-El Presidente Municipal realizó una gira de trabajo por la zona rural para entregar obras de rehabilitación que dignifican los puntos de encuentro y convivencia familiar.
-Las intervenciones contemplaron labores de mantenimiento estructural, impermeabilización, renovación de pisos y aplicación de pintura general.
-El munícipe reafirmó su política de atención directa para garantizar que las comunidades rurales reciban el mismo nivel de infraestructura que la cabecera municipal.
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Con el propósito de fortalecer el tejido social en las comunidades rurales, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega visitó las localidades de El Huizachal y San Antonio Viborillas para entregar de manera oficial la rehabilitación de sus espacios comunitarios.
En compañía de familias beneficiadas y líderes locales, el presidente municipal supervisó los inmuebles intervenidos, los cuales ahora cuentan con condiciones óptimas para albergar actividades de integración y reuniones vecinales.
Infraestructura digna para el desarrollo comunitario
Durante su recorrido, el Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega subrayó la relevancia de rescatar estos puntos de reunión para fomentar la armonía colectiva:
"Los centros comunitarios son el corazón de nuestras localidades; son el punto donde la comunidad se organiza, aprende y convive. Al acudir a El Huizachal y a San Antonio Viborillas, venimos a cumplir el compromiso de entregarles instalaciones renovadas, limpias y dignas, porque la gente de nuestras comunidades merece el mismo nivel de infraestructura y atención que la zona urbana", puntualizó el edil.
Alcance de las obras
Los trabajos realizados en ambas localidades incluyeron acciones profundas para corregir el deterioro físico de los inmuebles:
-Mantenimiento correctivo en muros y trabajos especializados de impermeabilización.
-Renovación de superficies mediante la aplicación de pintura interior y exterior, además de la sustitución y reparación de pisos.
Los habitantes y delegados locales agradecieron la respuesta oportuna de la administración municipal a sus solicitudes, señalando que las instalaciones renovadas impulsarán la vida comunitaria. Con estas acciones, el gobierno local consolida su esquema de trabajo cercano y equitativo en beneficio de las zonas rurales. #MetroNewsMx
-El alcalde Dr. Manuel Montes entregó un camión motobomba a bomberos para reforzar la seguridad ante el crecimiento industrial y urbano.
-La nueva unidad de emergencia se adquirió mediante una coinversión paritaria del cincuenta por ciento entre el municipio y la asociación.
-El comandante Manuel Martínez agradeció el respaldo institucional que consolida este proyecto gestionado desde principios de año.
-El edil enfatizó que el desarrollo económico exige equipar a los cuerpos de auxilio para salvaguardar la vida de los iturbidenses.
-El evento concluyó con la entrega simbólica de llaves y el encendido oficial del vehículo que ya se encuentra operando en el municipio.
Con el firme objetivo de blindar la seguridad ante el acelerado crecimiento industrial y urbano, el alcalde Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega entregó una nueva unidad motobomba al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. La adquisición de este equipo estratégico se concretó mediante una coinversión paritaria, donde el gobierno municipal aportó el 50 por ciento de los recursos y la Asociación de Bomberos del Estado cubrió el porcentaje restante.
Durante la ceremonia oficial, que contó con la presencia del comandante Manuel Martínez Gutiérrez, el bombero Adrián González Cuellar y elementos de la corporación, las autoridades reconocieron la disciplina y vocación de servicio de los rescatistas. En su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que el dinamismo económico de la demarcación exige una respuesta institucional a la altura de cualquier contingencia que ponga en riesgo el entorno y la vida de los ciudadanos.
"San José de Iturbide tiene todo el atractivo para crecer muy fuertemente en materia industrial y urbana, según las proyecciones económicas. Esto implica nuevas necesidades y retos. Cualquier contingencia pone en riesgo el medio ambiente y la vida de las personas; por ello, este camión motobomba es una herramienta vital para dar mayor cobertura y proteger la tranquilidad de la familia iturbidense. Cuentan con todo el respaldo de esta administración", enfatizó el edil.
Por su parte, el comandante Manuel Martínez Gutiérrez agradeció el respaldo operativo de la alcaldía y señaló que esta unidad culmina una gestión iniciada a principios de año para responder con eficacia a las demandas de la población. "Nuestra intención es mejorar. Tenemos un reto muy importante por el desarrollo urbano e industrial que se está dando en el municipio y tenemos que estar a la altura de la demanda de la población. Esta unidad viene a reforzar nuestro servicio y agradecemos al alcalde por confiar y respaldar operativamente al Cuerpo de Bomberos", expresó.
El acto concluyó con la entrega simbólica de las llaves al mando operativo y el posterior encendido oficial de la unidad en compañía de las autoridades, integrándose de manera inmediata al parque vehicular de emergencias para garantizar una protección integral en todo el territorio municipal. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
-El alcalde de San José de Iturbide entregó dos mil lavabos donados por EG Cerámica para mejorar las viviendas urbanas y rurales del municipio.
-El gobierno municipal destinó importantes recursos en 2026 para equipamiento ganadero, fertilización y diversos apoyos al campo iturbidense.
-El Presidente Municipal exhortó al sector privado a sumarse al esquema de responsabilidad social transparente mediante "Adopta una Comunidad".
-La administración local enfatizó que no se solicita dinero a las empresas, priorizando la ayuda directa en infraestructura social sin intermediarios.
-La Dirección de Desarrollo Rural mantiene abierta la convocatoria para gestionar apoyos de vivienda directamente en sus oficinas del centro.
Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida en los hogares de las zonas rurales y urbanas, el Presidente Municipal, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, encabezó la entrega de 2 mil lavabos donados por la empresa EG Cerámica SAPI S.A. de C.V., una acción coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Rural que encabeza Alfredo Lozada Rayas. Esta entrega se suma a los apoyos sociales previos otorgados en colaboración con la iniciativa privada, con los cuales se han distribuido 106 juegos de baño completos, 24 lavabos adicionales y 29 mingitorios para beneficio directo de las familias de la demarcación.
Durante el evento institucional, en el que se destacó la labor de la dependencia municipal, el alcalde Dr. Manuel Montes presentó un balance detallado de las inversiones y apoyos aplicados durante el presente año 2026 para fortalecer la productividad del campo iturbidense en las comunidades. El desglose de los programas comprende los siguientes rubros:
-Equipamiento Ganadero y Apicultura: Se destinó una inversión municipal de 1 millón 578 mil 403 pesos en beneficio de 51 productores distribuidos en 25 comunidades, abarcando la entrega de equipos forrajeros, molinos, cama baja, mejoramiento genético y apoyos para la apicultura.
-Mi Familia Productiva: Este programa brindó apoyo directo para el autoempleo a 211 familias de 20 comunidades, mediante una inversión de 443 mil 100 pesos.
-Ganado Productivo: Se operó un fondo de 1 millón de pesos destinado al fortalecimiento de 28 productores pertenecientes a 18 comunidades.
-Agricultura del Futuro (Limón Persa y Pitahaya): Se impulsaron nuevas unidades de producción agrícola en las comunidades de Las Pomas, Santa Anita y Miranda, con una inversión superior a los 128 mil pesos.
