Eugenio Amézquita Velasco
-Egresados denuncian retrasos sistemáticos en la entrega de títulos profesionales en SJI.
-El temor a represalias paraliza a estudiantes que buscan reclamar anomalías en UPN San José Iturbide.
-UPN 112 Celaya muestra sordera institucional ante quejas de alumnos y egresados; se presumen malos tratos de directivos en San José Iturbide.
-Desde 2020 se documentan protestas por plazas irregulares y corrupción en la UPN nacional.
-En 2022 alumnos egresados ganaron juicio para obtener título, exhibiendo negligencia institucional.
-En 2023 se denunció rezago nacional en emisión de títulos, afectando miles de egresados.
-En 2024 se reveló abandono en instalaciones de Acámbaro y encubrimiento de acoso laboral.
-En 2025 académicos se fueron a paro exigiendo cambio de rectora y transparencia.
-Protestas frente a la Cámara de Diputados en diciembre 2025 evidenciaron crisis nacional.
-La UPN en Guanajuato enfrenta un colapso de credibilidad: titulación, corrupción y abandono generalizado.
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Guanajuato atraviesa una crisis profunda que combina negligencia administrativa, corrupción sindical, abandono institucional y un patrón sistemático de retrasos en la titulación de sus egresados.
Lo que debería ser un espacio de formación docente y de consolidación profesional se ha convertido en un terreno minado de irregularidades, donde el miedo a represalias inhibe las denuncias y la sordera de las autoridades locales, como en la extensión UPN San José Iturbide y la UPN 112 en Celaya, agrava la desesperanza de estudiantes y egresados.
El problema de la titulación: un derecho negado
El eje más crítico de esta crisis es la titulación profesional. Desde hace años, egresados de la UPN han denunciado retrasos injustificados en la entrega de títulos, lo que les impide acceder a plazas docentes y oportunidades laborales.
En mayo de 2022, alumnos de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, tuvieron que recurrir a un juicio para obtener su título profesional, exhibiendo la negligencia institucional que los obligó a judicializar un derecho básico.
El problema no es aislado. En febrero de 2023, medios locales de Chiapas documentaron el rezago en la emisión de títulos en la UPN, afectando a miles de egresados en todo el país.
En agosto de 2025, egresados de UPN en Cuernavaca, Morelos, exigieron la entrega inmediata de títulos, denunciando que la espera se prolongaba por años:
La titulación se ha convertido en un símbolo del colapso institucional de la UPN: un derecho negado que condena a generaciones de egresados a la precariedad laboral.
El miedo a represalias: estudiantes silenciados
En Guanajuato, particularmente en la extensión de San José Iturbide, estudiantes reportan que el miedo a represalias paraliza cualquier intento de protesta. Reclamar anomalías o malos tratos de las autoridades puede traducirse en represalias académicas o administrativas. Este clima de intimidación genera un silencio forzado que perpetúa las irregularidades.
La situación se replica en la UPN 112 de Celaya, donde la sordera institucional frente a las quejas de alumnos y egresados desde hace tres o cuatro años en San José Iturbide, ha generado un ambiente de frustración y abandono. La falta de canales efectivos de denuncia y la ausencia de respuestas claras consolidan un patrón de impunidad. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/evade-upn-celaya-dar-informacion-sobre.html )
Irregularidades históricas, un patrón nacional: "Mal de muchos, consuelo de..."
La crisis en Guanajuato no puede entenderse sin el contexto nacional. En julio de 2020, se documentaron protestas por irregularidades en la entrega de plazas, exhibiendo corrupción y favoritismo en la asignación de puestos docentes, en el estado de Puebla.
En julio de 2023, se denunciaron más retrasos en la entrega de títulos, en Veracruz, Ver., confirmando que el problema es estructural y no se limita a un estado:
En febrero de 2024, el Periódico Correo se reveló el abandono de las instalaciones de la UPN en Acámbaro, Guanajuato, con pupitres deteriorados y condiciones indignas para la enseñanza:
Ese mismo mes, se denunció el encubrimiento de un director acusado de presunto acoso laboral y sexual, protegido por el sindicato y la Secretaría de Educación de Guanajuato.
En febrero de 2025, académicos de la UPN se fueron a paro en la Unidad UPN Ajusco, exigiendo el cambio de la rectora y denunciando la falta de transparencia.
En septiembre de 2025, múltiples medios reportaron retrasos en la entrega de títulos a egresados de la UPN en el estado de Morelos, confirmando que el problema se había convertido en una crisis nacional.
En diciembre de 2025, alumnos protestaron frente a la Cámara de Diputados por cambios en la rectoría, denunciando la falta de diálogo y la imposición de decisiones desde la SEP.
Días después, se documentó la evaluación crítica de la rectoría y el paro de la comunidad universitaria.
Un colapso de credibilidad
La suma de estos hechos revela un colapso de credibilidad en la UPN. La institución que debería formar a los futuros maestros del país se encuentra atrapada en un círculo de corrupción, abandono y negligencia. La titulación negada, el miedo a represalias, la sordera institucional y las condiciones deplorables de infraestructura son síntomas de un sistema que ha dejado de cumplir su misión.
