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-Alcalde de Comonfort cede ante presión de vecinos de San Agustín: desisten de juicio por pozo y acuerdan restituir delegación

-Diálogo bajo tensión en Comonfort: la pugna entre la autonomía indígena de San Agustín y el presupuesto municipal

-Vecinos de San Agustín exigen frenar juicio de usucapión impulsado por el Gobierno de Comonfort sobre el predio del pozo. 

-El alcalde Gilberto Zárate niega intenciones de quitar el pozo y promete desistirse del proceso legal contra la comunidad.

-La comunidad de San Agustín pide validar la revocación de su delegado y convocar a asamblea bajo su autonomía indígena. 

-Municipio argumenta que el juicio buscaba certeza legal para construir una techumbre en la cancha local; la obra se cancela. 

-Comonfort destinará aportación complementaria superior al 50% para obras de drenaje en la calle Jiménez con fondos del INPI.

-Pobladores expresan desconfianza por antecedentes como la escrituración municipal de la Unidad de Rehabilitación en 1997. 

-Alcalde promete patrullajes inmediatos tras denuncias por consumo de sustancias e inseguridad en accesos a las escuelas. 

COMONFORT, GTO.- En un encuentro caracterizado por la exigencia ciudadana de transparencia y el reclamo de autonomía comunitaria, el presidente municipal de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves, junto a la síndica Diana Arellano Díaz, sostuvieron una reunión con una comitiva de pobladores de la comunidad indígena de San Agustín y del comité local de agua potable. La mesa de diálogo, motivada por la inconformidad social que generó el inicio de un juicio de usucapión promovido por el Ayuntamiento sobre el predio donde se ubica el pozo de la localidad, concluyó con el compromiso formal del Gobierno Municipal de desistirse del proceso legal y dar cauce a la renovación de la delegación municipal.

Durante la apertura de la sesión, la representación vecinal expuso con firmeza dos peticiones prioritarias:

-Cancelación del juicio de prescripción positiva: La comunidad denunció la falta de notificación previa respecto al recurso legal iniciado por el Municipio para adjudicarse el terreno del pozo de agua potable. Los representantes enfatizaron que dichos bienes son del dominio de la comunidad y solicitaron la cancelación inmediata de las acciones legales.

-Reconocimiento de la revocación delegacional: Ambas partes abordaron la figura del delegado saliente. La representación de San Agustín argumentó que, con base en su libre autonomía y determinación como pueblo indígena, la asamblea decidió revocar el mandato del representante previo, requiriendo al Ayuntamiento limitarse a recibir el aviso formal sin interferir en la decisión comunitaria.

A la par, los ciudadanos reprocharon que la notificación judicial fuera el único canal por el cual se enteraron de las intenciones municipales, argumentando que el Ayuntamiento actuó a sus espaldas sin realizar una consulta pública previa.

En respuesta a los planteamientos, el alcalde Gilberto Zárate Nieves rechazó que la administración pretenda apoderarse del pozo o despojar a la comunidad del recurso hídrico, calificando dichas versiones como infundadas o fruto de la desinformación. De acuerdo con el edil, el procedimiento judicial respondía únicamente al requisito legal de dotar de certeza jurídica al suelo para poder destinar recursos públicos a la construcción de una techumbre para la cancha local, obra que habría sido gestionada directamente por el delegado saliente.

Zárate Nieves indicó que, ante el rechazo expreso del pueblo, la obra quedará cancelada y aceptó formalizar el desistimiento del juicio. En cuanto a la sustitución delegacional, las autoridades municipales explicaron que esperarán a que el exdelegado acuda ante la Secretaría del Ayuntamiento para ratificar la renuncia manifestada previamente ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Posteriormente, la Coordinación de Delegados acompañará la convocatoria a una nueva asamblea pública para que la comunidad elija a su representante, quien será ratificado legalmente por el Municipio.

Por su parte, la síndica municipal, Diana Arellano Díaz, confirmó que se instruirá a la Dirección Jurídica para tramitar el desistimiento legal y acordó asentar los compromisos en una minuta firmada por el alcalde, funcionarios y la comitiva.

Durante el intercambio, la síndica y el alcalde abordaron la asignación de recursos destinados a los pueblos originarios. Las autoridades expusieron que el Municipio aporta un 50% adicional a los fondos federales otorgados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROINPI).

Para el caso específico de San Agustín, el presidente municipal aseveró que el Municipio aportará más del 50% complementario para la ejecución del proyecto anual, estimado tentativamente en un monto federal de 181,000 pesos y una aportación municipal superior a los 91,000 pesos. No obstante, surgieron discrepancias menores respecto a las cifras exactas aportadas en mesas previas, comprometiéndose la autoridad a revisar los expedientes. El proyecto acordado por la comunidad para este ejercicio consistirá en obras de drenaje en la calle Jiménez, paso previo a la pavimentación proyectada con el recurso federal.

