-Se desconoce si existe algún trato o arreglo de funcionarios del INFONAVIT o de la delegación de este Instituto para permitir esta acción que resulta anti higiénica
VILLAGRÁN.- Un buen número de viviendas abandonadas o sin entregar ubicadas en el Fraccionamiento "El Rehilete", se encuentran siendo empleadas de manera irregular y en los más de los casos, más que como vivienda, como depósitos de basura.
Vecinos de este fraccionamiento que pidieron no ser identificados para evitar represalias, señalaron que desde hace mucho tiempo, un buen número de viviendas ubicadas en varios puntos del lugar, son empleados por personas desconocidas que las emplean como depósitos de basura reciclable.
Se desconoce si se trata de viviendas rentadas por el INFONAVIT a estas personas o se trata de un avance del proyecto de legalizar invasiones de casas por parte del mismo INFONAVIT, en esa propuesta efectuada por el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza.
El Fraccionamiento El Rehilete suma así un posible problema más a los que viven los vecinos de este lugar y en donde sobresale la problemática del agua potable y las viviendas de la sección Arco Iris II, ante una lentitud de 10 años en resolver la situación. #MetroNewsMx
-También señalaron la crisis financiera del Infonavit, con una morosidad que pasó del 7.8 % en 2018 a más del 18 % en 2024, y una cartera deteriorada que alcanza el 32 %.
Alrededor de seis organizaciones empresariales —entre ellas Coparmex, Concamin, Canaco CDMX, AMIB, COMCE y CNET— manifestaron su rechazo a la propuesta del Infonavit para regularizar viviendas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
En un comunicado conjunto, los organismos advirtieron que esta medida:
- Vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
- Normaliza las invasiones, institucionalizando la ilegalidad y desvirtuando el mandato legal del Infonavit.
- Excede las facultades del Instituto, ya que no puede transferir viviendas que no le pertenecen ni beneficiar a personas sin vínculo jurídico.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, el 86 % de las 168 mil viviendas censadas están ocupadas por personas sin relación legal con los propietarios.
Los empresarios alertaron que esto representa un riesgo para los fondos de los trabajadores.
También señalaron la crisis financiera del Infonavit, con una morosidad que pasó del 7.8 % en 2018 a más del 18 % en 2024, y una cartera deteriorada que alcanza el 32 %.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “la propiedad privada está resguardada”, los empresarios exigieron que esa postura se traduzca en acciones concretas.
Solicitaron a la Asamblea del Infonavit frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones ilegales y reiteraron su compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio de los trabajadores. #MetroNewsMx
--Su victoria, obtenida desde la cárcel, se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal en este proceso electoral
-Su nombre apareció en los “acordeones” -listas de candidatos sugeridos- que circularon entre votantes afines al Ejecutivo, lo que pudo haber impulsado su inesperado triunfo.
-Ahora, el INE enfrenta una decisión crítica: ¿debe anular la elección de un juez electo que está en prisión preventiva, pero aún no ha sido sentenciado?
Redacción
Héctor Ulises Orduña, acusado de abuso sexual y vinculado a un caso de pornografía en Estados Unidos, ganó una elección judicial en prisión tras hacer campaña durante apenas cinco días.
Su caso, investigado por Elena San José, representa el peor escenario posible en un proceso electoral ya cuestionado por la cantidad de candidatos y la falta de filtros.
Orduña ejemplifica los temores sobre la infiltración de personas con antecedentes graves, incluso ligados al crimen organizado, en cargos clave del sistema judicial.
El juez desde la cárcel: el caso que sacude la elección judicial en México
La campaña de Héctor Ulises Orduña Hernández duró menos de una semana. El 30 de marzo de 2025, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo de salida a las elecciones judiciales, Orduña apareció en un video promocional: “No soy igual. Soy un juez diferente, un hombre decente, cercano a la gente”.
Cuatro días después, subido en una motocicleta en movimiento, denunciaba que le habían bloqueado su cuenta de TikTok. “Esa mano negra para la campaña de jueces está canija”, decía. No tuvo tiempo de más. El 5 de abril, fue detenido por la Fiscalía de Veracruz, acusado de abuso sexual contra una menor y vinculado a casos de pornografía infantil en Estados Unidos.
A pesar de estar en prisión preventiva, Orduña ganó la elección como juez federal mixto en Poza Rica, Veracruz, con 44,221 votos, apenas el 1.03% del total emitido. Su candidatura fue aprobada por el comité del Poder Ejecutivo, el más laxo de los tres órganos evaluadores. Su victoria, obtenida desde la cárcel, se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal en este proceso electoral.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en septiembre de 2021, cuando presuntamente realizó tocamientos a su sobrina menor de edad en una clínica y la obligó a ver videos sexuales explícitos. La Fiscalía también lo relaciona con material de abuso infantil en el extranjero, aunque no ha ofrecido detalles.
Su perfil ante el INE no ayudó a disipar dudas: su currículum contenía faltas de ortografía y propuestas vagas, como someter a los jueces electos a exámenes de polígrafo cada dos años. Aun así, su nombre apareció en los “acordeones” —listas de candidatos sugeridos— que circularon entre votantes afines al Ejecutivo, lo que pudo haber impulsado su inesperado triunfo.
El caso ha encendido las alarmas entre académicos, activistas y ciudadanos. El jurista Javier Martín Reyes, de la UNAM, lo resume así: “Si hubieran hecho una revisión más seria, muy probablemente se hubiera podido detectar. Se les coló de todo”.
