2025

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Eugenio Amézquita Velasco

-El comisariado ejidal debe informar si el balneario Ojo de Agua cuenta con concesión de CONAGUA para operar legalmente como centro turístico.
-Si hay falta de concesión hídrica y registro fiscal ante el SAT podría constituir presunción de delito y derivar en sanciones federales al ejido.
-El anunció del cierre del balneario en Tarandacuao, sin explicación clara, generó dudas sobre legalidad, transparencia y respeto a la comunidad.
-Desapareció el cartel del cierre indefinido y ahora hay otro señalando que estará tres días cerrado por fumigación
-Para operar un balneario en zona ejidal se requiere aprobación de la Asamblea, concesión de agua, permisos municipales y evaluación ambiental.
-El uso de recursos públicos municipales obliga al comisariado a rendir cuentas, presentar informes y conservar la infraestructura.
-El comisariado debe informar a la Asamblea y al municipio sobre ingresos, convenios y destino de los fondos generados por el balneario.
-Si el balneario genera ingresos, debe registrarse ante el SAT, emitir facturas, declarar impuestos y cumplir con obligaciones fiscales.
-La comparación con Tolantongo es insostenible: aquel ejido cumple con normativas, opera con transparencia y tiene modelo comunitario consolidado.
-La Asamblea Ejidal conserva facultades para revisar, modificar o revocar acuerdos sobre el uso del balneario y su administración.
-La legalidad agraria, hídrica, fiscal y municipal no es opcional: el ejido debe respetar el marco normativo si quiere operar con legitimidad.

Hasta hace unos días en el acceso al balneario del Ojo de Agua existía un cartel de color verde fosforecen te que decía: "Aviso. Se hace del conocimiento del conocimiento de los usuarios de Ojo de Agua "propiedad" del "Ejido Tarandacuao" que a partir del mes de septiembre, se cerrará este manantial por tiempo indefinido, debido a las agresiones, faltas de respeto hacia el personal y al reglamento del balneario. Atte: La Administra".

El Ojo de Agua y el juego de las cartulinas

Ahora, tras el movimiento de inconformidad por estas palabras, desapareció el de color verde y aparecieron dos nuevos carteles. Uno en color naranja que ahora dice: "El Ojo de Agua se fumigará el día 1o. de septiembre no habrá servicio por tres días. Atte. La Administración". El segundo cartel, de color blanco dice: "No sé tolerarán faltas de respeto hacia el personal y al lugar. No promueba (sic) falsas noticias si no tiene pruebas sea prudente no motive a la violencia, demuestre educación, no discrimine ni sea racista".

O sea, para quien administra el Ojo de Agua, quien comenzó todo, fue la gente y sus "noticias falsas" y de paso que la gente "no motive a la violencia". La pregunta es: ¿Quién colocó entonces la cartulina verde?  Es probable que mañana aparezca una cartulina más, en color rojo y diga: "La gente".

Deben respetarse las leyes

El Comisariado Ejidal que tiene bajo su uso el Ojo de Agua de Tarandacuao, y para que todo esté conforme a derecho, deberá demostrar si la zona que es empleada como balneario tiene la concesión respectiva de la CONAGUA para operar como tal así como si está cumpliendo ante el SAT con sus obligaciones. De no cumplir con las normas podría estarse en la presunción de un delito y de sanciones por parte de las autoridades federales. El Ojo de Agua de Tarandacuao no se acerca en lo mínimo para poder ser comparado con el complejo Grutas de Tolantongo, que también es ejido.

Luego del anuncio del cierre injustificado del balneario, aduciendo malos tratos contra el personal del balneario y ahora el anuncio de una fumigación del balneario, se generan varias preguntas, que se reducen finalmente a cuatro: 
-¿Se tiene la aprobación de la Asamblea Ejidal para hacerlo balneario? 
-¿Realizaron trámite ante CONAGUA para que las aguas del manantial sean empleadas para uso de balneario? 
-¿Están cumpliendo con las obligaciones fiscales ante el SAT? y 
-¿Están informando al municipio de lo que corresponde por la inversión pública municipal -y probablemente estatal- realizada para el balneario? :

Para que un manantial, localizado dentro de un ejido, pueda ser convertido en balneario ¿Qué se necesita hacer, tramitar o gestionar?

Primero, la aprobación de la Asamblea Ejidal. Esta debe aprobar el uso del manantial con fines turísticos o recreativos.
- Si el manantial está en tierras de uso común, se requiere mayoría calificada.
- Si está en parcela individual, el ejidatario debe contar con dominio pleno y autorización para el cambio de uso.

Esto se fundamenta legal en la Ley Agraria, en sus artículos del 21 al 55. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf)

Se requiere además la concesión de uso de agua ante CONAGUA. El manantial, por ser agua nacional, requiere una concesión de uso otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Se debe tramitar el permiso para uso recreativo, turístico o comercial. (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114274/Guia_Practica_OCUEA.pdf)

También se necesitan permisos de construcción y uso de suelo. Esto se logra solicitado al municipio el cambio de uso de suelo si se requiere infraestructura turística. Tramitar licencias de construcción, impacto urbano y compatibilidad territorial.

También se requiere una evaluación de impacto ambiental. Se debe presentar ante la SEMARNAT una manifestación de Impacto Ambiental (MIA) si el proyecto implica modificación del entorno natural. En algunos casos, se requiere autorización de la Procuraduría Agraria si hay afectación a derechos colectivos.

También se requiere el cumplimiento sanitario y normativo. Las albercas y cuerpos de agua recreativos deben cumplir con la NOM-245-SSA1-2010, que regula calidad del agua, seguridad, mantenimiento y señalización. (https://inforeglamentos.com.mx/requisitos-legales-para-un-balneario/)

Debe también efectuarse el registro y operación comercial. Se registra el el balneario ante el SAT como unidad económica. Obtener permisos de operación turística si se ofrecen servicios complementarios (restaurantes, hospedaje, actividades guiadas).

Consideraciones adicionales: Si el ejido está certificado por el PROCEDE, se debe verificar si el manantial está en tierras parceladas o de uso común. En caso de dominio pleno, el ejidatario puede gestionar directamente los trámites, pero debe respetar la normatividad hídrica y ambiental.

Si el balneario, que está en zona ejidal, fue construido empleando recursos públicos municipales ¿Qué procede?

Cuando un balneario ubicado en tierras ejidales recibe recursos públicos municipales para construir infraestructura, el Comisariado Ejidal adquiere una serie de obligaciones legales, administrativas y éticas frente al municipio. Estas obligaciones no solo derivan de la Ley Agraria, sino también de principios de transparencia, rendición de cuentas y corresponsabilidad institucional.

Entre las obligaciones principales del Comisariado Ejidal, ante el caso que se analiza, según el artículo 33 de la Ley Agraria, el comisariado debe representar al núcleo ejidal ante terceros, incluyendo autoridades municipales. Administrar los bienes comunes del ejido conforme a los acuerdos de la Asamblea. Informar a la Asamblea sobre el uso de recursos, obras realizadas y convenios celebrados. Cumplir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea relacionados con el proyecto. Garantizar que el uso del recurso público se destine al fin aprobado y no se desvíe. Facilitar la supervisión, auditoría o verificación por parte del municipio. (https://leyes-mx.com/ley_agraria/33.htm)

En cuanto a las obligaciones específicas frente al municipio, el Comisariado Ejidal, debe manejarse con transparencia en el uso del recurso público; debe presentar informes financieros, avances de obra y evidencia documental del destino de los fondos.

También debe generarse una formalización de convenios o contratos. Si el apoyo fue otorgado mediante convenio, el comisariado debe respetar las cláusulas pactadas, incluyendo plazos, objetivos y mantenimiento.

También, en materia de acceso público y beneficio comunitario, el balneario debe operar bajo criterios de acceso equitativo, evitando privatización o uso exclusivo por particulares.

Entre los aspectos importantes está la rendición de cuentas ante la Asamblea y el municipio. El comisariado debe convocar a asamblea para informar sobre el proyecto y permitir la revisión comunitaria. También la conservación del patrimonio público ya que las instalaciones construidas con recursos municipales deben mantenerse en condiciones óptimas, evitando deterioro o abandono.

El manejo de los ingresos ¿A quién se le informa o se le debe informar?

