Metro News Mx

-El 61.5% de los mexicanos se siente inseguro, revelan datos del INEGI; la crisis institucional frena cualquier avance real.

-Desaparecer policías locales es un atajo simplista que ignora la profunda complejidad del tejido delictivo en todo el país.

-Más de 500 policías asesinados entre finales de 2024 y 2026 exponen la vulnerabilidad extrema de las fuerzas municipales hoy.

-El mando único centralizado no garantiza seguridad; existe el riesgo de crear un monopolio de fuerza más difícil de auditar.

-Irapuato destaca negativamente con una percepción de inseguridad del 92.1%, superando drásticamente el promedio nacional hoy.

-David Saucedo advierte: las policías municipales no son una muralla, sino un blanco estratégico para el crimen organizado.

-La violencia en México ha derivado en actos de narcoterrorismo, buscando mandar mensajes públicos de control y dominio total.

-La seguridad requiere una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia, más allá de una simple reforma legal.

-El gobernador de Michoacán reactiva el debate sobre desaparecer policías municipales ante la infiltración del narco en la zona.

-Investigaciones confirman colusión de mandos policiales con el CJNG en diversos municipios michoacanos durante este año 2026.

La reciente discusión sobre la posible desaparición de las policías municipales en México ha sido reactivada principalmente por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en julio de 2026.

El planteamiento surge tras una serie de incidentes críticos de seguridad en municipios michoacanos -específicamente Zacapu, Coeneo y Ecuandureo-, donde investigaciones oficiales han señalado la presunta colusión de mandos y elementos policiales locales con grupos del crimen organizado, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador Ramírez Bedolla ha sugerido que, ante la fuerza y despliegue territorial que posee actualmente la Guardia Nacional, sería "factible" que esta institución asumiera las funciones de policía nacional, eliminando las corporaciones municipales. El debate se intensificó tras el asesinato de cinco policías estatales en Nahuatzen en junio de 2026, evento por el cual fueron detenidos el director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu.

Este no es un tema nuevo en la agenda política mexicana; se trata de un debate recurrente que ha surgido en años anteriores, siendo uno de los casos más recordados el impulso que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto tras la crisis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, cuando se propuso la creación de "policías únicas" estatales. Aunque el tema ha vuelto a la mesa de discusión por la coyuntura en Michoacán, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, desde finales de 2024, ha mantenido una línea de trabajo enfocada en el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades policiales a nivel regional y local, en lugar de su extinción.

El debate pone de relieve la tensión persistente entre la necesidad de profesionalizar a las policías locales —que a menudo enfrentan carencias de equipamiento y capacitación— y la preocupación constante por su vulnerabilidad ante la infiltración delictiva.

La crisis de seguridad pública en México ha alcanzado niveles de fatiga institucional donde el debate sobre la desaparición de las policías municipales se presenta como un atajo simplista. Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al primer trimestre de 2026, revelan que el 61.5 % de la población adulta en áreas urbanas se siente insegura en su ciudad, una cifra que ilustra un fracaso sistémico. La tentación de eliminar el escalón municipal para centralizar el mando es, en el mejor de los casos, una ilusión de control que ignora la complejidad del tejido delictivo.

El debate sobre la eficacia policial se ha estancado en una dicotomía estéril entre el mando único y el modelo tradicional. Mientras se discute la desaparición de corporaciones locales, se omite que al menos 516 municipios en el país carecen de policía, y en aquellos donde sí existe, el déficit de equipamiento es dramático: solo el 32 % de los agentes posee chalecos antibalas y apenas el 24 % dispone de armas de fuego. La infiltración del crimen organizado no es una falla exclusiva de las policías municipales, sino una consecuencia de la debilidad del Estado en su conjunto para ofrecer condiciones mínimas de operación y vida a sus agentes, cuya mortalidad ha superado los 500 efectivos asesinados entre finales de 2024 y principios de 2026.

Sustituir la policía municipal por un mando centralizado, sin haber resuelto las fallas en el sistema de procuración de justicia y los controles de confianza, corre el riesgo de crear un monopolio de fuerza vulnerable a una infiltración mayor y más difícil de auditar. El problema no reside únicamente en el nivel administrativo del cuerpo de seguridad, sino en la ausencia de una doctrina policial profesional, programas de desarrollo humano y servicios de carrera sólidos que blinden a los elementos frente a las presiones predatorias del narcotráfico. La seguridad requiere más que una reestructuración orgánica; exige una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia.

