Redacción Editorial
-Celaya y el fuego: cinco incendios en diez días paralizan obras y exhiben la fragilidad del discurso oficial.
-La maquinaria incendiada en Latinoamericana dejó calles abiertas y vecinos con promesas vacías del gobierno.
-Autoridades hablan de “sensación” de inseguridad mientras JUMAPA y constructoras son blanco de ataques reales.
-Extorsión a constructoras reconocida, pero sin plan público de protección ni continuidad en la obra pública.
-El alcalde presume respaldo en eventos masivos, mientras la desaprobación ciudadana crece en calles abandonadas.
-Minimizar la violencia y apelar a códigos criminales erosiona autoridad y fractura la credibilidad institucional.
-La incongruencia oficial pesa más que la congruencia: incendios, obras detenidas y vecinos sin respuestas claras.
-La confianza ciudadana no se alimenta de discursos, sino de protección, cumplimiento y rendición de cuentas.
-La obra pública exige seguridad, continuidad, investigación transparente y comunicación honesta, no frases vacías.
-En Celaya, el humo ya habló: proteger, investigar y reanudar son urgencias que el gobierno no puede evadir.
Celaya vive con el olor a humo de incendios provocados y la sensación de que las palabras oficiales no alcanzan. Cuando la maquinaria se incendia, la obra pública se detiene y los vecinos quedan mirando calles abiertas y promesas vacías, el discurso se mide por consecuencias, no por declaraciones.
En menos de 10 días se registraron cinco incendios provocados en distintos puntos de la ciudad, con uso de acelerantes y sin detenidos inmediatos, mostrando patrón y coordinación. Una propiedad de JUMAPA —oficinas y bodegas— fue incendiada, elevando el mensaje delictivo al plano institucional.
Las autoridades locales han admitido en distintos momentos la hipótesis de extorsión contra constructoras como origen de algunos ataques, mientras en otras intervenciones se minimiza la inseguridad equiparándola a una simple “sensación” social. El alcalde, por su parte, ha presumido respaldo ciudadano basado en asistencia a eventos masivos, sustituyendo un referéndum prometido por “termómetros” de asistencia.
La parálisis de la obra pública es verificable en la colonia Latinoamericana. En las calles Perú, Andador Uruguay y Costa Rica, la empresa se retiró tras el incendio de maquinaria ocurrido la noche del 18 de noviembre en las canchas de la colonia, en Bolivia y Calle Santo Domingo.
Las obras quedaron abandonadas. Ese mismo día, a las 11:00 horas, se había informado a los propietarios de las casas habitación las fechas de inicio y terminación de los trabajos; horas después, la logística colapsó por los hechos delictivos.
La consecuencia inmediata es que los vecinos quedaron con zanjas abiertas, circulación afectada y pérdida de confianza en los plazos, sin una hoja de ruta pública de reanudación, protección ni compensación.
El discurso oficial se ha movido entre la minimización de la crisis, presentando la inseguridad como “sensación” del ciudadano, y la interlocución con el delito, apelando a “códigos” del crimen organizado que desplazan el monopolio legítimo de la fuerza hacia un terreno de súplica, erosionando autoridad y mensaje disuasivo.
También se ha recurrido a la legitimidad por asistencia, reemplazando mecanismos formales de consulta -como el referéndum prometido- por conteos de asistencia a eventos, confundiendo presencia con aprobación y sin verificar representatividad ni metodología.
En contraste, la admisión de que la obra pública y las constructoras son blanco de extorsión es congruente con los patrones observados, pero exige un plan claro de protección, investigación y continuidad que aún no se ha transparentado.
La incongruencia se acumula en varios frentes: la naturaleza de la violencia es presentada como “sensación” mientras los incendios provocados con patrón y uso de acelerantes son hechos materiales; la protección de infraestructura pública se afirma como controlada mientras JUMAPA es incendiada y la maquinaria queda sin resguardo; la relación con el crimen se plantea en términos de códigos y treguas mientras los ataques persisten y las obras se paralizan; la validación social del gobierno se presume en asistencia a eventos mientras las mediciones públicas muestran alta desaprobación y el malestar vecinal es evidente; el origen de los ataques se reconoce como extorsión a constructoras mientras las empresas se retiran y la obra se detiene. En todos estos puntos, la incongruencia pesa más que la congruencia parcial.
La credibilidad hoy se inclina hacia la fractura. El patrón de incendios, el ataque a JUMAPA y la paralización de obra en Latinoamericana son incompatibles con narrativas de normalidad o control efectivo.
