Redacción Editorial
-La extorsión criminal ha paralizado obras públicas esenciales en Celaya, convirtiendo a constructoras y proyectos de JUMAPA en rehenes directos del crimen organizado.
-Ataques incendiarios contra maquinaria y propiedades de contratistas confirman el dominio de la delincuencia sobre el vital sector de la construcción en Celaya.
-El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez pide a constructores "confiar" en un "discreto" escuadrón anti-extorsión, minimizando el impacto de la violencia.
-Celaya y Guanajuato lideran el ranking nacional de extorsión, una estadística que contradice la confianza que el gobierno municipal intenta proyectar.
-La paralización de obras como la pavimentación impacta negativamente en colonias como Jardines Tercera Sección y la Latinoamericana, afectando al ciudadano.
-La felicitación de Morena Guanajuato al alcalde por la Medalla “Ben Lamat” choca con la realidad de una gestión marcada por la inseguridad y obras detenidas.
-El reconocimiento internacional al edil por "eficiencia" y "liderazgo" se desmorona ante la incapacidad de garantizar la seguridad mínima para operar.
-El Observatorio Ciudadano advierte que el aumento de extorsiones en Celaya es real y no un mero reflejo de "mayor confianza" en la denuncia.
-El propio alcalde confirmó que los ataques incendiarios se deben a grupos que "requieren dinero" y andan "pidiendo a las constructoras".
-La Medalla “Ben Lamat” resulta ser un "escudo" político ineficaz contra la crisis de extorsión estructural que asfixia a la ciudad de Celaya: ¿Candil de la calle...?
-Las empresas constructoras han suspendido proyectos, obligando al municipio a solicitar prórrogas y enfrentar ajustes presupuestales y logísticos.
-El jefe municipal calificó el trabajo anti-extorsión como "discreto" y "no muy público," una respuesta débil ante una crisis de seguridad mayúscula.
-La incongruencia es fatal: mientras se celebra la "gobernanza" del edil, la infraestructura de Celaya permanece inmovilizada por el crimen organizado.
-La extorsión ha obligado al municipio a buscar prórrogas en las obras, afectando gravemente el desarrollo comunitario y la calidad de vida.
-La tibieza en la respuesta municipal ante la extorsión se agrava por el conocimiento de que el alcalde fue presionado por el crimen antes de tomar posesión.
-Ataques con fuego a maquinaria de contratistas de JUMAPA y Obras Públicas confirman el dominio criminal sobre el sector de la construcción, deteniendo proyectos vitales para la ciudad.
-El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez minimiza el impacto al futuro y pide confianza en el "discreto" escuadrón anti-extorsión, a pesar de que Celaya y Guanajuato lideran la tasa nacional de este delito.
-La felicitación de Morena Guanajuato al edil por la Medalla “Ben Lamat” contrasta drásticamente con la realidad de una gestión marcada por la inseguridad y la paralización de la infraestructura.
La reciente entrevista realizada al alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/obras-publicas-en-celaya-llevan-semanas-detenidas-e-inconclusas-27192539 ) obliga a otro análisis a sus palabras y el contraste con los hechos.
Celaya se encuentra inmersa en una espiral de violencia -siguen asesinando a personas en las calles- y extorsión que ha trascendido el ámbito privado para incidir directamente en la gestión pública, paralizando obras de infraestructura básica y revelando una fractura crítica en la capacidad de gobierno para garantizar la seguridad mínima para el desarrollo. La información periodística que emana desde septiembre de 2025 dibuja un panorama de asfixia económica y social, cuyo protagonista involuntario es el sector de la construcción, convertido en blanco directo de la delincuencia organizada.
Los hechos son contundentes y documentados: una serie de ataques incendiarios se han perpetrado contra propiedades clave y maquinaria pesada. El ataque a una propiedad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA), si bien fue descartado como un ataque directo a la institución, sí apuntó a la empresa que presta el servicio y que utiliza la maquinaria en contratos con el municipio (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/incendian-una-propiedad-de-jumapa-en-celaya-hay-danos-materiales-26792601).
Posteriormente, se reportó el incendio de maquinaria adicional, confirmándose que se trataba de un modus operandi de extorsión a empresas contratadas por el gobierno (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/extorsion-a-constructoras-seria-el-origen-de-ataques-e-incendios-en-celaya-26802250, https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/incendian-maquinaria-en-celaya-es-el-segundo-ataque-a-empresas-contratadas-por-el-gobierno-26866592).
Las autoridades municipales rápidamente vincularon estos incendios a la extorsión (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/incendios-de-maquinaria-en-celaya-se-investigaran-como-extorsion-26866596 ).
El efecto inmediato de esta violencia ha sido la paralización de obras públicas esenciales en colonias como el barrio de San Miguel, en donde hay escombro y cierre vial en las calles Timoteo Trejo, Diego Rivera y Emiliano Zapata, entre otras. Estas calles están abiertas desde hace dos meses y los vecinos aseguran que tiene semanas que no se ve a nadie trabajando; además la colonia Latinoamericana, en las calles Perú, Andador Uruguay y Costa Rica, donde han estado trabajando con intermitencias.
