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Redacción

-Empresarios de Celaya reconocen que la obra pública situación de incendios en Celaya
-El CCE de Celaya confirma que los ataques a maquinaria y equipos de construcción están vinculados a delitos de extorsión, según reportes oficiales.
-La inseguridad afecta la inversión, la tranquilidad de empresarios y frena proyectos sociales, como la obra de 5 mdp en la col. Latinoamericana.

Inseguridad y Extorsión Paralizan Construcción en Celaya: Empresarios Urgen Intervención

La inseguridad y la delincuencia organizada han provocado la paralización de la obra pública en Celaya, una situación que, según el sector empresarial, está directamente ligada a la extorsión. Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya, confirmó que los lamentables sucesos que han afectado a las constructoras tienen un vínculo con temas delincuenciales, de acuerdo con información de las propias autoridades.

La crisis ha escalado, pues en los últimos diez días se han registrado cinco incendios provocados, dos de ellos dirigidos específicamente contra maquinaria de construcción, lo que representa un daño millonario a los activos de las empresas. El CCE, que agrupa a organismos como la Cámara Nacional de Industria de Construcción, ha seguido con detenimiento la información y reportes, incluyendo los datos recogidos por el Observatorio Ciudadano Integral de Celaya.

La paralización de la obra tiene un impacto directo en la ciudadanía. En la colonia Latinoamericana, por ejemplo, la obra pública de tres calles se detuvo luego de los ataques, quedando abiertas y con material esparcido. Se trata de una inversión social de aproximadamente 5 millones de pesos que ha dejado de ejecutarse, frustrando el beneficio social a los vecinos.

El líder empresarial subrayó que este tipo de delitos, al dañar equipos de alto costo como retroexcavadoras, inhiben a las constructoras a querer seguir trabajando al no contar con garantías de seguridad.

La “doble realidad” y el llamado al Gobierno

Gámez Campos hizo un enérgico llamado a los tres ámbitos de gobierno —Federación, Guanajuato y autoridades municipales— para que atiendan el asunto, generen sinergia y esquemas de coordinación eficaces. El presidente del CCE destacó que los que están sujetos de extorsión y presión tienen temor a denunciar, elevando la "cifra negra" de este delito, pero advirtió que lo que sucede es un "grito a voces".

En el plano económico, el empresario reconoció que, aunque el INEGI reporta un crecimiento limitado a nivel nacional, Guanajuato mantiene un ritmo de crecimiento notable y contundente en comparación a otros estados. Sin embargo, esta dinámica positiva, con un mayor movimiento de recursos económicos, desafortunadamente atrae también a estos temas delincuenciales.

Finalmente, el CCE recalcó que el objetivo de la lucha empresarial es lograr un ecosistema donde haya inversión y desarrollo, pero la delincuencia roba la tranquilidad al empresario y al ciudadano. Esto genera un ambiente de miedo e incertidumbre que no permite el buen desarrollo de la ciudad, al frenar proyectos sociales, alargar los tiempos de ejecución de las obras y atentar contra la seguridad, la economía y el bienestar de los celayenses.

La entrevista al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya

Eugenio Amézquita Velasco
Quiero agradecer a mi buen amigo Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya. Y Jorge, bueno, tenemos ya aquí prácticamente una nota, ¿no?, que ya publicamos algo. Está parada la obra pública, yo no sé si en toda la ciudad, no sé si en todo el municipio, no sé, pero por lo menos en la colonia latinoamericana se detuvo la obra pública, desgraciadamente por una situación de una quema de equipo que no es la primera en los últimos diez días.

Llevan cinco incendios provocados y dos precisamente a maquinaria de construcción. Y bueno, pues tú de alguna forma dentro del consejo está la Cámara Nacional de Industria de Construcción. Y yo no sé, aparte de la afectación que les está haciendo a ustedes, la afectación a la ciudadanía, porque está parada la obra.

Por ejemplo, en este caso hay algunas calles que están abiertas, no se puede transitar en ellas con vehículos, porque está la obra, hay material, hay tierra, hay piedras, y pues todo esto obviamente afecta también a la ciudadanía. No sé qué me puedes comentar de esto, Jorge, tú ya habías dicho algo sobre la inseguridad y parece que alguien se molestó, pero pues a ver, aquí está esto, ¿no? Y yo no sé qué me puedes decir.

Gracias, Jorge.

Jorge Gámez Campos
Gracias, Eugenio. Sí, mira, hemos seguido con detenimiento las últimas informaciones y declaraciones de las autoridades, tanto municipales como estatales. Y bueno, estos lamentables sucesos que han estado ocurriendo, al parecer, y por dichos de las propias autoridades, pueden estar relacionadas con temas, pues, vinculadas a temas de extorsión.

Nosotros, bueno, lo hemos señalado con base en las cifras, en los números de los secretariados, tanto el Nacional de Seguridad Pública como el estatal. En los propios datos recoge el Observatorio Ciudadano Integral de Zelaya. Y bueno, ya hemos emitido declaraciones al respecto y, pues, hacer el llamado, Eugenio, hacer el llamado a los tres ámbitos de gobierno, al gobierno de la República, al gobierno del estado de Guanajuato y, por supuesto, a las autoridades municipales, pues, para que atiendan este asunto.

No sabemos que quienes son sujetos de este tipo de delitos, de presiones, pues, muchas veces, y con justificada razón, pues, tienen temor a denunciar. Por lo tanto, la cifra negra, pues, se eleva muchísimo. Pero bueno, son gritos a voces lo que está sucediendo.

Y en ese sentido, pues, hacer este llamado, ¿no?, a las autoridades, que cada una dentro del ámbito de su competencia, pues, puedan generar sinergia y esquemas de coordinación para combatir este y otros delitos que, desafortunadamente, pues, atentan contra la seguridad, contra la economía y contra el bienestar de los zelayenses. Ese sería el llamado que hacemos desde el sector empresarial a las autoridades, Eugenio.

