Redacción Editorial
-Las declaraciones del diputado Antonio Chaurand sólo demuestran ignorar o querer ignorar la ley que se comprometió cumplir y defender: análisis editorial
-Se suma Chaurand a la actitud de Juan Miguel Sánchez Ramírez, la de "víctimas que nadie quiere ni comprende"
-Mientras el Estado exige expedientes solventes porque es su obligación legal hacerlo, el legislador reclama un trato parejo basado en una muy mal entendida urgencia social.
-El diputado Antonio Chaurand califica de excusa la falta de proyectos ejecutivos y acusa un sesgo político del Gobierno del Estado contra el municipio.
-Chaurand se contradice con el mensaje de la presidenta de la República de que nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
-La narrativa del legislador morenista confronta el obligado y necesario rigor técnico de la administración estatal, sugiriendo que la voluntad política debe imponerse sobre los lineamientos burocráticos, lo que infiere pensar en un mensaje de no cumplir con las normas y las leyes.
Las declaraciones del diputado local Antonio Chaurand Sorzano realizadas al medio digital "Informativo del Bajío" (https://informadordelbajio.com/diputado-acusa-sesgo-politico-en-reparto-de-recursos-a-celaya/ ) sobre la asignación de presupuesto estatal para Celaya añaden un nuevo capítulo al tema entre el gobierno municipal de Morena y el gobierno estatal, a pesar de que el alcalde ha demostrado en el pasado que le miente a los celayenses en materia de obra pública (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html ). Al afirmar que los proyectos ejecutivos incompletos son solo un pretexto y exigir un piso parejo, el legislador traslada un problema estrictamente técnico al terreno de la victimización política, una estrategia que busca capitalizar el descontento social -provocado por el mismo alcalde con discursos de odio- ante la falta de obra pública.
El argumento de Chaurand Sorzano desafía la lógica de la administración pública moderna y contradice a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que nadie puede estar encima de la ley (https://www.gob.mx/presidencia/prensa/hoy-hacemos-historia-se-hara-realidad-el-verdadero-estado-de-derecho-donde-nadie-estara-por-encima-de-la-ley-presidenta-claudia-sheinbaum ). Sugerir que los proyectos no deberían ser una excusa para que se asigne dinero o se aprueben de manera inmediata, implica ignorar la ley de obra pública -una de las cuáles el mismo Chaurand se comprometió cumplir y hacer cumplir, según se plasma en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guanajuato (https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2021_GOBIERNO_GTO_Ley_organica_poder_legistavo_estado_guanajuato_reforma_20211208.pdf )- y los mecanismos de fiscalización que obligan a que todo recurso estatal esté respaldado por expedientes técnicos validados.
La gobernadora Libia Dennise García ha sostenido que los recursos están disponibles, pero que Celaya no ha logrado subsanar observaciones fundamentales. En este sentido, la postura del diputado parece privilegiar la ideología sobre la solvencia técnica, una colisión que solo mantiene las obras de la ciudad en un estancamiento administrativo.
Resulta revelador el uso de la comparación con León. Al señalar que el presupuesto de la ciudad zapatera es muy superior, Chaurand apela al sentimiento de abandono regional, pero omite que la capacidad de ejecución y la madurez de los proyectos son factores determinantes para la liberación de fondos.
Para el legislador, el celo político por el apoyo que el Gobierno Federal brinda a Celaya es el verdadero motor de la negativa estatal, una narrativa de posverdad que intenta desviar la atención de las deficiencias internas en áreas clave como el IMIPE y Obras Públicas municipales. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html )
El llamado a olvidarse de los colores es una espada de doble filo. Si bien es cierto que el bienestar ciudadano no debe tener partido, también es una realidad que la transparencia y la rendición de cuentas exigen rigor. Asignar recursos a proyectos incompletos, como sugiere el diputado, sería un acto de irresponsabilidad jurídica que pondría en riesgo incluso a los funcionarios que ejecuten dichas obras.
En conclusión, la intervención de Antonio Chaurand refuerza el discurso de la resistencia política, pero no ofrece soluciones al vacío técnico que enfrenta la administración de Juan Miguel Ramírez. Celaya se encuentra en un momento crucial donde su ubicación estratégica de nada servirá si su gobierno municipal no transita de la queja mediática a la eficiencia administrativa. Mientras el discurso político insista en que la técnica es un pretexto, la ciudad seguirá viendo cómo los recursos se quedan en la mesa por falta de capacidad para gestionarlos. #MetroNewsMx
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