mayo de 2017 la donación de 1 millón de pesos por parte de la compañía Gas Natural del Noreste -entonces sancionada por la edificación de contenedores sin permisos-, recursos que fueron etiquetados por el pleno municipal para la adquisición de un camión recolector y compactador de basura para la Dirección de Servicios Municipales. 

En Diciembre de 2017, con la presencia del secretario de Energía, de gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde iturbidense, José César Rodríguez Zarazúa se inauguró el centro de almacenamiento de combustibles ubicado en el kilómetro 56 de la carretera federal 57 (La Fragua), operado por Gas Natural del Noreste en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, contando con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y SEMARNAT. 

En febrero de 2018 se dio autorización para ampliación de capacidad a casi 100 millones de litros:

El Cabildo aprobó una nueva solicitud para incrementar la capacidad de almacenamiento de 240 mil a 615 mil barriles de combustible mediante la construcción de cinco tanques adicionales de 75 mil barriles cada uno, alcanzando un volumen total autorizado de 97.7 millones de litros de petrolíferos. 

Ante la operación de los tanques, en junio de 2018, la Dirección de Protección Civil Municipal y la empresa gestionaron talleres de actualización y manejo de emergencias por combustibles y gas LP dirigidos a Bomberos de San José de Iturbide, San Luis de la Paz, Noreste y Cruz Roja. 

En octubre de 2019, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció la llegada de los primeros ferro-tanques con combustible importado de la petrolera Shell a la terminal de almacenamiento del municipio.

En febrero de 2019, pobladores de la comunidad de La Fragua conformaron el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su inquietud ante la expansión de los tanques, citando afectaciones a su vida cotidiana, riesgos para planteles educativos cercanos, generación de olores y restricciones a sus festividades tradicionales, estableciendo mesas de diálogo con la empresa para frenar la compra no consensuada de predios.

Es así que el Gobierno Municipal de San José de Iturbide actual reitera su disposición absoluta para colaborar con las autoridades federales y estatales en las diligencias que correspondan, buscando evitar actos de corrupción que puedan afectar las comunidades iturbidenses. Asimismo, invita a la población a utilizar los canales de denuncia anónima al 089 y la línea de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier actividad irregular que ponga en riesgo la integridad de nuestras comunidades. #MetroNewsMx

-Tres sumarios independientes detallan el contexto histórico, el impacto social y las contradicciones legales de una administración que evade sus propias determinaciones ante la violencia de género y la simulación institucional.

-La crisis expone la colusión burocrática y la resistencia sistemática a aplicar el cese inmediato de agresores laborales, privilegiando la protección de funcionarios sobre los derechos fundamentales de las mujeres.

-La postura de la regidora Isabel Herrejón evidencia la urgencia de erradicar la tolerancia institucional, mientras directores municipales minimizan las recomendaciones de la PRODHEG con argumentos vacíos.

La descomposición institucional en el municipio de Celaya ha alcanzado un nivel de cinismo inadmisible donde los acuerdos aprobados por unanimidad en el cabildo se archivan como simples adornos burocráticos. Ante una recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) por casos de acoso sexual y hostigamiento laboral, la respuesta gubernamental ha sido la evasión, la soberbia y la complicidad soterrada. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ma. Isabel Herrejón Arredondo, ha tenido que alzar la voz para exigir lo obvio: que se cumpla el Acuerdo DH-005/2025, el cual mandata el cese inmediato de cualquier servidor público generador de violencia, prohibiendo su cómoda reubicación en otras áreas del erario municipal.

Resulta intolerable que funcionarios como el director de Desarrollo Social, Valentín Sánchez Guerrero, intenten evadir la responsabilidad bajo subterfugios legales, argumentando con ligereza que la destitución depende exclusivamente del Presidente Municipal o que la PRODHEG no ordenó textualmente el despido. Este tipo de declaraciones reflejan una profunda insensibilidad y una mentalidad patriarcal arraigada en las estructuras de poder, donde se prefiere proteger la lealtad de compadrazgo antes que garantizar espacios laborales libres de violencia. Es aberrante que, bajo la lógica de una burocracia insensible, se normalice que sea la víctima quien deba cargar con el peso del desplazamiento y la zozobra, mientras el agresor mantiene sus canonjías y su puesto intacto.

