Redacción Editorial
-En un cierre de año marcado por el atropello a la legalidad, el bloque opositor aprobó el Presupuesto 2026 "convalidando" irregularidades y sepultando definitivamente el ajuste salarial en San José de Iturbide.
Si alguien esperaba que la sensatez o el respeto a la Ley Orgánica Municipal regresaran al Salón de Cabildo de San José de Iturbide al finalizar el 2025, la Sesión Ordinaria número 56, celebrada el 30 de diciembre a las 18:00 horas, terminó por sepultar esa esperanza. Lo que debió ser un ejercicio de responsabilidad financiera para el ejercicio fiscal 2026, se convirtió en la última coreografía de un Cabildo que, bajo la mayoría de ocho votos, decidió que la legalidad es opcional cuando se trata de asegurar el flujo de recursos para sus propios intereses.
Esta es la cuarta entrega de la serie de investigación. En este reporte, se desnuda la Sesión Ordinaria No. 56, celebrada el 30 de diciembre de 2025. En esta sesión, el Cabildo cerró el año consolidando el blindaje de sus ingresos mediante un Presupuesto de Egresos 2026 aprobado a empujones, ignorando los vicios de ilegalidad en la convocatoria y aplastando, una vez más, la propuesta de austeridad del alcalde.
Un detalle que es digno de señalar es que el acta de la sesión 29, donde inició la actitud del grupo de regidores que buscaban proteger su cheque de dieta, sí aparece publicada en la sección de transparencia del municipio, en la Gaceta Municipal. La sesión 30, que señalaron como cerrada no aparece, pero lo que es inexplicable es la falta del acta No. 56, que fue abierta y que, en el marco de las obligaciones del secretario del Cabildo iturbidense, Raúl Tapia, debió de haber enviado para su publicación en el espacio de Transparencia.
El secretario del Cabildo de San José de Iturbide, ¿actuó de manera amañada?
Hay una información que se desprende de las tres actas de cabildo analizadas en esta serie del reportaje denominado "San José de Iturbide: ¿Regidores saquean cínicamente al municipio?" y que es la pieza de convicción que faltaba para confirmar que en San José de Iturbide se operó una estrategia de ocultamiento deliberado.
Si el Acta 29 está publicada -donde los regidores aún guardarían las formas de "fiscalizadores"-, pero la Acta 30 -privada- y la Acta 56 -Cierre de año- están ocultas al ojo público, se estaría ante una violación sistemática al principio de "Máxima Publicidad" que rige la transparencia en Guanajuato.
El hecho lleva a mostrar una gama de posibilidades y la "jugarreta" técnica en la que el Secretario del Ayuntamiento es la pieza central.
Primero, el "agujero negro" de la sesión 30: Ocultar el probable peculado. La razón por la cual no aparece el Acta 30 es porque en ella se documentaría la prueba del delito. Como se analizó en la pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ), en esa sesión se revocó un acuerdo de austeridad para beneficio personal.
Segundo, al no publicarla, el secretario y los regidores evitan que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso de inconformidad o una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de manera inmediata.
Al marcarla como "privada", intentan darle un blindaje de "información reservada", aunque la ley es clara: el manejo de recursos públicos y salarios jamás puede ser reservado. El grupo de regidores, sumado el secretario está usando la clasificación de "privada" como un escudo ilegal para ocultar el pacto de sueldos.
El hecho de que no aparezca el acta 56, donde el Alcalde volvió a insistir en la austeridad, sugiere un intento de borrar la evidencia de la resistencia.
En esa sesión, el bloque de 8 regidores -liderado por la moción de Víctor Metodio Basaldúa- obligó a bajar el punto de los sueldos. Al no publicarla, evitan que el pueblo sepa que, meses después del primer escándalo, el Cabildo seguía en rebeldía contra las recomendaciones del Congreso. El secretario es quien alimenta el portal de Transparencia o remite las actas a la Gaceta. El hecho de que "se olvide" publicar precisamente las actas donde hay conflicto salarial demuestra una línea de acción para proteger al bloque mayoritario.
La posible "jugarreta" del secretario contra el alcalde y la síndica
El Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez parecería que no es un espectador; es el operador de la sombra. La que podría ser una traición al alcalde, a la síndica y al pueblo se manifiesta en tres niveles. Primero, en lo administrativo ya que al no publicar las actas, impide que la síndica -como representante legal del municipio- tenga los elementos públicos para proceder contra los acuerdos nulos. El secretario podría estar "secuestrando" la fe pública.
A nivel político, la duda sobre el actuard el secretario se daría al publicar solo la Sesión 29, proyecta una imagen de un Cabildo que "trabaja y fiscaliza", ocultando la Sesión 30 -que se manejaría ilícitamente como cerrada- donde se volverían los regidores iturbidenses "mercenarios" de su propia dieta, se estaría evidenciando una manipulación de la percepción pública. Finalmente, el nivel de obstrucción, ya que el Secretario sabría que si las actas no están en la Gaceta, se dificultaría el acceso a la justicia para los ciudadanos que quisieran impugnar el Presupuesto 2026.
