-El Acta 29 se encuentra publicada en la Sección de Transparencia, en la Gaceta Municipal, y revelaría una "emboscada": regidores de San José de Iturbide habrían frenado la obra pública para proteger sus privilegios salariales.
-Ediles sacrificarían el programa de gobierno y recursos federales para chantajear al alcalde a cambio de su sueldo bruto.
-La oposición condicionaría el desarrollo del municipio a cambio de no reducir sus dietas fuera de la norma.
-Regidores usarían la nómina de empleados como una escudo para evitar la austeridad y mantener sus cheques bien aprovisionados.
-El bloque opositor de Iturbide secuestraría la gobernabilidad y pondría en riesgo millones de pesos en obra social.
-Los regidores panistas liderarían un boicot administrativo contra el alcalde Montes de la Vega y contra el voto de la misma síndica María Guadalupe Sinecio tras el exhorto de bajar sueldos.
Las pruebas y testimonios documentales en poder de la redacción de Metro News precisan que el 29 de mayo de 2025, a las 13:30 horas -y que además aparecen en la Gaceta Municipal de San José de Iturbide (https://sji.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/ACTA-NO.-29-SESION-ORDINARIA.pdf ), se instaló en el Salón de Cabildo de San José de Iturbide lo que en apariencia era una sesión ordinaria más.
Sin embargo, el Acta No. 29 hoy se lee como el diario de lo que parecería una emboscada. Bajo el barniz de la "revisión acuciosa", un grupo de regidores de diversas extracciones políticas —pero unidos por el mismo interés de nómina— orquestó un bloqueo administrativo que dejó al municipio sin Programa de Gobierno y sin Plan de Obra Pública, todo como respuesta al intento del Alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, de aplicar la Ley de Austeridad.
El punto cuatro del orden del día parecía un trámite legal: aprobar el Programa de Gobierno 2024-2027, el documento que rige cada acción, peso y proyecto de la administración. Pero empezaría a observarse que la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa ya tenía preparada la acción a seguir.
Con una narrativa que pretendía ser defensora de la legalidad, Ferro Zarazúa solicitó "bajar" el punto, argumentando que el documento no les había sido presentado formalmente. Lo que el acta revela es una contradicción: el alcalde aclaró que el programa fue integrado por el COPLADEM, organismo ciudadano y técnico facultado por ley, y que se entregó al Ayuntamiento con las 24 horas de anticipación que marca la normativa.
Aun así, Ferro Zarazúa insistió en que el documento era "inexistente" para ellos, a pesar de que en la misma sesión admitió haber tenido mesas de trabajo con la titular de Planeación meses atrás. La táctica era clara: no importaba si el plan era bueno o malo, el objetivo era no dejarlo nacer para mantener al alcalde iturbidense contra las cuerdas. Al final, 7 votos a favor de "bajar" el punto confirmaron que la mayoría no quería un programa de gobierno, quería un rehén político.
El segundo golpe: El veto a la Obra Pública
Si el bloqueo al Programa de Gobierno fue grave, el freno a la Obra Pública fue un atentado directo contra las comunidades más necesitadas de Iturbide. En el quinto punto, el alcalde solicitó la aprobación del Programa de Inversión 2025.
Aquí, el regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, y actual secretario del Comité Directivo Municipal del PAN en San José de Iturbide, tomó el relevo en la obstrucción. Basaldúa, utilizando el artículo 20 del Reglamento Interior como escudo, exigió que el plan se fuera a una "mesa de trabajo" con la Comisión de Obra. El argumento parecía ser noble, pero solo en la superficie: "evitar afectaciones" y realizar un "dictamen adecuado".
La realidad que asoma en el acta es otra. El alcalde advirtió que los recursos estatales y federales estaban comprometidos y tenían tiempos perentorios; es decir, cada día de retraso en la "mesa de trabajo" de Basaldúa era un riesgo real de perder millones de pesos para el municipio. Sin embargo, la cerrazón fue total. Con 9 votos a favor, el bloque opositor decidió que el análisis de su comisión era más importante que el inicio de las obras.
