Redacción Editorial
-La propuesta de CONSUCC y AMIDA ante la Secretaría de Gobierno busca blindar la productividad estatal mediante un acuerdo de rescate nacional.
-La democratización del crédito y el reconocimiento del usufructo parcelario emergen como las llaves legales para financiar al pequeño productor.
-Urge un Sistema Nacional de Comercialización que rescate la agricultura por contrato frente a la volatilidad del mercado globalizado.
El sector rural de Guanajuato se encuentra en un punto de inflexión donde la retórica institucional ya no es suficiente para contener la crisis de viabilidad económica que enfrentan los productores. El reciente encuentro entre Erasto Patiño Soto, dirigente del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC), y el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, no debe leerse como una simple reunión de cortesía política, sino como la presentación de un pliego de urgencia ante la parálisis estructural que amenaza la soberanía alimentaria del estado.
Históricamente, el campo ha sido el pilar de la identidad y la economía en Guanajuato. Sin embargo, la transición hacia un modelo de exportación ha dejado en la vulnerabilidad a miles de pequeños productores que hoy carecen de las herramientas mínimas para competir. El diagnóstico presentado por CONSUCC y AMIDA, que abarca 17 temas prioritarios, pone el dedo en la llaga de una problemática que es tanto legal como financiera: la exclusión del crédito.
La propuesta de utilizar el usufructo parcelario como garantía, bajo el marco de la Ley Agraria, es una medida de estricto sentido común jurídico que ha sido ignorada sistemáticamente por las instituciones financieras. En México, la propiedad social de la tierra ha sido muchas veces un obstáculo para el financiamiento; reconocer legalmente este derecho para facilitar el acceso a capital no es una concesión, sino un acto de justicia económica para quienes poseen la tierra pero carecen de liquidez para sembrarla.
El impacto comunitario de esta desatención es profundo. Sin un Fondo Estatal de Garantías y sin programas incluyentes como el fortalecimiento de la Financiera y el esquema "Tú Puedes Guanajuato", el productor queda a merced de la volatilidad y, peor aún, del abandono de las tierras de cultivo. La solicitud de interlocución con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para gestionar ante la Federación un Sistema Nacional de Comercialización Agropecuaria es un llamado a la gobernanza multinivel. Guanajuato no puede seguir operando como una isla; necesita esquemas de agricultura por contrato que protejan el ingreso del productor frente a los vaivenes de los precios internacionales.
Además de la crisis financiera, el agro enfrenta un desafío existencial: el agua. La agenda de CONSUCC integra la tecnificación del riego y una nueva cultura hídrica con programas específicos por cultivo. En una entidad donde el estrés hídrico es una realidad técnica documentada, la modernización del agro no es una opción estética, sino una necesidad de supervivencia. El extensionismo rural, mediante "agentes de cambio", es la pieza que conecta la tecnología con la labor cotidiana del campesino, reconstruyendo un sistema de asesoría que ha sido desmantelado en los últimos años.
En conclusión, el Acuerdo para el Rescate del Campo propuesto por estas organizaciones campesinas representa una hoja de ruta crítica y sólida. Las leyes en México, como se ha señalado con anterioridad, suelen responder a intereses electorales más que al juicio práctico. Sin embargo, en Guanajuato, la integración de CONSUCC y AMIDA en un Consejo Consultivo y de Planeación para el Desarrollo Rural podría ser el contrapeso necesario para que las políticas públicas dejen de ser ocurrencias sexenales y se conviertan en planes de Estado. El rescate productivo requiere decisiones que trasciendan la voluntad y se conviertan en estructuras legales y financieras permanentes. El tiempo de las promesas ha caducado; el campo demanda realidades. #MetroNewsMx
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