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Redacción

-Excolaborador de Transportes Marva denuncia ante autoridades laborales el presunto incumplimiento sistemático en el pago de utilidades anuales.
-La empresa de transporte enfrentaría graves acusaciones por coacción y presunta simulación de renuncias para evitar pagos de ley.
-El denunciante expone tácticas administrativas que impedirían la sindicalización y negar derechos básicos a personal de confianza.
-Tras vencer el plazo legal, trabajadores señalan irregularidades en nóminas y la negativa de la empresa para emitir referencias.
-El caso ante Conciliación pone bajo la lupa las presuntas prácticas de gestión humana en esta firma de alcance nacional.

Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.
-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.
-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Qué derechos estaría violando Transportes Marva ante los señalamientos que se hacen

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.
-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.
-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.
-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.
-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

La transcripción de la entrevista con el exempleado de Transportes Marva

Entrevistador: 
Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Extrabajador de Marva: 
Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Entrevistador: 
Extrabajador.

Extrabajador de Marva:  
Extrabajador.

Entrevistador:
Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  
Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Entrevistador:
Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Extrabajador de Marva: 
Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

Entrevistador: 
No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Extrabajador de Marva: 
Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Entrevistador:
Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Extrabajador de Marva: 
Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

Entrevistador:
O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Entrevistador:
Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Extrabajador de Marva: 
Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Entrevistador:
Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 
Sí, la verdad, sí.

Entrevistador:
Hay un olvido de este aspecto.

Extrabajador de Marva: 
Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

Entrevistador: 
O sea, o sea que, o sea que...

Extrabajador de Marva: 
Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

Entrevistador: 
O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  
Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

Entrevistador:
O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Extrabajador de Marva:  
Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Entrevistador:
Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad sí.

Entrevistador: 
Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Extrabajador de Marva: 
Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

Entrevistador:
O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Extrabajador de Marva: 
Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Entrevistador:
Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 
Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Entrevistador:
Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Extrabajador de Marva: 
Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

Entrevistador:
O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

Extrabajador de Marva:  
No.

Entrevistador:
Okay.

Extrabajador de Marva: 
De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Entrevistador:
Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

Extrabajador de Marva: 
No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Entrevistador:
Bueno, pues le agradezco la entrevista.
#MetroNewsMx


Redacción/Metro News

-Madre denuncia acoso escolar reiterado e impunidad ante la falta de acción del personal directivo y docente del plantel.
-Violencia física contra un menor incluyó la pérdida de una pieza dental sin que las autoridades escolares actuaran debidamente.
-Estudiantes instigaron agresiones físicas contra un compañero ofreciendo dinero a cambio, ante la omisión total del colegio.
-Directivos minimizaron agresiones físicas y verbales sistemáticas, calificándolas erróneamente como conflictos entre madres.
-El personal docente omitió reportar agresiones graves y se negó a levantar actas, ignorando protocolos de convivencia escolar.
-Familia exige justicia a la SEG tras agresiones físicas, instigación y la sistemática falta de protección al menor agredido.

Ante la inacción de las autoridades de un plantel educativo privado, una madre de familia presentó una denuncia formal ante la Delegación Regional de Educación Región V, encabezada por el Mtro. Aldo Sahib Velásquez Velázquez, para exigir justicia por las agresiones reiteradas que ha sufrido su hijo y que oportunamente fueron dadas a conocer por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ).

La denunciante relata una cronología de violencia escolar que se ha prolongado desde el ciclo escolar 2023-2024 hasta la fecha. El menor ha sido víctima de agresiones físicas, incluyendo una que resultó en la pérdida de una pieza dental, así como violencia verbal sistemática. A pesar de los intentos de diálogo iniciales y la intervención parcial del personal docente, el acoso ha persistido, escalando a situaciones de mayor gravedad.

El episodio detonante ocurrió a principios del mes pasado, durante una actividad extracurricular. Según el testimonio, otro alumno agredió físicamente al menor en dos ocasiones, revelando que actuaba bajo la instigación de un tercer estudiante, quien presuntamente le ofreció dinero a cambio de perpetrar los golpes.

La madre de familia señala con indignación las omisiones por parte del personal docente y directivo. Denuncia que el instructor de la actividad extracurricular no reportó el incidente a la dirección, y que, al solicitar la intervención de las autoridades escolares, recibió una respuesta insuficiente. La institución se limitó a aplicar suspensiones temporales a los menores involucrados, negándose a levantar un acta de hechos formal y minimizando la situación al clasificarla como un conflicto entre particulares.

