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Equipo Metro News San José de Iturbide

-Permisos en lo oscurito abrieron paso a una bomba de tiempo con tanques de combustible pegados a casas en La Fragua.
-Exalcaldes mintieron a la gente prometiendo tanques pequeños y terminaron avalando una gigantesca terminal de riesgo.
-El municipio se lavó las manos con supuestos permisos federales mientras entregaba licencias de uso de suelo a la empresa.
-Presión inmobiliaria y amedrentamiento forzaron a familias a malvender sus casas ante la llegada de la terminal petrolera.
-El vibrar de los trenes de combustible destruye casas y quebranta vidrios en una comunidad centenaria e indefensa.
-Otorgaron permisos de combustible a metros de un kínder, una primaria y una secundaria, ignorando a Protección Civil.
-Un eventual siniestro en la terminal de almacenamiento no solo destruirá La Fragua, amenaza a 10 comunidades vecinas.
-Las autoridades municipales cometieron componendas de escritorio a espaldas del pueblo para beneficiar a la empresa.
-La impunidad prevalece mientras las denuncias penales por corrupción y anomalías avanzan a paso de tortuga en la fiscalía.
-La complicidad oficial violó los derechos humanos de cientos de iturbidenses al condenarlos a vivir junto al peligro.



«Posiblemente no se vea que haya corrupción, pero huele a corrupción... Aquí hubo gato encerrado». La lapidaria frase de Pablo Olvera, exdelegado municipal de La Fragua en 2023, retumba como una sentencia irrefutable frente a la sombra que hoy amenaza a miles de iturbidenses: gigantescos tanques de combustible colocados al borde de hogares, jardines de niños y escuelas, producto de una cadena de negligencias, componendas de escritorio y probables actos de corrupción que involucran a múltiples administraciones municipales.

La historia de la terminal de almacenamiento de combustibles en la comunidad de La Fragua —un asentamiento con casi un siglo de existencia— no comenzó con una consulta pública ni con un estudio de impacto social riguroso. Comenzó en la penumbra de las oficinas del poder local. Según las revelaciones de Pablo Olvera, el expediente arranca en la administración del exalcalde Filiberto López Plaza, quien gestó el proyecto estrictamente en el escritorio. López Plaza jamás acudió al territorio, jamás dio la cara a los pobladores y omitió deliberadamente informar a los afectados directos. En la comodidad del despacho municipal se tejieron los primeros acuerdos normativos y de uso de suelo que abrieron la puerta de par en par a las instalaciones energéticas.



A López Plaza le sucedió en el cargo César Rodríguez, quien asumió el papel de operador de contención social. Rodríguez sí acudió a la comunidad, pero únicamente para adormecer la vigilancia ciudadana. Él llegó nada más que para mentir a los pobladores, asegurándoles que la nueva empresa asociada con el Grupo SIMSA utilizaría la infraestructura preexistente, que solo se almacenaría diésel en pequeñas cantidades e instalaciones menores. Pidió a los vecinos que no se asustaran porque no era mucho ni riesgoso lo que se iba a instalar. Confiando en la palabra de la autoridad, la comunidad guardó silencio; sin embargo, los supuestos tanques pequeños se multiplicaron rápidamente hasta convertirse en colosales recipientes de combustible de alto riesgo.

El crecimiento desmedido de la terminal continuó bajo la gestión de la exalcaldesa Cindy Arvizu. Fue durante su periodo cuando la construcción de nuevos y masivos tanques se aceleró bajo el aparente beneplácito municipal. Cuando la delegación y los vecinos acudieron a la Presidencia Municipal a exigir explicaciones ante la evidente expansión del peligro, la respuesta oficial fue el clásico lavatorio de manos institucional, argumentando que se trataba de una ampliación con permisos federales en la que el municipio no podía intervenir. Esta postura fue catalogada por la comunidad como una trampa legalista, pues el Gobierno Municipal posee la facultad exclusiva y soberana sobre las licencias de construcción, permisos de factibilidad y el uso de suelo, sin los cuales ninguna obra civil puede levantarse.



Las consecuencias de esta cadena de permisividad oficial rebasaron el riesgo abstracto de un siniestro. Intermediarios e inmobiliarios aparecieron en la zona para presionar a las familias a vender sus propiedades a precios de remate bajo la amenaza de quedarse aislados. Al mismo tiempo, el intenso tráfico ferroviario de cargamentos pesados comenzó a cimbrar las estructuras de las casas vecinas, provocando rajaduras y vidrios rotos, en una clara violación sistemática al derecho de la comunidad a una vivienda digna y a un entorno seguro.

El dato más alarmante revelado en las entrevistas radica en la absoluta falta de criterio preventivo y de Protección Civil al momento de otorgar los permisos. La terminal de combustibles no solo colinda con hogares centenarios, sino que se ubica en el entorno inmediato de un jardín de niños, una escuela primaria y una telesecundaria que incluye un módulo de bachillerato. Además, el radio de amenaza abarca a diez comunidades aledañas, entre las que se encuentran Jesús María de Arriba, Jesús María de Abajo, Pozo Blanco, La Norita del Refugio, Santa Brígida, Las Pomas, La Alameda, San Jerónimo, La Concepción, El Tulillo de Arriba, El Tulillo de Abajo, El Cerrito de Galomo y El Huizache.



Frente a este panorama, el actual presidente municipal, Manuel Montes, ha presentado formalmente denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por presuntos desvíos de recursos públicos y anomalías administrativas vinculadas a las gestiones pasadas. Sin embargo, los procesos judiciales y las revisiones sobre los permisos de asentamiento e impacto ambiental avanzan a un ritmo exasperante, alimentando el temor fundado de que las investigaciones se encuentran entrampadas para evitar responsabilidades políticas. La comunidad de La Fragua exige que la revisión de permisos atraída a nivel federal deslinde de inmediato responsabilidades penales y administrativas contra los exalcaldes que firmaron y avalaron esta bomba de tiempo.

La entrevista completa, en tres partes con Pablo Olvera, exdelegado municipal de La Fragua

Eugenio Amézquita Velasco: 
Quiero agradecerle a don Pablo Olvera, él fue delegado municipal en la comunidad de La Fragua en el 2023. Precisamente las investigaciones sobre esta situación de quién dio los permisos para poner esta terminal de combustibles ahí en La Fragua, este, pues encontramos algún un video por ahí en YouTube donde es entrevistado por nuestros amigos de Libertad TVMX allá de Guanajuato Capital, donde él está exponiendo los motivos y las razones de la oposición y cuestionando por qué se había puesto esa planta ahí. Y a mí lo que me interesa saber, don Pablo, ¿qué antecedentes hay de esto?, o sea, ¿desde qué alcalde empezó a presentarse esta situación de dejar que en estos terrenos se pusieran estas plantas?, luego ampliaciones que hubo para tanques viendo que está a un costado la comunidad de La Fragua de casi 100 años de antigüedad. Este, porque aquí se ve que hay una cadenita, o sea, pareciera que no les estaba interesando la gente, sino, no sé, eso es lo que estamos investigando. Gracias.

Don Pablo Olvera: 
Pues mire, ahí vamos a ver. Inició López Plaza, pero él lo inició en el escritorio; él en campo todo, no, no hizo nada. Entonces eso se me hace más grave, sí, porque una cosa es la construcción y otra cosa es el arreglo aquí en corto, en el escritorio. A ver, porque en el escritorio se tienen que ver las leyes, se tienen que ver qué normas hay y sin embargo sí les dieron permiso para ponérselo, sí les dieron. Entonces, este, les digo, Plaza hizo ese arreglo en el escritorio, o sea, no salió a, usted no les dijo nada, no nos comentó nada, ni nos, este, nada. El que sí dio la cara fue César Rodríguez, fue el que siguió, él, el que siguió él, que él a.

Eugenio Amézquita Velasco: 
¿A qué se refiere usted en que les dio la cara?

Don Pablo Olvera: 
Él dio la cara y fue ahí a toda la comunidad. Entonces este, para, pues ahora sí como dicen, nada más como para mentirnos, porque él llegó que este que las instalaciones de la, de la empresa que antecedía a este a SIMSA iba a utilizar los mismos, la misma instalación y que iba a haber depósito únicamente de diésel y que iban a hacer cantidades pequeñas y un tanque, creo, recuerdo, eh, dos o había comentado dos tanques, dicen, y de dimensiones pequeñas: "No se asusten, no, no es mucho lo que se va a instalar". Entonces este pues dijimos, "¿Pero cómo va a ser posible?", ¿no?, sí, "No se preocupe", ¿no?, "¿Y no es riesgoso?", y él y él, ¿de dónde salió que no era riesgoso? Pues fue lo que llegó y nos, nos dijo. Entonces este pues dijimos: "Bueno, pues si no es riesgoso, pues, pues entonces no pasa nada, a lo mejor andamos exagerando". Entonces este fue cuando de ahí pues ya nadie dijo nada, este se instaló la empresa y pues de un de repente nada más comenzamos a ver que ya comenzaban a hacer tanques y tanques de, de grandes, grandes. Entonces este todavía en el tiempo de Cindy, después de, después de este señor César que se llama César Rodríguez, eh.

Eugenio Amézquita Velasco: 
¿Quién fue el siguiente alcalde?

Don Pablo Olvera: 
El siguiente fue Plaza, primero estuvo Plaza, perdón, sí, Plaza, César. Luego, ¿quién siguió? El que siguió, híjole, no recuerdo quién siguió. Entonces este, y luego siguió Cindy, ¿no?, al parecer después de, no, de César siguió Cindy.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Okay, de César siguió Cindy.

