IMIPE sin consejo directivo, alcalde actúa bajo opacidad: Regidora Isabel Herrejón
Redacción/MetroNews
-El IMIPE de Celaya opera en parálisis administrativa total tras 45 días de omisión del alcalde para instalar su nuevo consejo.
-La regidora Herrejón denunció que la falta de consejo técnico impide legalmente que la dirección de IMIPE autorice proyectos.
-El alcalde Ramírez Sánchez ignora acuerdos unánimes de la Comisión de Gobierno, evadiendo la ley y la normativa del instituto.
-Operar sin el consejo ciudadano del IMIPE elimina contrapesos vitales y transparencia en la planeación urbana de la localidad.
-El alcalde Juan Miguel Ramírez ignora la Ley para el Gobierno Municipal, manteniendo a Celaya en un limbo de ilegalidad diario.
-La gestión actual oculta su ineficacia bajo un falso discurso académico, desmantelando la institucionalidad de todo el cabildo.
-Expertos y colegios de profesionistas siguen fuera del IMIPE por los caprichos de una autoridad que desprecia la legalidad hoy.
-Regidores exigen que el alcalde deje el victimismo político y cumpla con su deber constitucional para beneficio de la población.
La parálisis administrativa que atraviesa el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) de Celaya ha alcanzado un punto crítico. La regidora María Isabel Herrejón denunció que la actual administración, encabezada por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, mantiene en la incertidumbre operativa al instituto al omitir la integración del Consejo Directivo, contraviniendo el reglamento vigente y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
Desde el 27 de mayo, la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la conformación del consejo, tras validar que los perfiles presentados cumplían rigurosamente con los requisitos técnicos y profesionales. No obstante, a pesar de que el síndico turnó el expediente al despacho del alcalde el 29 de mayo, han transcurrido más de 45 días sin que se realice la toma de protesta, ignorando cuatro sesiones ordinarias del Ayuntamiento —12 y 26 de junio, 3 y 10 de julio— en las que pudo haberse resuelto el nombramiento.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento del IMIPE, la estructura del Consejo debe integrar perfiles especializados para garantizar la legitimidad y calidad de la planeación urbana. Este órgano debe estar conformado por:
-Dos miembros representantes de los colegios de profesionistas del municipio, relacionados con las materias de planeación, desarrollo y áreas afines.
-Dos miembros integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
-Dos miembros de instituciones de educación superior del municipio, garantizando la presencia de un representante de universidades públicas y uno de instituciones privadas.
La regidora Herrejón advirtió que, al operar sin esta estructura colegiada, la dirección del IMIPE, a cargo de Alejandra Ojeda Sampson, carece de facultades legales para autorizar proyectos, lo que abre una ventana a posibles responsabilidades administrativas, tanto leves como graves, dependiendo de la naturaleza de las inversiones ejecutadas sin validación.
La falta de este consejo ciudadano —que funciona bajo un esquema honorífico— no es un tema menor, ya que priva al municipio de la voz y voto de los expertos en la toma de decisiones. Esta omisión, sumada a la falta de transparencia en la ejecución de proyectos, ha generado comparaciones con otros municipios como Comonfort, donde el cabildo ha comenzado a frenar irregularidades, haciendo un llamado a los regidores de la fracción de Morena para anteponer el beneficio de Celaya sobre los intereses partidistas.
La planeación bajo el capricho del "académico" Juan Miguel Ramírez Sánchez
La administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya ha dejado de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un catálogo de ocurrencias. El alcalde, quien ha pretendido justificar su gestión bajo un perfil supuestamente académico, demuestra una contradicción elemental: mientras se ostenta como intelectual, ignora la norma que rige su propio municipio. La falta de instalación del Consejo Directivo del IMIPE no es un descuido, es un síntoma de un estilo de mando autoritario que desprecia la institucionalidad.
Es irónico que un personaje con trayectoria en la academia, quien debería conocer la importancia de la metodología y la consulta, prefiera la discrecionalidad al diálogo técnico. Al mantener al IMIPE en un limbo administrativo, el alcalde no solo se coloca por encima del Reglamento del instituto y de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, sino que desmantela el contrapeso ciudadano necesario para una planeación transparente. ¿Quién supervisa las obras? ¿Quién valida los proyectos si no es el consejo designado por ley?
El alcalde suele recurrir al victimismo, descalificando cualquier crítica como un "ataque de la oposición" o una lucha de colores políticos. Sin embargo, este no es un conflicto partidista; es un conflicto de legalidad. Cuando se le señala su ineficacia, la respuesta es el silencio o el desvío de atención, evitando asumir su responsabilidad. Ramírez Sánchez parece haber olvidado que gobernar no es imponer una "reingeniería" personal, sino ejecutar las determinaciones de un Ayuntamiento que, por unanimidad, ya le había marcado el camino.
La realidad es cruda: Celaya no despega porque no hay voluntad de construir acuerdos. Si el alcalde insiste en administrar el municipio como si fuera un feudo personal, el riesgo no es solo administrativo, es de gobernabilidad. Los regidores de Morena tienen hoy una encrucijada moral: seguir siendo cómplices de una parálisis que afecta a más de 650,000 habitantes, o exigir que su presidente respete la ley. El sol ya no se puede tapar con un dedo; la opacidad en el IMIPE es el reflejo de una gestión que prefiere el capricho a la planeación.
