Redacción
Una seria queja, -emitida por un ciudadano que pidió proteger su identidad- proveniente del interior de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 112, con sede en esta ciudad, pondrían al descubierto presuntos actos de corrupción, hostigamiento estudiantil y opacidad financiera, así como supuestas irregularidades administrativas operadas desde la directiva institucional.
De acuerdo con testimonios directos recabados por Metro News bajo estricta reserva de identidad para evitar represalias institucionales, se ha señalado una presunta campaña de presión orientada hacia la comunidad estudiantil. La denuncia invita textualmente a "investigar en UPN112, la corrupción y hostigamiento que se está haciendo con los alumnos para obligarlos a 'participar-pagar' en la carrera del viernes 29 de mayo, sin aclarar para que se usarán los recursos económicos recaudados...así como la corrupción del sindicato para imponer la continuidad de los actuales directivos, haciendo renunciar o corriendo a maestros con formación y experiencia profesional, para imponer a 'sus maestros amigos y familiares, sin experiencia'".
Los señalamientos apuntarían de manera directa a la gestión que encabeza la directora del plantel, la Maestra Patricia Valadez, quien lleva casi tres años en el cargo. Según la parte denunciante, la actual administración incurriría en el desplazamiento de personal calificado: "actualmente es indignante como están haciendo que renuncien maestros al quitarle sus puestos de coordinaciones y bajarles horas para hacer que renuncien".
A modo de ejemplo, se expuso que en el mes de enero se destituyó a la entonces coordinadora de pedagogía, a quien se describió como "una maestra muy profesional que forjo la carrera y el nivel de sus egresados", con la presunta finalidad de "poner a otra persona de la simpatía de las autoridades directivas".
De igual forma, se aseveró que estas acciones han derivado en la imposición de docentes carentes de experiencia, afectando el terreno institucional. La fuente señala que "los cambios se han hecho cada inicio de semestre, con nuevos contratos, desde que la directiva actual asumió el cargo, pero en particularmente han puesto a maestros son experiencia...y en algunos casos los están 'haciendo cursar una maestría en la misma universidad' para justificar su perfil", añadiendo que "e incluso en maestría han cesado a maestros para evitar que les exijan". Se reportó además que la demanda de ingreso para la carrera de psicología habría disminuido y que los alumnos de sexto y octavo semestre de pedagogía manifiestarían descontento por el riesgo en su nivel académico al estar "viendo la diferencia".
El descontento más inmediato entre el alumnado se concentraría en una justa deportiva programada por la institución en su página de Facebook. Se denuncia que los alumnos no tendrían interés debido a que "no se tiene claro ¿para que serán destinados los recursos $$$" recaudados a través de lo que definen como "lo que se cobra por participar obligatoriamente".
Al cuestionar los mecanismos de coacción, se reveló que a los estudiantes se les condicionaría si no asisten: "Por que de no asistir les están condicionando tramites y firmas como la liberación de 'tutorias' e incluso les estaban diciendo que su calificación estaría de promedio (esto último lo dijeron alumnos de octavo y sexto de pedagogía, temerosos que es no participar les puedan afectar retrasando en sus tramites de titulación)". Lo anterior cobraría relevancia debido a que en el año 2027 se celebrarán elecciones para el relevo de la dirección de la unidad, y los estudiantes temen represalias a largo plazo si el grupo en el poder continúa.
Asimismo, se reportó que tras publicarse comentarios adversos en las redes sociales de la UPN 112, estos serían borrados. Acto seguido, la subdirectora académica, en compañía de la actual coordinadora de pedagogía, habrían confrontado directamente a los alumnos de sexto y octavo semestre para reclamarles "su falta de interés en participar y pagar".
De acuerdo con los testimonios, durante dicho reclamo se verterían expresiones tales como "cómo es que no tienen dinero para pagar lo de la carrera pero si tienen para comprar chilaquiles para comer", un hecho calificado como insensible frente a la realidad de que se trata de una escuela pública a la que asisten alumnos foráneos cuyos padres realizan un notable esfuerzo económico.
