El caso de la regidora Diana Lino, de SMA: El fin del abuso de género como escudo político
Redacción Editorial
-El TEEG batea la denuncia de la regidora Diana Lino, confirmando que la crítica periodística no es violencia, sino un ejercicio democrático necesario.
-La sentencia de la magistrada Yari Zapata protege el "manto jurídico" de la prensa frente a los intentos de censura desde el poder municipal.
-Ana Luz Solís denuncia que el IEEG malgasta recursos públicos en perseguir periodistas mientras la integridad de las elecciones pende de un hilo.
El fin del abuso de género como escudo político
La reciente sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato -TEEG-, bajo el expediente TEEG-PES-02/2026, no es solo un triunfo jurídico para los periodistas de News San Miguel; es una bofetada de realidad para una clase política que ha intentado, sistemáticamente, pervertir las leyes de protección a la mujer para convertirlas en un blindaje contra la rendición de cuentas.
La regidora de Morena en San Miguel de Allende, Diana Carmín Lino Baena, pretendió utilizar la justicia electoral para silenciar una columna que simplemente exhibía nepotismo y conexiones de poder. El Tribunal, con una lucidez que se extrañaba en estas instancias, ha dicho: basta.
El reporte de Carlos García, corresponsal de La Jornada, publicado este 25 de febrero de 2026, detalla cómo la regidora intentó victimizarse alegando que mencionar a su esposo —director de Turismo en Celaya— o la presunta contratación de su hijo en la administración pública, la "invisibilizaba" por el hecho de ser mujer.
Esta narrativa, además de cínica, es profundamente peligrosa. La violencia política de género es una herida abierta en México, y utilizarla para intentar censurar a los comunicadores Ana Luz Solís Frías, Iván Joel Vázquez Huerta y Gabriela García es un insulto a las mujeres que realmente padecen violencia en la arena pública.
El periodismo no es violencia; el nepotismo sí lo es
La columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no hizo más que ejercer un análisis acucioso sobre el actuar de una servidora pública. El hecho de que la regidora viviera en León antes de ocupar el cargo o que sus familiares directos estén incrustados en la nómina gubernamental son datos duros, de interés público y carácter estrictamente político.
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Informar no puede ser un acto "sospechoso". En Guanajuato, la legislación debe proteger la vida y la integridad, pero nunca debe usarse para amordazar la verdad bajo el pretexto de una "sensibilidad de género" malentendida.
La regidora Diana Lino Baena olvidó que el escrutinio público es parte intrínseca del cargo por el que cobra y representa a los ciudadanos; si la exhibición de sus vínculos familiares y su trayectoria le parece "incómoda", el problema no es el periodista que lo señala, sino la falta de ética o la debilidad de los argumentos de quien ostenta el poder.
El manto jurídico y el respeto a la verdad
La sentencia del TEEG puntualiza que los periodistas gozan de una presunción de licitud en su actividad. Este es un concepto fundamental que los políticos en Guanajuato parecen ignorar: el periodista no tiene que probar su inocencia cada vez que publica una verdad incómoda; es el denunciante quien debe probar, con rigor, que hubo una violación a la ley.
En este caso, la duda siempre debe favorecer a la libertad de prensa. La resolución deja claro que el uso de declaraciones incómodas es parte del debate público y que las figuras políticas tienen un umbral de tolerancia mucho más alto que el ciudadano común, precisamente por la naturaleza de su encargo.
El caso de News San Miguel pone de relieve una táctica cobarde: el hostigamiento judicial. Al alargar investigaciones por meses y obligar a los comunicadores a defenderse de cargos espurios, los organismos electorales se convierten en cómplices de la censura por cansancio.
Es imperativo que el IEEG revalúe sus prioridades. La estructura electoral debe estar para vigilar la democracia, no para servir de garrote a regidores que no saben lidiar con la opinión pública.
El llamado a la responsabilidad
Llamemos a las cosas por su nombre: lo de la regidora fue un intento de censura judicial. Fue un uso faccioso de las leyes de género para intentar borrar del mapa informativo una crítica legítima. La sentencia del TEEG no solo absuelve a tres periodistas, sino que rescata el sentido común en la aplicación del derecho electoral. Guanajuato no necesita funcionarios que se escondan tras victimizaciones de papel; necesita representantes que respondan por sus actos y por la gente que colocan en la nómina.
