Redacción Editorial
-Alcalde de Celaya acusa aumentos salariales en IMIPE, IMUVI e INCLUDIS sin presentar pruebas ni casos documentados.
-Señalamientos del alcalde vulneran autonomía de organismos descentralizados y carecen de fundamento legal administrativo.
-Reglamentos internos establecen que consejos de cada instituto aprueban proyectos, no el alcalde ni su cabildo.
-Amenaza de remoción a directores por aumentos salariales podría constituir coacción y violar debido proceso.
-El alcalde exige revertir aumentos, pero no presenta pruebas ni sustento jurídico en sus declaraciones.
-La falta de apego al principio de legalidad administrativa pone en duda la validez de las acciones del alcalde.
-Remoción de titulares de organismos descentralizados requiere procedimiento legal, no amenazas públicas sin sustento.
-Si hubo aumentos indebidos, corresponde a Contraloría iniciar proceso, no al alcalde de forma unilateral.
-Alcalde omite corrupción en INSMACC, donde se pagan sueldos altos a directivos sin perfil académico adecuado.
-INSMACC concentra 90 millones de presupuesto y cargos ocupados por integrantes del grupo al que se ha renombrado como “Palancas al Viento”.
Conflictos de interés en INSMACC evidencian falta de transparencia y vínculos con familiares del presidente municipal.
-Organismos descentralizados no están obligados a ser autosuficientes; dependen de subsidios según su función social.
-Centralizar organismos implicaría pérdida de autonomía técnica, mayor burocracia y riesgo de politización.
-La transparencia y rendición de cuentas se debilitan si organismos descentralizados pasan a control directo municipal.
Los fuertes señalamientos realizados por el alcalde de Celaya contra los directores de IMIPE,IMUVI e INCLUDIS ( https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/alcalde-de-celaya-exige-a-directores-de-includis-imuvi-e-imipe-revertir-aumento-salarial-o-seran-removidos-26841341 ) sobre supuestos aumentos de sueldo y la grave omisión de corrupción existente en INSMACC, donde se pagan altos sueldos a personas que no cuentan con los perfiles académicos para ocupar cargos bajo el auspicio de la directora Aleida Ocampo Jiménez, pone en cuestionamiento el fondo real de la situación, toda vez que no se dan mayores datos de los supuestos aumentos salariales ni se documentan los casos específicos.
La normatividad de los Institutos en cuestión define que son organismos descentralizados, como el mismo alcalde lo reconoció, no centralizados; sin embargo, no presenta una sola prueba de los citados aumentos y amenaza con acciones fuera de lugar.
Los reglamentos de estas dependencias establecen, a grandes rasgos, la existencia de un Consejo de cada Instituto, quienes son los que aprueban o desaprueban los proyectos que presentan sus respectivos directores o áreas administrativas de cada instituto; luego este turna a la respectiva Comisión de cabildo para su análisis y posterior aprobación en Sesión de Ayuntamiento.
El alcalde de Celaya habría incurrido en posibles violaciones a la autonomía de organismos públicos descentralizados y a principios de legalidad administrativa, según el análisis del caso.
A continuación, te presento un análisis detallado de la nota publicada por El Sol del Bajío y las posibles normas municipales y estatales que podrían estar siendo vulneradas:
La nota: Las posibles incongruencias legales del alcalde
La nota de Organización Editorial Mexicana informa que el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, exigió públicamente a los titulares de tres organismos descentralizados —INCLUDIS, IMUVI e IMIPE— revertir los aumentos salariales que se autorizaron en sus respectivos órganos de gobierno. De no hacerlo, advirtió que serían removidos de sus cargos.
De entrada, el alcalde no muestra pruebas para hacer tales y enérgicas afirmaciones, además que esta injerencia vulnera posiblemente varias normas municipales y estatales.
El señalamiento agrede la autonomía de los organismos descentralizados. Los tres institutos mencionados son organismos públicos descentralizados de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Teniendo como fundamento Esto implica violaciones a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (LOM), artículos 90 y 91 y los Reglamentos internos de cada organismo (IMUVI, INCLUDIS, IMIPE).
Las violaciones se centran en la intervención directa del alcalde en decisiones internas de estos organismos —como la revocación de aumentos salariales aprobados por sus Juntas de Gobierno, si es que acaso existieran esos aumentos— podría vulnerar su autonomía técnica y de gestión, además de que la amenaza de remoción por ejercer sus funciones conforme a sus atribuciones podría constituir una forma de coacción o presión indebida.
Uno de los aspectos que se evidencias del alcalde es la falta de apego al principio de legalidad administrativa, donde todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado conforme a derecho y la información periodística no da a conocer elementos puntuales al caso.
Si el alcalde no tiene facultades expresas para revertir decisiones de órganos colegiados autónomos, su exigencia podría carecer de fundamento legal además de que la amenaza de remoción sin procedimiento administrativo previo podría vulnerar el debido proceso y el principio de legalidad.