El debate se profundizó al abordar el antecedente de otros espacios comunitarios. Miembros de la comitiva recordaron que situaciones similares han derivado en la pérdida de la propiedad comunitaria sobre ciertos predios, citando como ejemplo el terreno donde opera la Unidad de Rehabilitación del DIF (inaugurado durante la administración de Alberto "Beto" Méndez en 1997 con un presupuesto documentado de 215,000 pesos). Los ciudadanos señalaron que dicho espacio fue escriturado a favor del Municipio sin el consentimiento de la población.

Sobre este punto, la síndica Arellano Díaz solicitó un margen de tiempo para que la Secretaría del Ayuntamiento, a través del archivo e historiador municipal, revise las actas de cabildo de administraciones anteriores para clarificar la situación jurídica de la unidad de rehabilitación, pidiendo a los vecinos ponderar el servicio social y de salud que este centro brinda a la población.

Durante la reunión, los habitantes de San Agustín presentaron una agenda detallada de carencias que afectan la cotidianeidad del sector:

-Inseguridad y consumo de sustancias: Vecinos reportaron la presencia constante de jóvenes consumiendo drogas y alcohol en puntos críticos como el callejón de la calle 5 de Febrero, la intersección con 16 de Septiembre, la zona de las vías del tren (antiguas Villas de Chamacuero) y el puente peatonal de La Torrecita. Señalaron que el entorno resulta peligroso para estudiantes que transitan hacia los centros educativos e iglesias, y denunciaron inacción por parte de los patrullajes e incluso presencia pasiva de elementos de la Guardia Nacional. El alcalde se comprometió a enviar supervisión policial a las zonas señaladas desde el mismo día.

-Infraestructura vial y hundimientos: Se solicitó la atención prioritaria del deterioro en el camino de Guadalupe a Soria, el camino Real, el tramo Neutla-Delgado y la carretera a Escobedo, así como la reparación de dos hundimientos o socavones de consideración ubicados a los costados de la entrada por el bordo de la mezquitera y las vías del Ferrocarril. Ante estas peticiones, Zárate Nieves argumentó que la zona federal ferroviaria no permite la intervención directa del Municipio sin gestión previa, y que la obra de la carretera a Escobedo se encuentra pausada debido al proyecto federal del tren de pasajeros, cuyo tránsito pesado destruirá la cinta asfáltica actual.

El presidente municipal expuso ante los asistentes las limitaciones presupuestales del Ayuntamiento, atribuyendo la falta de obra física en algunas localidades a la atención de "obras fortuitas" colapsos imprevistos de redes de drenaje y agua potable que comprometen la salud pública y absorben el presupuesto operativo. Ejemplificó esta problemática con intervenciones urgentes realizadas en la zona centro de Comonfort, la colonia Magisterial, Ranchito de Soria, la colonia Héroe de Nacozari y la calle José María Morelos en Escobedo, sumando un gasto contingente superior a los 10 millones de pesos.

Finalmente, el comité local de agua abordó la controversia sobre la descarga de drenaje proveniente de la comunidad de Las Tropas y San Isidro La Luna, cuya corriente afecta a los vecinos aledaños al río por la emisión de malos olores. La autoridad municipal justificó la infraestructura implementada bajo el principio del "bien mayor", argumentando que se resolvió una problemática de insalubridad que afectaba a cientos de familias en la carretera, aunque reconoció que se busca coordinar con la iniciativa privada para el tratamiento y reciclaje de dichas aguas residenciales.

El encuentro concluyó con la determinación de redactar y enviar la minuta formal de desistimiento para la firma del presidente municipal, la síndica y los representantes de San Agustín. La autoridad municipal instó a la ciudadanía a formalizar todas las solicitudes de obra e infraestructura mediante escritos formalmente ingresados en ventanilla para justificar legalmente la apertura de expedientes técnicos, mientras que la comunidad reafirmó que se mantendrá al pendiente del cumplimiento estricto de los acuerdos firmados. #MetroNewsMx

- Ocultaron el ciberacoso de TikTok a los padres de la víctima y solo citaron al papá de la alumna agresora para borrar la cuenta.

-Despidieron al profesor de grupo como chivo expiatorio para simular que resolvieron el caso y lavarse las manos ante la SEG.

-La directora admitió tener los videos con insultos hacia la menor, pero mintió diciendo que no recordaba qué decían.

-Redujeron el tocamiento íntimo a una niña de 6 años a un simple pleito escolar, preguntando a los niños «qué problemas tenían».

-Encubrieron el hecho debido a que los padres del niño también eran maestros dentro del sistema.

-Trataron a la niña víctima de 6 años como si fuera una mentirosa para justificar y minimizar el hecho.