La denunciante enfatiza que la institución ha ignorado sus propios reglamentos internos y la legislación estatal sobre convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Ante la falta de protocolos claros y la ausencia de acciones para salvaguardar la integridad de su hijo, la madre exige una investigación administrativa profunda.

La denuncia presentada ante la Delegación Regional solicita puntualmente:

-El inicio de una investigación administrativa sobre el actuar del personal directivo y docente.
-La verificación de la correcta aplicación de los protocolos contra la violencia escolar.
-La aclaración de por qué se omitió el reporte de las agresiones y la elaboración del acta de hechos.
-El deslinde de responsabilidades por omisión ante los antecedentes de violencia.
-La implementación de medidas correctivas y preventivas urgentes para garantizar un entorno seguro.

Los padres de familia afectados, quienes manifiestan su indignación ante el manejo institucional de los casos, ha reiterado su total disposición para colaborar con la autoridad educativa, buscando que se garantice el derecho de su hijo a estudiar en un entorno libre de violencia, impunidad y acoso.

Qué le tocaría hacer a la Delegación de Educación tras la presentación de la denuncia

Tras la presentación de una denuncia formal por violencia escolar ante la Delegación Regional de Educación (SEG), el proceso se regiría por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

A partir de este momento, la Delegación y la autoridad educativa tienen las siguientes obligaciones y procedimientos conducentes:

-Obligaciones Inmediatas de la Autoridad Educativa
Una vez recibida la denuncia, la autoridad (incluyendo la dirección escolar y la Delegación) tiene el deber legal de actuar para que la violencia cese. Sus acciones deben incluir:
-Atención y protección: Garantizar la integridad física y psicoemocional de la víctima. Esto incluye dictar medidas cautelares si existe riesgo.
-Registro formal: Es obligatorio dejar constancia documental de los hechos (acta de hechos). La omisión en la atención o registro es considerada una falta sancionable por ley.
-Activación de Protocolos: Se deben activar los mecanismos de atención, que pueden incluir la asesoría y canalización a instancias especializadas.

-Procedimientos Conducentes (Lo que presuntamente ocurrirá)
El proceso administrativo seguirá una ruta de investigación y seguimiento:
-Investigación administrativa: La Delegación Regional debe investigar si el personal docente y directivo actuó conforme al Reglamento Escolar Interno y la legislación vigente. Esto implica entrevistar a las partes involucradas (previa autorización de padres o tutores) y revisar la actuación del personal.
-Canalización interinstitucional: Si la naturaleza del caso lo requiere, la Delegación debe canalizar a las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el DIF, instituciones de salud o la Procuraduría de los Derechos Humanos.
-Evaluación de responsabilidades: Se determinará si existió una omisión o negligencia por parte del personal escolar al no reportar o documentar incidentes previos. En caso de responsabilidad, se pueden aplicar correctivos administrativos (extrañamientos, amonestaciones o notas en la hoja de servicio).
-Seguimiento: La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el curso de la investigación y las medidas preventivas implementadas.

-Recomendaciones y Recursos
Si el afectado considera que la resolución de la autoridad es insuficiente o viola los derechos del menor, tiene el derecho de:
-Recurrir a otras instancias: Puede presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
-Acompañamiento: Puede solicitar asesoría jurídica y psicológica en la SEG.

La autoridad debe actuar de manera pronta para frenar la situación y evitar la revictimización del menor. #MetroNewsMx 



Redacción

Una queja enviada a la redacción de Metro News, por personas plenamente identificadas, precisaron su inconformidad en contra de un plantel educativo ubicado al noroeste de la ciudad, por la violencia escolar no atendida y posible bullying contra un niño de cuarto año por parte de uno de sexto grado.

La institución educativa, que ofrece desde preescolar hasta bachillerato al noroeste de Celaya, enfrenta una severa crisis de gobernanza ante graves casos de violencia escolar que han escalado a agresiones físicas reiteradas y esquemas de intimidación con incentivos económicos entre estudiantes para ejercer esa violencia, asemejando a un "sicariato".

La queja textual enviada a la redacción

"DENUNCIA PÚBLICA":

"En la escuela de mi hijo, un niño de 9 años le pide a otro niño, dos años mayor, que golpee a mi hijo de 10 años a cambio de dinero. Después de que lo hace, el primero le ofrece más dinero si lo golpea con más fuerza, y el otro niño vuelve a hacerlo. Al solicitar un establecimiento de hechos, las autoridades escolares suspenden a los niños por dos días y restan importancia al incidente, argumentando que el resto es una situación entre las madres2.