Don Pablo Olvera: 
Entonces este, y ella fue la que también este, pues comenzaron a construir más tanques y al parecer este pues ya, pues ya ahí sí con, con consentimiento del, del municipio. Nos acercamos con presidencia y dijeron: "No, pues este se está haciendo una ampliación con todos los permisos, este cumple la empresa y no, pues no pasan, nosotros no podemos hacer nada con un municipio porque esos son permisos federales". A ver, ¿cómo que no pueden hacer nada si los usos de, de suelo es el municipio el que los aprueba? Exactamente, sí, es lo que yo les digo que eh anteriormente nosotros no nos poníamos a checar a fondo ni checábamos, este, decíamos pues si ya el municipio dice que los permisos son federales y federales y que ni el mismo municipio tiene, pues ahora sí este, facultad para detener la, ese tipo de ampliaciones, pues veíamos que no, no se puede hacer nada. 

Entonces este es lo que les digo que a falta de información, bueno, decía alguien, algún amigo, ¿no?, este cuando llegaba a un lugar y olía algo fétido, algo feo por ahí así como a excremento, decía este, pues no se ve que haya excremento aquí, pero huele a excremento aquí. Posiblemente no se vea que haya corrupción, pero que usted que huele a corrupción. Yo digo que sí, sí por ahí debió haber sido este algo bien, pues bien evidente, porque les digo que para que los presidentes municipales nos dijeran eso este pues sí se ve como que sí hubo, hubo ahí gato encerrado, o sea como que sí este estuvo medio, medio raro. Y es lo que yo les digo que ahorita este a la, en la actualidad le comento a la gente: "Miren, ahorita tenemos el apoyo, el apoyo, Manuel está respondiendo muy bien", él, este Manuel Montes, el alcalde de, de alcalde, el alcalde actual. 

Entonces les digo que ahorita este pues se está haciendo este, este movimiento, tiene un, tiene representantes, representantes nuevos de la comunidad los cuales se les está dando la oportunidad para que también ellos este se expresen y expresen sus inquietudes y sepan también un problema de este tipo, no más es meterse sino enfrentar las consecuencias de enfrentar la consecuencia y ver realmente este pues la realidad, la realidad lo que es este un, una reclamación por parte de las, de las comunidades y realmente la causa que, que tienen las, los reclamos, a dónde van, hacia dónde se dirigen, con quiénes van y y sobre todo el resultado que muchas de las veces nos ha sido negativo para nosotros.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Voy a un corte, estoy con don Pablito Olvera que fue delegado municipal 2023 en la comunidad de La Fragua, ahí sí efectivamente ahí donde están los tanques gigantescos que este pues están pegaditos a La Fragua y que son pues verdaderamente un peligro. Esto es Metro News.

La segunda parte de la entrevista con Pablo Olvera.

Eugenio Amézquita Velasco:  
Bien, estamos platicando pues de esta situación de los tanques, a terminal de combustible. Aquí el tema no es el huachicol, aquí el tema es que se instalaron pegados a una comunidad de 400 habitantes. Eh, yo llegué a detectar en esta, en la visita que hicimos de campo a La Fragua, situación de compraventa ya o ofrecimiento de dinero por algunas viviendas y algunas que resultaron dañadas precisamente por el intenso paso ferroviario de tanques ahí a descargar en este lugar. ¿Cómo se dio esto? ¿Llegaron y les dijeron: "Oye, pues véndeme"? 

Don Pablo Olvera:
No, se detuvo, hubo unos compradores de bienes raíces. Esos compradores de bienes raíces este estaban por ahí amedrentando a la gente. "Óyeme, compraron las de aquel lado de la vía, compraron como unas cuatro casas que estaban en", unas era la mayoría era parcial.

Eugenio Amézquita Velasco:  
¿Cómo que los amedrentaron?, ¿los esperaron o los asustaron? 

Don Pablo Olvera:
Pues sí, los asustaron y lo estaban asustando en el sentido de que diciéndoles: "Mira, ya vendió tu vecino, vende tú, porque aquí te vas a quedar encerrado y al último te vas a quedar nada más tú si no vendes". Entonces fue cuando lo retiramos, retiramos a esa gente que y alcanzaron a comprar lo que estaba al otro lado de la vía. Entonces ahorita lo que ya después la gente hizo fue de que pues ya se detuvo la venta de las casas. Entonces la misma gente que quedó en el rincón fue la que dijo: "¿Sabes qué?, mira, pues yo mis casas me las están dañando, o sea, están dañándose ahorita, ya están estrellándose, ya se están quebrando los vidrios. Entonces nosotros necesitamos ver con la empresa qué repare el daño, ¿no?, qué solución nos puede dar".

Eugenio Amézquita Velasco: 
Entonces la empresa se acercó a ellos y dicen: "Pues te las podemos reparar", pero pues el daño va a seguir constante. Entonces la misma gente dijo: "Pues no, mejor cómprenos, yo voy a vivir aquí o qué". Entonces fue cuando se le pidió a la comunidad y se le informó de que iban a hacer la venta de las casas. Dijeron: "Vamos a hacer la venta de las casas". Este, pues si la gente quiere vender, pues está en todo su derecho también. Entonces fue cuando la gente decidió vender. Pero le pregunto una cosa, don Pablo: si no hubiera llegado esta planta ahí, ¿hubieran vendido?

Don Pablo Olvera: 
No, 

Eugenio Amézquita Velasco: 
Pues entonces de alguna forma estamos reconociendo que esta empresa llegó, se plantó ahí sin decir agua va, con una actitud de ya de algunos gobernantes municipales que usted ha mencionado que con una actitud pues no se puede hacer nada porque el gobierno federal ya dijo, etcétera, a sabiendas de que ellos hubieran podido frenar como municipio dando los permisos de ampliación, la cuestión de protección civil que eso es muy importante. Este, de alguna forma sí hubo un poquito de presión, entonces nosotros lo manejamos como para ir expulsando gente de ahí para que la zona de amortiguamiento realmente creciera.

Don Pablo Olvera:
Sí, sí, pero ahí fue bien, se les fue bien preciso a la empresa y también a la comunidad de que nada más esa gente que quería vender, la demás gente ya no se podía vender un metro cuadrado a la empresa más que esa gente que estaba solicitando su salida. Entonces no fue, ni tampoco a la empresa se le está presionando para que compre o que nos compre, o que realmente ahí es decisión, como yo les digo, de la gente. Y la gente, si decidió quedarse, ahí estamos y vamos a seguir. 

Eugenio Amézquita Velasco: 
O sea, la empresa no nos va, pues ahora sí, como dice, no nos va a sacar, como mucha gente dicen, ya traen el plan de sacarlos. No, la empresa no tiene por qué o no puede, estarían violando un derecho humano de ustedes, creo que se dan cuenta, ¿no?

Don Pablo Olvera: 
Correcto.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Sí. Que ya han violado varios derechos humanos de ustedes.

Don Pablo Olvera: 
Más que violado, los han violado y reviolado.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Pero ahora lo que yo no entiendo es el mismo gobierno municipal que de alguna forma promueve las obras educativas o que el gobierno del estado pues les diera recursos para cuestión de escuelas. Lo que no entiendo es cómo, habiendo tres escuelas ahí, al municipio se le ocurre dar permisos para poner esos tanques de combustible cerca de un kínder, de una primaria y de una telesecundaria. Y creo que también hay un telebachillerato por ahí, hay un bachillerato ahí mismo integrado. ¿No se le hace extraño?

Don Pablo Olvera: 
Pues es que les digo que a todo el mundo se nos hace extraño, o sea, desde el momento que, desde el momento en que yo chequé los permisos de ASEA vi cosas muy irregulares.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Parece así como usted me lo platica y hablando en lenguaje pues popular, pues como que todo lo hicieron en lo oscurito.

Don Pablo Olvera: 
Pues sí, sí se ve como que sí. Al momento de que vino Peña Nieto hasta inaugurar la planta, se nos hizo algo como que esto es algo grande y de gente grande, o sea, no es algo pequeño. Entonces por ahí fue cuando ya también lo vimos, pues ahora sí como dicen, muy difícil, de que le estamos pidiendo apoyo al gobierno para que los checaran con sus permisos, pero el mismo gobierno es el que le está hasta inaugurando su planta.

Eugenio Amézquita Velasco: 
No sé, el presidente municipal en el reciente informe de gobierno habló precisamente de situaciones de corrupción, habló de tres denuncias que están presentadas ante las autoridades respectivas por desvíos de recursos, por mal uso de recursos públicos, y donde se menciona, bueno, más bien fueron administraciones de algunas de las personas que usted está nombrando, que acaba de nombrar, ¿no? ¿No resulta muy curioso que ahora también aparezcan otras cosas de corrupción, ya no solamente de los tanques, sino de otras cosas, no es muy delicado esto que en un municipio como San José Iturbide, pues que tiene industria, que sigue siendo el municipio sencillo y tranquilo, pero que se esté dando este tipo de cosas tan graves, no resulta muy curioso las coincidencias?

Don Pablo Olvera: 
Pues curioso, curioso, ¿no? Y también no es muy extraño, o sea, es algo que ya hemos visto en varias administraciones, se les ha hecho costumbre ya, como que ya se hizo costumbre. Entonces este tipo de actuar de los alcaldes pues también o sea deja mucho que ver, pero como dicen desgraciadamente la corrupción está, las demandas que tiene Manuel, pero las tiene bien fundamentadas, bien fundamentadas. Entonces él está presionando ahorita a la fiscalía para que también le den respuesta, porque se está viendo lento. Entonces les digo que desde ahí todavía, todavía ahorita con hasta las demandas ya con los ya con todo bien especificado y con pruebas, aún así se está deteniendo, se está deteniendo el proceso. O sea, se está deteniendo o lo están deteniendo.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Lo están deteniendo.