La idea de que desaparecer las policías municipales erradicará la corrupción es una falacia que ignora la naturaleza predatoria de los grupos criminales. Estos grupos, conscientes del impacto mediático y estratégico que generan, han convertido a las corporaciones locales en su primer objetivo de captura. Al poseer facultades de detención, sistemas de videovigilancia y armamento, el policía municipal, mal equipado y peor pagado, se convierte en un botín político para los cárteles. Sin embargo, trasladar estas facultades a un mando único o estatal no garantiza la inmunidad; solo traslada el epicentro de la corrupción a una escala donde, de ser corrompida la cabeza del mando, la vulnerabilidad del territorio se multiplica.

La evidencia internacional y las experiencias locales, como el caso de estados que han mantenido modelos tradicionales con éxito verificable, sugieren que la seguridad es un proceso de proximidad. En comunidades donde existe una policía con vocación comunitaria y una relación directa con el ciudadano, la incidencia delictiva encuentra mayores obstáculos. El problema actual es que el "municipio" ha sido abandonado a su suerte: sin recursos, sin equipo y sin respaldo institucional, lo que ha generado un vaciamiento de las instituciones formales.

Concluir que la solución definitiva es la eliminación del orden municipal es omitir que el Estado democrático requiere contrapesos. El desafío de México no es puramente logístico, sino profundamente institucional. La desaparición de las policías locales no vendría a ser una "solución final", sino una abdicación más de la responsabilidad democrática local en favor de una centralización que, hasta hoy, no ha demostrado ser más eficiente ni menos vulnerable a los intereses de quienes, en la sombra, intentan controlar la vida pública.

El análisis que se presenta a continuación se basa estrictamente en el contenido de las páginas 1 a 9 del reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo de 2026, enfocado en el contexto de las ciudades del estado de Guanajuato y sus indicadores comparativos.

El reporte de la ENSU, publicado el 24 de abril de 2026 con datos correspondientes al primer trimestre de 2026, ofrece una radiografía crítica de la percepción de inseguridad en las áreas urbanas del país. A nivel nacional, el 61.5 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante marzo de 2026, registrando una reducción estadísticamente significativa frente al 63.8 % reportado en diciembre de 2025.

En el estado de Guanajuato, las ciudades monitoreadas -que omiten, por razones desconocidas a Celaya y Salamanca- presentan disparidades significativas en su percepción de seguridad. Es fundamental destacar los siguientes datos:

-León: Muestra una percepción de inseguridad del 76.2 % en marzo de 2026, una cifra prácticamente estable comparada con el 76.0 % de diciembre de 2025. Al contrastar con marzo de 2025 (79.0 %), se observa una ligera tendencia a la baja, aunque sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa.

-Guanajuato (ciudad): Reportó un 73.1 % de percepción de inseguridad en marzo de 2026, aumentando respecto al 68.7 % de diciembre de 2025. En comparación anual, la cifra es superior al 71.2 % registrado en marzo de 2025.

-Irapuato: Destaca negativamente como una de las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad, alcanzando un 92.1 % en marzo de 2026. Este dato marca un incremento preocupante frente al 87.3 % de diciembre de 2025 y al 88.4 % de marzo de 2025, reafirmando una tendencia al alza en la percepción de riesgo por parte de sus habitantes.

Al analizar la posición de las ciudades guanajuatenses dentro del espectro nacional, Irapuato se sitúa entre las ciudades con la mayor percepción de inseguridad del país (92.1 %), superando a ciudades como Guadalajara (90.2 %). Esta cifra es drásticamente superior al promedio nacional de 61.5 %.

La disparidad es notable si se compara, por ejemplo, con San Pedro Garza García, que reportó apenas un 4.4 % de inseguridad, evidenciando las brechas de percepción según la ubicación geográfica y el contexto local de cada área urbana.

