--Su victoria, obtenida desde la cárcel, se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal en este proceso electoral
-Su nombre apareció en los “acordeones” -listas de candidatos sugeridos- que circularon entre votantes afines al Ejecutivo, lo que pudo haber impulsado su inesperado triunfo.
-Ahora, el INE enfrenta una decisión crítica: ¿debe anular la elección de un juez electo que está en prisión preventiva, pero aún no ha sido sentenciado?
Redacción
Héctor Ulises Orduña, acusado de abuso sexual y vinculado a un caso de pornografía en Estados Unidos, ganó una elección judicial en prisión tras hacer campaña durante apenas cinco días.
Su caso, investigado por Elena San José, representa el peor escenario posible en un proceso electoral ya cuestionado por la cantidad de candidatos y la falta de filtros.
Orduña ejemplifica los temores sobre la infiltración de personas con antecedentes graves, incluso ligados al crimen organizado, en cargos clave del sistema judicial.
¿Quién es Héctor Ulises Orduña Hernández?
El periódico El País, en un artículo escrito por la periodista Elena San José, narra el caso de Héctor Ulises Orduña Hernández, un preso, acusado de presunta pornografía infantil en Estados Unidos (https://elpais.com/mexico/2025-06-19/hector-ulises-orduna-el-presunto-abusador-sexual-que-gano-la-eleccion-judicial-desde-prision.html )
El juez desde la cárcel: el caso que sacude la elección judicial en México
La campaña de Héctor Ulises Orduña Hernández duró menos de una semana. El 30 de marzo de 2025, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida a las elecciones judiciales, Orduña apareció en un video promocional: “No soy igual. Soy un juez diferente, un hombre decente, cercano a la gente”.Cuatro días después, subido en una motocicleta en movimiento, denunciaba que le habían bloqueado su cuenta de TikTok. “Esa mano negra para la campaña de jueces está canija”, decía. No tuvo tiempo de más. El 5 de abril, fue detenido por la Fiscalía de Veracruz, acusado de abuso sexual contra una menor y vinculado a casos de pornografía infantil en Estados Unidos.
A pesar de estar en prisión preventiva, Orduña ganó la elección como juez federal mixto en Poza Rica, Veracruz, con 44,221 votos, apenas el 1.03% del total emitido. Su candidatura fue aprobada por el comité del Poder Ejecutivo, el más laxo de los tres órganos evaluadores. Su victoria, obtenida desde la cárcel, se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal en este proceso electoral.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en septiembre de 2021, cuando presuntamente realizó tocamientos a su sobrina menor de edad en una clínica y la obligó a ver videos sexuales explícitos. La Fiscalía también lo relaciona con material de abuso infantil en el extranjero, aunque no ha ofrecido detalles.
Su perfil ante el INE no ayudó a disipar dudas: su currículum contenía faltas de ortografía y propuestas vagas, como someter a los jueces electos a exámenes de polígrafo cada dos años. Aun así, su nombre apareció en los “acordeones” —listas de candidatos sugeridos— que circularon entre votantes afines al Ejecutivo, lo que pudo haber impulsado su inesperado triunfo.
El caso ha encendido las alarmas entre académicos, activistas y ciudadanos. El jurista Javier Martín Reyes, de la UNAM, lo resume así: “Si hubieran hecho una revisión más seria, muy probablemente se hubiera podido detectar. Se les coló de todo”.
Ahora, el INE enfrenta una decisión crítica: ¿debe anular la elección de un juez electo que está en prisión preventiva, pero aún no ha sido sentenciado? El criterio “8 de 8” contra la violencia de género permite invalidar candidaturas con sentencia firme, pero no está claro qué hacer en casos como este, donde el proceso judicial apenas comienza.
Con el sistema de filtros institucionales debilitado y la ciudadanía desinformada o desmotivada, el INE se convierte en el último cortafuegos entre la justicia y el descrédito. Lo que está en juego no es solo un cargo judicial, sino la credibilidad de todo un proceso que prometía acercar la justicia al pueblo.
A pesar de estar en prisión preventiva, Orduña ganó la elección como juez federal mixto en Poza Rica, Veracruz, con 44,221 votos, apenas el 1.03% del total emitido. Su candidatura fue aprobada por el comité del Poder Ejecutivo, el más laxo de los tres órganos evaluadores. Su victoria, obtenida desde la cárcel, se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal en este proceso electoral.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en septiembre de 2021, cuando presuntamente realizó tocamientos a su sobrina menor de edad en una clínica y la obligó a ver videos sexuales explícitos. La Fiscalía también lo relaciona con material de abuso infantil en el extranjero, aunque no ha ofrecido detalles.
Su perfil ante el INE no ayudó a disipar dudas: su currículum contenía faltas de ortografía y propuestas vagas, como someter a los jueces electos a exámenes de polígrafo cada dos años. Aun así, su nombre apareció en los “acordeones” —listas de candidatos sugeridos— que circularon entre votantes afines al Ejecutivo, lo que pudo haber impulsado su inesperado triunfo.
El caso ha encendido las alarmas entre académicos, activistas y ciudadanos. El jurista Javier Martín Reyes, de la UNAM, lo resume así: “Si hubieran hecho una revisión más seria, muy probablemente se hubiera podido detectar. Se les coló de todo”.
Ahora, el INE enfrenta una decisión crítica: ¿debe anular la elección de un juez electo que está en prisión preventiva, pero aún no ha sido sentenciado? El criterio “8 de 8” contra la violencia de género permite invalidar candidaturas con sentencia firme, pero no está claro qué hacer en casos como este, donde el proceso judicial apenas comienza.
Con el sistema de filtros institucionales debilitado y la ciudadanía desinformada o desmotivada, el INE se convierte en el último cortafuegos entre la justicia y el descrédito. Lo que está en juego no es solo un cargo judicial, sino la credibilidad de todo un proceso que prometía acercar la justicia al pueblo.
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