El Congreso elimina freno que evitaba excesos en sueldos miembros de Cabildos
Redacción Editorial
-La reforma elimina el único freno moral y técnico que impedía a los ayuntamientos fijar sueldos desproporcionados fuera de toda realidad.
-Bajo el disfraz de la soberanía del artículo 115, los legisladores locales renuncian a su facultad de señalar excesos en la nómina pública.
-Con 29 municipios ya fuera de rango en 2025, la eliminación de topes sugeridos abre la puerta al saqueo legalizado del presupuesto municipal.
La reciente aprobación de la reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos en el Congreso de Guanajuato no es una victoria de la libertad municipal, es una capitulación ética del Poder Legislativo. Al eliminar la facultad de sugerir montos máximos para las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos, los diputados locales han retirado el último espejo de congruencia donde los alcaldes y regidores se veían obligados a contrastar sus ambiciones salariales. (https://congresogto.gob.mx/comunicados/aprueban-eliminar-la-facultad-de-sugerir-las-recomendaciones-de-montos-maximos-de-las-remuneraciones-de-las-personas-integrantes-de-los-ayuntamientos )
El fetiche de la autonomía
El argumento central de quienes votaron a favor, encabezado por la diputada Ruth Noemí Tiscareño, se refugia en una interpretación purista y conveniente del artículo 115 constitucional. Si bien es cierto que el municipio es libre en la administración de su hacienda, la autonomía no es —ni debe ser— sinónimo de autocracia financiera.
Históricamente, las recomendaciones del Congreso servían como un parámetro técnico basado en variables objetivas: densidad poblacional, recaudación de predial y eficiencia administrativa. No eran órdenes, sino brújulas. Al eliminarlas, el Congreso de Guanajuato desmantela un mecanismo de "suave fiscalización" que permitía a la ciudadanía saber, con datos duros, cuándo su cabildo estaba incurriendo en un exceso.
La brecha del privilegio
El impacto social de esta decisión es devastador para la confianza ciudadana. En un estado donde la desigualdad y la inseguridad laceran el tejido social, que el Poder Legislativo decida que ya no quiere "incomodar" a los ayuntamientos con sugerencias de austeridad es un mensaje de absoluta desconexión.
Los datos presentados por el diputado Carlos Abraham Ramos son una bofetada a la realidad económica: en 2025, 29 de los 46 municipios ignoraron las recomendaciones. Casos como San Diego de la Unión, con un exceso del 74%, o Tierra Blanca con el 51%, demuestran que, aun con recomendaciones, la voracidad es alta. Sin ellas, el límite será únicamente el que dicte la audacia de cada regidor.
Desde la perspectiva de la piedad popular y la doctrina social —temas que resuenan en la identidad de nuestra región—, el servicio público debería ser un acto de entrega, no de enriquecimiento. La política en Guanajuato parece alejarse de la "misericordia" hacia el pueblo para abrazar la complacencia hacia la clase política.
Lo que hay detrás del dictamen
¿Qué se esconde tras esta reforma aprobada por mayoría? No es un celo constitucionalista, es un pacto de no agresión. Al eliminar los topes sugeridos, el Congreso estatal se quita de encima la responsabilidad de señalar a los alcaldes de su propio partido -o de los aliados- cuando estos deciden servirse "con la cuchara grande".
Es una estrategia de invisibilización del exceso. Si no hay una cifra oficial contra la cual comparar, el ciudadano común pierde la capacidad de protestar con fundamento técnico. La "ambigüedad" que mencionan los defensores de la reforma es, en realidad, el terreno fértil donde florece la opacidad. Dicen que ya existen leyes de disciplina financiera y auditorías, pero omiten que estas actúan *ex post*, cuando el dinero ya salió de las arcas para engrosar las carteras de los funcionarios.
El Congreso del Estado de Guanajuato ha cometido un error histórico al priorizar la comodidad política sobre la vigilancia ética. Esta reforma es un cheque en blanco para la burocracia dorada de los municipios.
La autonomía municipal no puede ser el escudo que proteja la desproporción salarial. Un regidor en un municipio con alto rezago social no debería ganar más que un médico o un profesor, y mucho menos debería tener la facultad de autoasignarse el sueldo sin que exista, al menos, un parámetro técnico que le recuerde su realidad social. Hoy, Guanajuato es un poco menos transparente y sus políticos, un poco más intocables. #MetroNewsMx