Luego de que se diera a conocer el caso de agresión a un alumno de un plantel privado (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ) y fuera denunciado en la SEG por los padres de familia, (https://www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncian-formal-ante-la-seg.html ); ahora y en el mismo plantel,  se reportaron dos casos más y dos nuevas denuncias ante la Delegación regional de Educación V. La falta de protocolos, la omisión directiva y el encubrimiento deliberado han dejado al descubierto una grave crisis institucional tras la denuncia pública y legal presentada por una madre de familia. Sus dos hijas, de distintas edades, fueron víctimas de hechos deplorables dentro de un mismo centro educativo: una sufrió ciberacoso con amenazas e insultos explícitos a través de redes sociales, y la otra fue víctima de un tocamiento indebido en su zona genital por parte de un compañero. Ante la indiferencia y las presuntas irregularidades del personal administrativo, la madre formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades educativas correspondientes.

En base al testimonio entregado a la redacción de Metro News, pidiéndose por parte de los afectados guardar el debido anonimato a fin de no afectar las investigaciones y cumplimentar las normas respectivas de protección a menores, se plasman dos casos más de irregularidades.

El primer caso involucra a la hija mayor, estudiante de cuarto grado de primaria. De acuerdo con el testimonio de la madre, la menor comenzó a registrar un patrón sistemático de exclusión y agresiones verbales por parte de una compañera desde inicios del ciclo escolar. Aunque en un principio la familia intentó manejar la situación con orientación conductual en el hogar al considerarlo un conflicto menor, la agresión escaló de manera alarmante.

A principios de julio, la niña regresó a su domicilio en estado de shock tras ser alertada por una tercera compañera sobre la existencia de contenidos audiovisuales difundidos en la red social TikTok. En dichos videos, la agresora dirigió insultos explícitos, palabras denigrantes y deseos de que le sucedieran «cosas malas» a la menor.

Al solicitar explicaciones al personal del plantel, el profesor de grupo confirmó la existencia de los videos y el calibre de las agresiones. Sin embargo, la dirección escolar optó por un manejo opaco e unilateral:

-Falta de notificación a los afectados: La directiva citó únicamente al padre de la menor agresora para indicarle que borrara la cuenta de redes sociales y retirara a la niña del plantel, sin notificar jamás a los padres de la víctima sobre el riesgo y la naturaleza del acoso.

-Falta de transparencia: Al confrontar a la dirección general para exigir la baja de sus hijas, la madre descubrió que la institución tenía en su poder los videos, los cuales la propia directiva afirmó «no recordar» al ser cuestionada sobre su contenido explícito.

-Despido injustificado: Tras trascender de forma extraoficial que la estudiante agresora presentaba cuadros severos de vulnerabilidad emocional que la escuela buscó ocultar para evitar un incidente interno, la directiva optó por despedir al maestro de grupo. La madre calificó esta acción como la creación de un «chivo expiatorio» para simular ante las autoridades inspectoras que el problema había sido resuelto.

El segundo caso afecta a la hija menor, de tan solo 6 años de edad. A mediados de marzo, mientras realizaba sus tareas escolares en el hogar, la menor relató de manera directa a su madre que un compañero de clase se le acercó en el aula y le tocó la vagina con la mano mientras ella se encontraba sentada en su mesabanco.

La madre, profesional de la salud y orientada por asistencia psicológica, abordó de inmediato el hecho con la menor y procedió a reportarlo a la docente a cargo. La respuesta institucional se caracterizó por la minimización del evento y el incumplimiento de las normativas básicas de protección a la infancia:

-Indagatoria inadecuada: En lugar de aplicar un protocolo especializado para presuntas agresiones sexuales, la docente encaró a ambos menores de 6 años preguntándoles «qué problemas tenían», reduciendo una posible agresión a discusiones infantiles cotidianas sobre sacarse la lengua o picarse con lápices.

-Inexistencia de una mediación válida: La escuela dio por «resuelto» el caso mediante pláticas individuales y no permitió un careo ni una reunión formal transparente entre las partes para abordar la agresión.

-Protección y encubrimiento por parentesco: Se reveló que los padres del niño agresor ejercen como docentes dentro del sistema educativo. Según el relato manifestado por la propia maestra a la madre afectada, la principal preocupación manifestada por los padres del menor era evitar que el hecho se divulgara en el salón para que no tacharan a su hijo de «toca vaginas».

-Revictimización: En lugar de garantizar un entorno seguro para la víctima, la postura vertida desde la familia del menor y respaldada por la omisión escolar fue señalar a la niña de 6 años como «mentirosa», buscando justificar y respaldar la conducta del niño por encima del testimonio de la menor afectada.

Ambos casos ponen en evidencia una profunda ausencia de protocolos de actuación ante el acoso escolar digital y ante presuntas conductas de violencia sexual infantil. Para la familia, la actuación del centro educativo respondió a un interés de corte mercantil, enfocado en proteger la reputación e ingresos del plantel mediante el despido de docentes y el encubrimiento de faltas graves, en lugar de velar por el bienestar socioemocional y la seguridad de sus estudiantes.

