Redacción Editorial Metro News
-El discurso del alcalde minimiza el trauma psicológico y la quiebra económica que un robo con violencia genera en las familias.
-Para las víctimas, que el Estado prefiera el robo sobre el homicidio es una confesión de incapacidad para garantizar la seguridad integral.
-La frase "mejor que te roben a que te maten" es un chantaje moral que utiliza la muerte para silenciar el reclamo por la impunidad.
-El robo de herramientas de trabajo o ahorros en Celaya representa para muchas víctimas una tragedia financiera irreversible.
-Minimizar el robo ignora que este delito es el principal generador de miedo, ansiedad y erosión del tejido social en la comunidad.
-El alcalde interpreta el alza en denuncias como confianza, cuando para la víctima es un trámite burocrático nacido de la desesperación.
-La jerarquización de delitos por parte del gobierno valida la desprotección de quienes sufren crímenes patrimoniales diariamente.
-La víctima se siente doblemente vulnerada: por el delincuente que le quita sus bienes y por el gobernante que resta importancia a su pérdida.
-Para un comerciante asaltado, el robo no es un "mal menor", es el fin de su sustento y la violación de su espacio de paz.
-El Estado de Derecho se rompe cuando el gobernante admite que hay delitos "preferibles" en lugar de combatirlos todos.
-La perspectiva ciudadana exige justicia absoluta, no una comparativa estadística que se use para justificar el fracaso policial.
-La declaración oficial fomenta la normalización del delito, enviando un mensaje de impunidad a los delincuentes comunes.
-Las víctimas de robo también sufren violencia física y amenazas que el discurso oficial intenta invisibilizar bajo el término "patrimonial".
-Un gobierno que no protege el patrimonio de sus ciudadanos falla en uno de los pilares básicos del contrato social.
-La seguridad no es un bien negociable; las víctimas rechazan la idea de que deban agradecer por no haber sido asesinadas tras un asalto.
Para el ciudadano que camina las calles de Celaya, la declaración del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez no es una estadística, es una bofetada a su realidad cotidiana (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/homicidios-disminuyen-en-celaya-pero-robos-aumentan-en-la-entidad-28334774 ).
Textualmente, El Sol del Bajío consigno el 10 de febrero las palabras sin ton ni son el alcalde: "reconoció que los robos en sus diferentes modalidades van en aumento y de forma irónica dijo “preferimos eso a que haya asesinatos”".
Cuando un gobernante afirma que es mejor que te roben a que te maten, está estableciendo una jerarquía del dolor que solo tiene sentido en los despachos oficiales, pero que resulta cruel y deshumanizante desde la perspectiva de la víctima. Para quien ha sido despojado de su patrimonio, la frase no ofrece consuelo; ofrece la validación de su desprotección (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/aumentan-10-los-robos-a-casa-habitacion-en-celaya-reforzaran-estrategia-de-seguridad-28104691 ).
Desde la mirada de quien llega a su casa y la encuentra vacía, o de quien es bajado a punta de pistola de su vehículo —su herramienta de trabajo, el fruto de años de ahorro—, el robo no es un "mal menor". Es una violación a su intimidad, a su seguridad y a su esfuerzo. La perspectiva de las víctimas nos dice que el robo con violencia deja secuelas psicológicas profundas: el miedo a dormir, la paranoia al conducir, la sensación de que el espacio personal ha sido profanado. Al minimizar este delito frente al homicidio, el alcalde está diciendo, implícitamente, que el trauma patrimonial y emocional de miles de celayenses es un costo aceptable para mejorar su balance político.
Existe, además, una crueldad económica en este análisis de escritorio. En un país con una movilidad social tan precaria, el robo de una camioneta repartidora o de los ahorros guardados en una vivienda puede significar la quiebra de una familia o el fin de un pequeño negocio. Para estas víctimas, el Estado ha fallado doblemente: primero, al no prevenir el delito, y segundo, al pedirles que den las gracias porque "al menos siguen vivos". Es una forma de chantaje moral donde se utiliza la tragedia del asesinato para silenciar el justo reclamo por la inseguridad patrimonial.