"Hay repetición de violencia física por parte del mismo niño hacia mi hijo y las autoridades escolares están desviando la atención hacia mi reacción como madre del niño afectado en lugar de analizar la conducta del niño que originó el conflicto".

El peligro para el resto de alumnos del plantel

La administración del plantel ha sido señalada por evadir su responsabilidad institucional ante una serie de incidentes que involucran a un alumno de cuarto grado, quien ha hostigado sistemáticamente a un compañero de segundo año. Entre los antecedentes, figura la pérdida de una pieza dental del menor afectado en un evento previo, mientras que la agresión más reciente ocurrió durante una clase extraescolar de ajedrez.

En lugar de aplicar protocolos de prevención y justicia, la dirección escolar ha minimizado el conflicto, intentando reducir una problemática de conducta violenta a una supuesta disputa personal entre madres de familia. Esta postura ha sido calificada como una táctica para encubrir la falta de control en el plantel, lo que genera cuestionamientos profundos sobre el ambiente formativo que se ofrece a quienes pagan por un servicio de seguridad y educación.

El caso ha trascendido las fronteras de la institución, escalando hacia la Delegación Regional de Educación V y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la intervención de PROFECO bajo el argumento de incumplimiento de contrato por parte de la escuela, al no garantizar un entorno seguro y pacífico, convirtiendo un espacio educativo en un sitio de riesgo. Los padres afectados han responsabilizado tanto a la institución como a la familia del agresor por cualquier represalia o daño adicional que pueda sufrir su hijo.

Si fueran mayores de edad, ¿En qué delitos se estaría incurriendo en este caso?

En el ordenamiento jurídico mexicano, y específicamente bajo el Código Penal para el Estado de Guanajuato, si los involucrados fueran mayores de edad, la conducta descrita —pagar a una tercera persona para ejercer violencia física contra otra— configuraría distintos grados de responsabilidad penal que podrían agruparse de la siguiente manera:

-Instigación (Determinador)
La persona que paga u ofrece un incentivo económico para que se cometa la agresión actúa como instigador (o determinador). Según el Artículo 21 del Código Penal de Guanajuato, es instigador quien dolosamente determina a otro a la comisión dolosa de un delito.

Esta figura es fundamental, ya que aunque el instigador no ejecute el golpe directamente, su responsabilidad es equiparable a la del autor material, pues sin su voluntad y pago, el delito no habría ocurrido.

-Autoría Material
El sujeto que recibe el dinero y ejecuta los golpes sería el autor material. De haber causado lesiones, enfrentaría cargos por el delito de lesiones, cuya penalidad se determina según la gravedad, el tiempo de sanación o la naturaleza de las secuelas (como la pérdida de una pieza dental, que se clasifica como una lesión que afecta la integridad física de manera permanente).

-Concurso de Delitos y Agravantes
Dependiendo de las circunstancias, podrían configurarse otras figuras delictivas:
Lesiones: El delito base contra la integridad corporal.
Amenazas: Si el pago o la dinámica incluyen intimidación para que la víctima no denuncie o para forzarla a hacer algo (Artículo 282 del Código Penal Federal, aplicable por analogía en principios generales).
Responsabilidad Agravada: El Código Penal de Guanajuato permite agravar la punibilidad hasta en un tercio si el delito se comete aprovechándose de una persona incapaz o en situaciones donde hay una clara disparidad de poder.

-La responsabilidad de la institución (Omisión)
Si bien el centro educativo es una entidad privada, su responsabilidad ante estos hechos, si fuera probada una omisión dolosa o negligencia grave que permita la continuidad de estos actos, podría derivar en:
Responsabilidad civil: Reparación del daño (médico, psicológico y moral) por incumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.
Responsabilidad administrativa: Ante instancias como la Delegación Regional de Educación, por no garantizar el ambiente seguro que la ley exige para los centros educativos.

En el derecho penal mexicano, la distinción entre autor intelectual (quien ordena o paga) y autor material (quien ejecuta) no exime a ninguno de los dos; el sistema los trata bajo una misma lógica de responsabilidad penal. En este caso hipotético, el hecho de que exista una transacción económica para provocar daño añade un componente de premeditación que suele elevar las penas.