Ante la falta de soluciones éticas y el riesgo al que fueron expuestas las menores, la madre procedió con la baja definitiva de ambas alumnas y formalizó dos denuncias independientes ante las autoridades de la Secretaría de Educación correspondientes, exigiendo que se investiguen las omisiones directivas, las responsabilidades administrativas del plantel y la protección indebida a los involucrados.

Tres casos graves de irregularidades escolares destapadas en menos de un mes —una agresión física contra un alumno, un caso de ciberacoso y amenazas mediante redes sociales, y tocamiento indebido a una niña de tan solo seis años— colocan en el centro del debate público a una institución educativa privada en Celaya. Lo que a simple vista podría catalogarse como incidentes aislados de violencia entre estudiantes, revela en un análisis más profundo una patología institucional sistémica: la metamorfosis de un centro de enseñanza en una estructura volcada hacia la autoprotección corporativa, el encubrimiento y la simulación.

El patrón de actuación expuesto por las familias agraviadas y documentado en las denuncias formales ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) permite deducir y analizar la grave crisis interna que atraviesa este plantel.

Cuando una escuela privada opera bajo la premisa de que la reputación comercial es el activo más valioso a proteger, los valores pedagógicos y los derechos de los niños quedan subordinados al control de daños.

En los tres casos conocidos se repite la misma tónica: la ocultación deliberada de las agresiones hacia los padres de las víctimas. Al ocultar a los tutores que sus hijos sufren golpizas, difamación digital o tocamientos indebidos, el plantel no busca resolver el conflicto, sino encapsularlo para evitar que trascienda y afecte la matrícula escolar. La administración parece concebir la salida de las familias afectadas no como un fracaso formativo, sino como un «alivio operativo»: si la víctima se va, el problema deja de existir.

El análisis del caso del tocamiento indebido a la menor de seis años deja al descubierto un factor crítico dentro de la cultura organizacional de la escuela: el amiguismo y la protección por nexos de gremio.

Al tratarse de un menor cuyos padres pertenecen al sistema educativo, la balanza de la equidad no se inclinó de inmediato a favor de la menor. Las preocupaciones transmitidas a la madre de la víctima no se centraron en la salud emocional y la seguridad de la niña, sino en «cuidar la imagen» de la familia para evitar estigmas. Esta inversión de roles —donde se protege la reputación del señalado y se revictimiza a la niña calificándola implícitamente de «mentirosa»— demuestra que dentro de las aulas no existe un criterio neutral, sino una red de influencias que dicta qué casos se investigan y cuáles se minimizan.

La respuesta del colegio ante la crisis de ciberacoso en TikTok refleja un método de deslinde punitivo e irresponsable. En lugar de asumir la falla institucional y activar protocolos de intervención psicopedagógica para la alumna emisora y de protección para la víctima, la directiva optó por cortar el hilo por lo más delgado: el despido del docente de grupo.

El despido del maestro cumple una doble función táctica para la dirección:

-Simulación institucional: Presentar ante las autoridades de supervisión de la SEG una acción drástica para aparentar que «se tomaron cartas en el asunto».

-Evasión de responsabilidad directiva: Trasladar la culpa del manejo del protocolo al personal docente de aula, a pesar de que la propia dirección general tenía pleno conocimiento de los contenidos digitales, mantuvo reuniones unilaterales con los padres de la agresora y decidió omitir la notificación a la familia de la menor acosada.

La acumulación de tres denuncias en menos de 30 días no es casualidad; es la consecuencia natural de la anarquía procedimental. El plantel carece —o ignora deliberadamente— de los protocolos marco para la prevención, detección y actuación ante el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia sexual infantil establecidos por la normativa educativa.

Entrevistar a dos menores de seis años tras una acusación de tocamiento íntimo preguntándoles de manera superficial «qué problemas tienen» para equiparar la agresión con un juego con lápices o avioncitos de papel no es solo una incompetencia pedagógica: es una negligencia institucional que pone en riesgo la integridad física y mental de todo el alumnado.

La Delegación Regional V de la Secretaría de Educación de Guanajuato no puede limitarse a la recepción burocrática de folios. Ante la evidencia de un patrón sistemático de omisión, encubrimiento, manipulación de hechos y persecución del personal docente que reporta o queda atrapado en el conflicto, la autoridad educativa estatal está obligada a realizar una auditoría integral y aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

Las aulas privadas no pueden funcionar como feudos al margen de la ley. La seguridad de la infancia en Celaya no puede seguir supeditada al silencio de directivas más preocupadas por la cobranza mensual que por la protección de sus estudiantes. #MetroNewsMx

-Señalan irregularidades en la firma de recibos de nómina por concepto de utilidades, sin que se vea reflejado el depósito prometido en las cuentas bancarias correspondientes.