Las leyes mexicanas y los reglamentos internos muchas veces obedecen a cálculos políticos y electorales antes que al sentido común o al sano juicio, diseñados para sostener privilegios de casta por encima de la dignidad humana. En este caso, la administración municipal de Celaya demuestra un desprecio absoluto por la legalidad que juraron custodiar. Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio ni están sujetos a la interpretación discrecional de funcionarios protectores de acosadores. La exigencia de Herrejón Arredondo pone contra las cuerdas a una administración reacia a la rendición de cuentas, evidenciando que sin una verdadera voluntad política, la justicia institucional seguirá siendo una simulación ofensiva.

"Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Isabel Herrejón Arredondo, pide cumplimiento de acuerdos del Ayuntamiento ante recomendación de la PRODHEG. Ante la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), relacionada con un caso de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de la Administración Municipal, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Celaya, consideró necesario realizar algunas precisiones desde la responsabilidad institucional que le corresponde".

"La regidora señaló que su postura no responde a un interés personal ni constituye una posición política en contra de ningún servidor público, sino que tiene como objetivo que se cumplan los acuerdos aprobados por el propio Ayuntamiento y se garanticen los derechos humanos, particularmente los de las mujeres que forman parte de la administración municipal".

"Herrejón Arredondo hizo mención que el 18 de febrero de 2025, la Comisión de Derechos Humanos generó el Acuerdo

DH-005/2025, mismo que fue aprobado por unanimidad, mediante el cual se solicitó al Presidente Municipal instruir a la Oficialía Mayor para que, en aquellos casos en que cualquier servidor público sea generador de violencia y/o transgreda los derechos humanos, se proceda de manera inmediata al cese de la relación laboral, evitando que dicha persona sea reubicada en cualquier otra área de la Administración Municipal".

"“Este acuerdo no es una opinión personal. Es un acuerdo aprobado por unanimidad por este Ayuntamiento y, como tal, debe ser atendido y cumplido por las áreas correspondientes”, afirmó la regidora. En este sentido, Ma. Isabel Herrejón Arredondo manifestó su preocupación ante las declaraciones del director de Desarrollo Social, Valentín Sánchez Guerrero, quien ha señalado que una posible separación del funcionario corresponde exclusivamente al Presidente Municipal y que los resolutivos de la PRODHEG no establecen expresamente su destitución".

"La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que la recomendación de la PRODHEG debe atenderse en los términos establecidos por dicho organismo. Sin embargo, subrayó que también existe un acuerdo previo aprobado por unanimidad por el propio Ayuntamiento en materia de derechos humanos, cuyo alcance debe ser revisado y considerado por las autoridades municipales competentes".

 

Por ello, hizo un llamado respetuoso al Presidente Municipal y a las áreas responsables para que se revise integralmente el expediente, se analice el alcance del Acuerdo DH-005/2025 y se determinen, conforme a derecho, las consecuencias administrativas que correspondan.

 

“Los acuerdos aprobados por unanimidad no pueden quedarse en el papel ni pueden interpretarse de manera discrecional. Se tienen que cumplir. Si el Ayuntamiento aprobó una política clara para evitar que un servidor público que ha sido señalado y, en su caso, acreditado como generador de violencia sea simplemente reubicado dentro de la propia Administración Municipal, debemos ser congruentes con lo que nosotros

mismos aprobamos”, enfatizó.

La regidora destacó que, cuando se trata de posibles actos de violencia contra una mujer, la responsabilidad institucional debe ser aún mayor.