Pero la credibilidad no sólo es por el discurso de la "seguridad" en Celaya, sino también en los datos que el mismo alcalde proporciona a la población en otros rubros y que, en el caso de la misma colonia Latinoamericana queda comprobado, cómo en el I Informe del alcalde se abrogó como propias las pavimentaciones de dos calles que fueron ejecutadas por la pasada administración y señalando una inversión de casi 5 millones de pesos. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html )
Minimizar la inseguridad mientras se reconoce extorsión genera disonancia; apelar al crimen en lugar de reforzar instituciones debilita el mensaje rector. La desaprobación ciudadana y la verificación en campo de obras abandonadas pesan más que la asistencia a actos masivos. La confianza se alimenta de protección y cumplimiento, no de discursos. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )
Lo que falta de la autoridad es claro: protección explícita a la obra pública con un plan operativo público para resguardar maquinaria, frentes de obra y personal, con protocolos visibles en colonias intervenidas; continuidad con garantías, mediante contratos con cláusulas de seguridad y contingencia y fondos de emergencia para reanudar obras sin trasladar el costo al vecino; investigación con trazabilidad, con líneas de investigación sobre extorsión y actualizaciones periódicas, indicadores de avance y colaboración interinstitucional verificable; rendición de cuentas metodológica, publicando metodología, fuentes y resultados auditables, y retomando mecanismos formales de consulta prometidos; comunicación honesta, alineando discurso a hechos, reconociendo riesgos, fijando metas medibles y plazos verificables. La ciudadanía tolera la verdad; no tolera la ambigüedad que deja calles abiertas.
Las preguntas que la autoridad debe responder son inmediatas: qué medidas específicas se implementarán para proteger obras en curso y evitar nuevos incendios; cuándo y cómo se retomarán las obras en Perú, Andador Uruguay y Costa Rica y qué garantía se ofrece a los vecinos; cuál es el avance concreto en investigaciones por extorsión a constructoras y ataques a infraestructura pública; qué cuerpos y niveles de gobierno están coactuando y con qué responsabilidades definidas; si se retomará el referéndum prometido u otro mecanismo formal de consulta con metodología transparente.
Si el gobierno quiere recuperar credibilidad, no necesita más frases: necesita proteger, investigar, reanudar y rendir cuentas con precisión. En Celaya, el humo ya dijo lo que las calles están esperando.
Los planteamientos y realidades que evade la autoridad
-Credibilidad hoy: una balanza inclinada en contra
-Fallas acumuladas: El patrón de incendios, el ataque a JUMAPA y la paralización de obra en Latinoamericana son incompatibles con narrativas de normalidad o control efectivo.
-Mensajes cruzados: Minimizar la inseguridad mientras se reconoce extorsión genera disonancia; apelar al crimen en lugar de reforzar instituciones debilita el mensaje rector.
-Indicadores públicos: La desaprobación ciudadana y la verificación en campo de obras abandonadas pesan más que la asistencia a actos masivos. La confianza se alimenta de protección y cumplimiento, no de discursos.
Lo que falta de la autoridad y sus responsabilidades inmediatas
-Protección explícita a obra pública y la necesidad de un plan operativo público para resguardar maquinaria, frentes de obra y personal; protocolos visibles en colonias intervenidas.
-Continuidad con garantías, donde los contratos registren con cláusulas de seguridad y contingencia; fondos de emergencia para reanudar obras sin trasladar el costo al vecino.
-Investigación con trazabilidad, donde se veas líneas de investigación sobre extorsión con actualizaciones periódicas, indicadores de avance y colaboración interinstitucional verificable.
-Rendición de cuentas metodológica, porque si se presume aceptación, entonces publicar metodología, fuentes y resultados auditables; retomar mecanismos formales de consulta prometidos. Transparencia completa y no magnificar dependencias como INSMACC, donde prevalece la corrupción y minimizar a otras como IMIPE, IMUVI e INCLUDIS. (https://www.metronewsmx.com/2025/11/fuera-de-lugar-senalamientos-en-celaya.html )
También la comunicación honesta, en donde coincida el discurso a hechos, reconocer riesgos, fijar metas medibles y plazos verificables. La ciudadanía tolera la verdad; no tolera la ambigüedad que deja calles abiertas. (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html )
Las preguntas que la autoridad debe responder a la ciudadanía
-En materia de seguridad operativa: ¿Qué medidas específicas se implementarán para proteger obras en curso y evitar nuevos incendios?
-Reanudación: ¿Cuándo y cómo se retomarán las obras en Perú, Andador Uruguay y Costa Rica? ¿Qué garantía se ofrece a los vecinos?
-Investigación: ¿Cuál es el avance concreto en investigaciones por extorsión a constructoras y ataques a infraestructura pública?
-Coordinación: ¿Qué cuerpos y niveles de gobierno están coactuando y con qué responsabilidades definidas?
-Evaluación pública: ¿Se retomará el referéndum prometido u otro mecanismo formal de consulta con metodología para que el alcalde cumpla con su palabra de renunciar, sea removido o destituido o lo que le haya ofrecido a la ciudadanía dado que no resultó realmente lo que se prometió?
Fuentes:
#MetroNewsMx
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