Eugenio Amézquita Velasco
Haciendo, bueno, sin querer hacer a un lado el aspecto delincuencial, pero me quiero meter un poquito al aspecto, la realidad ya de los hechos. O sea, ahorita está, yo no sé si tú me lo puedas confirmar, hay una contracción en la economía, no hay dinero y, además, pues, la obra pública parece que está muy limitada, está en los municipios. No sé si estés de acuerdo conmigo.

Jorge Gámez Campos
Pues mira, también los datos allí son muy claros y contundentes. El Inegi hace poco, hace un par de semanas, publicaba justamente el comportamiento económico del país. Efectivamente, uno es alentador, los números que se están dando en este momento.

Sin embargo, en Guanajuato sí muestra un comportamiento distinto al de la mayoría de los demás estados de la república. Guanajuato tiene un comportamiento y un crecimiento notable, vis a vis otros estados de la república. Entonces, pues sí, hay esa doble realidad, digamos, si hay un crecimiento muy limitado de la economía mexicana.

Sin embargo, Guanajuato ha mantenido un ritmo de crecimiento notable, un ritmo de crecimiento importante con relación a otros estados de la república. Y eso hace justamente que la dinámica económica aquí en el estado de Laya tenga esa oportunidad, no solamente para el empresariado, para los trabajadores honestos y honrados, sino también pues al haber mayores posibilidades de recursos económicos, mayor movimiento de recursos, pues también desafortunadamente se atrae a temas indeseables, como son estos temas que estamos platicando delincuenciales.

Entonces, esa es la realidad de Guanajuato, esa es la realidad de Celaya y por ello urgimos pues a los tres ámbitos de gobierno para que encuentren algún mecanismo eficaz que pueda combatir este tema delincuencial.

Eugenio Amézquita Velasco
Es que al punto que quiero yo llegar es que esta situación, esta situación que están viviendo específicamente las constructoras, porque esas son las que, como tú bien lo dices, ya en declaraciones a medios de comunicación, eso es muy específico, Al Sol del Bajío creo que es uno de los que ha estado muy puntualmente llevando la información, pues al darse este tipo de daños a los activos de las empresas, de las constructoras, obviamente una máquina no cuesta tres pesos, una mano de chango, como se le llaman ustedes, una retroexcavadora, los camiones para transportar, no cuestan tres pesos y las reparaciones tampoco cuestan tres pesos y obviamente esto hace que también se inhiba la empresa a querer seguir construyendo porque no tienen las garantías de seguridad primero.

Yo no sé, yo no sé si en alguna cuestión de seguros o lo que sea, pues también se contemple este tipo de cuestiones, no sé, tú estás trabajando, bueno, lo que puedes pensar que se descomponga la máquina, pero no que te de alguien y te la incendia, esa es otra cosa muy diferente o provocado. Pero esta situación ahora también le está, o sea, aparte de golpear a la ciudadanía en la situación de la seguridad, también la está golpeando en los sociales, es decir, las obras ya no se pueden ejecutar y entonces quedan paradas, como este caso específico que estoy hablando de la latinoamericana y de estas tres calles, es una inversión como de 5 millones de pesos, según la información que yo tengo, pero ya se dejó de estar dando este beneficio social.

Entonces, pues hay un montón aquí de carambolas, por un simple hecho, todo lo que está resultando, se retira la constructora, se para la obra, los ciudadanos no tienen el servicio y obviamente se alarga más el tiempo de ejecución de la obra, los tiempos, tú lo sabes. Creo que esto genera otro tipo de problemas ya de otra índole.

Jorge Gámez Campos
Es correcto, más allá de la afectación, que es importante, por supuesto, pero más allá de la afectación económica, del daño a los activos, etcétera, pues lo más importante, Eugenio, es que te roban la tranquilidad, como empresario, pero también como ciudadano. La lucha, el objetivo, es lograr un ecosistema adecuado para que haya inversión, para que haya desarrollo económico, para que haya mejores posibilidades de desarrollo de una empresa, de que los emprendedores, los creativos, tengan un terreno fértil para poder justamente desarrollar esa actividad, desarrollar esos emprendimientos, y con este tipo de situaciones lo que se genera es incertidumbre, roba la tranquilidad y pues nadie quiere emprender sabiendo el riesgo en el que se puede meter. Si las empresas consolidadas también echan un pasito para atrás y dejan de invertir en publicidad, dejan de invertir en medios de promoción, retiran incluso letreros de fachadas, etcétera. Imagínate lo que implicaría para una nipime o para un nuevo emprendedor.

Entonces, sí, más allá de la afectación económica, que es muy importante y que no debe de existir afectaciones económicas por este tipo de situaciones, pero más allá de ello, el tema de la tranquilidad, le roba la tranquilidad al empresario, al constructor que está haciendo esa calle, pero también, por supuesto, a los vecinos y a los beneficiarios de esas acciones de gobierno, porque saben cuál es la situación y bueno, se genera justamente un ambiente de miedo, de incertidumbre, que no sirve para un buen desarrollo de una ciudad como la que queremos aquí en Celaya.

Eugenio Amézquita Velasco
Bueno, Jorge, esperemos que otra vez vuelva la tranquilidad en este sector, porque la verdad, pues sí, aunque le está afectando a las empresas, también los ciudadanos se ven atemorizados por estas cuestiones. Te agradezco, Jorge, seguimos en comunicación. Muchas gracias, Eugenio.

Soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-Celaya y el fuego: cinco incendios en diez días paralizan obras y exhiben la fragilidad del discurso oficial.  
-La maquinaria incendiada en Latinoamericana dejó calles abiertas y vecinos con promesas vacías del gobierno.  
-Autoridades hablan de “sensación” de inseguridad mientras JUMAPA y constructoras son blanco de ataques reales.  
-Extorsión a constructoras reconocida, pero sin plan público de protección ni continuidad en la obra pública.  
-El alcalde presume respaldo en eventos masivos, mientras la desaprobación ciudadana crece en calles abandonadas.  
-Minimizar la violencia y apelar a códigos criminales erosiona autoridad y fractura la credibilidad institucional.  
-La incongruencia oficial pesa más que la congruencia: incendios, obras detenidas y vecinos sin respuestas claras.  
-La confianza ciudadana no se alimenta de discursos, sino de protección, cumplimiento y rendición de cuentas.  
-La obra pública exige seguridad, continuidad, investigación transparente y comunicación honesta, no frases vacías.  
-En Celaya, el humo ya habló: proteger, investigar y reanudar son urgencias que el gobierno no puede evadir.  