-Fertilización para el Campo: Se entregaron insumos agrícolas a 60 productores de diversas comunidades, alcanzando una inversión cercana a los 313 mil pesos en sus modalidades directa y municipalizada.
-Seguro Agrícola: Se otorgó una cobertura de protección a 148 productores iturbidenses para salvaguardar su actividad ante eventualidades climáticas.
Al dirigirse a los beneficiarios presentes, el Presidente Municipal agradeció de manera especial a la Contadora Pública Carla Alejandra Romero González, gerente administrativa de EG Cerámica SAPI S.A. de C.V., por sumarse activamente a las políticas de fomento social del municipio. Asimismo, el munícipe aprovechó la ocasión para reiterar un enérgico llamado al sector empresarial de la región a fin de colaborar bajo un esquema de corresponsabilidad y transparencia a través del programa "Adopta una Comunidad".
"En San José de Iturbide no hay espacio para la extorsión ni las dádivas; no se pide dinero a las empresas. Lo que les pedimos es que adopten una comunidad, que nos ayuden directamente a la gente con material, con un tramo de drenaje, con alumbrado, bacheo o infraestructura. Agradezco profundamente a EG Cerámica por ser un ejemplo de cómo la iniciativa privada puede transformar la vida de nuestras familias sin intermediarios", aseveró el alcalde ante la ciudadanía.
Finalmente, en el marco de la logística de atención directa a la ciudadanía, el personal operativo de la Dirección de Desarrollo Rural dio a conocer que la convocatoria permanece abierta. De esta manera, autoridades delegacionales, jefes de colonia e instituciones públicas pueden continuar gestionando diversos apoyos para sus representados. Las personas interesadas en incorporarse a los programas de mejoramiento de vivienda pueden acudir directamente a las oficinas de la dependencia, situadas en la calle Allende número 10, en la Zona Centro, bajo la garantía de que la atención se otorgará de forma directa y transparente a toda la población. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
-La Auditoría Superior del Estado observó que el municipio pagó más de 2.3 millones de pesos por una aplicación móvil que prácticamente no funcionó.
-El precio de la app "EcoSanjo" costaría tanto como la eficiente y sofisticada app de Whatsapp
-Investigaciones periodísticas y reportes de fiscalización documentan una monumental sombra de 39 millones de pesos observados en su gestión.
-La exalcaldesa enfrenta el desplome de su fachada política y gubernamental ante los múltiples señalamientos por presuntas irregularidades.
-La Auditoría Superior de la Federación colocó a la administración bajo la mira por un probable daño al erario de 9.4 millones de pesos.
-La exfuncionaria figura formalmente como "no encontrada" ante la Fiscalía General del Estado al intentar notificarle citatorios legales.
La rendición de cuentas en Guanajuato enfrenta uno de sus episodios más críticos al examinar el legado financiero de la administración municipal 2021-2024 en San José de Iturbide, encabezada por la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández. Lo que en su momento se promocionó bajo discursos de modernización administrativa, hoy se desploma ante los órganos fiscalizadores, revelando un entramado de recursos inexplicables, aplicaciones virtuales fantasma y un rosario de denuncias que colocan a la exfuncionaria en el centro de un escrutinio implacable.
El laberinto de la opacidad: Fantasmas digitales y la sombra de 39 mdp cercan a Cindy Arvizu
Este hecho se suma al caso más reciente que cimienta este expediente de opacidad proviene de la fiscalización de las cuentas públicas de 2024 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). El organismo fiscalizador descubrió que el municipio pagó más de 2.3 millones de pesos por el desarrollo de la aplicación móvil “EcoSanjo”, supuestamente diseñada para informar sobre rutas de recolección de basura y servicios ecológicos. Sin embargo, una inspección física constató que la plataforma jamás estuvo disponible en las tiendas digitales de Android ni iOS, careciendo de utilidad real para la ciudadanía.
Ante este quebranto, la ASEG abrió la puerta a diversas vías legales que van desde la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y pliegos de cargo para el reintegro de los recursos, hasta posibles denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la presunta simulación de contratos y proveedores fantasma. Este desfalco tecnológico no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg institucional.
El costo de la aplicación "EcoSanjo", casi tan cara como lo que costaría desarrollar una app del tipo Whatsapp
El desarrollo de una aplicación de mensajería instantánea con características similares a WhatsApp para los sistemas operativos Android e iOS requiere una inversión financiera que oscila típicamente entre los 25,000 y los 150,000 dólares estadounidenses, lo que equivale aproximadamente a un rango de entre 450,000 y 2.7 millones de pesos mexicanos. Este presupuesto varía significativamente de acuerdo con la complejidad técnica, las plataformas seleccionadas y la ubicación geográfica de los ingenieros encargados de la programación.
En el nivel más básico, conocido en la industria como Producto Mínimo Viable o MVP, el costo se sitúa entre los 25,000 y los 50,000 dólares con un tiempo de desarrollo estimado de tres a cinco meses. Esta versión inicial contempla funcionalidades esenciales como la autenticación de usuarios, el chat individual de texto, el envío básico de imágenes y notificaciones push.
A medida que se incrementan las exigencias comerciales, el presupuesto escala a un nivel medio de entre 60,000 y 130,000 dólares en un periodo de seis a diez meses, incorporando herramientas más sofisticadas como chats grupales, llamadas de voz y video, transferencia de archivos pesados, cifrado estándar y un diseño de interfaz de usuario altamente pulido.
Para proyectos de escala avanzada que buscan competir directamente con estándares corporativos globales, la inversión puede dispararse desde los 150,000 hasta superar los 350,000 dólares en un plazo de diez a dieciocho meses. Estas aplicaciones complejas exigen la implementación estricta de cifrado de extremo a extremo, servidores robustos dedicados, paneles de administración multiplataforma y una infraestructura de alta disponibilidad.
Entre los factores determinantes que influyen de manera directa en el presupuesto final se encuentra la elección entre el desarrollo nativo, que implica programar código separado para Android y para iOS mediante lenguajes como Kotlin y Swift, frente a las soluciones multiplataforma con frameworks como Flutter o React Native. Asimismo, la arquitectura del backend representa un rubro financiero crítico debido a la necesidad de mantener servidores en tiempo real mediante protocolos como WebSockets y sistemas de almacenamiento masivo en la nube para garantizar la sincronización instantánea de los mensajes. Las llamadas de alta calidad de audio y video a través de WebRTC y la ubicación del equipo de desarrollo —cuyas tarifas por hora varían drásticamente entre Norteamérica y regiones de Latinoamérica o Europa del Este— moldean de forma definitiva el costo total del proyecto.
Finalmente, los costos no concluyen con el lanzamiento inicial de la plataforma. La industria tecnológica contempla un presupuesto anual de mantenimiento que representa entre el 15% y el 25% del costo inicial de desarrollo cada año, destinado a la corrección de errores, actualizaciones de compatibilidad para nuevas versiones de sistemas operativos y la operación continua de la infraestructura de servidores.
Los costos estimados y parámetros técnicos están basados en los estándares internacionales de la industria de desarrollo de software a medida, promedios de tarifas por hora de agencias de ingeniería de aplicaciones móviles registradas en plataformas globales de evaluación de tecnología como Clutch y GoodFirms, así como en modelos estándar de estimación presupuestaria para proyectos de software en tiempo real.