“No podemos permitir que una víctima termine siendo quien tenga que cambiar de área mientras el servidor público señalado permanece en su posición. La protección de las víctimas y la garantía de espacios laborales libres de violencia deben ser una prioridad institucional”, señaló Herrejón Arredondo".

"Asimismo, aclaró que su postura no pretende prejuzgar, sustituir a las autoridades competentes ni intervenir en los procedimientos administrativos que correspondan, sino exigir que estos se desarrollen conforme a derecho, respetando los derechos humanos y haciendo

valer los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento".

"Finalmente, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo reiteró que, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dará seguimiento puntual al cumplimiento del Acuerdo DH-005/2025 y a las acciones que el Gobierno Municipal determine respecto de la recomendación emitida por la PRODHEG".

"Los derechos y garantías de las mujeres no pueden ser negociables, y los acuerdos aprobados por unanimidad tampoco”, concluyó. #MetroNewsMx

-México, el único país donde creen que los políticos corruptos se vuelven honestos al cambiar de partido

-Años de narrativa oficial construyeron al "PRIAN" como el símbolo absoluto de la corrupción neoliberal y el viejo régimen que debía ser desterrado al basurero de la historia.

-El éxodo masivo de gobernadores, legisladores y cuadros formados en las filas del tricolor y el blanquiazul hacia el movimiento oficial exhibe una profunda contradicción estructural.

-Lejos de erradicar los vicios del pasado, la estructura gobernante ha operado una gigantesca planta de reciclaje político que purifica currículums a cambio de lealtades pragmáticas.

La política contemporánea en México vive habitada por una paradoja semántica y conceptual tan evidente que roza el absurdo. Durante años, el eje discursivo de la autodenominada Cuarta Transformación se estructuró sobre un antagonismo moral fundacional: de un lado, los artífices del cambio verdadero; del otro, el "PRIAN", una contracción política convertida en estigmatización que aglutinaba los peores excesos de 36 años de neoliberalismo, corrupción y saqueo institucional. Sin embargo, cuando se contrasta la pureza ideológica del relato con la anatomía real de quienes detentan el poder, surge una interrogante inevitable que desarma el discurso oficial: ¿cuánto de ese viejo régimen sobrevive, se recicla y opera hoy en el corazón mismo del obradorismo?

El análisis acucioso de las trayectorias revela que el prianismo no es un accidente exógeno que penetró recientemente en las estructuras de Morena, sino el cimiento histórico sobre el cual se edificó gran parte de su arquitectura política. La revisión documental expone sin eufemismos que el propio fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, inició su formación partidista en las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigiendo el comité estatal en Tabasco en la década de los ochenta.

A él se suman figuras de peso específico decisivo en el actual ejercicio del poder: Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en los años más duros del régimen salinista y hoy pilar energético del Estado al frente de la Comisión Federal de Electricidad; Ricardo Monreal y Adán Augusto López, con dilatadas carreras legislativas y ejecutivas bajo las siglas tricolores; así como Marcelo Ebrard e Ignacio Mier, este último responsable incluso de convalidar el rescate financiero del Fobaproa desde la trinchera priista.

Esta génesis compartida demuestra que una fracción sustancial de quienes llegaron para demoler el viejo sistema aprendieron los códigos, las tácticas y el ejercicio del poder precisamente en sus aulas. No se trató de una demolición aséptica, sino de una compleja metamorfosis donde el pasado partidista se desvanece de forma selectiva en función de la conveniencia coyuntural.

El fenómeno, empero, no se limita a los fundadores históricos. Con la llegada al poder formal, las puertas de la transformación se abrieron de par en par al arribo de cuadros recién desprendidos de la oposición tradicional. Casos emblemáticos como el de Alejandra del Moral —exdirigente mexiquense y abanderada del bloque opositor en 2023—, el exgobernador Eruviel Ávila, o los polémicos movimientos de legisladores como Miguel Ángel Yunes Márquez en el Senado, ilustran una realidad innegable: el pragmatismo pragmático aplastó a la ortodoxia ideológica. Cuando los números legislativos apremian para alcanzar mayorías calificadas o consolidar hegemonías territoriales, el origen tricolor o blanquiazul deja de ser un estigma moral para convertirse en un activo transaccional.