-La autoridad laboral sugiere que la firma de documentos timbrados sin haber recibido el pago constituye un riesgo legal, al tiempo que las empresas podrían incurrir en posibles fraudes.

-Tras realizar denuncias formales ante las autoridades fiscales, los afectados denuncian falta de respuesta por parte de las áreas de recursos humanos sobre el adeudo pendiente.

Tras darse a conocer la omisión de pago de utilidades de la empresa Marva a trabajadores de esta empresa (https://www.metronewsmx.com/2026/07/denuncian-presuntas-practicas-abusivas.html ), ahora se complica el tema ya que ahora se dio la instrucción a los trabajadores para firmar recibos de nómina timbrados y certificados, bajo la premisa de que recibirían el pago correspondiente de utilidades en un plazo determinado. A pesar de haber cumplido con la firma requerida, un grupo de empleados manifiesta que el depósito no fue realizado en sus cuentas bancarias en la fecha acordada y ya les fueron descontados impuestos, en algunos casos, por varios miles de pesos.

La fundamentación documental de uno de los afectados, fue entregad  la redacción de metro News, donde se observan los detalles señalados en la información.

La empresa no solo estaría cometiendo una falta laboral, sino que está "jugando con fuego" ante el SAT. Al timbrar el recibo, la empresa misma dejó la "huella digital" del fraude: ella reconoce ante el SAT que el dinero salió, y si no puede demostrar el flujo bancario a la cuenta -que es obligatorio para efectos fiscales-, la simulación queda acreditada automáticamente por las facultades de comprobación del SAT.

La problemática se agudizaría ante la disparidad en la ejecución de los pagos, ya que únicamente una parte de la plantilla recibió la remuneración, mientras que otro sector permanece a la espera sin obtener una explicación clara. La gestión del área de recursos humanos ha sido cuestionada, pues se limitaría a solicitar paciencia a los afectados, ante la presunta actitud de ignorar la falta de cumplimiento con las obligaciones laborales estipuladas.

Ante esta situación, los trabajadores buscaron asesoría en instancias de conciliación laboral, donde se les minimizó el riesgo de firmar documentos sin el pago previo. No obstante, al comprobarse el incumplimiento del depósito, surge el temor de que la empresa esté incurriendo en prácticas irregulares al reportar ante la autoridad fiscal un pago que no se ha efectuado. Esta situación podría representar un abuso de confianza, ya que el trabajador aparece como remunerado ante el sistema fiscal, sufriendo la retención de impuestos sin haber percibido el ingreso.

Como medida de respuesta, se han interpuesto denuncias anónimas ante la instancia fiscal competente, adjuntando evidencias como el recibo de nómina firmado y estados de cuenta que comprueban la ausencia del depósito. Los afectados denuncian que la empresa no contaría con elementos para demostrar la realización del pago, ya que la obligatoriedad estipula que los depósitos deben efectuarse directamente a cuentas bancarias individuales asociadas al nombre del beneficiario.

El conflicto permanece en un estado de incertidumbre legal para los afectados, quienes se sienten vulnerables ante la falta de una representación jurídica adecuada y una respuesta institucional efectiva por parte de la empresa, la cual mantiene una postura evasiva ante los reclamos directos.

Emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina —como el que se menciona— sin que exista la entrega real del recurso es una práctica irregular que podría constituir fraude fiscal. Al declarar ante la autoridad fiscal (SAT) que se pagó una cantidad (utilidades) que no fue recibida, la empresa podría estar incurriendo en una simulación de operaciones. Si el sistema fiscal retuvo impuestos (ISR) sobre una cantidad no percibida, el trabajador se ve afectado patrimonialmente, mientras que la empresa podría estar justificando deducciones indebidas o evadiendo responsabilidades financieras reales.

El Reparto de Utilidades (PTU) es un derecho constitucional. La falta de pago, incluso con recibos firmados, constituye un incumplimiento grave a la Ley Federal del Trabajo.

La recomendación recibida en las instancias de conciliación resultaría, a la luz de los hechos, altamente cuestionable y contraintuitiva. Sugerir a un trabajador que firme un recibo por un dinero que no ha recibido coloca al empleado en una posición de vulnerabilidad absoluta. Ante una eventual demanda, el recibo firmado funciona como una prueba presuntiva de pago a favor del patrón, obligando al trabajador a cargar con la difícil prueba de demostrar que no recibió el dinero.

La función de las autoridades laborales -y de instituciones como la PROFEDET-  debe ser la orientación para proteger el derecho del trabajador, no la validación de prácticas que facilitan posibles ilícitos patronales. Firmar sin haber recibido el pago es, técnicamente, convalidar una irregularidad que dificulta posteriores reclamaciones.

