Redacción Editorial
-En entrevista, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, del H. Ayuntamiento de Celaya, pone "los puntos sobre las ies" sobre la falta de proyectos ejecutivos en Celaya
-Se infiere que el alcalde no quiere la unidad de Celaya, sino la desunión a base de desgobierno y verborrea de odio, al más puro estilo del actual oficialismo.
-La regidora Isabel Herrejón desmintió al alcalde Juan Miguel Ramírez, aclarando que el freno a obras es por falta de proyectos.
-Herrejón rechaza la narrativa de victimización del alcalde y del diputado Chaurand, calificándola como una estrategia de confusión.
-El legislador Antonio Chaurand "se sube al ring" y evidencia su incongruencia de quien debe defender la ley: trata de ignorarla, minimizando la necesidad de proyectos ejecutivos
-La gobernadora Libia Dennise mantiene un trato equitativo con los 46 municipios, exigiendo solo el cumplimiento de la normativa legal.
-Se advierte que el alcalde conoce los lineamientos, pero prefiere la confrontación mediática en lugar de subsanar las observaciones.
-Celaya requiere resultados tangibles y honestidad pública, dejando atrás la propaganda para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
-Inconsistencias financieras por 4.9 millones de pesos -solamente en dos obras- dadas a conocer en el primer informe de gobierno revelan falta de transparencia y posible duplicidad de obras.
-Regidora Cristina denunció que las contrataciones en el municipio privilegian la lealtad política a la 4T por encima de la capacidad profesional.
-Advierten sobre la falta de autocontrol del alcalde frente a la crítica y un creciente hartazgo social que exige resultados inmediatos.
-Las expresiones despectivas del alcalde Juan Miguel Ramírez, en agosto de 2025, contra la regidora Fátima González revelan un profundo desconocimiento del marco legal y el principio de colegialidad.
-El uso de frases como para eso la contratamos denota una visión patrimonialista del poder, donde el edil confunde el servicio público con un feudo personal y subordinación laboral.
-Expertos advierten que este comportamiento constituye violencia política en razón de género, una práctica autoritaria que vulnera la institucionalidad democrática del Cabildo.
La aclaración de la regidora Isabel Herrejón, generada en entrevista exclusiva a Metro News, expone con contundencia que el problema de Celaya no radica en un supuesto trato desigual del Gobierno del Estado, sino en la incapacidad técnica y administrativa del municipio para presentar proyectos ejecutivos completos y solventes.
La narrativa de victimización del alcalde Juan Miguel Ramírez se confronta con evidencias documentadas que muestran deficiencias en la gestión local y una crisis de credibilidad institucional.
La regidora Isabel Herrejón señaló que el alcalde y algunos actores políticos insisten en responsabilizar al Estado de una supuesta falta de equidad, cuando en realidad el obstáculo es la deficiente integración de proyectos ejecutivos. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html)
El artículo editorial de Metro News Mx confirma esta línea. El alcalde ha recurrido a la confrontación mediática y a la victimización política, incluso adjudicándose obras de administraciones pasadas en su informe de gobierno.
La gobernadora Libia Dennise García ha reiterado que los recursos estatales están disponibles, pero que Celaya no ha cumplido con los requisitos técnicos indispensables.
El texto de la entrevista de aclaración de la regidora Isabel Ma. Isabel Herrejón Arredondo
Eugenio Amézquita Velasco:
Buen Día, regidora. Vamos directo y al grano ¿Qué está sucediendo con el presidente municipal? ¿Por qué le está mintiendo a la gente de Celaya? ¿Por qué el discurso de odio de este señor? ¿Acaso intentan a base de mentiras desviar la atención de algo o dividir a los celayenses?
Regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo:
Gracias, Eugenio. Creo que es importante una aclaración sobre proyectos ejecutivos e inversión estatal en Celaya. Una aclaración respecto a las declaraciones recientes del Alcalde de Celaya y al diputado Antonio Chaurand (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-diputado-chaurand-se-sube-al-ring-e.html ), su insistencia en señalar una supuesta falta de trato equitativo por parte del Gobierno del Estado.