El diseño de la ENSU es probabilístico y de tres etapas, con una muestra de 27,300 viviendas a nivel nacional. Los datos revelan una brecha constante en la percepción según el sexo de los encuestados. En marzo de 2026, a nivel nacional, el 67.2 % de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, frente al 54.6 % de los hombres. Esta tendencia se mantiene constante en las mediciones desde 2023, donde la percepción femenina de inseguridad supera sistemáticamente a la masculina, reflejando una vulnerabilidad diferenciada ante el entorno urbano. Es de considerar también que en México los censos muestran mayor cantidad de mujeres que de hombres.

De acuerdo con el apartado de "Percepción de inseguridad por espacio físico específico", la población identifica claramente los lugares donde se siente más vulnerable. A nivel nacional, el orden de mayor inseguridad es el siguiente:

1. Cajeros automáticos en vía pública: 70.6 %.

2. Calle: 65.3 %.

3. Transporte público: 64.1 %.

4. Carretera: 60.1 %.

Las mujeres reportan niveles significativamente más altos de temor en todos estos espacios; por ejemplo, el 77.0 % de las mujeres se siente insegura en cajeros automáticos, en contraste con el 63.5 % de los hombres. En la calle, la cifra es de 70.7 % para mujeres frente a 58.7 % para hombres.

La expectativa social sobre la seguridad pública ofrece un ángulo sobre la confianza ciudadana hacia el futuro inmediato. En marzo de 2026, el 30.1 % de la población nacional consideró que la situación de inseguridad seguirá "igual de mal" en los próximos 12 meses, una disminución respecto al 33.7 % registrado en diciembre de 2025. Sin embargo, preocupa que un 27.1 % opine que la situación "empeorará", un aumento significativo frente al 25.6 % del trimestre previo. Este pesimismo estructural sobre las condiciones de seguridad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en la percepción actual, una parte sustancial de la ciudadanía no visualiza una mejora sustancial a corto plazo.

El estado de Guanajuato, representado por León, la capital y Irapuato, se mantiene bajo una presión persistente en cuanto a seguridad pública, destacando el caso de Irapuato como un foco de alta alerta social. Mientras que algunas áreas del país muestran reducciones estadísticamente significativas en su percepción de inseguridad, ciudades guanajuatenses enfrentan retos específicos donde la tendencia no ha sido favorable o se ha mantenido en niveles críticos. La combinación de una percepción de inseguridad por encima del promedio nacional y la vulnerabilidad reportada en espacios cotidianos como calles y cajeros, subraya la necesidad de revisar las políticas de prevención local y el impacto de las estrategias gubernamentales en la tranquilidad ciudadana.

El 25 de noviembre de 2024, en una entrevista realizada en CNN por Carmen Aristegui a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, se abordó la crisis de violencia en Tabasco y su conexión con un patrón nacional de disputa criminal. Saucedo señala que, aunque las autoridades han mostrado resistencia para reconocer la profundidad del conflicto, la violencia actual obedece a una guerra entre cárteles —específicamente células del Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa— por el control territorial y de los puntos de venta de drogas.

Carmen Aristegui Flores: 

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha dicho que este brote de violencia registrado en Tabasco obedece a la disputa de dos grupos del crimen organizado que mantienen para controlar la venta de drogas, que tiene que ver con las adicciones, un tema que antes no teníamos en el estado. ¿Qué te dice esta declaración, David Saucedo?

Está diciendo estamos sorprendidos porque esto no ocurría en Tabasco y es de reciente llegada a nuestra entidad, dice el gobernador. El consumo de drogas ilícitas en Tabasco más bien se incrementó desde hace cuando menos unos cinco o seis años aproximadamente, pero en efecto, la disputa criminal por el control de la plaza más bien es reciente, quizá tenga lo más dos años y medio aproximadamente. No es que no hubiera consumo de drogas en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Campeche, que son, habían sido estados que durante algún tiempo habían tenido periodos largos de paz y estabilidad, más bien había un solo grupo criminal que tenía el control de la actividad delictiva. Cuando llegan dos o más grupos a disputar la actividad criminal, se generan las guerras de cárteles. Ha habido una resistencia por parte de las autoridades estatales y federales para reconocer la existencia de grupos del crimen organizado, grupos de macrocriminalidad, sobre todo porque Tabasco es la capital sentimental de la 4T, es el estado del que es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que vemos en estas regiones del sureste son enfrentamientos entre las mafias locales, que son auténticas guerras civiles por el control de la actividad criminal, en donde están por un lado las células del Cártel Jalisco, las células locales, y en el caso de Tabasco lo que no comentó el gobernador en esta conferencia de prensa, fue que además están apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, eso no lo mencionó.

