Redacción Editorial
-La redacción de Metro News recibió por escrito vía electrónica una queja de un lector, donde plasma el trato recibido por parte de autoridades penitenciarias. Los hechos se viven en San Miguel de Allende.
-El centro penitenciario señalado se convirtió en un entorno hostil donde el acoso laboral, la humillación y el trato indigno se extendían a más trabajadores.
-La víctima denunció la violencia ante directivos, quienes respondieron con inacción e incluso la sugerencia de "Renuncia", ignorando la gravedad de la situación.
-Tras buscar apoyo en Derechos Humanos, la denunciante fue sometida a una revisión agresiva y un presunto "montaje" de pastillas para incriminarla por robo.
-La funcionaria fue privada de su libertad por más de una hora dentro del centro penitenciario, donde fue amenazada con remisión a la Fiscalía si no firmaba su renuncia.
-El despido por "robo" se ejecutó pese a existir una incapacidad médica expedida por el ISSSTE, evidenciando una represalia inmediata tras la denuncia formal.
La Siniestra Cultura del Silencio Institucional
La denuncia de una trabajadora de un Centro de Reinserción Social en Guanajuato expone una de las realidades más oscuras y sistemáticas que enfrentan quienes osan desafiar el *status quo* dentro de las instituciones de seguridad y justicia: la represalia institucional.
El testimonio no es solo el relato de un calvario personal, sino la radiografía de una cultura laboral tóxica donde la violencia y el trato indigno se normalizan, extendiéndose incluso a las personas privadas de su libertad.
El viacrucis de la denunciante inició con el acoso directo de sus superiores, una situación que, lejos de ser corregida por la cadena de mando, fue escalando. La respuesta de los directivos fue un eco de la impunidad: inacción, burla, humillación y, finalmente, una cínica sugerencia: "Renuncia".
Esta directriz, proveniente de la cabeza del centro, subraya un mensaje demoledor: la institución no protegerá al denunciante, sino que lo obligará a autoeliminarse para preservar el silencio.
La desesperación llevó a la víctima a buscar refugio en instancias externas, pero incluso en la Procuraduría de Derechos Humanos encontró trabas y presiones para conciliar, intentando disuadirla de formalizar la denuncia. Una vez que la denuncia se concretó, el sistema actuó con una eficiencia perversa y fulminante.
Al día siguiente de la denuncia, la trabajadora fue sometida a un trato agresivo, revisión corporal y la escenificación de un vulgar "montaje" con supuestas pastillas para incriminarla por robo. Peor aún, fue privada de su libertad por más de una hora dentro del área de dirección, donde un grupo de funcionarios —incluyendo al director y personal jurídico— la presionaron con amenazas explícitas de remitirla a la Fiscalía si no firmaba su renuncia.
Esta secuencia de hechos —la agresión, la fabricación de pruebas, la privación ilegal de la libertad y la coacción— culminó con un despido expedito por robo, recibido incluso cuando la trabajadora contaba con una incapacidad médica expedida por el ISSSTE. La celeridad y el método del despido no dejan lugar a dudas: la supuesta acusación de robo fue la herramienta de los agresores para consumar su venganza.
Este caso, ocurrido en el marco de una institución que debería velar por la justicia y la reinserción, exhibe un abuso de poder institucionalizado. El mensaje es brutal: quien denuncia la corrupción y la violencia laboral, no solo perderá su empleo, sino que enfrentará una campaña de intimidación legal y personal diseñada para destruirlo. Esta realidad no es solo un fracaso administrativo, es la perversión del sistema de procuración de justicia que utiliza sus propias herramientas para castigar la verdad.
El caso lleva al análisis de las probables violaciones cometidas
Por ejemplo, las violaciones de Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, tales como el Derecho a la Dignidad Humana, luego de la Violencia laboral, burla, discriminación y humillación. Todo trato discriminatorio, humillante o que menoscabe la integridad psicológica viola este derecho humano fundamental (Art. 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
La situación del derecho a la Estabilidad y Condiciones de Trabajo Digno; Principio de No Represalia luego de la omisión de los directivos, sugerencia de "renuncia" y despido por represalia. El Estado debe garantizar condiciones laborales libres de violencia y la omisión de los superiores es un incumplimiento de su deber constitucional (Art. 123 y Ley del Trabajo local).
El Derecho a la Libertad Personal, al darse la narrativa de la privación de la libertad (más de una hora) para obligar a firmar la renuncia. Nadie puede ser molestado en su persona o derechos sin una orden de autoridad competente, fundada y motivada. La retención forzada para obligar a firmar un documento es una transgresión directa (Art. 16 de la Constitución Federal).
Se suma a esto las posibles Violaciones en Materia Penal (Código Penal del Estado de Guanajuato), al realizarse la Privación Ilegal de la Libertad y Coacción con este tema de la privación de la libertad (más de una hora) para obligar a firmar la renuncia, con amenazas de remisión a la Fiscalía. Esto se configura cuando se detiene a una persona sin mandato de autoridad, con el fin de obligarla a ejecutar un acto o abstenerse de él.