Don Pablo Olvera: 
Pues lo están deteniendo porque creo que ahorita no, creo que se detenga. No, no, les digo que se está deteniendo o lo están deteniendo ahorita, y es lo que les digo, es cosa de que pues hasta da miedo. Da miedo lo que es ahorita los gobiernos de, desgraciadamente ahorita las comunidades estamos ahí con el riesgo, estamos sufriendo la inseguridad. Ahorita la empresa dice: "Voy a apoyarlos en esto, voy a seguirles". Sí están apoyando y siguen continuando con sus apoyos para las comunidades, pero les digo que de eso no, ahorita los apoyos llegan ahí, están ayudando ahí a las escuelas, a la iglesia, las comunidades, pero les digo, ¿y en la inseguridad y el riesgo quién nos va a ayudar?

Eugenio Amézquita Velasco: 
Voy a un corte, soy Eugenio Amézquita a través de Metro News con don Pablo Olvera en este tema de los tanques que están ahí en La Fragua, la terminal de combustible que pues sí, la pregunta es cómo le hicieron para que les dieran permiso.

Tercera y última parte de la entrevista al exdelegado de La Fraga, Pablo Olvera

Eugenio Amézquita Velasco:  
En esta última cápsula, por lo menos esta entrevista, esta plática con don Pablo Olvera, quien fuera delegado municipal de La Fragua ya en el 2023. Don Pablito, nosotros estábamos pensando que la única comunidad que en un momento dado hubiese un siniestro, una conflagración, sería La Fragua, y lo que estamos viendo es que no es la única comunidad que está a cierto número, a cierta distancia de los tanques. ¿Qué otras comunidades están por ahí cerca?

Don Pablo Olvera: 
No, pues les digo que son 10 comunidades más. Ahí está Jesús María de Arriba, Jesús María de Abajo, está Pozo Blanco, La Norita del Refugio, Santa Brígida, Las Pomas, La Alameda, San Jerónimo, está también La Concepción, también alcanza el Tulillo de Arriba, está también el Tulillo de Abajo, El Cerrito de Galomo, El Huizache. Entonces, les digo, son comunidades que están cercanas y que también están bajo riesgo.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Comentábamos fuera de cuadro que el anterior fiscal o delegado de la fiscalía que estaba aquí en el estado de Guanajuato, que fue removido, presuntamente porque cometió un error al decir que era huachicol, pero siguen las investigaciones. Al parecer también comentó de que no solamente se iba a revisar lo relacionado con este tema del combustible ilegal, sino también los permisos relacionados con impacto ambiental, con SEMARNAT, cómo los obtuvieron, porque esto viene desde Peña Nieto. ¿Es correcto?

Don Pablo Olvera: 
Sí, este sí hizo comentarios, él hizo comentario de que también se iba a checar ese aspecto, los permisos de asentamiento para los que consiguió la empresa. Entonces les digo que también se iba a checar eso. Entonces ahorita lo que nosotros estamos viendo es de que hay que dejarlos que chequen bien con lupa al gobierno; el gobierno debe de saber realmente dónde buscar y si encuentra, pues que encuentre y de una vez que sea a quien tenga que sancionar. Pero yo lo que le digo a la gente: hay que dejar en manos de esto al gobierno, el gobierno está checando. Ahorita les digo que lo pasó de aquí de la región Guanajuato y ahorita se lo llevaron hasta México para checarlo al 100%.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Es correcto. Me decía usted en la primera cápsula, bueno, también por parte del municipio se está actuando, del gobierno del estado también ha habido actuación. Del gobierno del estado, ahí desconozco, ahí desconozco porque sí no hemos tenido respuesta. El gobierno vino al diálogo que se presentó ahorita con las comunidades, también la mesa de diálogo estuvo presente el gobierno del estado. Entonces ellos también ya tienen conocimiento y también están poniendo su granito de arena para darle solución y sobre todo ver la petición que las comunidades están haciendo para ver en qué apoyan. Pues no sé, don Pablo, ¿algo más que quiera usted agregar?

Don Pablo Olvera: 
No, pues yo lo único que como comentario me queda decirles: ahorita hay que apoyar a la gente que está haciendo su reclamo y el esfuerzo, y pues sobre todo el gobierno también, el gobierno que haga su papel y ver realmente qué es lo que encuentra. Y pues sobre todo también hacerle ver a la gente de que el gobierno está ahorita checando al 100% la empresa y si sale algo que no esté reglamentado, el mismo gobierno nos lo va a hacer saber.

Eugenio Amézquita Velasco:  
Muchas gracias, soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News desde San José Iturbide con don Pablo Olvera, quien fuera delegado municipal de La Fragua, ahí donde están los tanques de la terminal de combustibles, a través de Metro News.


Equipo Metro News San José de Iturbide

-Un decreto de 2017 prueba que la Diócesis expulsó al agresor ocho años antes de la denuncia penal.
-La Iglesia sancionó en 2017 a Constantino "N" mediante el máximo tribunal eclesiástico del Vaticano.
-Generador de contenido omite el número de carpeta de investigación creando a propósito un linchamiento en redes.
-El caso revela sensacionalismo en redes sociales para culpar a la Iglesia por omisiones de la Fiscalía.
-El decreto episcopal incluyó la atención psicológica a la víctima antes de la acción de la Fiscalía.
-La Diócesis entregó al afectado la prueba más sólida para actuar judicialmente contra su agresor.
-Sancionado y fuera del clero: la Iglesia aplicó tolerancia cero a Constantino "N" desde 2017.
-Exigir la presencia del Obispo en la Fiscalía busca efectismo mediático y no justicia real.
-Un obispo no es fiscal ni juez penal; la persecución de delitos compete al Ministerio Público.
-La demora del juicio hasta 2027 es responsabilidad de la Fiscalía estatal, no de la Iglesia.
-Denunciar ante la Fiscalía a favor de un menor correspondía a los padres, no a las autoridades eclesiásticas.
-Entregar un decreto de condena desmiente la narrativa de amenaza o coacción eclesiástica.
-Tras ser expulsado en 2017, la Iglesia perdió todo control legal y disciplinario sobre Constantino "N".
-Omitir la carpeta de investigación delata un linchamiento digital sin rigor ni veracidad jurídica.
-San Juan Pablo II fijó en 2001 que el abuso de menores es delito reservado al Vaticano.
-La expulsión de Constantino "N" se ejecutó bajo el 'Motu Proprio' vaticano sobre delitos graves.
-Benedicto XVI endureció las normas canónicas para agilizar la expulsión inmediata de sacerdotes.
-El Papa Francisco obligó por ley eclesiástica a denunciar el abuso y castigar el encubrimiento.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- El caso de Constantino "N" que ha generado reacciones encontradas en San José de Iturbide, trata un tema doloroso y que no es de ahora: el abuso de un ministro de culto contra un menor de edad. Sin embargo, el tratamiento por parte de un generador de contenido de San José de Iturbide deja mucho que desear por la omisión de algo que es fundamental en una investigación periodística: citar el número de la carpeta de investigación.

La autoridad eclesiástica ya hizo todo lo que estaba en sus manos: reducir a laico al sacerdote

Fue entregada a la redacción de Metro News el facsímil de un documento de la Diócesis de Celaya que es en sí un Decreto Oficial de la Curia Episcopal de la Diócesis de Celaya, fechado el 17 de marzo de 2017, firmado por el entonces obispo Mons. Benjamín Castillo Plascencia y el canciller Pbro. Juan Galván Sánchez. Este documento es la resolución formal de un proceso administrativo penal ordenado directamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe -el máximo órgano del Vaticano en estas materias-, mediante el cual se le impone al entonces sacerdote Constantino "N" la petición y sanción de dimisión del estado clerical (la expulsión definitiva del sacerdocio).


El documento prueba que la Diócesis de Celaya no se cruzó de brazos ante los hechos

Este documento es la prueba reina y contundente para desarmar cualquier narrativa de "encubrimiento institucional" o "protección de pederastas" por parte de la Diócesis. Demuestra de manera irrefutable que la Iglesia no ignoró la denuncia, sino que la investigó rigurosamente a través de los canales canónicos y vaticanos correspondientes. Aplicó la máxima sanción posible dentro de su derecho (expulsarlo de por vida del ministerio sacerdotal) y estableció mandatos obligatorios de reparación y atención psicológica para la víctima.

Los detractores de la Iglesia Católica, interesados en promover el odio contra la misma Iglesia y sus ministros, dirían que el inciso c del documento -"Que la diócesis provea de la manera más las necesidades del Rev. Constantino "N""- para distorsionar la verdad y asegurar falsamente que la Iglesia "mantiene, premia o protege" al agresor. Sin embargo, en el derecho canónico, esto responde a obligaciones elementales de subsistencia humanitaria o de asistencia básica derivadas del proceso, pero de ninguna manera significa impunidad, ya que el sujeto perdió por completo sus facultades sacerdotales y fue expulsado (inciso "a").

Para la Iglesia y el obispo, este documento sirve para probar una actuación impecable y de estricta justicia. Demuestra que la diócesis cumplió con la ley eclesiástica sancionando al culpable hace años (en 2017), por lo que pretender culpar a la actual estructura diocesana o exigirle responsabilidades penales que corresponden estrictamente al ámbito civil y personal del agresor carece de sustento lógico y jurídico.

Lo que el generador de contenidos no alcanzó a ver o preguntar: ¿Este documento le da al afectado la prueba más clara para la Fiscalía y la evidencia de que la Iglesia lo apoyó antes de que actúe la Fiscalía?

El inciso "b" del decreto establece una obligación formal e institucional: "el reo y la diócesis garanticen la atención psicológica y terapéutica de la víctima hasta que los profesionales en los campos citados consideren que ha sido reparada en su persona y sea dado de alta". Esto demuestra documentalmente que la Iglesia se anticipó y dictó medidas de protección, acompañamiento y reparación del daño para el joven (en ese entonces menor) antes de cualquier requerimiento o actuación formal de la Fiscalía.

