Redacción Editorial
Los mismos regidores involucrados en el presunto peculado al municipio de San José de Iturbide (https://www.metronewsmx.com/2026/05/la-gran-estafa-de-los-regidores-sueldos.html ), vuelven a hacer de la suyas y ahora buscaron impedir una acción del alcalde iturbidense. Sin embargo, en dos sesiones de Cabildo extraordinarias -la LXVII y la LXVIII- mostraron la incongruencia de primero votar en contra y luego a favor, con tres horas de diferencia.
Para entender con precisión la gravedad de lo que ocurre en ese lapso, hay que desmenuzar la cronología exacta de los hechos del 19 de mayo de 2026. No fue ante un simple cambio de opinión, sino el uso faccioso de la normatividad municipal para subsanar un cálculo político fallido por parte de los mismos regidores quienes podrían estar mostrando la incapacidad para tomar decisiones en el Cabildo o el cinismo para buscar "monedas de cambio" para sus muy personales intereses.
La sesión de cabildo LXVII: La votación en contra
En la Sesión LXVII, el bloque de regidores opositores decide armar un frente común. Su estrategia consistió en usar un argumento técnico válido: "el expediente nos llegó hace dos horas, no podemos votar algo que no hemos analizado".
¿Cuál fue el error de los regidores? En su afán de presionar al alcalde Manuel Montes de la Vega y demostrarle que ellos tenían el control del Cabildo, votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo y forzaron que el asunto se enviara a la Comisión de Desarrollo Urbano. Ellos pensaron que al "bajarlo a comisión" congelarían el tema, obligando al alcalde a sentarse a negociar bajo sus términos y tiempos en los días subsecuentes. No midieron que el Ejecutivo sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Al clausurarse la primera sesión a las 14:10 horas, el expediente pasa formalmente a la comisión. Es en estas tres horas y veinte minutos donde se cae la máscara de la legalidad:
-El alcalde, sabiendo que el municipio no expropia sino que solo remite el expediente al Estado, y urgido por liberar el camino, opera políticamente desde su trinchera.
-Se convoca de manera fast-track a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano. En una sesión relámpago, sin debates reales ni análisis de campo, se redacta y se firma el Dictamen 05/CDUIOET/2026 que aprueba por "unanimidad" de sus miembros el inicio de la expropiación.
-Para lograr que los mismos regidores que pretendían congelar el asunto firmaran ese dictamen a favor en un par de horas, tuvo que ocurrir algo que les dejaría ver su error, ignorancia o exhibición de cinismo.
La sesión extraordinaria LXVIII de la tarde: El "siempre sí" (17:32 a 17:46 hrs)
A las 17:32 horas se abre la Sesión LXVIII. El alcalde no se encuentra presente. La Síndico municipal preside una sesión que dura apenas 14 minutos.
Los mismos regidores que cuatro horas antes se desgarraban las vestiduras exigiendo dictámenes de terceros y derecho de vía, levantan la mano sumisamente para aprobar exactamente el mismo expediente que en la mañana calificaron de "improvisado".
Para intentar salvar el pellejo político ante el acta de cabildo, utilizan la justificación más cínica posible: el regidor Luis Martín Herrera toma la palabra para decir que "como ya pasó por comisión", ahora sí tienen la certeza jurídica. Es una simulación absoluta: nadie analiza, dictamina y subsana un expediente de expropiación rústica complejo en un intermedio de tres horas mientras se come.
Resultaría una burla para los iturbidenses, nuevamente, que los regidores abusen de un puesto que el pueblo les otorgó para servir al mismo pueblo y no para servirse ellos como ya se ha evidenciado mediáticamente (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ). Es importante ver el contraste del tiempo real con el tiempo burocrático. Un proceso administrativo real toma días; un proceso que se resuelve en tres horas entre dos sesiones extraordinarias el mismo día evidencia que la burocracia fue torcida para legalizar algo que por sí no requería de dos sesiones extraordinarias.
No se trató de un "procedimiento regular de comisiones", sino la convocatoria consecutiva de sesiones extraordinarias para votar lo mismo, lo que evidencia una anomalía democrática utilizada para romper resistencias políticas.
Se evidencia ahora una "docilidad" y el "sometimiento" de un cuerpo de regidores que priorizó la protección de sus prebendas sobre la congruencia legislativa.
Los regidores evidenciaron ¿ignorancia o cinismo?
Al revisar con precisión el dictamen y las intervenciones del secretario —quien lo recalca en la primera sesión al decirse «en el entendido de que solamente se autoriza con este acuerdo el inicio del procedimiento, no se está expropiando porque esa es facultad del gobierno del estado»— se evidencia que el municipio es un simple remitente. El ayuntamiento no tenía la facultad de decretar la expropiación, ni de fijar la indemnización, ni de validar los planos definitivos; su único papel era votar si enviaba o no el expediente a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que allá se realizara el verdadero análisis técnico y legal.
Al cruzar este dato con la investigación de los "sueldos dorados" presentada por Metro News la semana pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/penas-de-2-10-anos-de-carcel-por.html ) y el cambio de postura en cuatro horas, la actitud de los regidores de San José de Iturbide queda expuesta bajo tres ópticas críticas.
La primera es la descomunal ignorancia o cinismo procedimental, ya que si los regidores opositores sabían perfectamente que el municipio era solo un puente de trámite y que la revisión de fondo le correspondía al Estado, sus argumentos de la mañana sobre "la falta de dictámenes técnicos de terceros" o "el análisis profundo del derecho de vía" fueron meros pretextos. Usaron tecnicismos legales de forma deliberada para entrampar la sesión, sabiendo que esos requisitos ni siquiera les correspondía validarlos a ellos en esa etapa. Si no lo sabían, demuestra una preocupante falta de preparación para el cargo que ostentan; si lo sabían, evidencia un cinismo absoluto para justificar el freno político.
El segundo aspecto es el "voto en contra" como herramienta de extorsión política. Al detectar que la expropiación no dependía de ellos, queda claro que el bloqueo matutino del bloque de Luis Martín Herrera, Celso Antonio Mata y Víctor Metodio Basaldúa no fue un acto de responsabilidad legislativa ni de protección a los derechos de la particular Rosa María García Aguilar.
Fue la activación de un mecanismo de presión. Detuvieron el trámite sabiendo la extrema urgencia que tenía el alcalde por enviar el expediente al Estado. Cuatro horas después, tras una negociación fast-track en la Comisión de Desarrollo Urbano, el discurso cambió radicalmente: el regidor Luis Martín Herrera Soto pasó de exigir estudios exhaustivos a decir que el expediente "no tiene ninguna ilegalidad" y que el municipio "es únicamente el puente". La velocidad del cambio confirma que el voto en contra de la mañana fue usado como mercancía de intercambio.
La actitud de los regidores que cambiaron su voto refleja una clara prioridad: la supervivencia de sus propias canonjías económicas. En un Cabildo exhibido por percibir salarios que superan los 100 mil pesos mensuales con nula productividad, confrontar permanentemente al Ejecutivo —quien maneja las partidas presupuestales y los bonos discrecionales— resulta contraproducente para sus bolsillos. El bloque opositor midió fuerzas en la mañana, forzó la negociación en la tarde y al final, quedarían como un grupo de gentes que muestran su poco interés por los asuntos de San José de Iturbide. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
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