Dado que el problema afecta a múltiples trabajadores, se recomendaría denunciar ante el SAT, acción que al parecer ya fue hecha por los trabajadores. Es fundamental realizar una aclaración en el portal del SAT mediante la "Solicitud de conciliación de factura" o reporte de recibo de nómina no reconocido. Esto desvincula al trabajador de la percepción de un ingreso que nunca obtuvo y alerta a la autoridad sobre la emisión de CFDI apócrifos.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para interponer la denuncia formal por incumplimiento de PTU. A diferencia de una conciliación básica, esta instancia puede ofrecer representación legal gratuita para procesos más complejos si la empresa mantiene su postura evasiva. Conservar los estados de cuenta bancarios donde se evidencia la ausencia del depósito, así como capturas del CFDI timbrado, los cuales servirán como prueba de la simulación.

Al involucrar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampara una operación -pago de utilidades- que no ocurrió realmente, sitúa a la empresa en una zona de alta responsabilidad penal federal bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF).

El hecho de que la empresa haya timbrado un recibo (CFDI) por un pago que no se depositó constituye, para efectos fiscales, la emisión de un comprobante que ampara operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

-Defraudación Fiscal (Artículo 108, CFF): Comete este delito quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Al timbrar un pago, la empresa genera obligaciones y derechos fiscales (como la retención de ISR); si el pago es falso, está engañando a la autoridad para obtener un beneficio fiscal indebido.

-Simulación de Actos Jurídicos (Artículo 109, fracción IV, CFF): El CFF tipifica como una conducta equiparable a la defraudación fiscal el hecho de simular la prestación de servicios o el pago de remuneraciones, lo cual es exactamente lo que ocurre al "pagar" utilidades que nunca salieron de la caja de la empresa.

-Uso de CFDI falsos o inexistentes (Artículo 113-Bis, CFF): Este artículo es el más severo. Sanciona a quien expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Las penas por estos delitos son privativas de la libertad (cárcel) y se gradúan principalmente en función del monto involucrado o de la gravedad de la conducta:

Defraudación Fiscal (Art. 108):

-Si el monto no excede los $2,236,480.00 MXN: 3 meses a 2 años de prisión.

-Si el monto excede los $2,236,480.00 MXN pero no llega a $3,354,710.00 MXN: 2 a 5 años de prisión.

-Si el monto supera los $3,354,710.00 MXN: 3 a 9 años de prisión.

Expedición de CFDI por operaciones inexistentes (Art. 113-Bis): Se castiga con 2 a 9 años de prisión.

En esquemas de facturación falsa o simulación que involucren montos elevados o estructuras organizadas, la autoridad puede solicitar la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los responsables no podrían enfrentar el proceso en libertad bajo fianza.

Si la autoridad determina que el esquema de "simular pagos de utilidades" para evadir impuestos o desviar recursos es realizado por tres o más personas -por ejemplo, el dueño, el contador y el responsable de Recursos Humanos-, el caso puede escalar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que endurece exponencialmente las penas y anula la posibilidad de beneficios procesales. #MetroNewsMx

Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.

-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.

-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.

-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.

-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.

-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.

-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Extrabajador.

Extrabajador.

Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  

Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 

Sí, la verdad, sí.

Hay un olvido de este aspecto.

Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

O sea, o sea que, o sea que...

Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  

Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Pues sí, la verdad sí.

Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 

Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

No.

Okay.

De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Bueno, pues le agradezco la entrevista.

#MetroNewsMx

-Madre denuncia acoso escolar reiterado e impunidad ante la falta de acción del personal directivo y docente del plantel.

-Violencia física contra un menor incluyó la pérdida de una pieza dental sin que las autoridades escolares actuaran debidamente.

-Estudiantes instigaron agresiones físicas contra un compañero ofreciendo dinero a cambio, ante la omisión total del colegio.

-Directivos minimizaron agresiones físicas y verbales sistemáticas, calificándolas erróneamente como conflictos entre madres.

-El personal docente omitió reportar agresiones graves y se negó a levantar actas, ignorando protocolos de convivencia escolar.

-Familia exige justicia a la SEG tras agresiones físicas, instigación y la sistemática falta de protección al menor agredido.

Ante la inacción de las autoridades de un plantel educativo privado, una madre de familia presentó una denuncia formal ante la Delegación Regional de Educación Región V, encabezada por el Mtro. Aldo Sahib Velásquez Velázquez, para exigir justicia por las agresiones reiteradas que ha sufrido su hijo y que oportunamente fueron dadas a conocer por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ).

La denunciante relata una cronología de violencia escolar que se ha prolongado desde el ciclo escolar 2023-2024 hasta la fecha. El menor ha sido víctima de agresiones físicas, incluyendo una que resultó en la pérdida de una pieza dental, así como violencia verbal sistemática. A pesar de los intentos de diálogo iniciales y la intervención parcial del personal docente, el acoso ha persistido, escalando a situaciones de mayor gravedad.

