Redacción Editorial
-Bajo la falsa premisa de "información reservada", el bloque opositor forzó una sesión privada para revocar la austeridad salarial y dictar sentencias políticas contra el gabinete del alcalde.
-Golpe al patrimonio: Grupo de regidores de San José de Iturbide sesionan en privado para revocar la austeridad y proteger sus sueldos.
-Opacidad ilegal: Usan "información reservada" como excusa para ocultar el rechazo al recorte salarial en el Cabildo local.
-Cinismo edilicio: Anulan baja de salarios alegando que el acta previa no estaba firmada; un insulto al estado de derecho.
-Venganza política: Tras blindar su sueldo, la mayoría del Cabildo exige purga de directores del equipo del alcalde.
-Pacto de intereses: las diferentes fracciones partidistas, donde sobresale el PAN se unen en sesión secreta para asegurar su propio "cheque pachoncito".
-Transparencia rota: El Ayuntamiento viola el artículo 68 de la Ley Municipal al cerrar sesión para fines de lucro personal.
-"La Rebelión en la granja": Regidores anteponen su bolsillo al pueblo, buscando desmantelar el gabinete en una sesión de la vergüenza.
Si la Sesión 29 fue el ensayo de una extorsión, la Sesión Extraordinaria No. 30, celebrada el 30 de mayo de 2025, -menos de 24 horas después- fue la consumación de un golpe legislativo al patrimonio de San José de Iturbide. En un hecho sin precedentes por su cinismo procedimental, una mayoría de regidores secuestraría la agenda pública para sesionar en "privado". El objetivo no era proteger la seguridad del municipio, sino proteger el bolsillo de quienes, apenas horas antes, habían recibido la bofetada ética de una propuesta de reducción salarial.
Esta es la tercera entrega de la serie de investigación, centrada en la vergonzosa Sesión 30, donde el Cabildo de San José de Iturbide rompería con el principio de máxima publicidad para pactar, en la oscuridad de una sesión privada, la protección de sus intereses económicos y el desmantelamiento del gabinete municipal.
Desde el inicio, la sesión 30 nació viciada. El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, admitió ante el pleno que existían serias dudas sobre si los temas a tratar encuadraban en el supuesto de "información reservada" del artículo 103 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios. Sin embargo, bajo la presión del bloque edilicio, la sesión se cerró al público para evitar que la sociedad iturbidense presenciara cómo sus representantes revocaban, en lo oscurito, el plan de austeridad propuesto por el alcalde.
¿Ignorancia en el conocimiento de las normas o evidente dolo y mala fe?
Para los municipios del estado de Guanajuato, la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato establece la transparencia como regla general, pero contempla excepciones específicas donde la secrecía es necesaria para proteger intereses públicos o la integridad de las personas.
El fundamento principal se encuentra en el Artículo 68, el cual dicta la naturaleza de las sesiones. la regla general es que las sesiones del Ayuntamiento deben ser públicas. Las sesiones privadas, que son una excepción se celebrarán solamente cuando los asuntos a tratar puedan afectar la paz pública, la seguridad del municipio, el honor de las personas, o cuando la ley así lo determine expresamente.
De acuerdo con la normativa y la práctica administrativa en el estado, los supuestos válidos son Seguridad Pública y Paz Social, es decir, cuando se discutan estrategias operativas de la policía, ubicación de sistemas de vigilancia o temas que, de ser públicos, pondrían en riesgo la seguridad de la población o la eficacia de los cuerpos de seguridad. También en casos de Honor y Privacidad, cuando el tema involucre datos sensibles de particulares o de servidores públicos que puedan dañar su reputación o dignidad si se ventilan públicamente sin un proceso concluido.
También se prevé en caso de Responsabilidades Administrativas, cuando se trate de discusiones sobre procedimientos sancionatorios en curso contra funcionarios, donde la reserva es obligatoria para garantizar el debido proceso. Y, finalmente, Asuntos de Emergencia o Contingencia, es decir, situaciones de crisis donde la difusión de información preliminar pueda generar pánico o caos social.
