Redacción Editorial Metro News
-El régimen cubano expulsa a un sacerdote por tocar campanas: gesto pastoral convertido en delito político.
-José Ramírez acompañó a su pueblo en apagones; el poder respondió con expulsión y represión institucional.
-Caridad Diego usa visas y residencias como armas de control para silenciar voces incómodas en la Iglesia.
-La expulsión confirma una práctica sistemática: castigar la solidaridad y censurar la verdad en Cuba.
-En medio de 1,326 protestas en noviembre, el régimen responde con cortes de internet y represión clerical.
-El repique de La Milagrosa se convirtió en símbolo de resistencia frente a la oscuridad institucional cubana.
-La Iglesia Católica en Cuba es testigo incómodo: su voz pastoral irrita al poder y provoca expulsiones.
-El gesto de José Ramírez revela que en Cuba incluso la empatía y la fe son interpretadas como subversión.
-La represión religiosa es política de Estado: expulsiones, vigilancia y censura disfrazadas de trámites.
-En tiempos de crisis, cada campana silenciada recuerda que el régimen teme a la verdad y a la esperanza.
La expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez por parte del régimen cubano, tras tocar las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa durante una protesta popular en La Habana (https://www.martinoticias.com/a/r%C3%A9gimen-cubano-expulsa-a-un-sacerdote-por-tocar-las-campanas-durante-protesta-popular/435853.html ), dada a conocer por el periodista Mario J. Pentón, a través del espacio digital Marti Noticias, es mucho más que una represalia puntual. Es un síntoma grave de la erosión sistemática de las libertades fundamentales en la isla. En un país donde la oscuridad eléctrica se ha vuelto cotidiana, la oscuridad institucional se profundiza con cada gesto de represión. Y esta vez, el blanco fue un gesto pastoral, simbólico, profundamente humano: el repique de unas campanas.
Un gesto pastoral convertido en amenaza
José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, actuó en solidaridad con los vecinos de Santos Suárez, quienes llevaban más de 12 horas sin servicio eléctrico. Tocó las campanas del templo como señal de acompañamiento espiritual, como eco de la desesperación ciudadana. Pero en Cuba, incluso los gestos de empatía pueden ser interpretados como actos subversivos. La respuesta del régimen fue clara: no renovar su residencia temporal, obligándolo a abandonar el país y regresar a México este jueves.
La funcionaria Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, evitó hablar abiertamente de expulsión —“sería un escándalo”, según fuentes eclesiásticas—, pero dejó claro que el sacerdote no podrá permanecer en la isla. La presión directa de agentes de la Seguridad del Estado confirma que no se trata de un trámite migratorio, sino de una sanción política disfrazada de procedimiento administrativo.
La Iglesia, una voz incómoda a la dictadura cubana
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente fricción entre el régimen cubano y sectores críticos dentro de la Iglesia Católica. Sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, junto con religiosas como Sor Nadiezka Almeida, han denunciado abiertamente la crisis nacional, la falta de libertades y la represión institucional. Lo han hecho desde el púlpito, desde las redes sociales, desde la pastoral cotidiana. Y el régimen ha respondido con hostilidad.
En 2022, el sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, fue expulsado por sus críticas a la dictadura y su trabajo pastoral. En aquel momento, Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, escribió: “Temen a la verdad, temen al rostro del bien y quieren deshacerse de lo que les molesta, es su único modo de proceder”. Esa frase, hoy, resuena con fuerza renovada.
Represión religiosa como política de Estado
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha señalado reiteradamente a Caridad Diego como responsable directa de la represión religiosa en la isla. Según Luis Domínguez, miembro de la FHRC, el uso de visas y residencias temporales como mecanismo de presión contra sacerdotes, religiosas y laicos es una práctica sistemática. No se trata de casos aislados, sino de una política de Estado orientada a silenciar voces incómodas.
La expulsión de José Ramírez no solo vulnera su derecho a la libertad religiosa y de expresión, sino que envía un mensaje intimidatorio a toda la comunidad pastoral: cualquier gesto que se interprete como apoyo al pueblo puede ser castigado. En Cuba, el evangelio leído desde la realidad social se convierte en amenaza. Y el poder responde con censura, expulsión y vigilancia.
Protesta ciudadana y control total
El incidente con el sacerdote ocurrió en medio de una ola de protestas entre la noche del lunes y la madrugada del martes, una de las más extensas en meses. En La Habana, vecinos de Diez de Octubre realizaron cacerolazos y se sumaron al repique de las campanas de La Milagrosa. En Marianao, bloquearon calles con calderos y escombros, enfrentándose a fuerzas policiales. En Guantánamo, las localidades de Cabacú y Jamal también se sumaron a las manifestaciones.
La respuesta del régimen fue inmediata: cortes de internet en zonas donde crecían las concentraciones, una práctica habitual para desarticular la organización ciudadana. En un país sumido en una de sus peores crisis en décadas —apagones diarios, escasez severa de alimentos y medicinas, colapso del sistema sanitario—, la protesta se convierte en necesidad. Y la represión, en rutina.
Según el Observatorio Cubano de Conflictos, noviembre cerró con 1,326 protestas, la cifra mensual más alta registrada por esa organización. El descontento es masivo, transversal, persistente. Y el régimen, lejos de abrir canales de diálogo, opta por silenciar, expulsar, intimidar.
El repique que no se apaga
La expulsión de José Ramírez es una herida abierta en el cuerpo pastoral de Cuba. Pero también es un llamado ético a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos, a las instituciones religiosas. No se puede normalizar que un sacerdote sea expulsado por acompañar a su comunidad. No se puede aceptar que la solidaridad se castigue. No se puede permitir que el repique de unas campanas se convierta en delito.
La Iglesia tiene el deber de proteger a sus agentes pastorales, pero también de denunciar con firmeza los atropellos que sufren. Y la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba, debe entender que la represión no siempre se ejerce con balas: a veces basta con un silencio impuesto, con una visa negada, con una campana silenciada.
En tiempos de oscuridad, cada gesto de luz es un acto de resistir. Y el repique de La Milagrosa, aunque haya sido acallado, sigue resonando en la conciencia de quienes no se resignan. Porque en Cuba, incluso el sonido de la verdadera y única esperanza puede ser subversivo. #MetroNewsMx
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