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Redacción Editorial

-Nepotismo y complicidad: El rostro de la "esperanza" en Celaya
-La regidora de Movimiento Ciudadano, Carmen Ortiz Jamaica, es señalada como presunta defensora legal de su hermano en un caso de estafa y robo.
-El poder público utilizado como blindaje jurídico para proteger intereses familiares por encima de la justicia ciudadana.
-Una empresaria local denuncia el robo de electrodomésticos y el abandono de una obra tras pagar 1.5 millones de pesos.
-La indiferencia de la representante popular ante los reclamos de las víctimas confirma la desconexión moral con su cargo.
-El silencio institucional y la "tapadera" familiar erosionan la ya frágil confianza en el Ayuntamiento de Celaya.

El fuero de la sangre y la ética de bolsillo

Los periodistas Lynnet Rubio y Marco Mancera, exhiben a través de VIA en un trabajo profesional periodístico, presentan un caso vergonzoso que va de la mano con la realidad de la administración municipal de Juan Miguel Ramírez Sánchez, nepotismo y corrupción. 

Lo que se evidencia en la denuncia contra la regidora de Movimiento Ciudadano en Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, no es solo un pleito entre particulares; es el retrato hablado de la degradación del servicio público convertida en despacho de defensa familiar. Cuando una representante del pueblo decide cambiar el interés general por la protección jurídica de un hermano acusado de estafa y robo, el cargo de regidora deja de ser una responsabilidad civil para convertirse en un escudo de impunidad.



La estafa como método, el silencio como respuesta

El testimonio de la empresaria afectada es devastador por su sencillez: un pago de un millón y medio de pesos, una obra inconclusa y el robo literal de electrodomésticos bajo el pretexto de "resguardarlos". Sin embargo, el filo de esta indignación no corta por la acción del hermano, Juan Ortiz Jamaica, sino por la participación activa de la regidora, quien, según la denuncia, fungió como abogada defensora a pesar de conocer de antemano el origen ilícito del conflicto.

Resulta éticamente insostenible que una integrante del Ayuntamiento de Celaya se siente en el pleno para discutir el futuro de la ciudad, mientras en los juzgados penales batalla para evitar que su familia responda por actos de rapiña doméstica y fraude comercial.

El cinismo del "no sé dónde está"

La respuesta de la regidora ante los reclamos de la víctima —un recurrente "no sé dónde está mi hermano"— es de una pobreza moral absoluta. No es solo indiferencia; es complicidad activa por omisión. Al negar el paradero de los responsables y mostrar una "indiferencia sistemática" ante los medios de comunicación, Ortiz Jamaica no solo le falla a una ciudadana, sino que traiciona los principios de honestidad y transparencia que su propio partido suele pregonar.

El cargo público como "tapadera"

El periodismo local lo define con claridad: la regidora está actuando como una "tapadera". En un estado como Guanajuato, donde la violencia y la falta de estado de derecho son el pan de cada día, que una autoridad municipal utilice su influencia y conocimientos legales para blindar a presuntos delincuentes dentro de su propio árbol genealógico es un mensaje perverso para la sociedad.

Si para recuperar lo robado la víctima tuvo que enfrentarse no solo al estafador, sino a la estructura legal encabezada por una regidora, estamos ante un caso de abuso de poder simbólico y material. Celaya no necesita representantes que litiguen a favor de la infamia familiar; necesita servidores que entiendan que su primera lealtad es con la ley, no con la sangre.

Transcripción de la nota y entrevista con "Mari" y los periodistas Lynett Rubio y Marco Mancera

Lynnet Rubio: 
Recibimos en la redacción de Vía Noticias una denuncia por parte de una empresaria de Celaya de un negocio muy conocido de la ciudad que lamentablemente fue estafada por un hermano de la regidora Carmen Ortiz Jamaica de Movimiento Ciudadano en el municipio de Celaya. Este hombre, que al parecer se dedica a la construcción y tiene una empresa de la cual conocerán durante la nota de mi compañero Marco Mancera, pues le ofreció sus servicios, le quedó muy mal, le robó los electrodomésticos de su casa y no ha terminado de entregarle la obra que ella pagó para que le llevaran a cabo. El problema es este, pero el mayor problema es que quien ha estado defendiendo como abogada a su hermano es la propia regidora del Ayuntamiento, Carmen Ortiz Jamaica, en lo que pareciera pues que es el aprovechar su posición como regidora para defender al hermano que lamentablemente estafó a esta empresaria celayense. Aquí le presentamos todos los detalles de esta denuncia.