También se analiza la posibilidad del abuso de Autoridad y Lesiones (si hubo daño corporal o psicológico), luego de una revisión corporal agresiva y brusca por personal de seguridad sin causa legal justificada. Uso de violencia física o moral que no está autorizada por las leyes o los reglamentos de seguridad.
El abuso de Autoridad y Falsedad ante Autoridades (o simulación de pruebas), con el montaje de pastillas, acusación falsa de robo y posterior denuncia ante Fiscalía. El uso de la función pública para crear una evidencia incriminatoria falsa y la presentación de una denuncia penal con hechos simulados.
Existe también la presunción de violaciones en Materia Laboral y Administrativa, precisadas por la legislación de Guanajuato), sobre el tema del acoso u Hostigamiento Laboral (Falta Administrativa Grave), al darse la violencia laboral sistemática (acoso, burla, trato indigno). Las leyes de Responsabilidades y las normas laborales del Estado prohíben explícitamente el mobbing o acoso laboral, tipificándolo como una falta grave que debe ser sancionada.
El incumplimiento al Deber de Cuidado y Abuso de Funciones (faltas administrativas), por la inacción de los directivos ante la denuncia inicial de violencia. El funcionario tiene la obligación de salvaguardar la integridad de sus subordinados. La omisión o el encubrimiento de la violencia constituye un incumplimiento de sus deberes.
Se suma el despido injustificado y violación de derechos laborales tras señalarse el despido inmediato por "robo" con incapacidad médica vigente. El despido por una causa falsa es injustificado. Además, se ignora el derecho de la trabajadora a la seguridad social y a la protección por incapacidad médica.
Finalmente, el incumplimiento de su Función Protectora y la obstaculización de la Justicia, por la presunta presión de la Procuraduría de Derechos Humanos para conciliar/retractarse de la denuncia. La función de esta Procuraduría es proteger al ciudadano, no a inducirlo o a presionarlo para que retire una denuncia formalmente presentada.
La realidad ahí esta, la queja aquí está y nada improbable que nadie mueva un sólo dedo ante este hecho tan grave y tan delicado
El análisis editorial sobre la queja escrita electrónica y firmada entregada a Metro News
El testimonio que emerge desde el interior de un centro penitenciario en Guanajuato es mucho más que el recuento de un caso de acoso laboral: es la evidencia brutal de cómo la violencia institucional se enraíza y utiliza las herramientas del Estado para aniquilar la disidencia interna. Lo que se observa en este relato es la perversión del sistema: un espacio dedicado a la reinserción social se convierte en un calvario de humillación, trato indigno y amenazas, que afecta tanto a la plantilla de trabajo como a las personas bajo custodia.
La tragedia comienza con la omisión cómplice. Cuando un funcionario de rango inferior denuncia el acoso sistemático, la cadena de mando —desde los subdirectores hasta la máxima autoridad del centro— no activa los protocolos de protección, sino el protocolo del silencio. La respuesta del director, "renuncia", no fue una sugerencia, sino una sentencia: la institución no está dispuesta a corregir el abuso; está dispuesta a deshacerse del problema, sacrificando al denunciante para preservar la impunidad de los superiores.
El punto de inflexión, y la demostración más cruda de la maquinaria de poder, ocurre al formalizar la denuncia. Tras superar las barreras y las sutiles presiones de la propia dependencia de Derechos Humanos para conciliar y claudicar, la denunciante se convierte en un blanco. La respuesta de sus agresores y la administración es inmediata, calculada y demoledora: una revisión agresiva, la fabricación de una prueba de "robo" mediante la siembra de supuestas pastillas —un "vulgar montaje"— y la privación ilegal de la libertad por más de una hora, encerrada y coaccionada por múltiples directivos para firmar su renuncia bajo amenaza de ser remitida a la Fiscalía por un delito inventado.
En este acto de intimidación se plasma la tragedia del poder. Los funcionarios, cuyos cargos exigen legalidad y orden, emplean la fuerza, la mentira y la coacción penal para saldar una cuenta laboral. El centro penitenciario se transforma, de un recinto de seguridad, a una cámara de tortura psicológica donde se fuerza una confesión y un despido.
El desenlace es el epítome del abuso: el despido se ejecuta bajo la figura de "robo", ignorando por completo la existencia de una incapacidad médica. La ley, el protocolo y la ética son desechados. Este caso deja un mensaje escalofriante para cualquier trabajador del servicio público que considere alzar la voz: la justicia interna no existe, y la única respuesta del sistema es la venganza sin límites, dejando a la víctima desprotegida y señalada por un delito fabricado. Lo que se protege aquí no es la ley, sino la podredumbre. #MetroNewsMx
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