Las cifras dimensionan la magnitud de este trasvase silencioso. Más allá de los 150 grandes operadores y figuras nacionales que acaparan los titulares, los registros apuntan a que entre 600,000 y 800,000 ciudadanos con militancia previa en el PRI, el PAN y el PRD han migrado e incorporado a las bases de Morena. Solo el éxodo desde el tricolor aportó cerca de medio millón de operadores territoriales, sindicales y campesinos que otrora sostuvieron la maquinaria electoral del viejo régimen. La desaparición del PRD y la reconfiguración de los bastiones locales terminaron por consolidar un trasvase masivo que modificó de raíz el equilibrio político nacional, vaciando a la oposición de estructuras y rellenando al oficialismo con los mismos operadores de siempre.

La cristalización de este proceso encuentra su escaparate más visible en el servicio diplomático y la representación exterior. Nombres como los de los exgobernadores priistas Omar Fayad (Noruega), Quirino Ordaz (España), Claudia Pavlovich (Barcelona) y Carlos Miguel Aysa (República Dominicana), sumados a los perfiles de Alfonso Durazo y Esteban Moctezuma —con trayectorias que pendulan con naturalidad entre el PRI y el PAN—, confirman que el sistema de incentivos político-electorales funciona como una efectiva planta de reciclaje.

El punto final es lapidario y carente de ambages: Morena no destruyó el cascajo de la política mexicana; lo rediseñó, lo reubicó y le garantizó estabilidad laboral y diplomática. En la geografía del poder actual, el pecado original de pertenecer al PRIAN fenece en el instante preciso en que el político cruza la aduana de la lealtad pragmática. Así, el antiguo basurero de la historia se convirtió, sin proponérselo teóricamente pero ejecutándoselo con precisión quirúrgica, en la más eficaz bolsa de trabajo del régimen.

El PRIAN, el PRIAN por aquí, el PRIAN por allá. Durante años, Morena nos dijo que ahí estaba el cascajo de la política mexicana: los mismos de siempre, los del viejo régimen, los que había que mandar al basurero de la historia. Pero algo raro ocurrió: en lugar de tirar el cascajo, Morena empezó a llevárselo a su casa. Expriistas, expanistas, gobernadores, senadores, diputados, y espérese, porque algunos de los personajes más poderosos de la Cuarta Transformación salieron precisamente del PRI que hoy desprecian. Así que hoy vamos a hacer un inventario: ¿cuánto cascajo del PRIAN terminó dentro de Morena? Porque a este paso, cuando vuelvan a gritar "¡PRIAN!", van a tener que voltear primero a ver quién está sentado a su lado.

Antes de contar cuánto cascajo terminó dentro de Morena, hay que recordar por qué esta historia resulta tan divertida. Durante años nos dijeron que el cascajo estaba precisamente del otro lado: el PRIAN. La palabra se convirtió en una de las favoritas del obradorismo. La contracción de PRI y PAN terminó funcionando como mucho más que un apodo; servía para identificar al adversario, asociarlo con corrupción, privilegios, neoliberalismo y el llamado viejo régimen. Y no desapareció con López Obrador; todavía en junio del 2026, Claudia Sheinbaum decía desde Palacio Nacional que el PRI y el PAN eran lo mismo, y volvía a llamarlos el PRIAN, vinculándolo con 36 años de gobiernos que desde la narrativa oficial representaron corrupción y los intereses de los ricos.