Si el balneario genera ingresos, el comisariado debe informar sobre su administración y destino, conforme al reglamento interno del ejido.
En caso de incumplimiento, el municipio puede solicitar auditoría, revocación de convenios o incluso iniciar procedimientos administrativos.
La Asamblea Ejidal conserva la facultad de revisar, modificar o revocar acuerdos relacionados con el uso de infraestructura pública.

Sí, un balneario ubicado en zona ejidal, que ha sido construido con recursos municipales y opera con concesión de uso de agua otorgada por CONAGUA, tiene obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, especialmente si genera ingresos por servicios turísticos, recreativos o comerciales.

Entre las obligaciones fiscales se encuentran el registro ante el SAT. Si el balneario genera ingresos (por entrada, renta de espacios, venta de alimentos, etc.), debe registrarse ante el SAT como unidad económica. Puede hacerlo como persona física con actividad empresarial o como persona moral de derecho agrario si está constituido por el ejido. Debe obtener su RFC y elegir el régimen fiscal correspondiente.

También debe realizar declaración de ingresos y pago de impuestos. Está obligado a declarar ingresos y pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR). Si comercializa productos o servicios, puede estar sujeto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), dependiendo de la actividad. Debe cumplirse con la facturación electrónica. Debe emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI) por cada operación comercial. Esto aplica incluso si el balneario es administrado por el comisariado ejidal.

También sujetarse a la contabilidad y declaraciones periódicas. Llevar contabilidad formal y presentar declaraciones mensuales o anuales según el régimen fiscal. En caso de recibir subsidios o apoyos públicos, debe reportarlos como ingresos exentos o acumulables, según el caso.

Obligaciones específicas para ejidos: Si el balneario está administrado por el ejido como persona moral de derecho agrario, puede tributar bajo el régimen especial del artículo 74 de la Ley del ISR, siempre que al menos el 80% de sus ingresos provengan de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Este régimen permite beneficios fiscales si los ingresos no exceden de cinco millones de pesos anuales.

Si el balneario opera como cooperativa o asociación civil, también debe cumplir con obligaciones fiscales específicas. El uso de recursos públicos municipales implica rendición de cuentas y puede requerir auditorías externas. La concesión de agua otorgada por CONAGUA incluye el pago de derechos fiscales por volumen extraído y uso autorizado. #MetroNewsMx



Redacción

-El alcalde dijo “para eso la contratamos” a una regidora en funciones, ignorando que no es su empleada, sino autoridad colegiada por mandato ciudadano.
-Ramírez Sánchez descalificó a la regidora Fátima González con frases que denotan subordinación, desprecio institucional y posible violencia política.
-El edil proyecta una actitud de “hacendado” o “reyezuelo”, tratando al Cabildo como feudo personal y a los regidores como subordinados sin autonomía.
-Exhibir a una regidora en medios sin sustento documental recuerda prácticas autoritarias de control simbólico y presión política indebida.
-Frases como “no sé si ella no entiende que es regidora” desacreditan públicamente a una mujer en funciones, con sesgo de género y tono despectivo.
-El alcalde vulnera el principio de colegialidad al amenazar con convocar comisiones por encima de la presidenta, sin agotar el procedimiento legal.
-La regidora respondió con documentación y respeto institucional, mientras el alcalde usó presión mediática y lenguaje grosero para imponer su narrativa.
-Las expresiones del edil podrían constituir violencia política en razón de género, sancionable por el IEEG, el TEPJF o la Fiscalía Electoral.
-El discurso del alcalde refleja una cultura política patrimonialista, donde el poder público se confunde con mando personal y desprecio por la ley.
-La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo, no un presidente que actúe como capataz; el respeto institucional no es opcional, es constitucional.

Las declaraciones del presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez contra la regidora panista Fátima González Reyna han encendido una polémica institucional que trasciende el debate sobre el incremento salarial a los policías municipales. En una entrevista difundida por Reporte Bajío, el edil responsabilizó a la regidora de retrasar la discusión del tema y lanzó frases que han sido calificadas como despectivas y carentes de sustento legal. Los medios que dieron a conocer esta situación fueron Reporte Bajío: “Para eso la contratamos”; Acusa alcalde a regidora demorar aumento salarial policial ( https://reportebajio.com/para-eso-la-contratamos-acusa-alcalde-a-regidora-demorar-aumento-salarial-policial/). Ágora: Alcalde arremete contra regidora del PAN; ella se defiende y afirma «él no me contrató» (https://agoragto.com/celaya/aumento-a-policias-en-pausa-por-ausencia-de-regidora-alcalde-lanza-reclamos-dimes-y-diretes/) y Periódico AM Celaya (Alcalde de Celaya reprocha freno a alza salarial para policías: ‘¿Quieren hacerlo político?’ (https://www.am.com.mx/celaya/2025/8/21/alcalde-de-celaya-reprocha-freno-alza-salarial-para-policias-quieren-hacerlo-politico-749522.html


> “Para eso la contratamos”, dijo Ramírez Sánchez, en referencia a la regidora, agregando que debía enfocarse en su comisión y no en otras actividades. Más adelante reculó: “Bueno, no la contratamos nosotros ¿verdad? Pero no sé si ella no entiende que es regidora… principalmente ella debe de ver su comisión”.

Estas expresiones, además de exhibir una narrativa de subordinación impropia del marco legal vigente, desvirtúan el principio de colegialidad que rige al Ayuntamiento. La Constitución Política del Estado de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establecen que los regidores son electos por la ciudadanía, con funciones deliberativas, normativas y de fiscalización. No son empleados del alcalde ni están sujetos a su mando.

No es la primera vez que tiene este tipo de expresiones: "A veces puedo decir cosas que no quiero decir"... pero las dice.

Varios antecedentes en el hablar del alcalde: sin control, sin pensar, sin meditar, ofendiendo, no sólo a sus opositores sino a su propia gente, lo evidencia de pésima manera ante la ciudadanía. No es cuestión de ataques mediáticos: es su propia lengua, cual tapete con borde, la que hace que se enrede y se tropiece:

-Reconociendo que da empleo si la gente es de Morena, o si le ayudó en la campaña o que si es "fuego amigo", y que dándoles trabajo con eso los va a calmar (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/alcalde-de-celaya-descalifica-encuesta-que-lo-ubica-entre-los-peores-evaluados-22007175); 
-hablando de que "podría meter a la cárcel a los sacerdotes" y a sus feligreses. (https://www.metronewsmx.com/2024/12/tendriamos-que-meter-la-carcel-los.html, https://www.metronewsmx.com/2025/07/alcalde-de-celaya-reitera-mensaje.html) para luego acabar diciendo "que siempre no". (https://www.metronewsmx.com/2025/07/que-siempre-no-alcalde-de-celaya-no.html ). Se evidenció también en sus actitudes y las de la administración municipal en el caso de la pareja sentimental de "El Llanerito" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/miente-alcaldia-de-celaya-en-caso-de-el.html )

Ni cómo ayudarle.

La respuesta de la regidora González Reyna

La regidora Fátima González Reyna respondió públicamente al señalamiento, también a través de Reporte Bajío, con una postura institucional y documentada: (https://reportebajio.com/ya-sabemos-que-al-alcalde-le-gusta-opinar-sin-argumentos-responde-regidora/ )

> “Nunca he solicitado información adicional… estábamos esperando la que de origen se debía entregar. Yo antes de emitir una declaración ocupo traer un papel en la mano. Ya sabemos que al alcalde le gusta opinar sin argumentos”.

La regidora explicó que la información sobre el aumento salarial fue entregada por la Oficialía Mayor el jueves por la tarde, fuera del horario habitual, y que su equipo se encontraba en actividades de campo. Por tanto, no se trató de una omisión, sino de una entrega tardía por parte de la administración.

Desde el punto de vista normativo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Celaya establece que las comisiones pueden ser convocadas por su presidenta o por mayoría de sus integrantes. El alcalde advirtió que, si la regidora no convoca, la fracción de Morena lo hará por su cuenta:

> “Si ella no convoca, nosotros vamos a hacer una reunión y vamos a convocar nosotros porque está previsto en el reglamento”, afirmó.

Aunque esta posibilidad existe en términos reglamentarios, debe seguirse el procedimiento formal correspondiente. La convocatoria no puede sustituirse arbitrariamente ni usarse como mecanismo de presión política. El tono del alcalde sugiere una intención de deslegitimar la función de la regidora, más que de respetar el cauce institucional.