La verdadera razón de todo: El punto 14 y la amenaza al bolsillo... de los regidores
¿Por qué tanta resistencia a aprobar proyectos técnicos que ya venían firmados por profesionales del área? La respuesta llegó en el punto 14, solicitado por el Presidente Municipal.
Montes de la Vega exhortó a los miembros del Ayuntamiento a apegarse a las directrices de austeridad marcadas por el Congreso del Estado de Guanajuato respecto a sus salarios. El alcalde fue directo: el municipio enfrentaba retos financieros y era necesario que el cuerpo colegiado se apretara el cinturón.
Fue en ese momento cuando la "fiscalización" mostró su verdadero rostro de extorsión. Uno de los regidores lo verbalizó sin eufemismos: "Me gustaría y estoy de acuerdo [con bajar el sueldo], pero siempre y cuando analicemos todo el Programa de Gobierno... y cuando sea generalizado todo el presupuesto tanto de directores y de los demás".
La frase fue la prueba reina del "plan oscuro": la disposición a bajarse el sueldo estaba condicionada a que se les dejara desmantelar el presupuesto de las direcciones y se les diera control total sobre el Programa de Gobierno. Los regidores convirtieron su salario en una moneda de cambio.
Los "cómplices de la parálisis"
El Acta 29 permite identificar no solo los votos, sino las actitudes que delatan el pacto de obstrucción. El regidor panista Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, actuó como el moderador de la parálisis, insistiendo en trámites burocráticos (dictámenes de comisión) para detener proyectos de obra pública ya avalados por directores técnicos.
La regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, también del PAN fue quien manifestó una actitud fue de confrontación constante, utilizando un lenguaje que pretendía ser técnico pero que buscaba el vacío legal para invalidar la planeación municipal.
Otros más se sumaron al coro de descalificación alegando que en las comparecencias no se les entregó información, preparando así el terreno para el ataque frontal contra los directores de área. y una más, fue quien introdujo la propuesta de una "sesión extraordinaria con carácter de privada" para tratar asuntos de las comparecencias, moviendo el debate del foro público a la secrecía donde se pactaría el golpe salarial al día siguiente.
Las cinco intervenciones del alcalde en el punto 14
En su primera intervención, el alcalde señaló "compañeros integrantes de este Honorable Ayuntamiento, someto a su consideración la propuesta de ajuste a las dietas y sueldos de la administración pública municipal. Esta medida no es un capricho, sino una respuesta directa a la necesidad de optimizar el gasto operativo para reorientar recursos hacia la infraestructura básica que nuestras comunidades rurales tanto demandan."
En su segunda intervención precisó como respuesta a cuestionamientos sobre el presupuesto que "entiendo la preocupación técnica, pero quiero ser muy enfático: el análisis financiero realizado por la Tesorería garantiza que este movimiento no compromete las prestaciones de ley de los trabajadores de base. Estamos hablando de una reducción en la alta jerarquía para fortalecer la operatividad del municipio."
En su tercera intervención precisó la aclaración sobre la vigencia, indicando que "este ajuste entrará en vigor de manera inmediata una vez aprobado por este colegiado, y se verá reflejado en la siguiente nómina sin retroactividad, para asegurar que no haya afectaciones contables al cierre de mes."
La cuarta intervención, que fue la del llamado al voto señaló que "invito a los señores regidores a que votemos con altura de miras. No se trata de afectar a personas, sino de optimizar los recursos que pertenecen a los iturbidenses. Hagamos de esta administración un ejemplo de austeridad real y no solo de discurso."
Finalmente, en su quinta intervención, para el cierre del debate dijo que "he pedido al Secretario del Ayuntamiento que remita copia de este acuerdo a la Auditoría Superior del Estado para que conste nuestra voluntad de transparencia en el manejo de las dietas. No habiendo más participaciones, solicito se proceda a la votación."
La intervención de la síndica María Guadalupe Sinecio Hernández
En el Punto 14 del orden del día de la Sesión Ordinaria número 29 (relativo al análisis y aprobación de la plantilla de personal y tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2025), la Síndica María Guadalupe Sinecio Hernández tuvo una intervención fundamental para fijar la postura sobre la reducción de las dietas del Cabildo.
