Metro News Mx

-Justicia de papel y cámaras que no ven nada: el caso Mariana Troncoso desnuda la negligencia oficial y la protección a criminales.

-La ausencia policial en la Central de Autobuses convirtió un robo por engaño en un homicidio frente a decenas de testigos.

-Pese a existir videos, placas identificadas y detenciones ciudadanas, las autoridades permitieron la huida de los implicados.

-La familia de la víctima enfrenta un doble luto: la pérdida de una madre y el silencio cómplice de la Fiscalía y el Gobierno Municipal.

El texto editorial de Alfonso Machuca, de nuestro medio de comunicación hermano "El Otro Enfoque" (https://elotroenfoque.mx/index.php/2026/01/13/mariana-y-el-silencio-que-mata-en-silao/ )no es solo una crónica de sucesos; es una denuncia sobre cómo el Estado, por acción u omisión, se vuelve copartícipe del crimen. En Silao, la muerte de Mariana Troncoso ha dejado de ser un hecho delictivo para convertirse en un expediente de la vergüenza nacional.

La Central de Autobuses de Silao se describe no como un nodo de transporte, sino como un coto de caza para delincuentes. La ausencia de patrullaje y tecnología de vigilancia —en pleno 2026— no es un descuido, es una decisión política que deja a los ciudadanos a merced del hampa. 

Mariana no murió solo por el golpe contra el pavimento; murió porque en el momento en que necesitó protección, el Estado no estaba. El hecho de que una madre de familia tuviera que perseguir a sus propios asaltantes es la prueba máxima del fracaso institucional.

Lo más alarmante del análisis es la liberación de los sujetos identificados. Con videos de alta resolución, placas registradas y una detención previa realizada por comerciantes, la liberación de los sospechosos sugiere algo más grave que la ineptitud: sugiere colusión. 

Que el conductor y sus cómplices no hayan pisado una agencia ministerial tras provocar la muerte de una mujer es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. La Fiscalía y la Policía Municipal han enviado un mensaje claro a la delincuencia: en Silao, se puede matar frente a las cámaras y salir caminando por la puerta principal.

Mientras José Manuel Montoya y sus hijos —incluyendo a una adolescente de quince años que vio morir a su madre— lloran entre flores, las oficinas de la alcaldesa Melanie y el fiscal Alatriste permanecen blindadas por el silencio. Este mutismo oficial no es prudencia jurídica, es cobardía administrativa. La justicia en Silao parece ser un privilegio de los victimarios, mientras que para las víctimas solo quedan las estadísticas "descartables".

Mariana Troncoso es hoy el rostro de una sociedad que ya no sabe quién la cuida. Si la evidencia contundente no basta para vincular a proceso a los responsables, entonces las instituciones han perdido su razón de ser. 

Silao no necesita más comunicados vacíos; necesita que el peso de la ley caiga sobre quienes arrastraron a una mujer hasta la muerte y sobre aquellos funcionarios que, con su inacción, les abrieron la puerta de la libertad.

Silao vive un momento oscuro que ninguna autoridad puede negar, porque la muerte de Mariana Troncoso exhibe una cadena de omisiones oficiales. No fue un accidente, fue una tragedia anunciada en una Central de Autobuses donde los robos por engaño florecen sin patrullas, cámaras vigilantes.

Mariana salió a retirar dinero para su negocio y terminó arrastrada por la desesperación ante la ausencia de policías que deberían proteger a familias. Ese vacío institucional obligó a una madre a correr tras un ladrón, porque en Silao la autoridad no corre por los ciudadanos.

Cuando el conductor aceleró y Mariana cayó al asfalto, la tragedia quedó grabada en video frente a cámaras y decenas de testigos. Cualquier sistema de justicia funcional habría actuado de inmediato, pero en Silao los implicados salieron libres como si la vida no importara.

Las placas del vehículo quedaron registradas, los rostros aparecen en grabaciones, los comerciantes retuvieron a los sujetos, y aun así nadie enfrenta cargos. Esa inacción no resulta un error administrativo, representa una decisión que permite a los responsables huir sin consecuencias frente a una ciudad entera.

La Fiscalía y la Policía Municipal enviaron un mensaje devastador: quien mata frente a cámaras puede marcharse sin siquiera pisar una agencia ministerial. José Manuel Montoya y sus dos hijos enfrentan ahora un duelo acompañado por la impotencia, porque la justicia nunca tocó la puerta de su casa.

Mientras ellos levantan un altar con flores y recuerdos, las oficinas públicas mantienen un silencio que duele más que cualquier herida física. Ese silencio oficial convierte a la impunidad en política pública, porque nadie explica por qué el conductor no compareció ni siquiera para rendir declaración.

Silao presume estrategias de seguridad, pero permite un mercado de delitos en su principal terminal de transporte, donde cientos de personas circulan cada día. Los comerciantes denuncian el mismo método de robo una y otra vez, sin que una patrulla establezca presencia preventiva que disuada a los delincuentes.

La falta de vigilancia crea un territorio fértil para bandas que operan con tranquilidad, porque saben que nadie los busca después del golpe. Mariana representaba miles de mujeres que trabajan, emprenden y sostienen hogares, pero el sistema la trató como una estadística descartable.

Su hija de quince años presenció la caída de su madre, una imagen que ningún expediente judicial podrá borrar ni reparar con discursos oficiales. Esa escena exige respuestas claras, nombres de responsables y procesos firmes, no comunicados vacíos ni promesas que se disuelven en burocracia.

La alcaldesa Melanie y el fiscal Alatriste, deben mirar a los ojos de esa familia y explicar por qué permitieron que los culpables escaparan ante evidencia contundente. No basta con condolencias ni homenajes póstumos, porque la justicia requiere acciones inmediatas que devuelvan dignidad a quienes perdieron todo.

Silao no puede acostumbrarse a que una mujer muera por una tarjeta de débito, mientras los criminales continúan sus vidas sin consecuencias. Cada día sin detenidos prolonga la agonía de José Manuel y sus hijos, porque la impunidad funciona como una segunda sentencia contra la familia.

La ciudad entera carga ahora con una pregunta incómoda: ¿Quién protege a los ciudadanos cuando la autoridad decide mirar hacia otro lado? Mariana merece justicia, pero Silao necesita algo más profundo, una sacudida que obligue a sus instituciones a cumplir con su razón de existir. #MetroNewsMx