El conflicto pone en evidencia tensiones internas en el Cabildo de Celaya y una narrativa que vulnera el respeto entre pares. Frases como “no sé si ella no entiende que es regidora” y “para eso la contratamos” denotan una actitud despectiva que podría constituir violencia política simbólica, especialmente al dirigirse a una mujer en funciones públicas.

Desde una perspectiva de gobernanza democrática, el respeto institucional, la trazabilidad documental y la deliberación informada son pilares del funcionamiento municipal. La actitud del alcalde, al descalificar públicamente a una regidora por ejercer su derecho a solicitar información, contradice estos principios.

Además, el uso de declaraciones públicas para presionar decisiones internas del Cabildo desvirtúa el proceso deliberativo y genera polarización. La regidora, por su parte, ha mantenido una postura basada en la documentación oficial y en el respeto al procedimiento.

Este episodio no solo revela una disputa sobre tiempos y formas, sino una diferencia profunda en la concepción del poder municipal. Mientras el alcalde recurre a una narrativa de subordinación y urgencia política, la regidora defiende la institucionalidad, la documentación y el análisis técnico.

En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ciudadanas, el respeto al marco legal y al trabajo colegiado del Ayuntamiento debe prevalecer sobre intereses partidistas o personales. La ciudadanía de Celaya merece un Cabildo que funcione con apego a la ley, respeto mutuo y responsabilidad pública.

El lenguaje del alcalde: tono grosero, despectivo y descalificador... contra una mujer

Lenguaje despectivo y desinstitucionalizante: Frases como “para eso la contratamos” y “no sé si ella no entiende que es regidora” denotan una actitud despectiva, impropia de un servidor público. El lenguaje utilizado denota desconocer la investidura legal de la regidora. Reduce su función a una subordinación personal. Descalifica su derecho a deliberar y solicitar información.

Este tipo de expresiones vulnera el principio de respeto institucional y puede constituir violencia política simbólica, especialmente si se dirige a una mujer en funciones públicas.

EL alcalde celayense hace uso so político de la presión pública. El alcalde recurre a declaraciones públicas para presionar a una integrante del Cabildo, en lugar de agotar los mecanismos internos de diálogo y convocatoria. Esto desvirtúa el proceso deliberativo, genera polarización política y debilita la imagen institucional del Ayuntamiento.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez incurre en expresiones que carecen de sustento legal y desvirtúan el marco institucional del Cabildo. Los regidores no son contratados por el presidente municipal, sino electos por la ciudadanía, con funciones autónomas y deliberativas. La actitud del edil denota desconocimiento normativo, presión política indebida y una narrativa despectiva que vulnera el respeto institucional.

¿Ramírez Sánchez proyecta algo que puede interpretarse como actitud de “hacendado”, “reyezuelo” o “capataz?

Desde una perspectiva crítica y contextualizada en la cultura política mexicana, las expresiones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez —como “para eso la contratamos” o “no sé si ella no entiende que es regidora”— evocan una narrativa de mando vertical que desvirtúa el principio de colegialidad del Cabildo. En ese sentido, sí: la actitud proyectada puede interpretarse como la de un “hacendado”, “reyezuelo” o “capataz”, figuras simbólicas que históricamente representan el poder patrimonialista, autoritario y personalista.

Al referirse a una regidora electa como si fuera contratada por él, el alcalde reproduce una lógica de mando que recuerda estructuras caciquiles o de jefatura feudal.
  
El ignorar que los regidores son pares deliberativos y no empleados del presidente municipal refuerza una visión patrimonial del poder público.

La amenaza de convocar por encima de la presidenta de comisión, sin agotar el procedimiento reglamentario, sugiere una intención de imponer decisiones desde la fracción dominante, como si el Cabildo fuera una extensión de su voluntad.

Exhibir a una regidora en medios, sin sustento documental, recuerda prácticas de control simbólico propias de "liderazgos" autoritarios.

Estas actitudes no solo vulneran el respeto institucional, sino que proyectan una imagen de poder concentrado, donde el diálogo, la deliberación y la legalidad quedan subordinados a la narrativa personal del gobernante. En términos editoriales, esta figura puede ser descrita como:

Es importante subrayar que la legitimidad del poder público está sujeta al marco constitucional, y cualquier desviación hacia prácticas autoritarias debe ser documentada, denunciada y corregida por los mecanismos de contrapeso: Cabildo, ciudadanía, medios y órganos de control.

¿El alcalde muestra misoginia institucional?

La misoginia no es solo odio explícito hacia las mujeres. En el contexto político y comunicacional, se manifiesta como desdén hacia la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad; descalificación basada en estereotipos de género. Minimización o ridiculización de sus funciones públicas. Narrativas que las subordinan, infantilizan o desacreditan.

Las expresiones que ya han sido señaladas como pronunciadas por el alcalde de Celaya: “para eso la contratamos”, “no sé si ella no entiende que es regidora”; “si ella no convoca, nosotros vamos a hacerlo” proyectan una narrativa que reduce a la regidora a una figura subordinada, ignorando su investidura electa; cuestiona su capacidad institucional con tono condescendiente. Desconoce su derecho a deliberar y solicitar información como parte de su función.

Estas frases, dirigidas a una mujer en funciones públicas, sí pueden ser interpretadas como manifestaciones de misoginia institucional, especialmente si se enmarcan en un patrón de descalificación reiterada, pública y sin sustento.

Regidora está en posibilidad de denunciarlo por violencia de género

Ramírez Sánchez podría estar incurriendo en violencia de género contra la regidora Fátima González Reyna pueden constituir violencia política en razón de género, conforme a la legislación mexicana vigente, y qué tipo de cultura política reflejan.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) definen y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El artículo 20 Bis de la LGIPE establece que hay violencia política cuando se ejerce presión, desprestigio, descalificación o cualquier acción que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por razón de género.

El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (INE, TEPJF, SEGOB, 2020) señala que esta violencia puede manifestarse mediante expresiones que desacrediten la capacidad de una mujer para ejercer su cargo; la exhiban públicamente con estereotipos de género y la responsabilicen injustamente de decisiones colegiadas. (https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/ProtocoloViolenciaPoliticaGenero2020.pdf )

Las frases del alcalde como “Para eso la contratamos”, “No sé si ella no entiende que es regidora” y “Si ella no convoca, nosotros lo haremos”, desacreditan públicamente a una mujer en funciones, cuestionan su capacidad institucional, y la responsabilizan de forma personal por un proceso colegiado. 

La regidora tiene derecho a solicitar la intervención del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), del Tribunal Electoral local o de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), si considera que se vulneraron sus derechos político-electorales por razón de género.

¿Qué tipo de "cultura política" del alcalde reflejan estas expresiones?

Las declaraciones del alcalde reflejan una cultura política que confunde el poder público con mando personal. Desconoce la colegialidad del Cabildo y la autonomía de los regidores. Reproduce prácticas patrimonialistas y autoritarias.

Este tipo de respuestas coinciden con perfiles que han ejercido el poder sin comprender su función institucional, es decir: Personas que ven el poder como privilegio, no como responsabilidad. Funcionarios que interpretan el cargo como propiedad, no como mandato ciudadano y "líderes" que usan el lenguaje para imponer, no para dialogar.

Lo que denota el uso de frase como “para eso la contratamos”

Ramírez Sánchez denota ignorancia normativa: los regidores no son contratados, sino electos. Distorsiona lo institucional, ya que se desvirtúa el marco legal del Ayuntamiento y crea una narrativa falsa porque se atribuye a la regidora una omisión que no está documentada.

Por tanto: Sí, estas expresiones denotan ignorancia del marco legal, distorsión de la verdad institucional y una visión del poder que contradice los principios democráticos. ¿Es acaso o no esa la actitud de un auténtico patán? #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

-Carlos Navarrete reveló que AMLO fue sostenido por dietas, viáticos y recursos de funcionarios afines durante dos décadas de campaña política.
-El exsenador afirma que López Obrador nunca trabajó, sino que vivió a expensas de militantes, gobernadores y diputados que financiaron su activismo.
-Navarrete denuncia que el ahora expresidente destruyó la democracia construida en 40 años, concentrando poder y debilitando instituciones autónomas.
-El financiamiento a AMLO incluyó millones de pesos mensuales, camionetas, sonido, propaganda y logística para movilizaciones masivas.
-El exlíder del PRD asegura que los recursos no cabían en sobres amarillos: eran maletas llenas de dinero para sostener la estructura obradorista.
-El proyecto de transformación, según Navarrete, traicionó sus ideales: AMLO gobierna sin equilibrio de poderes ni respeto a la pluralidad.
-El presidente, dice Navarrete, respira, aspira, come y ejerce poder; está enfermo de poder y lo disfruta por encima de cualquier principio.
-Los legisladores de Morena no legislan, afirma; el presidente dicta leyes, somete a la Corte y busca ministros que le obedezcan sin autonomía.
-Navarrete se deslindó de militancias y se declara miembro de la sociedad civil, preocupado por el rumbo autoritario del país.
-La entrevista con Metro News expuso revelaciones directas, no rumores: una crítica frontal desde la izquierda a la figura presidencial.