Para la autoridad ministerial -la Fiscalía-, este documento representa un reconocimiento formal por parte de la institución eclesiástica de la existencia de un daño cometido en el pasado por dicha persona. No obstante, en términos procesales penales, la Fiscalía requiere la denuncia formal de la víctima directa para integrar debidamente la carpeta de investigación y proceder conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales contra el agresor como persona física.

Este documento demuestra que la Iglesia actuó y sancionó en tiempo y forma en su ámbito, dejando en evidencia que el verdadero problema actual no es la falta de justicia institucional -que ya se dio con la expulsión en 2017-, sino la instrumentalización política o mediática del caso en redes sociales sin sustento en carpetas de investigación vigentes ante la Fiscalía.

Omitir el número de carpeta de investigación en la "nota periodística" muestra las reales intenciones

Desde un análisis estrictamente periodístico, jurídico y ético, la omisión del número de carpeta de investigación por parte de quien encabeza una acusación pública de este calibre dice bastante sobre la naturaleza real de sus intenciones.

En el estado de Guanajuato, toda denuncia formal que es radicada y atendida por la Fiscalía General del Estado genera un número de Carpeta de Investigación (CI). Este folio no es un mero trámite administrativo: es la única prueba objetiva y legal de que existe un proceso penal en marcha, de que la autoridad está actuando y de que las partes involucradas están sujetas a un debido proceso.

Al contrastar minuciosamente la publicación del generador de contenidos de San José de Iturbide con el Decreto Episcopal de 2017 y los principios básicos del Derecho Canónico, Penal y la Ética Periodística, quedan al descubierto profundas incongruencias, inconsistencias graves y contradicciones manifiestas en la narrativa del generador de contenidos.

Contradicción central:  Se acusa o induce a pensar en "encubrimiento", pero se expone la prueba de que la Iglesia actuó en 2017

La narrativa mediática estaría buscando sembrar la idea de que la Iglesia protegió al sacerdote, bloqueó el proceso y que apenas ahora "se está destapando el caso". La prueba principal que presenta Metro News y que al parecer fue publicada por la víctima es el Decreto de la Diócesis de Celaya con fecha de 17 de marzo de 2017.

Quedaría evidenciada la incongruencia ya que el documento firmado por Mons. Benjamín Castillo demuestra que la Iglesia no encubrió. Apenas un año después de que Jorge habló (en 2016), la Iglesia juzgó, aplicó el Motu Proprio y ejecutó la dimisión del estado clerical (expulsión) de Constantino 'N'. La Iglesia actuó y sancionó 8 años antes de que la víctima decidiera ir a la Fiscalía.

Tocaba en su momento presentar la denuncia penal a los papás del menor, no al obispo ni a la Diócesis de Celaya: ¿Qué podría haber sucedido?

El Decreto Eclesiástico data de marzo de 2017. La víctima presentó la denuncia penal hasta marzo de 2025 (8 años después).

En un análisis serio, existen múltiples factores de carácter social y personal que comúnmente explican la falta de denuncia penal en el ámbito familiar, sin que esto implique responsabilidad para terceros.

El primero, el factor socio-cultural y dolor familiar. El impacto emocional, la vergüenza, el temor al escándalo social o al estigma dentro de su propia comunidad suelen ser causales de retraimiento en las familias.

El segundo es la posibilidad de que los padres hayan quedado satisfechos con la justicia eclesiástica. Es muy común que, al ver que la Iglesia intervino de inmediato, investigó, retiró al sacerdote de la parroquia y finalmente dictó en 2017 la pena máxima de expulsión definitiva del sacerdocio, la familia sintiera que el agresor ya había sido sancionado y alejado del entorno comunitariamente.   

La tercera es la decisión familiar consciente. Muchas familias prefieren dar prioridad a la recuperación psicológica de la víctima -atención garantizada en el mismo decreto de la diócesis- en lugar de someter a un hijo menor a un desgaste penal, con careos y peritajes revictimizantes ante una fiscalía. 

Sin embargo, la publicación del generador de contenidos parecería culpar implícitamente a la Iglesia del "retraso" o de la falta de justicia penal, cuando esto no es competencia de la Iglesia. La jurisdicción de la Iglesia concluyó en 2017 al retirar la licencia y sancionar al agresor. La Iglesia no tiene facultades de policía civil ni puede obligar a un mayor de edad a presentar una denuncia penal ante el Estado.

¿Es creíble la narrativa de que la Iglesia "coaccionó" o fue "coercitiva" para que no denunciaran?

Desde la lógica probatoria y documental, resulta inverosímil e incoherente este argumento. Se estaría dando una contradicción con el propio Decreto de 2017. Si la intención de la Iglesia o del Obispo hubiese sido amenazar, someter o silenciar a la víctima, no habrían redactado ni firmado un documento oficial de condena. Un decreto formal firmado por un Obispo y un Canciller es una prueba documental que deja constancia pública del delito cometerá por el sacerdote. 

Si la Iglesia buscara la coacción, no entregaría a la víctima la prueba más contundente con la que hoy cuenta para ir ante la Fiscalía. Al emitir el decreto y entregárselo a la parte afectada, la Curia le proveyó al joven el elemento probatorio de mayor peso jurídico para sostener una acusación ante las autoridades civiles. Acusar genéricamente de "coacción" o "amenazas" años después es una estrategia recurrente en el litigio mediático para justificar por qué la parte acusadora no acudió a la autoridad penal en su momento (2016-2017), trasladando la culpa de la omisión propia a la institución.

El desconocimiento procesal: Exigir al Obispo atribuciones que le competen a la Fiscalía

Se ataca al actual Administrador Diocesano -Mons. Víctor Alejandro Aguilar- por "negarse a colaborar" o mantenerse "al margen". Esto genera una incongruencia jurídica y penal ya que en el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, la persecución de los delitos le corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.

Si existe una denuncia penal interpuesta en marzo de 2025, la Fiscalía es quien investiga y requiere pruebas. Un obispo no es fiscal, no es juez penal y no tiene personalidad jurídica para intervenir en un juicio penal entre dos particulares (Jorge y el ciudadano Constantino "N", quien ya no es sacerdote desde 2017).

Exigir la presencia o intervención directa del Obispo ante el Ministerio Público es un efectismo mediático diseñado para fabricar la falsa imagen de una "Iglesia no cooperativa", cuando procesalmente el Obispo no es parte imputada ni autoridad persecutora.

Incongruencias en las fechas del juicio penal (Mayo de 2027)

La "nota periodística" indica que la denuncia penal se presentó el 10 de marzo de 2025, y asegura que la Fiscalía le fijó fecha para el juicio hasta mayo de 2027 "por exceso de trabajo". Esto exhibe una falta de rigor periodístico y procesal ya que en el Sistema Penal Acusatorio de México, no se fija una fecha de "Juicio Oral" a dos años de distancia inmediatamente después de presentar una denuncia. Primero se lleva a cabo la Investigación Inicial, la Formulación de Imputación, la Vinculación a Proceso y la Etapa Intermedia.

Si la Fiscalía realmente difirió o retrasó el proceso hasta 2027, el responsable de la lentitud es el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Guanajuato, no la Iglesia Católica. El generador de contenidos redirige la indignación pública hacia el Obispo para desviar la atención de la ineficiencia del sistema de justicia civil, hecho que les es muy común a varios generadores de contenidos de San José de Iturbide para encubrir a ciertos políticos.

Una pieza clave: Falta de identificación de la carpeta de investigación

Aunque el texto intenta dar matices de rigor al mencionar un reporte de transparencia del 1 de diciembre de 2025, en ningún momento cita el número de Carpeta de Investigación (C.I.) formal bajo la cual está radicada la causa contra Constantino 'N'. Decir que existen capturas de audios de WhatsApp y testimonios en redes sociales sin transparentar la carpeta de investigación ante la opinión pública demostraría que el generador de contenidos busca el juicio sumario en redes y el linchamiento institucional, no la transparencia de un proceso penal verificado.

Falsas narrativas sobre las obligaciones de la Diócesis

En el relato se acusa a la Diócesis por el hecho de que Constantino 'N' supuestamente continuaba asistiendo a comunidades o eventos familiares en 2025. Al ser expulsado del estado clerical en 2017 mediante el decreto, Constantino 'N' pasó a ser un ciudadano común e independiente (laico). La Diócesis de Celaya perdió todo control jerárquico, laboral y disciplinario sobre sus actos privados. Imputarle a la Iglesia las conductas de un expresbítero expulsado hace 8 años es una falacia de asociación e imputación indebida.

Los Papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco apretaron las medidas contra ministros pederastas

El proceso formal para hacer frente y sancionar con máxima severidad los abusos sexuales cometidos por clérigos comenzó de manera decisiva e institucional con San Juan Pablo II y fue profundizado de manera continua por Benedicto XVI y el Papa Francisco.

El Papa Juan Pablo II fijó el marco legal eclesiástico de la estrategia conocida como "Tolerancia Cero". Anteriormente, las denuncias se trataban a nivel diocesano local. En 2001, mediante una reforma legislativa, el pontífice centralizó todos los casos directamente en el Vaticano para evitar encubrimientos locales y acelerar los procesos disciplinarios.

Las acciones se plasmaron en documentos tales como el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (30 de abril de 2001). Se trata de un decreto de capital importancia que declaró el abuso sexual de menores como un delito reservado exclusivamente al juicio directo de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Este documento es precisamente la norma sobre la cual se sustentó la condena y expulsión de Constantino "N" en el caso de la Diócesis de Celaya. (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_sp.html)

El fortalecimiento del rigor procesal: Benedicto XVI (2010)

Durante su pontificado, Benedicto XVI reforzó las leyes procesales para agilizar las expulsiones del sacerdocio (dimissio e statu clericali), duplicó los tiempos de prescripción penal e impulsó la obligación de colaboración con la justicia penal civil.