Marco Mancera: 
La regidora del Ayuntamiento de Celaya, Carmen Ortiz Jamaica, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una conocida empresaria celayense, a quien llamaremos Mari por seguridad, hiciera pública una grave denuncia ante Vía Noticias. De acuerdo con su testimonio, Juan Ortiz Jamaica, hermano de la regidora, a través de su empresa Jaro Construcciones, habría dejado inconclusa la construcción de su vivienda pese a haber recibido un pago anticipado de alrededor de un millón y medio de pesos. La empresaria señala que además de dejar la obra a medias y con materiales de baja calidad, tuvo que interponer una denuncia penal por el presunto robo de electrodomésticos cometido asegura por los hermanos de la regidora.

Empresaria "Mari": 
Este... nunca me entregaron ni nada y aparte de de que me iban a entregar me robaron todos mis electrodomésticos.

Marco Mancera: 
¿cómo fue esa parte?

Empresaria "Mari": 
ellos me llevaron a Whirlpool y ellos me dijeron: Oiga señora dice antes de que usted termine su casa para no dejarlos ahí no se los vayan a robar ¿por qué no los resguardo?

Marco Mancera: 
Era ¿una bodega de ellos o qué?

Empresaria "Mari": 
sí, bodega de ellos y me dijo ahí dijo: Cuando nosotros terminemos su casa yo se los ponemos y nunca me los nunca se los entregaron. Nunca me los entregaron hasta que yo hice la demanda, demanda que yo ya tengo y este entonces yo le anduve buscando a a Hugo a su hijo a él a Juan Ortiz y a este Hugo su hijo del señor.

Marco Mancera: 
¿con quién se hizo el trato? ¿con Hugo?

Empresaria Mari: 
no, con el con el papá... con con Juan con Juan Ortiz él exingeniero exingeniero hermano de la regidora regidora que ahora tenemos es hermano y todo es la la regidora Carmen Ortiz Jamaica y este entonces yo los anduve buscando y todo eso. Entonces cuando yo demandé a a este Hugo porque fue quien se robó todos mis electrodomésticos y pues puse también a su papá entonces está su defensora está Carmen Carmen Ortiz Jamaica a su defensora y ella sabía de antemano que su hermano me había robado y que no había terminado mi casa.

Marco Mancera: 
En dicho proceso Carmen Ortiz Jamaica defendió legalmente a su familia perdiendo el caso. Pese a ello aún se le adeuda cerca de un millón de pesos además de los gastos por reparaciones situación que quedó asentada en un acta notariada. La denunciante afirma estar cansada de cobrar y de que la regidora niegue el paradero de sus hermanos.

Empresaria Mari: 
Ella varias veces que yo me la encuentro le digo: Oye dile a tu hermano que me pague. Y siempre me dice: Es que no sé yo no sé es que no sé dónde está no sé qué tal por favor. O sea ¿cómo no saber o sea o sea pues lavándose las manos y creo que no se me hace justo porque ella de antemano sabe de que que me deben ellos y ella cuando yo metí la demanda yo la volví a ver ahí en los juzgados y le dije.

Marco Mancera: 
¿metió una demanda penal?