Celaya vive con el olor a humo de incendios provocados y la sensación de que las palabras oficiales no alcanzan. Cuando la maquinaria se incendia, la obra pública se detiene y los vecinos quedan mirando calles abiertas y promesas vacías, el discurso se mide por consecuencias, no por declaraciones.

En menos de 10 días se registraron cinco incendios provocados en distintos puntos de la ciudad, con uso de acelerantes y sin detenidos inmediatos, mostrando patrón y coordinación. Una propiedad de JUMAPA —oficinas y bodegas— fue incendiada, elevando el mensaje delictivo al plano institucional. 

Las autoridades locales han admitido en distintos momentos la hipótesis de extorsión contra constructoras como origen de algunos ataques, mientras en otras intervenciones se minimiza la inseguridad equiparándola a una simple “sensación” social. El alcalde, por su parte, ha presumido respaldo ciudadano basado en asistencia a eventos masivos, sustituyendo un referéndum prometido por “termómetros” de asistencia.

La parálisis de la obra pública es verificable en la colonia Latinoamericana. En las calles Perú, Andador Uruguay y Costa Rica, la empresa se retiró tras el incendio de maquinaria ocurrido la noche del 18 de noviembre en las canchas de la colonia, en Bolivia y Calle Santo Domingo. 

Las obras quedaron abandonadas. Ese mismo día, a las 11:00 horas, se había informado a los propietarios de las casas habitación las fechas de inicio y terminación de los trabajos; horas después, la logística colapsó por los hechos delictivos. 

La consecuencia inmediata es que los vecinos quedaron con zanjas abiertas, circulación afectada y pérdida de confianza en los plazos, sin una hoja de ruta pública de reanudación, protección ni compensación.

El discurso oficial se ha movido entre la minimización de la crisis, presentando la inseguridad como “sensación” del ciudadano, y la interlocución con el delito, apelando a “códigos” del crimen organizado que desplazan el monopolio legítimo de la fuerza hacia un terreno de súplica, erosionando autoridad y mensaje disuasivo. 

También se ha recurrido a la legitimidad por asistencia, reemplazando mecanismos formales de consulta -como el referéndum prometido- por conteos de asistencia a eventos, confundiendo presencia con aprobación y sin verificar representatividad ni metodología. 

En contraste, la admisión de que la obra pública y las constructoras son blanco de extorsión es congruente con los patrones observados, pero exige un plan claro de protección, investigación y continuidad que aún no se ha transparentado.

La incongruencia se acumula en varios frentes: la naturaleza de la violencia es presentada como “sensación” mientras los incendios provocados con patrón y uso de acelerantes son hechos materiales; la protección de infraestructura pública se afirma como controlada mientras JUMAPA es incendiada y la maquinaria queda sin resguardo; la relación con el crimen se plantea en términos de códigos y treguas mientras los ataques persisten y las obras se paralizan; la validación social del gobierno se presume en asistencia a eventos mientras las mediciones públicas muestran alta desaprobación y el malestar vecinal es evidente; el origen de los ataques se reconoce como extorsión a constructoras mientras las empresas se retiran y la obra se detiene. En todos estos puntos, la incongruencia pesa más que la congruencia parcial.

La credibilidad hoy se inclina hacia la fractura. El patrón de incendios, el ataque a JUMAPA y la paralización de obra en Latinoamericana son incompatibles con narrativas de normalidad o control efectivo. 

Pero la credibilidad no sólo es por el discurso de la "seguridad" en Celaya, sino también en los datos que el mismo alcalde proporciona a la población en otros rubros y que, en el caso de la misma colonia Latinoamericana queda comprobado, cómo en el I Informe del alcalde se abrogó como propias las pavimentaciones de dos calles que fueron ejecutadas por la pasada administración y señalando una inversión de casi 5 millones de pesos. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html )

Minimizar la inseguridad mientras se reconoce extorsión genera disonancia; apelar al crimen en lugar de reforzar instituciones debilita el mensaje rector. La desaprobación ciudadana y la verificación en campo de obras abandonadas pesan más que la asistencia a actos masivos. La confianza se alimenta de protección y cumplimiento, no de discursos. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )

Lo que falta de la autoridad es claro: protección explícita a la obra pública con un plan operativo público para resguardar maquinaria, frentes de obra y personal, con protocolos visibles en colonias intervenidas; continuidad con garantías, mediante contratos con cláusulas de seguridad y contingencia y fondos de emergencia para reanudar obras sin trasladar el costo al vecino; investigación con trazabilidad, con líneas de investigación sobre extorsión y actualizaciones periódicas, indicadores de avance y colaboración interinstitucional verificable; rendición de cuentas metodológica, publicando metodología, fuentes y resultados auditables, y retomando mecanismos formales de consulta prometidos; comunicación honesta, alineando discurso a hechos, reconociendo riesgos, fijando metas medibles y plazos verificables. La ciudadanía tolera la verdad; no tolera la ambigüedad que deja calles abiertas.

Las preguntas que la autoridad debe responder son inmediatas: qué medidas específicas se implementarán para proteger obras en curso y evitar nuevos incendios; cuándo y cómo se retomarán las obras en Perú, Andador Uruguay y Costa Rica y qué garantía se ofrece a los vecinos; cuál es el avance concreto en investigaciones por extorsión a constructoras y ataques a infraestructura pública; qué cuerpos y niveles de gobierno están coactuando y con qué responsabilidades definidas; si se retomará el referéndum prometido u otro mecanismo formal de consulta con metodología transparente.  