El episodio detonante ocurrió a principios del mes pasado, durante una actividad extracurricular. Según el testimonio, otro alumno agredió físicamente al menor en dos ocasiones, revelando que actuaba bajo la instigación de un tercer estudiante, quien presuntamente le ofreció dinero a cambio de perpetrar los golpes.

La madre de familia señala con indignación las omisiones por parte del personal docente y directivo. Denuncia que el instructor de la actividad extracurricular no reportó el incidente a la dirección, y que, al solicitar la intervención de las autoridades escolares, recibió una respuesta insuficiente. La institución se limitó a aplicar suspensiones temporales a los menores involucrados, negándose a levantar un acta de hechos formal y minimizando la situación al clasificarla como un conflicto entre particulares.

La denunciante enfatiza que la institución ha ignorado sus propios reglamentos internos y la legislación estatal sobre convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Ante la falta de protocolos claros y la ausencia de acciones para salvaguardar la integridad de su hijo, la madre exige una investigación administrativa profunda.

La denuncia presentada ante la Delegación Regional solicita puntualmente:

-El inicio de una investigación administrativa sobre el actuar del personal directivo y docente.

-La verificación de la correcta aplicación de los protocolos contra la violencia escolar.

-La aclaración de por qué se omitió el reporte de las agresiones y la elaboración del acta de hechos.

-El deslinde de responsabilidades por omisión ante los antecedentes de violencia.

-La implementación de medidas correctivas y preventivas urgentes para garantizar un entorno seguro.

Los padres de familia afectados, quienes manifiestan su indignación ante el manejo institucional de los casos, ha reiterado su total disposición para colaborar con la autoridad educativa, buscando que se garantice el derecho de su hijo a estudiar en un entorno libre de violencia, impunidad y acoso.

Tras la presentación de una denuncia formal por violencia escolar ante la Delegación Regional de Educación (SEG), el proceso se regiría por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

A partir de este momento, la Delegación y la autoridad educativa tienen las siguientes obligaciones y procedimientos conducentes:

-Obligaciones Inmediatas de la Autoridad Educativa

Una vez recibida la denuncia, la autoridad (incluyendo la dirección escolar y la Delegación) tiene el deber legal de actuar para que la violencia cese. Sus acciones deben incluir:

-Atención y protección: Garantizar la integridad física y psicoemocional de la víctima. Esto incluye dictar medidas cautelares si existe riesgo.

-Registro formal: Es obligatorio dejar constancia documental de los hechos (acta de hechos). La omisión en la atención o registro es considerada una falta sancionable por ley.

-Activación de Protocolos: Se deben activar los mecanismos de atención, que pueden incluir la asesoría y canalización a instancias especializadas.

-Procedimientos Conducentes (Lo que presuntamente ocurrirá)

El proceso administrativo seguirá una ruta de investigación y seguimiento:

-Investigación administrativa: La Delegación Regional debe investigar si el personal docente y directivo actuó conforme al Reglamento Escolar Interno y la legislación vigente. Esto implica entrevistar a las partes involucradas (previa autorización de padres o tutores) y revisar la actuación del personal.

-Canalización interinstitucional: Si la naturaleza del caso lo requiere, la Delegación debe canalizar a las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el DIF, instituciones de salud o la Procuraduría de los Derechos Humanos.

-Evaluación de responsabilidades: Se determinará si existió una omisión o negligencia por parte del personal escolar al no reportar o documentar incidentes previos. En caso de responsabilidad, se pueden aplicar correctivos administrativos (extrañamientos, amonestaciones o notas en la hoja de servicio).

-Seguimiento: La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el curso de la investigación y las medidas preventivas implementadas.

-Recomendaciones y Recursos

Si el afectado considera que la resolución de la autoridad es insuficiente o viola los derechos del menor, tiene el derecho de:

-Recurrir a otras instancias: Puede presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

-Acompañamiento: Puede solicitar asesoría jurídica y psicológica en la SEG.

La autoridad debe actuar de manera pronta para frenar la situación y evitar la revictimización del menor. #MetroNewsMx 

Una queja enviada a la redacción de Metro News, por personas plenamente identificadas, precisaron su inconformidad en contra de un plantel educativo ubicado al noroeste de la ciudad, por la violencia escolar no atendida y posible bullying contra un niño de cuarto año por parte de uno de sexto grado.

La institución educativa, que ofrece desde preescolar hasta bachillerato al noroeste de Celaya, enfrenta una severa crisis de gobernanza ante graves casos de violencia escolar que han escalado a agresiones físicas reiteradas y esquemas de intimidación con incentivos económicos entre estudiantes para ejercer esa violencia, asemejando a un "sicariato".