La exoneración a Pío López Obrador por parte del INE sobre el caso del "dinero de los sobres amarillos", renueva y actualiza el tema de la entrevista realizada a Carlos Navarrete por un servidor a finales del 2023 y publicada por Metro News el 8 de febrero de 2024 (https://www.facebook.com/metronewsmx/videos/3499819980330397 ),  donde el exsenador de la república y expresidente nacional del PRD devela y confirma que no eran sobres amarillos, sino maletas de dinero lo que se le entrega a López Obrador para sus maratónicas y vitalicias campañas políticas.



Aristegui Noticias destacó que el Caso Pío López Obrador reveló que hubo financiamiento ilegal a AMLO, tal y como lo confirma: Alfredo Figueroa, exconsejero del INE.


 
Durante Aristegui en vivo, Alfredo Figueroa criticó la investigación sobre los recursos recibidos por Pío López Obrador, señalando que “llama la atención profundamente que han pasado cinco años y que el resultado sea que no encontraron registros bancarios” de un dinero que, según él, claramente no provino de donaciones ciudadanas legítimas. 

Figueroa argumenta que, aunque existan reglas para la aportación de dinero a partidos políticos, “la evidencia muestra que estas entregas no fueron de la ciudadanía, sino el financiamiento ilegal desde gobiernos, proveniente de México profundo”.

La exposición de Alfredo Figueroa aborda tales como el video de Pío López Obrador y David León, el anpálisis del caso de Pío. AMLO justifica el dinero como "aportaciones de ciudadanos". El argumento del mismo Figueroa: el dinero es ilegal Cuestionamientos al INE por su inacción. La teoría del "pacto de impunidad" y ¿Qué va a pasar en el caso?

Por su parte, a finales del 2023, Carlos Navarrete Ruiz, destacado político mexicano de izquierda, fue entrevistado y publicada dicha entrevista en febrero de 2024, mucho antes de las elecciones presidenciales. Este señaló que Andrés Manuel López Obrador prácticamente se la pasó "ordeñando" los recursos de dirigentes, militantes, diputados y funcionarios que le fueron afines para sostener su interminable y vitalicia campaña política de dos décadas, lo que explica por qué nunca se ha dedicado a trabajar. Prácticamente ha vivido a expensas de los demás sin trabajar. 

Sumado a esto, ha destruido la democracia que nos ha costado 40 años construir, según se desprende de esta tercera entrega de la entrevista a Navarrete Ruiz.

Navarrete se considera ahora un hombre libre, sin militancia político-partidista. Se establece como miembro de la sociedad civil con ideología de izquierda, preocupada dicha sociedad por la oscuridad en la que está sumido el país tras cinco años de permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el poder.

Estos y varios conceptos fueron dados a conocer por Navarrete Ruiz, quien fuera presidente nacional del PRD, senador de la República, diputado local y dirigente estatal del PRD en Guanajuato, a través de una entrevista exclusiva de más de una hora —que daremos a conocer en entregas diarias— con el periodista Eugenio Amézquita, y donde desenmascara al actual presidente de la República y realiza análisis de la realidad nacional, de la realidad de Guanajuato y de Celaya, ante la contienda electoral que al parecer se reduciría a dos contendientes: PAN vs Morena, integrados en dos coaliciones.

La entrevista

Eugenio Amézquita: De regreso, Carlos. A ver, a ver, ¿Cómo que ustedes le estaban dando dinero a Andrés López Obrador para sus campañas?  
O sea, ¿ustedes eran así como que la vaca de oro... la gallina de los huevos de oro?

Carlos Navarrete Ruiz: Te voy a decir por qué...

EA: ¿De sus dietas?

CNR: Nosotros, senadores, diputados, gobernadores, funcionarios públicos, reconocíamos que nuestra llegada a los cargos había sido posible gracias a un gran movimiento, y que este movimiento tenía un líder: López Obrador. Ese líder tenía que recorrer el país cada semana; cuatro días a la semana recorría el país completo con camionetas, con equipo, con hospedaje, con comida, con boletos de avión, viáticos.  
¿De dónde salió todo ese dinero? Y además, para pagarle a él y para pagarle a todo ese equipo y su staff.

EA: ¿Cuánto costaba eso? ¿Miles?

CNR: Yo creo que costaba millones de pesos por semana o por mes. ¿De dónde salían los recursos? Como creíamos que el proyecto era bueno para México y pensábamos que López Obrador podría ser en el futuro un buen presidente de la República, no solamente le entregábamos parte de nuestra dieta —es decir, de nuestro salario—; cada uno recortábamos el 10% de nuestro salario. Mensualmente se lo entregábamos a Andrés Manuel por vía de su equipo. Pero también gobernadores y también presidentes municipales compraban las camionetas donde se trasladaba.  
¿Quién pagaba el sonido en el Zócalo? ¿Quién pagaba la sillería en el Zócalo? ¿Quién pagaba la propaganda para las movilizaciones en el Zócalo? ¿Quién pagaba el transporte para llevar a la gente a los actos? Nosotros.

EA: ¿Quiere decir que más de alguna de esas sillitas debió de haber llevado la leyenda "donado por Carlos Navarrete"?

CNR: Yo creo que muchas. Y hasta el sonido grandote, que no... no costaba poco, ¿eh? Sonorizar el Zócalo no es sonorizar unos quince años. Es el Zócalo, y cuesta cientos de miles de pesos. Y las sillas también, y la parafernalia, y la propaganda. Nosotros financiamos al presidente, en ese sentido.

EA: Oye, en ese tiempo... pero esto de lo que ha hablado Latinus —mandamos un saludo a Carlos Loret de Mola y al buen Brozo—, pues hubo muchos sobres amarillos que no se contabilizaron como debieron de haberse contabilizado...

CNR: Pues fíjate que no. Porque en los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían. Eran maletas.

EA: ¿En serio?

CNR: Claro. Tú no vas a meter dos, tres, cinco, diez millones de pesos en un sobre amarillo...

EA: No, pues no...

CNR: Los billetes... Entonces, a ver. Muchos me dicen: ¿y por qué lo hicieron? Porque creíamos en el proyecto, porque creíamos en él, porque veíamos que era bueno, porque un hombre con esta visión humanista, con esta visión por los pobres...

EA: Aparentemente...

CNR: ...de transformación, podía hacerle un bien al país. Pero queríamos que fuera en democracia, con equilibrio de poderes. Queríamos que llegara un presidente que no representara solamente a los que habían votado por él, sino que representara al conjunto.  
Sí, es cierto: primero los pobres, pero también los demás. Sí, es cierto: el gobierno invirtiendo, pero también el sector privado. Sí, es cierto: el Ejecutivo actuando, pero con el Poder Legislativo autónomo y con la Corte y el Poder Judicial libre. Eso queríamos para el país.

EA: Pero al final no sucedió eso... ¿o sí?

CNR: Lo que hemos visto, Eugenio, en los últimos cinco años, es una destrucción paulatina de la democracia que nos costó tanto tiempo construir, los últimos cuarenta años. Lo que hemos visto es un retroceso, y lo estamos viviendo cada día peor, con la concentración excesiva del poder en un solo hombre...

EA: ¿Una dictadura?

CNR: No es una dictadura. Porque todavía hay Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial; todavía está el Banco de México autónomo. Todavía hay estados que tienen libertad para hacer lo que tienen que hacer...

EA: Pero ha ido eliminando instituciones...