La visión de las víctimas también revela la falacia de la "confianza en la denuncia". El alcalde asegura que los robos suben en las cifras porque la gente ahora sí denuncia. Sin embargo, para la víctima, denunciar suele ser un calvario de horas en el Ministerio Público que rara vez termina en la recuperación de sus bienes o en la captura del delincuente. Decir que el aumento de robos es un "indicador de confianza" es una interpretación perversa de la desesperación ciudadana. La víctima no denuncia porque confíe ciegamente en el gobierno, sino porque muchas veces lo necesita para trámites de seguros o por la remota esperanza de justicia que el propio sistema se encarga de dilatar.
Finalmente, desde la ética de las víctimas, un gobierno que jerarquiza delitos está claudicando en su obligación constitucional. No se puede construir paz social sobre la base de elegir qué tipo de delincuencia es "tolerable". Para las madres de familia, para los comerciantes y para los jóvenes de Celaya, la seguridad no es un menú de opciones donde se elige el daño menos letal. Es un derecho indivisible. La política de "conformarse con el robo" es, en última instancia, la confesión de un Estado que ha perdido el control del territorio y que intenta disfrazar su impotencia con una retórica de falsa compasión.
Esta es una de las cuestiones más complejas de la ética política y la comunicación de gobierno. Cuando un mandatario como el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, declara que "es mejor el robo que el homicidio", está tocando una fibra sensible que involucra la ética del "mal menor", la legitimidad del Estado y la psicología de la seguridad.
La validez de la declaración
Desde el punto de vista de la comunicación política, este tipo de frases suelen considerarse un error grave, incluso si son "técnicamente" ciertas en una escala de valores.
El papel fundamental del Estado es garantizar la seguridad integral (vida y patrimonio). Al jerarquizar delitos, el gobernante parece admitir una incapacidad para cumplir con ambas funciones. Para un ciudadano que acaba de perder su patrimonio o su herramienta de trabajo, escuchar que su desgracia es "preferible" resulta ofensivo y deslegitima la autoridad.
Los gobernantes rara vez pueden permitirse la ironía en temas de seguridad. Lo que para el alcalde puede ser una forma de resaltar un avance estadístico en homicidios, para la opinión pública se lee como cinismo o indiferencia ante el robo, un delito que afecta directamente la calidad de vida diaria.
El dilema del "mal menor"
¿Cabe hablar aquí del mal menor? La respuesta es sí, pero con matices importantes.
En la ética clásica, la vida humana es el bien jurídico supremo. Bajo esta lógica, cualquier mal que no resulte en la pérdida de una vida es, efectivamente, un "mal menor" comparado con el asesinato. Un gobernante que enfoca sus recursos limitados en salvar vidas está actuando bajo una ética de la responsabilidad.
El riesgo ético de este argumento es la normalización del delito. Si un gobierno acepta el robo como un "costo tolerable" para reducir los homicidios, está renunciando al Estado de Derecho. El "mal menor" debe ser una situación excepcional de crisis, no una política de estado permanente.
Para la sociedad, el robo genera un clima de inseguridad constante -miedo a salir, a trabajar, a invertir-. Aunque el homicidio es más grave, el robo es más frecuente y "corroe" el tejido social de manera distinta. Decir que uno es mejor que otro ignora que ambos alimentan el mismo ecosistema de impunidad.
El análisis de fondo: ¿Por qué lo dice Juan Miguel Ramírez Sánchez?
El alcalde de Celaya utiliza esta frase como una herramienta defensiva ante la estadística. Si los homicidios bajan pero los robos suben entre un 30% y 40%, la narrativa oficial busca que el ciudadano se enfoque en la vida salvada y no en la televisión o el coche perdido.
Sin embargo, el peligro es que esta lógica se convierta en una "trampa de gobernanza". Se usa el éxito en un área para justificar el fracaso en otra. Indirectamente, se envía un mensaje de que ciertos delitos "no son la prioridad" de la policía, lo que puede incentivar a la delincuencia común.
Por lo tanto, es inválido que un gobernante utilice esta frase de manera pública porque fractura la confianza ciudadana y comunica una rendición parcial ante la delincuencia. Aunque en el análisis frío y ético el robo sea un mal menor frente a la muerte, la labor de un gobernante no es elegir qué delito prefiere, sino combatir la criminalidad en todas sus formas.
Como bien se infiere de las críticas recibidas por el obispo de Celaya y otros sectores, un gobernante debe ser el ejemplo de legalidad; admitir que un delito es "mejor" que otro es, en última instancia, una forma de claudicar ante la inseguridad. #MetroNewsMx
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