Las preguntas que quedan en el aire:

¿Es esta institución un centro de formación académica o un espacio que permite la consolidación de conductas violentas?
¿Qué garantías de seguridad real ofrece una escuela que prioriza la omisión sobre la protección de sus estudiantes?
¿Es admisible que un colegio privado eluda su responsabilidad institucional ante la reincidencia de agresiones físicas?

mayo 26, 2026 , ,

Redacción

Una seria queja, -emitida por un ciudadano que pidió proteger su identidad- proveniente del interior de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 112, con sede en esta ciudad, pondrían al descubierto presuntos actos de corrupción, hostigamiento estudiantil y opacidad financiera, así como supuestas irregularidades administrativas operadas desde la directiva institucional.

De acuerdo con testimonios directos recabados por Metro News bajo estricta reserva de identidad para evitar represalias institucionales, se ha señalado una presunta campaña de presión orientada hacia la comunidad estudiantil. La denuncia invita textualmente a "investigar en UPN112, la corrupción y hostigamiento que se está haciendo con los alumnos para obligarlos a 'participar-pagar' en la carrera del viernes 29 de mayo, sin aclarar para que se usarán los recursos económicos recaudados...así como la corrupción del sindicato para imponer la continuidad de los actuales directivos, haciendo renunciar o corriendo a maestros con formación y experiencia profesional, para imponer a 'sus maestros amigos y familiares, sin experiencia'".

Los señalamientos apuntarían de manera directa a la gestión que encabeza la directora del plantel, la Maestra Patricia Valadez, quien lleva casi tres años en el cargo. Según la parte denunciante, la actual administración incurriría en el desplazamiento de personal calificado: "actualmente es indignante como están haciendo que renuncien maestros al quitarle sus puestos de coordinaciones y bajarles horas para hacer que renuncien".

A modo de ejemplo, se expuso que en el mes de enero se destituyó a la entonces coordinadora de pedagogía, a quien se describió como "una maestra muy profesional que forjo la carrera y el nivel de sus egresados", con la presunta finalidad de "poner a otra persona de la simpatía de las autoridades directivas".

De igual forma, se aseveró que estas acciones han derivado en la imposición de docentes carentes de experiencia, afectando el terreno institucional. La fuente señala que "los cambios se han hecho cada inicio de semestre, con nuevos contratos, desde que la directiva actual asumió el cargo, pero en particularmente han puesto a maestros son experiencia...y en algunos casos los están 'haciendo cursar una maestría en la misma universidad' para justificar su perfil", añadiendo que "e incluso en maestría han cesado a maestros para evitar que les exijan". Se reportó además que la demanda de ingreso para la carrera de psicología habría disminuido y que los alumnos de sexto y octavo semestre de pedagogía manifiestarían descontento por el riesgo en su nivel académico al estar "viendo la diferencia".

El descontento más inmediato entre el alumnado se concentraría en una justa deportiva programada por la institución en su página de Facebook. Se denuncia que los alumnos no tendrían interés debido a que "no se tiene claro ¿para que serán destinados los recursos $$$" recaudados a través de lo que definen como "lo que se cobra por participar obligatoriamente".

Al cuestionar los mecanismos de coacción, se reveló que a los estudiantes se les condicionaría si no asisten: "Por que de no asistir les están condicionando tramites y firmas como la liberación de 'tutorias' e incluso les estaban diciendo que su calificación estaría de promedio (esto último lo dijeron alumnos de octavo y sexto de pedagogía, temerosos que es no participar les puedan afectar retrasando en sus tramites de titulación)". Lo anterior cobraría relevancia debido a que en el año 2027 se celebrarán elecciones para el relevo de la dirección de la unidad, y los estudiantes temen represalias a largo plazo si el grupo en el poder continúa.

Asimismo, se reportó que tras publicarse comentarios adversos en las redes sociales de la UPN 112, estos serían borrados. Acto seguido, la subdirectora académica, en compañía de la actual coordinadora de pedagogía, habrían confrontado directamente a los alumnos de sexto y octavo semestre para reclamarles "su falta de interés en participar y pagar". 

De acuerdo con los testimonios, durante dicho reclamo se verterían expresiones tales como "cómo es que no tienen dinero para pagar lo de la carrera pero si tienen para comprar chilaquiles para comer", un hecho calificado como insensible frente a la realidad de que se trata de una escuela pública a la que asisten alumnos foráneos cuyos padres realizan un notable esfuerzo económico.