La remoción de titulares de organismos descentralizados debe seguir un procedimiento legal y estar debidamente motivada. La advertencia de remoción inmediata por una decisión administrativa tomada en el marco de sus atribuciones podría constituir un acto arbitrario.
Las consideraciones adicionales en materia presupuestal
Aunque los organismos descentralizados manejan recursos públicos, sus presupuestos son aprobados por el Ayuntamiento. Si los aumentos salariales no están alineados con el presupuesto autorizado, el Ayuntamiento puede intervenir, pero a través de los cauces legales y no mediante amenazas públicas.
Si los aumentos fueron indebidos, corresponde al Órgano Interno de Control o a la Contraloría Municipal iniciar un procedimiento, no al alcalde de forma unilateral.
El alcalde omite hablar de la corrupción e irregularidades dadas en el INMSACC, y ensalza el trabajo de ese Instituto, como algo "ejemplar".
Sin embargo, el alcalde hace una comparación de estos organismos con el INSMACC; señala el "trabajo extraordinario" del INSMACC que cuenta, según la nota, con 90 millones de pesos de presupuestos y que realiza una gran cantidad de eventos.
El alcalde no señala una diversidad de actos de corrupción documentados y la inacción para investigarlos y que desde hace meses ha venido incurriendo el Instituto Municipal de Arte y Cultura, como lo son de tener en puestos directivos a personas sin el perfil académico adecuado, estar cobrando sueldos hasta por 35 mil pesos al mes -como el caso de Walter Díaz, director de Patrimonio- y coordinadores con niveles de secundaria y bachillerato en los cargos. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/festival-palabras-al-viento-conflicto.html )
Sumado a esto, el conflicto de intereses -que esta tipificado como una falta o delito por las leyes guanajuatenses- que representaría el hecho de que la mayor parte de los integrantes de los cargos directivos de INSMACC pertenecen al grupo denominado "Palabras al Viento" -conocidos ahora como "Palancas al Viento"- ( https://www.metronewsmx.com/2025/07/de-palabras-al-viento-palancas-al.html ) que de siempre ha encabezado la actual presidenta del DIF, Laura Casillas y que originalmente era un grupo libre y que se ha manejado de manera opaca, sin transparencia y ahora se ha convertido en una parte del gobierno municipal.
El argumento del alcalde: Un organismo descentralizado debe ser autosuficiente
Los organismos descentralizados municipales —como los que existen en Celaya para agua potable, cultura, atención a personas con discapacidad o vivienda— no están obligados a ser autosuficientes en términos financieros, aunque sí se busca que tengan capacidad de gestión propia.
Entre las razones por las que no siempre son autosuficientes se cuentan la naturaleza del servicio, ya que algunos de estos (como agua potable o transporte público) pueden generar ingresos propios, mientras que otros (cultura, deporte, asistencia social) dependen de subsidios.
Hay organismos cuya misión es garantizar derechos básicos o promover cultura, y no se espera que sean rentables. El municipio puede asignar partidas presupuestales para cubrir gastos operativos, porque la finalidad es el beneficio público, no la ganancia. También el hecho de que la capacidad de recaudación es desigual, ya que no todos los organismos tienen la misma posibilidad de cobrar cuotas o tarifas; por ello, algunos requieren financiamiento externo.
Los organismos descentralizados buscan autonomía administrativa y técnica, pero no están diseñados para ser empresas lucrativas. Su autosuficiencia depende del tipo de servicio que prestan: algunos pueden sostenerse con cuotas y tarifas, mientras que otros requieren apoyo constante del municipio o del estado. Lo esencial es que tengan flexibilidad y especialización para cumplir su función pública con eficacia.
¿Centralizar para eficiencia o para control político?
El cambio de un organismo descentralizado a uno centralizado en un municipio como Celaya implica varios problemas y riesgos, tanto administrativos como sociales.
Las diferencias clave, radican en que siendo organismo descentralizado tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, y puede tomar decisiones técnicas especializadas. Si es centralizado, depende directamente del ayuntamiento o de la administración municipal, sin autonomía jurídica ni financiera.
Los dos principales problemas al quitarse la descentralización son el riesgo de politización, ya que al estar bajo control directo del ayuntamiento, las decisiones pueden responder más a intereses políticos coyunturales que a necesidades técnicas o comunitarias.
El otro es el debilitamiento de la transparencia y rendición de cuentas. Los descentralizados suelen tener consejos directivos o juntas que supervisan su operación. En un esquema centralizado, la supervisión se concentra en la administración municipal, reduciendo contrapesos.
Otros problemas que se podrían generar al pasar de descentralizado a centralizado se tendrían la pérdida de autonomía técnica y administrativa. Los organismos descentralizados suelen contar con especialistas y estructuras propias. Al centralizarse, las decisiones pasan por la burocracia municipal, lo que puede ralentizar procesos.
Se tendría también menor eficiencia en la prestación de servicios. Servicios como agua potable, cultura o deporte requieren gestión ágil. La centralización puede generar retrasos en mantenimiento, programación de actividades o atención ciudadana. #MetroNewsMx
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