En Guanajuato, exigen parlamento abierto: ¡Vida sí, aborto no!
Eugenio Amézquita Velasco
-Asociaciones civiles entregarán firmas en el Congreso local para frenar iniciativas que buscan elevar el aborto a derecho humano.
-La Comisión de Justicia definirá este miércoles la ruta de discusión, en medio de acusaciones de exclusión hacia las voces ciudadanas.
-Activistas alertan sobre intentos de eliminar la protección a la vida de la Constitución estatal para favorecer agendas ideológicas.
-A través de la plataforma Actívate, ciudadanos exigen que se escuchen todas las voces mediante el enlace https://acti.click/W/GtoEsProvida
En un clima de alta tensión política y social, diversas asociaciones civiles agrupadas bajo la plataforma Actívate se preparan para tomar las instalaciones del Congreso de Guanajuato este miércoles 18 de febrero de 2026. El objetivo es claro y contundente: frenar lo que consideran un atropello legislativo que pretende no solo despenalizar el aborto, sino elevarlo al rango de derecho humano, eliminando de tajo la protección constitucional a la vida desde la concepción.
La cita es a las 10:00 horas en los salones 4 y 5 de comisiones del recinto legislativo, ubicado en Paseo del Congreso 60, Marfil. Allí se realizará la entrega formal de miles de firmas ciudadanas recolectadas a través del portal https://acti.click/W/GtoEsProvida, donde miles de guanajuatenses han manifestado su rechazo a las recientes propuestas de ley.
Esta acción busca presionar a la Comisión de Justicia para que abra un esquema de Parlamento Abierto real, denunciando que, hasta el momento, se ha pretendido silenciar a las organizaciones que defienden la vida, privilegiando únicamente la narrativa de grupos promotores de la interrupción del embarazo.
El conflicto surge tras la presentación de tres nuevas iniciativas por parte de los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano. Según los convocantes, estas propuestas son sumamente graves, pues una de ellas busca sustituir el derecho a la vida plasmado en la Carta Magna estatal por el supuesto derecho al aborto. Para los defensores de la vida, esto no representa un avance en libertades, sino un retroceso en el valor fundamental de la existencia humana y una imposición ideológica que ignora la identidad y los valores de la sociedad de Guanajuato.
Abortar no es un derecho, es la consigna que encabeza este movimiento que busca recordar a los legisladores que su mandato emana de un pueblo que, mayoritariamente, ha manifestado su rechazo a estas prácticas. La exigencia de un parlamento abierto no es una petición, sino un reclamo de justicia para que se tomen en cuenta todas las voces y no se legisle en la oscuridad de una ruta de discusión que los activistas califican de sesgada y excluyente.
Ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- que ha presionado a los estados para modificar sus códigos penales, los grupos provida en Guanajuato sostienen que la soberanía estatal y la protección del nasciturus deben prevalecer.
El término nasciturus es una expresión jurídica de origen latín que significa "el que ha de nacer". Se utiliza para referirse al ser humano concebido pero aún no nacido, es decir, el feto o embrión que se encuentra en el útero materno.
En el derecho mexicano y en la tradición jurídica románica, este concepto es fundamental porque otorga una protección especial al no nacido, bajo la premisa de que es un sujeto de derechos.
La entrega de firmas de este miércoles será el primer gran pulso ciudadano del año en la capital del estado, en una batalla legal y ética que definirá el futuro del derecho a la vida en la entidad.
Qué es el Parlamento Abierto y lo que significaría en este tema
En el contexto del sistema legislativo mexicano, el Parlamento Abierto es un modelo de gestión institucional que busca transformar la relación entre los representantes -diputados y senadores- y los representados. No es solo una "reunión con ciudadanos", sino una nueva forma de legislar basada en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, apoyada en el uso de tecnologías de la información.
En México, este concepto se formalizó con la creación de la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) en 2014, y se rige principalmente por 10 principios fundamentales que deben cumplir tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales.
Los 10 principios del Parlamento Abierto en México
-Derecho a la Información: Toda la información generada por el Congreso debe ser pública y de fácil acceso.
-Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: Se deben crear mecanismos para que la sociedad civil participe de forma real en el proceso legislativo -foros, mesas de trabajo, audiencias-.
-Información Parlamentaria: Publicación de agendas, calendarios de sesiones, listas de asistencia y el sentido de la votación de cada legislador.
-Información Presupuestal y Administrativa: Transparencia total en el uso de los recursos públicos, salarios de los legisladores y contratos.
-Información sobre Legisladores y Servidores Públicos: Publicación de perfiles, currículums, declaraciones patrimoniales y de intereses.
-Información Histórica: El Congreso debe mantener un archivo digital actualizado y accesible de las legislaturas pasadas.
-Datos Abiertos: La información debe publicarse en formatos digitales que permitan su procesamiento y análisis -como Excel o CSV-, no solo en PDF.
-Uso de Tecnologías: Implementación de plataformas digitales para seguir las sesiones en vivo y permitir la interacción ciudadana.
-Legislación sobre Gobierno Abierto: El Congreso debe legislar para garantizar que estos principios sean obligatorios.
-Conflictos de Interés: Regulación estricta y pública para evitar que intereses privados influyan en la creación de leyes.
¿Cómo funciona en la práctica?
Cuando se escucha que un grupo exige un "Parlamento Abierto" -como en el caso de las discusiones sobre el aborto o reformas constitucionales en Guanajuato-, lo que están pidiendo es que el proceso no sea "a puerta cerrada".
Los ciudadanos están exigiendo Mesas de análisis, donde expertos, asociaciones civiles y ciudadanos de a pie puedan exponer argumentos antes de que la comisión dictamine. Publicidad, para que las sesiones de las comisiones sean transmitidas y que los documentos de trabajo sean públicos antes de la votación.
También la inclusión, para que no se escuche solo a un grupo ideológico, sino que se abra el abanico a todas las posturas sociales.
Aunque el concepto es robusto en la teoría, en México todavía se enfrenta el reto de que muchos congresos locales lo utilizan más como una herramienta de simulación política que como un proceso vinculante de escucha ciudadana. #MetroNewsMx