Empresaria Mari: 
sí por el robo de los electrodomésticos ahí te la gané ya la gané el otro año me la pagan y eso porque gracias a Dios tuve buenos jueces y ya no les convino y qué casualidad que me pagaron cuando el juez ya les dice lo que me tienen que pagar luego luego me fueron a dejar mi lana o sea primero me hicieron gastar. Sigue inconclusa y yo la tuve que terminar y he gastado y hasta la fecha sigo gastando dinero pues que me pague que me dé o sea que me pague lo lo que me robó que me pague mis daños nada más yo no le estoy pidiendo nada yo estoy pidiendo lo justo qué poca madre la verdad o sea sinceramente que poca madre que tengan dignidad y más sabiendo sabiendo antes y después que ella sabe de antemano que ellos no me han pagado y ella quedó con el abogado de acercarse para llegar a un acuerdo y fecha que nunca llegó.

Lynnet Rubio: 
Vale la pena resaltar que la primera denuncia hecha por la empresaria celayense ya se ganó en el ámbito de lo penal y tuvieron que devolverle o pagarle los electrodomésticos que le habían robado ahora interpondrá una nueva denuncia en contra de este constructor a fin de que repare las cosas que faltaron en la casa y bueno pues ojalá que la regidora la piense dos veces antes de seguir defendiendo a su hermano en lugar de hacer frente a sus responsabilidades. Quiero decirle que personalmente me comuniqué con la regidora Carmen Ortiz Jamaica para decirle sobre esta denuncia y nunca mostró interés ni siquiera un poco de interés en acercarse a esta redacción para poder aclarar este asunto. Hablamos de esta denuncia con el propósito de que las partes interesadas conocieran de esta situación y llegara a un acuerdo y sistemáticamente pues mostró indiferencia para poder resolver este asunto entre particulares. Una pena que quienes hoy están en un cargo público y que deberían de conducirse con verticalidad con honestidad pues lamentablemente estén siendo tapaderas de estos casos.

En qué delitos o faltas podría haber incurrido la regidora por esta intervención 

Para analizar los posibles delitos en los que podría incurrir la regidora, es necesario considerar su calidad de servidora pública y el uso de su influencia para beneficiar a un familiar directo.

Posibles Figuras Delictivas o Administrativas

-Tráfico de Influencias: Este delito se configura cuando un servidor público utiliza su jerarquía, cargo o relaciones para promover la resolución de un asunto particular en beneficio propio o de un tercero -en este caso, su hermano- con quien tenga vínculos familiares.
-Abuso de Autoridad: Si la regidora realizó gestiones oficiales, llamadas a autoridades judiciales o ministeriales, o utilizó recursos del ayuntamiento para intervenir en el proceso legal de su hermano, estaría excediendo las facultades que la ley le confiere.
-Ejercicio Indebido de Funciones: Al involucrarse en un proceso judicial que no compete a sus atribuciones como regidora, buscando alterar el curso de la justicia o presionar a las partes involucradas.
-Conflicto de Interés: Aunque es una falta administrativa grave antes que un delito penal, el no haberse excusado o el haber intervenido activamente en un asunto donde hay un interés familiar directo contraviene la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El hecho de que "perdiera el caso" sugiere que, a pesar del parentesco y la posición política, el sistema judicial -en esta instancia- no cedió ante posibles presiones. Sin embargo, en el marco jurídico mexicano, la tentativa de influir o el simple hecho de utilizar el cargo para gestionar beneficios personales ya es punible, independientemente de si el resultado final fue favorable o no para el familiar.

Esto refuerza la percepción de que muchas veces las leyes se ven supeditadas a intereses políticos, pero cuando estos se exhiben públicamente, la presión social puede obligar al cumplimiento del Estado de Derecho. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-La omisión institucional frente a las agresiones contra la prensa es un mensaje de impunidad.
-A diez meses de promesas incumplidas, el gremio periodístico denuncia una opacidad sistemática.
-La ausencia del Fiscal en el Consejo de Protección evidencia el desdén por la seguridad de los comunicadores.
-Antecedentes periodísticos de agresividad de la Fiscalía contra reporteros demuestran no sólo desdén, sino desprecio
-Periodistas enfrentan hostigamiento policial y municipal en un contexto de violencia desbordada.
-La ONU y la Unión Europea atestiguan la urgencia de justicia tras años de crímenes sin castigo.