Una estela de millonarias observaciones y la mira federal
El colapso de la imagen pública de la exmandataria se sustenta en hallazgos acumulados que superan cualquier margen de justificación administrativa. Investigaciones periodísticas del medio de circulación estatal Periódico Correo y reportes de fiscalización documentan una monumental sombra de 39 millones de pesos observados en su gestión municipal (Otra vez Cindy Arvizu: Sombra de 39 mdp en San José de Iturbide - https://www.metronewsmx.com/2026/08/otra-vez-cindy-arvizu-sombra-de-39-mdp.html).
Lo que agrava la situación institucional de Cindy Arvizu no es únicamente el volumen de los recursos observados y las denuncias interpuestas por la actual administración local, sino su abierta evasión de los citatorios oficiales. Reportes ministeriales señalan que la exalcaldesa figura formalmente como "no encontrada" por la Fiscalía General del Estado al intentar notificarle los requerimientos legales correspondientes, evidenciando una estrategia de sustracción frente a la justicia.
La gestión de Cindy Arvizu en San José de Iturbide ejemplifica el costo social y financiero de la simulación gubernamental. Las irregularidades en torno a "EcoSanjo", sumadas a los multimillonarios boquetes financieros auditados tanto a nivel estatal como federal, exigen una aplicación rigurosa de la ley. La opacidad no puede ni debe quedar impune; llamar las cosas por su nombre implica exigir que los presuntos responsables de este quebranto den la cara y respondan ante los tribunales, demostrando que en Guanajuato la rendición de cuentas prevalece sobre la evasión y el dispendio. #MetroNewsMx
Equipo Metro News San José de Iturbide /Nota Latinus
-El equipo de Cindy Arvizu presume una alianza con el PAN ignorando que Somos México naufraga y enfrenta la pérdida de su registro legal.
-Pretenden construir una alianza territorial con un partido legalmente desahuciado de su identidad visual por imposición del tribunal.
-La política aldeana ignora sentencias electorales para asegurar cuotas de poder usando siglas sancionadas por violar la ley electoral.
-Abrirle la puerta a membretes frágiles diluye la seriedad ideológica y expone un reacomodo de élites carente de oferta democrática.
-Apostar por un aliado obligado a cambiar de piel cromática a marchas forzadas demuestra la profunda miopía de la clase política.
-La supuesta alianza oculta una maniobra de autodefensa y supervivencia jurídica frente a la creciente presión de la fiscalización.
-Los 39 millones observados por la ASEG no se borrarán con fachadas de cartón ni comprando patentes de corso para buscar impunidad.
La circulación de la publicación atribuida a Paloma Zúñiga, vinculada al equipo político de la exalcaldesa Cindy Arvizu en San José Iturbide, destaparía una jugada táctica local que contrasta fuertemente con la realidad jurídica y nacional que atraviesa el partido emergente Somos México, la extinta Marea Rosa encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.
El cambio de nombre y color de Somos Mx: Latinus
El nuevo partido Somos México tendrá que cambiar sí o sí su nombre. El Tribunal Electoral confirmó este miércoles la resolución del INE emitida el 25 de junio en la que obliga también a cambiar el emblema y el color a más tardar el 31 de agosto. La Sala Superior determinó que el partido surgido de la Marea Rosa puede generar una apropiación simbólica de la identidad nacional.
La agrupación encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo presentó una impugnación ante el tribunal, pero fue bateada este miércoles por cuatro de los cinco magistrados. Al conocer la resolución, el dirigente nacional calificó como inequitativo el fallo del tribunal y acusó un intento de invisibilizar a su organización. Somos México acudirá este jueves a las 10 de la mañana a las instalaciones del INE para presentar una nueva propuesta de identidad.
Guadalupe Acosta Naranjo señaló que "el cambio de color es absurdo. Ningún partido nacional tiene color rosa y nuestro rito fundacional es que una parte importante de Somos México viene de la movilización de las mareas rosas. Por desgracia, en el diseño constitucional las decisiones del tribunal son inatacables, ya no nos queda otra más que cumplirlas, porque en la resolución del INE dice que si no lo hacemos pone en riesgo nuestro registro".
La alianza PAN con Somos Mx se va a la basura
Mientras en el terreno local los operadores de Arvizu pregonarían abiertamente una convivencia y un "dos partidos uniendo esfuerzos" bajo etiquetas compartidas de campaña -"listos p la próxima temporada"-, a nivel federal el Tribunal Electoral y el INE han dictado un golpe severo a esta organización, obligándola a modificar de urgencia su nombre, emblema y su característico color rosa antes del 31 de agosto bajo la sanción de perder el registro.
Pretender edificar una alianza territorial en un municipio del noreste guanajuatense con un partido que se encuentra legalmente desahuciado de su identidad visual y nominal original refleja un cálculo de corto alcance. Las estructuras locales que intentan reciclarse o sumar adeptos mediante estas siglas se anclan a un barco que navega a la deriva en términos normativos.
Resulta sintomático de la política aldeana que los operadores políticos ignoren u omitan deliberadamente las sentencias de los tribunales electorales con tal de asegurar cuotas de poder y reflectores locales. La pretensión de arroparse bajo los colores y el logotipo de Somos México en una fotografía grupal -cuando la propia autoridad electoral ha determinado que dicha identidad infringe la ley por apropiación de símbolos patrios- evidencia una profunda improvisación.
Para un bastión panista en Guanajuato, abrirle la puerta a expresiones políticas de membrete frágil y en plena metamorfosis forzada no fortalece la contienda opositora; al contrario, diluye la seriedad ideológica y confunde al electorado de San José Iturbide, que asiste a un reacomodo de élites más interesado en el reparto de posiciones que en una genuina oferta democrática.
La presunta alianza entre el PAN y la estructura afín a Cindy Arvizu cobijada bajo las siglas de Somos México en San José Iturbide nace jurídicamente vulnerable y políticamente paradójica. Apostar por un aliado al que la ley le está obligando a cambiar de nombre y de piel cromática a marchas forzadas demuestra que el pragmatismo electoral local a menudo padece de miopía institucional. En su intento desesperado por sumar aritmética contrahecha, los actores políticos involucrados terminan apostando por una fachada de cartón que puede derrumbarse ante el primer filtro legal de los comicios venideros.
El posible refugio de la impunidad para Cindy Arvizu: la estrategia tras la alianza política en San José Iturbide
Lo que se observa de estos movimientos políticos recientes en San José Iturbide revela una maniobra de supervivencia táctica operada por la exalcaldesa Cindy Arvizu y su equipo. La estrategia al descubierto no responde a una convicción ideológica ni a un proyecto democrático de largo aliento, sino a un cálculo de autodefensa jurídica y patrimonial frente a la creciente presión de los órganos de fiscalización.
La jugada consiste en subirse de manera oportunista a la estructura de un partido emergente como Somos México en alianza táctica con el Partido Acción Nacional (PAN), tal como lo evidencia la difusión de la plantilla de colaboradores encabezada por la propia exalcaldesa bajo consignas de campaña anticipada ("listos p la próxima temporada"). Este artificio busca reinventar a un grupo político desgastado y acorralado por los vacíos contractuales e institucionales detectados en el manejo de recursos públicos —donde dependencias municipales, tesorería y la propia Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) han evadido la localización del instrumento contractual del millonario proyecto—, utilizando siglas de oposición como un mecanismo de presión y negociación ante el poder estatal.