Efectivamente, y bueno pues, ¿hay alguna conexión, te pregunto, de lo que ocurrió en Tabasco este fin de semana con lo que ocurrió hace unos días en Querétaro, donde también personas armadas acribillaron a jóvenes que estaban en ese bar?

Bueno, esto último lo veo posible pero improbable. Definitivamente hay un patrón de conducta, lo que vemos es que los grupos del crimen organizado utilizan los centros de sano esparcimiento, restaurantes, bares, cantinas, con el objeto de comercializar en ellos drogas ilícitas. Por supuesto que hay una disputa de los grupos del crimen organizado por el control de los puntos de venta y en este sentido, los puntos de venta se invierten también en escenarios de conflicto en donde los grupos del crimen organizado tratan de comercializar sus productos y erradicar la venta de drogas de la competencia. Por un lado, pero por el otro, los grupos criminales que son muy conscientes del daño que generan y el impacto mediático que producen con estas balaceras, están incurriendo de manera sistemática en la realización de actos de narcoterrorismo. Entiendo perfectamente la resistencia del Gobierno Federal a caracterizar estos eventos como de narcoterrorismo, porque tienen miedo de que se activen los mecanismos de intervención que hay en los Estados Unidos para enfrentar a los grupos del terrorismo internacional. Sin embargo, todos estos eventos no solo son con el objeto de calentar la plaza o de asesinar a un líder criminal o tratar de imponer la comercialización de drogas propias en un espacio en donde se venden drogas de la competencia, también tienen el objeto de mandar un mensaje muy público a las autoridades, a los comensales, para que resistan de estar en ciertos espacios públicos, sabiendo de que pueden ser blanco del crimen organizado. Estamos hablando de que una parte importante de la criminalidad en México en los últimos años se ha centrado básicamente en los municipios de México, hay una lista, no tengo el dato porque es un dato incluso que ni siquiera es único, hay varias versiones de cuántos presidentes municipales han sido asesinados o perseguidos o impedidos a seguir gobernando en los últimos, ¿Qué te gusta?, siete años, ocho años, tú me dirás.

Así es.

Eso se deriva del esquema que tenemos en México, se copió el esquema de seguridad pública de los Estados Unidos, en donde los municipios tienen facultades en materia de seguridad pública. En América Latina la experiencia es diferente, hay ya sea policías regionales o incluso nacionales. Si lo entiendo bien, a la larga lo que se busca por parte del Gobierno Federal es conformar una única policía nacional, que en este caso sería la Guardia Nacional, que tendría atribuciones en materia de seguridad. Pero en tanto que los municipios tengan constitucionalmente estas facultades, cuentan con un estado de fuerza, directores de policía, patrullas, elementos armados, y se convierten no en una muralla que impida la labor del narcotráfico, sino en un objeto, en un blanco del crimen organizado, porque dependiendo del municipio, hay municipios que tienen cinco, diez, pero también hay municipios que tienen más de quinientos elementos de seguridad pública. Se convierten en un botín para los cárteles; las policías municipales, ya sean grandes o pequeñas, tienen facultades para realizar detenciones, cuentan con sistemas de videovigilancia, elementos armados, pueden hacer retenes, y estas facultades son muy valiosas para los integrantes del crimen organizado que quieren tener el dominio territorial de alguna región del estado que están invadiendo o del cual ya tienen un control desde hace tiempo. En mi opinión, lo que se tiene que hacer ya desde hace tiempo es retirarle a los municipios estas facultades de seguridad pública, porque es imposible tener corporaciones de seguridad con estas características que sean eficientes, eficaces, que puedan combatir al crimen organizado. Definitivamente no las tienen, habría que evolucionar a mandos únicos estatales o bien al mando único nacional que se intenta con la Guardia Nacional.

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