Ahora, el INE enfrenta una decisión crítica: ¿debe anular la elección de un juez electo que está en prisión preventiva, pero aún no ha sido sentenciado? El criterio “8 de 8” contra la violencia de género permite invalidar candidaturas con sentencia firme, pero no está claro qué hacer en casos como este, donde el proceso judicial apenas comienza.
Con el sistema de filtros institucionales debilitado y la ciudadanía desinformada o desmotivada, el INE se convierte en el último cortafuegos entre la justicia y el descrédito. Lo que está en juego no es solo un cargo judicial, sino la credibilidad de todo un proceso que prometía acercar la justicia al pueblo.
-Dos años de censura y silencio para el periodista, por decisión de una jueza
-.“Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”, expresó la presidenta Sheinbaum.
-“Está garantizada la libertad de expresión, y las y los gobernadores deben garantizarla”, declaró presidenta de la República
-Pero los hechos dicen otra cosa: el periodista es metido a la cárcel 48 horas a pesar de amparo y debe pagar 2 millones de pesos; podrían irse sobre su casa, -fruto de su trabajo de años y erigida con crédito INFONAVIT- para "cobrarse" pagar la multa
-Para lograrlo, la gobernadora emplea la fuerza del estado, “Muñoz Martínez, la jefa de policía, tiene a su hijo como vicefiscal. Uno apaña y el otro aprieta. Estamos terriblemente mal”, expresó, “los periodistas están aterrados”.
-Jorge González recordó que en abril de este año fue detenido con uso de violencia por policías estatales
-Una auténtica "Ley Mordaza" contra el periodista de 72 años de edad
-Layda Sansores, mujer de casi 80 años de edad. Necesita de un psiquiatra: Jorge González
-Las actitudes de Sansores, semejantes a las de Garrido Canabal a principios del siglo XX:
El periodista campechano Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, enfrenta actualmente un proceso judicial que ha generado gran controversia en México por su impacto en la libertad de expresión.
¿Qué ocurrió?
González fue vinculado a proceso por los delitos de “incitación al odio y a la violencia” en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. La acusación se basa en publicaciones críticas hacia la mandataria, algunas de las cuales reproducían declaraciones de figuras políticas como Lía Limón y una diputada capitalina, difundidas originalmente por una agencia informativa.
Aunque González se jubiló en 2017 y ya no tenía funciones directivas en Tribuna, la jueza Guadalupe Martínez Taboada argumentó que su nombre seguía figurando en el directorio del medio, por lo que lo responsabilizó civilmente.
Las "medidas" impuestas
- Prohibición de ejercer el periodismo durante dos años.
- Cierre del portal digital de Tribuna, que ya había dejado de circular en su versión impresa.
González ha denunciado que se trata de una persecución política y un intento de silenciar voces críticas. Asegura que la gobernadora Sansores no tolera la crítica y ha presionado sistemáticamente a los medios locales, lo que ha llevado al cierre de varios periódicos.
Las actitudes de Layda González se asemejan mucho a las descritas por el escritor Manuel González Calzada de sobre Tomás Garrido Canabal:
"Frío en la represión, constante en el rencor y el odio, tozudo en sus decisiones negativas; incrédulo ante la amenaza del desprestigio, violento en el castigo y la venganza, igual que su medio y su época; desconfiado ante la luz ajena, egocentrista, absoluto, desdeñoso de la cultura en su más amplio sentido; escaso en su información sociológica, audaz en sus pretensiones de creador; de ideas explosivas altanero en su papel de jefe; así era Tomás Garrido Canabal". #MetroNewsMx
El Cártel Jalisco Nueva Generación no solo trafica drogas. Hoy, controla gobiernos, financia campañas, impone candidatos y ejecuta a los que se cruzan en su camino. En entrevista con Adela Micha, el especialista David Saucedo revela que el CJNG fue quien asesinó a la alcaldesa de Tepalcatepec, y que la orden vino directamente de El Mencho. #MetroNewsMx
Estaba viva y metida en una bolsa de plástico, fue atendida por Cruz Roja y canalizada a un centro médico
CORTAZAR. La mañana de este miércoles, a las 07:09 horas, se reportó el hallazgo de una recién nacida abandonada, dentro de una bolsa de plástico, en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de las calles 17 de Mayo y Balcones de Cortazar.
Elementos de Seguridad Pública acudieron de forma inmediata al lugar, y minutos más tarde arribó una unidad de la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal brindó atención médica urgente a la menor y procedió a su traslado al Centro de Especialidades en código amarillo para su valoración clínica.
La Procuraduría fue notificada de inmediato y ha asumido la tutela legal de la menor, iniciando el seguimiento correspondiente conforme a derecho.
Asimismo, el Sistema DIF Municipal ha intervenido para brindar acompañamiento integral, asegurando que la menor reciba el apoyo médico y social que necesita en esta etapa crítica.
El presidente municipal, Mauricio Estefanía, y la presidenta del DIF Municipal, Lizbeth Lepe Patiño, acudieron personalmente al Hospital Comunitario para conocer el estado de salud de la recién nacida y brindar apoyo inmediato, incluyendo ropa y artículos de primera necesidad para su atención. Hasta el momento la menor se reporta estable.
El gobierno municipal de Cortazar condenó enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, reconoce y agradece la pronta respuesta de los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia, el personal del DIF Municipal y la solidaridad de la ciudadanía que actuó con responsabilidad y humanidad ante esta lamentable situación /FOTO: MetroNews AI #MetroNewsMx