Para que una sesión privada sea legalmente válida, no basta con la voluntad del alcalde o del secretario, se requiere la aprobación del pleno. La propuesta de hacer la sesión privada debe ser sometida a votación y aprobada por la mayoría de los integrantes presentes del Ayuntamiento. Así mismo, la Justificación en el Acta, donde debe quedar constancia en el acta de los motivos legales y de hecho que justifican el carácter privado de la reunión.
Pero, si el argumento principal es: "Vamos a cambiar el sueldo de los regidores y no queremos que la gente se entere aún o se moleste", el argumento es inválido.
Si un Ayuntamiento vota por hacerla privada con esa única justificación, está violando el espíritu de transparencia de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios y podría ser sujeto de recursos de revisión ante el IACIP. En Guanajuato, la tendencia jurídica es que todo lo relativo a dietas, bonos y salarios de funcionarios de alto nivel debe discutirse de cara a la ciudadanía.
El cinismo como técnica legislativa
El punto más infame del orden del día fue el cuarto: la solicitud de los regidores para "dejar sin efectos" la votación de la sesión anterior que buscaba ajustar sus sueldos a los topes del Congreso del Estado. La argumentación de los regidores María de la Luz Zarazúa Monjaraz y Víctor Metodio Basaldúa Vázquez fue un insulto a la inteligencia jurídica: alegaron que, como el acta de la sesión 29 aún no estaba firmada, el acuerdo "no existía" y, por lo tanto, podían anularlo antes de que naciera formalmente.
El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, denunció esta maniobra como un atentado al estado de derecho, advirtiendo que estaban intentando extinguir un acto jurídico ya consumado por el voto público. La respuesta de la mayoría fue implacable. El secretario, en un acto de rendición administrativa, sometió el punto a votación manifestando: "Bajo su más estricta responsabilidad, lo someto a votación". El resultado fue una sentencia contra las arcas municipales: 7 votos a favor y 3 en contra para enterrar la austeridad.
Una vez blindado su salario, los regidores procedieron a ejecutar la segunda parte de su plan: el descabezamiento del gabinete. Utilizando las comparecencias como un tribunal de inquisición política, la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa hizo entrega formal de cinco expedientes para la destitución inmediata de los titulares del Área de Prevención del Delito y Policía de Género, Medio Ambiente y Ecología, Planeación, Gestión y Seguimiento. Dirección de Obras Públicas y Dirección de Atención a Migrantes.
Una de las regidoras exigió la destitución inmediata por "pérdida de confianza", argumentando que "ellos no quieren trabajar". Sin embargo, el trasfondo de esta purga era evidente: castigar a los directores que operaban bajo las órdenes de un Alcalde que osó proponer bajar las dietas del Cabildo.
Todos unidos por el cheque "pachoncito"
Lo más sobresaliente de esta "sesión de la vergüenza" fue la amalgama de colores partidistas subordinados al interés económico. Regidores que en el discurso nacional pregonan la austeridad, se unieron a los ediles del PAN, PRI y MC para formar una muralla contra el recorte salarial.
Otro regidor, quien en la sesión 29 previa había intentado abstenerse, terminó votando en contra del alcalde, sumándose al coro de quienes exigían "examinar y resolver" la permanencia de los directores como una moneda de cambio política. Otro regidor incluso llegó a sugerir que, si el tema no se resolvía internamente, buscaría instancias externas, evidenciando una fractura total e irreversible en el cuerpo colegiado.
La sesión 30 es el testimonio documental de un municipio donde la ley es opcional si interfiere con el ingreso personal de los regidores. Al cerrar las puertas al pueblo, el Cabildo de San José de Iturbide no solo ocultó un debate; ocultó un acuerdo de sobrevivencia financiera de una élite política que ha decidido que, en Iturbide, primero están sus bolsillos y después el pueblo. Se convirtió el asunto en una verdadera "Rebelión en la Granja"
El alcalde -y la síndica-, reducidos a simples espectadores de la ilegalidad que sus propios regidores validaron con la mano levantada. Así, se cerró la sesión a las 13:00 horas. Pero el daño ya estaba hecho: la austeridad había muerto en lo privado para que los regidores pudieran seguir viviendo con lujos en lo público.
En la cuarta entrega, podrá observarse como 26 sesiones después repetirían la escenita, "mandando por un tubo" la austeridad, pero ahora sí, en una sesión abierta. #MetroNewsMx
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