Si el gobierno quiere recuperar credibilidad, no necesita más frases: necesita proteger, investigar, reanudar y rendir cuentas con precisión. En Celaya, el humo ya dijo lo que las calles están esperando.

Los planteamientos y realidades que evade la autoridad

-Credibilidad hoy: una balanza inclinada en contra
-Fallas acumuladas: El patrón de incendios, el ataque a JUMAPA y la paralización de obra en Latinoamericana son incompatibles con narrativas de normalidad o control efectivo.
-Mensajes cruzados: Minimizar la inseguridad mientras se reconoce extorsión genera disonancia; apelar al crimen en lugar de reforzar instituciones debilita el mensaje rector.
-Indicadores públicos: La desaprobación ciudadana y la verificación en campo de obras abandonadas pesan más que la asistencia a actos masivos. La confianza se alimenta de protección y cumplimiento, no de discursos.

Lo que falta de la autoridad y sus responsabilidades inmediatas

-Protección explícita a obra pública y la necesidad de un plan operativo público para resguardar maquinaria, frentes de obra y personal; protocolos visibles en colonias intervenidas.
-Continuidad con garantías, donde los contratos registren con cláusulas de seguridad y contingencia; fondos de emergencia para reanudar obras sin trasladar el costo al vecino.
-Investigación con trazabilidad, donde se veas líneas de investigación sobre extorsión con actualizaciones periódicas, indicadores de avance y colaboración interinstitucional verificable.
-Rendición de cuentas metodológica, porque si se presume aceptación, entonces publicar metodología, fuentes y resultados auditables; retomar mecanismos formales de consulta prometidos. Transparencia completa y no magnificar dependencias como INSMACC, donde prevalece la corrupción y minimizar a otras como IMIPE, IMUVI e INCLUDIS. (https://www.metronewsmx.com/2025/11/fuera-de-lugar-senalamientos-en-celaya.html )

También la comunicación honesta, en donde coincida el discurso a hechos, reconocer riesgos, fijar metas medibles y plazos verificables. La ciudadanía tolera la verdad; no tolera la ambigüedad que deja calles abiertas. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html )

Las preguntas que la autoridad debe responder a la ciudadanía

-En materia de seguridad operativa: ¿Qué medidas específicas se implementarán para proteger obras en curso y evitar nuevos incendios?
-Reanudación: ¿Cuándo y cómo se retomarán las obras en Perú, Andador Uruguay y Costa Rica? ¿Qué garantía se ofrece a los vecinos?
-Investigación: ¿Cuál es el avance concreto en investigaciones por extorsión a constructoras y ataques a infraestructura pública?
-Coordinación: ¿Qué cuerpos y niveles de gobierno están coactuando y con qué responsabilidades definidas?
-Evaluación pública: ¿Se retomará el referéndum prometido u otro mecanismo formal de consulta con metodología para que el alcalde cumpla con su palabra de renunciar, sea removido o destituido o lo que le haya ofrecido a la ciudadanía dado que no resultó realmente lo que se prometió?

Fuentes:
#MetroNewsMx


Redacción Editorial 

José Luis Ramírez Sánchez, en su columna “Transporte chino, un fracaso anunciado”, denuncia con severidad y precisión el modelo de movilidad impulsado por su hermano, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.

Esto qie pone en evidencia no es solo el fracaso técnico del proyecto, sino una forma de gobernar que privilegia el espectáculo sobre la planeación, la importación sobre el conocimiento local, y el gasto sobre la transparencia.

En el análisis de la columna “Transporte chino, un fracaso anunciado”, Ramírez Sánchez abre con una frase contundente: “Es mejor estar separados por la verdad, que unidos por el engaño.” Desde ahí, desmantela el discurso oficial sobre movilidad en Celaya. 

Recuerda que en 2018 se pagaron 7.2 millones de pesos a Adhoc Consultores por un Plan Maestro de Movilidad que incluía estudios de aforo vehicular, peatonal, ciclista y de seguridad pública. 

Ese diagnóstico, según el columnista, nunca se aplicó con seriedad, y hoy se sustituye por una solución improvisada.

El modelo chino, tecnología sin contexto

El alcalde presentó el Sistema de Movilidad Integral Terrestre con camiones eléctricos de la empresa china BYD. José Luis lo califica como una “respuesta insostenible vestida de oropel”, señalando que no hay infraestructura de carga adecuada; las rutas no fueron rediseñadas ni consultadas con los usuarios además de que se ignoran las condiciones reales de la ciudad.

Lo que se revela del accionar del alcalde

El columnista no se limita a la crítica técnica. Lo que realmente denuncia es el estilo de gobierno de Juan Miguel Ramírez quien ha venido mostrando decisiones verticales, sin consulta ni participación ciudadana.

Evidencia también preferencia por proveedores extranjeros, ignorando propuestas mexicanas más adaptadas.

Deja ver lo que muchos celayenses han venido detectando del alcalde y es el uso del presupuesto para proyectos de imagen, sin resolver problemas estructurales como la inseguridad, la basura o el transporte semiurbano.

La fractura familiar como símbolo político

José Luis Ramírez Sánchez no oculta su vínculo familiar, pero lo trasciende. Al criticar públicamente a su hermano, rompe con el pacto de silencio que suele proteger a los gobiernos locales. Su postura representa una exigencia ética: que la verdad y el bien común estén por encima de la sangre y el poder.

El transporte como síntoma de un estilo de gobierno

La columna no solo denuncia el fracaso del transporte chino. Denuncia una forma de gobernar que desprecia el conocimiento técnico, la participación ciudadana y la planeación seria. José Luis Ramírez exige que se gobierne con responsabilidad, aunque eso implique confrontar al poder desde adentro.

Fuentes:


Redacción Editorial 

El Sol del Bajío publicó el artículo titulado “Percepción de seguridad en Celaya mejora pese a seis homicidios en la semana”, fechado el 25 de octubre de 2025.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, señala que la percepción de inseguridad en Celaya disminuyó de 91.3% en junio a 88.3% en septiembre. Es decir, tres de cada diez celayenses se sienten menos inseguros que hace tres meses. Este dato, presentado como avance por las autoridades, contrasta brutalmente con la realidad de las calles: seis homicidios dolosos en una sola semana.