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Este escenario de inconformidad se sumaría a los antecedentes de hermetismo que caracterizan a los altos mandos de la UPN 112 en Celaya. En ocasiones anteriores, al verse involucradas en situaciones controvertidas o que no resultan convenientes para la imagen de la institución, las autoridades educativas habrían optado por evadir las solicitudes de información y por utilizar al personal subordinado para contener los cuestionamientos de los medios de comunicación y de la opinión pública. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/evade-upn-celaya-dar-informacion-sobre.html )
Como reflejo de estas dinámicas internas, trascendió por parte de la misma fuente declarante que tras la difusión de notas periodísticas previas que ponían de manifiesto dicha actitud evasiva por parte de los directivos, el guardia de seguridad que se encontraba en funciones durante esos hechos habría sido removido de su puesto de manera inmediata y "sin ninguna explicación", lo que a decir de los afectados evidenciaría una política interna represiva ante cualquier hecho que exponga las problemáticas del plantel.
En qué faltas podrían estar incurriendo los directivos de la UPN
Tomando como base los hechos descritos en el texto y aplicando el marco jurídico vigente en el estado de Guanajuato -el Código Penal del Estado de Guanajuato y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato-, los directivos de la UPN 112 involucrados podrían estar incurriendo en varias faltas penales y administrativas en caso de comprobarse las acusaciones.
Al ser la UPN una institución pública, sus directivos poseen el carácter de servidores públicos, lo que agrava o tipifica conductas específicas del fuero común:
-Concusión (o Exacción Ilegal): Se configura al obligar a los alumnos a pagar una cuota por la carrera deportiva bajo coacción (amenaza de afectar sus calificaciones o retener la liberación de tutorías y titulación), especialmente al no estar claro el destino de los recursos económicos ni contar con un fundamento legal explícito para dicho cobro.
-Abuso de Autoridad: Al utilizar las facultades de su cargo para presionar a los estudiantes (condicionando trámites académicos legítimos) y para hostigar al personal docente (recortando horas o removiendo coordinaciones de forma arbitraria con el fin de forzar renuncias).
-Tráfico de Influencias / Nepotismo: Al utilizar su posición y poder para contratar o promover a "maestros amigos y familiares sin experiencia", otorgándoles contratos y facilidades -como cursar maestrías en la misma institución para simular el perfil requerido- por encima de procesos de selección legales y basados en el mérito.
-Coalición de Servidores Públicos: Podría aplicar si se comprueba que la directora, la subdirectora académica y la coordinadora se asociaron deliberadamente para tomar medidas contrarias a la ley, presionar a los alumnos en bloque o concertar el desplazamiento del personal docente calificado.
Dado que los actos descritos involucran el manejo de recursos económicos no aclarados y la manipulación de plazas o contratos laborales, las conductas encuadran principalmente en Faltas Administrativas Graves:
-Desvío de Recursos: Si el dinero recaudado de forma obligatoria para la justa deportiva se utiliza para fines distintos a los estrictamente públicos e institucionales, o si se emplean recursos humanos y materiales de la universidad para beneficio de un grupo particular con miras a las elecciones de la dirección en 2027.
-Abuso de Funciones: Al ejercer atribuciones que no les corresponden o valerse de las que tienen para causar un perjuicio a los alumnos (retener firmas, bajar calificaciones) o para obtener un beneficio propio o de terceros (imponer a sus conocidos en la plantilla docente).
-Nepotismo: La contratación formal de familiares directos, o la designación de personas con las que se tengan vínculos de amistad o intereses de grupo, incumpliendo los perfiles académicos exigidos por la normativa de la UPN.
-Incumplimiento a la disciplina y legalidad: Al no tratar al alumnado con el debido respeto, ética y profesionalismo (ejemplificado en las burlas y reclamos sobre "comprar chilaquiles para comer" frente a la vulnerabilidad económica de alumnos foráneos).
-Falta de Transparencia: Al borrar de manera deliberada los comentarios adversos y las solicitudes de aclaración en las redes sociales oficiales del plantel, omitiendo rendir cuentas sobre el destino de los fondos recaudados.
Por la naturaleza de la denuncia, la autoridad competente para iniciar las investigaciones de carácter administrativo sería el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) o la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado; mientras que la vía penal correspondería a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato.
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