Se muestra con todo esto que lo que sucede en San José Iturbide es la instrumentalización descarada de los membretes partidistas para erigir un escudo protector contra la rendición de cuentas. Resulta indignante que actores políticos con observaciones graves sobre el manejo de fondos públicos —millones de pesos destinados a la seguridad y auxilio ciudadano que hoy flotan en un limbo documental entre dependencias que se niegan la responsabilidad— pretendan reciclarse bajo nuevas fachadas políticas y fotografías de unidad festiva.
La pretendida alianza entre el PAN y los fragmentos de un partido como Somos México, que a nivel federal agoniza tras el mandato del Tribunal Electoral de cambiar nombre y colores por apropiación indebida de símbolos, encaja perfectamente en el perfil de una coartada de impunidad: ampararse en el pragmatismo electoral más mezquino para blindar trayectorias marcadas por la opacidad administrativa.
Lo que no puede borrar la exalcaldesa Cindy Arvizu
El plan estratégico de Cindy Arvizu y su grupo no es ganar una elección para servir a la ciudadanía, sino comprar patente de corso mediante la franquicia política disponible. Al entrelazar aspiraciones electorales futuras con siglas en crisis y alianzas endebles, buscan el blindaje institucional que otorga una posición de poder o representación para inhibir el peso de la ley.
Aunque se ha detectado una protección inusitada de la exalcaldesa Cindy Arvizu por parte de la Fiscalía general del estado en un caso archivado de violencia de género contra una regidora suple nte que entró en funciones de regidora plena durante la campaña política para su reelección (https://www.metronewsmx.com/2026/06/cindy-arvizu-se-cae-la-imagen-de-gran.html ) los hechos no quedan ocultos para la ciudadanía.
La ruta de los 39 millones de pesos observados por la ASEG no se borrará con un cambio de colores partidistas ni con la simulación de una coalición local; por el contrario, desnuda la verdadera naturaleza de un pragmatismo sin principios que antepone la supervivencia personal y de grupo a la justicia elemental que exige San José Iturbide. #MetroNewsMx
Redacción Editorial/Equipo Metro News San José de Iturbide
-La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó una anomalía financiera por más de 39 millones de pesos destinados a la actualización tecnológica del sistema de emergencias 911, canalizados indebidamente a una asociación civil de bomberos durante el mandato de la exalcaldesa Cindy Arvizu.
-El entramado administrativo del proyecto revela reuniones previas entre líderes de la sociedad civil, la entonces munícipe y su secretario de Seguridad Pública, configurando un esquema donde se marginó la planeación y presupuestación municipal exigida por la ley para la seguridad pública.
-La opacidad documental se profundiza tras el hallazgo de un contrato con la empresa proveedora que no aparece en los archivos de las dependencias estatales ni municipales consultadas, manteniendo el millonario caso bajo litigio en tribunales federales sin una resolución firme.
El manejo de los recursos públicos en el estado de Guanajuato enfrenta un escrutinio severo cuando las decisiones administrativas se alejan de la legalidad y del sentido común normativo. Un claro reflejo de esta vulnerabilidad institucional se documenta en el Informe de Resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con fecha del 20 de mayo de 2025, derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2024 practicada al Poder Ejecutivo a través del FIDESSEG. En dicho documento, la Observación Núm. 013 pone bajo la lupa una posible irregularidad por la suma exacta de 39 millones 016 mil 333 pesos, etiquetada bajo el proyecto denominado “Actualización tecnológica del sistema de emergencias 911 de San José Iturbide, Guanajuato”.
De acuerdo con el dictamen técnico del órgano fiscalizador, los millonarios recursos fueron autorizados y entregados a los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, Gto., A.C., incurriendo flagrantemente en una contravención a las disposiciones que regulan la evaluación y selección de proyectos del fideicomiso. La ASEG subraya un principio elemental de la administración pública: por norma constitucional y legal, los proyectos vinculados a la seguridad pública corresponden estrictamente a la planeación, presupuestación y ejecución de los gobiernos municipales.
Canalizar fondos públicos de esta magnitud a una asociación civil que carecía de atribuciones legales para asumir funciones de seguridad pública no solo representa una falla en la supervisión financiera, sino una distorsión de las responsabilidades de Estado. Ante esta anomalía, la ASEG determinó una consecuencia directa e inapelable en el ámbito administrativo: el reintegro en especie de los recursos observados. Lejos de ser un trámite menor, la ruta crítica de este desvío expone un entramado que comenzó a tejerse mucho antes de la validación formal de los apoyos.
La cronología de un proyecto fraguado en la opacidad
La secuencia pública de los hechos permite reconstruir cómo se gestó la operación durante la administración encabezada entonces por la exalcaldesa Cindy Arvizu. El 28 de octubre de 2023, Juan Carlos Usabiaga —entonces presidente de Actuando por Guanajuato, A.C., instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos del FIDESSEG en materia de seguridad— difundió en redes sociales una visita clave al municipio. En ese encuentro participaron directamente Cindy Arvizu y Edgar Martínez Méndez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal, con el propósito declarado de afinar los detalles del proyecto de modernización del C4 local.
Este antecedente demuestra que las conversaciones y el diseño operativo se realizaron al margen de los procedimientos normativos regulares. Posteriormente, el 26 de enero de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la convocatoria formal para acceder a los apoyos del fideicomiso. Acelerando los procesos, el 22 de marzo de 2024 el Comité Técnico aprobó el proyecto mediante el acuerdo CTFIDESSEG 27/20.03.2024.
El 24 de abril de 2024 se formalizó la firma del convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, A.C., representados por Manuel Martínez Gutiérrez. El acuerdo económico también fue validado por Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda, director de FIDESSEG, y Mauricio Usabiaga del Moral, en representación de “La Fundación”. El convenio estipulaba la entrega del recurso en tres exhibiciones, obligando a la asociación civil a emitir los recibos y comprobaciones fiscales del equipamiento.
La participación de la administración de Cindy Arvizu y la ruta del contrato perdido
Aunque los bomberos fungieron formalmente como beneficiarios nominales, la participación de los funcionarios de la administración de Cindy Arvizu fue determinante. Edgar Martínez Méndez, secretario de Seguridad Pública en ese periodo, reconoció públicamente antes de la firma del convenio el destino del dinero: un 60 o 70 por ciento para tecnología y un 30 por ciento para obra civil y mano de obra a cargo del proveedor. Meses más tarde, el 4 de noviembre de 2024, al ser nombrado comisario de la Región 3 por el Gobierno Estatal, su ficha oficial de logros presumió precisamente la “elaboración del proyecto de actualización del sistema de emergencias 911”.
