Redacción
-Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido desnaturalizadas por gobiernos que las usan como operadores civiles y económicos.
-Ejército, Marina y Fuerza Aérea ejecutan megaproyectos, controlan aduanas y vigilan calles, lejos de su misión constitucional.
-La subordinación militar al poder civil se ha erosionado, generando opacidad, concentración de poder y desgaste institucional.
Una pregunta se hace obligada en estos momentos aciagos para México. La desnaturalización de las Fuerzas Armadas mexicanas ¿tiene sus raíces en los políticos?
En México, las Fuerzas Armadas han sido históricamente concebidas como instituciones de defensa nacional, garantes de la soberanía, la seguridad interior y el orden constitucional.
Sin embargo, en las últimas dos décadas, su papel ha sido transformado radicalmente por decisiones políticas que han desdibujado sus funciones originales, colocándolas en el centro de tareas civiles, económicas, sociales e incluso ideológicas (https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/23/cuando-los-militares-se-meten-en-politica-partidista-la-democracia-peligra-hrw-alerto-por-el-discurso-del-titular-de-la-sedena/ ).
Esta mutación institucional ha llevado a muchos analistas a sostener que los políticos han “prostituido” al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, es decir, los han convertido en instrumentos de poder ajenos a su vocación castrense.
De guardianes de la soberanía a operadores civiles
La militarización de funciones civiles comenzó formalmente en el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), cuando se desplegó al Ejército en tareas de seguridad pública bajo el argumento de combatir al narcotráfico. Esta decisión, aunque presentada como temporal, sentó las bases para una expansión sin precedentes del poder militar en la vida pública.
Enrique Peña Nieto continuó esta tendencia, y Andrés Manuel López Obrador la profundizó al crear la Guardia Nacional, inicialmente como cuerpo civil, pero luego adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta lógica se ha consolidado. Las Fuerzas Armadas no solo patrullan calles: construyen aeropuertos, operan trenes, administran aduanas, vigilan fronteras, distribuyen vacunas, controlan puertos y participan en programas sociales.
Según el informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2007 y 2021, Ejército y Marina acumularon al menos 246 funciones civiles, muchas de ellas sin supervisión civil ni rendición de cuentas. (https://contralacorrupcion.mx/encuesta-mcci-reforma-2022/como-vivimos-mexicanas-y-mexicanos-la-corrupcion/militarizacion-militarismo-y-corrupcion/ )
El poder económico de los militares
Uno de los aspectos más preocupantes de esta transformación es el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas. Bajo el argumento de eficiencia y honestidad, se les han asignado contratos multimillonarios para obras públicas, sin los controles que rigen a otras dependencias.
La SEDENA, por ejemplo, administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otros megaproyectos.
Además, se han creado empresas militares con autonomía financiera, como la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Olmeca-Maya-Mexica, que opera bajo lógica comercial pero con privilegios fiscales y opacidad presupuestaria.
Esto ha generado una concentración de poder económico sin precedentes en manos castrenses, lo que rompe con el principio republicano de subordinación militar al poder civil.
Corrupción, impunidad y silencio institucional
La expansión de funciones ha traído consigo escándalos de corrupción que involucran a mandos militares. El caso del “huachicol fiscal”, que derivó en la detención de una vicealmirante y otros funcionarios ligados a redes de contrabando, es solo uno de varios ejemplos.
Aunque la presidenta Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero han negado vínculos entre suicidios recientes de mandos navales y estas investigaciones, el contexto institucional sugiere una presión interna creciente.
El suicidio del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en una práctica de tiro, han sido interpretados por algunos sectores como síntomas de una crisis moral dentro de la Marina. La falta de transparencia en estos casos, sumada a la negativa oficial de relacionarlos con investigaciones en curso, refuerza la percepción de que las Fuerzas Armadas están atrapadas entre el deber institucional y los intereses políticos.
La erosión del pacto republicano
La prostitución institucional de las Fuerzas Armadas no solo implica su uso indebido, sino la erosión del pacto republicano que establece la subordinación del poder militar al civil. Cuando los políticos convierten a los militares en constructores, vigilantes, empresarios y promotores sociales, los exponen a la crítica pública, los desgastan moralmente y los colocan en el centro de conflictos que no les corresponden.
Además, esta transformación ha debilitado a las instituciones civiles, que han sido desplazadas por cuerpos castrenses bajo el argumento de eficiencia. En lugar de fortalecer la administración pública, se ha optado por militarizarla, lo que genera dependencia, opacidad y concentración de poder.
Cuando se decidió separar al ejército de la política
La separación de los militares de la vida política en México fue un proceso largo y complejo, marcado por momentos clave que reflejan el vaivén entre el poder castrense y el civil.
En las décadas de 1920 y 1930, tras la Revolución Mexicana, fue cuando se comenzó a institucionalizar la separación entre el poder militar y el poder político.
-Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina entre 1924 y 1931, fue el arquitecto de esta transformación. Promovió la profesionalización del Ejército, la eliminación de caudillos armados y la subordinación militar al poder civil.
- Se impulsó la creación de un Ejército Nacional con disciplina institucional, alejándolo de las lealtades personales que caracterizaron la lucha revolucionaria.
- El Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, fundado en 1929, absorbió el poder político y desplazó a los militares como actores directos del gobierno.
Este proceso culminó en una doctrina no escrita: los militares no debían intervenir en política, y su papel debía limitarse a la defensa nacional y el orden interno.
¿Cuándo se decidió que regresaran?
El retorno de los militares a la vida política y civil comenzó de forma gradual, pero se consolidó en el siglo XXI:
-Felipe Calderón (2006–2012): desplegó al Ejército en tareas de seguridad pública para combatir al narcotráfico, rompiendo el pacto de no intervención política.
-Enrique Peña Nieto (2012–2018): mantuvo esta estrategia, pero con menor protagonismo castrense.
-Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): profundizó la militarización, asignando a las Fuerzas Armadas tareas civiles, económicas y sociales, a pesar de que había argumentado de el ejército debía estar en los cuarteles y no en la calle (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-era-cuando-amlo-prometia-regresar-los-militares-los-cuarteles/ ) para luego mostrar un "siempre no". (https://aristeguinoticias.com/0609/mexico/cambie-de-opinion-amlo-sobre-regreso-de-militares-a-los-cuarteles/ )
- Creación de la Guardia Nacional, luego adscrita a la SEDENA.
- Administración de aeropuertos, aduanas, trenes, puertos y programas sociales.
- Formación de empresas militares con autonomía financiera.
- Claudia Sheinbaum (2024–presente): ha continuado esta lógica, consolidando el papel de las Fuerzas Armadas como operadores del Estado, lo que muchos analistas consideran una regresión al poder político militar.
Traición a su historia y amenaza al equilibrio democrático
La tesis de que los políticos han "prostituido" al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina mexicanas encuentra sustento en hechos verificables, documentos oficiales, reportes periodísticos y análisis institucionales. La desnaturalización de sus funciones, el empoderamiento económico, la opacidad operativa y la exposición a escándalos son síntomas de una crisis estructural que exige revisión profunda.
Las Fuerzas Armadas deben ser respetadas, fortalecidas y preservadas en su misión constitucional. Usarlas como instrumento político es no solo una traición a su historia, sino una amenaza al equilibrio democrático. El honor militar no se negocia, y su defensa comienza por devolverles su lugar legítimo: el de guardianes de la soberanía, no operadores del poder. #MetroNewsMx
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