La impunidad como política de Estado

El posicionamiento emitido este 3 de febrero de 2026 por las y los periodistas de Guanajuato no es solo una exigencia de información; es el diagnóstico de una democracia herida. Lo que el gremio pone sobre la mesa es una realidad lacerante: en Guanajuato, la palabra empeñada por las autoridades tiene un peso nulo frente al silencio de los fusiles y la opacidad de los escritorios.

La simulación como respuesta

El incumplimiento del compromiso asumido el 10 de marzo de 2025 por el Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, no es un descuido administrativo. Es una decisión política. Al no informar sobre los avances en las investigaciones de asesinatos y desapariciones, el Estado no solo desprotege a la víctima, sino que le otorga un mensaqje de permiso al victimario. La impunidad es, en sí misma, una forma de agresión que envía un mensaje contundente: silenciar a un periodista en Guanajuato no tiene consecuencias.

Lo peor del caso, es que la misma Fiscalía, a través de su titular Gerardo Vázquez Alatriste (https://www.metronewsmx.com/2025/09/fiscal-de-guanajuato-palmando.html ) o de sus empleados de segunda clase (https://www.metronewsmx.com/2025/10/editorial-fiscalia-de-guanajuato.html ), agreden a los periodistas, en lo que enfatiza más no sólo la falta de respeto a quienes ejercemos la alta responsabilidad de informar y darle voz a los que no la tienen, sino un mensaje de desprecio evidente.


El vacío en la silla de la justicia

Resulta particularmente alarmante la ausencia reiterada del Fiscal General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección. Este vacío institucional es simbólico: representa la desconexión entre la procuración de justicia y la prevención. Si quien debe investigar los delitos no se digna a participar en los mecanismos de protección, el mensaje para el gremio es de total indefensión. La protección no puede ser una política de "buena voluntad", sino una obligación constitucional que hoy parece estar en pausa.

El doble frente: Actores fácticos y públicos

El análisis del gremio destaca una pinza de presión asfixiante. Por un lado, la violencia criminal que azota la entidad; por el otro, el hostigamiento de autoridades municipales y corporaciones policiacas. Es una ironía trágica que las mismas fuerzas que deberían garantizar el orden sean señaladas como agentes de acoso. Bajo esta estructura, el periodismo en campo se convierte en un acto de fe y resistencia, donde el riesgo no solo viene de la sombra, sino también de la luz pública.

La mirada internacional y el reto local

La presencia de organismos como la ONU y la Unión Europea subraya que el caso Guanajuato ya no es un asunto doméstico, sino una crisis de derechos humanos con eco internacional. La exigencia de un informe público y verificable sobre casos emblemáticos —más allá del solitario avance en el asesinato de Israel Vázquez Rangel— es el último llamado a la transparencia.

Sin sentencias condenatorias, el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión es letra muerta. Para que la confianza se restablezca, el Estado debe entender que la libertad de prensa no es una concesión gubernamental, sino la columna vertebral de una sociedad libre. En Guanajuato, esa columna está fracturada por la desidia y la opacidad.

El texto de la carta de posicionamiento de los periodistas guanajuatenses

Guanajuato, Guanajuato  03 de febrero del 2026. 

Posicionamiento de periodistas:

A más de diez meses de la reunión sostenida el 10 de marzo de 2025 con autoridades estatales, entre ellas el Fiscal General de Justicia de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, las y los periodistas de Guanajuato constatamos el incumplimiento del compromiso de informar periódicamente sobre los avances en las investigaciones de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en la entidad.

Dicho compromiso fue asumido tras un pronunciamiento público firmado por 126 periodistas, medios de comunicación y colectivos de búsqueda, como una medida mínima para garantizar verdad, justicia y no repetición. Sin embargo, hasta hoy no se ha entregado información formal, sistemática ni pública ni al gremio ni a las familias de las víctimas, lo que profundiza un clima de indefensión, opacidad e impunidad.