CNR: Es un régimen autoritario. Es un régimen autoritario donde un solo hombre —el presidente— concentra facultades y pretende concentrar más. Tiene las mayorías en las cámaras y decide él ser el gran legislador. Los senadores de Morena no legislan; los diputados tampoco legislan. Legisla el presidente. Y ahora quiere someter a la Corte para tener ministros —sus empleados ministros—, para decir lo que él quiera. Y trata de someter, y somete, a muchos empresarios y a muchos medios de comunicación.

EA: También comentabas que algunos lo calificaban de loco, y dices tú: "no está loco", pero con lo que me dices... ¿enfermo de poder?

CNR: Sí. Sí, enfermo de poder. El presidente respira poder; aspira poder; come poder; ejerce poder. Disfruta el poder por encima de cualquier cosa.

EA: Vamos a otro corte. Estamos escuchando revelaciones que salen de una fuente autorizada, no de un chisme de redes sociales. No se vayan. Estoy con Carlos Navarrete Ruiz, de izquierda, de la sociedad civil. Soy Eugenio Amézquita, en Metro News. #MetroNewsMx

agosto 22, 2025 ,

Vicente Ruiz/Metro News 

Estima que si Guanajuato es incluido en el decreto habrá más ingresos para las arcas estatales y municipales 

Francisco Escobar Osornio, dirigente Estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) se reunió la mañana de este viernes con el presidente municipal Juan Miguel Ramírez, acompañado de algunos coordinadores, para solicitarle su apoyo y gestión ante la gobernadora Libia Denisse García y la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, para que Guanajuato sea incluido en el decreto que permite la regularización de vehículos americanos, como ya ocurre en 16 entidades. 

El dirigente de la organización que lidera José Duran Vera a nivel nacional, estimó que actualmente circulan en la entidad unas 80,000 unidades norteamericanas más las que siguen ingresando de contrabando, aclaró que ellos no apoyan el contrabando y que, por el contrario, estiman que será beneficiosa la regularización con el pago de los trámites como lo es el refrendo y el plaqueo.

El primer edil vio con buenos ojos este esfuerzo y manifestó que harás lo que esté de su parte para el logro de este objetivo.

La regularización de extranjeras más cercana para esta zona es Michoacán, pero con gastos extras y la situación de que les ponen placas de aquella entidad, las que no pueden ser canjeadas en Guanajuato.

Escobar también se refirió en entrevista a la solicitud que le hicieron al alcalde Juan Daniel Ramírez para que cesen los actos de corrupción que cometen algunos elementos de Tránsito, principalmente con las personas provenientes de otros municipios de la región como Juventino Rosas, Cortázar, los Apaseos, Salvatierra, Villagrán, etcétera, a quienes con cualquier pretexto los obligan a darles "mordida" para no levantarles infracción. /FOTOS y VIDEO: Vicente Ruiz



Eugenio Amézquita Velasco

-En México, el agua es propiedad de la Nación; ningún ejido, municipio o particular puede ostentar su propiedad legalmente.  
-El artículo 27 constitucional establece que las aguas, incluidos manantiales, son bienes nacionales bajo dominio directo del Estado.  
-La Ley de Aguas Nacionales regula el uso del agua mediante concesiones, asignaciones o permisos temporales otorgados por CONAGUA.  
-Los ejidos pueden administrar el terreno donde se ubica un manantial, pero no pueden apropiarse del recurso hídrico ni restringir su acceso.  
-Si hay inversión pública municipal en infraestructura turística, el municipio tiene derecho a participar en la gestión del sitio.  
-La Ley General de Turismo permite a los municipios ordenar y promover atractivos turísticos bajo criterios de beneficio social.  
-El modelo jurídico ideal para administrar un manantial turístico es un convenio entre ejido, municipio y CONAGUA.  
-Sin concesión de agua ni coordinación institucional, el manejo del manantial puede derivar en conflictos sociales y sanciones legales.  
-La Ley Agraria reconoce derechos de uso sobre tierras ejidales, pero no otorga propiedad sobre el agua que fluye en ellas.  
-Cualquier intento de apropiación o cierre arbitrario de un manantial sin respaldo legal puede ser impugnado ante autoridades competentes.

Ante el problema y la ola de comentarios sobre el problema del Ojo de Agua de Tarandacuao, de inicio es importante precisar que en México, ninguna persona física o moral puede ser propietaria de un manantial. Esta afirmación no es una interpretación, sino un principio jurídico establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

 “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación…”  

Este artículo constitucional incluye explícitamente aguas de ríos, lagos, lagunas, esteros, corrientes constantes o intermitentes así como manantiales que formen parte de corrientes naturales o estén conectados a cuerpos de agua federales.

Por lo tanto, el agua que brota de un manantial, independientemente de su ubicación geográfica, es propiedad de la Nación, y su uso está regulado por el Estado mexicano.

Ley de Aguas Nacionales: uso, no propiedad

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que el uso del agua puede ser otorgado mediante Concesión para fines agrícolas, turísticos, industriales, etc.; Asignación: cuando el uso es público, como abastecimiento y Permiso temporal, para eventos o actividades específicas.

Estos derechos deben ser tramitados ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (https://www.gob.mx/conagua/documentos/ley-de-aguas-nacionales )

El artículo 3 de esta ley define el agua como un bien nacional, y el artículo 9 establece que CONAGUA es la autoridad competente para otorgar derechos de uso. El artículo 29 prohíbe el uso del agua sin concesión o permiso.

¿Y si el manantial está en un ejido?

Cuando un manantial se ubica dentro de tierras ejidales, el terreno puede ser de uso común o parcelado, según el régimen interno del ejido. Sin embargo, el agua sigue siendo propiedad de la Nación.

La Ley Agraria, en sus artículos 52 al 55, establece que:
- Los ejidatarios tienen derechos sobre el uso y aprovechamiento de las tierras ejidales.
- El agua dentro de tierras ejidales puede ser utilizada, pero no vendida ni privatizada.
- Los aguajes (como manantiales) son de uso común si no están asignados individualmente. (https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-agraria/titulo-tercero/capitulo-ii/seccion-segunda/ )

¿Puede alguien decir “yo soy dueño del manantial”?

La respuesta es no. Lo que puede existir es Propiedad del terreno, donde se ubica el manantial o el Derecho de uso o concesión sobre el agua, otorgado por CONAGUA.

Pero el recurso hídrico en sí no puede ser propiedad privada. Cualquier intento de apropiación o restricción sin respaldo legal puede ser impugnado ante instancias administrativas o judiciales.

¿Qué pasa si el manantial se usa como balneario?

Cuando un manantial ubicado en tierras ejidales se convierte en zona turística o balneario, y además recibe inversión pública municipal, el manejo jurídico se vuelve multifactorial.

Según la Ley General de Turismo, los municipios pueden participar en el desarrollo, ordenamiento y promoción de atractivos turísticos bajo criterios de Beneficio social, Sustentabilidad y Equilibrio territorial. (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT.pdf )

Esto significa que si el ayuntamiento ha invertido en infraestructura turística (accesos, señalética, baños, mantenimiento), tiene derecho a Exigir transparencia en la administración, Establecer convenios de colaboración con el ejido y Vigilar el uso de recursos públicos y su impacto.

¿Cómo debe manejarse jurídicamente?

El modelo ideal es un convenio tripartito entre el ejido (como administrador del terreno); el municipio (como promotor y financiador) y la CONAGUA (como autoridad sobre el recurso hídrico).

Este convenio debe establecer Reglas de acceso, tarifas, mantenimiento y vigilancia, mecanismos de rendición de cuentas; Participación comunitaria y Protección ambiental y respeto al derecho al agua.

Además, si el sitio genera ingresos, debe haber claridad sobre su destino: ¿se reinvierten en el ejido?, ¿se reportan al municipio?, ¿se destinan a conservación?

¿Qué pasa si no hay convenio?

Si el ejido administra el balneario sin concesión de agua, sin coordinación con el municipio y sin reglas claras, se corre el riesgo de conflictos sociales; desvío de recursos públicos; cierre arbitrario o uso excluyente y sanciones por parte de CONAGUA.

El artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales establece que el uso del agua sin título legal puede ser sancionado con multas, clausura o revocación de derechos.

¿Y si el municipio quiere intervenir?

El municipio no puede apropiarse del manantial, pero sí puede participar en su gestión si hay inversión pública. Esto debe hacerse mediante convenios formales, respetando la propiedad ejidal del terreno y la propiedad nacional del agua.