Resulta preocupante que, después de más de un año y tres meses de gestión, el alcalde y algunos actores políticos continúen confundiendo a la ciudadanía Celayenses, sosteniendo narrativas de victimización y señalando al Estado, cuando el verdadero problema radica en la falta de cumplimiento, seguimiento y solventación adecuada de los requisitos técnicos de los proyectos ejecutivos.
Es importante decirlo con claridad. El alcalde conoce perfectamente que para acceder a recursos estatales es indispensable presentar proyectos completos, atender observaciones y dar seguimiento puntual a los requerimientos de cada dependencia. Si existen observaciones, lo procedente es subsanarlas, no desinformar ni exigir trato preferencial.
Asimismo, es un hecho que durante 2025 hubo una disminución en la inversión pública, lo cual obliga a todos los municipios a no perder la capacidad técnica, a priorizar y a presentar proyectos sólidos y viables. Pretender que los recursos se otorguen sin cumplir los lineamientos solo debilita la gestión pública.
Debe quedar claro también que la Gobernadora Libia Dennise García ha sido equitativa y justa con los 46 municipios del estado, y no existe evidencia de un trato discrecional como se ha querido hacer creer. Lo que sí existe es la responsabilidad de cada municipio de cumplir con los requisitos establecidos.
Celaya necesita resultados, no discursos.
Necesita trabajo, capacidad técnica y verdad hacia la ciudadanía. Es momento de dejar atrás las mentiras, la confusión y la revictimización, y asumir con seriedad la responsabilidad que implica gobernar.
Los análisis de las posturas regidora, alcalde y estado
En su postura, la regidora Herrejón Arredondo recalca que el alcalde conoce los lineamientos y que su obligación es subsanar observaciones, no exigir trato preferencial. Advierte que la disminución de inversión pública en 2025 obliga a los municipios a fortalecer su capacidad técnica y priorizar proyectos sólidos. Su mensaje es claro, y es el de que Celaya necesita resultados, no discursos.
Por su parte, en su discurso, el alcalde se presenta como víctima de un “bloqueo político” por parte del Estado. Afirma haber entregado 47 proyectos ejecutivos, pero no existen validaciones técnicas completas que respalden esa afirmación. Su estrategia se inscribe en la lógica de la posverdad, donde se privilegia la narrativa política sobre la evidencia técnica.
La posición del Estado coloca a la gobernadora en una actuación con equidad hacia los 46 municipios. La negativa a liberar recursos no responde a criterios políticos, sino a la falta de expedientes técnicos completos. Asignar recursos sin cumplir requisitos sería jurídicamente imposible y financieramente irresponsable.
La crisis de credibilidad institucional del alcalde de Celaya
El caso de Celaya refleja una fractura entre técnica y política. Técnica, porque hay proyectos incompletos, errores administrativos, falta de perfiles especializados. Política, con discurso de victimización, acusaciones de favoritismo y confrontación mediática. El resultado es una crisis de honestidad pública, donde la ciudadanía recibe mensajes contradictorios y se erosiona la confianza en la gestión municipal.
La intervención de Isabel Herrejón es un llamado a la responsabilidad y transparencia. Su aclaración desmonta la narrativa de victimización y coloca el foco en la verdadera raíz del problema y que es la incapacidad técnica del gobierno municipal.
Celaya no puede seguir atrapada en la simulación. La ciudadanía exige proyectos reales, resultados tangibles y un gobierno que deje atrás la retórica para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
En este tablero político, la gobernadora representa el rigor técnico y la legalidad; el alcalde, la propaganda y la evasión. La diferencia es clara: sin proyectos ejecutivos completos, no habrá inversión estatal. Celaya necesita trabajo, capacidad y verdad.
La regidora Cristina González ya lo había señalado: La gente no es tonta y se da cuenta
La regidora Cristina González Muñoz, representante del Partido Verde Ecologista de México, puso sobre bajo la lupa, en octubre de 2025 la integridad administrativa del gobierno municipal de Celaya al rechazar el primer informe de gobierno. Su postura, lejos de ser un simple disenso político, se fundamenta en hallazgos que sugieren una gestión marcada por la opacidad documental y el uso de la estructura pública como una extensión de intereses partidistas. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )
El punto más crítico de esta denuncia radica en la detección de obras por un valor de 4.9 millones de pesos que, aunque fueron presentadas como logros de la presente administración, corresponden en realidad a la gestión anterior. González Muñoz enfatiza que el informe escrito es la prueba legal de la función pública y que cualquier inconsistencia en las cifras no es un error menor, sino una falta a la confianza ciudadana que impide conocer el destino real de los recursos.