Su intervención textual y palabra por palabra fue que "siendo congruentes con la propuesta de nuestro Presidente Municipal de trabajar en beneficio de la ciudadanía iturbidense, nos sumamos a la iniciativa de ajustar nuestras dietas a los montos recomendados por el Congreso del Estado de Guanajuato. Es un acto de responsabilidad administrativa y compromiso social."
Esta declaración se produjo durante el debate sobre el presupuesto de egresos y el tabulador salarial. La Síndica fue la encargada de formalizar el respaldo de la fracción mayoritaria a la reducción salarial del alcalde y los miembros del Ayuntamiento, alineándose a los topes sugeridos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para municipios con el perfil demográfico y económico de San José Iturbide.
Frente a este bloque, la síndica municipal, María Guadalupe Sinecio Hernández, se mantuvo como la única voz que intentó clarificar las votaciones y alertar sobre la confusión generada por las propuestas cruzadas de los regidores. El alcalde, por su parte, terminó la sesión advirtiendo que bajar puntos del orden del día de esa manera era un acto "ilegal" que contravenía las facultades del COPLADEM y de la propia ley estatal.
¿Qué reacción tuvieron los regidores tras estas intervenciones del alcalde y la síndica?
Al finalizar la quinta intervención del alcalde Edgar Manuel Montes de la Vega en el punto 14 de la sesión 29, la reacción de los regidores fue de una oposición frontal y un bloqueo legislativo, lo que detonó una crisis de gobernabilidad inmediata en el pleno.
Tras el llamado del alcalde a la "austeridad real", el bloque opositor -encabezado por los integrantes de la fracción blanquiazul, seguido por el resto- no solo rechazó la propuesta, sino que manifestó su molestia a través de las varias acciones asentadas en la narrativa del acta de la sesión 29:
Primero, lo que podría llamarse el argumento del "Escudo de Nómina". Los regidores, encabezados en la discusión por los regidores panistas Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro, reaccionarían argumentando que cualquier recorte debía ser "generalizado". Exigieron que antes de tocar sus dietas -sueldos-, se redujeran los salarios de directores y personal paramunicipal, utilizando la nómina de los empleados de menor rango como una condición o "escudo" para no afectar sus propios ingresos.
También realizaron cuestionamientos de la legalidad procedimental y alegaron que la propuesta no contaba con los "anexos técnicos suficientes" y que el ajuste propuesto por el alcalde violentaba su autonomía como ediles. Luego vino la "votación de bloqueo" con una total actitud política donde la mayoría del Cabildo votó para bajar el punto del orden del día o, en su defecto, rechazar la aprobación del tabulador propuesto, dejando el presupuesto de egresos en el aire.
La sesión terminó en un clima de alta tensión que derivó en lo que podría llamarse la "Rebelión de las Dietas". Al notar que el alcalde no cedería en la publicación del acta donde se proponía la reducción, los regidores forzaron que la siguiente sesión -la No. 30, celebrada al día siguiente- fuera privada. El acta de dicha sesión no aparece en el portal de Transparencia, por considerarse privada, cuando legal y jurídicamente no caería dentro de ese concepto mientras que la sesión 56, que también abordaría después la insistencia del alcalde a bajarse los salarios, tampoco aparece en el portal de transparencia a pesar de que no fue cerrada sino pública. (https://sji.gob.mx/gaceta-municipal/ )
La sesión 29 no fue un ejercicio de contrapeso democrático; fue la introducción de un "Caballo de Troya" legislativo. Los regidores utilizaron su facultad de fiscalización para entrar en las entrañas de la administración y, una vez allí, paralizarla desde adentro.
El mensaje para el pueblo de San José de Iturbide fue desolador: sus calles, sus escuelas y sus servicios públicos quedarían en pausa el 29 de mayo de 2025 porque un grupo de regidores decidió que su sueldo no se tocaba, y que cualquier intento de austeridad sería respondido con el sabotaje total del municipio.
En la siguiente entrega, se analizará cómo este bloqueo se transformó en un pacto secreto de impunidad económica durante la vergonzosa sesión privada 30.
Fuente:
-Gaceta Municipal de San José Iturbide. Portal de Transparencia
-Acta de la Sesión de cabildo No. 29 del Municipio de San José de Iturbide:
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