Las incongruencias en las declaraciones del alcalde con la realidad
Al contrastar la información sobre la parálisis del Consejo Directivo del IMIPE con las recientes declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez en el diario El Sol del Bajío el pasado 7 de julio (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/morena-avanza-en-guanajuato-afirma-alcalde-de-celaya-y-descarta-uso-electoral-de-apoyos-sociales-31003567 ), surgen contradicciones significativas que revelan una brecha profunda entre su discurso político y la realidad administrativa de su gobierno.
-Discurso de "Académico" vs. Incumplimiento Normativo:
La incongruencia: El alcalde se autodefine como un académico que llega al gobierno sin trayectoria política previa, sugiriendo un perfil basado en la técnica y el conocimiento. Sin embargo, su administración mantiene al IMIPE (un instituto de investigación y planeación) sin un consejo directivo funcional, ignorando un reglamento que él mismo debe hacer cumplir. Un "académico" suele respetar la estructura institucional y la validación de sus pares; el alcalde, en cambio, opera bajo discrecionalidad, lo cual es opuesto a la metodología académica.
-Transparencia vs. opacidad operativa:
La incongruencia: El alcalde afirma que su gestión se basa en políticas públicas claras y que, al ser él el representante de Morena en Celaya, los ataques a su persona son "ataques a Morena". No obstante, la omisión del Consejo del IMIPE implica que la directora del instituto está ejecutando proyectos y recursos sin la autorización colegiada que marca la ley. Es "fuera de lugar" que mientras pregona transparencia y políticas públicas nacionales, permita que el órgano encargado de planear el desarrollo de Celaya opere en un vacío de legalidad.
-El "derecho" a los apoyos sociales vs. el derecho a la participación ciudadana:
la incongruencia: El alcalde sostiene que los apoyos sociales son "derechos constitucionales" y no herramientas electorales. Sin embargo, al mismo tiempo, neutraliza el contrapeso ciudadano en el IMIPE —al no integrar a los representantes de colegios, cámaras empresariales y universidades—, eliminando el derecho de la ciudadanía a participar y supervisar la planeación municipal. Hay un sesgo evidente: defiende el acceso a recursos (programas sociales), pero bloquea el acceso a la toma de decisiones (consejos ciudadanos).
-"Estructura partidista" vs. responsabilidad gubernamental:
La incongruencia: El alcalde justifica la ausencia de una estructura de Morena en Celaya argumentando que "en este momento, en Celaya yo represento a Morena". Esta visión personalista de la administración municipal es una contradicción grave: confunde su representación partidista con la titularidad absoluta del gobierno, olvidando que la administración municipal está sujeta a reglamentos, leyes estatales y determinaciones del Ayuntamiento que no están sujetas a su voluntad personal ni a la agenda de un partido.
-El llamado a la unidad vs. el uso político de la crítica:
Punto fuera de lugar: Mientras el alcalde hace un llamado a la unidad política y minimiza las críticas como parte de la "disputa partidista", la realidad es que la parálisis del IMIPE fue denunciada por la regidora María Isabel Herrejón como una falta grave a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Si el alcalde consideraría que minimizar este incumplimiento legal calificándolo como un "ataque político" es una táctica evasiva que ignora el fondo: la falta de gobernabilidad y el incumplimiento de las leyes que él juró cumplir al tomar posesión.
Mientras el discurso público del alcalde en El Sol del Bajío se centra en una narrativa de fortalecimiento partidista y defensa de derechos, sus acciones (o falta de ellas) en el IMIPE demuestran un gobierno que prioriza la centralización de decisiones por encima del marco jurídico municipal, debilitando precisamente la planeación técnica que su perfil académico debería fomentar.
Podrían estar siendo violadas diversas disposiciones legales por el alcalde y por la directora de IMIPE
La omisión en la integración del Consejo Directivo del IMIPE de Celaya, tras haber sido aprobado por la Comisión de Gobierno el 27 de mayo de 2026, constituye un posible incumplimiento de las obligaciones legales que rigen a los servidores públicos municipales en el estado de Guanajuato.
-Incumplimiento de atribuciones (Alcalde): Según la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., la autoridad municipal está obligada a actuar conforme a derecho, cumpliendo las determinaciones del Ayuntamiento. Al ser una facultad y obligación del Presidente Municipal ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, la omisión de más de 45 días en la toma de protesta del Consejo contraviene el deber de diligencia y legalidad en el desempeño del cargo.
-Violación a la Normativa del IMIPE: El Reglamento del IMIPE establece claramente la conformación del Consejo (artículo 17), el cual debe incluir representantes de colegios de profesionistas, el Consejo Coordinador Empresarial y universidades. La operación del instituto sin este órgano colegiado anula los mecanismos de participación ciudadana y supervisión técnica que la ley exige.
-Responsabilidad en el Ejercicio de Recursos: De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, todo servidor público debe administrar los recursos públicos bajo su responsabilidad sujetándose a la normatividad. La ejecución de proyectos por parte de la dirección del IMIPE sin la autorización previa del Consejo Directivo podría constituir un "ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".
-Presidente Municipal: Por la omisión en la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento (artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal).
-Dirección del IMIPE: Por realizar actos de autoridad y ejecución de proyectos careciendo de la validación legal del Consejo Directivo que el propio reglamento exige para su operación.
El Órgano Interno de Control es la instancia obligada a examinar estas conductas, dado que los entes públicos están obligados a mantener condiciones estructurales y normativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Estado y la ética de cada servidor público. #MetroNewsMx