Perfecto, entonces ya entendimos la clasificación: ellos son los malos y Morena son los buenos, ¿cierto? Bueno, pues aquí es donde comienza el problema, porque cuando empezamos a buscar el origen de algunos de los políticos que construyeron la llamada 4T, resulta que el cascajo estaba desde los cimientos. Y podemos empezar por el fundador: Andrés Manuel López Obrador inició su trayectoria política dentro del PRI, participó en la campaña del priista Enrique González Pedrero para la gubernatura de Tabasco y, en enero de 1983, fue elegido presidente del Comité Directivo del PRI en Tabasco. Documentos de la época incluso registran reuniones encabezadas por López Obrador en su calidad de dirigente estatal priista de Tabasco. Eso ocurrió hace más de cuatro décadas, y López Obrador rompió posteriormente con el partido. El punto no es esconder su evolución política; el punto es exactamente al contrario: si haber pertenecido al PRI convierte automáticamente a alguien en representante del viejo régimen, Morena tendrá serios problemas explicando su propia definición, porque López Obrador es apenas el primero.

Vamos a ver que el prianismo es el cimiento de Morena. Abramos la bodega de cascajo, porque López Obrador no llegó solo. Empecemos con Manuel Bartlett Díaz, y aquí no estamos hablando de alguien que pasó por una oficina del PRI unos cuantos meses. El Sistema de Información Legislativa de Gobernación documenta que Bartlett fue secretario de Gobernación de 1982 a 1988, secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla; es decir, estuvo en las primeras filas de los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, y siempre anduvo con el PRI. Caray, si eso no era pertenecer al viejo régimen, entonces habría que preguntarle a Morena exactamente qué tan viejo tenía que ser el régimen. López Obrador lo convirtió a Bartlett en una de las figuras centrales de su proyecto energético al colocarlo al frente de la CFE durante su sexenio.

Vamos con el ajonjolí de todos los moles: Ricardo Monreal. Su carrera política comenzó también en el PRI; fue diputado federal, senador suplente y nuevamente diputado federal antes de romper con el partido en 1998, cuando buscaba la candidatura al gobierno de Zacatecas. Después se fue al PRD, a Movimiento Ciudadano, luego a Morena, donde llegó a convertirse en uno de los operadores legislativos más importantes del obradorismo. El propio Senado registra su larga trayectoria parlamentaria y su incorporación a Morena en 2015. Otro cascajo recuperado, aunque este venía con doctorado, experiencia legislativa y varias remodelaciones partidistas encima.

Y ahora el ajonjolí de todos los males: Adán Augusto. También del PRI, Adán fue secretario general del PRI en Tabasco, permaneció vinculado al partido hasta 2001 e incluso participó en procesos políticos internos priistas antes de incorporarse al PRD. Se documentó que comenzó joven en el PRI y, en el año 2000, coordinó la campaña del priista Manuel Andrade por la gubernatura de Tabasco. Después pasó al PRD, luego a Morena, la gubernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación y el Senado, ya con Morena. Entonces, haga usted la cuenta: López Obrador, Bartlett, Monreal, Adán Augusto, y todavía no terminamos. Marcelo Ebrard, otro personajito que hasta apoyó el Fobaproa. Marcelo Ebrard también comenzó su carrera política dentro del PRI, ligado al equipo de Manuel Camacho Solís, y renunció al partido en octubre de 1995.

E Ignacio Mier tuvo todavía más kilometraje tricolor: fue diputado local, federal, ocupó responsabilidades dentro de la estructura priista poblana y llegó a presidir el Comité Estatal del PRI en 1996 antes de terminar en Morena. Él, como priista, aprobó el Fobaproa. Morena construyó buena parte de su identidad política diciendo que venía a sustituir al viejo régimen, pero cuando uno revisa el currículum de varios de sus personajes históricos encuentra algo fascinante: una parte de quienes llegaron para combatir al viejo PRI aprendieron a hacer política precisamente en el viejo PRI. Porque a estas alturas ya tenemos tanto cascajo que esto dejó de parecer demolición; parece remodelación.