El galimatías administrativo se complica aún más en el terreno documental y jurídico. En la página 197 del expediente de la ASEG se consigna que, el 12 de marzo de 2025, el tesorero municipal entregó mediante el oficio TM-0231/2025 el “Contrato de compra del 09 de mayo de 2024 celebrado con la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V.”. Sin embargo, al solicitarse una copia de dicho contrato a las áreas competentes del gobierno local, las respuestas evidenciaron un vacío de rendición de cuentas: el tesorero actual informó que no contaba con la información; Seguridad Pública, a través del capitán Presbítero Ávila Rivera, respondió que el asunto no correspondía a sus atribuciones; y la oficina del 911 hizo lo propio deslindándose de su resguardo.
La Secretaría del Nuevo Comienzo (antes SEDESHU) tampoco localizó el documento en sus archivos, argumentando que se trató de un trato entre particulares y la organización ejecutora, sin su intervención directa como contratantes.
Al cierre de este análisis, el millonario caso no cuenta con una resolución firme y definitiva. La secretaria María Luisa Herrera Aguirre confirmó que el procedimiento de fiscalización se encuentra atado a diversos juicios de amparo promovidos ante órganos jurisdiccionales federales, cuya tramitación motivó la reposición de actuaciones en el proceso de auditoría de la ASEG.
La administración municipal actual, encabezada por el alcalde Manuel Montes de la Vega —quien recibió en noviembre de 2024 a los representantes de Actuando por Guanajuato cuando el proyecto ya estaba en marcha—, ha heredado un severo problema financiero y legal fraguado en el trienio de Cindy Arvizu. Los 39 millones de pesos del erario estatal y social continúan bajo la sombra de la sospecha, atrapados en un laberinto de amparos federales, opacidad contractual y una evidente simulación de responsabilidades institucionales que agravan la confianza ciudadana en el manejo de los fondos públicos en Guanajuato. #MetroNewsMx
-La Fiscalía exhibiría una ineficiencia selectiva al archivar denuncias de personajes públicos, mientras despliega alta tecnología en otros casos criminales.
-Se anexan los contenidos textuales de los documentos facsimilares entregados a Metro News
-La contradicción entre la imagen pública de la exalcaldesa y su conducta contra pares revelaría una doble cara ética y política.
-Usar foros mediáticos para denostar a una regidora, en lugar de usar las vías institucionales, constituiría un linchamiento.
-Omitir medidas de apremio para citar a una figura pública prioriza la protección política sobre el derecho a la justicia.
-Al no investigar si la "incompetencia" señalada por Arvizu era producto de su propia negativa a proporcionar los recursos del Ayuntamiento, el Ministerio Público falló en esclarecer si hubo un acto de sabotaje institucional.
-El archivo temporal de la carpeta de investigación no sería producto de una investigación fallida, sino de una investigación protegida. No se buscaría la verdad; se buscaría el cierre de una puerta que empezaba a filtrar demasiada luz sobre la ética pública de la exalcaldesa.
-El contraste operativo entre la búsqueda de feminicidas y la nula notificación a una exfuncionaria erosionaría toda confianza.
-La omisión de apoyo institucional a la regidora, sustituida por señalamientos públicos, configuraría violencia política de género.
-La sociedad exige respuestas sobre por qué figuras políticas usan su investidura para evadir procesos ante la Fiscalía estatal.
-Ante presuntas irregularidades contra el erario público de San José Iturbide como alcaldesa, argumentó que era víctima de "violencia de género"
-Sería inadmisible que una figura política prefiera utilizar medios externos para descalificar a sus pares antes que agotar las vías institucionales.
-Esta conducta no solo evadiría la responsabilidad de fomentar el trabajo en equipo, sino que socava los cimientos del respeto democrático y la gobernanza municipal.
-Al trasladar el debate administrativo a una fanpage, la entonces candidata evitó el intercambio de argumentos y prefirió el ataque unidireccional. Esta estrategia de comunicación expone una falta de ética política, donde el linchamiento público reemplaza deliberadamente al diálogo y la asesoría necesarios para el éxito de cualquier administración.
-La verdadera capacidad de un líder se demuestra al fortalecer a su equipo, no al exhibirlo con saña ante las cámaras para capitalizar votos.
-La falta de institucionalidad de Cindy Arvizu no sería una omisión accidental, sino una herramienta de control que ahora, ante la luz de la realidad, exhibiría la verdadera naturaleza de su ejercicio del poder.
El sistema de justicia en Guanajuato enfrentaría una crisis de credibilidad que se materializa en carpetas de investigación. La resolución de la Carpeta de Investigación 62687/2024, que decreta el archivo temporal de una denuncia por violencia política en contra de la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández, no solo es una pieza jurídica de dudosa solidez, sino sería un testimonio de la simulación institucional que parece gobernar la procuración de justicia. Cuando los datos duros chocan con la realidad operativa, emerge una pregunta fundamental: ¿Es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ineficiente por falta de capacidad o por una voluntad política que decide qué casos merecen ser resueltos y cuáles deben ser archivados en el olvido?
En base a documentos, expedientes, pruebas y videos entregados a Metro News se destacaría que uno de los argumentos centrales para el archivo temporal es tan simplista como indignante: la Fiscalía, con todo su aparato de investigación criminal, se declararía incapaz de localizar a un personaje público. Cindy Abril Arvizu Hernández, quien fungió como alcaldesa de San José Iturbide y candidata a la reelección, ha sido "inexistente" para los notificadores de la agencia ministerial. Esta premisa resultaría insultante para la inteligencia ciudadana. Estamos hablando de una figura cuya vida pública, actividades y domicilio son, por naturaleza, visibles.
Irónicamente, Cindy Arvizu argumentó en sus redes sociales, tras publicaciones de Metro News -donde se muestran documentos y expedientes de presuntos daños al erario público del municipio de San José de Iturbide- que estaba siendo objeto de "violencia de género" (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-busca-evadir-la-ley.html ). Al parecer desconocería que para la corrupción, no se visualiza si es hombre o mujer el funcionario venal.
Sin embargo, el contraste es devastador al observar la capacidad de la misma Fiscalía en otros ámbitos. Recientemente, el país ha sido testigo de la velocidad con la que las autoridades logran resultados en casos de feminicidio, como el reciente hallazgo de una mujer cuyo cuerpo fue localizado en un paraje recóndito tras una confesión obtenida mediante orden judicial, o la celeridad para rastrear a agresores que intentan ocultarse tras cometer crímenes brutales, como el caso de Sarahi, una joven de 25 años. (https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/14/estados/localizan-cuerpo-de-mujer-luego-que-homicida-confesara-lugar-de-entierro-en-guanajuato )
Si el Estado tiene la tecnología de geolocalización, la red de inteligencia y la capacidad logística para hallar un cadáver en un lugar inimaginable o para desarticular redes criminales en tiempo récord, ¿cómo es posible que no logren entregar un citatorio a una exalcaldesa? La respuesta parecería clara: no sería una imposibilidad técnica, sería una omisión deliberada. La "ineficiencia" de la Fiscalía en este caso específico olería a un blindaje político diseñado para desinflar una denuncia que, de seguir su curso, pondría en jaque la narrativa de una figura que pretende seguir vigente en el escenario público.
El segundo componente de esta posible farsa es la conducta de la propia imputada. La evidencia es irrefutable. En un video circulado en redes sociales, a través de la plataforma mediática Imaginar TV, Arvizu Hernández despliega una retórica agresiva contra una regidora de su propia administración.