Se generan así documentos y se realiza la revisión de las Normas sobre los Delitos Más Graves (Delicta Graviora) (21 de mayo de 2010). La actualización de las normas vaticanas enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe que elevó la prescripción del delito hasta que la víctima cumpliera los 28 años de edad y permitió procedimientos administrativos sumarios para decretar la expulsión inmediata de sacerdotes infractores. (https://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html)

La exigencia de responsabilidad para Obispos: Papa Francisco (2019 y 2023)

El Papa Francisco dio el paso definitivo al legislar la obligación de denunciar internamente las conductas inapropiadas e imponer sanciones penales ya no solo al sacerdote infractor, sino a los obispos o superiores eclesiásticos que encubran o no actúen ante las denuncias.

Así, se genera el documento Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi (7 de mayo de 2019 / Actualizado el 25 de marzo de 2023). Es la norma universal de la Iglesia Católica que establece la obligación estricta para clérigos y religiosos de denunciar todo indicio de abuso o encubrimiento, eliminando definitivamente el "secreto pontificio" en procedimientos procesales y fijando los protocolos obligatorios de acogida y asistencia psicológica a víctimas. (https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/20230325-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi-aggiornato.html) #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-Exalcalde de San José Iturbide, Filiberto López Plaza, en la mira electoral por llamado explícito al voto
-Los comentarios de los iturbidenses pusieron en evidencia recuerdos del pasado nada transparentes de la administración de López Plaza
Aquí tienes los 5 sumarios basados en el análisis del texto, diseñados con una extensión cercana a los 130 caracteres cada uno:
-La opinión pública local se dividió: un 45% recuerda su gestión con nostalgia, mientras un 40% lo acusa de corrupción y rechaza el pasado.
-Las discusiones en redes escalaron rápidamente a insultos y descalificaciones, evidenciando un profundo hartazgo y fractura local.
-La entrevista funcionaría como un globo de ensayo para medir su vigencia política, aunque choca con una memoria colectiva crítica.
-Los cuestionamientos sobre predios, áreas verdes y corrupción demuestran que su posible retorno electoral no sería nada fácil.

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Durante una reciente entrevista difundida en plataformas digitales, el exalcalde panista Filiberto López Plaza -quien encabezara la administración municipal en el periodo 2012-2015- desató la controversia en el ámbito político local al emitir declaraciones críticas hacia la actual gestión y realizar un llamado abierto a favor de su partido político con miras a los próximos comicios.



Al ser cuestionado sobre las deficiencias que percibe actualmente en el municipio, el exfuncionario enumeró diversas problemáticas, señalando una supuesta carencia de obra pública, deterioro en el sector educativo, deficiencias en alumbrado y un déficit en materia de seguridad pública con menor presencia policial y patrullas, pese al crecimiento demográfico de la demarcación.

Sin embargo, el punto de mayor fricción y debate jurídico se produjo cuando el entrevistador le solicitó un mensaje para la ciudadanía de cara a las próximas elecciones y la definición sobre el sentido del sufragio. Ante ello, López Plaza respondió de manera categórica: «...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional», añadiendo que los gobiernos emanados de su partido han demostrado cercanía y resultados.

Especialistas en materia electoral advierten que este tipo de pronunciamientos públicos y llamados expresos al voto —emitidos fuera de los plazos formales establecidos por el calendario electoral para las precampañas y campañas— podrían configurar una violación a la normatividad vigente en el estado de Guanajuato en materia de actos anticipados de campaña y quebranto al principio de equidad en la contienda.

La legislación electoral federal y local estipula que los actores políticos y militantes deben conducirse bajo los principios de legalidad e imparcialidad, evitando la promoción partidista anticipada que otorgue ventajas indebidas. Ante estos hechos, partidos opositores o la propia autoridad electoral (a través del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) podrían iniciar un Procedimiento Especial Sancionador (PES) para determinar responsabilidades, lo que podría derivar en medidas cautelares, amonestaciones públicas o sanciones pecuniarias para inhibir este tipo de conductas de cara al proceso comicial.



La transcripción de las palabras que podrían ser acto anticipado de campaña

El fragmento y los párrafos específicos que contienen las declaraciones que en la página generadora configuran la presunta violación a la normatividad electoral -al tratarse de un llamado expreso al voto fuera de los tiempos legales- corresponden al siguiente bloque:

Iturbide TV (Generador de contenidos): 
Oiga, mándale un mensaje a la población: en las siguientes elecciones, ¿por quién deben de votar?

Filiberto López Plaza: 
No, que desde luego por Acción Nacional. Eh, los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional. Creo que las diferentes personas que hemos estado como alcaldes hemos demostrado que queremos mucho a nuestro municipio.

Al cuestionar directamente por quién se debe sufragar, el moderador guía y provoca de manera deliberada la respuesta proselitista -"que desde luego por Acción Nacional"-, la cual constituye el núcleo exacto de la posible violación a la normatividad electoral.

En esta entrevista publicada el 11 de septiembre de 2026, al ser cuestionado explícitamente sobre por quién debe votar la población en las próximas elecciones, el exalcalde responde de manera directa e inequívoca.

«...que desde luego por Acción Nacional. Eh los invitamos a todos los iturbidenses a que voten por Acción Nacional».
Asimismo, al ser cuestionado sobre si volvería a contender por la alcaldía, señala que eso depende del partido y de los tiempos.

¿Incurre en actos anticipados de campaña?

Para que la autoridad electoral (el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato - IEEG y el Tribunal Electoral) determine la existencia de actos anticipados de campaña, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exige que se acrediten tres elementos fundamentales.

-Elemento personal: Se actualiza, ya que la declaración es emitida por un actor político destacado, exfuncionario público y militante de un partido político (en este caso, el PAN).
-Elemento temporal: Ocurre en septiembre de 2026, una etapa muy previa al inicio formal de las precampañas (programadas para iniciar a principios de 2027) y campañas electorales (que para ayuntamientos en Guanajuato inician en abril de 2027), encontrándose fuera de los plazos legales establecidos.
-Elemento Subjetivo: Se configura de manera clara e indubitable, ya que el mensaje contiene un llamado expreso al voto ("voten por Acción Nacional") y una solicitud abierta de apoyo partidista, lo cual excede los límites permitidos de la libertad de expresión para posicionar plataformas o ideologías sin fines electorales directos.

Por lo tanto, sí se configuran elementos sólidos de actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad en la contienda, al solicitar el sufragio y posicionar a una fuerza política fuera de los tiempos legales establecidos por la ley electoral.

Ante la presentación de una denuncia a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) ante el IEEG o el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, se pueden aplicar diversas medidas y sanciones.

-Medidas Cautelares (Tutela Preventiva): La autoridad electoral puede ordenar de manera expedita la suspensión, eliminación o bajada inmediata del video y de la publicación en redes sociales o medios digitales donde se difunda el mensaje, con el fin de detener la afectación a la equidad de la contienda y evitar la reproducción de la conducta infractora.
-Amonestación Pública: Sanción de carácter oficial que reprocha la conducta ilegal cometida tanto al infractor como, en su caso, al partido político por falta al deber de cuidado (culpa in vigilando).
-Multas Económicas: Sanciones pecuniarias impuestas al partido político o al infractor, calculadas conforme a la gravedad de la falta y la capacidad económica.
-Impacto en el Registro de Candidaturas: Si durante el proceso electoral el infractor aspira a ser registrado formalmente como candidato a un cargo de elección popular y se acredita que la falta fue grave, sistemática o determinante, las autoridades electorales pueden valorar estas infracciones al momento de calificar la elegibilidad o el otorgamiento del registro, conforme a la normativa aplicable en el estado de Guanajuato.

Los interesantes comentarios en el post con video de Filiberto López Plaza

A partir de la revisión de la muestra de comentarios, el desglose de opiniones refleja una fuerte polarización en la opinión pública local:

-A favor / Nostalgia positiva (aprox. 45%): Usuarios que recuerdan su administración como "la mejor", destacando obras públicas (agua potable, electrificación, caminos), cercanía con la gente y su calidad humana. Muchos piden abiertamente su regreso o expresan que votarían por él.
-En contra / Críticos y acusatorios (aprox. 40%): Comentarios que lo señalan directamente por actos de corrupción, apropiación de terrenos (específicamente zonas de áreas verdes o predios colindantes con el asta bandera), enriquecimiento personal y promesas incumplidas. Predomina un fuerte rechazo hacia la clase política tradicional.
-Neutrales / Especulativos / Disputas partidistas (aprox. 15%): Usuarios enfocados en criticar al PAN como institución, discutir sobre otros partidos (como rumores de un posible salto a Morena), peleas directas entre internautas o expresiones de desencanto general ("todos los políticos son iguales").

El debate expone la dualidad típica de la política municipal en México. Por un lado, existe un sector beneficiado o con memoria favorable de obras tangibles pasadas; por el otro, un sector agraviado que recuerda escándalos urbanísticos (como el uso de áreas verdes).

Destaca el fenómeno de que varios simpatizantes están dispuestos a apoyarlo independientemente de las siglas (mencionando incluso que podría ir por Morena o criticando fuertemente al PAN), lo que demuestra que el atractivo principal —para bien o para mal— recae en la figura personal del exalcalde (caciquismo o liderazgo personalista) más que en la ideología del partido.
Los ataques y defensas reflejan un profundo hartazgo social. Las discusiones entre usuarios escalan rápidamente a insultos, evidenciando que el clima político local está altamente sensible y fracturado.

Existen elementos sólidos para sugerir que este tipo de publicaciones funcionan como un "globo de ensayo" político inducido, aunque con reacciones orgánicas encontradas.