Y hasta ahora podríamos concederle algo a ellos —a Bartlett, a Monreal, a Adán Augusto, a Ebrard—: abandonaron el PRI hace muchos años, algunos incluso décadas antes de que Morena existiera. Pero ocurrió algo extraordinario: otra vez, Morena llegó al poder prometiendo acabar con el viejo régimen y empezó a recibir políticos que acababan de salir de él. Ya no hablamos del cascajo de los cimientos; hablamos del cascajo recién llegado.

Un ejemplo perfecto es Alejandra del Moral. La valiente fue presidenta del PRI en el Estado de México, funcionaria y diputada priista, y todavía en 2023 candidata de la alianza del PRI, PAN y PRD para gobernar el estado frente a Delfina Gómez. Es decir, no estamos hablando de una priista de juventud; era la candidata del mismísimo PRIAN que Morena desea combatir. ¿Qué pasó el 27 de mayo del 2024? Después de 20 años en el PRI, Del Moral renunció y ese mismo día apareció junto a Claudia Sheinbaum anunciando su adhesión a su proyecto presidencial. Importante entonces: ambas aclararon que Del Moral no se afiliaba a Morena y que no le habían ofrecido ningún cargo. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¡Qué capacidad de rehabilitación! En 2023 era representante del viejo régimen; dos meses después, aliada de la transformación.

Vamos con dos más: Eruviel Ávila y Nubia Mayorga. En julio de 2023, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga renunciaron al PRI junto con Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. No eran militantes desconocidos; llevaban décadas en el tricolor. Ellos dos se fueron al Verde, comparsa de Morena. Eruviel ha sido gobernador priista del Estado de México, y Mayorga desarrolló buena parte de su carrera política bajo esas siglas. Porque el cascajo también se clasifica: tenemos cascajo Morena, cascajo Verde, cascajo aliado; pero cuando llega la votación, todos terminan levantando la mano en el mismo edificio.

Y entonces apareció un caso todavía más espectacular: Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN. Miguel Ángel Yunes Márquez llegó al Senado por el PAN en 2024. Morena necesitaba un voto para alcanzar la mayoría calificada con la que aprobaría la reforma judicial. Yunes votó con Morena; su voto resultó decisivo. El PAN anunció su expulsión, y meses después, en febrero de 2025, Yunes apareció acompañado por Adán Augusto López para solicitar su afiliación a Morena. El propio Adán Augusto reconoció públicamente la importancia de aquel voto para alcanzar la mayoría calificada dentro de Morena. Hubo resistencias, entre ellas la de Citlalli Hernández y legisladores veracruzanos, y finalmente Yunes retiró su solicitud; la Comisión de Honestidad y Justicia del partido determinó no admitirla por cuestiones relacionadas con su militancia registrada. Aún así, Yunes anunció que permanecería dentro del grupo parlamentario de Morena. Y entonces el problema ya no es simplemente que algunos fundadores de Morena hayan tenido pasado priista; el fenómeno continuó después de que Morena llegó al poder. Y aquí aparece nuestra palabra favorita del video: cascajo.

Vamos ahora a ponerle números a lo importante: ¿cuántos prianistas terminaron realmente en Morena? ¿Cuántos están allí adentro? El "chapulineo" político no ocurre únicamente entre gobernadores, senadores, figuras nacionales, que son 150; también se estaría produciendo desde las bases partidistas. De acuerdo con los datos, entre 600,000 y 800,000 ciudadanos anteriormente afiliados al PRI, PAN y PRD habrían dado de baja esos registros para incorporarse formalmente a Morena, contribuyendo al debilitamiento territorial de la oposición y al crecimiento del partido oficial. Es decir, casi un millón de prianistas están en Morena. El mayor trasvase provendría del PRI, con alrededor de 500,000 antiguos militantes, muchos vinculados históricamente con estructuras territoriales, sindicales, campesinas y populares. El fenómeno tiene características diferentes según cada partido: la desaparición nacional del PRD habría dejado estructuras y militantes disponibles en antiguos bastiones como Ciudad de México, Michoacán, Tabasco y Estado de México; muchos de ellos terminaron en Morena. En el PAN, en cambio, la migración sería proporcionalmente menor debido a una identidad ideológica más diferenciada, aunque tendría un impacto relevante, porque su padrón ronda apenas los 275,000 afiliados.

