Redacción Editorial
-La omisión institucional frente a las agresiones contra la prensa es un mensaje de impunidad.
-A diez meses de promesas incumplidas, el gremio periodístico denuncia una opacidad sistemática.
-La ausencia del Fiscal en el Consejo de Protección evidencia el desdén por la seguridad de los comunicadores.
-Antecedentes periodísticos de agresividad de la Fiscalía contra reporteros demuestran no sólo desdén, sino desprecio
-Periodistas enfrentan hostigamiento policial y municipal en un contexto de violencia desbordada.
-La ONU y la Unión Europea atestiguan la urgencia de justicia tras años de crímenes sin castigo.
La impunidad como política de Estado
El posicionamiento emitido este 3 de febrero de 2026 por las y los periodistas de Guanajuato no es solo una exigencia de información; es el diagnóstico de una democracia herida. Lo que el gremio pone sobre la mesa es una realidad lacerante: en Guanajuato, la palabra empeñada por las autoridades tiene un peso nulo frente al silencio de los fusiles y la opacidad de los escritorios.
La simulación como respuesta
El incumplimiento del compromiso asumido el 10 de marzo de 2025 por el Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, no es un descuido administrativo. Es una decisión política. Al no informar sobre los avances en las investigaciones de asesinatos y desapariciones, el Estado no solo desprotege a la víctima, sino que le otorga un mensaqje de permiso al victimario. La impunidad es, en sí misma, una forma de agresión que envía un mensaje contundente: silenciar a un periodista en Guanajuato no tiene consecuencias.
Lo peor del caso, es que la misma Fiscalía, a través de su titular Gerardo Vázquez Alatriste (https://www.metronewsmx.com/2025/09/fiscal-de-guanajuato-palmando.html ) o de sus empleados de segunda clase (https://www.metronewsmx.com/2025/10/editorial-fiscalia-de-guanajuato.html ), agreden a los periodistas, en lo que enfatiza más no sólo la falta de respeto a quienes ejercemos la alta responsabilidad de informar y darle voz a los que no la tienen, sino un mensaje de desprecio evidente.
El vacío en la silla de la justicia
Resulta particularmente alarmante la ausencia reiterada del Fiscal General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección. Este vacío institucional es simbólico: representa la desconexión entre la procuración de justicia y la prevención. Si quien debe investigar los delitos no se digna a participar en los mecanismos de protección, el mensaje para el gremio es de total indefensión. La protección no puede ser una política de "buena voluntad", sino una obligación constitucional que hoy parece estar en pausa.
El doble frente: Actores fácticos y públicos
El análisis del gremio destaca una pinza de presión asfixiante. Por un lado, la violencia criminal que azota la entidad; por el otro, el hostigamiento de autoridades municipales y corporaciones policiacas. Es una ironía trágica que las mismas fuerzas que deberían garantizar el orden sean señaladas como agentes de acoso. Bajo esta estructura, el periodismo en campo se convierte en un acto de fe y resistencia, donde el riesgo no solo viene de la sombra, sino también de la luz pública.
La mirada internacional y el reto local
La presencia de organismos como la ONU y la Unión Europea subraya que el caso Guanajuato ya no es un asunto doméstico, sino una crisis de derechos humanos con eco internacional. La exigencia de un informe público y verificable sobre casos emblemáticos —más allá del solitario avance en el asesinato de Israel Vázquez Rangel— es el último llamado a la transparencia.
Sin sentencias condenatorias, el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión es letra muerta. Para que la confianza se restablezca, el Estado debe entender que la libertad de prensa no es una concesión gubernamental, sino la columna vertebral de una sociedad libre. En Guanajuato, esa columna está fracturada por la desidia y la opacidad.
El texto de la carta de posicionamiento de los periodistas guanajuatenses
Guanajuato, Guanajuato 03 de febrero del 2026.
Posicionamiento de periodistas:
A más de diez meses de la reunión sostenida el 10 de marzo de 2025 con autoridades estatales, entre ellas el Fiscal General de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, las y los periodistas de Guanajuato constatamos el incumplimiento del compromiso de informar periódicamente sobre los avances en las investigaciones de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en la entidad.
Dicho compromiso fue asumido tras un pronunciamiento público firmado por 126 periodistas, medios de comunicación y colectivos de búsqueda, como una medida mínima para garantizar verdad, justicia y no repetición. Sin embargo, hasta hoy no se ha entregado información formal, sistemática ni pública ni al gremio ni a las familias de las víctimas, lo que profundiza un clima de indefensión, opacidad e impunidad.
En ese contexto, los periodistas salen todos los días a realizar su trabajo en campo en un estado marcado por altos niveles de violencia, pero también enfrentan hostigamiento de parte de autoridades, principalmente del ámbito municipal, así como de elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas. Los crímenes contra la prensa incrementan nuestra vulnerabilidad y la impunidad de estos delitos envía un mensaje de tolerancia frente a quienes buscan silenciar el ejercicio periodístico, tanto de actores públicos como fácticos.
Por el contrario, que esta Fiscalía logre llevar a los responsables ante la justicia y su trabajo de investigación derive en sentencias condenatorias, sería un contundente mensaje desde el Estado para frenar cualquier agresión contra el ejercicio periodístico y el derecho a informar.
Nos preocupa además la reiterada ausencia del titular de la Fiscalía General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección, lo que vemos como una falta de compromiso para atender de manera seria y responsable la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En el marco de la visita y presentación “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, con la participación de personal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, resulta impostergable que el Estado de Guanajuato rinda un informe público y verificable sobre:
-El avance real de las investigaciones por asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, pues a excepción del caso de Israel Vázquez Rangel, caso en el que en 2023 se emitieron sentencias condenatorias en contra de dos autores del crimen, no hay ni sentencias y mucho menos personas detenidas en otros asuntos.
-La aplicación efectiva del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
-Las sentencias obtenidas y las medidas de no repetición, tanto frente a actores públicos como a actores fácticos que amenazan la libertad de expresión en la entidad.
Reiteramos que sin información, no hay confianza; sin justicia, no hay garantías; y sin garantías, la libertad de expresión en Guanajuato sigue bajo amenaza. Este posicionamiento no es nuevo: es la continuidad de exigencias legítimas que siguen sin respuesta, pese a la gravedad de los hechos y al reconocimiento internacional de que el periodismo en México es una actividad de alto riesgo.
Las y los periodistas de Guanajuato exigimos que los compromisos asumidos dejen de ser declaraciones y se traduzcan en acciones concretas, transparencia institucional y resultados medibles. La protección del periodismo no es una concesión: es una obligación del Estado.
No olvidamos. No normalizamos la violencia.
Y no dejaremos de exigir verdad, justicia y garantías para ejercer el periodismo en Guanajuato. #MetroNewsMx
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