"DENUNCIA PÚBLICA":

"En la escuela de mi hijo, un niño de 9 años le pide a otro niño, dos años mayor, que golpee a mi hijo de 10 años a cambio de dinero. Después de que lo hace, el primero le ofrece más dinero si lo golpea con más fuerza, y el otro niño vuelve a hacerlo. Al solicitar un establecimiento de hechos, las autoridades escolares suspenden a los niños por dos días y restan importancia al incidente, argumentando que el resto es una situación entre las madres2.

"Hay repetición de violencia física por parte del mismo niño hacia mi hijo y las autoridades escolares están desviando la atención hacia mi reacción como madre del niño afectado en lugar de analizar la conducta del niño que originó el conflicto".

El peligro para el resto de alumnos del plantel

La administración del plantel ha sido señalada por evadir su responsabilidad institucional ante una serie de incidentes que involucran a un alumno de cuarto grado, quien ha hostigado sistemáticamente a un compañero de segundo año. Entre los antecedentes, figura la pérdida de una pieza dental del menor afectado en un evento previo, mientras que la agresión más reciente ocurrió durante una clase extraescolar de ajedrez.

En lugar de aplicar protocolos de prevención y justicia, la dirección escolar ha minimizado el conflicto, intentando reducir una problemática de conducta violenta a una supuesta disputa personal entre madres de familia. Esta postura ha sido calificada como una táctica para encubrir la falta de control en el plantel, lo que genera cuestionamientos profundos sobre el ambiente formativo que se ofrece a quienes pagan por un servicio de seguridad y educación.

El caso ha trascendido las fronteras de la institución, escalando hacia la Delegación Regional de Educación V y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la intervención de PROFECO bajo el argumento de incumplimiento de contrato por parte de la escuela, al no garantizar un entorno seguro y pacífico, convirtiendo un espacio educativo en un sitio de riesgo. Los padres afectados han responsabilizado tanto a la institución como a la familia del agresor por cualquier represalia o daño adicional que pueda sufrir su hijo.

Si fueran mayores de edad, ¿En qué delitos se estaría incurriendo en este caso?

En el ordenamiento jurídico mexicano, y específicamente bajo el Código Penal para el Estado de Guanajuato, si los involucrados fueran mayores de edad, la conducta descrita —pagar a una tercera persona para ejercer violencia física contra otra— configuraría distintos grados de responsabilidad penal que podrían agruparse de la siguiente manera:

-Instigación (Determinador)

La persona que paga u ofrece un incentivo económico para que se cometa la agresión actúa como instigador (o determinador). Según el Artículo 21 del Código Penal de Guanajuato, es instigador quien dolosamente determina a otro a la comisión dolosa de un delito.

Esta figura es fundamental, ya que aunque el instigador no ejecute el golpe directamente, su responsabilidad es equiparable a la del autor material, pues sin su voluntad y pago, el delito no habría ocurrido.

-Autoría Material

El sujeto que recibe el dinero y ejecuta los golpes sería el autor material. De haber causado lesiones, enfrentaría cargos por el delito de lesiones, cuya penalidad se determina según la gravedad, el tiempo de sanación o la naturaleza de las secuelas (como la pérdida de una pieza dental, que se clasifica como una lesión que afecta la integridad física de manera permanente).

-Concurso de Delitos y Agravantes

Dependiendo de las circunstancias, podrían configurarse otras figuras delictivas:

Lesiones: El delito base contra la integridad corporal.

Amenazas: Si el pago o la dinámica incluyen intimidación para que la víctima no denuncie o para forzarla a hacer algo (Artículo 282 del Código Penal Federal, aplicable por analogía en principios generales).

Responsabilidad Agravada: El Código Penal de Guanajuato permite agravar la punibilidad hasta en un tercio si el delito se comete aprovechándose de una persona incapaz o en situaciones donde hay una clara disparidad de poder.

-La responsabilidad de la institución (Omisión)

Si bien el centro educativo es una entidad privada, su responsabilidad ante estos hechos, si fuera probada una omisión dolosa o negligencia grave que permita la continuidad de estos actos, podría derivar en:

Responsabilidad civil: Reparación del daño (médico, psicológico y moral) por incumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.

Responsabilidad administrativa: Ante instancias como la Delegación Regional de Educación, por no garantizar el ambiente seguro que la ley exige para los centros educativos.

En el derecho penal mexicano, la distinción entre autor intelectual (quien ordena o paga) y autor material (quien ejecuta) no exime a ninguno de los dos; el sistema los trata bajo una misma lógica de responsabilidad penal. En este caso hipotético, el hecho de que exista una transacción económica para provocar daño añade un componente de premeditación que suele elevar las penas.

Las preguntas que quedan en el aire:

¿Es esta institución un centro de formación académica o un espacio que permite la consolidación de conductas violentas?

¿Qué garantías de seguridad real ofrece una escuela que prioriza la omisión sobre la protección de sus estudiantes?

¿Es admisible que un colegio privado eluda su responsabilidad institucional ante la reincidencia de agresiones físicas?