Así, mientras los grandes chapulines acaparan titulares, el cambio más profundo estaría ocurriendo abajo: miles de antiguos militantes opositores cambiando de camiseta y modificando desde las estructuras locales el equilibrio político del país. Mientras Morena crecía, comenzaban a aparecer en su órbita nombres con pasado tricolor, azul o amarillo, y de prácticamente todos los colores disponibles. Así que el problema ya no es encontrar un expriista dentro de Morena; el problema empieza a ser encontrar una zona VIP donde no haya pasado alguno.

Y ahí está la verdadera contradicción que estamos documentando en este video: ¿por qué seguir utilizando "PRIAN" como pecado de origen para descalificar al adversario si el pasado priista o panista deja misteriosamente de importar cuando el político cruza a tu lado? Nombres hay muchos, y tienen trabajo; ahí le va:

-Omar Fayad: exgobernador de Hidalgo del PRI, actual embajador de México en Noruega.

-Quirino Ordaz: exgobernador de Sinaloa por el PRI, actualmente embajador de Morena en España.

-Claudia Pavlovich Arellano: exgobernadora de Sonora por el PRI, actual cónsul de México en Barcelona.

-Carlos Miguel Aysa González: exgobernador de Campeche por el PRI, actual embajador de México en la República Dominicana.

-Alfonso Durazo Montaño: del PRI y del PAN, gobernador de Sonora actualmente y presidente del Consejo Nacional de Morena. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio del PRI y luego secretario particular de Vicente Fox por el PAN.

-Esteban Moctezuma Barragán: del PRI, actual embajador de México en Estados Unidos; fue secretario de Gobernación y Desarrollo Social con el PRI.

-Cynthia López Castro: del PRI, senadora por Morena. Renunció a la bancada del PRI tras fuertes fricciones con su dirigencia nacional y se integró al bloque guinda.

-Alejandro Murat Hinojosa: exgobernador de Oaxaca por el PRI, ahora senador por Morena. Dejó al PRI para sumarse de lleno al proyecto de la 4T.

Y hay muchísimísimos más, estos son algunos; vaya, hasta Félix Salgado Macedonio también estuvo en el PRI.

Morena pasó años prometiendo mandar al PRIAN al basurero de la historia, pero terminó convirtiendo el basurero en bolsa de trabajo. Expriistas, expanistas, exgobernadores, senadores, operadores y hasta antiguos adversarios descubrieron una extraordinaria planta de reciclaje político: entras como cascajo del viejo régimen y, después de cruzar la puerta correcta, sales convertido en un verdadero cuadro de la Cuarta Transformación. Porque aquí el problema nunca fue de qué partido venías; aparentemente, el pecado consiste en seguir ahí. Si brincas a tiempo, si eres un buen chapulín, hasta el currículum te lava Morena.

Así que la próxima vez que desde Morena griten "¡El PRIAN!", sería prudente que primero se pasaran lista, no vaya a ser que Bartlett levante la mano, Monreal pregunte si le hablan a él, Adán Augusto voltee discretamente, Durazo recuerde sus vidas anteriores y algún gobernador priista conteste desde una embajada. Al final, Morena no acabó con el cascajo: lo recogió, lo acomodó, le consiguió puesto y, en algunos casos, hasta le dio representación diplomática. El PRIAN también está en el extranjero.

Por eso quizá habría que actualizar el famoso grito de "Fuera el PRIAN" a: "Fuera el PRIAN... salvo que quiera trabajar con nosotros en Morena". Y eso es el verdadero cascajo del bienestar. #MetroNewsMx