La legislación de los municipios en Guanajuato también otorga facultades a los ayuntamientos para promover el desarrollo turístico y proteger el patrimonio natural

¿Qué hacer si ya están cobrando por ingreso al Ojo de Agua de Tarandacuao?

Si se está cobrando el acceso a un balneario ubicado en un manantial dentro de tierras ejidales —como ocurre en el caso del Ojo de Agua de Tarandacuao— la rendición de cuentas y la administración del recurso deben cumplir con principios de legalidad, transparencia y participación comunitaria, conforme a la legislación agraria y fiscal vigente en México.

¿Quién administra el ingreso?

Si el balneario está dentro de un ejido y es operado por el comisariado ejidal, entonces la administración de los ingresos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley Agraria, particularmente en lo relativo a la función del Comisariado Ejidal y la Asamblea Ejidal como órganos de decisión y control.

El Comisariado Ejidal debe registrar todos los ingresos en los Libros de Contabilidad del núcleo agrario. La Asamblea Ejidal debe aprobar el destino de los recursos, ya sea para mantenimiento, mejoras, pago de personal o inversión comunitaria. (https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-agraria/)

Los instrumentos garantizan la transparencia

La Procuraduría Agraria promueve la implementación del Protocolo Ejidal o Comunal, que incluye el Libro de Registro de Ejidatarios, para identificar quiénes tienen voz y voto en la toma de decisiones. Libro de Contabilidad, donde deben registrarse todos los ingresos y egresos derivados de actividades productivas, como el cobro de acceso al balneario.

Este protocolo permite ordenar, custodiar y dar formalidad a la administración de recursos, y debe estar disponible para consulta de los ejidatarios. (https://www.gob.mx/pa/articulos/la-instrumentacion-del-protocolo-ejidal-o-comunal-garantia-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-al-interior-de-los-nucleos)

¿El deber de reportar ingresos y egresos a las fiscales?

Sobre si debe de existir reporte de ingresos y egresos al SAT la respuesta es sí. Si se cobra acceso al público y se generan ingresos, el ejido o la figura jurídica que administre el balneario debe cumplir con obligaciones fiscales: Registro ante el SAT como persona moral con actividad económica. Emisión de comprobantes fiscales digitales (CFDI) si se requiere. Declaración de ingresos y pago de impuestos correspondientes.

Esto aplica especialmente si el balneario opera como una unidad económica con fines turísticos o recreativos.

Cuando hay inversión pública municipal, lo que se debe de hacer

Si el municipio ha invertido recursos públicos en infraestructura del balneario (baños, señalética, accesos), entonces tiene derecho a solicitar informes periódicos sobre el uso de los ingresos. Establecer convenios de colaboración con el ejido para garantizar que los recursos se reinviertan en el sitio. Participar en la supervisión del manejo financiero, especialmente si se trata de recursos etiquetados.

Esto se sustenta en la Ley General de Turismo, que faculta a los municipios para ordenar y promover atractivos turísticos bajo criterios de beneficio social.

Debe participar la comunidad la Asamblea Ejidal

La Asamblea Ejidal debe ser informada y consultada sobre tarifas de acceso; uso de los ingresos; contratación de personal y Proyectos de mejora.

La rendición de cuentas no puede ser unilateral ni discrecional. Debe ser colectiva, documentada y periódica, conforme a los principios de gobernanza agraria.

Los riesgos que se pueden generar si no hay rendición de cuentas

La falta de transparencia puede derivar en conflictos internos entre ejidatarios; desconfianza comunitaria y protestas sociales. Sanciones administrativas por parte de la Procuraduría Agraria o el SAT así como la probable pérdida de apoyo institucional si hay inversión pública involucrada.

Si se cobra el acceso al balneario del manantial, la administración debe ser clara, legal y participativa. El ejido debe llevar libros contables, informar a la asamblea, cumplir con obligaciones fiscales y, si hay inversión pública, coordinarse con el municipio. 

La transparencia no es opcional: es una obligación legal y ética que garantiza la sostenibilidad del recurso y la paz comunitaria.

El manantial, como recurso hídrico, es propiedad de la Nación. Su uso debe estar regulado por CONAGUA, y su administración debe ser transparente, corresponsable y legalmente respaldada. Ni el ejido ni el municipio pueden apropiarse del agua, pero ambos pueden colaborar para garantizar su conservación y aprovechamiento turístico.

En contextos como el de Tarandacuao, donde el manantial ha sido fuente de identidad, recreación y economía local, es urgente establecer mecanismos institucionales que eviten conflictos, protejan el recurso y respeten la ley. #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

Un cartel colocado en el acceso del balneario del ojo del Agua, prendió la chispa entre los tarandacuenses. El texto del cartel señala: "Aviso. Se hace del conocimiento del conocimiento de los usuarios de Ojo de Agua "propiedad" del "Ejido Tarandacuao" que a partir del mes de septiembre, se cerrará este manantial por tiempo indefinido, debido a las agresiones, faltas de respeto hacia el personal y al reglamento del balneario. Atte: La Administra".


Esto despertó una ola de comentarios en redes sociales, tanto en páginas como en grupos en esta parte del sureste del estado de Guanajuato así como en el turismo asiduo a este sitio.

¿Qué es el Ojo de Agua de Tarandacuao?

El Ojo de Agua de Tarandacuao es un manantial de aguas cristalinas ubicado en el municipio de Tarandacuao, al sureste del estado de Guanajuato. Más que un atractivo natural, representa un símbolo de identidad, memoria y convivencia para la comunidad local. Forma parte de la región hidrológica Lerma-Chapala, y sus aguas provienen de corrientes subterráneas conectadas al río Lerma.

- Está rodeado por ahuehuetes centenarios, que han crecido gracias al flujo constante del manantial, creando un entorno de sombra y frescura. El ahuehuete (Taxodium mucronatum) es oficialmente reconocido como el árbol nacional de México. Esta designación se hizo en 1921, durante la conmemoración del centenario de la independencia, en reconocimiento a su belleza, longevidad, dimensiones colosales y profundo arraigo cultural
- El sitio cuenta con instalaciones recreativas como jardines, palapas, regaderas, asadores y áreas de descanso familiar.
- El acceso es público, con una cuota simbólica de 30 pesos para adultos y 20 para niños, destinada al mantenimiento del lugar.

El nombre “Tarandacuao” ha sido interpretado popularmente como “lugar por donde entra el agua”. Desde tiempos prehispánicos, el manantial ha sido fuente de vida para las comunidades indígenas de la región, incluyendo grupos Chupícuaro, Otomí y Purépecha.

Durante décadas, el Ojo de Agua ha sido un espacio de recreación popular, especialmente en temporadas como Semana Santa, cuando recibe visitantes de todo el estado. También se asocia con leyendas locales, como la creencia de que el manantial se secaría si se rompía la armonía comunitaria.

Es considerado el principal atractivo turístico de Tarandacuao, y su cierre o deterioro impactaría directamente en la economía local.

El análisis de los comentarios tras el aviso de cierre en septiembre

Al efectuar un análisis detallado de los comentarios generados por el anuncio del cierre del Ojo de Agua en el Ejido Tarandacuao revela una profunda fractura entre la comunidad usuaria, los administradores ejidales y las autoridades locales. 


-Hay indignación comunitaria y reclamo de propiedad colectiva
Varios usuarios, como Jesús Cervantes, Alicia Guijosa y Juan Luis, expresan que el manantial pertenece al pueblo y no a un grupo reducido de ejidatarios. Se cuestiona la legitimidad del cierre y se propone que el gobierno intervenga para devolver la administración al municipio, como ocurrió en el pasado.  
Este bloque argumenta que el ejido tiene funciones administrativas, pero no puede apropiarse de un recurso natural que consideran de uso público.

“No puede ser que los intereses de unos cuantos puedan más que el pueblo…” – Jesús Cervantes  
“El agua es propiedad de la Nación… aquí en Taranda manda el pueblo” – Aly Morales



-Propuesta de acción ciudadana
Juan Luis y Mariana Silva promueven la organización pacífica mediante la recolección de firmas para exigir que el Ojo de Agua regrese a manos del ayuntamiento. Se apela a la memoria histórica y a la participación comunitaria como vía legítima para revertir el cierre.