Los crímenes ocurrieron en colonias como Los Olivos, La Mielera, y la zona centro. Las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, algunas en plena vía pública, frente a tiendas de conveniencia o en espacios de tránsito cotidiano. La violencia no se detuvo ni ante la luz del día ni ante la presencia de testigos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, atribuyó la mejora en la percepción a la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales, así como al uso de tecnología, patrullajes focalizados y operativos conjuntos. Reconoció, sin embargo, que los homicidios siguen siendo el principal reto para la seguridad local.

La nota también destaca que Celaya se mantiene como una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país, junto con Fresnillo, Naucalpan y Ecatepec. A pesar de la ligera mejora en la encuesta, el entorno sigue marcado por el miedo, la desconfianza y la normalización del crimen.

La pregunta que queda en el aire es: ¿de qué sirve una percepción si la realidad sigue sangrando? ¿Puede una encuesta suavizar el impacto de seis muertes en siete días? ¿Es suficiente la coordinación institucional cuando el ciudadano sigue evitando ciertas calles, ciertos horarios, ciertos silencios?
Celaya no necesita que le digan que está mejor. 

Necesita que le demuestren que lo está. Con justicia, con prevención, con reconstrucción del tejido social. No con encuestas que maquillan la herida, sino con políticas que la sanen.

Artículo original publicado por El Sol del Bajío, parte de la Organización Editorial Mexicana (OEM), disponible en: https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/percepcion-de-seguridad-en-celaya-mejora-pese-a-seis-homicidios-en-la-semana-26491023


Redacción Editorial

-La violencia del Bloque Negro en marchas de CDMX es comparada con la represión de Los Halcones de Luis Echeverría en 1971.
-Ambos grupos ejercen una función deslegitimadora y provocadora contra la protesta social pacífica, según análisis periodísticos.
-Los Halcones fueron un grupo paramilitar creado y financiado directamente por el gobierno para la represión estudiantil.
-El Bloque Negro utiliza tácticas de Black Bloc, con vestimenta oscura y anonimato, para dificultar la identificación policial.
-La principal semejanza radica en el efecto político: desviar el foco mediático de las demandas hacia el vandalismo.
-El anonimato de ambos grupos, de civil en 1971 y encapuchados hoy, facilita la evasión de consecuencias por los perpetradores.
-El Halconazo, el 10 de junio de 1971, fue la acción más brutal de Los Halcones, asesinando a estudiantes en una marcha.
-La denuncia ciudadana señala una "sospecha de impunidad o complicidad gubernamental" en la reaparición del Bloque Negro.
-Los Halcones actuaron con la protección del Estado, lo que impidió cualquier sanción efectiva a sus líderes y miembros.
-La violencia del Bloque Negro es señalada por líderes de opinión como un mecanismo para criminalizar la protesta social.
-Se acusa al Bloque Negro de ser un grupo tolerado o infiltrado, cuyo vandalismo justifica una futura represión policial.
-La impunidad estructural de Los Halcones sentó un precedente de tolerancia a la violencia estatal contra opositores.
-El Bloque Negro ha causado decenas de policías lesionados, destrozos a negocios y saqueos en el Zócalo capitalino.
-A pesar de las detenciones del Bloque Negro, su liberación o procesos laxos refuerzan la denuncia de ineficacia o permisividad.
-La reaparición constante del Bloque Negro se considera un "eco funcional" del modus operandi de la represión de 1971.

El espejo oscuro de la represión

Existe una semejanza notable y altamente sospechosa entre el grupo paramilitar "Los Halcones" y el fenómeno del "Bloque Negro" en las manifestaciones actuales, la cual es frecuentemente señalada en análisis periodísticos y denuncias ciudadanas. Esta semejanza reside en la función deslegitimadora y provocadora de la violencia que ambos grupos ejercen en el contexto de la protesta social, así como en la sospecha de impunidad o complicidad gubernamental.

La principal similitud, y la razón de la preocupación pública, radica en el efecto político que ambos grupos han tenido sobre los movimientos sociales, a pesar de operar en épocas y contextos diferentes. La crítica más fuerte sugiere que la operatividad de ambos grupos cumple un propósito similar en la neutralización de la disidencia.

En retrospectiva, en el caso de Los Halcones (1971), su naturaleza era la de un Grupo Paramilitar, creado, financiado y entrenado directamente por el gobierno (Regencia del entonces Distrito Federal, hy CDMX) para la represión. Su acción más brutal tuvo lugar el 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo (Matanza del Jueves de Corpus), cuando atacaron con palos de bambú, varas de kendo y armas de fuego a una manifestación pacífica de estudiantes. 

Se ha señalado a figuras como el coronel Manuel Díaz Escobar y Miguel Nazar Haro como presuntos líderes. Aunque el presidente Luis Echeverría Álvarez se había proclamado a favor de una "apertura democrática", la masacre expuso la continuidad de las políticas represivas del Estado.

"Los Halcones" operaban vestidos de civil, se infiltraban entre los estudiantes y usaban armas contundentes. Su violencia brutal sirvió para aterrorizar al movimiento estudiantil y justificar la represión y la Guerra Sucia. La impunidad fue estructural, pues a pesar de las evidencias, los líderes políticos y mandos militares implicados fueron exonerados o sus delitos declarados prescritos, garantizando la impunidad total del grupo paramilitar. Los Halcones actuaron con la protección del Estado, que impidió cualquier sanción efectiva.

En la actualidad, el fenómeno del Bloque Negro (o Black Bloc) utiliza la Táctica de Acción Directa, integrada por diversos activistas, algunos con historial de vandalismo. El Bloque Negro usa vestimenta negra y cubre su rostro para evitar la identificación y facilitar la acción violenta contra el mobiliario y la policía. Sus acciones incluyen agresiones a la policía, resultando en decenas de agentes lesionados, así como destrozos y saqueos en negocios, como los reportados en el Zócalo capitalino.