En ese contexto, los periodistas salen todos los días a realizar su trabajo en campo en un estado marcado por altos niveles de violencia, pero también enfrentan hostigamiento de parte de autoridades, principalmente del ámbito municipal, así como de elementos de corporaciones policiacas y fuerzas armadas. Los crímenes contra la prensa incrementan nuestra vulnerabilidad y la  impunidad de estos delitos envía un mensaje de tolerancia frente a quienes buscan silenciar el ejercicio periodístico, tanto de actores públicos como fácticos. 

Por el contrario, que esta Fiscalía logre llevar a los responsables ante la justicia y su trabajo de investigación derive en sentencias condenatorias, sería un contundente mensaje desde el Estado para frenar cualquier agresión contra el ejercicio periodístico y el derecho a informar. 

Nos preocupa además la reiterada ausencia del titular de la Fiscalía General en las sesiones del Consejo Estatal de Protección, lo que vemos como una falta de compromiso para atender de manera seria y responsable la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En el marco de la visita y presentación “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, con la participación de personal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, resulta impostergable que el Estado de Guanajuato rinda un informe público y verificable sobre:

-El avance real de las investigaciones por asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, pues a excepción del caso de Israel Vázquez Rangel, caso en el que en 2023 se emitieron sentencias condenatorias en contra de dos autores del crimen, no hay ni sentencias y mucho menos personas detenidas en otros asuntos. 
-La aplicación efectiva del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
-Las sentencias obtenidas y las medidas de no repetición, tanto frente a actores públicos como a actores fácticos que amenazan la libertad de expresión en la entidad.

Reiteramos que sin información, no hay confianza; sin justicia, no hay garantías; y sin garantías, la libertad de expresión en Guanajuato sigue bajo amenaza. Este posicionamiento no es nuevo: es la continuidad de exigencias legítimas que siguen sin respuesta, pese a la gravedad de los hechos y al reconocimiento internacional de que el periodismo en México es una actividad de alto riesgo.

Las y los periodistas de Guanajuato exigimos que los compromisos asumidos dejen de ser declaraciones y se traduzcan en acciones concretas, transparencia institucional y resultados medibles. La protección del periodismo no es una concesión: es una obligación del Estado.

No olvidamos. No normalizamos la violencia.
Y no dejaremos de exigir verdad, justicia y garantías para ejercer el periodismo en Guanajuato. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-La gobernadora ofrece reuniones privadas mientras el gremio exige transparencia pública ante la ONU.
-El Estado intenta reducir una crisis de derechos humanos a una revisión de carpetas de tú a tú.
-La persistente opacidad en los crímenes contra la prensa mantiene a Guanajuato en los peores índices de libertad de expresión.
-La impunidad que rodea a los periodistas y buscadoras no es falta de capacidad, sino falta de voluntad política.
-Sin la participación de las familias y el gremio en pleno, cualquier promesa oficial es solo otro acto de simulación.



La falacia del tú a tú

El reciente intercambio entre el gremio periodístico de Guanajuato y la titular del Ejecutivo estatal, Libia Denisse García Muñoz Ledo -plasmado en video por el compañero periodista Alex Ramblas- ha dejado al descubierto una brecha profunda y peligrosa: mientras los periodistas exigen justicia abierta y verificable, el poder responde con la oferta de la cercanía privada. La propuesta de la gobernadora de revisar los expedientes "de tú a tú" no es una solución, sino una táctica de fragmentación que busca diluir una exigencia colectiva en la discrecionalidad de una oficina.

Lo que ocurrió frente a las cámaras y ante la mirada de observadores internacionales de la ONU y la Unión Europea es el retrato de un Estado que se resiste a rendir cuentas. No se trata de una falta de información técnica sobre las carpetas de investigación; se trata de una parálisis sistémica que puede convertir a Guanajuato en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo y la búsqueda de personas desaparecidas.