-“Hay que juntar firmas para que regrese a la administración del municipio como antes” Juan Luis  
“Ya hay que hacer huelga por lo que es del mismo pueblo” – Maguii García



-Crítica a la administración ejidal y al personal
Diversos comentarios señalan actitudes prepotentes, groseras o arrogantes por parte del personal que administra el balneario. Se sugiere que las agresiones mencionadas en el aviso podrían haber sido provocadas por malos tratos, lo que genera una percepción negativa hacia quienes operan el lugar.

 “Esas empleadas del Ojo de Agua tienen modos bien culeros de tratar a la gente” – Chelmiis Villagomez  
 “No se habla de lo déspota que es el personal que trabaja ahí” – Jessica Hernández


-Defensa del cierre y llamado a la corresponsabilidad
Resendiz Agel y Ernestina Rodríguez Morales defienden la decisión de cerrar temporalmente el balneario, argumentando que los usuarios no respetan el reglamento, no recogen su basura y no protegen al personal cuando hay agresiones. Se exige un cambio de actitud por parte de los visitantes.

 “Ustedes no batallan pero sí que quieren chingar… quieren un lugar limpio y seguro pero sólo opinan” – Resendiz Agel  
 “La mayoría no cumple con las reglas… se requiere un cambio de actitud” – Ernestina Rodríguez Morales.



-Impacto económico y social
Clarissa Albarrán y María Dolores Arriola advierten que el cierre del Ojo de Agua afectará el turismo y la economía local. Se señala que el manantial es fuente de ingresos y abastecimiento de agua potable para comunidades cercanas, por lo que su clausura genera preocupación.

“El cierre afectará a la economía” – Clarissa Albarrán  
“¿Y si cierran el Ojo de Agua de dónde van a abastecerse las comunidades?” – María Dolores Arriola



-Confusión jurídica y propiedad ejidal
Alicia Guijosa aporta una explicación sobre la figura del ejido como persona moral con patrimonio propio, pero aclara que los ejidatarios no son propietarios individuales. Esta intervención busca precisar los límites legales de la administración ejidal frente a bienes de interés público.

- “El ejido no es un conjunto de tierras individuales… los ejidatarios tienen derechos de uso, no de propiedad” – Alicia Guijosa



-Polarización y desgaste social
El tono de varios comentarios refleja una polarización creciente entre quienes defienden el cierre y quienes lo rechazan. Hay acusaciones, sarcasmo, descalificaciones y una evidente falta de diálogo entre las partes. La ausencia de una mediación institucional agrava el conflicto.

 “Así es como muerden la mano que les da de comer” – Susy Gómez  
“Tu como lo entiendas” – María Dolores Arriola

Conclusión a este análisis de comentarios

El cierre del Ojo de Agua ha detonado un conflicto que va más allá de una medida administrativa: revela tensiones históricas sobre la propiedad del agua, la gestión ejidal, el papel del gobierno y la cultura del uso comunitario. La falta de transparencia, comunicación efectiva y mediación institucional está generando un desgaste social que podría escalar si no se atiende con prontitud. #MetroNewsMx


 
Eugenio Amézquita Velasco

-El ataque en Malanquín dejó tres muertos y 18 heridos durante una fiesta patronal; dos de las víctimas tenían antecedentes penales.
-La misa por la paz será presidida por el obispo Víctor Aguilar Ledesma este 22 de agosto, tras una marcha desde Infonavit Malanquín.
-El Comité del Templo convocó a la comunidad a no ceder al miedo y vestir de blanco como símbolo de unidad, paz y respeto a la vida.
-La Diócesis de Celaya condenó el ataque como una herida social; pidió justicia y acompañamiento espiritual para las familias afectadas.
-El alcalde Mauricio Trejo confirmó que el ataque fue dirigido contra tres individuos vinculados a delitos; 16 heridos eran civiles ajenos.
-La gobernadora Libia García exigió justicia y la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
-Vecinos denunciaron falta de vigilancia y venta de alcohol; colocaron veladoras en el atrio como homenaje a las víctimas del ataque.

SAN MIGUEL DE ALLENDE.– En respuesta al dolor y la indignación provocados por los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto en la colonia Infonavit Malanquín, el Comité del templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos convocó a una jornada de oración y unidad comunitaria bajo el lema “Misa por la Paz”, a celebrarse este viernes 22 de agosto de 2025.

El comunicado, fechado el 20 de agosto, llama a la ciudadanía a no ceder ante el miedo ni la desesperanza, sino a trabajar unidos por la paz, la justicia y el respeto a la vida. El texto íntegro dice:

“Se invita a toda la comunidad a no ceder ante el miedo ni la desesperanza, sino a trabajar unidos por la paz, la justicia y el respeto a la vida. Confiamos en que el amor de Cristo es siempre más fuerte que el odio de la violencia.

 Este viernes 22 de Agosto 2025 nos visitará el Señor Obispo S.E. Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma a oficiar Celebración Eucarística Concelebrada y Solemne para pedir por toda la comunidad, en especial por las víctimas y los afectados del suceso del 17 de Agosto 2025, a la cual se ha unido una marcha pacífica que partirá del Inf. Malanquin al templo de Nuestra Santísima Virgen de San Juan a las 12:30 p.m.

Llevar playera o camisa blanca.

Atentamente  
Comité del Templo"

La jornada comenzará con una marcha pacífica desde el acceso principal de Infonavit Malanquín hacia el templo, donde se celebrará la misa presidida por el obispo de Celaya, S.E. Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, y se solicita portar camisa o playera blanca como símbolo de paz y solidaridad.

La presencia del obispo ha sido recibida con gratitud por diversos sectores de la sociedad sanmiguelense, quienes reconocen su cercanía pastoral y su llamado a la reconciliación. La misa busca ser un espacio de consuelo espiritual y reafirmación comunitaria frente a la violencia.

La Diócesis de Celaya ha mantenido comunicación constante con las familias afectadas, y esta celebración se suma a los esfuerzos de atención espiritual y emocional desplegados desde el día del suceso.

La misa por la paz se convierte así en un acto de fe, memoria y esperanza, en el que la comunidad reafirma su voluntad de no dejarse vencer por el miedo y de seguir construyendo un entorno digno, justo y fraterno.

Ataque en Malanquín dejó tres muertos y 18 heridos

La noche del domingo 17 de agosto de 2025, un ataque armado interrumpió una fiesta patronal en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos, celebrada en el atrio de la iglesia de Infonavit Malanquín. El hecho ocurrió poco antes de la medianoche y dejó un saldo de tres personas fallecidas y 18 heridas, entre ellas menores de edad.  

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Luis “El Chato”, Efraín “N” y el joven Luis Ángel Carrera Molina, de 17 años. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, incluyendo la Clínica MAC, el Hospital General de San Miguel de Allende y el Hospital General de Celaya. (https://www.nuevografico.com/2025/08/se-eleva-3-los-muertos-por-la-masacre.html y https://noticierosenlinea.com/guanajuato/2025/aug/18/ataque-armado-en-festejo-religioso-de-san-miguel-de-allende-deja-2-muertos-y-17-heridos-47616.html )

El alcalde Mauricio Trejo Pureco declaró que el ataque fue dirigido contra tres individuos con antecedentes penales: José Luis “El Chato”, Emanuel “El Mane” y Óscar “El Junior”. Dos de ellos murieron en el lugar y uno sobrevivió.  

Trejo descartó que se tratara de una riña o ataque indiscriminado, aunque 16 de los 19 heridos eran civiles ajenos al conflicto.  

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó el ataque y expresó su compromiso con las víctimas: “Debe haber verdad y justicia para las víctimas”.  

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.  

Postura de la Iglesia Católica a través de la Diócesis de Celaya

La Diócesis de Celaya condenó el ataque como “una herida profunda al corazón de la sociedad”. El vocero diocesano, José de Jesús Palacios Torres, pidió justicia y llamó a no ceder ante el miedo.  

El párroco Pablo Figueroa, de la parroquia de San Antonio de Padua, solicitó mayor seguridad para las 44 capillas bajo su cuidado.  

La diócesis convocó la “Misa por la Paz” presidida por el obispo Víctor Aguilar Ledesma, precedida por una marcha desde Infonavit Malanquín.  

Investigación y contexto social

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el nombre del grupo delincuencial responsable. El alcalde mencionó que el ataque fue perpetrado por sicarios.  

Vecinos denunciaron venta descontrolada de alcohol durante la festividad y falta de vigilancia preventiva.  

Familiares de los heridos solicitaron apoyo económico y donadores de sangre a través de redes sociales.  