Lo que pensaría en este caso es que posiblemente se dio una conspiración técnica. El bloque de regidores puso los votos, pero el secretario puso la "maña" jurídica. Así, en la sesión 29, midieron fuerzas. En la sesión 30, asaltaron el erario en la oscuridad -y por eso la hacen cerrada y no la publican- y en la sesión 56 consolidarían el botín para el 2026 -y por eso también la esconden-.
El secretario del Ayuntamiento sería responsable de una "jugarreta" de ocultamiento de información pública oficial. Bajo la Ley de Transparencia de Guanajuato, ocultar actas de cabildo donde se manejan recursos es una falta grave que amerita la intervención inmediata del IACIP -Instituto de Acceso a la Información Pública- y de la Auditoría Superior (ASEG).
Sí. Eso que usted estaría pensando sería la realidad, la impresión correcta. La ausencia de esas actas en Transparencia es el reconocimiento tácito de su culpabilidad. No las publican porque el contenido de esas actas es la confesión de su propio saqueo.
El atropello a la convocatoria: "convalidar" la ilegalidad
La sesión 56 inició con una denuncia contundente por parte de la regidora Hilda Carolina Ferro Zarazúa, quien en esta ocasión señalaría una falta técnica grave: la violación a los tiempos de convocatoria y la falta de anexos esenciales para la votación. Según Ferro Zarazúa, el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026 no fue entregado con las 24 horas de anticipación que exige la ley, lo que dejaba al pleno en una situación de indefensión informativa.
Sin embargo, en un giro cínico que quedará para los anales de la mala administración municipal, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Adolfo Tapia Ramírez, ante el cuestionamiento de si se le daría seguimiento a una sesión con tales deficiencias, respondió: "Se convalida con la decisión de la mayoría". Con esta frase, el secretario admitió que para este Ayuntamiento, la fuerza de los votos de un bloque es superior al rigor de la ley que rige a los municipios de Guanajuato.
El momento más revelador de la sesión ocurrió durante la aprobación del orden del día. El regidor Víctor Metodio Basaldúa Vázquez solicitó bajar el punto número 7, que correspondía nuevamente al análisis de los sueldos y salarios.
El alcalde, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, hizo un último esfuerzo por invocar la cordura: "Nuevamente un servidor los exhorta a que los sueldos y salarios del Honorable Ayuntamiento nos apeguemos a lo dispuesto y recomendado por el Congreso Local del Estado". Recordó que su propio sueldo no había sufrido aumento y que era imperativo seguir los topes de austeridad.
La respuesta fue un portazo seco. Con 8 votos a favor de bajar el punto y solo 2 en contra -el alcalde y la síndica-, el bloque opositor decidió que el tema de sus salarios no se discutiría más. Con esta acción, el Cabildo de San José de Iturbide cerró el año en rebeldía abierta contra las recomendaciones del Poder Legislativo Estatal.
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, se dio bajo una atmósfera de sospecha. La regidora Lorena Reséndiz Vázquez denunciaría que el Tesorero Municipal, habría hecho caso omiso a los acuerdos tomados en tres mesas de trabajo previas.
Reséndiz Vázquez votó en contra del dictamen 16/CHYCP/2025, acusando que el Tesorero no estaba cumpliendo con la ley ni con las indicaciones para ajustar el presupuesto conforme a derecho. Por su parte, la regidora María de la Luz Zarazúa Monjaraz y el regidor Celso Antonio Mata Minutti emitieron un voto a favor "con salvedades", pretendiendo que se anexaran adecuaciones posteriores.
Jurídicamente, esta postura es un sinsentido: votar a favor de un documento bajo la promesa de que se cambiará después es otorgar un cheque en blanco a una administración financiera que ellos mismos han calificado de opaca.
El análisis del "plan oscuro": Las comisiones como coartada
Ante los reclamos de la regidora Ferro sobre la ilegalidad de las mesas de trabajo no reconocidas por la ley, el alcalde utilizó una lógica que, aunque técnicamente correcta, desnudó la parálisis operativa del municipio. Montes de la Vega señaló que las comisiones son las encargadas de dictaminar y que el Ayuntamiento en pleno debe decidir de manera individual.
Sin embargo, el resultado de ese "trabajo de comisión" fue un presupuesto aprobado sin dictámenes entregados a tiempo, sin anexos completos y con la oposición de las mismas regidoras que horas antes habían trabajado en él. Esto evidencia que el control presupuestal de San José de Iturbide no está en manos de la técnica contable, sino de un pacto político de mayoría que ignora el reglamento interior cuando este le estorba.
La Sesión 56 fue el moño de un año de saqueo institucionalizado. Al aprobar las disposiciones administrativas de recaudación y los Lineamientos de Austeridad -estos últimos de manera meramente decorativa, dado que no se aplicaron a sus propias dietas-, el Cabildo garantizó su supervivencia económica para el 2026.
Los nombres de quienes votaron por bajar el tema de los sueldos y aprobar un presupuesto viciado son los mismos que iniciaron la "rebelión" en mayo y donde el principales cabecillas lo fueron Víctor Metodio Basaldúa e Hilda Carolina Ferro.
San José de Iturbide terminó el 2025 con un presupuesto de más de 500 millones de pesos manejado por un cuerpo de regidores que ha demostrado que su prioridad absoluta es el blindaje de su cheque. La austeridad fue, durante todo el año, un discurso para los demás y una molestia para ellos. #MetroNewsMx
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