La entrevista se da en un contexto controlado (un evento de aniversario del PAN donde se repasan "los logros del pasado"). Para un político veterano, aparecer en este tipo de espacios es una forma clásica de evaluar su nivel vigencia, recordación y capital político ante la ciudadanía.

La inmediatez y la uniformidad de ciertos comentarios de alabanza ("el mejor presidente", "un gran ser humano") sugieren la movilización de una base dura de simpatizantes, operadores políticos o beneficiarios de su anterior administración.

A pesar de que la intención inicial del post pudiera ser de relaciones públicas para relanzar su imagen, el cálculo político se topa con un muro de oposición real y crítica muy específica (mención de predios exactos, áreas verdes y desvíos). Si fuera una campaña completamente blindada o pagada, los filtros de moderación habrían apagado la disidencia; sin embargo, el flujo masivo de recluros demuestra que la memoria colectiva del municipio está dividida y alerta.

La publicación y las reacciones no son un fenómeno meramente casual, sino el reflejo de una operación de posicionamiento político que busca medir el terreno para un posible retorno electoral de Filiberto López Plaza. Si bien logra activar con éxito la nostalgia de su base nostálgica, también destapa de inmediato el rechazo y los cuestionamientos sobre su pasado patrimonial, evidenciando que su regreso no sería un camino planchado, sino altamente disputado y polarizado. #MetroNewsMx


Equipo Metro News Mx

-Vecinos de La Fragua advierten un posible despoblamiento tras la venta del 10% de predios impulsada por la presión de su entorno.
-El fenómeno de presión de entorno provoca la devaluación y el aislamiento de los terrenos colindantes a la terminal de alto riesgo.
-Los habitantes de La Fragua se niegan a vender sus predios en defensa de su arraigo, historia centenaria y su patrimonio familiar.
-La venta de predios por parte de algunos particulares debilita severamente la solidaridad y resistencia colectiva de la comunidad.
-Vecinos exigen que las autoridades garanticen el cumplimiento de los reglamentos de protección civil y toda legalidad territorial.
-Una serie de hechos estarían violando los derechos humanos de los habitantes de La Fragua.
-La pregunta obligada: ¿Cuántas otras comunidades de San José de Iturbide y del estado de Guanajuato enfrentan la presión industrial que viola sus derechos más elementales?

SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Información periodística generada en 2021 y testimonios recabados entre vecinos de la comunidad de La Fragua apuntan a una preocupación constante: el temor de que las condiciones generadas en la zona fuercen la venta paulatina de predios, lo que —advierten los pobladores— podría derivar en el despoblamiento de esta comunidad con 100 años de existencia ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en los permisos y normativas aplicables. Hasta el momento, según datos obtenidos en la localidad nacida en los años 30 del siglo XX, alrededor del 10% de los predios han sido vendidos.



Pablo Olvera, en 2021 delegado municipal de La Fragua, declaró al medio digital Libertad TV MX que "ésta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozo Blanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse."

Este tipo de escenarios describe una práctica de presión corporativa conocida en el ámbito de desarrollo inmobiliario e industrial como expulsión por asfixia o presión de entorno.

En un análisis de dinámicas industriales, este proceso suele iniciar con una estrategia de devaluación fáctica. Desde una perspectiva mercantil, la instalación de una terminal de alto riesgo al lado de un asentamiento centenario genera un impacto inmediato: al volver la vida en La Fragua compleja, ruidosa y marcada por un factor de riesgo latente, el valor comercial y catastral de los terrenos colindantes se desploma.



Se genera así el aislamiento y el desgaste social. La presencia constante de un entorno de riesgo, la restricción de la tranquilidad comunitaria y el temor a una catástrofe crean un clima de zozobra donde algunos pobladores optan por ceder sus propiedades ante la imposibilidad de mantener un entorno seguro.

Se configura de este modo un escenario de presión industrial: un desplazamiento de facto por la vía de las condiciones del entorno, lo que limita la viabilidad de la vida comunitaria y permite modificar el uso del territorio original a costa del tejido social preexistente.

La dignidad comunitaria, el arraigo y la justicia social: la defensa de la historia de los habitantes de La Fragua

En la visión de la gente de la Sierra Gorda y los habitantes del noreste del estado de Guanajuato, primero está la dignidad del arraigo frente a la transacción económica. Desde una perspectiva humana y justa, la postura de los vecinos que se niegan a vender constituye una defensa legítima de su historia, de su patrimonio familiar y de su identidad de casi 100 años. Representa la resistencia de una comunidad que busca evitar la disolución de su tejido histórico frente a proyectos energéticos de alto impacto.

Es ahí donde resalta el valor incalculable de la tierra heredada. Para los habitantes, La Fragua no es solo un terreno comercializable; es el espacio donde crecieron generaciones, donde se encuentran sus raíces y sus escuelas. Ninguna contraprestación económica compensa la pérdida de la paz social y el derecho a vivir en un entorno seguro.



Se consolida entonces la resistencia como un acto de legalidad. Quienes se niegan a vender ejercen una defensa de la legalidad territorial; su persistencia frena el acaparamiento total de la zona y mantiene viva la exigencia de que la autoridad intervenga, demostrando que el territorio cuenta con una comunidad dispuesta a hacer valer sus derechos fundamentales frente a asimetrías de poder.

Mecanismos de afectación al tejido social en La Fragua

El hecho de que algunos particulares o intermediarios hayan decidido vender sus predios a sabiendas de que operaría una infraestructura de alto riesgo CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable) colindante con una zona habitacional rural y educativa refleja las profundas tensiones y dificultades económicas que fragmentan la solidaridad y el arraigo comunitario.

Quienes han optado por vender bajo estas circunstancias se convierten, voluntaria o indirectamente, en factores que modifican el equilibrio territorial, facilitando que se debilite la resistencia colectiva de una comunidad histórica.

En los asentamientos rurales, la estabilidad y la convivencia dependen de un pacto tácito de protección mutua. Cambiar el destino de estos predios prioriza transacciones individuales a corto plazo frente a la seguridad colectiva de las familias que optan por permanecer y resistir.

Ante este panorama, organizaciones y vecinos cuestionan la responsabilidad de las partes involucradas en la adquisición y operación de espacios para material peligroso junto a poblaciones escolares y habitacionales, insistiendo en la necesidad imperativa de que prevalezcan estrictamente los reglamentos de protección civil y el respeto a la legalidad territorial. 

La posible violación de los Derechos Humanos de los habitantes de La Fragua
 
De acuerdo con el escenario descrito y los estándares nacionales e internacionales en la materia, la situación que enfrenta la comunidad de La Fragua sí constituye una amenaza y una posible violación a diversos derechos humanos de sus habitantes.

Entre algunos de dichos derechos estarían el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la integridad física. La instalación de una terminal de materiales de alto riesgo (clasificación CRETIB: Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos e Inflamables) colindante con una zona habitacional y escolar vulnera directamente el derecho de los habitantes a vivir en un entorno seguro. La exposición a riesgos constantes, ruidos y contaminación genera un clima de zozobra que atenta contra la salud física y mental de las familias.

Otro derecho vulnerado sería el de la protección contra el desplazamiento forzado indirecto -la "expulsión por asfixia"-. Aunque formalmente algunos vecinos decidan vender sus predios, el derecho internacional reconoce que el desplazamiento no solo ocurre por la fuerza física directa, sino también mediante la creación deliberada o tolerada de condiciones de hostilidad, inseguridad y devaluación económica que vuelven insostenible la vida en el lugar. Esto obliga a las personas a abandonar su patrimonio en contra de su voluntad real.

La afectación a los derechos culturales, a la identidad y al arraigo. La Fragua es una comunidad con cerca de 100 años de historia. Los derechos culturales y colectivos protegen el tejido social, la memoria histórica y la identidad de los pueblos y comunidades rurales. Fragmentar este arraigo mediante la venta fraccionada y la disolución de la solidaridad comunitaria destruye un patrimonio inmaterial que no puede ser compensado únicamente con una transacción económica.

Otro de los importantes aspectos que estarían siendo vulnerados, es el derecho a la legalidad y a la debida diligencia del Estado. Si las autoridades permitieron el establecimiento de una planta de alto riesgo violando los reglamentos de protección civil, los usos de suelo o los estudios de impacto ambiental, el Estado estaría incurriendo en una omisión grave. Las instituciones tienen la obligación de proteger a la población frente a las asimetrías de poder entre grandes proyectos industriales y comunidades locales.

 La resistencia de los vecinos que se niegan a vender no es solo una defensa de la propiedad privada, sino un ejercicio legítimo de defensa de sus derechos fundamentales ante un entorno que vulnera su dignidad comunitaria. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-El munícipe iturbidense confrontó las deficiencias y omisiones heredadas de pasadas administraciones mediante un paradigma sustentado en la disciplina fiscal, el orden administrativo y la erradicación implacable de la corrupción.
-Se oficializó el despliegue de iniciativas clave como el distribuidor vial de la Carretera 57, la ampliación de la ruta a San Luis de la Paz, el Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS y una subestación de la CFE valuada en 2,800 millones de pesos.
-La senadora Malú Micher Camarena y el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona, refrendaron su respaldo al Ayuntamiento por las gestiones fructíferas ejecutadas en favor de las familias locales.



En el marco de una sesión solemne de Ayuntamiento y con la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal, Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega, expuso su mensaje oficial con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. Durante el acto, resaltó el rescate integral de las dependencias públicas, el reordenamiento organizativo y una agresiva atracción de recursos estatales y federales.