Las empresas, al perder equipo clave en los incendios y verse sometidas a la presión criminal, suspendieron actividades, obligando al municipio a solicitar prórrogas y a enfrentar implicaciones económicas relevantes, como ajustes presupuestales y logísticos (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/obras-publicas-en-celaya-llevan-semanas-detenidas-e-inconclusas-27192539, https://www.metronewsmx.com/2025/11/incendios-extorsion-y-falta-de.html y https://www.metronewsmx.com/2025/11/extorsion-en-celaya-frena-obra-publica.html ). El desarrollo comunitario y la infraestructura básica han sido directamente rehenes de los grupos criminales.
La cuestionable respuesta de Juan Miguel Ramírez y la realidad ineludible
En medio de la crisis, la respuesta del presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha sido marcada por una ambivalencia peligrosa. El edil reconoció que los ataques no estaban dirigidos a las entidades públicas, sino al sector productivo, confirmando que las agresiones estaban encaminadas a "personas que por ahí requieren dinero" y "simplemente andan pidiendo a las constructoras".
A pesar de la gravedad de la situación, el alcalde ha intentado transmitir una confianza que la realidad desmiente. Hizo un llamado a los constructores a confiar en el escuadrón anti-extorsión, asegurando que las extorsiones se investigan incluso sin denuncia formal (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/extorsiones-se-investigan-sin-denuncia-llama-a-constructores-a-confiar-en-el-escuadron-anti-extorsion-26868155). No obstante, el propio alcalde calificó el trabajo de este escuadrón como "discreto" y "no muy público", lo que en el contexto de una crisis de seguridad mayúscula, suena más a inacción velada que a una estrategia robusta, luego de casi un mes de los 5 días de incendios provocados en Celaya. Ahora, la nueva respuesta es que SEDENA y Guardia Nacional vigilarán la obra pública. (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/tras-extorsiones-a-constructoras-guardia-nacional-vigilara-obras-publicas-en-celaya-27211931 )
Esta tibieza contrasta con la posición de Celaya en el contexto nacional de inseguridad. Reportes de septiembre del Observatorio Ciudadano (OCC) confirmaban que Guanajuato, estado al que pertenece Celaya, ocupaba el primer lugar nacional en la tasa de incidencia de extorsión por cada 100 mil habitantes, con una tasa alarmante de 13.05 casos (https://periodicocorreo.com.mx/celaya/2025/sep/02/celaya-en-el-top-10-nacional-de-extorsion-observatorio-advierte-nivel-preocupante-137071.html). El incremento de extorsiones y otros delitos no puede atribuirse, como algunos funcionarios han sugerido, a una simple "mayor confianza" en la denuncia, sino a un repunte real delictivo, tal como revira el Observatorio Ciudadano a las autoridades municipales.
El desfase político: La “Ben Lamat” y la seguridad rota
La mayor incongruencia, sin embargo, reside en el plano político. Mientras el municipio ardía bajo la presión de la extorsión y la obra pública se detenía, el Comité Estatal de Morena en Guanajuato extendió una felicitación pública al alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez por haber recibido la Medalla “Ben Lamat” y por su nombramiento como Vicepresidente Internacional del Instituto de Mejores Gobernantes.
El mensaje de Morena Guanajuato celebra este reconocimiento internacional como un "reflejo del trabajo honesto y con vocación de servicio que impulsa el bienestar desde el territorio", destacando su "liderazgo, eficiencia administrativa y compromiso con el desarrollo social" en un contexto donde, aseguran, la gestión municipal ha sido "evaluada positivamente por diversos sectores sociales".
Esta felicitación es un ejercicio de desconexión política brutal. ¿Cómo se puede hablar de "eficiencia administrativa" cuando las constructoras no pueden operar, las obras están paradas por semanas y la autoridad municipal debe rogar a las empresas que confíen en un esquema de seguridad "discreto"? ¿Cómo se puede celebrar la "vocación de servicio" y el "compromiso con el desarrollo social" cuando la paralización de la infraestructura básica —agua potable, pavimentación— afecta directamente la calidad de vida de los celayenses?
La retórica del reconocimiento internacional palidece ante la realidad de que el propio alcalde reveló haber sido engañado y forzado a reunirse con el crimen organizado antes de tomar posesión, donde le exigieron dinero y cargos en su gabinete, un hecho que, además, no fue denunciado formalmente (https://www.metronewsmx.com/2025/11/incendios-extorsion-y-falta-de.html y https://www.facebook.com/metronewsmx/posts/pfbid0uMinDh9EV1bqYXFLbpx8XdAYEMeVS21fnsFGBEHn9YEvbEoF77Qqf3mi6uNwVbV1l). Si la cabeza del municipio ha estado tan cerca de las garras del crimen, su mensaje de confianza resulta un eco vacío.
En conclusión, las preseas no pueden servir como escudo contra el fracaso en la seguridad y la gobernanza. La realidad objetiva demuestra que Celaya sufre una crisis de extorsión estructural que ha doblegado a su sector productivo y ha minado la capacidad del gobierno para operar. La prioridad del alcalde debe ser la reanudación de la obra pública bajo un esquema de seguridad tangible y no "discreto", con resultados medibles, y no el brillo fugaz de una medalla.
El compromiso social se demuestra en las calles con seguridad y obras terminadas, no en los comunicados políticos. La incongruencia es fatal: mientras se felicita la "gobernanza", Celaya se asfixia. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
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