Hoy, la libertad de expresión respira en San Miguel de Allende, pero la vigilancia sobre los órganos electorales que se prestan a estas farsas debe ser más férrea que nunca. No permitiremos que la lucha legítima de las mujeres por la igualdad sea utilizada como moneda de cambio para el silencio y la opacidad.
La verdad, aunque incomode a la regidora Lino, seguirá circulando mientras existan periodistas con la valentía de exhibirla y tribunales con la entereza de protegerla. El mensaje es claro para la clase política: el género se respeta, el nepotismo se denuncia y la prensa se defiende.
Esta información no solo le da la razón a la sentencia del Tribunal Electoral, sino que desnuda una dinastía de la opacidad que se extiende como un cáncer burocrático entre San Miguel de Allende y Celaya. Lo que señala la periodista Ana Luz Solís en su columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no es un ataque de género; es una radiografía del "chapulinismo" y el nepotismo en su estado más puro.
El "Turismo de gorra", Carlos Olvera en Celaya
Resulta insultante para la ciudadanía de Celaya que la dirección de Turismo —un área vital para la reactivación económica y la imagen de una ciudad golpeada por la inseguridad— esté en manos de un personaje con los antecedentes que se le atribuyen.
Si los señalamientos sobre su salida de PROFECO en Aguascalientes por "malas prácticas" son ciertos, estamos ante un funcionario que no busca servir, sino servirse.
El hecho de que se le señale por "gorrear" en los establecimientos locales bajo el escudo de su cargo no es solo una falta de ética; es una extorsión velada hacia el sector que debería estar protegiendo y promoviendo. Un director de Turismo que espera que todo sea gratis es un lastre para el gremio restaurantero y hotelero.
La regidora "importada", Carmín Lino
La columna toca una fibra sensible: la falta de arraigo. Si Carmín Lino vivía en León meses antes de ser regidora en San Miguel de Allende, estamos ante una imposición cupular que ignora las necesidades de los sanmiguelenses.
El escudo de género como distracción: Ahora queda claro por qué la regidora intentó judicializar la columna. No le dolió la "invisibilización", le dolió la exhibición de su árbol genealógico en la nómina.
El hijo "bendecido": Que el hijo de la pareja tenga un sueldo del erario y pase el día "arranado" en la oficina de su madre es el epítome del descaro. Es una burla para miles de jóvenes preparados en Guanajuato que no encuentran empleo por no tener el apellido "adecuado".
La degradación de las instituciones en el Bajío
Este caso demuestra cómo ciertos grupos de Morena —un partido que llegó al poder con la bandera de "no robar, no mentir y no traicionar"— han replicado las peores prácticas del viejo régimen.
-Sueldos como botín: Ven las regidurías y las direcciones no como espacios de gestión, sino como una caja chica familiar.
-Incompetencia compartida: El señalamiento de que el gobierno de Juan Miguel Ramírez en Celaya ha llegado con "gente sin experiencia ni capacidad" se confirma al ver perfiles como el de Olvera al frente de carteras estratégicas.
Lo que Ana Luz Solís describe no es periodismo de espectáculos; es periodismo de denuncia sobre el desvío de fines del poder público. Carlos Olvera y Carmín Lino representan esa clase política "vividora" que no tiene ideología, sino hambre de presupuesto.
"La dignidad política no se compra en el mercado de Cañitos, y por lo visto, en esta familia ni siquiera saben a qué sabe": Ana Luz Solís.
Es patético que, ante señalamientos tan directos sobre el uso del erario para mantener a su hijo y sobre su conducta errática en puestos anteriores, la respuesta de la regidora haya sido ir al Tribunal a decir que "la minimizan por ser mujer". Minimizar la política es lo que ellos hacen al convertir un Cabildo y una Dirección de Turismo en una extensión de su sala de estar.
Celaya y San Miguel de Allende merecen funcionarios que paguen su cuenta, que tengan arraigo y que no necesiten que el Tribunal Electoral les limpie la cara cuando la verdad les salpica. #MetroNewsMx