La UPN en Guanajuato, con sus extensiones en San José Iturbide, Celaya y Acámbaro, es un espejo de la crisis nacional: estudiantes silenciados, egresados condenados a la precariedad y una comunidad académica que exige cambios profundos.
La pregunta que queda en el aire es si las autoridades educativas y gubernamentales están dispuestas a escuchar y actuar, o si seguirán perpetuando un modelo de abandono que erosiona la confianza en la educación pública y en la formación docente.
¿Cómo proceder legalmente en Guanajuato?
Esta situación en Guanajuato -particularmente en la UPN 112 Celaya y su extensión en San José Iturbide- trasciende la simple ineficiencia administrativa para entrar en el terreno de la responsabilidad jurídica y la violación de derechos fundamentales.
Para romper el "miedo a represalias", la vía más efectiva es la acción colectiva.
Los egresados pueden irse al Juicio de Amparo. Tal y como ocurrió en mayo de 2022 en Oaxaca, el amparo indirecto contra la omisión de la autoridad para emitir el título es infalible. Sumado a esto, se encuentra la denuncia ante la Procuraduría
La denuncia ante la PRODEHG es otro elemento que se suma a la anterior situación. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato puede emitir recomendaciones vinculantes contra la SEG y la UPN por la violación al derecho a la educación y al trabajo.
En este último caso, y de reunirse los elementos necesarios, ciertos casos podrían exigir a las autoridades ser indemnizados por los daños que les ha implicado no poder trabajar o ser rechazados en empleos por no contar con el título.
Violaciones a Derechos Humanos y Constitucionales
La omisión en la entrega de títulos no es solo un retraso; es una vulneración en cascada de diversos derechos.
Se viola el Derecho al Trabajo -Art. 5° Constitucional- Al no entregar el título, la UPN impide que el egresado ejerza su profesión. En el magisterio, sin título no hay plaza definitiva, lo que condena al egresado a la precariedad laboral.
También se viola el Derecho a la Educación -Art. 3° Constitucional-. La educación superior solo se materializa con la acreditación oficial. Una carrera sin título es un proceso educativo inconcluso por causa imputable al Estado.
Finalmente, presumiría la violación del Derecho a la Seguridad Jurídica y Debido Proceso. La falta de respuesta ("sordera institucional") viola el derecho de petición -Art. 8° Constitucional-, ya que toda autoridad está obligada a dar respuesta formal y fundada a las solicitudes de los ciudadanos.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato y la Ley de Responsabilidades Administrativas, los directivos podrían estar incurriendo en Abuso de Autoridad, ya que al utilizar su cargo para retrasar trámites de manera injustificada o ejercer presión y amenazas -miedo a represalias- contra los alumnos.
También la llamada Omisión de Cumplimiento. La ley obliga a los funcionarios a actuar con eficiencia y diligencia. El retraso sistemático es una falta administrativa que debe ser sancionada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.
En lo administrativo, se podría estar incurriendo en Negligencia Administrativa. El descuido en la custodia y trámite de expedientes escolares que derive en un daño patrimonial o profesional al ciudadano.
En el ámbito penal, de comprobarse los hechos podría estarse incurriendo en el Ejercicio Indebido de la Función Pública, si se demuestra que los directivos, como el caso mencionado en San José Iturbide, omiten realizar un acto que les corresponde por ley, afectando a terceros.
Cohecho o Corrupción, si se presume que los retrasos se utilizan como mecanismo de presión para obtener beneficios o favores -sindicales o personales-.
También se podría estar incurriendo en Amenazas y Coacción. El "miedo a represalias" reportado por los alumnos sugiere el delito de coacción, donde se utiliza el poder jerárquico para evitar que el ciudadano ejerza su derecho a la denuncia.
Por lo que toca a los directivos de la UPN 112 -la directora Mtra. Patricia Valadez Ramírez y la subdirectora Maestra María Imelda Valencia López- y de la extensión San José Iturbide -cuya encargada es Emeteria Silva Ruiz-, las sanciones que podrían aplicárseles si se interponen las denuncias correspondientes ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Guanajuato -SEG- o la Fiscalía General del Estado, las sanciones podrían ser Amonestación Pública o Privada, para los casos de retrasos iniciales.
También la Suspensión del Cargo, de 30 a 90 días mientras se investiga la acumulación de expedientes de titulación.
Destitución e Inhabilitación, para ejercer cargos públicos por periodos de 1 a 10 años, especialmente si se llega a comprobar que hubo dolo o daño grave a la vida profesional de los egresados.
Por último, Reparación del Daño, ya que los egresados podrían demandar por la vía civil la indemnización por los salarios caídos o las plazas perdidas debido a la falta de documento oficial.
La situación de la UPN 112 Celaya es particularmente grave porque, al "no dar la cara", el directivo incurre en una responsabilidad solidaria. El abandono de las instalaciones en Acámbaro y el encubrimiento del presunto acoso laboral que se mencionan en los reportes del 2024 y 2025 dibujan un panorama donde la UPN en Guanajuato funciona como un "feudo" y no como una institución académica. #MetroNewsMx
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