Como homenaje, vecinos colocaron veladoras y rosarios en el atrio de la iglesia.  

La comunidad de San Miguel de Allende permanece en estado de duelo y alerta, mientras autoridades estatales, municipales y religiosas llaman a la unidad, la justicia y la reconstrucción del tejido social. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido



Eugenio Amézquita Velasco

-Mauricio Trejo informó que solo cuatro víctimas siguen hospitalizadas tras el atentado en Malanquín; todas evolucionan favorablemente.  
-El alcalde agradeció al obispo de Celaya por convocar una misa por la paz y por su cercanía con las familias afectadas por el ataque.  
-Reconoció la labor del DIF y de Fabiola Correa por el acompañamiento directo a las víctimas y su seguimiento médico y emocional.  
-Llamó a la unidad de San Miguel de Allende y condenó los intentos de división tras el atentado ocurrido en la fiesta religiosa.  
-Agradeció al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste por el compromiso institucional en la investigación y atención del caso Malanquín.



SAN MIGUEL DE ALLENDE.- A través de un videocomunicado, el alcalde de este municipio, Mauricio Trejo Pureco emitió informe sobre la situación de las víctimas del atentado en la fiesta religiosa en El Malanquín y el agradecimiento al obispo de Celaya.

El mensaje

"San Miguel, muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien en estos momentos. Quiero darte los datos, los últimos datos que tenemos del suceso del domingo pasado en Infonavit Malanquín".

"Pero antes de eso quiero hacer un agradecimiento muy sentido, un agradecimiento de todo corazón al Monseñor Obispo de Celaya. Muchas gracias Monseñor por estar muy al pendiente de San Miguel de Allende, gracias por esa empatía que está mostrando usted por las familias de las víctimas del domingo pasado y muchas gracias por estar convocando a una misa este viernes a las 12.30 en la iglesia de Infonavit Malanquín".

"Gracias de verdad Monseñor Obispo por todo eso. Quiero dar las gracias también a todos los diferentes sectores de la sociedad que han estado muy al pendiente de la evolución de las víctimas de los sucesos del domingo pasado. Gracias a todos los diferentes sectores que han estado también mostrando su solidaridad a las diferentes instituciones que estamos trabajando fuerte para continuar y dar resultados pronto de todo esto que se suscitó".

"Gracias de verdad por esa solidaridad. Y quiero comentarles que de las 17 personas heridas que se estuvieron atendiendo en distintos hospitales, al día de hoy quedan únicamente cuatro personas ya. Cuatro personas que están evolucionando de manera muy pero muy satisfactoria. Con todos ellos seguimos en contacto como lo estuvimos con las víctimas que ya fueron dadas de alta a través de Fabiola Correa, a la cual le agradezco mucho".

"Fabi Correa, directora del DIF, muchas gracias por estar muy cercana a las familias de las víctimas. Así es de que el Monseñor Obispo de Celaya generando unidad entre todos los sanmiguelenses, entre todos nosotros, porque es como debemos estar siempre ante estos acontecimientos. Quienes traten de dividirnos y que se ve luego luego, yo quisiera decirles no lo hagan porque creo que no es correcto".

"Ahorita es momento de unidad y entre todos apoyarnos. Lo que concierne a mí, sigo muy pero muy de cerca con las distintas autoridades, con la federación, con el Estado, pero sobre todo con la Fiscalía del Estado. Agradecer al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, de verdad el compromiso de él y de todo su equipo para con San Miguel de Allende".

"Muchas gracias. Así es de que cuatro personas quedan hospitalizadas, todas evolucionando de manera positiva y seguiremos brindando todo el apoyo hasta que ya no lo requieran. Muchas gracias, San Miguel". #MetroNewsMx


Eugenio Amézquita Velasco

-El 46.9% percibe corrupción en todos los niveles de gobierno.  
-El 87% niega haber participado en actos de corrupción.  
-El 36.8% ha experimentado corrupción algunas veces.  
-Alrededor del 54.6% evita responder si ha participado en corrupción.  
-Un 90.7% cree que combatir la corrupción es tarea ciudadana.  
-Así mismo, el 59.3% exige proteger al denunciante como medida clave.  
-Destaca el 61% señala que la impunidad es causa directa de corrupción.  
-También un 62.6% condena el abuso de poder para beneficio personal.  
-Se destaca que el 58.7% atribuye la corrupción a la falta de ética pública.  
-El 60.7% exige vigilancia ciudadana sobre autoridades.

La corrupción en México, y particularmente en Guanajuato, no solo se percibe como un fenómeno extendido: se vive, se reconoce y se denuncia desde múltiples ángulos. A través de una serie de gráficas analizadas por el Comité de Participación Ciudadana, se revela una ciudadanía crítica, consciente y exigente frente a las causas, actores y mecanismos que perpetúan la corrupción en el ámbito público. 

Esto, como resultado de la encuesta abierta a los guanajuatenses, 2020-2024 con una muestra de 5,000 encuestados. Ahora, nuevamente se realiza este ejercicio, a través del sitio https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegqGb2MZskHzgpn6AaT5O0lmMdNh6yfbzHEPW4dtrP4X3jRA/viewform

Las preguntas y las respuestas porcentuales

La pregunta “¿En dónde percibe usted que existe corrupción?” arroja un dato contundente: el 46.9% de los encuestados considera que la corrupción está presente en todos los niveles institucionales. Las autoridades federales (27%), estatales (8.5%), municipales (7.7%) y los partidos políticos (8.1%) también son señalados como focos de corrupción, lo que confirma una percepción transversal del problema.

En contraste, cuando se pregunta “¿Ha participado en actos de corrupción?”, el 87% responde que no. Sin embargo, al indagar sobre la frecuencia de participación, el 54.6% evita contestar, lo que sugiere incomodidad, temor o reconocimiento implícito. Solo el 7.3% admite haber participado ocasionalmente, y un segmento mínimo lo hace con frecuencia.

La experiencia directa también es significativa. Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia ha experimentado actos de corrupción?”, el 36.8% responde que algunas veces, el 11.2% lo vive a diario, y el 30.6% no puede identificar cuántas veces ha enfrentado situaciones corruptas. Solo el 14.3% afirma nunca haberlo vivido. Estos datos revelan que la corrupción no solo se percibe: se experimenta de forma cotidiana y difusa.

Respecto a quién debe combatir la corrupción, la ciudadanía no duda: el presidente (97.1%), el gobernador (97.5%), los presidentes municipales (97.8%) y otros actores institucionales deben asumir la responsabilidad. Además, el 95.4% considera que también deben participar la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, los académicos y los propios ciudadanos.

En ese sentido, el 90.7% se reconoce personalmente como responsable en el combate a la corrupción. La ciudadanía exige corresponsabilidad, vigilancia y participación activa. Las empresas (89%), los medios (85.1%), los académicos (79.5%) y el Comité de Participación Ciudadana (90.3%) también son vistos como actores clave.

Las acciones concretas también son respaldadas. El 61.9% está totalmente de acuerdo con que se debe sancionar al corruptor, mientras que el 58% considera indispensable motivar la denuncia. El 59.3% exige proteger al denunciante, y el 59.8% cree que se deben difundir los canales de denuncia. Además, el 58% respalda la creación de canales de denuncia anónima, y el 60.7% exige vigilancia ciudadana sobre el actuar de la autoridad.

En cuanto a las causas de la corrupción, la ciudadanía identifica múltiples factores. El 48.5% considera que los intereses personales son la causa principal, mientras que el 39.6% señala los intereses políticos. El 58.7% atribuye el problema a la falta de ética, y el 61% a la ausencia de sanciones contra servidores públicos corruptos. Finalmente, el 62.6% condena que un servidor público se aproveche de su poder para obtener beneficios personales.

Las conclusiones

Estos datos configuran una narrativa clara: la corrupción no es solo un problema institucional, sino una falla ética, cultural y estructural que exige respuestas integrales. La ciudadanía no solo identifica el problema, sino que propone soluciones: sanciones efectivas, educación en valores, protección al denunciante, canales accesibles y vigilancia activa.

La exigencia es contundente: basta de simulaciones. La lucha contra la corrupción debe ser corresponsable, transparente y sostenida. La legitimidad institucional depende de su capacidad para responder a esta demanda ciudadana con acciones concretas, verificables y transformadoras. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

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