La sospecha que alimenta la alarma pública es la convergencia en el efecto. En ambos casos, el anonimato es clave: de civil en 1971 y encapuchados hoy. El resultado es el mismo: la violencia es utilizada para criminalizar y neutralizar la protesta social. El vandalismo y las agresiones del Bloque Negro opacan y deslegitiman la protesta pacífica mayoritaria, desviando el foco mediático de las demandas originales hacia los destrozos. La denuncia sugiere que el Bloque Negro podría ser utilizado por "manos oscuras", actuando de facto como un grupo de choque.

La denuncia ciudadana más crucial, y que refuerza la sospecha de colusión o tolerancia, es la falta de sanciones efectivas. A pesar de que los miembros del Bloque Negro suelen ser captados en flagrancia y se reportan detenciones (con imputaciones incluso por tentativa de homicidio), la crítica es que un número significativo de detenidos son liberados rápidamente o siguen procesos con medidas cautelares laxas. Esta ineficacia de la aplicación de la ley refuerza la denuncia de que el Bloque Negro podría ser utilizado por facciones del poder para sus propios fines, operando con una impunidad que evoca el oscuro modus operandi de Los Halcones en 1971.

La negra historia de "Los Halcones" en 1971

El grupo paramilitar conocido como Los Halcones fue una fuerza de choque al servicio del gobierno mexicano que operó en la Ciudad de México a finales de los años sesenta y principios de los setenta, siendo el episodio más infame la masacre ocurrida al inicio del sexenio del presidente, de extracción priista, Luis Echeverría Álvarez.

Información clave sobre "Los Halcones"

Fue un grupo paramilitar, es decir, una fuerza civil armada organizada, financiada y entrenada por las autoridades gubernamentales. Su existencia fue negada inicialmente por el gobierno, que intentó presentarlos como un "choque entre estudiantes" de facciones opuestas.

Los Halcones se formaron principalmente bajo el regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), con la supuesta intención de neutralizar y reprimir los movimientos estudiantiles y de izquierda. Estaban conformados por jóvenes de barrios populares, pandilleros (conocidos como "porros"), exmilitares o militares en activo. Se infiltraban en grupos estudiantiles con credenciales falsas para identificar líderes e incitar a la violencia.

Se ha señalado a figuras como el coronel Manuel Díaz Escobar y Miguel Nazar Haro (policía político).
El Halconazo (Matanza del Jueves de Corpus), en su acción más brutal, tuvo lugar el 10 de junio de 1971 (que coincidió con la fiesta religiosa del Jueves de Corpus Christi), cuando atacaron con palos de bambú, varas de kendo y armas de fuego a una manifestación pacífica de estudiantes que marchaban en solidaridad con los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La masacre ocurrió principalmente en la Calzada México-Tacuba.

Dejó un saldo de decenas de muertos y heridos (el número exacto varía en las fuentes, pero se habla de al menos 29 a más de 120, según recuentos estudiantiles) y la represión se extendió hasta los hospitales donde los heridos eran atendidos. Los hechos marcaron el inicio de la "Guerra Sucia" en México.

Al asumir la presidencia, Echeverría se había proclamado a favor de una "apertura democrática", pero la masacre del Jueves de Corpus expuso la continuidad de las políticas represivas del Estado. Aunque inicialmente negó la existencia de Los Halcones, la presión lo obligó a aceptar la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez. Echeverría fue acusado y sujeto a proceso por genocidio en relación con estos hechos y los de 1968, pero fue exonerado en 2009.

La exoneración de Luis Echeverría, si bien fue un golpe a las víctimas y a la verdad histórica, se sustentó en tecnicismos legales y en el fracaso de la Fiscalía para probar el crimen de genocidio ante los tribunales, lo que permitió que la impunidad prevaleciera debido a la prescripción de los delitos más probables.

Historia y antecedentes del llamado "Bloque Negro"

El término "Grupo Negro" o "Bloque Negro" se refiere a una táctica de protesta y acción directa que se ha vuelto recurrente en diversas manifestaciones y marchas en la Ciudad de México, aunque la identidad y los propósitos de quienes lo integran son objeto de constante debate, denuncia y especulación.

El "Bloque Negro" (o Black Bloc, en su término de origen alemán) es una táctica de acción más que un grupo u organización fija. Quienes la adoptan se caracterizan por usan ropa oscura o negra, con capuchas, paliacates, o máscaras para cubrir su rostro (encapuchados). El objetivo principal es dificultar su identificación individual por parte de las autoridades y los medios.

Su forma de protesta suele ser confrontacional y destructiva, utilizando martillos, mazos, cizallas y, en ocasiones, bombas molotov para vandalizar negocios, infraestructura urbana, y enfrentarse directamente a la policía. La táctica se popularizó en Alemania en la década de 1980 y ha sido utilizada globalmente por activistas con posturas radicales y anarquistas. En México, ha sido notable en marchas del 2 de octubre, del Día Internacional de la Mujer (8M), y otras movilizaciones políticas y sociales.

La cobertura mediática y las declaraciones de las autoridades y líderes de opinión se centran en dos grandes ejes de denuncia y que son en que es común que los miembros del Bloque Negro agredan a elementos de la policía capitalina, resultando en decenas de policías lesionados en cada gran manifestación. Buscan arrebatarles cascos y escudos y que han sido han sido señalados por realizar pintas, romper cristales (como en el MOAC) y causar destrozos en negocios (especialmente joyerías y comercios en el Zócalo), con reportes de robos y saqueos en medio de la confusión. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la CDMX ha denunciado que la violencia de este grupo no ha sido frenada ni castigada por las autoridades.

Tras las manifestaciones con actos violentos, las autoridades suelen detener a individuos del "Bloque Negro", imputándoles delitos graves como tentativa de homicidio, robo y lesiones, además de faltas administrativas.

Una denuncia recurrente, especialmente por columnistas y líderes sociales, es que el Bloque Negro no está compuesto exclusivamente por manifestantes con consignas políticas genuinas ya que se les acusa de tener el ánimo de generar inestabilidad y provocar a las fuerzas del orden.