El caso de febrero 25 de 2026: Habrían violado libertad de expresión a periodista al impedirle el paso a UPN 112 en horas hábiles

Este escenario de inconformidad se sumaría a los antecedentes de hermetismo que caracterizan a los altos mandos de la UPN 112 en Celaya. En ocasiones anteriores, al verse involucradas en situaciones controvertidas o que no resultan convenientes para la imagen de la institución, las autoridades educativas habrían optado por evadir las solicitudes de información y por utilizar al personal subordinado para contener los cuestionamientos de los medios de comunicación y de la opinión pública. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/evade-upn-celaya-dar-informacion-sobre.html )

Como reflejo de estas dinámicas internas, trascendió por parte de la misma fuente declarante que tras la difusión de notas periodísticas previas que ponían de manifiesto dicha actitud evasiva por parte de los directivos, el guardia de seguridad que se encontraba en funciones durante esos hechos habría sido removido de su puesto de manera inmediata y "sin ninguna explicación", lo que a decir de los afectados evidenciaría una política interna represiva ante cualquier hecho que exponga las problemáticas del plantel. 

En qué faltas podrían estar incurriendo los directivos de la UPN

Tomando como base los hechos descritos en el texto y aplicando el marco jurídico vigente en el estado de Guanajuato -el Código Penal del Estado de Guanajuato y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato-, los directivos de la UPN 112 involucrados podrían estar incurriendo en varias faltas penales y administrativas en caso de comprobarse las acusaciones.

Al ser la UPN una institución pública, sus directivos poseen el carácter de servidores públicos, lo que agrava o tipifica conductas específicas del fuero común:

-Concusión (o Exacción Ilegal): Se configura al obligar a los alumnos a pagar una cuota por la carrera deportiva bajo coacción (amenaza de afectar sus calificaciones o retener la liberación de tutorías y titulación), especialmente al no estar claro el destino de los recursos económicos ni contar con un fundamento legal explícito para dicho cobro.
-Abuso de Autoridad: Al utilizar las facultades de su cargo para presionar a los estudiantes (condicionando trámites académicos legítimos) y para hostigar al personal docente (recortando horas o removiendo coordinaciones de forma arbitraria con el fin de forzar renuncias).
-Tráfico de Influencias / Nepotismo: Al utilizar su posición y poder para contratar o promover a "maestros amigos y familiares sin experiencia", otorgándoles contratos y facilidades -como cursar maestrías en la misma institución para simular el perfil requerido- por encima de procesos de selección legales y basados en el mérito.
-Coalición de Servidores Públicos: Podría aplicar si se comprueba que la directora, la subdirectora académica y la coordinadora se asociaron deliberadamente para tomar medidas contrarias a la ley, presionar a los alumnos en bloque o concertar el desplazamiento del personal docente calificado.

Dado que los actos descritos involucran el manejo de recursos económicos no aclarados y la manipulación de plazas o contratos laborales, las conductas encuadran principalmente en Faltas Administrativas Graves:

-Desvío de Recursos: Si el dinero recaudado de forma obligatoria para la justa deportiva se utiliza para fines distintos a los estrictamente públicos e institucionales, o si se emplean recursos humanos y materiales de la universidad para beneficio de un grupo particular con miras a las elecciones de la dirección en 2027.
-Abuso de Funciones: Al ejercer atribuciones que no les corresponden o valerse de las que tienen para causar un perjuicio a los alumnos (retener firmas, bajar calificaciones) o para obtener un beneficio propio o de terceros (imponer a sus conocidos en la plantilla docente).
-Nepotismo: La contratación formal de familiares directos, o la designación de personas con las que se tengan vínculos de amistad o intereses de grupo, incumpliendo los perfiles académicos exigidos por la normativa de la UPN.

-Incumplimiento a la disciplina y legalidad: Al no tratar al alumnado con el debido respeto, ética y profesionalismo (ejemplificado en las burlas y reclamos sobre "comprar chilaquiles para comer" frente a la vulnerabilidad económica de alumnos foráneos).
-Falta de Transparencia: Al borrar de manera deliberada los comentarios adversos y las solicitudes de aclaración en las redes sociales oficiales del plantel, omitiendo rendir cuentas sobre el destino de los fondos recaudados.

Por la naturaleza de la denuncia, la autoridad competente para iniciar las investigaciones de carácter administrativo sería el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) o la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado; mientras que la vía penal correspondería a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato.
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