A la fecha, el video no aparece en la fanpage de esa plataforma pero ya se encuentra dentro de las pruebas aportadas a la Fiscalía por la afectada.
El discurso es claro: descalificar la competencia técnica de una compañera de cabildo, cuestiona su capacidad para entender la equidad de género y, lejos de ofrecer los medios de acompañamiento, asesoría o reestructuración de comisiones que el cargo de servidor público exige, optaría por el escarnio. Este discurso también se contrapone en los mensajes de Arvizu en su participación en una Cumbre en estados Unidos en Julio de 2024 cuando plasmaba estar "en contra de la opresión". (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/cindy-arvizu-presenta-iniciativas-de-san-jose-iturbide-en-el-foro-internacional-13201244 )
Este comportamiento no es un debate político; sería un ejercicio de violencia de género. El uso de un foro mediático para atacar a una compañera regidora revelaría una estrategia calculada: anular a la regidora no dentro de las sesiones del Ayuntamiento, donde el debate debería ser argumentado y colegiado, sino en el tribunal mediático, donde la falta de réplica permite construir una narrativa de incompetencia que favorece los intereses de la entonces candidata.
La ironía se vuelve trágica cuando observamos la participación de la misma exalcaldesa en marchas feministas, portando carteles sobre el "derecho a una vida libre de violencia". Esta puesta en escena es el epítome de la doble cara política. Mientras en el ámbito privado y administrativo despliega conductas que violentan a sus pares, en el ámbito público busca redimirse a través de causas sociales de alto impacto. La ciudadanía, que no es ajena a estas contradicciones, ha comenzado a señalar el fenómeno. Un ejemplo claro es el cuestionamiento público que recibió tras su participación en marchas por la desaparición de mujeres, cuando su actuar político previo demostraba una falta total de empatía y respeto hacia sus compañeras de función. Este feminismo de fachada es una afrenta directa a los colectivos que, con autenticidad, buscan justicia para las desaparecidas.
La omisión de Arvizu Hernández no fue solo verbal; fue institucional. Como titular del Ejecutivo municipal, tenía bajo su mando todas las herramientas del gobierno para que la regidora —quien llegó al cargo supliendo una vacante— pudiera desempeñar su labor con éxito. En lugar de ofrecer capacitación o apoyo técnico, utilizó su poder para hacer de la incompetencia ajena una herramienta de ataque electoral. Esta "cacería" de adversarias internas evidencia una falta de visión democrática: la política, para ella, no es un ejercicio de construcción, sino de eliminación del otro.
La Fiscalía General del Estado, al cerrar el caso por "falta de elementos" tras una supuesta búsqueda infructuosa, se convierte en cómplice de esta narrativa. El Artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales no fue diseñado para ser un refugio de impunidad, sino una herramienta para gestionar casos donde realmente no existe posibilidad de éxito procesal. Aquí, los elementos existen: la denuncia, el video, la narrativa de los hechos y la clara conducta de violencia política. El archivo temporal es, por tanto, una decisión discrecional que busca enterrar una carpeta que incomoda a las estructuras del poder local.
Concluimos que la doble cara de la política guanajuatense ha quedado al descubierto. Por un lado, tenemos a una clase política que se disfraza de defensora de las mujeres para mantener su capital electoral, y por otro, una institución de justicia que, cuando los intereses de los actores políticos están en juego, se declara "incapaz" de hacer su trabajo. La justicia en Guanajuato no puede ser un traje a la medida que proteja a quienes ostentan o han ostentado el poder, mientras que para el ciudadano común el brazo de la ley es implacable.
La exigencia es clara: se debe reabrir la carpeta de investigación. La Fiscalía tiene la obligación de demostrar que sus capacidades operativas no están supeditadas a la investidura de los imputados. Si la Fiscalía puede encontrar a un homicida en una tumba remota, bien puede notificar a una exalcaldesa que reside en el mismo estado. La inacción de la autoridad es una forma de violencia política en sí misma, pues perpetúa la impunidad y le dice a las víctimas que sus derechos valen menos que la imagen pública de los agresores. La historia juzgará no solo la conducta de Arvizu Hernández, sino también el silencio cómplice de quienes, teniendo la facultad de hacer justicia, decidieron archivar la verdad.
La transcripción íntegra del acta de notificación personal de archivo temporal emitida por la Fiscalía y otros documentos
Los documentos facsimilares originales se encuentran en poder de este medio.
No. de Carpeta de Investigación: 62687/2024
Unidad de Investigación: 32-UTC-02
DETERMINACION DE ARCHIVO TEMPORAL
En la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato, siendo las 10:20 horas del 02 de enero de 2025, la suscrita LICENCIADA MA. LUCINA LEAL TAMAYO, Agente del Ministerio Público.
VISTO
El estado actual que guarda la investigación inicial con número de carpeta de investigación 62687/2024 radicada por la comisión de un hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA POLÍTICA el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 289 a del Código Penal del Estado de Guanajuato en agravio de (La afectada) y en contra de CINDY ABRIL AVRIZU HERNANDEZ. Encontrándonos en el momento oportuno para asumir determinación ministerial, en definitiva, conforme a lo siguiente:
RESULTANDO
Esta Fiscalía tuvo conocimiento de unos hechos posiblemente constitutivos de delito, a través de la denuncia de (la afectada) quien medularmente señaló que el día 24 de mayo de 2024 le fue informado que existía un video circulando en redes sociales donde la candidata a la Presidencia de San José Iturbide, Guanajuato, Cindy Abril Arvizu Hernández había realizado manifestaciones denostando a su persona.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- La Agencia del Ministerio Público instructora de la presente indagatoria resulta ser competente para iniciar e investigar los hechos que dieron inicio a la presente investigación por razón de materia y territorio, pues aun y cuando el Ministerio Público es único e indivisible, administrativamente las funciones son divididas para mejor proveer. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 21 constitucional, 11 de la particular del Estado, 127, 129 y 131 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO.- Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder instar al órgano jurisdiccional, y ejercitar acción penal pública y pretensión punitiva, es indispensable que exista un hecho que la ley señale como delito y que exista causa probable de la intervención o participación de una persona, precedida por una denuncia, querella y/o requisito equivalente. Circunstancias que deben de ser establecidas con los antecedentes de investigación a los cuales se allegue la fiscalía en términos del ordinal 260 en relación al 217 del mismo cuerpo jurídico a priori invocado. Pero dichos antecedentes deben de reunir ciertas particularidades, a saber:
a. Pertinentes: Que tengan una relación directa o indirecta con la querella y/o denuncia que el justiciable narre a la fiscalía.
b. Útiles: Que sirvan para un fin en específico en relación al relato fáctico de quien solicita se le procure justicia.
c. Conducentes: Que se dirija a un resultado o solución.
Requisitos que establece el ordinal 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la ratio essendi de la investigación inicial es el esclarecer el hecho, realizar un juicio de tipicidad con algún supuesto de hecho contenido en el segundo libro del código penal y establecer como causa probable alguna autoría o participación. De ahí la importancia de los requisitos que la ley establece en la proposición de los requisitos en los antecedentes de investigación.