Existen fuertes señalamientos (aunque difíciles de probar) de que estos grupos podrían ser "mercenarios" pagados o ser una versión moderna de grupos de choque (como lo fueron "Los Halcones" en la época de Luis Echeverría) con el fin de anular y deslegitimar la protesta pacífica del resto del contingente. Su violencia tiende a acaparar la narrativa mediática, opacando las demandas originales de las marchas (sean estas por feminismo, derechos estudiantiles o causas políticas).

Fuentes consultadas

-Archivo General de la Nación (AGN): Grupos paramilitares en México: Los Halcones (https://www.gob.mx/agn/articulos/grupos-paramilitares-en-mexico-los-halcones)
-INEHRM: A 50 años del halconazo (documento PDF) (https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/A_50_anios%20_del_Halconazo_F.pdf)
- La Jornada (Identificación y Antecedentes): En 'bloque negro' identifican a personas con antecedentes penales tras marcha del 2 de octubre - (https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/04/capital/en-bloque-negro-identifican-a-personas-con-antecedentes-penales-tras-marcha-del-2-de-octubre)
- El Financiero (Análisis de Raymundo Riva Palacio): Halcones morenos (Análisis que compara al bloque negro con Los Halcones) - (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2025/11/19/halcones-morenos/)
-Forbes México (Denuncias Comerciales) - Canaco CDMX denuncia que violencia del Bloque Negro no ha sido frenada ni castigada por autoridades (https://forbes.com.mx/canaco-cdmx-denuncia-que-violencia-del-bloque-negro-no-ha-sido-frenada-ni-castigada-por-autoridades/)
-Wikipedia: Halcones (grupo paramilitar) - (https://es.wikipedia.org/wiki/Halcones_(grupo_paramilitar))
-YouTube: Violencia del Bloque Negro opaca marcha del 2 de octubre, más de 120 heridos, 94 policías - (https://www.youtube.com/watch?v=aJnZloR6pmw)



Redacción Editorial 

-Alcalde de Celaya acusa aumentos salariales en IMIPE, IMUVI e INCLUDIS sin presentar pruebas ni casos documentados.
-Señalamientos del alcalde vulneran autonomía de organismos descentralizados y carecen de fundamento legal administrativo.
-Reglamentos internos establecen que consejos de cada instituto aprueban proyectos, no el alcalde ni su cabildo.
-Amenaza de remoción a directores por aumentos salariales podría constituir coacción y violar debido proceso.
-El alcalde exige revertir aumentos, pero no presenta pruebas ni sustento jurídico en sus declaraciones.
-La falta de apego al principio de legalidad administrativa pone en duda la validez de las acciones del alcalde.
-Remoción de titulares de organismos descentralizados requiere procedimiento legal, no amenazas públicas sin sustento.
-Si hubo aumentos indebidos, corresponde a Contraloría iniciar proceso, no al alcalde de forma unilateral.
-Alcalde omite corrupción en INSMACC, donde se pagan sueldos altos a directivos sin perfil académico adecuado.
-INSMACC concentra 90 millones de presupuesto y cargos ocupados por integrantes del grupo al que se ha renombrado como “Palancas al Viento”.
Conflictos de interés en INSMACC evidencian falta de transparencia y vínculos con familiares del presidente municipal.
-Organismos descentralizados no están obligados a ser autosuficientes; dependen de subsidios según su función social.
-Centralizar organismos implicaría pérdida de autonomía técnica, mayor burocracia y riesgo de politización.
-La transparencia y rendición de cuentas se debilitan si organismos descentralizados pasan a control directo municipal.

Los fuertes señalamientos realizados por el alcalde de Celaya contra los directores de IMIPE,IMUVI e INCLUDIS ( https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/alcalde-de-celaya-exige-a-directores-de-includis-imuvi-e-imipe-revertir-aumento-salarial-o-seran-removidos-26841341 ) sobre supuestos aumentos de sueldo y la grave omisión de corrupción existente en INSMACC, donde se pagan altos sueldos a personas que no cuentan con los perfiles académicos para ocupar cargos bajo el auspicio de la directora Aleida Ocampo Jiménez, pone en cuestionamiento el fondo real de la situación, toda vez que no se dan mayores datos de los supuestos aumentos salariales ni se documentan los casos específicos.



La normatividad de los Institutos en cuestión define que son organismos descentralizados, como el mismo alcalde lo reconoció, no centralizados; sin embargo, no presenta una sola prueba de los citados aumentos y amenaza con acciones fuera de lugar.

Los reglamentos de estas dependencias establecen, a grandes rasgos, la existencia de un Consejo de cada Instituto, quienes son los que aprueban o desaprueban los proyectos que presentan sus respectivos directores o áreas administrativas de cada instituto; luego este turna a la respectiva Comisión de cabildo para su análisis y posterior aprobación en Sesión de Ayuntamiento.

El alcalde de Celaya habría incurrido en posibles violaciones a la autonomía de organismos públicos descentralizados y a principios de legalidad administrativa, según el análisis del caso.

A continuación, te presento un análisis detallado de la nota publicada por El Sol del Bajío y las posibles normas municipales y estatales que podrían estar siendo vulneradas:

La nota: Las posibles incongruencias legales del alcalde

La nota de Organización Editorial Mexicana informa que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, exigió públicamente a los titulares de tres organismos descentralizados —INCLUDIS, IMUVI e IMIPE— revertir los aumentos salariales que se autorizaron en sus respectivos órganos de gobierno. De no hacerlo, advirtió que serían removidos de sus cargos. 

De entrada, el alcalde no muestra pruebas para hacer tales y enérgicas afirmaciones, además que esta injerencia vulnera posiblemente varias normas municipales y estatales.

El señalamiento agrede la autonomía de los organismos descentralizados. Los tres institutos mencionados son organismos públicos descentralizados de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Teniendo como fundamento Esto implica violaciones a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (LOM), artículos 90 y 91 y los Reglamentos internos de cada organismo (IMUVI, INCLUDIS, IMIPE).