El refugio del sigilo

Cuando la autoridad argumenta que "hay avances relevantes" pero que estos deben conocerse en mesas selectas para "tranquilidad" del gremio, incurre en una contradicción vital. La tranquilidad no emana del secreto, sino de la sentencia. El gremio ha sido enfático: el compromiso asumido hace casi un año fue informar de manera periódica y pública. Pretender que la justicia se "atiende" en reuniones de comitivas reducidas es ignorar que el daño causado por el asesinato o la desaparición de un comunicador es una herida al derecho a la información de toda la sociedad.

Justicia para las familias, no solo para las estadísticas

Es particularmente grave el señalamiento de los periodistas sobre el desconocimiento que tienen las familias y las madres buscadoras respecto a sus propios casos. El Estado parece olvidar que las víctimas directas e indirectas tienen el derecho inalienable a la verdad. La justicia que se presume en discursos pero que no se refleja en las notificaciones a los deudos es, en términos prácticos, inexistente.

El compromiso bajo la lupa internacional

La insistencia de los periodistas para que la comunidad internacional sea testigo de estos compromisos no es gratuita. Es el resultado de años de promesas que se quedan en "buenas voluntades". Guanajuato ya no puede permitirse el lujo de las declaraciones diplomáticas mientras sus periodistas salen al campo con el temor de ser los próximos en la lista.

La gobernadora y el Fiscal General deben entender que la mesa está servida para una sola cosa: resultados medibles. La justicia en Guanajuato no puede seguir siendo un asunto de fe; tiene que ser un asunto de hechos, de detenidos y de sentencias. Cualquier cosa menos que eso seguirá siendo el silencio que mata la verdad. #MetroNewsMx 


Redacción 

-Admiten queja contra funcionaria de San José Iturbide en la Procuraduría de los Derechos Humanos
-Investigarán a directora de Ecología por presuntas violaciones a derechos humanos.
-La PRODHEG comisiona a agente para recabar evidencias en el municipio.
-El proceso administrativo se llevará bajo estrictos criterios de sigilo y discreción.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- La Subprocuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) confirmó el inicio de una investigación formal en contra de Alma Lilia Arévalo López, quien se desempeña como directora de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de San José Iturbide.

De acuerdo con el oficio SUBD 0042/054/2026, la instancia estatal acordó la admisión a trámite de una queja por actos presuntamente violatorios a los derechos humanos atribuidos a la funcionaria municipal. El caso ha sido radicado bajo el número de expediente 0042/2026-D.

La titular de la Subprocuraduría Zona D, María de la Luz Rodríguez Tierrasnegras, informó a los denunciantes .que por motivos obvios se omiten los nombres en esta información periodística- que el proceso se fundamenta en el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Como parte de las primeras acciones, se ha comisionado al licenciado Edgardo Chaire Chavero, agente investigador de la dependencia, a un agente investigador para que realice las diligencias necesarias y recabar las evidencias correspondientes.

La autoridad precisó que, conforme a la normativa vigente, las indagatorias se manejarán bajo principios de sigilo y discreción. Asimismo, se recordó que la intervención de la Procuraduría no interrumpe otros procesos legales o medios de defensa que pudieran corresponder a las partes involucradas, y que todos los servicios prestados por la institución son gratuitos. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Redacción

-Autoridades activan protocolo de búsqueda tras la ausencia de Luis Diego.
-El joven de 24 años fue visto por última vez el pasado 13 de enero.
-Familia solicita apoyo ciudadano para identificar señas y tatuajes.

A través de información enviada por Armando desde San José Iturbide a la Redacción de Metro News, vía Whatsapp, se dio a conocer que "la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió una ficha interinstitucional de difusión con carácter de urgente para localizar a Luis Diego Molinero Rodríguez, quien desapareció en el municipio de San José Iturbide. De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue visto por última vez el pasado 13 de enero de 2026, y desde ese momento se desconoce su paradero".

"Luis Diego, de 24 años de edad, tiene una estatura de 1.65 metros y un peso aproximado de 45 kilogramos. Entre sus rasgos físicos destacan su cabello ondulado en tono castaño oscuro y ojos ovales de color café obscuro".