De ahí que la Fiscal Instructora de la investigación debe de realizar un análisis del relato que es proporcionado por la víctima u ofendido, para poder arribar a la convicción de que es necesario el recaudo de algún acto de investigación, pues es la narración que de los hechos hace el compareciente para poder justificar los extremos de la pertinencia, utilidad o conducencia.
No se soslaya para quien esto determina que por mandato constitucional, en su numeral 21 se prevé la obligación de investigar los delitos, lo cual debe de interpretarse por la actualización del injusto penal (conducta, típica y antijurídica –penalmente relevante-) así como la potencial posibilidad de adjudicar dicha conducta a una persona física como autor, instigador o cómplice. Dicha conducta obviamente debe de ponderarse como una acción u omisión la cual debe de traer como consecuencia un resultado (material o formal) que debe forzosamente lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, vinculado por un nexo de causalidad, invadiendo la esfera de derechos del sujeto pasivo (del delito o de la conducta), recayendo esa conducta u omisión en un objeto material. Pero además que el sujeto activo del delito lo haya cometido con dolo o culpa o algún otro fin o propósito diversos a los dos primeros elementos mencionados. Pero además esa conducta típica que desplegué el activo del delito no esté amparada bajo ninguna causa de justificación.
TERCERO.- Por lo que, en tal tesitura y con fundamento en lo que establece el artículo 213 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor se recabaron los siguientes datos de prueba:
1.- Denuncia de (la afectada).
2.- Orden de Investigación a los Agentes de Investigación Criminal.
3.- Oficio 1874/AIC/2024 suscrito por el Agente de Investigación Criminal (el agente) mediante el cual realizó descripción de contenido de videograbación.
4.- Informe de investigación rendido por los Agentes de Investigación Criminal.
5.- Se dictó acuerdo donde se determinó agotada la investigación y se otorgó a la denunciante término para que aportara mayores datos de prueba.
6.- Ampliación de entrevista e (la afectada).
7.- Instrumento Notarial con número 16724 pasado ante la Fe del Notario Público número 6 de Tierra Blanca, Guanajuato, (Notario) consistente en acta de hechos, la cual fue aportada por la denunciante.
8.- Informe pericial 3037/2024 emitido por la perito Analista de Información (la analista), mediante el cual llevó a cabo la descripción de página web y generó indicio relativo a la videograbación materia de la denuncia de hechos.
9.- Entrevista de los testigos de nombres (Testigo 1) y (Testigo 2).
10.- Informe rendido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato mediante el cual rinde información solicitada por la Representación Social.
11.- Informe pericial en materia de psicología realizado por la perito psicóloga (La psicóloga) del examen practicado a la denunciante (La afectada).
CUARTO.- Hasta el momento se han recolectado los datos de prueba señalados en supralíneas y realizando un estudio sistemático, se determina que de los hechos que fueron puestos en conocimiento de esta Representación Social, si bien es cierto existe la denuncia de (La afectada) quien refirió que la candidata a presidenta Cindy Abril Arvizu Hernández en una entrevista que realizo a través de redes sociales había realizado comentarios hacia su persona, sin embargo, al momento no estamos en posibilidad de ejercitar acción penal en virtud de que no se encuentran reunidos los elementos del tipo penal que ha sido denunciado, aunado a que no ha sido posible lograr la localización de la persona que es señalada como imputada para que en atención a los hechos denunciados en su contra y atendiendo al principio de presunción de inocencia refiera lo que considere necesario y sea concedido su derecho a una adecuada defensa.
Ahora bien, se desahogaron los datos de prueba tendientes a esclarecer las posibles líneas de investigación que nos llevarían a lograr esclarecer el hecho denunciado e identificar a algún probable responsable, no siendo esto posible, no contando con datos de prueba pendientes por recabar, se desprende que nos encontramos en el supuesto establecido en el Artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (https://www.conceptosjuridicos.com/mx/cnpp-articulo-254/ )
Es menester señalar que con lo anterior, no se violenta ningún derecho humano de la víctima en razón a que se dejaron a salvo su derecho a la prueba -como facultad procesal- dejando a salvo este derecho.
Tampoco se violenta el derecho de acceso a la justicia contenido en el numeral 17 de la ley fundamental pues el justiciable tuvo libre acceso a esta institución persecutora de delitos, sin que se le haya obstaculizado innecesariamente el acceso a denunciar los hechos, aunado a que si con posterioridad se pudieran desprenden otros datos de prueba que una vez recabados den pauta a proseguir con la investigación, se dará reapertura a la investigación de la misma.
En ese orden de ideas esta fiscalía:
DETERMINA
PRIMERO.- Se DECRETA EL ARCHIVO TEMPORAL de la investigación, hasta en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Con fundamento en lo que establece el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía general del Estado.
SEGUNDO.- Gírese oficio dirigido al Jefe de Grupo de la Agencia de Investigación Criminal para que mantenga en calidad de abierta la investigación del hecho, y en cuanto se obtenga algún otro dato de prueba lo haga de nuestro conocimiento para continuar con el trámite de la investigación hasta su determinación final.
TERCERO.- Notifíquese la presente determinación por los medios señalados por la denunciante y asesor jurídico.
Así lo determino y firma:
(Sello y firma ilegibles)
LICENCIADA MA. LUCINA LEAL TAMAYO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO
VoBo
(Firma ilegible)
LIC. CARLOS ALBERTO ROBLEDO ROCHA
JEFE DE UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
DE LA FISCALÍA REGIONAL "D"
La solicitud de la continuación de investigación
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 02
SAN JOSÉ ITURBIDE
CARPETA DE INVESTIGACION.- 62687/2024
OFICIO: 004/2025
ASUNTO: Se solicita Continuación de Investigación
San José Iturbide, Guanajuato, 02 de enero de 2025
JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ADSCRITO A
SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, solicito continúe practicando las diligencias de investigación en relación con los hechos motivo de la presente Carpeta de Investigación número indicado al rubro, informando inmediatamente del descubrimiento de nuevos datos para continuar la investigación.
ATENTAMENTE
(Firma)
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CAMINO A SAN JOSÉ DE CERVERA NO. 140, GUANAJUATO, GTO.
C.P. 36260
LIC. MA. LUCINA LEAL TAMAYO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
La notificación personal del archivo temporal a la afectada
NUMERO C.I. 62687/24
AGENCIA UTC02
DELITO
ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ARCHIVO TEMPORAL A LA VICTIMA U OFENDIDO.
En la ciudad de SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO, a 19 de mayo de 2025 siendo las 11:00 horas el Agente del Ministerio Público Adscrito a esta Agencia, hago constar en la presente acta que se le NOTIFICA de manera personal a la víctima u ofendido de nombre (La afectada)
Que con fundamento en los artículos 20, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, Apartado A de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 82 fracción primera, 83, 85, 109, 217 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la resolución de ARCHIVO TEMPORAL, que se dictó en fecha 02 de enero de 2025 y en virtud de lo anterior, cuenta con diez días para presentar su impugnación y/o inconformidad, en caso de que así fuere su deseo.
(Firma y leyenda manuscrita: Recibí copia 19/05/2025)
RECONOZCO QUE SE ME HA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN DE ARCHIVO TEMORAL Y ME EXPLICARON LOS DERECHOS QUE ME CONCEDE LA LEY
NOMBRE Y FIRMA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO/HUELLA DIGITAL
-Las Saritas antepondrían su agenda política a la voluntad de la familia, ignorando el deslinde público del padre de la menor.