En su alocución, el alcalde trazó un crudo diagnóstico sobre el estado ruinoso en que recibió la administración, caracterizado por más de dos décadas de apatía, omisiones técnicas, ausencia de proyectos ejecutivos y recortes presupuestales. Ante este escenario, enfatizó que su gestión priorizó la pulcritud financiera, la transparencia radical y la protección prioritaria de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Diagnóstico, saneamiento institucional y rendición de cuentas

Al pormenorizar los avances área por área frente al rezago heredado, el primer edil detalló los logros alcanzados en los servicios públicos.:

-Rastro Municipal: Tras ser clausurado previamente por graves riesgos sanitarios e incumplimientos normativos, se rehabilitó la infraestructura y se adquirió, con recursos propios, un vehículo especializado para el transporte de cárnicos equipado con caja de acero inoxidable.
-Ecología y Medio Ambiente: La dirección se adjudicó el Primer Lugar Estatal en el Reconocimiento al Desarrollo de la Gestión Pública. Adicionalmente, arrancaron los trabajos formales para la clausura definitiva y regulada del basurero municipal bajo la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, resolviendo un pasivo ambiental con más de 25 años de retraso.
-DIF Municipal y Salud: Se rescató el refugio del Hospital General —que fungía indebidamente como bodega— para inaugurar el espacio "Presbítero Ángelo Olvera Barrón". En materia preventiva y de adicciones, se celebraron alianzas estratégicas como la pactada con Casa Esperanza, brindando resguardo y capacitación gratuita a mujeres e infancias sobrevivientes de violencia.
-SIPINNA e Instituto de la Mujer: San José de Iturbide escaló al top cinco estatal en la estructuración del SIPINNA y su programa PROMUPINA. Por su parte, el Instituto de la Mujer certificó a más de 2,100 ciudadanas a través del IECA, al tiempo que promovió denuncias formales ante los órganos competentes por desvíos presupuestales de la gestión pasada.
-Transparencia y Acciones Legales Anticorrupción: El alcalde confirmó la interposición de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por anomalías detectadas en el trienio anterior, tales como la compra de software para recolección de basura sin rastro de existencia (https://www.metronewsmx.com/2026/09/cindy-arvizu-y-el-mito-digital-ecosanjo.html ), supuestas bandas separadoras valuadas en 9.5 millones de pesos, (https://www.metronewsmx.com/2026/03/cindy-arvizu-ahora-bajo-la-lupa-federal.html ) y observaciones de la Auditoría Superior por 39 millones de pesos del FIDESSEG dirigidas al sistema 911 sin comprobación documental ni equipamiento físico. (https://www.metronewsmx.com/2026/08/otra-vez-cindy-arvizu-sombra-de-39-mdp.html )

Gestión estratégica, infraestructura y blindaje patrimonial

En la segunda vertiente de su mensaje, el Dr. Edgar Manuel Montes de la Vega detalló la intensa labor gestora ante la iniciativa privada y los órdenes estatal y federal.

-Alianzas con la CFE y el IMSS: Se gestionó formalmente ante la Comisión Federal de Electricidad la construcción de la Subestación Banco 4 local, con una inversión cercana a los 2,800 millones de pesos para asegurar la autosuficiencia energética. Asimismo, con la mediación de la senadora Malú Micher, se logró la donación y protocolización de un predio en Prados del Rosario para erigir un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.
-Infraestructura Vial y Logística: Se informaron progresos determinantes en el proyecto ejecutivo del Viaducto Bicentenario (distribuidor vial de la Carretera 57 hacia el acceso a la cabecera) con un desembolso superior a los 800 millones de pesos, sumado al reencarpetamiento de 4.5 kilómetros mediante la SICT. A nivel estatal, se registró formalmente en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Obra Pública (ID 4790) el expediente técnico para ampliar la carretera que conduce a San Luis de la Paz, junto con la remodelación de la plaza pública en la comunidad de El Capulín.
-Programa "Adopta una Comunidad": El alcalde convocó al empresariado asentado en la demarcación a asumir una corresponsabilidad social permanente mediante la ejecución directa de obras de infraestructura básica en zonas rurales.
-Defensa Hídrica y Territorial: El munícipe emitió una postura firme en defensa del agua, la paz social y el territorio iturbidense, sentenciando que no se otorgarán licencias a desarrollos inmobiliarios o proyectos industriales que carezcan de factibilidad de servicios o pongan en riesgo la tranquilidad comunitaria.

Respaldos institucionales y visión de futuro

Durante la solemne asamblea, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena reconoció el acercamiento directo del alcalde con las comunidades y su capacidad gestora ante la Federación para consolidar obras en materia de primera infancia, infraestructura y pacificación social.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario general de Gobierno, Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona, refrendó el respaldo del Ejecutivo estatal para dar continuidad a las inversiones y obras públicas, resaltando la inyección de más de 304 millones de pesos destinados a San José de Iturbide en los últimos dos años.

Mediante un videomensaje, la mandataria estatal felicitó al Ayuntamiento por el ejercicio de rendición de cuentas y reiteró la coordinación institucional para robustecer la estrategia de seguridad "Confía" y la dispersión de programas sociales.

Para clausurar la sesión, el presidente municipal reafirmó su vocación de servicio con un enérgico llamado: "De nosotros depende: hagamos que nuestra tierra sea un espacio de paz, de justicia y de progreso. Reafirmo mi compromiso de no mentir, no robar y no traicionar. Nada ni nadie va a detener la transformación de San José de Iturbide", concluyó el edil. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido


Equipo Metro News San José de Iturbide/Video Libertad TV MX

-Medio digital exhibió en 2021 que ExxonMobil engañó a los pobladores de La Fragua instalando una megaterminal de combustibles sin consulta y con inmensa corrupción.
-La peligrosa planta carece de un kilómetro libre exigido por normatividad, amenazando mortalmente a viviendas y escuelas cercanas.
-Pobladores buscan reubicarse tras los daños de su tren que abastece la planta y pausaron sus reclamos hasta concluir negociaciones.

SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.- A escasos metros de viviendas familiares y de dos escuelas públicas, la operación de un mega depósito de combustible de la empresa ExxonMobil -edificado a través de Gas Natural del Noroeste en la comunidad de La Fragua- mantiene a la población bajo el asedio de un riesgo inminente, operando en medio de señalamientos de corrupción institucional, simulación y graves violaciones a los protocolos de seguridad industrial, como lo evidenció un reportaje del medio digital Libertad TV MX publicado el 24 de diciembre de 2024

Lo que comenzó en 2019 bajo la promesa de instalar un único tanque de almacenamiento de diésel se transformó, sin consulta previa ni anuencia social, en una terminal de proporciones masivas. Según las denuncias de los habitantes, la empresa recurrió al engaño deliberado para burlar la resistencia vecinal sobre la carretera federal número 57, expandiendo su infraestructura hasta almacenar millones de litros de múltiples combustibles.



Un peligro latente: La sombra de la tragedia de San Juanico

El aspecto más alarmante de esta construcción radica en el flagrante incumplimiento de las normativas internacionales y nacionales de protección civil. Expertos y pobladores coinciden en que una infraestructura de esta magnitud exige un perímetro de al menos un kilómetro de terreno baldío a la redonda para mitigar eventualidades catastróficas.

Sin embargo, el complejo se encuentra peligrosamente cerca de la vida cotidiana de La Fragua. Los habitantes recuerdan con terror el antecedente histórico de la tragedia de San Juanico en 1984 —donde la explosión de una terminal similar en la Ciudad de México cobró la vida de centenares de personas—, advirtiendo que un siniestro en este punto arrasaría por completo con la comunidad y las escuelas aledañas.

Detrás del avance de la obra se encuentra, según la denuncia comunitaria, una red de complicidad y corrupción tejida entre autoridades municipales, estatales y algunos delegados locales, quienes permitieron que las irregularidades normativas se ignoraran sistemáticamente.

Las consecuencias de este desarrollo industrial ya habían alterado en 2021 de forma irreversible el tejido social de la zona:

-Daños estructurales: El paso constante del tren de abastecimiento ha destruido varias viviendas cercanas.
-Negociaciones bajo presión: Actualmente, la comunidad se encuentra en una pausa obligada debido a que la empresa negocia el pago de las propiedades colapsadas.
-Desplazamiento: Familias enteras se han visto orilladas a buscar nuevos destinos y pequeños terrenos en localidades vecinas como Santa Brígida o Pozoblanco.

Pese a la vulnerabilidad en la que se encuentran, los habitantes de La Fragua no han renunciado a la defensa de su territorio. Pablo Olvera, delegado municipal en el periodo del conflicto, señaló que la comunidad se mantiene a la espera de que concluyan las negociaciones actuales por los daños materiales para retomar el reclamo legal y comunitario.

El futuro de La Fragua pende de un hilo, atrapado entre los intereses de una multinacional energética, la omisión gubernamental y la urgencia de una sociedad que exige frenar lo que consideran una bomba de tiempo instalada en el corazón de Guanajuato.

La transcripción del reportaje de Libertad TV MX

Héctor Almaguer, de TV Libertad MX: 
En el año 2019, la empresa ExxonMobil a través de Gas Natural del Noroeste comenzó la construcción de una estación de abastecimiento de combustible en el municipio de San José Iturbide, justo en el corazón de una comunidad llamada La Fragua, sobre la carretera federal número 57. 

La empresa, según los vecinos, llegó con engaños; aseguraron a la gente que sólo construirían un tanque de almacenamiento de diésel, sin embargo, hoy son varios tanques más y no sólo se almacena diésel, sino millones de litros de otros combustibles para lo que nunca se le consultó a la comunidad. 

Los habitantes de La Fragua denunciaron que fue la corrupción entre autoridades municipales, estatales y algunos delegados de la comunidad la que permitió que las construcciones avanzaran hasta este punto, y es que en la edificación de esta terminal hay múltiples irregularidades. 