Señas particulares para su identificación

La Fiscalía hace especial énfasis en las señas particulares del joven para facilitar su reconocimiento:

* Posee un tatuaje en la muñeca derecha con la letra L en cursiva.
* Debajo de dicha letra se encuentra grabada una pequeña cruz.
* En la muñeca izquierda cuenta con el tatuaje de una planta.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo pants color azul marino con rayas blancas, una playera color guinda, sudadera gris y calzado tipo tenis.

Las autoridades solicitan a la población que, en caso de contar con cualquier información que ayude a dar con su localización, no tomen ninguna acción directa y se comuniquen de inmediato a los números de emergencia. Las líneas habilitadas son el 01 800 DNUNCIA (368-62-42) y el sistema 911.

La colaboración ciudadana es vital en estas horas críticas para lograr el pronto retorno de Luis Diego a su hogar. #MetroNewsMx 


Redacción Editorial

Tras la masacre de once personas en Salamanca, exigió que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad y garanticen paz y seguridad para las familias guanajuatenses, como lo dieron a conocer los medios Milenio y Periódico Correo

En el contexto del llamado episcopal, se precisa un hecho detonante. El asesinato de once personas en Salamanca, que evidenció la fragilidad de la seguridad en la región y de donde se desprende el mensaje central del obispo de Irapuato, que es el de "no dejen que nos gobierne el crimen organizado. Queremos vivir en paz, queremos seguir trabajando y luchando por nuestras instituciones, valores, escuelas y familias”.
  
El obispo subrayó el impacto de la violencia en la vida cotidiana y la necesidad de que los espacios públicos sean seguros para las familias.

La voz del obispo Enrique Díaz Díaz no es un grito aislado, sino el eco de una sociedad que se siente atrapada entre la indiferencia oficial y el poder creciente del crimen organizado. Guanajuato, motor industrial y cultural de México, se ha convertido en un escenario donde la violencia amenaza con normalizarse. El riesgo más grave no es solo la pérdida de vidas, sino la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.

El llamado episcopal desnuda una contradicción intolerable: mientras las autoridades presumen cifras y programas, la realidad se mide en funerales, miedo y desplazamiento. La violencia no puede maquillarse ni minimizarse. Cada ataque, cada masacre, es un recordatorio de que el Estado está cediendo terreno a poderes fácticos que imponen su ley a sangre y fuego.

Las responsabilidad de los gobiernos

Por lo que toca al gobierno federal, es un llamado de que debe garantizar que las fuerzas de seguridad actúen con eficacia y coordinación, sin excusas ni dilaciones.  
Para el gobierno estatal, este tiene la obligación de reconocer la magnitud de la crisis y dejar de esconderse tras discursos triunfalistas.  
Finalmente, los gobiernos municipales, que son la primera línea de contacto con la ciudadanía y no pueden permanecer pasivos frente al miedo que paraliza comunidades enteras.

El papel de la sociedad

El obispo también advierte contra la indiferencia ciudadana. Normalizar la violencia es aceptar que el crimen gobierne. La sociedad debe exigir rendición de cuentas, participar en la construcción de paz y rechazar el pesimismo que paraliza. La esperanza no puede ser ingenua, pero sí combativa: se trata de defender la vida, la dignidad y la libertad.

La exhortación de Mons. Enrique Díaz Díaz es más que un sermón: es un manifiesto contra la claudicación del Estado. Guanajuato no puede resignarse a ser gobernado por el crimen. La paz no es un lujo, es un derecho. Y ese derecho exige valentía política, responsabilidad institucional y compromiso ciudadano. La pregunta que queda abierta es si los gobiernos escucharán este llamado o seguirán administrando la violencia como si fuera un dato estadístico más.

Guanajuato enfrenta una encrucijada. O se recupera el control institucional y se defiende la vida, o se cede definitivamente al poder del crimen. La voz del obispo es un recordatorio de que aún hay quienes se niegan a aceptar la derrota moral y política frente a la violencia. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

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