Metro News Mx

Mientras algunos funcionarios señalados por malos tratos no son despedidos, sino simplemente cambiados de área, en la Oficialía Mayor se aplican destituciones inmediatas. Esto refleja un doble rasero en la aplicación de sanciones de parte del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.

El caso de Araceli Morales Mancera, destituida apenas a 21 días de iniciada la administración, el propio secretario del Ayuntamiento reconoció que los motivos “solo los tiene el alcalde”. La falta de transparencia genera la percepción de ocurrencias más que de evaluaciones objetivas.

Se ven promesas de estabilidad contra anuncios de más despidos. El alcalde asegura que la Oficialía Mayor seguirá operando con normalidad, pero al mismo tiempo advierte que habrá más despidos en esa área. Esto contradice la idea de continuidad administrativa y proyecta incertidumbre hacia los trabajadores.

La destitución recurrente de oficiales mayores en Celaya revela una administración marcada por contradicciones y decisiones improvisadas, más que por una estrategia clara de gestión. La llamada “curva de aprendizaje” ya no es una justificación válida: lo que se observa es una rotación excesiva de personal de confianza que erosiona la estabilidad institucional.

El caso de Xermán Vázquez, señalado por Informativo Ágora (https://agoragto.com/celaya/sancionan-a-funcionario-por-uso-indebido-de-vehiculo-municipal/ )se ha informado públicamente que al parecer no apunta a un despido o remoción inmediata, sino a una sanción administrativa: se le retiró el uso de un vehículo oficial y recibió una amonestación por haberlo utilizado para fines personales. No hay declaraciones oficiales que confirmen que vaya a ser removido de su cargo, aunque el hecho sí lo coloca bajo observación y presión política.

Aunque Xermán Vázquez no es morenista, sino del Partido del Trabajo, aliado de Morena, genera situaciones de pensar si acaso no existen favoritismos o nivel de favoritismos en la administración de Juan Miguel Ramírez Sánchez; a unos los mide con cierto rasero y a otros no, como lo son el caso del regidor Adrián Caracheo y el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, quienes no tienen justificación alguna para ausentarse de Celaya y quedarse en el municipio a cumplir con las obligaciones que la ley les marca, so pretexto de acudir a "representar al turismo local", y aquí, el alcalde hace silencio.

Primero, porque se infiere una ausencia de criterios públicos. No se explican las razones técnicas o administrativas detrás de los despidos. Se habla de “otros motivos” sin especificar.

El hecho de las reacciones políticas inmediatas. La salida de la Oficial Mayor se vincula con presiones de grupos políticos y quejas de regidores, lo que sugiere decisiones reactivas más que estratégicas. Se ven más vísceras que cerebro.

En tercer lugar, la rotación excesiva. Dos despidos en poco más de un año en un área clave como la Oficialía Mayor, encargada de recursos humanos y derechos laborales, es un síntoma de improvisación y falta de planeación.

Y como siempre, los celayenses son quienes pagan las ocurrencias de Juan miguel Ramírez Sánchez, aunque lo niegue

Hay un debilitamiento institucional. La Oficialía Mayor es responsable de garantizar la operatividad eficiente de la administración. Su inestabilidad afecta pagos, contrataciones y derechos laborales.

También, desde hace tiempo, se vive la desconfianza ciudadana. La percepción de que se gobierna con ocurrencias mina la credibilidad del gobierno municipal. También se genera un riesgo de parálisis administrativa. La constante rotación impide consolidar procesos y genera incertidumbre entre los trabajadores, lo que puede traducirse en menor productividad y conflictos laborales.

La salida de dos oficiales mayores en menos de un año muestra que el equipo de confianza del alcalde no logra consolidarse. Esto es más que una curva de aprendizaje: es un patrón de inestabilidad.

La curva de aprendizaje está agotada. A estas alturas, hablar de “curva de aprendizaje” resulta insostenible. La administración ya debería haber definido criterios claros de selección y permanencia de sus funcionarios.

La narrativa de “apenas estamos aprendiendo” pierde legitimidad frente a la ciudadanía, que exige resultados y estabilidad.

La administración municipal de Celaya proyecta algo que no es mera imaginación sino unan realidad; hay fragilidad institucional y decisiones improvisadas. La Oficialía Mayor, pieza clave para la gobernabilidad interna, se ha convertido en un espacio de alta rotación y contradicciones. 

Si esta dinámica continúa, la ciudad enfrentará desgaste administrativo, pérdida de confianza y riesgo de conflictos laborales. La curva de aprendizaje ya no es excusa: lo que se requiere es planeación, transparencia y coherencia en la gestión del personal de confianza.

Lo que reflejan las notas de El Sol del Bajío es un patrón de tensión política y administrativa donde el alcalde aparece atrapado entre dos fuerzas —culpando a funcionarios heredados de gobiernos panistas y, al mismo tiempo, cediendo ante presiones de morenistas para remover a integrantes de su propia administración.  

Algo que muestra la incapacidad para gobernar del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez es la narrativa de culpabilidad externa. Es decir, "todos tienen la culpa, menos él", signo inequívoco de un político soberbio.

El alcalde responsabiliza a funcionarios “heredados” de gobiernos panistas, como si fueran el origen de los problemas actuales. Los morenistas, que deberían ser su base de apoyo, también presionan para remover a funcionarios de la administración actual.

  

El resultado de todo esto es la generación de despidos y rotaciones que no responden a una estrategia institucional clara, sino a presiones políticas cruzadas.  

Formalmente, porque tiene el nombramiento, el alcalde parece gobernar, pero sus decisiones muestran que no controla plenamente la dinámica interna. Las remociones parecen más reactivas a presiones políticas que a evaluaciones técnicas o administrativas.

  

En síntesis, se desgobierno en la práctica. Cuando las decisiones se toman sin criterios claros, bajo presiones externas y con contradicciones públicas, lo que se proyecta es desgobierno. Una administración que no marca el rumbo, sino que responde a coyunturas.  

Así, la Oficialía Mayor y otras áreas clave se convierten en espacios de rotación y desgaste. La percepción de ocurrencias y contradicciones erosiona la credibilidad del gobierno municipal. La falta de estabilidad en puestos estratégicos amenaza la operatividad administrativa y los derechos laborales y esa actitud de "victimizarse" -propia de los gobernantes pertenecientes a su partido, además del discurso de culpar a “herencias panistas” y ceder a presiones morenistas profundiza la división y debilita la gobernabilidad.