Las violaciones se centran en la intervención directa del alcalde en decisiones internas de estos organismos —como la revocación de aumentos salariales aprobados por sus Juntas de Gobierno, si es que acaso existieran esos aumentos— podría vulnerar su autonomía técnica y de gestión, además de que la amenaza de remoción por ejercer sus funciones conforme a sus atribuciones podría constituir una forma de coacción o presión indebida.

Uno de los aspectos que se evidencias del alcalde es la falta de apego al principio de legalidad administrativa, donde todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado conforme a derecho y la información periodística no da a conocer elementos puntuales al caso.

Si el alcalde no tiene facultades expresas para revertir decisiones de órganos colegiados autónomos, su exigencia podría carecer de fundamento legal además de que la amenaza de remoción sin procedimiento administrativo previo podría vulnerar el debido proceso y el principio de legalidad.

La remoción de titulares de organismos descentralizados debe seguir un procedimiento legal y estar debidamente motivada. La advertencia de remoción inmediata por una decisión administrativa tomada en el marco de sus atribuciones podría constituir un acto arbitrario.

Las consideraciones adicionales en materia presupuestal

Aunque los organismos descentralizados manejan recursos públicos, sus presupuestos son aprobados por el Ayuntamiento. Si los aumentos salariales no están alineados con el presupuesto autorizado, el Ayuntamiento puede intervenir, pero a través de los cauces legales y no mediante amenazas públicas.

Si los aumentos fueron indebidos, corresponde al Órgano Interno de Control o a la Contraloría Municipal iniciar un procedimiento, no al alcalde de forma unilateral.

El alcalde omite hablar de la corrupción e irregularidades dadas en el INMSACC, y ensalza el trabajo de ese Instituto, como algo "ejemplar".


Sin embargo, el alcalde hace una comparación de estos organismos con el INSMACC; señala el "trabajo extraordinario" del INSMACC que cuenta, según la nota, con 90 millones de pesos de presupuestos y que realiza una gran cantidad de eventos.

El alcalde no señala una diversidad de actos de corrupción documentados y la inacción para investigarlos y que desde hace meses ha venido incurriendo el Instituto Municipal de Arte y Cultura, como lo son de tener en puestos directivos a personas sin el perfil académico adecuado, estar cobrando sueldos hasta por 35 mil pesos al mes -como el caso de Walter Díaz, director de Patrimonio- y coordinadores con niveles de secundaria y bachillerato en los cargos. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/festival-palabras-al-viento-conflicto.html )

Sumado a esto, el conflicto de intereses -que esta tipificado como una falta o delito por las leyes guanajuatenses- que representaría el hecho de que la mayor parte de los integrantes de los cargos directivos de INSMACC pertenecen al grupo denominado "Palabras al Viento" -conocidos ahora como "Palancas al Viento"- ( https://www.metronewsmx.com/2025/07/de-palabras-al-viento-palancas-al.html ) que de siempre ha encabezado la actual presidenta del DIF, Laura Casillas y que originalmente era un grupo libre y que se ha manejado de manera opaca, sin transparencia y ahora se ha convertido en una parte del gobierno municipal. 

El argumento del alcalde: Un organismo descentralizado debe ser autosuficiente

Los organismos descentralizados municipales —como los que existen en Celaya para agua potable, cultura, atención a personas con discapacidad o vivienda— no están obligados a ser autosuficientes en términos financieros, aunque sí se busca que tengan capacidad de gestión propia.  

Entre las razones por las que no siempre son autosuficientes se cuentan la naturaleza del servicio, ya que algunos de estos (como agua potable o transporte público) pueden generar ingresos propios, mientras que otros (cultura, deporte, asistencia social) dependen de subsidios.
  
Hay organismos cuya misión es garantizar derechos básicos o promover cultura, y no se espera que sean rentables. El municipio puede asignar partidas presupuestales para cubrir gastos operativos, porque la finalidad es el beneficio público, no la ganancia. También el hecho de que la capacidad de recaudación es desigual, ya que no todos los organismos tienen la misma posibilidad de cobrar cuotas o tarifas; por ello, algunos requieren financiamiento externo.  

Los organismos descentralizados buscan autonomía administrativa y técnica, pero no están diseñados para ser empresas lucrativas. Su autosuficiencia depende del tipo de servicio que prestan: algunos pueden sostenerse con cuotas y tarifas, mientras que otros requieren apoyo constante del municipio o del estado. Lo esencial es que tengan flexibilidad y especialización para cumplir su función pública con eficacia.  

¿Centralizar para eficiencia o para control político?

El cambio de un organismo descentralizado a uno centralizado en un municipio como Celaya implica varios problemas y riesgos, tanto administrativos como sociales.  

Las diferencias clave, radican en que siendo organismo descentralizado tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, y puede tomar decisiones técnicas especializadas. Si es centralizado, depende directamente del ayuntamiento o de la administración municipal, sin autonomía jurídica ni financiera.  

Los dos principales problemas al quitarse la descentralización son el riesgo de politización, ya que al estar bajo control directo del ayuntamiento, las decisiones pueden responder más a intereses políticos coyunturales que a necesidades técnicas o comunitarias.

El otro es el debilitamiento de la transparencia y rendición de cuentas. Los descentralizados suelen tener consejos directivos o juntas que supervisan su operación. En un esquema centralizado, la supervisión se concentra en la administración municipal, reduciendo contrapesos.

Otros problemas que se podrían generar al pasar de descentralizado a centralizado se tendrían la pérdida de autonomía técnica y administrativa. Los organismos descentralizados suelen contar con especialistas y estructuras propias. Al centralizarse, las decisiones pasan por la burocracia municipal, lo que puede ralentizar procesos.

Se tendría también menor eficiencia en la prestación de servicios. Servicios como agua potable, cultura o deporte requieren gestión ágil. La centralización puede generar retrasos en mantenimiento, programación de actividades o atención ciudadana. #MetroNewsMx

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