-El grupo instrumentalizaría el caso para atacar al municipio, suplantando la voz de la víctima y desvirtuando su labor de acompañamiento.
-La legislación precisa que la acusación al alcalde sin carpetas de investigación viola la presunción de inocencia, usando la denuncia pública como sanción política.
-"Las Saritas" no buscarían justicia, sino el desgaste institucional mediante tácticas de confrontación que confunden a la ciudadanía.
-Al ser rechazadas por la familia, el colectivo demuestra que su prioridad es la autoría del caso y no el bienestar de la víctima.
-El activismo de Las Saritas se asemejaría a casos donde la politización de la tragedia fractura la confianza en movimientos feministas.
-La falta de rigor técnico y el lenguaje de trinchera evidencian que actúan como brazo político, no como defensoras de los derechos.
-Cuando el activista es más importante que la víctima, la causa muere; Las Saritas habrían traicionado la ética fundamental del feminismo.
Documento enviado a la Redacción de Metro News por el Sr. José Enrique Muñoz Robles, padre de la joven Jacqueline, quien estuvo desaparecida varios días y finalmente apareció con vida, evidenciaría que el colectivo "Las Saritas", lejos de ser un grupo que realmente se interese por las mujeres desaparecidas, es un brazo político que podría estar intentando desestabilizar a las autoridades y desinformando a la ciudadanía.
El texto de la carta del Sr. Muñoz, de fecha 4 de junio de 2026, otros documentos localizados en la fanpage de "Las Saritas" y un documento sin firma dirigido a la gobernadora Libia Dennise, arrojan dudas sobre la credibilidad de este grupo que se autonombra feminista.
Texto íntegro del documento del Sr. José Enrique Muñoz Robles
"Por medio del presente y en alcance a lo externado en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, San José de Iturbide, Gto., autorizo que sea difundido el siguiente mensaje: Soy José Enrique Muñoz Robles, papá de Jacqueline Roque López, la chica que estaba desaparecida. Gracias a Dios se logró localizar con vida y este mensaje es para externar mi más grande agradecimiento a la población, a las autoridades y al municipio, ya que su trabajo en conjunto permitió dar con el paradero de mi hija sana y salva. Dejo claro que me deslindo de toda responsabilidad y acción del colectivo 'Saritas', ya que nosotros hicimos nuestra búsqueda por nuestra propia cuenta y no tomamos ninguna acción que afectara al municipio o su imagen. No me queda más que agradecer a todos. Buena tarde.
ATENTAMENTE
San José de Iturbide, Gto., a 04 de junio de 2026
C. José Enrique Muñoz Robles"
Este mensaje es la transcripción de un audio que circuló en redes sociales y que el Sr. Muñoz avala con su firma.
"Las Saritas" aseguran no surgir de una agenda partidista
A través de un medio estatal, "Las Saritas" aseguraron que "no surgen de una agenda partidista ni de una coyuntura electoral". Estos dichos coinciden con su narrativa, donde citan que de enero de 2022 a marzo de 2024, cuando gobernaba la panista Cindy Arvizu Hernández, se registraron cuatro casos de feminicidio.
La contradicción fundamental: Deslinde vs. Apropiación
La contradicción inicia con la postura del padre. El Sr. José Enrique Muñoz Robles se deslinda "total y categóricamente" de "Las Saritas", enfatizando que realizaron la búsqueda por su cuenta y agradeciendo el trabajo conjunto con el municipio.
Por el contrario, la narrativa de "Las Saritas" en su fanpage se posiciona como el motor de la exigencia. Insisten en que difundir fichas de búsqueda es un derecho y cuestionan quién ordena retirarlas, ignorando el deseo de la familia de evitar la confrontación. Esto muestra que el grupo intenta mantener una "autoría" sobre el caso, a pesar de que el padre ha reclamado la soberanía sobre su proceso familiar y rechazado el método de confrontación del grupo.
Sobre la violación de la presunción de inocencia
En el documento dirigido a la Gobernadora, el punto siete del pliego petitorio hace señalamientos contra el alcalde sin presentar números de carpeta de investigación. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la presunción de inocencia. Realizar acusaciones públicas de complicidad o negligencia contra un funcionario sin un proceso legal constituye una difamación que viola el debido proceso. Al no presentar pruebas, el grupo utiliza la denuncia pública como un mecanismo de sanción política, no como herramienta de justicia.
La instrumentalización de la desaparición
Las publicaciones de "Las Saritas" evidencian que buscan ser un "intermediario forzado". Exigen información verificable, pero al mismo tiempo, sus acciones de "pega masiva" y confrontación en redes generan el ruido informativo que confunde a la ciudadanía. El "lenguaje de trinchera" es evidente cuando se adjudican la voz de otras mujeres: al usar términos como "exigir que Jaqui regrese" —cuando la familia ya ha manifestado otra postura—, el grupo parece más un actor político opositor que un grupo de acompañamiento.
Colectivo "Las Saritas": ¿Brazo de presión política?
Existe una suplantación de la voluntad de la víctima. El colectivo ha decidido que su agenda —el ataque a la administración municipal— es superior a la voluntad del padre. La labor feminista real implica acompañamiento respetuoso y escucha activa. Al ser rechazados por el padre y continuar su campaña, "Las Saritas" han dejado de servir a la víctima para servirse a sí mismas. El señalamiento sin carpeta no es activismo, es violencia política, juzgando en la plaza pública sin el rigor del debido proceso.
En resumen, este grupo no actúa en nombre de las mujeres de San José Iturbide, sino que funciona como brazo de presión que utiliza la etiqueta de "feminismo" para evitar la crítica, amparándose en una "autoridad moral" que el padre de la menor ya les ha negado.
¿Fuera de lugar de los postulados de ONU Mujeres?
En su artículo sobre qué es el feminismo (https://www.unwomen.org/es/articulos/articulo-explicativo/que-es-el-feminismo), ONU Mujeres no valida ni promueve la violencia como método de lucha. Define el feminismo como un movimiento que busca la igualdad y el respeto a los derechos humanos. La organización reconoce las "narraciones feministas" como resistencia política, pero las enmarca en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones holísticas. Al abordar la "paz y seguridad", posiciona al feminismo como herramienta de estabilidad, no de desestabilización. El feminismo institucional llama a la participación ciudadana y al diálogo democrático.
Factores que tergiversan la labor real
Cuando ocurren contraposiciones entre familiares y "activistas", la verdadera labor —acompañamiento, peritaje independiente y apoyo psicológico— sufre un daño irreparable al perder el enfoque técnico. La gente empieza a creer que "ser feminista es igual a hacer ruido" y no a "saber de leyes". Como en el caso de San José Iturbide, cuando el activista es más importante que la víctima, la causa está muerta. Si las familias tienen miedo de que "les roben el caso", el activismo se queda sin base social.
Este hecho no es aislado; es parte de una crisis de profesionalización. Cuando el objetivo se desplaza de ayudar a la víctima a ganar la batalla contra un adversario, el feminismo deja de ser un movimiento de liberación y se convierte en extensión de guerras partidistas. #MetroNewsMx
