Redacción Editorial
-¿Por qué el Gobernación siente una urgencia mayor por identificar quién pagó un autobús que por localizar a los miles de desaparecidos que estas madres buscan con sus propios medios?
El reciente episodio en el que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, anunció una investigación sobre el origen de los recursos que permitieron el traslado de colectivos de madres buscadoras de Jalisco hacia la Ciudad de México (https://www.infobae.com/mexico/2026/06/11/gobierno-acusa-acarreo-para-protestas-de-madres-buscadoras-y-justifica-bloqueo-a-marcha-en-tlalpan-no-es-pueblo-contra-pueblo/ ), abre una herida profunda en la ética de la gestión pública. La respuesta de Virginia Ponce, "Doña Vicky", al señalar que llegaron "con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando", no es solo un testimonio de precariedad, sino una radiografía del abismo que separa a las familias de las víctimas de la cúpula que decide qué movilizaciones son "legítimas" y cuáles son objeto de sospecha.
La asimetría de la vigilancia estatal
Resulta inevitable cuestionar la selectividad con la que la Secretaría de Gobernación aplica su interés por la transparencia. Mientras el Gobierno Federal justifica el bloqueo y la investigación contra las madres buscadoras bajo la narrativa de un supuesto "acarreo", las movilizaciones masivas organizadas por el partido en el poder (Morena) hacia el Zócalo o el Monumento a la Revolución, que han sido señaladas históricamente por prácticas de movilización forzada y uso de recursos públicos, no han recibido el mismo escrutinio institucional.
La diferencia en el criterio de Gobernación no responde a una necesidad técnica de transparencia, sino a una estrategia política de diferenciación:
-Legitimidad vs. Disidencia: Para el aparato gubernamental, las marchas de apoyo al régimen son leídas como "expresiones del pueblo", por lo cual el origen de los recursos (que a menudo involucra estructuras gubernamentales o partidistas) se omite bajo la justificación de la "organización social".
-El control del relato: Investigar a las madres buscadoras tiene una función disuasoria y de estigmatización. Al poner el foco en cómo llegaron, el Estado desplaza la conversación pública del por qué están ahí: la crisis de desapariciones que el Estado no ha podido resolver.
-La transparencia selectiva: Si la Secretaría de Gobernación mantuviera una postura congruente con el principio de transparencia, debería auditar con la misma rigurosidad todas las concentraciones masivas, especialmente aquellas que cuentan con logística de transporte a gran escala. Sin embargo, no aplicar el mismo criterio a las movilizaciones oficiales revela que el objetivo no es la rendición de cuentas, sino el control del adversario político y la deslegitimación de la víctima.
¿Por qué incomoda más el camión que la ausencia?
La pregunta fundamental que surge tras el análisis de estos hechos es: ¿por qué el Gobierno Federal siente una urgencia mayor por identificar quién pagó un autobús que por localizar a los miles de desaparecidos que estas madres buscan con sus propios medios?
La movilización de las madres buscadoras no es una amenaza electoral, es una amenaza a la narrativa oficial de un México "en paz". El criterio diferenciado que utiliza Gobernación para cuestionar a las víctimas —mientras guarda silencio sobre sus propias prácticas de movilización— es una muestra de que el poder prefiere investigar la logística del dolor antes que asumir la responsabilidad del hallazgo.
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