La gestión del talento humano y la organización de eventos también han sido señaladas como herramientas de pago de favores. La contratación de artistas bajo el criterio de ser compañeros de la 4T, como el caso de Eugenia León, cuya presentación registró una escasa asistencia, evidencia una prioridad por la afinidad ideológica sobre la eficacia del gasto público. La regidora sostiene que el gobierno debe trabajar para todos los sectores de la población, sin importar colores, y que los puestos deben ser ocupados por perfiles con estudios y capacidades probadas, no por cuotas de campaña.
En la esfera política, se ha observado una preocupante falta de autocontrol por parte del Presidente Municipal ante los señalamientos de los ediles. La regidora subraya que el respeto debe ser el eje de la interacción en el Cabildo, especialmente cuando se presentan pruebas de errores administrativos. En México, donde frecuentemente las leyes parecen ajustarse a intereses políticos y electorales para perpetuar el poder en turno, la exigencia de un marco legal transparente se vuelve una urgencia social.
Finalmente, la advertencia es clara: la ciudadanía de Celaya está despierta y ha dejado de aceptar la curva de aprendizaje como excusa. Con un termómetro social que ya ha registrado manifestaciones de jóvenes estudiantes, el gobierno municipal se enfrenta a un escrutinio que no perdona la incongruencia. La exigencia es una sola: transparencia absoluta y resultados que beneficien al pueblo, dejando de lado las lealtades facciosas que tanto daño han hecho a la institucionalidad mexicana.
Juan Miguel Ramírez Sánchez y el retorno del caciquismo: "el alcalde capataz" y ¿misógino?
La vida institucional de Celaya atravesó en agosto de 2025 una de sus crisis más agudas, no por la falta de recursos o proyectos, sino por la erosión del respeto y la legalidad en el seno de su Ayuntamiento. Las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien afirmó públicamente que a la regidora Fátima González Reyna "para eso la contratamos" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-evidencia.html ), encendieron las alarmas sobre el resurgimiento de una cultura política rancia, propia de la figura del hacendado o el reyezuelo que gobierna bajo el capricho y no bajo la ley.
Esta narrativa de subordinación es impropia de un sistema democrático. La Constitución del Estado de Guanajuato es clara: los regidores son electos por la ciudadanía y poseen una investidura de autoridad con funciones de fiscalización y deliberación. No son empleados del presidente municipal. Al intentar reducirlos a la categoría de subordinados, Ramírez Sánchez no solo exhibe una preocupante ignorancia normativa, sino que proyecta una actitud de patrón de cuadrilla que desprecia la autonomía de sus pares.
El análisis de este discurso revela una misoginia institucional latente. Al cuestionar si la regidora entiende que es regidora y amagar con saltarse los procedimientos legales para convocar a comisiones, el edil utiliza el escarnio público como una herramienta de control simbólico.
Esta presión mediática, cargada de sesgos de género y tono condescendiente, encaja perfectamente en los supuestos de violencia política contra las mujeres. Mientras la regidora González Reyna respondió con documentos que prueban la entrega tardía de información por parte de la administración, el alcalde optó por el insulto y la descalificación sin sustento.
El historial de verborrea sin control del alcalde ya es extenso. Desde amenazas de encarcelar a sacerdotes hasta el reconocimiento de que otorga empleos por lealtades de campaña o para calmar el fuego amigo, su lengua se ha convertido en su principal tropiezo.
Sin embargo, cuando esta incontinencia verbal se dirige a socavar la función de una mujer en un cargo de elección popular, el problema deja de ser una anécdota de mala educación para convertirse en un posible delito electoral sancionable por el IEEG o el TEPJF.
En México, muchas leyes han sido moldeadas por intereses políticos para sostenerse en el poder, pero el principio de colegialidad del Ayuntamiento es una de las pocas barreras que quedan contra el autoritarismo municipal. Celaya no necesita un capataz que use el micrófono para amedrentar, sino un presidente que entienda que el respeto institucional no es opcional, sino constitucional. La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo y no un escenario de agresiones donde el poder se confunda con el mando personal. #MetroNewsMx
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