Una de las más importantes y alarmantes es que, para construir algo así, debería haber al menos un kilómetro de terreno vacío alrededor para prevenir desgracias como la de San Juanico en la Ciudad de México, cuando en noviembre de 1984 una terminal de almacenamiento de combustible similar a ésta hizo explosión, acabando con la vida de centenares de personas. 

Y es que, de llegar a explotar este mega depósito de ExxonMobil en San José Iturbide, arrasaría con todo a su redonda, y se encuentra a escasos metros de las viviendas de los habitantes de La Fragua y de dos escuelas públicas. Actualmente, los pobladores de esta comunidad de San José Iturbide se encuentran en standby debido a que la empresa negocia el pago de varias viviendas que destruyeron con el paso del tren que abastece sus enormes tanques; sin embargo, la preocupación por el riesgo sigue latente.

Pablo Olvera, delegado municipal de La Fragua en 2021: 
Esta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozoblanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse. 

Nosotros vimos y tenemos en mano lo que es el reglamento para que este tipo de empresas se instalen en cualquier parte de la república, o está irregular la empresa, entonces en base a eso ahorita, como decimos, vamos a esperar a que las negociaciones se cierren con esta gente y después vamos a seguir con nuestro reclamo, con el reclamo para también ver realmente en qué términos podemos nosotros también como comunidad entrar con ellos y, ¿sabes qué?, llegar a un acuerdo, pero va a ser todo en base a la decisión de la comunidad.

Héctor Almaguer, de TV Libertad MX: 
Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer. #MetroNewsMx


Equipo Metro News San José de Iturbide

-El alcalde evidencia que la terminal de combustibles cuenta con todos sus permisos federales (Semarnat, Conagua, impacto ambiental), estatales y municipales vigentes y en regla, lo que jurídicamente impide su remoción arbitraria.
-El edil califica como una acción "muy mal hecha" que gestiones anteriores hayan permitido la ubicación de este tipo de proyectos en una zona habitada, aunque subraya que su deber actual es regirse bajo el marco legal existente.
-Ante la inviabilidad legal de expulsar a la empresa, el mandatario municipal aconseja a los vecinos optar por el diálogo para negociar apoyos, infraestructura y obras comunitarias como compensación.
-Montes de la Vega admite abiertamente que, a pesar de que la compañía cumple con la normatividad de seguridad industrial, se trata de una instalación que representa una situación de "alto riesgo" para la población.
-El alcalde anuncia la instrumentación y entrega de un documento formal —integrado con las peticiones de las comunidades— dirigido a la empresa, la federación, el estado y el sector educativo para exigir que cada autoridad competente realice las inspecciones correspondientes.

-La postura del alcalde expone el dilema entre las exigencias legítimas de una comunidad agraviada y el blindaje corporativo heredado por administraciones pasadas, donde los permisos federales y estatales anulan de facto la soberanía municipal frente a instalaciones de alto riesgo.
-Lejos de ofrecer una solución radical, la administración local opta por la gestión de beneficios compensatorios y la integración de pliegos petitorios, trasladando la confrontación social hacia un laberinto burocrático de inspecciones interinstitucionales.
-El conflicto en La Fragua refleja la profunda desconexión entre el ordenamiento legal mexicano y el sentido común comunitario, donde la legalidad formal de una industria peligrosa se impone sobre la tranquilidad y seguridad de los habitantes.

El discurso pronunciado por el presidente municipal Manuel Montes de la Vega, de San José de Iturbide ante los habitantes de la comunidad de La Fragua y representantes de la Terminal de Combustibles ubicada en esa comunidad sintetiza con crudeza la tragedia institucional que padece gran parte de la administración pública en México: el choque frontal entre la voluntad popular y la camisa de fuerza de un marco legal diseñado para proteger la burocracia y los intereses económicos por encima de la vida humana y la paz social. Ante una comunidad indignada por la instalación de una empresa de alto riesgo, la respuesta oficial no es la defensa categórica del tejido comunitario, sino la resignación formalista y la exhibición de expedientes sellados por dependencias federales que validan lo indefendible.

Desde una perspectiva de análisis profundo, resulta inaceptable el argumento recurrente de que "la ley es la ley" cuando esta ha sido confeccionada de espaldas a las verdaderas necesidades de las comunidades. Las administraciones pasadas actuaron de manera irresponsable al permitir la incursión de industrias peligrosas en zonas residenciales o rurales. 

La presente administración exhibe el problema al mostrar la vigencia de permisos otorgados por la SEMARNAT, la CONAGUA y el gobierno estatal. Se invierte la lógica del Estado de derecho: en lugar de que la norma sirva para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, se utiliza como un escudo protector para la empresa, demostrando que muchas leyes mexicanas obedecen más a componendas políticas e inercias institucionales que al sentido común y al sano juicio.

El dilema planteado por el alcalde revelaría también los probables límites del poder municipal. Cuando un municipio carece de autonomía real frente a las autorizaciones federales, el presidente se reduce a un gestor de daños... o a cosas más oscuras. Se cambia la salud ambiental y la seguridad de los pobladores por una negociación de dádivas compensatorias, aceptando la permanencia de un peligro latente bajo la premisa de que "ya están aquí instalados".

La exigencia de integrar un pliego petitorio y remitirlo a la federación, al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación es un paso protocolario necesario, pero correría el riesgo de convertirse en un ejercicio dilatorio. La participación de responsabilidades entre múltiples dependencias —desde la Conagua hasta los asesores de la Secretaría de Gobierno del estado, en su momento— diluirían la exigencia política y fragmenta la resistencia comunitaria. 

Llamar las cosas por su nombre implica reconocer que la instalación de industrias de alto riesgo en comunidades vulnerables de Guanajuato es una bomba de tiempo social. La soberanía popular no puede subordinarse a un expediente administrativo completo cuando el costo es la zozobra permanente de un pueblo. La autoridad municipal se encuentra atrapada entre la espada de la legalidad formal y la pared de la indignación ciudadana; sin embargo, su deber histórico buscaría no convertirse en fedatario de la desdicha comunitaria, sino encabezar con firmeza la revisión profunda de un modelo de desarrollo que antepone el lucro industrial a la supervivencia humana. La lección de San José de Iturbide es clara: mientras las leyes sigan protegiendo el riesgo corporativo bajo el amparo de la legalidad vigente, las comunidades seguirán pagando el precio más alto por decisiones tomadas a sus espaldas.



"Desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable": La transcripción del video

Manuel Montes de la Vega: 
Primero que les quede claro algo, el presidente municipal representa a un pueblo, a un municipio. Ustedes me contrataron y yo tendré la responsabilidad de hacer lo que ustedes me pidan, porque al final del día yo los represento. Pero también el presidente municipal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Ustedes mencionan que se vaya la empresa y yo también tengo que buscar la manera de mostrarles que eso pues es algo difícil de que se dé, porque están cumpliendo todo un marco legal, porque están dentro de un parámetro que establece la ley. 

Los del pasado decidieron que esta empresa se metiera en una comunidad, lo cual estuvo muy mal hecho, pero hoy esa empresa ya está y yo tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. Además de representarlos, yo aquí traigo un expediente y ese expediente, nos guste o no, está completo. Hoy lo que yo les aconsejo como representante de todas y de todos es que hagamos un diálogo con la empresa. La empresa, ¿con qué nos puede apoyar? Si ustedes traen la prioridad de buscar que la empresa se vaya, pues me sumaré con ustedes a buscarlo. No garantizo que tengamos éxito, no lo garantizo porque no podemos ir en contra de lo que la ley establece y desgraciadamente esto se aprobó en ese antecedente que fue de manera irresponsable.

Esta empresa cumple con todo lo que ustedes piden, eh, es una empresa que está legalmente en San José de Iturbide, aquí tiene un permiso que otorga Gobierno Federal, Medio Ambiente. El impacto se los voy a entregar a ustedes, lo tiene que tener el comité, ese se los voy a entregar, por eso me traje copia y aquí está donde el impacto ambiental de acuerdo a Conagua está completito, SEMARNAT, todos los permisos federales están otorgados y tienen vigencia para la empresa, el Estado. 

Todos los permisos son legales y vigentes y entonces si están otorgados estos, nosotros el municipio tenemos la obligación de primero revisar que estén otorgados para nosotros también hacer las verificaciones y otorgar los que nos corresponden, eso marca la ley. Nosotros los permisos que otorga el municipio aquí están y también se los voy a entregar con todas las actas de la bitácora de inspección, porque ha venido el personal primero de Ecología y aquí les voy a entregar dónde están las bitácoras de trabajo y dónde han acudido a la empresa, sí, después las de el permiso de uso de suelo que también otorga Desarrollo Urbano, Ecología. Aquí están las bitácoras también donde acude Ecología, es decir, la empresa cumple, esto se los voy a entregar.

Lo que pedimos es que esa responsabilidad social se vea, se vea plasmada en obras, en infraestructura, en algún tipo de apoyo, porque al final pues ya están aquí instalados con nosotros y más tratándose de esta empresa, que es una empresa de alto riesgo, aunque cumpla con toda la normatividad y los extremos de la ley en cuanto a los temas de seguridad industrial. De cualquier manera es una situación de riesgo, de alto riesgo. Yo ya traigo preparado un documento que lo vamos a firmar, yo necesito que me presente el pliego petitorio del delegado de Jesús María, el pliego petitorio que traen de La Fragua, porque se van a adjuntar. 

Yo lo voy a presentar a la federación, tiene que quedar una constancia de recepción por parte de la representante legal de la empresa y esto yo me encargaré de que lo reciba. Tenemos presencia de Gobierno del Estado, están los asesores de la Secretaría de Gobierno y obviamente también lo entregaré a la Secretaría de Educación, aquí tenemos presencia del delegado y también lo presentaré con Gobierno Federal para que estén enterados de este pliego petitorio y que cada autoridad haga la inspección que le corresponde, esto es muy importante. #MetroNewsMx

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